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INTRODUCCIÓN

La expansión de las ciudades, principalmente en las zonas metropolitanas, está impactando en las zonas rurales circundantes, provocando que lo urbano y lo rural se comience a entremezclar y que las localidades rurales se orienten hacia lo urbano debido a la gran influencia de las ciudades en sus actividades económicas, las relaciones sociales, el flujo de habitantes, por mencionar algunos (UN Hábitat, 2017). En este contexto, se observa cómo lo urbano va absorbiendo a lo rural y las desigualdades se incrementan. Las localidades rurales, que ya enfrentan problemas para satisfacer las demandas de vivienda y servicios básicos, afrontan desafíos que se ven intensificados con el crecimiento poblacional. De cara a esta situación, las comunidades luchan por acceder a estos bienes que los habitantes urbanos pueden reclamar, pero que los habitantes rurales quedan abandonados. Estas luchas generan nuevas formas de organización y participación, que más allá de una demanda por acceder a estos bienes, pueden promover el empoderamiento de las comunidades y la construcción de una nueva forma de ciudadanía que demanda su reconocimiento como actores políticos.

Retomando el derecho a la ciudad como “el ejercicio de un poder colectivo sobre el proceso de urbanización” (Harvey, 2012:4), el ejercicio de este poder colectivo exige la construcción de una nueva forma de ciudadanía que permite a los habitantes tomar parte en la toma de decisiones que producen el espacio. A partir del debate teórico en torno a este nuevo tipo de ciudadanía y el derecho a la ciudad, este trabajo analiza las formas de participación colectiva y organizada impulsadas por la producción social del hábitat en una localidad rural de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez (ZMTGZ), Chiapas (figura 1), que han surgido como respuesta a las carencias habitacionales que se han acentuado con la expansión urbana y cómo estos procesos pueden promover la construcción de este nuevo tipo de ciudadanía desde lo rural.

DERECHO A LA CIUDAD Y UNA NUEVA CIUDADANÍA

Al hablar de ciudadanía, el significado más común que conocemos es el de ser miembro de una comunidad, lo que nos concede el estatus legal de “ciudadano”, que viene acompañado de ciertos derechos de participación política como el derecho al voto o a ocupar cargos gubernamentales (Smith, 2003), es decir, la ciudadanía que conocemos es algo equivalente a poseer una nacionalidad. Purcell (2003) denomina a este tipo de ciudadanía como liberal-democrática Westfalia y señala que para los cambios que experimentamos como sociedad hoy en día, este tipo de ciudadanía queda muy limitada y que surge la necesidad de nuevas formas de ciudadanía que puedan retar al sistema capitalista. En una conceptualización más amplia de ciudadanía, que pueda abordar los retos actuales, uno de los aspectos importantes a tomar en cuenta es la escalaridad, abandonar esa noción de la nacionalidad como ciudadanía y poder avanzar hacia nuevas formas que puedan abarcar un rango diverso de escalas en donde más que la nacionalidad hablemos del habitar como la base de esta ciudadanía (Purcell, 2003). En este sentido, el derecho a la ciudad representa una alternativa que impulsa un nuevo tipo de ciudadanía, en donde el habitar es la base, pero que además se concibe una ciudadanía que reta las relaciones de poder del sistema capitalista y se apunta hacia un escenario en donde los habitantes adquieren un papel importante en la toma de decisiones que moldean el espacio. Retomando a Harvey (2012:4) entendemos el derecho a la ciudad como “el ejercicio de un poder colectivo sobre el proceso de urbanización”, lo que apunta hacia una transformación en las relaciones de poder en el proceso de producción del espacio urbano, dicha transformación reside en el ejercicio de un poder colectivo de los habitantes, lo que les permite tomar un mayor control en la toma decisiones, respondiendo a sus necesidades y aspiraciones, y no a intereses políticos y económicos. El ejercicio de este poder colectivo va a exigir el surgimiento de una nueva ciudadanía, una ciudadanía que demanda la participación activa de los habitantes, de manera individual y colectiva, en el proceso de producción del espacio urbano, pero que también implica nuevas formas de vida y una transformación en las relaciones entre los habitantes y entre los habitantes con el Estado (Gilbert y Dicek, 2008).

La nueva ciudadanía que plantea el derecho a la ciudad demanda habitantes más activos y comprometidos con su comunidad, que más allá de la discusión o la participación pasiva, tomen acciones colectivas que impulsen una lucha por un manejo más democrático de la ciudad; sin embargo, también es importante cuestionar si todos los habitantes están dispuestos a asumir este papel e impulsar esta nueva ciudadanía y cuáles son los desafíos que se enfrentan. De acuerdo con Marcuse (2009), solo algunos habitantes son capaces de impulsar una lucha por el derecho a la ciudad y de comprometerse con el ejercicio de este nuevo tipo de ciudadanía, dichos habitantes son los pertenecientes a poblaciones excluidas y oprimidas que luchan por una mejor calidad de vida. Hablando del contexto mexicano, en donde los procesos de urbanización han provocado desigualdades sociales y espaciales, pobreza y segregación, surgen demandas de las poblaciones afectadas que luchan por reivindicar sus derechos. Estas poblaciones son las que pueden impulsar este nuevo tipo de ciudadanía, a través de luchas colectivas por una mejor calidad de vida. Este tipo de ciudadanía impulsada por las luchas contra las desigualdades sociales y espaciales, se va a construir a través de la práctica de los grupos sociales, lo que también va a generar espacios de inclusión que el Estado no ofrece (Álvarez, 2017). Con estas prácticas no solo se busca el reconocimiento de los derechos de estas poblaciones, sino también el ejercicio de los mismos, así como el reconocimiento de los individuos y de los grupos sociales como actores políticos (Álvarez, 2017). En este sentido, la nueva ciudadanía impulsa un proceso en que las comunidades se comprometen en una lucha colectiva por llegar a ser autónomas y políticamente activas. Estas luchas se impulsan desde distintos territorios, y entonces repensamos la ciudadanía, no como prácticas exclusivas del espacio urbano, sino también del espacio rural, repensando también el derecho a la ciudad en una perspectiva ampliada que va más allá de la ciudad. Como señala Purcell (2003) en su análisis sobre el derecho a la ciudad, donde los habitantes toman las decisiones que van a moldear su vida diaria, la territorialidad que toma este concepto al hablar de la vida diaria se extiende más allá del espacio urbano y hablamos entonces de todas las geografías. Purcell (2003) replantea el concepto de derecho a la ciudad como “el derecho al habitar”, extendiéndose más allá de la ciudad misma y englobando a otros espacios.

Al hablar del espacio rural, es común identificar modelos de desarrollo económico que no van a priorizar a las zonas rurales y que como resultado se va a reconocer la ausencia del Estado en estas localidades, provocando que su desarrollo dependa de la acción de sus habitantes (Yarwood, 2017). De esta manera se van a impulsar movilizaciones de las comunidades organizadas como respuesta a la falta de atención del Estado y como lucha por el acceso a los bienes comunes y la satisfacción de sus necesidades básicas. En este contexto observamos cómo la expansión de las ciudades, que genera segregación y desigualdades sociales y espaciales, va a afectar a los pobres urbanos asentados en la periferia, pero estos impactos también se van a ver reflejados en las zonas rurales circundantes a la ciudad. Estas condiciones van a provocar luchas por una mejor calidad de vida, que van a impulsar nuevas formas de organización, participación y autogestión comunitarias para poder satisfacer las necesidades básicas de estas poblaciones. Partiendo de este escenario, Yarwood (2017) señala que estos factores van a impulsar procesos que promueven la construcción de nuevas formas de ciudadanía desde lo rural, pero que también van a ser condicionantes de la manera en que esta ciudadanía se imagina y se ejerce, dando paso también a situaciones en que en las políticas públicas quede reflejado que los habitantes rurales deben de proveer sus propias necesidades.

METODOLOGÍA

El estudio se guía por preguntas de investigación que surgen de la discusión teórica en torno a la nueva ciudadanía y el derecho a la ciudad, partimos de las interrogaciones: ¿cómo contribuyen los procesos colectivos y organizados de producción social del hábitat en la construcción de ciudadanía en el ámbito rural?, ¿qué cambios se identifican en las formas de participación de la población? y ¿qué cambios se identifican en las relaciones con otros actores? Para responder a las cuestiones se siguió la metodología de estudio de caso, cuyo caso seleccionado corresponde a un proceso de producción social del hábitat colectivo y organizado en una localidad rural de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La investigación usó cuatro instrumentos de recolección de datos como son la consulta de documentos oficiales, observación directa, entrevistas informales y entrevistas semiestructuradas. Las entrevistas se realizaron a autoridades rurales, miembros del comité de la organización y habitantes de la localidad en el periodo de diciembre de 2020 a marzo de 2021. La información se analizó partiendo del concepto de una nueva ciudadanía que demanda el empoderamiento de la comunidad, para lo cual se retoman las esferas organizacionales del empoderamiento que identifica Laverack (2001) (tabla 1). A partir de estas esferas se analizan las formas de participación y organización que promueve la producción social del hábitat y cómo pueden contribuir en la construcción de ciudadanía.

LUCHAS POR LA VIVIENDA EN EL ÁMBITO RURAL: LAS LOCALIDADES DE AMÉRICA LIBRE Y SANTO DOMINGO DOS, ZONA METROPOLITANA DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

A nivel nacional, Chiapas es la región con mayor rezago habitacional con el 78,2% de la población viviendo en condiciones inadecuadas, situación que se agrava al hablar de zonas rurales en donde el rezago asciende al 96,5% (CONEVAL, 2018). Hablando de las localidades rurales en la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, se observa cómo dichas localidades están siendo afectadas por la expansión urbana, y su población va aumentando al recibir migrantes de la ciudad que se mudan para poder acceder a una vivienda que no pueden pagar en la ciudad, o poblaciones de mayores recursos que se mudan por una mejor calidad de vida alejada de la ciudad. Estas zonas experimentan un crecimiento poblacional, pero siguen quedando desatendidas por el Estado. La Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez se compone por cuatro municipios: Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Chiapa de Corzo y Suchiapa. Tuxtla Gutiérrez es la ciudad principal y también la que cuenta con una menor población viviendo en condiciones de carencias, mientras que Berriozábal Chiapa de Corzo y Suchiapa tienen altos porcentajes de población que sufren carencias habitacionales por la calidad de los espacios en su vivienda o por la falta de acceso a los servicios básicos (figura 2). Las mayores carencias en la región son en el acceso a los servicios básicos, y una lucha común de los habitantes rurales es el acceso al agua y drenaje. Para el propósito de este trabajo se seleccionó al municipio de Chiapa de Corzo, en donde casi la mitad de la población tiene dificultades para acceder a los servicios básicos. A partir de un reconocimiento de distintas localidades rurales en la zona se seleccionaron a las localidades de América Libre y Santo Domingo Dos (figura 3).

De acuerdo con el último censo de población (INEGI, 2020), todas las viviendas de ambas localidades tienen acceso a agua entubada y drenaje. Sin embargo, el trabajo realizado identifica que el acceso al agua se da a través de un sistema de pozo de la comunidad al que no todas las viviendas tienen acceso y las que tienen acceso no reciben el servicio de manera óptima. Las viviendas que no tienen acceso al pozo comunitario se abastecen de agua por medio de pozos propios en su predio (cuando es posible), comprándole agua a un vecino o comprando pipa. Esta última opción puede representar un gran gasto para las familias, ya que tienen ingresos menores a los 2 salarios mínimos. En lo que respecta al drenaje, las viviendas cuentan con fosa séptica para desechar las aguas negras, mientras que las aguas jabonosas se tiran en el patio de las viviendas o a la calle. Esta última solución genera problemas en la localidad, ya que se producen arroyos de aguas grises en las calles que generan malos olores y, en algunos casos, llegan a desembocar al río. La situación observada en estas comunidades demuestra una incongruencia con los datos del censo de población realizado por el INEGI (2020), en donde se expresa que las necesidades de agua y drenaje en estas comunidades están cubiertas. Lo que significa que el rezago habitacional en esta región es mayor a lo reflejado en las cifras oficiales, situación que puede impactar en los apoyos destinados a este sector de la población. En este contexto en que a la población le es casi imposible acceder a financiamiento público para la producción y mejoramiento del hábitat, la alternativa a la que se ha recurrido es la autoproducción. Se han identificado procesos individuales y espontáneos de producción social del hábitat, en donde las familias van construyendo su vivienda con sus propios recursos, de manera progresiva y sin asesoría técnica. En lo que respecta al acceso a los servicios básicos, este proceso de producción social del hábitat se convierte en un proceso colectivo en donde los habitantes se unen para luchar juntos por el acceso a estos servicios.

PRODUCCIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT: EL CASO DE RIBERA SANTO DOMINGO DOS, A.C.

Los habitantes de las localidades de América Libre y Santo Domingo Dos han trabajado desde hace 20 años por el acceso al agua. Hasta el 2010, ambas poblaciones conformaban una sola localidad de América Libre, y los lazos sociales existentes promovieron el trabajo colectivo de los habitantes. A través de esta movilización colectiva, la localidad de América Libre logró un acuerdo con el dueño de un predio cerca del río, en donde les permitieron instalar un sistema de agua por gravedad para poder abastecer a la comunidad y por el cual únicamente se pagaba una cuota mínima y se participaba en actividades de mantenimiento del sistema. Sin embargo, esta solución a sus necesidades de agua se mantiene únicamente por 15 años, hasta que surgen problemas con el dueño del predio y la comunidad se queda sin agua. Esta situación provoca que los habitantes recurran a nuevas estrategias para poder dar respuesta a sus necesidades de agua, impulsando nuevas formas de organización y participación. Al conformar ahora dos localidades distintas, América Libre y Santo Domingo Dos, se impulsan dos procesos por el acceso al agua. Este estudio se enfoca en el caso de la Asociación Civil Ribera Santo Domingo Dos, perteneciente a la localidad de Santo Domingo Dos.

La asociación civil Ribera Santo Domingo Dos surge en 2017, en un contexto en que los habitantes enfrentan luchas por acceder a los servicios básicos en su colonia, principalmente el agua. La participación y organización de los habitantes es impulsada por la necesidad, varios años de carencias y la falta de atención por parte de las autoridades locales. Estos factores provocan que un grupo de la población decida tomar nuevas estrategias que puedan permitir que sus demandas sean escuchadas. Es así como, con la asesoría de un licenciado miembro de la comunidad, la organización adquiere una figura legal como asociación civil, lo que les va a permitir dialogar directamente con el gobierno local. La organización se constituye como asociación civil Ribera Santo Domingo Dos y se conforma por 120 socios. Se rige por un comité de seis miembros: presidente, secretario, tesorero y tres vocales, quienes son elegidos por medio del voto. La asociación impulsa un proceso de producción social del hábitat colectivo y organizado con el que se promueve el empoderamiento de la comunidad, la participación activa y la autogestión. El objetivo es mejorar la calidad de vida de la comunidad, pero también dar a conocer con otras localidades, lo que se puede lograr con la organización y la participación colectiva de los habitantes. La intención es compartir su experiencia y poder concientizar a otros habitantes sobre la participación y conformar una organización más grande que les permita tener más fuerza.

TRANSFORMACIONES

El proceso que impulsa la asociación ha mejorado la calidad de vida de los habitantes, al acceder a servicios e infraestructura básica, y también ha producido transformaciones en las formas de participación de la comunidad, así como en las relaciones con las autoridades rurales y el gobierno local (municipio de Chiapa de Corzo).

• Cambios en las formas de participación

  No todos los habitantes participaban de forma activa, la participación era voluntaria y no existían objetivos de mayor alcance más que tener el servicio de agua. Estas limitaciones de la participación individual ocasionaban diferencias entre los habitantes al identificar la falta de participación de algunos, situación que generaba desconfianza en el proceso. A partir de la constitución de la asociación civil, con la estructura de organización se impulsa la participación individual y colectiva de los habitantes, promoviendo la reflexión y diálogo en torno a problemas y necesidades comunes y planteando acciones en conjunto. Los habitantes se involucran en distintos niveles, desde actividades de limpieza y mantenimiento del espacio común, hasta el diálogo con las autoridades rurales y el gobierno local.

• Cambios en las relaciones con las autoridades rurales

  La relación con las autoridades rurales en el pasado, cuando las localidades de Santo Domingo Dos y América Libre estaban unidas, podía llegar a ser conflictiva, especialmente si el agente municipal y el comisariado ejidal tenían grupos distintos de seguidores, esta situación dividía a la población y afectaba el proceso participativo. Además, el trabajo impulsado por los habitantes encontraba obstáculos con las autoridades rurales, que no les permitía avanzar en el proceso de gestión. De acuerdo con los testimonios de los habitantes y de las autoridades actuales, en los últimos años se ha dado un mejor diálogo y colaboración. Con la separación de las localidades, Santo Domingo Dos cuenta con la figura del agente municipal y a partir de la constitución de la organización como asociación civil, se ha promovido la colaboración y apoyo mutuo con esta autoridad, facilitando los procesos de gestión.

• Cambios en las relaciones con el gobierno local

  Antes de adquirir una figura legal, el diálogo directo con el gobierno local era imposible para la organización, ésta dependía siempre del agente municipal, situación que representaba obstáculos para la organización, al existir una relación conflictiva. A partir de su constitución como asociación civil, los habitantes han identificado cambios en las relaciones con el gobierno local. Al adquirir una figura legal, la asociación puede dialogar directamente con el gobierno local, se ha abierto un espacio y el papel de la organización toma una mayor visibilidad y son más escuchados.

Las acciones principales de la organización están dirigidas al acceso a los servicios básicos, siendo el agua una prioridad, y también al mejoramiento de vivienda. Desde su constitución a la fecha, la asociación ha gestionado la construcción de dos pozos comunitarios para el suministro de agua a los habitantes de la colonia, alumbrado público y la pavimentación de la vialidad principal, ésta última en colaboración con la localidad de América Libre. Sin embargo, aunque se han logrado acceder a varios bienes y se ha transformado la relación de la organización con las autoridades rurales y el gobierno local, las obras que se han realizado en la comunidad se reconocen como obra pública y quedan a cargo de las instituciones de gobierno, no involucrando a la población en las etapas de planeación y diseño. De esta manera, la construcción de los pozos comunitarios no responde de manera adecuada a las necesidades de la población, el servicio no es suficiente para todos los habitantes, y se presentan problemas de funcionamiento, como la falta de presión que provoca que el agua no llegue bien a todas las viviendas, o la poca profundidad del pozo que provoca que en ocasiones se seque y se queden sin agua. La falta de planeación con la comunidad y un diseño que no responde adecuadamente a la demanda existente produce una red de agua potable con carencias que no tiene un funcionamiento adecuado y que experimenta problemas continuos con el suministro de agua a la comunidad. Esta situación provoca que las instalaciones estén en procesos constantes de mejoramiento y ampliación, incrementando el costo de la obra. Además, las acciones posteriores quedan a cargo de la comunidad, pero sin ningún tipo de apoyo financiero o técnico, es decir, las obras de ampliación y mejoramiento se realizan con autofinanciamiento, autoconstrucción, y sin asistencia técnica. De esta manera, el proceso de producción social del hábitat avanza lentamente en otros aspectos, ya que los esfuerzos se siguen concentrando en el acceso adecuado al agua para todos.

¿CONSTRUYENDO CIUDADANÍA DESDE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT?

En contextos en donde la expansión urbana produce periferias urbanas y rurales de desigualdades, las luchas de los habitantes rurales por el acceso a la vivienda, a los servicios básicos y a una mejor calidad de vida van a ser factores detonantes que impulsen el surgimiento de un nuevo tipo de ciudadanía. Como señala Yarwood (2017), en contextos rurales en donde el Estado está ausente y el desarrollo de las comunidades depende de la acción de los habitantes, emergen formas de ciudadanía que impulsan una participación activa, individual y colectiva de la población que lucha por una mejor calidad de vida. La ciudadanía en estas comunidades rurales se imagina como un deber y una responsabilidad, tanto individual como colectiva, por el bien común. Este tipo de ciudadanía impulsada desde lo rural es una manera en que los habitantes tienen que llenar esta ausencia del Estado y luchar por satisfacer sus necesidades básicas, construyendo el espacio rural. Y más allá de las luchas por la reivindicación de su derecho a un hábitat adecuado, también por el reconocimiento de estas organizaciones rurales como actores políticos.

Partiendo de la ciudadanía como un proceso de reconocimiento de las comunidades, como actores políticos importantes en la toma de decisiones, se retoma el empoderamiento comunitario. En el caso de comunidad de Santo Domingo Dos se pueden identificar avances en el proceso de empoderamiento de la comunidad que se impulsan a través del proceso de producción social del hábitat, al promover la participación individual y colectiva, el diálogo entre los miembros de la comunidad respecto a los problemas comunes y el análisis de los mismos, la reflexión, y la toma de conciencia individual y colectiva. A través de la producción social del hábitat orientada a acceder a los servicios básicos y el mejoramiento de la vivienda, la organización no solo impulsa una lucha por mejores condiciones de vida, sino también un proceso de empoderamiento de la comunidad y de su reconocimiento como actores políticos. Aunque la acción colectiva impulsada por esta organización enfrenta limitaciones que afectan este proceso:

• Una de las mayores limitaciones del proceso es la falta de asesoría técnica en distintos aspectos del proceso. Las acciones son impulsadas únicamente por los habitantes de la comunidad, y no se identifica una articulación con otros actores, como profesionales u otras organizaciones, que pueda potenciar el proceso.

• La asociación civil se ha constituido recientemente, y aunque ya se identifican transformaciones en las relaciones entre los habitantes, hace falta toma de conciencia política que lleve a este proceso más allá del acceso a los servicios y que impulse una lucha por el reconocimiento de los actores rurales en la toma de decisiones.

• Si bien se identifica un avance en las negociaciones con el gobierno local, en donde la organización es más escuchada, las gestiones de la organización se reconocen como obra pública en donde el papel de la comunidad se reduce al de solicitante. En este sentido, se puede caer en la situación que señala Yarwood (2017), en donde a través de las políticas públicas se dejen estas acciones en manos de los habitantes, pero en procesos en donde no se genera el empoderamiento de la comunidad, sino que únicamente se responde a las instituciones de gobierno, y se promueve el retroceso del Estado.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proceso de producción social del hábitat desarrollado por la asociación civil Ribera Santo Domingo Dos representa un avance en el ámbito rural de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez. Al observar el panorama de distintas localidades rurales en esta región, la asociación civil Ribera Santo Domingo Dos ha logrado transformaciones, que ya se manifiestan a nivel comunidad y que promueven la construcción de ciudadanía desde lo rural. Retomando el análisis de Álvarez (2017), observamos cómo esta ciudadanía se va construyendo a través de la práctica de los habitantes. En un contexto, como el de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, en donde no existen espacios y canales de participación, estos se pueden ir generando con las luchas de la sociedad organizada. En el caso de Santo Domingo Dos, observamos cómo la organización ha avanzado en este proceso, siendo uno de sus logros la apertura de un espacio para el diálogo directo con el gobierno local y la visibilidad de la organización. Aunque al hablar de estos logros no hablamos de un reconocimiento de los actores rurales y de su participación en la toma de decisiones, si identificamos un paso adelante que permite avanzar hacia la construcción de esta ciudadanía.

En un contexto como el Chiapaneco, con un rezago habitacional del 96% en el ámbito rural, y hablando específicamente de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, que es una de las principales aglomeraciones urbanas en el sur del país, atender las necesidades habitacionales de la población es un reto. En este sentido, generar espacios y canales de participación que promuevan y faciliten este tipo de procesos impulsados por las organizaciones sociales es una tarea que no debe quedar únicamente en manos de la sociedad organizada. El papel de los gobiernos locales en la apertura de estos espacios es de vital importancia para poder avanzar en la realización del derecho a la vivienda. Es importante abrir canales de participación que faciliten los procesos de producción social del hábitat impulsados por las comunidades, además de la creación de espacios que promuevan la articulación de las organizaciones con distintos actores. De esta manera se promueve el ejercicio de la ciudadanía, se impulsa a estas iniciativas de la sociedad organizada, que ya existen, y se generan procesos de co-producción del espacio que nos permitan avanzar en la realización del derecho a la vivienda para todos.

FUENTES DE CONSULTA

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Gilbert, L. y Mustafa, D. (2008), “Right to the city: politics of citizenship”. En Kanishka Goonewardena et al. (eds.), Space, difference, everyday life, Reading Henri Lefebvre, Routledge, Nueva York, pp. 250-263.

Harvey, D. (2012), Rebel cities. From the right to the city to the urban revolution, Verso, Londres.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2020), Censo de Población y Vivienda.

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