1. INTRODUCCIÓN

Va para medio siglo desde que, a principios de los setenta, se comenzase a hablar de la crisis del Estado del Bienestar, no como algo episódico, sino como un agotamiento inexorable parecido al que nos tiene que conducir al fin de la era del petróleo, elemento este, que también con una crisis, fue precisamente heraldo de aquello. Algunos de los síntomas, los que tienen que ver con la insuficiencia fiscal de la actividad social pública, ya habían sido incluso anticipados (O’Connor, 1981) ¹. Resistencias y críticas a esta forma de Estado liberal las hubo desde el principio, cuando la idea del partenalismo institucional apareció formalmente inscrita en el moderno consitucionalismo europeo resultado de un consenso (inacabado) entre capital y trabajo, más teórico que real, que rebajaba al estado de latencia la estructual diálecta entre esas fuerzas. Posiblemente la insatisfactoria asimetría sinalagmática con que se ejecutó el pacto resultante es la que haya hecho del Estado interventor el blanco de aquellas reticencias y sea el origen de los descuelgues de las partes desde planteamientos ideolígicos centrífugos o lo que de ellos ha sobrevivido ². La apuesta por una Europa común como marco integrador del occidente contiental, coetánea del espírtu social que impregnó la posguerra, se diseñó, incluso, desde una perspectiva estrictamene económica en la que se marginaba la creación de un espacio social europeo, todavía por hacer y pieza fundamental e imprescindible de una verdadera unión política, lo que demuestra precisamente los límites del instrumento elegido para canalizar la cuestión social derivada del industrialismo ³.

Pues bien, desde aquellos ya lejanos setenta, hemos vivido en Europa a lomos de un paradigma, el welfarista⁴, aquejado de dolencias crónicas y degenerativas, deseable para muchos, lastre para otros, pero al que pocos parecen querer renunciar explícitamente, o al menos no en su integridad.

A base de endeudamiento, moderación presupuestaria, desregulaciones, de dar cabida a la participación de nuevos actores y a la descentralización en la provisión, apelaciones a la eficiencia y compromisos políticos más propios de un “equilibrio del miedo” que de la cooperación, los sistemas públicos de protección social han ido sorteando esas dolencias del Estado del Bienestar para que este pueda continuar siendo aún hoy una categoría instrumental funcionalmente válida. Todo ello a pesar de su crisis estructural, de las inagotables críticas, de las poderosas fuerzas que actúan en su contra y de que, como viene sucediendo desde hace tiempo, se haya generalizado entre la ciudadanía la imagen de un excesivo intrusismo estatal ⁵. Y lo es, independientemente de sus logros y de lo que ha significado en términos de transformación social, porque en sociedades desarrolladas como las europeas donde continua existiendo desigualdad y exclusión ⁶, no se ha probado, hasta la fecha, mejor instrumento, por deficiente que este sea, para emprender y coordinar una estrategia de solidaridad colectiva en el marco civilizacional de la democrática liberal representativa y de la economía de mercado. Mientras el principio de solidaridad forme parte del programa de valores que como sociedad hemos querido darnos para que oriente nuestro devenir, las políticas sociales, como expresión de un Estado que ha de mantener cohesionado el cuerpo social, serán precisas. Cual sea el formato de la acción social pública es lo que está por determinar.

El inagotable debate acerca del futuro del Estado del Bienestar y de las políticas sociales en las que se apoya, el de su sostenibilidad y el de su morfología, habría que ubicarlo y plantearlo, por tanto, en torno a la solidaridad como utopía informante del modelo de sociedad que se desea y del tipo de desarrollo que la haga posible. De ahí la importancia, semántica y práctica, de delimitar su contenido y comprender el alcance de su profundidad. Pero como quiera que ese debate trasciende el ámbito de una discusión meramente técnica para saltar al terreno de lo político y de lo ideológico y de lo ético, resulta ineludible hacer partícipes del mismo a todos los actores interesados, ya sea en calidad de agentes como (sobre todo) de beneficiarios. Los ciudadanos deberían poder tomar la palabra porque de lo que se debate no les es ajeno y, en absoluto, indiferente.

En un contexto como el descrito, en un momento clave para el modelo de democracia sostenido en el Estado social de derecho, el objetivo de estas líneas no es otro que contribuir a ese debate delimitando cuáles son los desafíos de la protección social welfarista así como sus inmediatos puntos de fuga en el marco de una sociedad neoposindustrial. Un concepto éste, el de neoposindustrialismo sugerido a sabiendas de las sutilezas semánticas sobre las que debe ser entendido como puente entre el posindustrialismo y el posterciario (Gaggi y Narduzzi, 2007: 16) ⁷. Un constructo conceptual que no tiene más pretensión que identificar un momento de transición en que los fundamentos del welfarismo clásico, institucional y corporatista, se baten entre la supervivencia y la mutación profunda, mientras son invocados frente al incremento de la desigualdad y la crisis al tiempo que se reconocen desbordados e insuficientes ante la reemergencia de la sociedad civil y sus demandas de más igualdad, pero también de mayor participación y diferenciación.

Partimos aquí de dos apriorismos, de que es este un debate necesario y de que, además, no es artificial en tanto que, en nuestro entorno, concurren varias circunstancias empíricamente demostradas que así lo corroboran: el incremento de la desigualdad, como hecho objetivo, y del deterioro de la calidad de vida, como hecho percibido. Como percibidos son, también, la creciente responsabilidad de la acción (o inacción) del Estado respecto de lo anterior y la igualmente creciente preocupación que la gente muestra por su bienestar y por los temas sociales.

Así pues, analizamos el pasado reciente del modelo institucional de bienestar occidental para, acto seguido, apuntar los itinerarios poswelfaristas en el seno de sociedades más líquidas y ciudadanías sociales más pluralistas y complejas. Entre ellos entendemos que, a pesar de sus fallos y de sus limitaciones sigue y debe seguir teniendo cabida, al menos en los grandes pilares de la protección social, el del Estado del Bienestar. Un Estado del Bienestar que, como la democracia representativa, no menos expuesta al escarnio, es un pilar civilizacional y enorme legado de futuro.

2. LO SOCIAL COMO INQUIETUD. UNOS APUNTES

Lo social, referido a la satisfacción de necesidades de bienestar de dimensión extrasubjetiva, importa y, hoy como no lo era desde hacía años, es motivo de una especial preocupación en las sociedades desarrolladas. En efecto, sabemos que entre sus principales problemas, los europeos identifican algunos relativos a la realización material de sus derechos sociales y a la acción protectora del Estado. El desempleo como el mayor de todos ellos, pero también la situación de la salud y de la Seguridad Social (en cuarto lugar), las pensiones (sexto) y la educación (octavo) (Comisión Europea, 2015a: 43), es decir, todos aquellos ámbitos sobre los que intervienen las políticas sociales clásicas, básicas en términos de satisfacción material ⁸. No solo eso. La percepción que manifiestan a propósito de la situación social es cada vez más negativa (tabla 1) ⁹, y peor cuanto más vulnerable es la posición social relativa del encuestado ¹⁰. Lo es en general sobre el clima social de sus países, pero también respecto de esos aspectos más concretos que han declarado preocuparles: sistemas de salud y de jubilación, prestaciones por desempleo y el cómo se gestiona la lucha contra la desigualdad y la pobreza (2014: 47-ss). Deben ser esas preocupaciones, claro está, motivos por los que únicamente seis de cada diez de ellos afirman que su calidad de vida es buena (Comisión Europea, 2015a: 56 y ss.) ¹¹.

Tabla 1. Evaluación de la situación social en el país

Fuente: Comisión Europea (2014). Elaboración propia

Aunque la acción del Estado, en general, también es valorada cada vez peor por los europeos (Comisión Europea, 2014: 37), hemos de pensar, sin embargo y como hipótesis, que esta valoración guarda una relación proporcional a las percepciones expresadas sobre el clima social y a la intensidad de la propia actividad pública. Para comprobar que podría ser así se nos ha ocurrido asociar, para el conjunto de la Unión Europea, las respuestas de aquellos que juzgan como buena su calidad de vida y el gasto público en protección social per cápita como parte de dicha actividad estatal con el resultado que muestra en el gráfico 1 y la correlación de ambas variables ¹².

Gráfico 1. Gasto público en protección social per cápita (ppc) (2014) y valoración como buena de la calidad de vida
Fuente: Eurostat y Comisión Europea (2015b). Elaboración propia

En efecto, la prueba de correlación estadística vendría a sugerirnos una inferencia en apariencia obvia, aunque no necesariamente en real ¹³, que el esfuerzo social de los Estados medido en términos de gasto determina positivamente una mejor valoración subjetiva del bienestar individual de tal forma que aquellos más generosos son también los que cuentan con más ciudadanos socialmente satisfechos ¹⁴. En este caso, además, el diagrama de dispersión permite observar una enorme polarización en las puntuaciones obtenidas para los países pertenecientes a modelos de Estados del Bienestar arraigados, por un lado, y esos otros cuyas estructuras de protección social son más jóvenes (países los mediterráneos) o están en proceso de implementación (países de Europa central y del este y bálticos), por otro. Precisamente, esta circunstancia nos obliga a ser tremendamente precavidos respecto de la afirmación anterior por cuanto dicha polarización condiciona la significativa correlación observada para el conjunto y que, sin embargo, no se aprecia o es muy débil en el interior de cada uno de los grupos.

No obstante esto y para el conjunto de la Unión Europea, no sería descabellado plantearse un ejercicio de inferencia para acabar concluyendo, siempre como hipótesis a validar, que la pérdida de confianza en la labor de Estado, en sintonía con un descrédito y una desafección institucional crecientes, podría encontrar un argumento explicativo en la debilidad o en el deterioro de su sistema social. La hiperbolización argumental vendría a ratificarnos en nuestra idea de que ciertamente lo social es importante y no responder adecuadamente a las demandas ciudadanas de bienestar podría ser socialmente problemático.

3. NUEVOS ESTADOS POSWELFARISTAS. DEL ESTADO DEL BIENESTAR A LA SOCIEDAD PLURALISTA DEL BIENESTAR

La crisis económica de los setenta favoreció la ruptura del consenso de posguerra acerca del modelo keynesiano de desarrollo y de la función social del Estado. Los detractores del welfarismo público han venido defendiendo fervientemente desde entonces la necesidad de adelgazar el Estado (cuando no de desalojarlo) y contraer los sistemas de protección social. Sus defensores, en cambio, continúan considerando operativo el paternalismo benefactor estatal, si bien existe cierto grado de consenso entre ellos en que es preciso su adaptación a la sociedad posindustrial y a las necesidades de protección social del momento (Navarro, 1997). Tras el enfrentamiento doctrinal subyace, huérfana de la potencia reivindicativa del pasado, una mutación de las ideas de solidaridad, igualdad y justicia social que habían sido válidas desde mediados del siglo XX. Desde esas nuevas reglas de lo social, lo que se abre a partir de los noventa y principios del presente siglo no es solo es una nueva fractura en su provisión pública que obliga a repensar el Estado del Bienestar y casi el Estado nación liberal mismo, sino todo una serie de itinerarios por explorar en la forma de hacer bienestar en el marco de una nueva ciudadanía social y desde una redefinición del diálogo entre libertad e igualdad. El Estado liberal se sume nuevamente en otra metamorfosis en la que las estructuras socioeconómicas que lo han identificado van a ir transformándose para adaptarse a las realidades posindustrial, neoposindustrial y posterciaria, dependiendo el caso, mucho más volátiles.

Gráfico 2. Pasado, presente y futuro de la protección social
Fuente: Elaboración propia

El fin de los “treinta gloriosos” (Fourastié, 1979) del bienestar keynesiano reabre con crudeza, en efecto, una dialéctica, durante años latente por complementariedad, entre la lógica de la economía, de la economía política, y la de la ciudadanía social que es fácil de identificar: la distribución de recursos escasos entre necesidades ilimitadas, entre ellas la de alimentar la plusvalía del capital, fundamento de la primera, enturbia la construcción y ampliación de los espacios de solidaridad, razón de ser de la segunda. En un escenario, el de los ochenta, fundamentalmente a partir de su segunda mitad, marcado por el ininterrumpido incremento de las demandas sociales ¹⁵ y el creciente peso de la deuda, por un lado, y la contención del déficit público mediante el control del gasto público y la rebelión fiscal de las clases medias ¹⁶ con la aquiescencia de las fuerzas contrarias al paternalismo público, por otro, el Estado encalla en un especie de disonancia cognitiva institucional a la hora de abordar sus funciones de regulación y de provisión social. Las necesidades crecen y los recursos para cubrirlas no tanto, ni elevando la presión fiscal, ni en momentos de ciclo alcista, por lo que la sostenibilidad del bienestar se va complicando a medida que el cociente entre esas dos variables se empequeñece.

Bajo esos condicionantes, la cobertura del bienestar comienza a articularse mediante procesos en los que concurren y rivalizan por los beneficios sociales grupos organizados con intereses distintos, incluso en espacios universalizados, en una especie de competición darwinista. La primera gran embestida que recibe el modelo de Estado provisor provoca así una deriva hacia las viejas recetas corporatistas utilizadas por las democracias occidentales para la articulación de la representación política y la puesta en marcha del Estado Social laboral de tipo bismarckiano propio de la Seguridad Social, primero, y del Bienestar beveridgiano, con posterioridad. Claro que, en sociedades donde el modelo de relaciones industriales fordista ha perdido relevancia como eje de la ciudadanía laboral y social y sus actores capacidad de interlocución institucional, esa confrontación lobbística se amplía más allá de los intereses de capital y trabajo. A las organizaciones patronales y sindicales de clase, a los partidos políticos de masas y al propio Estado se unen ahora en la disputa por los recursos (escasos) una pléyade de nuevos stakeholders tanto de orientación no lucrativa (nuevas formaciones políticas, profesionales y de oficio, confesiones, asociaciones y fundaciones de lo más variado) como provenientes del sector lucrativo representando intereses económicos y empresariales de lo más variopinto.

Gráfico 3. Metamorfosis del Estado del Bienestar
Fuente: Elaboración propia

Esta forma de participación en la redistribución welfarista supone no solo una especie de regresión en la organización de lo social, sino que implica cambios estructuralmente significativos.

En primer lugar, supone una quiebra del principio de universalidad sobre el que se había construido el Estado del Bienestar de posguerra y, por tanto, una merma de la legitimidad del modelo de provisión redistributiva que representa en la medida que las expectativas de una mayoría social no se ven convenientemente satisfechas, cuando no frustradas. La ruptura de la universalidad se traslada de manera visible a la remercantilización selectiva de determinadas prestaciones, lo que viene a representar una revisión implícita del pacto keynesiano para el sostenimiento de la provisión pública del bienestar.

Y en segundo lugar, supone un refrendo cuasiformal a la segmentación del espacio social que, de facto, se puede decir que ya había comenzado desde el instante en que se describen deficiencias en la redistribución vertical. Y no solo la valida, sino que la amplía. Se produce así la marginación de segmentos sociales, cada vez más numerosos, con escasa fuerza y débil organización que quedan fuera del amparo público, pero también del privado ¹⁷. Su marginación lo es en todos los órdenes, económico, político y social, lo que favorece una creciente desafección sistémica de buena parte de la sociedad con consecuencias cada vez más explícitas. Una de las más inmediatas sería la desconfianza en los partidos y en los actores de las relaciones laborales como instrumentos de representación y participación política y la irrupción de grupos difusos y no dirigidos como alternativa. Esa desconfianza se extiende a los servidores públicos como custodios de un institucionalismo normativo cada vez más cuestionado y contestado. De una gradual deslegitimación de los mecanismos de interlocución formal del sistema no sería difícil inferir un potencial deterioro de las bases de la forma de democracia operante en el modelo de Estado social de derecho, y de todos estos factores, una recuperación de niveles de conflictividad social propios de otros tiempos.

Con su respuesta conservadora, el neocorporatismo welfarista habría contribuido así a erosionar los dos pilares básicos del orden constitucional y el modelo civilizacional del occidente europeo, la democracia y la solidaridad. Cuestionado sobre su capacidad de gestionar aquello para lo que se creó, el Estado democrático y social se ha visto obligado a una retroacción sobre funciones y legitimidades en las que se ve reconocido y que, entiende, le facilitan una gobernabilidad y una gobernanza cada vez más complejas. La seguridad sería, sin duda, una de ellas. Esa así como se ha visto reforzado su rol disciplinario y de control social (Inza, 2014), fundamental en una sociedad con cada vez más perdedores y menos mecanismos de protección que debe ser entetinada para desactivar cualquier posibilidad de rearme ideológico contraria a su statu quo¹⁸.

El Estado del Bienestar neocorporativo, como forma madura del welfarismo clásico no es una fórmula eficiente en el complejo y volátil contexto de la sociedad y de la ciudadanía líquida ¹⁹ del neoposindustrialismo de fines del s. XX y principios del actual, antesala de sociedades posterciarias. No desde el instante en que la lógica corporatista de sus actores no es capaz de dar acomodo a las necesidades de la nueva ciudadanía social, más inmateriales y fragmentadas, sobre las bases y reglas de una ciudadanía laboral-industrial obsolescente y recortada recuperada para el aligeramiento del Estado. La transformación de las relaciones laborales (terciarización, segmentación, flexibilización) concomitante con los cambios en la estructura social (redefinición de los criterios de estratificación, cambios demográficos, en las estructuras familiares, etc.) han determinado que sea preciso una redefinición del concepto de ciudadanía sobre un estatus jurídico operativo más allá de la igualdad formal proclamada.

El nuevo orden poswelfarista, en parte también posmaterialista y en el que el Estado Providencia tiene dificultades de encaje, reclama diseños más flexibles para los sistemas de protección que den cabida a nuevos tipos de demandas e integren a un mayor entramado de actores con intereses legítimos y para los que las recetas de tipo corporatista son insuficientes cuando no imposibles. De ahí la idea de poswelfarimo, entendida no como ruptura, sino como adaptación a lo que exigen las nuevas cuestiones sociales, difíciles de abordar desde el principio de universalidad.

Asediado por el discurso neoliberal, desmitificado en forma proporcional a la remitificación del mercado, condicionado por el nuevo marco de relaciones sociolaborales y de producción más desregularizado, flexible y global, también más financiarizado ²⁰, desautorizado por una parte de la clase media, presionado por los cambios en la estratificación social y oculto para los perdedores del sistema, al Estado del Bienestar se le abren tres teóricos horizontes para su continuidad a partir de los últimos años del s. XX (Herrera y Castón, 2003: 119-120) e incuestionablemente desde la convulsión sistémica que ha supuesto la crisis financiera de 2007:

1. Un horizonte continuista, complicado ²¹, en el que el futuro de la protección social pasaría por una recuperación y ampliación de las políticas sociales de carácter universal sobre la base del refuerzo del principio de solidaridad.

2. Un horizonte selectivista, políticamente delicado, en el que la continuidad del modelo de protección social pasaría por condicionar y hacer más selectivos los derechos de prestación, respecto de su configuración material pero, igualmente, limitando el acceso ²².

3. Un horizonte intermedio, contemplado, en general, como la opción más plausible. Una “tercera vía” tipo lib-lab en la que la acción pública no universal se concentraría en los segmentos de población más necesitados, dejando al resto de la población mayores libertades de elección para opciones privadas.

Gráfico 4. Actores o instituciones productoras del bienestar social
Fuente: Elaboración propia

Más allá de la teoría, la práctica nos habla de una contracción de la acción pública en el ámbito del bienestar social que persigue descongestionar los sistemas fiscales de los Estados, como objetivo inmediato, y, no siendo viable social ni políticamente su liquidación, de un desmantelamiento selectivo de los servicios de protección para ofrecerlos a agentes privados, no necesariamente con ánimo de lucro, como propuesta mediata y ya no camuflada. En una economía de servicios como la actual, los de bienestar son todo un reclamo, especialmente para las aseguradoras. Ese es el sentido que tendría la desregulación y remercantilización de algunos ámbitos de la política social o la laboralización de otros ²³, por un lado, y la descentralización de algunas de las funciones de bienestar desde un punto de vista espacial (hacia lo local) y orgánico (hacia la sociedad civil) al amparo de un criterio (no neutral) de subsidiariedad, por otro.

Tabla 2. Espacios productores de bienestar social

Fuente: Herrera y Castón (2003: 136)

Nos habla, también, la práctica, por tanto, de un proceso de despatrimonialización de la política social así como de una pluralidad de agentes que, como ya vimos, se suman al Estado como oferentes coloidales de bienestar, bien en colaboración con este, bien de manera autónoma sobre la concurrencia de tres lógicas o iniciativas distintas, la pública, la privada y la social, articuladas sobre cuatro subsistemas cuyas principales características se detallan en la tabla 2: el político, cuyo protagonista es el Estado en calidad de garante de los derechos sociales de ciudadanía y del principio de igualdad, y junto a éste y de manera dispersa, el mercado, donde se compite por beneficios, el sector social como promotor de solidaridad privada y las redes primarias como un tejido informal de microsolidaridades ²⁴.

Hacia ese nuevo estadio evolutivo menos monopolista o exclusivo del sector público y más participado es hacia donde se viene dirigiendo el reacomodo del Estado del Bienestar en la descomposición de aquella otra lógica, la neocorporativa. El welfare mix, se presenta, pues, como la expresión de un querer y no poder del paradigma welfarista keynesiano y de un no terminar de poder ni de querer de las fuerzas del mercado, cuyo leitmotiv, al fin y al cabo, no es la solidaridad sino el lucro. Y lo hace de dos formas bien distintas que Herrera (2001: 81-82) identifica con dos modelos que aquí interpretamos de la siguiente manera y que en la práctica coexisten y aparecen correlacionados:

1. Un modelo social liberal, que podríamos asociar a las terceras vías socialdemócratas pero también democristianas, es decir, al conservadurismo más moderado, orientado fundamentalmente a la cohesión social por medio de la inclusión de los grupos sociales más desfavorecidos y cuyo eje principal sigue ubicándose en la dialéctica entre lo público-privado en la que el sector no lucrativo asume un rol menor de apoyo.

2. Un modelo societario y pluralista donde, a partir de una concepción subsidiara de lo social (meso y micro), los distintos agentes contribuyen a la cohesión mediante estrategias autónomas ligadas a realidades y necesidades particulares, a veces incluso como prosumidores de bienestar.

El primer modelo nos remite a una corrección de los umbrales de cobertura y a un recorte de las prestaciones, el segundo a una reinterpretación del bienestar desde la subsidiariedad ²⁵ que, a priori y salvo que la realidad nos diga lo contrario, no habría que prejuzgar como retroceso, pero que apunta a un modelo de provisión low cost.

Nos hallaríamos, así, ante dos de los escenarios más visibles y estudiados de lo que podría denominarse neowelfarismo, un well-being civil en el que “la política social se presenta como una función social difusa” (Herrera, 2001: 74) que se desarrolla en un complejo entramado de redes relacionales confeccionadas sobre, como se acaba de comentar, la desregulación y la descentralización. Solo desde estas premisas puede entenderse, por ejemplo, la implementación de cuasimercados de bienestar ²⁶ o de comunidades de cuidados asistenciales (commutiy care²⁷) como parte de una estrategia integral de solidaridad pública y no como una cuña con la que diaclasar el Estado del Bienestar parapetada en programas políticos ocultos, o no tan ocultos ²⁸.

En cierta manera, podría considerarse que esta etapa de la mutación adaptativa del Estado Social paternalista desde la modestia institucional normativa como paradigma y desde una redefinición de las políticas sociales orientada por la remitificación del mercado y el discurso lib-lab es también la consecuencia de un morir de éxito. El Estado del Bienestar ha alimentado el modelo capitalista de producción favoreciendo el crecimiento económico y garantizando plusvalías al tiempo que ha revitalizado la sociedad civil redistribuyendo parte de esas ganancias, cuando la debilidad de ambas instituciones, que ahora le disputan el espacio, es, precisamente, el fundamento de su legitimidad. Quizá no lo haya hecho mal del todo al fin y al cabo cuando, en parte, se ha inmolado en su función.

4. A MODO DE CONCLUSIÓN

Desde finales de los años setenta y principios de los ochenta una oleada conservadora ha sacudido los cimientos del Estado del Bienestar. Para los sistemas de protección social también comienza, en definitiva, un nuevo período, el de su desarrollo paradójico en la era posindustrial, ya cada vez más posterciaria, tras su nacimiento en la era preindustrial y su generalización en la industrial (Richez, 1994: 174-176). Por un lado, continúa la tendencia a su universalización pero, al mismo tiempo, se cuestionan de manera generalizada sus realizaciones por el coste que conllevan y por incidir negativamente en el desarrollo de la economía.

Así pues, el welfarismo, se encuentra ciertamente en una encrucijada, especialmente en Europa, donde la protección social institucional ha alcanzado sus cuotas más elevadas como expresión del moderno Estado liberal de derecho. Aquí, las reglas de la sociedad industrial y las fórmulas neocorporatistas supletorias se han visto desbordadas por las demandas de una ciudadanía social crecientemente compleja que las vuelve obsolescentes.

Sin embargo, a pesar del asalto conservador al Estado del Bienestar y de las deficiencias y carencias intrínsecas manifestadas por este, la denominada sociedad poswelfarista actual, es decir, la de la supuesta superación del Estado del Bienestar, no ha prescindido, curiosamente, del Estado como instrumento de regulación y, sobre todo, como columna vertebral de la protección social. Al menos eso es así en los países de Europa occidental, donde, a grandes rasgos, puede hablarse de un modelo social o de Estado del Bienestar propio, y en otros países que, con trayectorias diferentes, se están incorporando a la experiencia welfarista (Esping-Andersen, 1996: 20 y ss.). El Estado del Bienestar no solo no ha sido desmantelado, como pretende el “pensamiento único” neoliberal, sino que, sin grandes cambios estructurales, se mantiene en su esencia prácticamente intacto. Eso sí, tan amenazado como cuestionado. La tesis de que el Estado del Bienestar constituye un logro al que es difícil renunciar estaría avalada, además, por la praxis política habitual que evidencia que los partidos tratan de maximizar sus beneficios electorales haciendo uso de las habituales políticas del Estado Providencia (Hibbs, 1977). Y es que “el Estado del Bienestar se ha convertido en una estructura irreversible, cuya abolición exigiría nada menos que la abolición de la democracia política y los sindicatos, así como cambios fundamentales en el sistema de partidos” (Offe, 1990: 141). Es decir, una alteración de las reglas e instrumentos de las democracias liberales de occidente. Lo cual no es, como se está viendo con el empoderamiento de ciertos populismos, en modo alguno imposible.

El futuro inmediato del Estado multifuncional benefactor pasa, por tanto, más que por su desaparición por su adaptación a una economía terciarizada, cada vez más posterciarizada, y global que ha implicado la decadencia del modelo de civilización industrial y el cierre de un período de enorme optimismo social (Mishra, 1993) ²⁹. En este nuevo contexto socioeconómico tan dinámico y cambiante es más que evidente que los sistemas de protección social tal y como se han venido conociendo necesitan de una revisión para su supervivencia en la que no puede eludirse una reflexión acerca de su financiación a medio y largo plazo y acerca de un marco institucional adecuado a las nuevas demandas. Sin embargo, todo parece indicar que, con permiso de la sociedad civil, los posibles escenarios de futuro de la protección social vendrán determinados básicamente por la misma dualidad redundante del último cuarto del siglo XX, es decir, por la confrontación entre los principios de solidaridad y de mercado (Esping-Andersen, 1996: 81 y ss.) ³⁰. Al menos en las grandes cuestiones, aquellas que atañen a los pilares del welfarismo. Aunque se han formulado soluciones distintas ³¹, las posturas ideológico-políticas que defienden reformar el Estado del Bienestar para seguir haciendo de la solidaridad el núcleo de su legitimidad ³² seguirán en conflicto con a aquellas otras para las que el Estado ya no puede ni debe ser el único agente de progreso y cambio social, posiciones que apuestan por la selectividad dentro de la universalidad, la flexibilidad, la corresponsabilidad de los beneficiarios en el sostenimiento financiero del sistema social y, en general, por la reconciliación de la Seguridad Social y el mercado. Eufemismos que, en definitiva, plantean, en muchos casos, la privatización de la protección social como alternativa al Estado del Bienestar tradicional ³³. El que las políticas sociales nacionales generen una mayor o menor pérdida de la esencia de servicio público de la solidaridad determinará una mayor o menor segmentación de la protección social entre pública y privada y, por consiguiente, un reforzamiento o una nueva crisis del Estado del Bienestar ³⁴. Quizá el principal reto de esas políticas en el futuro sea el conciliar ambos mundos y los roles de todos sus actores.

Sobre esta dialéctica y sobre las nuevas cuestiones sociales del posindustrialismo, del neoposindustrialismo y del posterciario cuatro son las fuerzas que en los próximos años, a nuestro entender, van a condicionar la morfología que adopte del Estado del Bienestar ya no como construcción particular de cada nación, sino como patrón común en Europa occidental e, incluso, como referente universal ³⁵: las relaciones de producción global y el reajuste de los mercados de trabajo a nivel planetario; las nuevas clases medias emergentes en aquellos países que han conseguido subirse al carro del desarrollo como demandantes de estándares elevados de bienestar; el futuro de la sociedad salarial como tal, es decir, el de una sociedad en que el empleo deje de ser norma social; y, por último, nuestra capacidad, ya no solo como sociedades singulares sino como moradores del planeta, de ser capaces de generar bienestar con un crecimiento económico sostenible o, incluso, sin crecimiento ³⁶.

En cualquier caso, y sea cual sea la forma que adopte el nuevo Estado del Bienestar en esta nueva fase de desarrollo del modelo de producción capitalista, no puede dejar de reconocerse que este modo de actuación institucional ha supuesto una fórmula inédita de relación entre el Estado y la sociedad que ha incorporado un elevado número de derechos individuales y colectivos al concepto de bienestar, ha transformado las formas de conflictividad sociopolítica y ha contribuido a afianzar las bases de las sociedades democráticas.

Un legado formidable ³⁷.

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Notas

Notas de autor

Información adicional

Formato de citación: Centella Moyano, M. (2017). “Los desafíos de la protección social en el marco de las sociedades neoposindustriales”. Aposta. Revista de Ciencias Sociales, 73, 196-220, http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/centella1.pdf