1. INTRODUCCIÓN

El presente artículo estudia el mensaje de los periódicos La Nación y Diario Extra en torno al abuso infantil. Se efectúa un puente interdisciplinario entre la filosofía social como disciplina de análisis, pero en diálogo con la psicología, especialmente latinoamericana. Se busca analizar las reacciones periodísticas en el contexto actual, caracterizado por un incremento de la violencia infantil en Costa Rica, fenómeno descrito bajo el término de “epidemia”. Debido a la complejidad del tema, el presente escrito enfatiza en la violencia intrafamiliar infantil, y no aborda otras agresiones ejercidas contra el niño. Se abarca las notas periodísticas en la web hasta el 1 de diciembre del 2014, fecha de corte; retoma los artículos publicados desde el 2010, y busca traer a colación aquellos que contengan visiones ideológicas, si fuera del caso. Se seleccionan escritos de opinión y editoriales.

Es importante recordar que “la violencia es una construcción histórica que se modela y aprende, por lo tanto deben revisarse los mensajes que emiten los diferentes agentes socializadores que la refuerzan: la familia, el sistema educativo, los medios de comunicación, las iglesias, el sistema de salud, el sistema judicial y otros” (Ministerio de Salud, 2001: 12). Concretamente, en Costa Rica, el aumento de la agresión infantile cumple ya una década, de acuerdo al Ministerio de Salud y a la Organización Panamericana de la Salud (2004) era preocupación hace diez años el incremento en la cantidad de situaciones de agresión infantil, así como el crecimiento y la crueldad de las formas de maltrato. El aumento actual de la violencia intrafamiliar infantil en el país ha sido denunciado por varias fuentes periodísticas. Para fundamentar lo anterior, se elaboró la siguiente tabla, con base en los datos de la página web del Hospital Nacional de Niños (HNN):

Fuente: elaboración propia a partir de las estadísticas publicadas por http://www.hnn.sa.cr

Para elaborar la tabla se tomaron los datos anuales de los casos de abuso a menores de edad, elaborados por el Servicio de Trabajo Social del hospital mencionado. Se toman las totalidades por año debido a que se considera que todas las distintas formas de agresión sufridas por los niños tienen de una u otra forma origen en el hogar. Esto de acuerdo al criterio de Quesada (Comunicación personal, 9 de diciembre del 2014); ya sea por acción directa de padres, madres o encargados, o por negligencia.

El auge de la violencia infantil es una realidad en el país, no faltan a la verdad quienes hablan de una “epidemia de violencia”. Entre el 2006 y el 2011 el aumento fue del 9%. Asimismo se observa un punto crítico, el año 2009, en el cual el número de casos aumentó significativamente. Este ascenso de la violencia se confirma con las cifras del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). Así, los datos de la página web de esta institución son la base de la Tabla 2. Se sumaron las categorías estadísticas relativas a la violencia infantil intrafamiliar (conflictos familiares, persona menor de 12 años sola en casa, abuso sexual intrafamiliar, maltrato físico, negligencia, calle, testigo de violencia, abuso emocional, secuestro, pensión alimentaria nacional, pensión alimentaria internacional), en concordancia con las definiciones dadas por el documento oficial denominado “Sistema de Información Institucional. Información de la Persona Menor de Edad. 2004. Manual de Procedimientos y Definiciones”, suministrado vía correo electrónico por Gamboa (Comunicación personal, 10 de diciembre del 2014).

Fuente: elaboración propia a partir de las estadísticas publicadas por http://www.pani.go.cr/

Aunque el ascenso de las agresiones no es tan pronunciado como en los datos del HNN, si se confirma un aumento sostenido de las denuncias por maltrato infantil. Un aspecto preocupante desde una visión de Derechos Humanos lo representa el abrupto aumento entre el 2011 y el 2012. Salta a la vista la pendiente estadística en aumento del número de casos de víctimas de maltrato en las familias. Desde el 2007 hasta el 2012 el aumento no se ha estancado, aunque en algunos años el crecimiento de los números es menor (2009-2011), en todos los años hay incremento con respecto al 2007, y este acrecentamiento se acelera y se torna más abrupto en los últimos tiempos. Del 2011 al 2012 crece con mayor rapidez el número de casos de agresión contra los niños. El concepto denominado “epidemia de violencia infantil” tiene una fuerte evidencia empírica. Más aún, debe recordarse el carácter relativo de los datos, pues muchísimos casos quedan sin denunciar, y por tanto sin registrarse. De acuerdo a Rodríguez (2011, 21 de enero), la propia ex-Presidenta Ejecutiva de la CCSS, Ileana Balmaceda, reconoció en años pasados que los datos de las instituciones representan sólo “la punta del iceberg”.

En línea con otros trabajos del autor sobre Derechos Humanos (Nani, 2014), y considerando la situación descrita aquí acerca de la violencia infantil en Costa Rica, este artículo indaga en los discursos que se transmiten en la prensa sobre este asunto. En concreto, nos preguntamos si existen visiones de carácter ideológico con respecto a Derechos Humanos del niño en los artículos de opinión de La Nación y Diario Extra. En caso afirmativo, la cuestiones que se derivan de ello son: ¿cómo se articulan estas representaciones?, ¿cuáles son sus vínculos discursivos?, ¿qué repercusiones traen consigo esas visiones?

2. COSTUMBRES, DISCURSOS Y PRÁCTICAS SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Las familias, especialmente en las sociedades de fuerte tradición religiosa como en América Latina, son escenario de relaciones de poder y dominación, en otros términos, de imperio, que por sus propias lógicas y estructuras implica el sojuzgamiento de los niños, los jóvenes y los ancianos (Gallardo, 2006a). De esta forma, el patrón familiar que se reproduce establece el imperativo de un agradecimiento per se de los hijos para con los padres, lo cual torna vulnerables a los primeros, pues independientemente de cómo se comporten los progenitores deben ser sujetos de devoción por parte de sus hijos.

En ciertos contextos, las familias constituyen espacios favorables a una “esquizofrenia”, pues el espacio privado entra en tensión con el mundo social. Se parte de que estos espacios tan acotados no representan ámbitos políticos, sino que se hallan mucho más cercanos a las iglesias que al Estado o a las organizaciones sociales, conformándose así como un entorno cultural separado, representando refugios frente al mundo (Gallardo, 2006a). Esto genera que, con frecuencia, la familia no sea una una institución en la que se aprendan las pautas culturales que conectan con el resto de la sociedad. Consecuentemente, estos modos de hacer e interactuar han de descubrirse afuera.

La situación descrita tiene repercusiones para la población infantil, porque la escisión privado-público operante entre familias y sociedad favorece la práctica del maltrato, pues las actuaciones paternas, cual sea su índole, no pueden ser pensadas en dicho esquema en tanto hechos sociales –cuyo acontecimiento tiene suceso, sentido y repercusión en una comunidad–, y políticos, sino que se encubren con un velo ideológico. Peor aún: caen en un espacio de impunidad, de no-vigencia de la ley ni de las normas sociales rectoras de otros espacios –por ejemplo el imperativo de no usar la violencia para resolver conflictos.

La visión moderna de la familia como ámbito idílico de seguridad y afecto ha contribuido a transmitir una idea sesgada de la realidad familiar, ocultando así esa otra cara potencialmente patógena de un entorno, “en el cual también se pueden violar los derechos humanos, en el que se puede experimentar miedo e inseguridad y en el que se aprenden todas las variaciones de resolución violenta de conflictos interpersonales” (Corsi, 2003: 22-23). Dentro del componente conflictivo de las familias tiene lugar la agresión contra los hijos, que descansa en un ejercicio abusivo del poder. En ese sentido, ejercer poder por parte del polo de los dominadores tiene por objetivo el control sobre el otro, la violencia juega aquí el rol de estrategia para este control, teniendo por pretexto “disciplinar” o “educar”.

En Costa Rica, el fenómeno de la violencia intrafamiliar es definido como “toda acción u omisión ejercida contra un pariente por consanguinidad, afinidad o adopción que produzca como consecuencia daños a la integridad física, sexual, psicológica o patrimonial, violando su derecho al pleno desarrollo y bienestar” (Caja Costarricense del Seguro Social y Ministerio de Salud, 2000; citados por Ministerio de Salud, 2001: 11). La violencia intrafamiliar se sustenta en dos pilares: el género [¹] y la edad, afectando mayormente a mujeres, niños y ancianos, colectivos que ven así vulnerados sus Derechos Humanos (Gallardo, 2006b).

Históricamente, los niños han constituido propiedad privada de los padres y, por tanto, han carecido de los derechos más elementales (Cabrera, 2013). Desde el punto de vista la visibilidad social, un antecedente cultural importante en la instauración de leyes positivas en favor de los niños lo representa la literatura, pues autores como Émile Zola, Charles Dickens o Jules Vallès denunciaron las desfavorables condiciones de vida de esta población en la Europa del siglo XIX. Por supuesto, el aporte de diferentes pedagogos y activistas políticos de diversa índole fue trascendental para la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 (Galvis, 2009). No obstante, en la actualidad el maltrato infantil representa un fenómeno universal (Santana et al, 1998).

El término “maltrato infantil” fue definido en 1961 por Henry Kempe bajo la noción de síndrome del niño agredido (PANI, 1986). La base histórico-jurídica de los derechos del niño y del afrontamiento de la violencia intrafamiliar se sitúa en los años ochenta, esto en términos de la creación de leyes internacionales, en el decenio posterior se realizaron políticas para asistir a las víctimas y encuadrar este problema a lo interno de las naciones. Los principales motivos para que la ONU y la OPS analizaran la violencia fueron la prevención de la criminalidad y la agresión contra la mujer (Corsi, 2003).

Los padres con historial de abuso en su niñez, sin redes de apoyo en momentos difíciles, insatisfechos maritalmente, o desempleados, aparecen con más frecuencia en el grupo de agresores. Asimismo, son causas los modelos de crianza justificadores de la agresión, la incomprensión de los lenguajes, la paternidad temprana y la vivencia continua del estrés (Barcelata y Álvarez, 2005), también son causales la dependencia y escasa capacidad de defensa de las madres (Molina y Ospina, 2011). La falta de soporte social y familiar, y a nivel de las instituciones formales, la falta de capacitación del personal educativo y de salud en la detección de casos, y la inexistencia de redes de apoyo comunitario son también factores a tener en cuenta (Corsi, 2003).

De acuerdo con Gallardo (2006b) y Sánchez (2007), el principal desafío en Derechos Humanos lo representa la distancia entre lo pensado, lo dicho y lo realizado en la práctica, en términos de quienes reivindican su subjetividad esto puede leerse de una forma afín a sus intereses, pues admite la posibilidad de hacer cumplir estas prerrogativas desde la movilización social, acción que superaría esa escisión. Para ser efectivos, la sociedad debe apropiarse identitariamente de sus propios derechos, en términos de una disposición de defenderlos (Gallardo, 2006b), y más aún, de prevenir su ultraje (Sánchez, 2007). Los Derechos Humanos no deben ser únicamente un fuero legal que se reclama después de vulnerado, sino que han de producir la evitación de las situaciones lesivas (Sánchez, 2007). En ese sentido, según Gallardo (2006b), las leyes por sí mismas no bastan, hace falta una sensibilidad cultural (otorgante de una disposición política permanente) basada en un proceso liberador que busque satisfacer las diferentes necesidades humanas.

Dentro de ese proceso, a los niños se les debe permitir opinar y participar en todo aquello que les afecta, reconociéndoseles su dignidad y su carácter de agentes activos y participativos en su desarrollo y en el de sus familias. Debe existir una capacidad socialmente creada que permita a los niños agredidos pedir ayuda y evitar más agresiones; más aún, se habla aquí de que la totalidad de los niños debe ganar la capacidad para prevenir violencias dentro y fuera del hogar, por esto se habla de movilización social. Las instituciones y los sectores defensores de la infancia están obligadas a impugnar las ideologías que coartan y minusvalizan al niño. Democratizar las familias sería reconocer el aporte y el papel activo de los infantes en su construcción, superándose la visión del menor como un mero seguidor de órdenes y de sanciones.

Entendiendo a las familias bajo el concepto de espacios políticos, donde pueden ocurrir relaciones de dominación, cabe la posibilidad de plantear unos Derechos Humanos. Se habla entonces de unos derechos del niño consonantes con lo anterior (práctica efectiva, lucha cultural, etc.), trascendiendo la mera definición legal instituida. Las familias se definen aquí bajo la idea de construcciones sociohistóricas, por tal motivo contiene una susceptibilidad al cambio, esto es, una superación de los vínculos autoritarios que tradicionalmente han perjudicado a los más débiles. Desde esta perspectiva, una familia liberada sería aquella donde existan el respeto y el resguardo de la subjetividad de los hijos y los padres, evitándose el autoritarismo y la sujeción. Por supuesto, este proceso cuenta con resistencias y frenos en los discursos inmovilistas justificadores de la existencia de dominaciones dentro de las sociedades y sus sectores (Gallardo, 2006a).

En tal sentido, cabe resaltar el trabajo etnográfico de Raby (2012) con la comunidad nahua de Alto Balsas, Guerrero (México). De acuerdo con su investigación, existen costumbres, discursos y prácticas en contra de la agresión, y éstas incluyen tanto medidas legales como estrategias de corte más tradicional. Se comprobó que se dan denuncias ante la comunidad y ante la familia del agresor, a quien se reprende y exhorta al cese de la violencia, mediando lazos de solidaridad intrafamiliar y social (una no-indiferencia). De esta forma, las nahuas de Alto Balsas se aproximan a una disposición cultural para combatir la agresión, y sus denuncias son atendidas. Las estrategias remiten a una sensibilidad cultural que permite denunciar y actuar en contra de la agresión, otorga relaciones sociales protectoras para las víctimas y discursos deslegitimadores del maltrato. Aunque enfocada a en mujeres esposas y madres, la investigación puede inspirar medidas para una cultura de denuncia y de no tolerancia ni legitimación de la violencia infantil, un ethos posibilitador de un tejido social favorable al auxilio de las víctimas y de una disposición para denunciar, afrontar y prevenir.

3. LOS DERECHOS DEL NIÑO EN LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN

En los siguientes subapartados nos preguntamos si los artículos de opinión de La Nación y Diario Extra contienen esquemas que restan autonomía a los menores o que separan discursivamente ámbitos relacionados de la realidad social, entre otros.

3.1. LA AUTONOMÍA DEL MENOR

Son varios los artículos que transmiten la idea de los menores de edad como receptores pasivos de la educación de sus padres. Para el caso de la erradicación de la violencia infantil se requiere que los niños y los adolescentes ganen capacidades para reclamar sus derechos ante las instancias ya existentes, de tal modo resulta contraproducente reforzar el rol plenipotenciario de autoridad de los padres. Al respecto:

“La información existe y está a nuestro alcance. Pegar no es un método disciplinario adecuado; no es efectivo a largo plazo y puede tener consecuencias psicosociales importantes. Es imprescindible que los costarricenses nos instruyamos en los múltiples métodos disciplinarios alternativos al castigo físico y que los apliquemos en nuestros hijos desde edades tempranas” (Sierra, en La Nación, 23/06/2013).

Aquí se refleja el problema de la agencia de los infantes, pues si bien el mencionado artículo desaconseja la violencia física, refuerza el patrón culturalmente creado del adulto (los padres) como responsables plenipotenciarios de la formación de los niños (los hijos). Tal esquema tiende a borrar la participación de los infantes en su propio desarrollo y en el de las familias, eludiendo el diálogo y apostando únicamente por medidas unilaterales de los adultos. En consecuencia, el autor aboga por un sistema de premios y castigos:

“El buen comportamiento debe ser premiado de manera consistente y reiterada. Los niños no saben lo que es portarse bien o mal. Por lo tanto, cuando se están portando bien, que tiende a ser la mayoría del tiempo, podríamos premiarlos frecuentemente con muestras de afecto comunes: un beso, un abrazo y una explicación de por qué se le está dando afecto. Esta técnica es conocida como 'reforzamiento positivo' y cuanto más se aplique más estimulará el comportamiento deseado. Asimismo, existen múltiples estrategias no físicas para disminuir comportamientos no deseados como el sistema de puntos, la consecuencia natural, la consecuencia lógica, la ignorancia activa, la extinción, la pérdida progresiva de privilegios, y la famosa 'pausa' que si es aplicado correctamente es altamente efectivo” (Sierra, en La Nación, 23/06/2013).

Puesto que los niños –se afirma– desconocen la diferencia entre “portarse bien y portarse mal”, la solución sugerida pasa por implementar en el hogar programas conductuales. Queda fuera del presente trabajo determinar las implicaciones del modelo conductista, pero sí resulta cuestionable atribuir a los menores una incapacidad para discernir sobre sus comportamientos más allá del control paterno. Lo que se refuerza, de esta forma, son las jerarquías y un esquema de dependencia que favorece el autoritarismo.

A este respecto, otro autor entra en el debate en el mismo periódico mediante la siguiente contestación:

“El Dr. Hernán Sierra acierta al exponer las funestas consecuencias del maltrato físico, pero en mi opinión se equivoca de medio a medio en la alternativa que propone: el 'sistema de premio y castigo' no es otra cosa que condicionamiento instrumental, la misma técnica que aplicaba Pávlov con perros (mortificándolos llegó a la predecible conclusión de la 'indefensión aprendida') o Skinner con ratas y palomas (encerrándolas en la caja que lleva su nombre y que es algo así como una cámara de tortura para entrenar comportamientos automáticos). Los humanos, especialmente quienes están estrenando la vida, merecemos mucho más que adiestramiento canino” (De Muller, en La Nación, 24/07/2013).

Este cuestionamiento se aproxima a las posturas críticas de la institución familiar, que plantean a la visión del niño como incapaz en tanto justificación ideológica para su dominación.

No obstante, la visión de crianza expuesta por Sierra tuvo también una defensa en el mismo periódico:

“Una de las principales virtudes de su análisis es que no se detiene en el diagnóstico sino que aporta soluciones, no solo institucionales sino utilitarias, e ilumina sobre las causas de la escalofriante epidemia de maltrato infantil. (…) No hay excusa para escudarnos en la tradición familiar y en prácticas deplorables de la sociedad patriarcal. Hay que educar en contra de los golpes y a favor de métodos alternativos, ampliamente divulgados y accesibles para todos los padres de familia, como el reforzamiento positivo y muchas de las técnicas ofrecidas por el Dr. Sierra y otros especialistas” (Editorial, La Nación, 3/07/2013).

Se observa, por tanto, que la solución ante el maltrato infantil queda vinculada con medidas “utilitarias”, que en última instancia pasan por un abordaje de los hijos mediante las técnicas del conductismo. En todo momento, se gira en torno al imperio de los adultos sobre los niños, de modo tal que, aunque hay un reproche del abuso físico, se aboga por el dominio paterno a través del método conductual Las ideas rectoras de la formación en el hogar nacen de la voluntad del adulto y es éste quien da dirección y contenido al proceso, el hijo solo vivencia los reforzamientos o los castigos y únicamente aporta su obediencia.

En el marco de un poder paterno, sin contestación ni crítica, los métodos conductistas pueden traer consigo la represión contra los hijos. Pese a no mediar maltrato corporal, sí puede mediar la violencia emocional, de tal modo que por ejemplo, si un padre impone medidas arbitrarias y coartadoras, como suspender la práctica de algún deporte o impedir el desarrollo de toda amistad por parte de su hijo, bien puede aplicar los métodos aludidos.

Encontramos otro discurso de la negación de la autonomía de los niños, puede ubicarse en el Diario Extra:

“Que este Día del Niño nos permita reflexionar en el papel que jugamos como padres, hermanos, tíos, abuelos, educadores o vecinos en el trato que damos a todos ellos pequeños quienes están en nuestro entorno. Si alguna vez usted se ha pasado de la raya con ellos, es el momento de cambiar y mejorar las actuaciones que no son correctas o las más adecuadas con los infantes” (Editorial, Diario Extra, 9/09/2013).

Desde esta perspectiva, los menores quedan supeditados al buen accionar de los adultos, o en su defecto, a la corrección por parte de éstos de las pautas familiares. En todo caso, los menores son vistos como sujetos pasivos, sin posibilidad de participar y a merced de los padres, quienes junto con el entorno familiar son los que determinan si ellos “se pasaron de la raya”. La misma dirección discursiva se halla en todo el editorial aquí citada. Este planteamiento reconoce la existencia de la violencia contra los infantes, exponiendo la necesidad de un cambio. Sin embargo, deja en manos de los perpretradores de esa violencia la dimensión y orientación del cambio. Semejante diagnóstico, en el fondo, ni siquiera reconoce la situación legal del caso, pues de acuerdo a la legislación nacional un niño puede denunciar las agresiones incluso en su escuela. Restar autonomía a los infantes implica reforzar el adultocentrismo, pilar de la violencia infantil.

Una sociedad que dice defender los Derechos del Niño no puede utilizar el mecanismo del mero convencimiento. Debe, ante todo, movilizarse socialmente y ampararse en las leyes y las instituciones formales y no formales. En realidad, apelar a “la buena fe” o a la conversión unilateral de los padres representa una medida espuria, no garantiza el bienestar y la seguridad de los niños.

Nos detenemos ahora en un editorial de Diario Extra que contiene varios elementos discursivos de necesario análisis. Al respecto se destaca la siguiente cita:

“Eso demuestra en pocas palabras la situación tan alarmante que viven muchos menores de edad. La propia casa se convierte en una trampa mortal, de la cual no pueden escapar, pues está claramente establecida la imposibilidad humana y material de las víctimas para manifestar o contar lo sucedido y buscar protección. Bien dicen que 'el futuro de los niños depende del mundo en el que vivan'. ¡Qué ciertas esas palabras!” (Editorial, Diario Extra, 6/09/2014).

El fragmento ofrece una representación del niño, otra vez, como sujeto absolutamente pasivo. Por supuesto que los menores, y más en contextos de vulnerabilidad, tienen toda clase de dificultades para alertar de eventuales situaciones de violencia. Pero lo que el editorial no refleja es que la legalidad costarricense contiene mecanismos formales mediante los cuales un niño puede denunciar a sus padres o a cualquier otro miembro de la familia en caso de ser víctima de agresión. La denuncia se puede iniciar incluso en la propia escuela.

Sigue el editorial con más elementos para analizar:

“Las futuras generaciones requieren amor, cuidados especiales y sobre todo respeto, no debemos los adultos someterlos a tratos denigrantes y menos disminuirlos en su condición de niños. No es justo que abusemos de nuestras ventajas, no solo físicas sino también psicológicas, para agredirlos desmedidamente” (Editorial, Diario Extra, 6/09/2014).

El razonamiento aquí expuesto confirma la línea anterior: las nulas posibilidades de los infantes para su defensa efectiva. Que es tanto como decir que los menores, como tales, no juegan ningún papel en la sociedad, más allá de conformar un colectivo de futuro. La cuestión de la violencia sobre los menores, consecuentemente, queda reducida a un ejercicio de reproche entre adultos que se creen con la prerrogativa de maltratar. Una prerrogativa que, de manera implícita, posee diversos grados que van desde lo tolerable a lo intolerable. Esta perspectiva nada tiene que ver con los Derechos del Niño. Ningún tipo de violencia, ningún grado de la misma, es tolerable.

3.2. RAÍCES CULTURALES DE LA VIOLENCIA INFANTIL

Varios artículos de opinión señalaron que la cultura de abuso, trasmitida por generaciones pasadas y perpetuada en la actualidad por los padres agresores, representa un factor poderoso en esta problemática. No obstante el concepto no se explica:

“Todos hemos presenciado alguna vez la práctica del castigo físico. Por ejemplo, una madre pegándole a su hija por hacer un berrinche; un padre pegándole a su hijo por pegarle a otro niño; o un adolescente a quien le dieron en la boca por respondón. Estas son escenas públicas frecuentes. Probablemente la mayoría de los costarricenses no vemos el castigo físico como algo extraño o cuestionable. De hecho, este ha sido por muchos años un método disciplinario tradicional en nuestro país, con fuertes raíces culturales” (Sierra, en La Nación, 23/06/2013).

En otra parte del texto, se afirma:

“La discrepancia entre la evidencia científica y el concepto de castigo físico que tienen la mayoría de adultos costarricenses podría encontrar explicación en nuestra tradición cultural. Sin embargo, se ha demostrado que el 65% de los costarricenses tienen una ausencia de conocimientos adecuados para trabajar límites sin recurrir al castigo físico. Por lo tanto, la alta incidencia de castigo físico en Costa Rica no solo es un asunto cultural, lo cual sería comprensible y difícil de cambiar, sino que también es por falta de conocimiento, lo cual es inaceptable pero afortunadamente modificable por medio de la educación” (Sierra, en La Nación, 23/06/2013).

Explicaciones como las anteriores revelan una causación de la agresión física en factores culturales. En efecto la cultura dominante legitima el uso de la violencia contra los niños, y sin duda la trasformación involucra a la educación. No obstante, el autor de ese artículo de opinión no explica el carácter de esta cultura con respecto a la violencia, no señala la fuente del poder adulto para con el niño. Su noción de una cultura favorecedora de la violencia solo alcanza un nivel nominativo, señalando la existencia de mandatos sociales subyacentes, pero no determina el modo de la relación entre hijos y padres, la asimetría de ésta, que coloca a los hijos en una posición de víctimas.

La ausencia de análisis con respecto a la cultura de abuso continúa en otras publicaciones:

“Repetir que 'la letra con sangre entra', como reza el proverbio, para referirse a prácticas educativas no del todo erradicadas, o que 'como a mí me educaron de esa forma, yo educo así a mis hijos', es una maldición cultural, es insostenible y pone en peligro nuestro futuro como nación” (Editorial, La Nación, 3/07/2013).

El editorialista acierta en el carácter de círculo vicioso de la agresión infantil. Sin embargo, de nuevo queda fuera del razonamiento el tema del poder en el seno de las familias. No se contempla la idea de un entorno familiar democrático en el que, por su propia esencia, los padres no podrían agredir a sus hijos.

El problema de no señalar en qué descansa la cultura de violencia intrafamiliar se evidencia en el manejo de otro tópico, el de los embarazos no deseados en adolescentes:

“Estos casos, que obviamente son condenados por todos, revelan la situación de indefensión y desesperanza en que se encuentran las madres adolescentes en el país y el doble discurso que mantiene la sociedad. Por un lado, se pretende que estas niñas se comporten de forma 'virtuosa', de acuerdo con los patrones tradicionales, pero sin ofrecerles las oportunidades educativas, sociales y económicas de desarrollar una vida plena, que les permita informarse sobre las consecuencias de sus actos y tomar decisiones adecuadas sobre la sexualidad. [Ante un embarazo], las niñas sienten que la sociedad les cierra todas las puertas. Ocultan su estado a los padres, no acuden al control prenatal, se exponen a complicaciones mayores o acuden a un aborto ilegal. Todas estas consecuencias son negativas, pero el hecho de culpabilizarlas, exculpando a los otros involucrados, es uno de los peores rasgos de este síndrome. Como afirma Eugenia Salazar Elizondo, fiscala adjunta contra la Violencia de Género del Poder Judicial, 'cuando se da una situación de estas es porque falló la sociedad, falló el Estado, fallaron todas las instituciones que no le dieron la atención adecuada a esta niña o adolescente, y, por supuesto, falló la familia'. (Editorial, La Nación, 26/11/2013)

El criterio del editorialista es atinado en lo respectivo a la realidad que viven muchas madres adolescentes. No obstante, una vez más la explicación resulta insuficiente, ya que no profundiza en los patrones tradicionales que configuran ese escenario social. Es decir, qué impulsa a los padres y a las instituciones a no brindar una educación sexual adecuada. Es posible que la respuesta esté relacionada con la visión de los hijos como meros objetos de sus progenitores, cuasi-pertenencias. A ello hay que añadir el estereotipo de la poca capacidad de los adolescentes para tomar sus propias decisiones.

En el mismo sentido de uso superficial de los factores culturales favorecedores del abuso infantil, tenemos la siguiente cita:

“Se llevará a cabo una campaña para hacer conciencia sobre la magnitud de este problema social. Sin embargo, este mal –la violencia contra los niños y las mujeres– se encuentra enraizado en el ADN biológico y cultural de un grueso sector de nuestro país” (Rodríguez, en La Nación, 21/01/2011).

Nuevamente, estas justificaciones de tipo pseudocientífico que además se entroncan con la tradición, no permiten una aproximación rigurosa al problema, ni facilitan la acción política y social necesaria.

Por su parte, Nuria Marín construye un discurso que nos sirve para ejemplificar un voluntarismo bienintencionado bastante extendido en los medios de comunicación:

“El llamado es para que las personas se organicen en sus barrios e ideen formas de concientización y acción para erradicar la violencia en el círculo inmediato: el hogar y el vecindario. ¡Todos podemos ayudar a hacer la diferencia! (…) La paz que le declaramos al mundo se construye en nuestros hogares y comunidades. Por las madres, hijas, nietas, esposas, amigas y colaboradoras, terminar con este terrible flagelo es una responsabilidad de todos” (Marín, en La Nación, 23/11/2014).

Se trata, según se observa, de un conjunto nociones generales que verdaderamente no permiten establecer acciones concretas de erradicación de la violencia. Puede llamarse a la movilización social, pero si no se especifica un plan de acción que abarque distintos niveles (políticos, económicos, culturales, etc.), el asunto se queda en mero voluntarismo sin la menor efectividad.

3.3. LAS INSTITUCIONES FORMALES COMO ÚNICA SOLUCIÓN

Hemos seleccionado varios artículos que muestran la debilidad de limitar el afrontamiento del problema a las instituciones, no visualizando el tópico de la violencia intrafamiliar infantil como de raigambre sistémica, con raíces sociales y culturales profundas. Por supuesto, las instituciones formales, especialmente las dependientes de las administraciones públicas, tienen una responsabilidad mayúscula. Sin embargo, no se puede limitar el análisis de este fenómeno al ámbito institucional formal, dejando de lado el papel de las instituciones no formales (por ejemplo, la familia).

Esta clase de sesgos lo observamos en la siguiente cita:

“(...) las campañas de prevención no han surtido efecto y es indispensable pasar de la indignación a una respuesta decidida y coordinada. La verdadera dimensión del problema es mucho peor, pues apenas se denuncia o se atiende un 10% de los maltratos. Cuando los casos llegan al centro médico es porque se ha dado una larga situación de abuso contra el menor que las instituciones públicas han sido incapaces de detectar y prevenir. (…) Si bien se está ante un fenómeno social complejo, como el de la descomposición familiar, es necesario reiterar que esta epidemia también es el resultado de un ineficiente sistema de protección de los derechos de la niñez y de la adolescencia, totalmente colapsado por las necesidades actuales, y que con frecuencia es burocrático y con escasas herramientas legales y económicas” (Editorial, La Nación, 18/06/2014).

Según este editorial, es preciso llevar a cabo respuestas coordinadas y decididas de las instituciones. Se aduce que las campañas de prevención han sido inefectivas, pero no se indican posibles causas. Se resalta la importancia de la prevención, pero se omiten las vías para tal propósito. Para rematar, se señala directamente a las instituciones y su incapacidad para resolver el problema:

“Pero, como se dijo, los casos que llegan al HNN, aunque sean los más dramáticos, son la punta visible de un problema de enormes proporciones que ha crecido gracias a la desigualdad social y la desatención de las entidades públicas. En el país hay más de una decena de instituciones que deberían actuar de forma coordinada a favor de la niñez y la adolescencia, y que en la práctica carecen de un plan de acción para prevenir el maltrato infantil” (Editorial, La Nación, 18/06/2014).

Si bien se reconoce el papel causal de otro factor, esto es, la desigualdad, no se define ni se concreta. Al final, el énfasis se pone en la inoperancia de los organismos públicos y se olvida la cuestión central: la caracterización del niño como mera pertenencia en manos de un adulto todopoderoso.

En este mismo orden de sobredimensionar a las instituciones puede inscribirse el siguiente texto:

“[el PANI] no surtió efecto para evitar una muerte: llegó, pero según lo que se nos ha informado, el dueño de la cuartería en donde vivía el menor negó que habitaran ahí, y los funcionarios, ante la afirmación, se regresaron. (…) Excusas. Aquí cabe la primera interrogante: si un señor va hasta una oficina a poner una denuncia, y narra cómo vio al menor. ¿Una simple respuesta del dueño de la cuartería cobra más validez que la denuncia misma? ¿No era posible coordinar con la Fuerza Pública para que pudieran ingresar? ¿No es acaso que el Interés Superior del Menor debe de prevalecer? Pareciera que no. (…) La respuesta de los jerarcas del PANI es impactante: que se pondrá denuncia penal contra el dueño de la cuartería. No dudo de la responsabilidad de este señor, pero lo que realmente es preocupante es que la institución, con una gran dosis de patología mira hacia el afuera en su responsabilidad, en lugar de mirar hacia adentro. Es ante situaciones como estas, que una institución, con sana crítica, debe de denunciarse a sí misma. (…) Es claro que hay falta de personal, pero no se trata de seguir lamentando la falta de recursos, si la visión y misión están fallando. (…) Pareciera que estamos ante una institución que busca un depositario de su responsabilidad y, de esta forma, evitar un análisis de su propia responsabilidad. (…) A su vez, encontramos un sistema de salud que tampoco pudo detectar a tiempo la sintomatología de agresiones hacia el menor, ya que este presentaba bastante prueba física, de sus múltiples agresiones, si es que anteriormente había sido atendido” (Hernández, en La Nación, 5/05/2014).

Este grave caso de agresión contra un niño fue denunciado por un taxista al PANI. Los funcionarios de esa institución acudieron, pero el dueño de la cuartería negó que la familia viviese allí. El autor del texto fija su atención en un procedimiento institucional repleto de errores. Pero, también debe abordarse la acción del dueño de la cuartería, pues integra una cultura que niega subjetividad al niño y le confiere propiedad sobre este a los padres. Las críticas al mal funcionamiento de las instituciones son acertadas, sin embargo otra vez se echa en falta la dimensión cultural inherente en este fenómeno.

En un sentido distinto, aunque partiendo del depósito de una responsabilidad excesiva en las instituciones, nos detenemos ahora en el siguiente artículo de opinión:

“Responsabilidad. Vemos progresos impresionantes en el marco jurídico como la aprobación de la Ley de Justicia Penal Juvenil, reformas al Código de Familia, la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, la Ley de Violencia Doméstica, la Ley de Pensiones Alimentarias, la Ley de Protección a la Madre Adolescente, la Ley de Lactancia Materna, la regulación de bebidas alcohólicas y el fumado, la nueva Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia. (…) La niñez y la adolescencia son responsabilidad de todos los habitantes de Costa Rica. El Patronato Nacional de la Infancia, como organismo rector, debe retomar su papel de guía, de especialista, de ente comprometido, a cargo del universo de niñas, niños y adolescentes, con responsabilidades compartidas y asumidas por los distintos protagonistas sociales, los cuales son parte en el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, y que como sociedad creyente de la paz y la democracia debemos pedir cuenta si están cumpliendo con el mandato legal que el mismo tiene en este tema” (Salazar, en La Nación, 7/06/2014).

La fe en las instituciones y en las leyes no es suficiente, máxime cuando en la realidad cotidiana, mediante sus usos sociales y costumbres, se están vulnerando los derechos de los menores. Salazar señala la necesaria convergencia de distintos sectores en el denominado Consejo Nacional de Niñez, pero dicho organismo se plantea también en términos institucionales. Los sectores participantes no se enuncian ni se permite conocer el modo de interacción, su proveniencia, etc. Más aún, dadas las circunstancias actuales de auge de la violencia, no cabe una apología ni del PANI ni del Consejo Nacional de Niñez ni de las leyes, más bien es tiempo de análisis y reflexión, no sólo acerca de estas instituciones, sino de gran cantidad de temas, por ejemplo la configuración del poder en las familias, los factores contextuales, sus dinámicas, entre otros.

Una visión más compleja, pero también sesgada hacia las instituciones, puede apreciarse en el siguiente editorial:

“¿Cuáles son las propuestas de las instituciones nacionales encargadas de la niñez? No se ven por ningún lado, no es un asunto de ahora, es una carencia de años. ¿Será acaso que más inocentes deben vivir bajo la ira y menosprecio de sus propios familiares sin derecho a la defensa? O peor, ¿tendrán que esperar a que su situación agrave para tomar cartas en el asunto? Se nos olvida un aspecto importantísimo ante la inoperancia institucional de frente al caso, ellos podría ser los agresores del mañana, continuando con ciclos de violencia perversos y dolorosos con secuelas irreparables. (…) ¿Qué pasó con la declaratoria de epidemia nacional?, ¿cuáles son los resultados de las mesas redondas que autoridades del ejecutivo, del Patronato Nacional de la Infancia, el Ministerio de Salud y la Defensoría de los Habitantes tuvieron junto a los jerarcas del Hospital de Niños para minimizar estos hechos violentos?, ¿en qué paró la marcha contra la violencia infantil? ¿Y la consciencia social? Lastimosamente todo sigue igual. Si la cantidad de pequeños agredidos va en aumento, significa que la mente pronto olvida y la sociedad no es consciente del flagelo tan horroroso que está camuflando” (Editorial, Diario Extra, 23/05/2013).

Sobresale el tema de la marcha contra la violencia, se aduce la falta de consciencia, razón del motivo de los abusos. Por otra parte, se habla de actividades de las instituciones; marcha y acciones institucionales debieron de acuerdo al editorialista, propiciar el despertar de la consciencia, pero esto no ocurrió y “todo sigue igual”. Aquí existen dos elementos discursivos relevantes. Primero, no se establece cómo deben hacer consciencia social las instituciones, o bien, qué problemas tiene su labor, sus mesas redondas y otras estrategias que no decantan en una mayor consciencia en la población, debieron señalarse algunas acciones, aunque fuese sucintamente, pero la crítica a entes como el PANI cae en términos que no le permiten a esa institución ni a otras más evaluar su desempeño, no se señala ninguna posible causa del escaso impacto de su labor (según aduce el editorialista), solo se le endosa la mayor cuota de la responsabilidad, el resto cae en un concepto general: la sociedad. En segundo lugar el concepto de consciencia se presenta de modo difuso, sin señalar su posible impacto en las relaciones sociales (hogar, Estado, prensa, etc.).

4. REPERCUSIONES DE LOS DISCURSOS SOBRE LA VIOLENCIA

La mayoría de los artículos analizados contienen imaginarios sociales que, aunque indirectamente, pueden llegar a suponer una legitimación de la violencia contra los menores. Si bien se reprochan las conductas de maltrato infantil, se sigue apoyando una visión adultocentrista que, en última instancia, perpetúa el problema. La crianza aparece como una acción unilateral de los padres en la que los niños no desempeñan ningún papel y poseen una mínima autonomía. El empleo de métodos correctivos de carácter leve sigue siendo aceptado en el marco de un sistema ideológico en el que la familia se articula sobre esquemas de dominación. Las propuestas que se ofrecen en los artículos de opinión analizados reflejan ese esquema, ya que las situaciones denunciadas siempre se resuelven en términos de orden e imposición. No hay una reflexión sobre las subjetividades o capacidades de los niños, ni desde el punto de vista psicosocial ni desde el ámbito educativo. Sencillamente, los menores son representados como un objeto a cuidar por su valor potencial de cara al futuro, dentro de una sociedad que precisa de recambio generacional para su continuidad.

Otro imaginario presente en los textos tiene que ver con el empleo de conceptos poco concretos a la hora de establecer las causas de la agresión infantil. Los roles autoritarios de crianza, la configuración de familias frustrantes para sus miembros, las jerarquías marcadas, los mandatos sacrificiales que ordenan al hijo percibir, per se, a su familia de forma idealizada y a obedecer ciegamente, todos estos factores resultan ignorados o evitados. En su lugar se recurre a expresiones tópicas (“cultura de violencia”) y pseudocientíficas (“traer la violencia en los genes”), que impiden reflexionar sobre las verdaderas causas del maltrato infantil. La violencia es una forma nociva de relación social, que tiene un contexto, unos actores involucrados y pautas de interacción, pero ninguno de estos elementos se aborda realmente en los medios de comunicación.

Destaca, asimismo, el empeño de los artículos de opinión por hacer recaer la responsabilidad del problema en los organismos estatales y en el aparato jurídico que los sustenta. Sin embargo, las sociedades actuales funcionan con una complejidad mucho mayor. Por supuesto que el Estado y las leyes constituyen elementos decisivos, pero por sí mismos no bastan para cambiar factores culturales y sensibilidades de la población en torno a los Derechos del Niño. Su cumplimiento efectivo no depende solo de las instituciones formales, sino que además es imprescindible que en cada barrio, vecindario y familia exista una concientización auténtica y una práctica cotidiana en consonancia con ella.

En ese sentido, es preciso abordar lo que ocurre en el ámbito privado, recuperando las subjetividades de los niños y favoreciendo una educación en derechos que les permita distinguir si están siendo agredidos y visualizar las instancias de auxilio. Gestar el desarrollo de dichas actitudes y aptitudes, generar capacidad de denuncia y prevención en las comunidades e instituciones y escuchar con atención a los infantes debería ser parte del quehacer diario del PANI o la CCSS, todo en un marco de interdependencia colaborativa de los diferentes sectores sociales e institucionales.

La conceptuación de los problemas familiares bajo formas difusas no ayuda al reclamo de Derechos del Niño. Es muy diferente afirmar que en el cantón X los padres agreden a los hijos bajo el supuesto de un permiso divino para tal efecto, que atribuir la causa del problema a “traer la violencia en la sangre”, bajo las premisas de la primera proposición se puede actuar, por ejemplo trabajar en el cantón X alertando acerca de los evidentes riesgos de la violencia en la infancia, poniendo en evidencia el carácter dañino de prácticas de ese tipo, entre otras medidas. Por el contrario, si se parte de lo otro, todo se dificulta, esto a su vez conlleva la repercusión de la continuidad de la violencia. Si bien los artículos de opinión tienen una extensión limitada, deberían sugerir temas para reflexionar de verdad las realidades familiares, y no bosquejar únicamente conceptos generales o lanzar apelaciones bienintencionadas.

Evaluando las posibles repercusiones sociales de las columnas de opinión en La Nación y Diario Extra, es muy limitado el aporte al cese de la violencia infantil. Aunque el tema se trató en varios artículos, predominan perspectivas inadecuadas para abordar esta problemática social. Estos artículos carecen de una visión crítica hacia la organización y la estructura familiar, institución básica sin la cual no es posible comprender este fenómeno. Más aún, el reforzamiento de patrones culturales autoritarios, efecto indeseado e indirecto, pero demostrable en algunos de los artículos, fortalece la dominación parental sobre los hijos, lo cual a su vez favorece la agresión. Finalmente, el excesivo énfasis puesto en la operatividad de algunos entes estatales impide no solo analizar con la debida amplitud el fenómeno, sino también la construcción de un tejido social de protección, el cual requiere de un amplio espectro de instituciones, formales e informales, así como de redes de relaciones.

5. A MODO DE CONCLUSIÓN

Los artículos analizados contienen visiones ideológicas con respecto a la violencia infantil que refuerzan el adultocentrismo, restan autonomía a los niños y se muestran incapaces de comprender las causas profundas y complejas del problema. El abordaje de la agresión infantil por parte de los artículos de opinión de La Nación y Diario Extra contiene por tanto imaginarios antagónicos con respecto a la erradicación de dicho problema sociocultural. A nivel social esto tiene repercusiones, pues no se contribuye de modo certero con la prevención, la denuncia y el afrontamiento de tal problemática de la sociedad costarricense, ni se cuestionan las bases culturales de dicho flagelo.

Existen muchos posibles tópicos por investigar. Para el caso de estudios más amplios, habría que indagar también en las causas del auge de la agresividad en otros fenómenos sociales, pues además del aumento del abuso infantil se han documentado los incrementos en las agresiones contra los ancianos y el acrecentamiento del bullying en los centros educativos y del mobbing en los lugares de trabajo. Estas otras situaciones también atentan contra Derechos Humanos. Desde luego, deberá contemplarse la violencia en su complejidad y multi-causalidad, debiendo desecharse todo enfoque reduccionista.

Aunque a estas alturas pueda resultar evidente, no está de más reiterar que la violencia incide negativamente en la salud mental de los seres humanos (Graça et al, 2009). En particular, las agresiones contra los niños acarrean graves consecuencias psicológicas. Moura et al (2013) efectuaron un estudio de revisión bibliográfica sistemática sobre las consecuencias de la violencia doméstica para los infantes, abarcaron el periodo comprendido entre los años 2005 y 2011, analizaron un total de 122 artículos, de los cuales un 78% correspondía a investigaciones hechas en Estados Unidos o Brasil. Según ese estudio, la exposición a la violencia doméstica tuvo la consecuencia del desarrollo de depresión, estrés postraumático e inseguridad en los infantes.

Es interesante mencionar la investigación del psicólogo español Juan Manuel Moreno (2005), quien señala el padecimiento de dificultades lingüísticas en las víctimas de maltrato infantil. Un estudio en Chile, bajo la autoría de Carvajal y Marty (2005), establece que el trastorno de estrés postraumático afecta más frecuentemente a aquellas poblaciones con antecedente de maltrato en la infancia, lo cual lleva a pensar que esta forma de violencia puede tener un rol en el desarrollo de dicha psicopatología o bien, generar una mayor vulnerabilidad al trastorno de estrés postraumático.

Una investigación realizada en São Paulo, Brasil, trabajó con 93 adolescentes diagnosticados con problemas mentales, determinó que la violencia intrafamiliar fue el único factor relevante en la predicción de la continuación del comportamiento antisocial. En ese mismo estudio, el antecedente de sufrir castigo físico grave en el hogar fue un factor asociado con el desarrollo de una sintomatología de comportamiento antisocial (Graça et al, 2009).

Según Barcelata y Álvarez (2005), el menor agredido suele presentar síntomas como la desorganización conductual, dificultades para establecer vínculos afectivos, baja autoestima, inseguridad, anti-sociabilidad, bajo rendimiento académico y cognoscitivo, así como mayores probabilidades de sufrir trastornos más severos, por ejemplo el trastorno de ansiedad por estrés postraumático.

A la luz de los distintos estudios, se evidencia de modo fundado un hecho científico: la violencia ejercida contra los niños tiene severas consecuencias en esa población, tanto en el presente como en el desarrollo posterior de su personalidad. Por todo ello, este artículo supone una llamada de atención para la sociedad costarricense, por el evidente riesgo de un aumento considerable de padecimientos psicológicos como la depresión, el estrés postraumático, los problemas cognoscitivos y la baja autoestima, asimismo de las tendencias antisociales, todo lo cual a su vez puede traer consigo una sociedad mucho más conflictiva y psicológicamente desequilibrada.

Según hemos visto, la labor de los medios de comunicación es crucial para situar el fenómeno de la violencia infantil en su dimensión real. Desde el punto de vista sociopolítico en Derechos Humanos, esa tarea puede incluir a las víctimas pasadas, abriéndose así una vía de reparación de sus traumas impugnando la cultura de la opresión hacia el niño, camino que obviamente requiere la realización de una profunda terapia psicológica por parte de la víctima. Aducir llanamente aquella creencia de las víctimas como inevitables victimarios futuros no solo resulta sacrificial y estigmatizador, sino también inútil para denunciar y combatir la agresión.

BIBLIOGRAFÍA

Barcelata, B. y Álvarez, I. (2005) “Patrones de interacción familiar de madres y padres generadores de violencia y maltrato infantil”, Acta Colombiana de Psicología, (13). 35- 45.

Cabrera, E. (2013). “Prácticas de poder en la Convención de los Derechos del Niño”, Revista Colombiana de Bioética, (8) 2, 9-17.

Caja Costarricense de Seguro Social y Ministerio de Salud (2000). Normas de atención en salud a las Personas afectadas por la violencia intrafamiliar, San José, Costa Rica.

Corsi, J. (2003). “La violencia en el contexto familiar como problema social”, en: Corsi, Jorge (2003) (Compilador) Maltrato y abuso en el ámbito doméstico. Buenos Aires, Paidós.

De Muller, A. (2013). “Ni golpes ni chantajes”, La Nación, 24 de julio, disponible en http://www.nacion.com/opinion/foros/golpes-chantajes_0_1355664430.html

Editorial (2014). “La deuda con los jóvenes”, La Nación, 27 de septiembre, disponible en http://www.nacion.com/opinion/editorial/deuda-jovenes_0_1441655825.html

Editorial (2014). “Emergencia nacional por el maltrato infantil”, Diario Extra, 6 de septiembre, disponible en http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/240644

Editorial (2014). “La epidemia que no cesa”. La Nación, 18 de junio, disponible en http://www.nacion.com/opinion/editorial/epidemia-cesa_0_1421457848.html

Editorial (2013). “Niñas que son madres”, La Nación, 26 de noviembre, disponible en http://www.nacion.com/opinion/editorial/Ninas-madres_0_1380661927.html

Editorial (2013). “Por nuestros niños”, Diario Extra, 9 de septiembre, disponible en http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/178239

Editorial (2013). “Educar contra los golpes”, La Nación, 3 de julio, disponible en http://www.nacion.com/opinion/editorial/Educar-golpes_0_1351464848.html

Editorial (2013). “¿Y qué pasó con la epidemia nacional?”, Diario Extra, 23 de mayo, disponible en http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/34448

Gallardo, H. (2006a). Siglo XXI producir un mundo, San José, Editorial Arlequín.

Gallardo, H. (2006b). Derechos Humanos como movimiento social. Bogotá, Ediciones desde Abajo.

Galvis, L. (2009). “La convención de los Derechos del Niño veinte años después”. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 7 (2). 587-619.

Gamboa, J. (Comunicación personal, 10 de diciembre del 2014).

Gómez, S. (1988). “Maltrato infantil: un problema multifacético”, Revista Latinoamericana de Psicología, 20 (2). 149-161.

Graça, D., Marques, B., Santos, I., y Silvestre de Paula, C. (2009). “Exposição à violência como risco para o surgimento ou a continuidade de comportamento antissocial em adolescentes da região metropolitana de São Paulo”, Psicologia: Teoria e Prática, 11 (1). 179-188.

Hernández, M. (2014). “El interés superior del menor: deuda país con la niñez”, La Nación, 5 de mayo, disponible en http://www.nacion.com/opinion/foros/interes-superior-menor-deuda-ninez_0_1412658722.html

Hospital Nacional de Niños (2014). Publicaciones de estadísticas y epidemiología, disponible en http://www.hnn.sa.cr/

Marín, N. (2014). “No a la violencia”, La Nación, 23 de noviembre, disponible en http://www.nacion.com/opinion/columnistas/violencia_0_1453054702.html

Marty, C., y Carvajal, C. (2005). “Maltrato infantil como factor de riesgo de trastorno por estrés postraumático en la adultez”, Revista Chilena de Neuropsiquiatría, (43) 3, 180-187.

Ministerio de Salud (2001). Acciones rectoras en violencia intrafamiliar. San José, Costa Rica.

Ministerio de Salud y Organización Panamericana de la Salud (2004). La violencia social en Costa Rica. San José, Costa Rica.

Molina, D., y Ospina, A. (2011). “La posición masculina ante la violencia intrafamiliar: una pregunta sobre la afectividad silenciada”, Revista Virtual Universidad Católica del Norte, (Febrero-Mayo) 32, 1-20.

Moreno, J. (2005). “Estudio sobre las consecuencias del maltrato infantil en el desarrollo del lenguaje”, Anales de Psicología, (21) 2. 224-230.

Moura, L, Nunes, M, Baptista, Xavier, L, Almeida, A, Basílio, C, Monteiro, F (2013). “Consequences of Exposure to Domestic Violence for Children: A Systematic Review of the Literature”, Paidéia, 23 (55), 263-271.

Nani, D. (2014). “La querella nicaragüense ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2006-2007). Un análisis ideológico”, Aposta. Revista de Ciencias Sociales, 61, http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/nanialva2.pdf

Quesada, A. (Comunicación personal, 9 de diciembre del 2014).

Papalia, D., Wendkos-Olds, S., y Duskin-Feldman, R. (2001). Desarrollo Humano. Octava Edición. Bogotá, Mc Graw-Hill.

Patronato Nacional de la Infancia (2014) Estadísticas, disponibles en http://www.pani.go.cr/

Raby, D. (2012). “No dejes que te anden abusando. Costumbres y prácticas nahuas contra la violencia intrafamiliar”, Estudios Sociológicos, XXX (88), 199-231.

Rodríguez, J. (2011). “En Vela”, La Nación, 21 de enero, disponible en http://www.nacion.com/opinion/Vela_0_1172682774.html

Sánchez, D. (2007). Contra una cultura anestesiada de Derechos Humanos, San Luis Potosí, Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luís Potosí.

Santana, R., Sánchez, R., y Herrera, E. (1998). “El maltrato infantil: un problema mundial”, Salud Pública de México, 40 (1). 1-8.

Salazar, R. (2014). “Los sueños de la niñez y la adolescencia”, La Nación, 7 de junio, disponible en http://www.nacion.com/opinion/foros/suenos-ninez-adolescencia_0_1419258065.html

Sierra, H. (2013). “Castigo físico: evidencia y realidad costarricense”, La Nación, 23 de junio, disponible en http://www.nacion.com/opinion/foros/Castigo-fisico-evidencia-realidad-costarricense_0_1349465082.html

Notas