1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se propone analizar discursivamente los posicionamientos, las disputas por la hegemonía y la dimensión de la eficacia interpelativa, durante la renegociación financiera de los bonos de la deuda externa del llamado Megacanje, en el tramo final del gobierno de la Alianza. El mismo se inscribe en el marco de una investigación más amplia sobre las disputas por la hegemonía en la etapa final de la crisis del modelo de Convertibilidad y reformas neoliberales en la Argentina, durante el año 2001.

En una primera parte, se analizan las discursividades de los actores sociopolíticos clave, identificando los principales argumentos enfrentados. En la segunda parte, se coloca el eje en la dimensión del impacto hegemónico, identificando gradientes de validación y de refracción de los agentes interpelados frente al discurso oficial, a través del análisis del contenido y de la modalidad enunciativa. En la tercera parte, se examinan otros tópicos que se hacían presentes en la disputa público-mediática, durante la negociación del acuerdo. Finalmente, se conceptualizan las formaciones discursivas y se analiza la construcción de las alternativas políticas de los actores clave, lo que aporta recursos para elucidar la eficacia interpelativa del discurso oficial y permite explicar la permanencia del orden neoliberal.

2. PERSPECTIVA TEÓRICO-METODOLÓGICA

La perspectiva teórico-metodológica de esta investigación parte desde una concepción antiesencialista, que toma como base las herramientas de la teoría post-estructuralista del discurso y las identidades políticas de Ernesto Laclau (1987, 1993, 1996). En ausencia de una metodología concreta para el análisis de los discursos desde la dinámica política, y teniendo en cuenta la escasa sistematización teórica que presenta esta perspectiva, se coloca el eje en el análisis textual de las cadenas equivalenciales y las fronteras políticas que construyen los principales agentes, tanto en términos individualizados, como desde su nucleamiento colectivo e institucional en determinadas organizaciones políticas. Se incluye, además, el análisis de las metáforas que construyen los actores políticos desde el orden significante. Los discursos enunciados son agrupados y ordenados conceptualmente en paquetes o formaciones discursivas que presentan sus propias regularidades tendenciales en los significantes que articulan de modo equivalencial, las fronteras políticas que construyen y los objetos que enuncian.

Para sortear los déficits teóricos y metodológicos de la perspectiva laclauniana y complejizar el análisis político del discurso, se incorporan algunas herramientas complementarias de la Teoría de la Enunciación francesa. El principal referente de la Teoría de la Enunciación, Emile Benveniste, afirma que la enunciación es el “acto mismo de producir un enunciado y no el texto del enunciado” (Benveniste, 1980: 83). Eliseo Verón (1987) retoma esta distinción analítica para examinar la modalidad enunciativa, que permite al analista del discurso estudiar los modos de enunciar y legitimar los enunciados políticos y descalificar a la alteridad constitutiva, en vinculación directa con el empleo de los componentes discursivos (descriptivo, didáctico, prescriptivo y programático) y las estrategias de enunciación.

Entre las múltiples herramientas de la Teoría francesa de la Enunciación, este trabajo coloca el eje en el análisis de las marcas de subjetividad que expresan los agentes desde los textos, a partir de los adverbios, los tiempos verbales y las fraseologías que emplean para vincularse con aquello que enuncian. El foco se sitúa en el nivel de la asertividad. Según Benveniste, “la aserción apunta a comunicar una certidumbre” y “es la manifestación más común de la presencia del locutor en la enunciación”. Para abordar este nivel se disponen de “modos” que “enuncian actitudes del enunciador hacia lo que enuncia”. Entre ellos, las “fraseologías” que “indican incertidumbre, posibilidad, indecisión o, deliberadamente, denegación de aserción” y las “formas temporales”, como los “tiempos verbales” (Benveniste, 1980: 86-88).

La asertividad de los enunciados varía de acuerdo al uso diferencial de estas marcas de subjetividad, pudiendo identificarse grados de vinculación del “sujeto de enunciación” con el contenido que este enuncia. Por ejemplo, el uso de los conectores adversativos “pero”, “aunque” y “sin embargo”; los adverbios de negación “no”, “nunca”, “jamás” y los que expresan niveles diferenciales de duda, como “quizás”, “tal vez”, “puede ser”, “me parece”, “probablemente”, “posiblemente”; la distinción entre los adverbios de cantidad “mucho”, “bastante”, “poco” y “nada”, junto con los tiempos verbales de la primera persona del singular “creo”, “pienso que” y el uso del verbo en potencial (“habría”, “podría”, etc.), implican marcas propias de la subjetividad y expresan grados diferenciales de alejamiento del enunciador frente a aquello que enuncia. En cambio, la máxima asertividad corresponde al uso de adverbios de afirmación tales como “sí”, “sin duda” o “indudablemente”, el empleo de la tercera persona del singular y de las formas impersonales y la prevalencia de componentes explicativos, descriptivos y constatativos, propios de lo que Verón define como el discurso “didáctico” o “tecnocrático”, que se caracteriza por eliminar las marcas de subjetividad personales y posicionarse discursivamente como enunciando verdades objetivas y universales que no admiten discusión ¹ (Verón, 1985, 1987).

En este trabajo se sostiene que una integración pragmática de los aspectos de forma y de contenido (como dos lados de un mismo fenómeno discursivo) resulta central para el desarrollo operativo del análisis sociopolítico del discurso (ASPD), ya que permite examinar con mayor profundidad, a partir de diferentes ángulos, dos ejes centrales de la disputa hegemónica. Al mismo tiempo, aporta algunos recursos útiles para elucidar la dimensión del impacto hegemónico, que examina la eficacia interpelativa de los exponentes políticos clave del discurso oficial (en este caso, los discursos de De la Rúa y de Cavallo) sobre el resto de los agentes posicionados estratégicamente por el analista en el rol de interpelados ².

El recorte del corpus se basa en las alocuciones público-mediáticas de Fernando De la Rúa y Domingo Cavallo, firmantes del decreto-ley que habilitó la operación y exponentes centrales del discurso oficial, así como de los principales actores políticos y sociales posicionados aquí como interpelados (dirigentes de las fuerzas políticas, empresarios, sindicalistas, economistas, financistas, referentes mediáticos y del establishment internacional), a partir de las construcciones de los principales medios de prensa escrita de circulación nacional (Clarín, La Nación y Página 12). Teniendo en cuenta la creciente mediatización de la política que caracteriza a las democracias contemporáneas, los medios gráficos constituyen una plataforma privilegiada en donde se construye la llamada opinión pública y se escenifica la disputa por la hegemonía entre una multiplicidad de actores sociopolíticos ³ (Fair, 2014). El período de análisis de los discursos se extiende desde la firma del decreto-ley que aprobó la renegociación financiera, hasta la semana posterior a la puesta en marcha de la operación, entre el 17 de mayo y el 11 de junio del 2001 ⁴.

3. LA CRISIS DEL MODELO DE CONVERTIBILIDAD (1998-2001)

Para comprender las características que asumió el gobierno de De la Rúa (1999-2001) y el trágico destino final de la Alianza, debemos remontarnos a la década de los 90. En esta etapa Carlos Menem (1989-1999) se convirtió en principal exponente de la implementación de las reformas y ajustes del paradigma neoliberal, desregulando, liberalizando y privatizando los principales resortes de la economía. El 1 de abril de 1991 entró en vigencia un sistema de paridad cambiaria fija de la moneda nacional con el dólar estadounidense, conocido popularmente como el “1 a 1”. A partir del nuevo régimen cambiario, sancionado por el Congreso Nacional (Ley N°23.928), el gobierno de Menem logró estabilizar la economía, superando dos episodios hiperinflacionarios previos (Gerchunoff y Torre, 1996).

Durante la “etapa de oro” (Basualdo, 2006: 311) del período 1991 y 1994, la estabilidad monetaria, junto con las políticas de apertura comercial asimétrica y desregulación financiera, contribuyeron a reactivar la economía y a avanzar en las reformas neoliberales pendientes. El núcleo orgánico que encadenó de modo equivalencial a la Ley de Convertibilidad con la estabilidad económica y las reformas estructurales, adosado a los imaginarios de modernización social y progreso, le permitió al menemismo conformar una amplia y heterogénea coalición social y construir un sólido sentido común en apoyo al orden neoliberal, que articuló a las principales fracciones del empresariado con una porción importante de los trabajadores (Fair, 2013). La percepción de ausencia de alternativas, junto al disciplinamiento de la hiper-desocupación, el temor a la devaluación y al retorno a la hiperinflación, en el marco de la existencia de amplios sectores sociales endeudados en dólares, contribuyó a generar un “consenso negativo” que convalidó la cómoda reelección de Menem en mayo de 1995 (Piva, 2009: 50).

El mantenimiento del Régimen de Convertibilidad fue generando a través del tiempo una creciente pérdida de competitividad de la economía nacional, debido a la sobrevaluación del tipo de cambio y la rigidez del sistema de paridad fija, que impedía devaluar la moneda. Las reformas y ajustes neoliberales, a su vez, promovieron una marcada desindustrialización (en particular, en las pymes) y elevados niveles de desempleo, subempleo, precariedad laboral, marginalidad y exclusión social, sólo parcialmente balanceados por la estabilidad económica. Durante el segundo semestre de 1998 la economía ingresó en una etapa de recesión, que afectó en particular a los sectores de la producción nacional. La devaluación de la moneda brasileña de enero del año siguiente, que sumó un total de 57% (Menezes Gómes, 2001: 121), aceleró la crisis interna y ello se tradujo en una ruptura del bloque de alianzas políticas que amalgamaba a las distintas fracciones del empresariado local y transnacional. De esa ruptura emergió, por un lado, el llamado Grupo productivo, que articulaba a un conjunto heterogéneo de sectores (liderado por la Unión Industrial Argentina) favorables a una mejora relativa del tipo de cambio para incentivar la producción nacional y mejorar la competitividad de la economía; y por el otro, núcleos ultra-ortodoxos (liderados por la Asociación de Bancos de la Argentina) que promovían una dolarización completa de la economía para renunciar definitivamente a toda idea de devaluación y perpetuar la Convertibilidad (Basualdo, 2006; Cantamutto, 2012: 156-163; Beltrán, 2014: 303 y ss.).

En las elecciones de octubre de 1999 Fernando de la Rúa fue electo como Presidente bajo la Alianza, una coalición entre la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente del País Solidario (FREPASO), que logró vencer al peronismo por poco más de diez puntos. El Presidente llegó al poder con la promesa de mantener firme el 1 a 1 y el resto de las reformas estructurales, incorporando una mayor austeridad monetaria, honestidad en la función pública, reglas claras y sensibilidad social, para fomentar el crecimiento económico y hacer más eficiente al modelo. La decisión de conservar el modelo de Convertibilidad condujo al Gobierno a radicalizar los ajustes macroeconómicos (lo que incluyó una reducción de los salarios de los trabajadores del sector público de entre 12 y 15%, en mayo de 2000) y las reformas estructurales pendientes (entre ellas, la sanción de una nueva ley de “flexibilización” del mercado laboral y una reforma del sistema de seguridad social). Las políticas ortodoxas acentuaron la recesión en el mercado interno, restringiendo el consumo y la producción nacional y generando una caída de la recaudación impositiva (Castellani y Pucciarelli, 2014).

La Argentina del 2001 se hallaba atravesada por casi tres años de recesión económica, una crisis social que se materializaba en indicadores de desempleo de dos dígitos y un incremento en la cantidad y el grado de radicalidad de las protestas sociales de los trabajadores (en particular de los desocupados) contra el gobierno la Alianza (Piva, 2009: 58-60). En el mes de marzo, luego del fracaso del ajuste neoliberal de Ricardo López Murphy ⁵, De la Rúa convocó a Domingo Cavallo, artífice de la Convertibilidad, para hacerse cargo nuevamente del Ministerio de Economía. Mediante su designación, procuraba generar confianza en los principales agentes económicos en torno a la permanencia del modelo de Convertibilidad y reformas neoliberales.

3.1. EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO, LA VALORIZACIÓN FINANCIERA Y LAS RENEGOCIACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA

A partir de la reforma financiera instrumentada por la Dictadura militar en 1977, bajo el Ministerio de Economía de José Alfredo Martínez de Hoz, se inició en la Argentina un modelo de acumulación centrado en el endeudamiento externo y la valorización financiera del capital. En esta primera fase, la mayor parte del endeudamiento externo fue motorizado por el sector privado y concluyó, en 1982, en una estatización de la mayor parte de la deuda privada a través de seguros de cambio (Kulfas, 2001: 207; Basualdo, 2006). Tras una etapa de desaceleración de este proceso por escasez de divisas y de crédito externo, las políticas de apertura y desregulación financiera y el régimen de Convertibilidad instaurado en abril de 1991 dieron un nuevo impulso a este esquema. El llamado 1 a 1 consistía en un sistema de currency board (caja de conversión) que se apoyaba en el ingreso de divisas para respaldar la base monetaria, siendo sus principales fuentes de financiamiento las privatizaciones y concesiones de empresas públicas y, una vez concluido el ciclo privatizador (hacia 1993), los mecanismos de endeudamiento externo del Estado ⁶.

La firma del Plan Brady de abril de 1992, en la que el gobierno de Menem negoció con el Secretario del Tesoro de Estados Unidos un cambio de la deuda por títulos (bonos cero) con vencimientos a 30 años de plazo, reforzó la política de endeudamiento externo y pérdida de soberanía estatal frente a los requerimientos de los organismos multilaterales de crédito, el capital transnacional y la timba financiera (Schvarzer, 2003: 34-37). El otro lado del ciclo de endeudamiento era la fuga sistemática de capitales al exterior de los grupos económicos locales, lo que obligaba al Estado a hacerse cargo, de hecho, del déficit del sector privado mediante un mayor endeudamiento externo, para respaldar la pérdida de reservas monetarias y evitar la salida del sistema de Convertibilidad ⁷ (Kulfas, 2001; Schorr y Lozano, 2001; Basualdo, 2006).

Durante el gobierno de De la Rúa el endeudamiento externo se potenció con una política de negociación de la deuda pública que, además de apelar a los préstamos condicionados de los organismos multilaterales de crédito, incluyó la firma de acuerdos de renegociación con los bancos internacionales. El primero de esos planes fue el llamado “blindaje” financiero ⁸, que no evitó la fuga de capitales del sector privado y la pérdida de reservas monetarias del Banco Central ⁹. Ello profundizó la escasez de divisas y la necesidad de incrementar el endeudamiento externo con el FMI, lo que incluía el pago cada vez más elevado de intereses de la deuda ¹⁰. Se generó, así, un ciclo interminable de mayor endeudamiento estatal y pago para evitar a toda costa la devaluación y postergar el default (Schvarzer, 2003; Nemiña, 2014).

Ante la necesidad de acceder a una fuente de ingresos de divisas para mantener en pie el esquema currency board de la Convertibilidad, y al mismo tiempo evitar el peligro de caer en una cesación de pagos de la deuda pública, el 16 de mayo del 2001 el presidente De la Rúa firmó un decreto-ley que habilitó la emisión de 29.000 millones de dólares para la puesta en marcha de una nueva negociación de los títulos de la deuda externa (Clarín, 17/05/2001). El llamado “Megacanje” consistía en un canje de bonos de la deuda pública, acordado con el jefe internacional del Credit Suisse First Boston, David Mulford, y un conjunto de grandes bancos internacionales que actuaban como colocadores (bancos Francés, Galicia, Santander, HSBC, junto a la banca de inversión del Chase-JP Morgan y del Salomon Brothers, perteneciente al Citigroup). El objetivo explícito de la operación consistía en disminuir los requerimientos de financiamiento estatal de la deuda, postergando los vencimientos de los títulos de la deuda pública. El acuerdo se asentaba en la emisión de cuatro bonos de mediano y largo plazo, que se entregarían a cambio de los títulos que se rescataran en la operación, y capitalizarían intereses desde la fecha de emisión ¹¹ (La Nación, 17/05/2001). Mediante el canje, Argentina conseguía postergar pagos de la deuda externa que vencían entre junio del 2001 y diciembre del 2005. Una parte de dicha deuda se podría abonar a partir del año 2006 y hasta el 2031. A cambio, el Gobierno ofrecía a los financistas tasas de interés elevadas, que promediaban entre el 14,5% y el 16% ¹² (Clarín, 03/06/2001).

En la noche del 3 de junio se anunció oficialmente la firma del acuerdo y sus términos de negociación. Según los principales diarios nacionales, los tenedores de bonos habían ofrecido canjear papeles por un total de 33.300 millones de dólares para sumarse al Megacanje. De ese total, el Gobierno aceptó 46 bonos por una suma de 29.477 millones, a cambio de la entrega de nuevos bonos. Mediante el acuerdo financiero Argentina lograba postergar vencimientos de la deuda por un total de 16.039 millones de dólares para después del 2005, abonando una tasa de interés anual promedio por los nuevos títulos del 15,29%. Página 12 agregaba como información que el canje de bonos incrementaba el stock de la deuda pública por un total de 2.255 millones de dólares ¹³ (Clarín y Página 12, 04/06/2001).

4. ARGUMENTOS OFICIALES PARA JUSTIFICAR EL MEGACANJE

Los principales exponentes políticos e institucionales del Gobierno se hallaban personificados por las figuras del Presidente y su Ministro de Economía, quienes, además de firmar el decreto-ley, se encargaron de anunciar públicamente el acuerdo. Domingo Cavallo sostenía que el canje constituía “una operación récord mundial de todos los tiempos” (Clarín, 02/06/2001), que pretendía crear un “clima propicio para la reactivación” de la economía. La “obsesión” del Ministro se situaba en el objetivo del “crecimiento” (Página 12, 01/06/2001). Además, era necesario para evitar un incremento a futuro de las tasas de interés, de manera tal que “si no hacíamos este canje, las tasas que hubiéramos pagado para refinanciar cada nuevo bono que iba venciendo, hubieran resultado más caras” (Clarín, 02/06/2001). Cavallo afirmaba que la flamante operación financiera “despejará la incertidumbre financiera y eso redundará en un mejor acceso del sector privado al crédito, ya que el sector público demandará menos fondos para su financiamiento”. A su vez, señalaba que las tasas de la operación “son más bajas que las que hubiésemos tenido que pagar si no llevábamos adelante el canje”, y agregaba que, a partir de ahora, “el costo del nuevo financiamiento para la Argentina será mucho menor” (Página 12, 02/06/2001).

Cavallo asumía una tonalidad optimista, rechazando las críticas de “los que apostaron contra el país” y vinculando el acuerdo a una “buena noticia” y a un “éxito”. En sus palabras: “algunos tienen caras muy largas, porque el canje de deuda es un éxito. Algunos, que apostaron contra el país y temen perder mucha plata, tratan de interpretar las noticias muy buenas como muy malas” (La Nación, 02/06/2001).

El 3 de junio Cavallo anunció desde la Quinta de Olivos el monto total del canje de la deuda y volvió a poner el acento en lo “exitoso” que había sido la operación. Según el Ministro de Economía, la magnitud del canje, el más importante de la historia en términos cuantitativos, mostraba que el país era “confiable”. En efecto, “los volúmenes de ofertas que hemos recibido son absolutamente impresionantes, y esto es producto de que la Argentina consiguió inspirar confianza” (Clarín, 04/06/2001).

De acuerdo a Cavallo, el canje “resolvió lo urgente”. Con el canje la Argentina no iba a tener que “salir a pedir dinero a los mercados de crédito”. A partir de “ahora”, comenzaba una nueva y “más importante” etapa, basada en “el crecimiento de la economía” (“Hemos superado lo urgente, ahora vamos por lo más importante: el crecimiento”). Con el propósito de alcanzar dicho objetivo, destacaba que, al postergar los vencimientos de la deuda, “habrá más posibilidad para el financiamiento de las familias y las inversiones de las empresas, dándole lugar a la reactivación”, señalando que “esto es lo principal”. Además, como complemento del acuerdo, sostenía que “vamos a avanzar en varios planes de competitividad” y llevar a cabo “medidas adicionales para la reactivación del mercado interno”, aunque luego lo condicionaba a los indicadores de la macroeconomía, al agregar: “pero hay que ver cómo anda la recaudación fiscal” (Clarín y Página 12, 04/06/2001). De manera tal que los proyectos de reactivación se condicionaban al objetivo fiscal.

Junto con los argumentos más técnicos, Cavallo construía una alteridad política difusa, nominalizada como los “especuladores” y quienes “apostaron en contra de la Argentina”, que habían sido “derrotados” con el canje (“Hemos derrotado a quienes apostaron en contra de la Argentina”) (Página 12, 04-06-2001).

Fernando de la Rúa también presentaba las medidas como “un gran éxito” del país contra los “especuladores”. Al anunciar públicamente el canje, el Presidente relacionaría al acuerdo con un triunfo para los “argentinos”, y construiría una alteridad difusa y sin actores concretos, representada por los “pesimistas” y “especuladores”. En sus palabras “Los argentinos hemos ganado contra los pesimistas y los que apostaban contra el país”. Esta alteridad difusa incluía una crítica a los que “especularon con que no iba a haber resultados positivos” (Clarín y Página 12, 04/06/2001). La alteridad, en ese marco, se ubicaba en lo que el Presidente denominaba como los “predicadores del pesimismo”. De la Rúa sostenía que “No hace falta que yo los señale, porque cada uno sabe quién le da un mensaje para bien o para mal”. Según él, estos “predicadores” eran “los que están frenando la reactivación” económica mediante sus actitudes pesimistas (Clarín, 02/06/2001). De este modo, la recesión económica era vinculada a la acción de agentes no identificados que apostaban políticamente contra la Argentina para perjudicarla.

De la Rúa coincidía en la adopción de un discurso optimista sobre el futuro de la economía y del país. Según el Presidente: “La reactivación está llegando a algunos sectores y hay una recuperación notable de la recaudación, por lo que se puede decir que estamos saliendo de la recesión” (Página 12, 04-06-2001).

Otros referentes del Gobierno Nacional acentuaban estos discursos. Para el Viceministro de Economía, Daniel Marx, el canje de bonos de la deuda iba a generar un “alivio necesario” para hacer “crecer la economía”. El jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, sostenía, por su parte, que el canje otorgaba “tranquilidad” al Gobierno desde el punto de vista financiero para poder dedicarse a “trabajar en la economía real”, que vinculaba con “los planes de competitividad y las medidas para recuperar el mercado interno” (Clarín, 03/06/2001).

La otra pata del acuerdo eran los acreedores externos. Más específicamente, la firma del canje de bonos era producto de un acuerdo entre el gobierno de la Alianza y el ex Subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos y por entonces presidente del banco Credit Suisse First Boston, David Mulford. En una entrevista en La Nación, Mulford sostenía que el Megacanje era “una operación necesaria para restablecer el crecimiento” y que “con esta operación comenzará la recuperación”, de manera tal que “mejorará toda la economía, la situación fiscal (y) las tasas”. Además, sostenía que el acuerdo “no (es) algo que se puede dejar para adelante”. Finalmente, cuestionaba los argumentos sobre las altas tasas de interés, destacando que el canje representaba “una operación que es cuatro o cinco veces más grande que cualquiera que se haya hecho nunca” y que era “igual que la que se acordó en el último canje (en relación al blindaje), que fue entre cuatro y cinco veces menor” (La Nación, 17/05/2001).

5. LOS ACTORES SOCIOPOLÍTICOS CLAVE FRENTE AL MEGACANJE

5.1. POSICIONAMIENTOS DE LAS FUERZAS POLÍTICO-PARTIDARIAS

El día del anuncio del canje de la deuda, los representantes del gabinete económico Daniel Marx y Julio Dreizzen tuvieron una reunión interna de cinco horas en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara de Diputados, donde explicaron los detalles del Megacanje. De acuerdo a lo informado por Clarín, la operación había recibido el respaldo de los legisladores del radicalismo y del Partido Justicialista (PJ), sin recibir objeciones, con la excepción del diputado Mario Cafiero, quien habría pedido la renuncia de Cavallo (Clarín, 17/05/2001).

En las semanas siguientes, al conocerse oficialmente los términos de la renegociación de los bonos de la deuda, algunos pocos referentes clave de las fuerzas políticas fijaron públicamente una posición al respecto. Uno de ellos era el Gobernador de la provincia de Chaco y titular del radicalismo, Ángel Rozas. El dirigente de la UCR reconocía la existencia de un “momento dificilísimo” y con serias “dificultades” económicas y reclamaba a los Gobernadores un “acuerdo de unidad nacional”, ya que “si a la economía nacional le va mal, va a afectar a todas las gobernaciones”. La firma del Megacanje era caracterizado como un “blindaje político” que respondía a los reclamos de los acreedores y significaba un medio que podía “ayudar” a la economía, lo que se articulaba con una “responsabilidad” de la dirigencia política para alcanzar la “unidad nacional”:

“El Megacanje de la deuda externa no es un fin en sí mismo, pero puede ayudar. Cualquiera sea el resultado de las elecciones de octubre, en la mayoría de los que tienen responsabilidades ejecutivas en el país existe clara conciencia de buscar la unidad nacional, porque atravesamos un momento dificilísimo, y los acreedores están reclamando un blindaje político” (Clarín, 31/05/2001).

El otro referente político que se refería al Megacanje era Mario Cafiero, un Diputado bonaerense del PJ que se había opuesto desde el comienzo a la operación. En una nota publicada en Clarín poco después del acuerdo, Cafiero rechazaba, con un fuerte tono opositor, las “argumentaciones” de Cavallo y de su equipo económico, considerándolas una suma de “errores, falacias y sofismas” para justificar un “ruinoso” acuerdo:

“Las argumentaciones que utilizan los funcionarios del Ministerio de Economía para intentar justificar este ruinoso megacanje de deuda son un compendio tal de errores, falacias y sofismas, que ameritarían la redacción de un Manual de Zonceras económico-financiero, al estilo del inmortal [escritor argentino] Arturo Jauretche”.

Cafiero criticaba los principales argumentos oficiales, rechazando la idea del “éxito” del canje, que en realidad era sólo un “respiro” temporario, así como la presunta derrota de los “especuladores”, cuando se habían pagado tasas de interés “usurarias”. Agregaba, además, la “jugosa comisión” de la operación hacia los grandes bancos privados ¹⁴:

“Se dice que se ha obtenido ´un gran éxito´, cuando en realidad se ha conseguido un ´respirito´, a cambio de una explosión de vencimientos futuros. Que le ´hemos ganado a los que especularon en contra de la Argentina´, cuando se van a pagar a especuladores usurarias tasas de interés, amén de una jugosa comisión de más de 150.000.000 de U$S, adjudicada de manera directa a un grupo de bancos privados”.

El Diputado del PJ también cuestionaba el costo económico del acuerdo, ya que “se sale del peligro del default con un mecanismo perverso de contraer más deuda externa y tan cara, que se duplica en menos de cinco años”. Cuestionando las “zonceras” del discurso oficial, Cafiero sostenía que había que considerar el efecto real del Megacanje, que implicaba aumentar la deuda externa y hacerlo con tasas muy elevadas:

“Debemos analizar cuál es el costo de obtener un estiramiento en los plazos, a cambio de más deuda (mayor monto) y más cara (mayor interés) (…). La cuenta que debe hacer el deudor –Estado nacional– es que va a cambiar bonos cuya tasa de interés promedio efectiva es del 7,5%, por nuevos bonos cuya tasa es del 13,5%, un 6% anual mayor”.

La “megaoperación”, además, generaba un incremento multimillonario de los intereses de la deuda externa y del costo de acceso al crédito, lo que impactaba sobre los niveles de inversión y acentuaba la recesión económica:

“Los efectos de esta megaoperación son: que se incrementa el peso de los intereses de la deuda en casi 2.000 millones de dólares por año, ese mayor costo fiscal impedirá bajar impuestos distorsivos; se convalida un nivel de tasas interés que levanta el piso del costo financiero para el resto de los actores económicos privados, desalentando la inversión y demorando la salida de la recesión”.

De manera tal que el canje, lejos de “mejorar” la deuda, lo que en realidad hacía era “empeorarla”.

Un último argumento era jurídico, y señalaba que la operación financiera no podía ser atribución del Poder Ejecutivo, ya que excedía las “facultades que el Parlamento delegó en el Poder Ejecutivo para el manejo de la deuda pública”. En efecto, “el art. 65 de la Ley 24.156 de Administración Financiera” autorizaba el canje de deuda “solamente en el caso que la nueva deuda mejore las condiciones respecto de la vieja deuda, a partir de comparar parámetros objetivos en cuanto mejora en el monto y en la tasa de interés o en el monto y en el plazo”. Debido a que el Megacanje aumentaba “en 2.255 millones de dólares el monto de la deuda”, así como “la tasa de interés”, el acuerdo se hallaba “en abierta y clara contradicción con la ley vigente”, por lo que podía ser “cuestionada judicialmente o desconocida por gobiernos futuros”.

El texto concluía sosteniendo lo siguiente:

“El problema de la deuda no se puede circunscribir sólo a los derechos de propiedad de los tenedores de los bonos, sino (que) también se debe respetar el derecho de los argentinos a vivir y a crecer. [Para ello, se convoca a] todos los sectores políticos, económicos y sociales a construir una nueva política para la deuda, (...) definida como una cuestión nacional” (Mario Cafiero, “Megacanje: nada para festejar”, Clarín, 10/06/2001).

En las semanas siguientes, cuando salieron a la luz algunas denuncias de irregularidades en la operación, senadores del PJ, liderados por Eduardo Menem, intentaron conformar una comisión investigadora del Megacanje. Aunque no pudieron aprobarla por falta de número, se decidió “invitar” al ministro Cavallo para que brindara explicaciones sobre la operación en un plenario de comisiones de la Cámara alta (Clarín, 26-06-2001).

5.2. POSICIONAMIENTOS DE LOS PERIODISTAS Y EDITORIALISTAS DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN

En los principales medios gráficos la noticia del Megacanje generó un importante impacto, en particular en las notas de los periodistas económicos. En el momento de conocerse el decreto presidencial para iniciar el canje, el 16 de mayo, Clarín se hacía eco, desde la editorial del diario, de lo que inicialmente definiría como el “Plan Mulford”, por el banquero David Mulford. La voz oficial del matutino partía del diagnóstico de una economía “anémica”, luego de “tres años de recesión”, y vinculaba la operación a un “giro de 180 grados” de los “mercados” para evitar el riesgo de default de la deuda externa:

“Hoy, con una economía anémica que ya lleva tres años de recesión, la perspectiva de los ´mercados´ ha dado un giro de 180 grados. Ya sin nada para privatizar y con un déficit fiscal galopante, los acreedores prefieren ahora alejarse del riesgo argentino, buscando costas más seguras”.

El objetivo del “plan Mulford” era “ganar tiempo” y posponer el problema de la deuda para que la economía se reactivara, aunque se reconocía que, a diferencia de lo acontecido con la reestructuración del Plan Brady de 1992, la situación actual “no será tan fácil”:

“La lógica del canje es la de ganar tiempo hasta que la economía se reactive. En 1992 la táctica de patear la pelota hacia adelante le dio resultados al ministro Cavallo. La deuda dejó de ser un problema... por un tiempo. En 2001 no será tan fácil” (Editorial de Clarín, 17/05/2001).

El periodista Pablo Maas empleaba la misma analogía con el lanzamiento del Plan Brady, aunque sostenía que actualmente “La atmósfera en los centros financieros” era menos de “confianza”, que de “preocupación”. Lejos del optimismo oficial, el periodista expresaba sus dudas sobre el éxito del mismo para evitar la cesación de pagos de la deuda: “La pregunta es si el canje argentino podrá convencer a los acreedores de que deben dejar de preocuparse por la capacidad del país de pagar sus obligaciones”. Tal como había mostrado el “blindaje” de diciembre de 2000, la opción “más probable” era el pago de un “alto costo” por un simple “respiro de corto plazo”, y además se requerían mecanismos adicionales para “reactivar” la economía:

“Lo que es más probable es que la Argentina termine pagando un alto costo, a cambio del beneficio de un respiro de corto plazo. La experiencia del blindaje (que en diciembre pasado fue presentado como otra ´solución´ a la crisis de endeudamiento público) muestra lo rápido que corren los tiempos en las finanzas, si no se ponen otros mecanismos de reactivación en marcha” (“Del Plan Brady al Plan Mulford: la larga marcha de la deuda externa”, Clarín, 17/05/2001).

Marcelo Bonelli adoptaba una posición favorable al acuerdo, ya que evitaba el escenario temido de “default”, generando “alivio” en la economía: “La megaoperación de canje de los bonos generó un indudable alivio, porque evita que Argentina entre en el peor de los escenarios económicos: un default de impredecibles consecuencias económicas y graves derivaciones políticas”. Si bien luego afirmaba que “Por sí misma, la transacción financiera logra una sola cosa: ganar tiempo”, esperando que “se encarrile la administración de Fernando de la Rúa”, remarcaba como “importante” que “reducirá los pagos de interés en los próximos tres años”. Ello implicaba evitar el “tembladeral” de la “cesación de pagos”, que “estaba a la vuelta de la esquina. En ese sentido, el canje de la deuda era considerado un “oxígeno”, que le iba a permitir a Cavallo “enfrentar de otra manera el conjunto de desafíos que se avecinan” (“Cavallo espera el canje para respirar”, Clarín, 18/05/2001).

Los periodistas del diario La Nación se referían al canje como una operación que permitía “despejar las dudas que subsisten en los mercados financieros sobre la capacidad de pago de la deuda pública” (La Nación, 17/05/2001). El periodista José Ignacio López vinculaba el Megacanje al “blindaje” del Ministro Machinea, aunque cuestionando que constituyera la “solución” económica:

“Ayer, con José Luis Machinea, fue el blindaje, según se apresuraron a bautizarlo quienes le atribuyeron sentido mágico y lo convirtieron en campaña publicitaria. Ahora, con Domingo Cavallo, será el megacanje y no son diferentes los riesgos que se corren de convertirlo en ´la solución´”.

El objetivo del acuerdo era sortear el problema del endeudamiento externo, con el propósito de “salir del ahogo” y la “emergencia financiera”:

“Blindaje o megacanje, de lo que se trata es del gravísimo endeudamiento público y de sortear la emergencia financiera. Sea con la activa participación, compromiso y subidos elogios del Fondo Monetario Internacional, o sólo con su aval expresado con comentarios más medidos y rodeados de claras advertencias, son extraordinarias operaciones financieras montadas para salir del ahogo”.

En el marco de la “seriedad de la crisis”, y de la “acumulación de vencimiento de interés y capital para los próximos años”, el nuevo canje era un “paso indispensable” para poder “salir del gravísimo riesgo de la cesación de pagos”. Sin embargo, para el periodista la “operación financiera no basta”. En efecto, existía un problema adicional, basado en la existencia de un “déficit público” que era “insostenible”. Además, “la pretensión de introducir cambios en el régimen de la convertibilidad con la incorporación de la moneda europea”, propuesta por Cavallo meses atrás, había generado una “marcada incertidumbre”. En ese sentido, la “fórmula” para superar la crisis debía integrar “megacanje y ajuste fiscal” (La Nación, 23/05/2001).

Página 12 asumía una visión crítica del acuerdo. En el momento de conocerse la noticia, el diario sostendría, entre las “claves” del acuerdo, que el Megacanje le había permitido al Gobierno “postergar por un tiempo el riesgo de la cesación de pagos de la deuda”. Además, destacaba el incremento de la deuda externa en “2.255 millones” y señalaba que “el costo del canje fue elevadísimo”, lo que “compromete seriamente la capacidad de reacción de la economía”.

Tras la firma de la operación, los periodistas de los grandes diarios nacionales se hicieron eco de los anuncios oficiales. Desde Clarín, se mencionaban los resultados positivos, materializados en el aumento de los bonos y la caída del riesgo país ¹⁵ (Clarín, 05/06/2001). Marcelo Bonelli sostenía, en una nota intitulada “Alivio para la deuda: una oportunidad para volver a crecer”, que “La transacción fue un éxito”. Si bien había tenido “un costo elevado”, a partir de la elevada tasa de interés, se trataba “del precio que debe abonar la Argentina para evitar un costo económico mucho mayor: la cesación de pagos, que generaría una debacle política y económica de irreparables consecuencias”. El Megacanje eliminaba del “horizonte” la “posibilidad del default” y significaba un “gran alivio en el frente financiero”. En el marco del “éxito” y los “buenos resultados” de la “megaoperación internacional”, Bonelli se refería al acuerdo como una segunda “oportunidad clave” para la Alianza, luego del “agotamiento” del blindaje financiero de Machinea, cuyo “efecto se esfumó en un bimestre, a causa de las indefiniciones oficiales y la falta de coraje para lanzar un paquete de reactivación económica”. Para disipar todo peligro de “cesación de pagos”, el Gobierno debía evitar repetir el “grave error” del blindaje anterior, de “no utilizar el oxígeno financiero para relanzar la economía argentina”.

Luego del cierre del Megacanje, comenzaba una nueva etapa que tenía que “utilizar este éxito para una sola cosa: reanimar una economía anémica por la depresión productiva”. Esta “segunda oportunidad” debía estar signada por “la obligación de intentar una política de crecimiento”. De acuerdo a Bonelli, la “reactivación” era la “única solución de fondo” para la “anemia de la economía argentina” y su “debilidad financiera internacional”. Para ello, el Gobierno debía implementar “medidas de fondo” en “tres temas concretos”. En primer lugar, con el propósito de salir de la “depresión económica”, aplicar “medidas que alienten el consumo”. Ello implicaba “reanimar la demanda”, a partir de una “mejora” en el “poder adquisitivo de la población”. En segundo término, “cumplir con las metas fiscales pautadas en el acuerdo con el Fondo Monetario y avanzar en las reformas estructurales pendientes”, lo que significaba reclamar a los gobiernos provinciales que realizaran sus “deberes financieros” para equilibrar las cuentas fiscales. Por último, Bonelli reclamaba a De la Rúa que diera “señales claras de gobernabilidad y de decisión en su conducción de la Argentina”, con el objeto de generar confianza en “los mercados” y, de este modo, reducir los niveles del “riesgo país” (Clarín, 04-06-2001).

Daniel Muchnik, por su parte, cuestionaba el optimismo de Cavallo sobre la “reactivación” económica y el fin de la ”recesión”. El periodista económico se preguntaba si existía algún dato concreto para poder “indicar que hubo un cambio en la tendencia depresiva” y lo contrastaba con los datos estadísticos oficiales sobre la caída del empleo privado, el descenso de la actividad industrial, la inversión y el consumo interno, junto al elevado nivel de “riesgo país”. Estos indicadores, a los que se sumaban las reducciones salariales, despidos y suspensiones laborales en empresas como Aerolíneas Argentinas o la industria automotriz, mostraban que no existía la mentada “reactivación” (“Hay que llamar a las cosas por su nombre: no hay reactivación”) y que persistía un “clima de incertidumbre”. De manera tal que, aun “suponiendo que el Megacanje tenga éxito”, los datos de “los especialistas” auguraban para el 2001 un “crecimiento cero” (“La reactivación continúa sin aparecer”, Clarín, 03-06-2001).

Daniel Fernández Canedo, en una nota titulada “Una operación en defensa propia”, vinculaba la operación con el blindaje de Machinea y sostenía que tenía por objeto central reducir la posibilidad de ingresar en default:

“Así como el blindaje financiero de José Luis Machinea de fines de 2000 buscó demostrar que la Argentina tenía dinero para afrontar sus compromisos, el canje de deuda es para achicar las sospechas de que la Argentina podría entrar en cesación de pagos.”

Para Canedo se trataba de “una operación en defensa propia del Estado” y, si bien el nivel de la tasa de interés abonado implicaba un “costo alto”, luego matizaba esta cuestión al preguntarse si “podría la Argentina pagar menos, cuando está sospechada de ser un deudor poco confiable”. El acuerdo era percibido como necesario, aunque no suficiente, para “ganar el partido”, es decir, para lograr una “salida de la recesión” y generar una “reactivación” económica. Para cumplir ese objetivo se requería “recuperar la confianza” de los “inversores” internos y externos. Sólo a partir de la confianza de “los mercados”, se lograría una reducción del “costo del crédito”, promoviendo un “arranque de la declinante economía argentina”. En palabras de Canedo: “Si los inversores de aquí y de afuera lo creen, el Gobierno habrá dado un importante paso adelante para recrear condiciones favorables a una reactivación. Sino, la salida de la recesión se volverá a postergar”. De manera tal que el canje no resolvía por sí mismo la recesión, ni tampoco el problema de la falta de “competitividad” y la “desocupación”, pero contribuía a “tranquilizar los nervios”, en espera de la confianza del mercado (Clarín, 03/06/2001).

En Página 12 se hacía hincapié en el aumento de la deuda externa y en que el acuerdo sólo había permitido un alivio temporal para la economía (“Subiendo la deuda en 2255 millones, el Gobierno compró calma hasta fin de año”). Además, se cuestionaban “las altísimas tasas de interés a las que se endeudó la Argentina” y se hacía eco de la proyección del Gobierno, al sostener que “la apuesta es a que baje el costo del dinero y la reactivación sea notoria y rápida” (Pagina 12, 02/06/2011 y 04/06/2001).

El periodista Alfredo Zaiat sostenía que el canje previsto por Cavallo para “alejar el fantasma de la cesación de pagos” era mucho mayor en el monto y mucho menor en las tasas abonadas, que el que finalmente se había alcanzado: “Lo cierto es que Cavallo pensaba estructurar una operación financiera que tuviera como saldo un monto trocado mucho más elevado al tiempo de una tasa mucho más baja que la finalmente pactada”. Zaiat señalaba que “Cavallo fracasó en ese intento” y, ante esa situación, decidió acordar con el banquero Mulford un canje de la deuda que era “ruinoso” y sólo postergaba la cesación de pagos de la deuda:

“Fracasada la vía de las garantías, y sin alternativas de dar marcha atrás con la idea de canje acercada por su amigo David Mulford, Cavallo continuó adelante con una operación ruinosa, con la única satisfacción de que es mejor que declarar una formal cesación de pagos” (Página 12, 04/06/2001).

David Cufré señalaba que “Domingo Cavallo ideó –o tomó la idea de su amigo, el banquero David Mulford– de estructurar el trueque de bonos para escapar a una estruendosa caída inminente”. Sin embargo, luego agregaba que “siempre negoció desde una posición de debilidad”. Las elevadas tasas pactadas limitaban la posibilidad de salir del default: ”La Argentina llegó a un estado de insolvencia, del que no podrá salir –o le costará muchísimo, en el mejor de los casos, según admiten los propios financistas– con una tasa del canje como la que se pactó”. En efecto, el Gobierno no había ofrecido una “tasa razonable”, lo que limitaba el “oxígeno” para que la economía volviera a “crecer” (“Coparticipar la crisis”, Página 12, 02/06/2001).

Tras la firma del acuerdo, Cufré señalaba que el canje “pateaba” hasta el mes de noviembre, y así “esquivaba”, el problema del acceso a fondos para evitar el default, aunque sin resolverlo:

“Con el megacanje, Domingo Cavallo pateó hasta noviembre la necesidad de salir al mercado de capitales a conseguir fondos para pagar los servicios de la deuda. La operación le permitió esquivar ahora la cesación de pagos, pero el problema de la deuda está muy lejos de ser resuelto”.

Además, advertía que, de no encontrar nuevas fuentes de financiamiento, el problema retornaría:

“En los próximos cinco meses, el Ministro debe lograr un despegue vigoroso de la economía que lo ponga de nuevo en carrera para obtener financiamiento. De lo contrario, estará frente a la misma situación desesperada que lo llevó a concretar el canje, cuyo costo para el Estado fue elevadísimo”.

Lejos del optimismo oficial, el periodista asumía una visión pesimista sobre el futuro. En primer lugar, cuestionaba la “tasa pactada”, que “es tan alta que Cavallo tendrá poco margen para conseguir la reactivación”. Y en segundo término, se refería a la posibilidad que los financistas decidieran “desprenderse de los flamantes títulos públicos antes de que también se desvaloricen”. Ello abría la posibilidad que “la crisis que se evitó ahora estalle más adelante” (“Un respiro chiquito, chiquito”, Página 12, 04/06/2001).

Claudio Slotnik, en la nota “Super Mingo va a pagar la súper tasa”, sostenía también que la elevada tasa de interés restringía la reactivación económica: “Ahora la cuestión principal ya no es si la Argentina caerá en cesación de pagos en el corto plazo sino, más bien, si una economía puede relanzarse teniendo como marco semejante costo del dinero”. Además, consideraba al canje como un paliativo que servía para “patear la pelota hacia adelante” y “ganar tiempo”, pero que “de ninguna manera ofrece certezas sobre un inminente despegue de la economía, después de tres años de recesión” (Página 12, 02/06/2001).

Tras el acuerdo, Slotnik señalaba que con la operación el Gobierno había logrado “diferir vencimientos de la deuda por 16.039 millones en los próximos cuatro años, aunque a un costo elevadísimo”, con “tasas mucho más altas a las esperadas”. Además, indicaba que “la deuda creció en 2.255 millones”. A partir de ahora había que esperar el “veredicto de los inversores”, que “se reflejará en el nivel de riesgo país”. Sin embargo, no se hacía eco del optimismo oficial: “Fernando de la Rúa y el mismo Cavallo presentaron el canje como si se tratase de una gran victoria cuando, en realidad, el maxi trueque de bonos se diseñó con el único fin de escaparle a la bancarrota”. El periodista advertía, a su vez, que si la economía no lograba reactivarse en los meses subsiguientes, los beneficios transitorios del Megacanje iban a quedar “diluidos”:

“Hasta noviembre próximo, Economía tiene el financiamiento asegurado y no precisará salir al mercado a buscar fondos. Pero si en los próximos dos meses no aparecen señales contundentes de una economía en recuperación, el megacanje corre el riesgo de seguir el camino del blindaje, con sus efectos totalmente diluidos”.

El acuerdo financiero no solucionaba el problema de la deuda externa, sino que “postergaba” el “riesgo” de cesación de pagos. En palabras de Slotnik: “El megacanje no fue una solución de fondo al problema de la deuda. El Gobierno apenas si logró postergar por un tiempo el riesgo de default”. A partir del uso de una metáfora futbolera, la operación no era considerada un “despeje de la pelota al campo contrario”, sino “apenas haberla desviado con esfuerzo al córner” y “las perspectivas para cuando se ejecute el tiro de esquina no son muy alentadoras”.

La cautela se debía al hecho de haber convalidado “tasas de interés altísimas”, lo que implicaba que “la posibilidad de una recuperación” de la economía para “crecer” quedaba “seriamente comprometida”. Así, lejos de “las certezas de que la Argentina podrá cumplir con los pagos de la deuda”, se “aplacarán las tasas” y se “pondrá en marcha la economía”, como sostenía el Gobierno, había que “rezar para que en los próximos meses aparezcan señales concretas de la reactivación” (Página 12, 04/06/2001).

Oscar Nudler sostenía que el resultado del canje consistía en aumentar, en lugar de disminuir, la deuda pública:

“Aunque Domingo Cavallo presente este megacanje de deuda como el mayor de la historia (mérito tan poco envidiable como el de protagonizar la quiebra más grande de todos los tiempos), la verdadera particularidad de esta operación es otra. Consiste en cambiar deuda relativamente más barata por otra más cara, cuando lo normal es que cualquier deudor busque salir de una financiación onerosa que tomó en el pasado, si tiene la oportunidad de precancelarla, mediante un crédito nuevo a tasas más bajas”.

Sin embargo, bajo un modelo basado en la “dependencia financiera”, la firma del canje era la única alternativa para evitar una “quiebra inminente” de la economía:

“A primera vista, efectuar el canje en estas condiciones no tiene sentido, a menos que no haya otra alternativa para escapar de una quiebra inminente. Y esta es, exactamente, la situación. Por ende, de poco vale discutir si el canje es caro o barato, porque hoy son los especuladores los que tienen la sartén por el mango. La discusión, en todo caso, es entre este canje voluntario, que implica ceder ante la extorsión de los capitales, y un canje compulsivo, en cuyo caso sería el país, como deudor, quien impusiera las condiciones de la refinanciación. Esta variante generaría, obviamente, costos diferentes pero también sustanciales, porque no hay ningún pase mágico que pueda eliminar bruscamente la dependencia financiera del país” (“Tan grande y caro que mete miedo”, nota en Página 12, 02/06/2001).

5.3. POSICIONAMIENTOS DE LOS ECONOMISTAS

Los economistas eran los referentes más consultados por los grandes diarios y quienes se posicionaban públicamente con mayor frecuencia sobre el Megacanje. En el momento de lanzarse la operación, Clarín consultó a una serie de economistas para que brindaran su opinión sobre el acuerdo y las perspectivas de reactivación económica. La mayor parte de ellos eran cautelosos. Jorge Remes Lenicov cuestionaba las altas tasas de interés previstas en el canje, ya que “Al tomar esta tasa para un período largo, estaríamos convalidando a futuro intereses muy altos”. En lugar de un “Megacanje”, sostenía que era preferible “hacer canjes parciales” para que “las tasas bajen a medida que la situación mejore” y así “reducir el costo del canje”. Sin embargo, agregaba que “esto en sí mismo no resuelve el problema de la solvencia fiscal de la Argentina, ni trae por sí solo la reactivación”. Para “salir de la recesión” se debía “profundizar las rebajas impositivas por sectores, liberar recursos monetarios que permitan aumentar los créditos al consumo y reorganizar al sector público” (Clarín, 18/05/2001).

Carlos Rodríguez sostenía que el acuerdo “implica cambiar deuda cara por otra todavía más cara. De este modo, el próximo gobierno tendrá una herencia pesadísima en materia de intereses a pagar”. Además, “si sirviera para fomentar la reactivación, todos los estados entrarían a un canje de deuda”. Según el economista, “Lo que sí está claro es que va a ayudar a los acreedores, que están muy contentos con este megacanje”. Tampoco iba a ayudar a reactivar la economía: “Para que se concrete la reactivación va a ayudar tanto como el blindaje, nada”. Sin embargo, Rodríguez apoyaba la importancia del canje como un “calmante” para una economía “terminal”. En sus palabras: “El canje es necesario, pero como la morfina para un enfermo terminal. Ayuda a calmarlo, pero no le salva la vida”. La reactivación provenía de “cambiar la política económica”, lo que significaba “aplicar una flexibilización laboral en serio, apoyar a la libre empresa, sin planes de competitividad parciales, aplicar una reducción drástica de impuestos y, sobre todo, lograr superávit fiscal”, ya que “sin esto, el canje no sirve para nada” (Clarín, 18/05/2001).

Héctor Valle, economista de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), planteaba sus dudas sobre las tasas que se acordarían en el canje y sus efectos sobre el “riesgo país” y sostenía que la “reactivación” económica debía provenir de medidas adicionales, aunque vinculadas a la decisión de “invertir en planes productivos” (Clarín, 18/05/2001). Juan Arranz, economista jefe del Banco Río, sostenía que “El canje debería revertir el aumento del riesgo país” y, a partir de allí, se lograría la “reactivación”, aunque no le atribuía “ningún poder mágico al canje”, ya que era necesario también lograr un “aumento de la recaudación” y el “compromiso del Gobierno de mantener el déficit fiscal en la pauta fijada para este año”. Desde un discurso ortodoxo, sostenía que “la condición fundamental es que el Gobierno refuerce la lucha contra la evasión y trabaje en el control del gasto público” (Clarín, 18/05/2001).

Una vez firmado el acuerdo, algunos economistas, como Carlos Melconián y Pedro Lacoste, se mostrarían confiados en el efecto benéfico del canje. De acuerdo a estos economistas, podía haber una reactivación antes de fin de año, aunque Melconián reclamaba continuar con las reformas pendientes y Lacoste pedía una rebaja de impuestos para incentivar la demanda y planes de competitividad para incentivar la oferta (Clarín, 03/06/2001).

Otros, relativizaban la importancia del acuerdo. Miguel Bein, ex Secretario de Programación Económica, sostenía que la operación contribuía a la reactivación económica y evitaba el riesgo de default. En sus palabras: “sin el canje –que no asegura per se la reactivación– ésta no tendría lugar, porque ahora aleja el fantasma de la cesación de pagos”. Para Bein, el acuerdo había “despejado el horizonte financiero”, pero debían buscarse “indicios de recuperación”, que “hasta ahora (están) ausentes” (Clarín, 03/06/2001). Aldo Abram, economista de la consultora Exante, comparaba el megacanje con el “blindaje” y coincidía en que “No garantiza una reactivación”, sino que abría “un plazo de tiempo en el cual (el Gobierno) va a tener la oportunidad de recuperar credibilidad” (La Nación, 02/06/2001). Ignacio Chojo Ortiz también sostenía que “el canje es condición necesaria, pero insuficiente” para la reactivación, aunque condicionaba la salida de la crisis a una “nueva estrategia productiva y de inserción internacional”. Miguel Broda daba vuelta el argumento para sostener que “la confianza de los inversores sólo vendrá si hay reactivación” y afirmaba que “el canje en sí mismo no es para ellos un punto de inflexión”. El economista sólo preveía para el 2001 un crecimiento del PBI del 0,4%, frente al 2,5% que pronosticaba el Gobierno (Clarín, 03/06/2001).

Un tercer grupo de economistas cuestionaban la operación. Marcelo Lascano se refería a las elevadas tasas de interés abonadas por el Gobierno como argumento para expresar que “semejantes intereses demuestran que no mejoró la confianza del inversor” (Clarín, 03/06/2001). Otros radicalizaban las críticas desde una matriz heterodoxa, manteniendo una postura pesimista sobre el futuro. Claudio Lozano sostenía que el canje “es un intento desesperado e inconveniente de ganar tiempo, por el que se pagará una tasa usuraria”. Según el economista de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), “el oxígeno que logre el Estado será escaso y pronto se volverá a un cuadro de insolvencia”. Héctor Valle afirmaba que “las chances de expansión sostenida con más equidad distributiva son casi nulas, pues discriminan contra la producción y el trabajo nacional” (Clarín, 03/06/2001).

Desde el plano internacional, el ex Premio Nobel de Economía, el canadiense Robert Mundell, sostenía que Cavallo tomó el “camino más acertado” para atajar la crisis económica y consideraba que “El exitoso canje de deuda y el esfuerzo por mantener su sistema cambiario demuestran que la Argentina está en la dirección correcta” (Clarín, 05/06/2001). En cambio, Boris Segura, economista jefe de Atlantic Asset Management, sostenía que las tasas abonadas eran “un precio muy alto” que había pagado el Gobierno para “obtener oxígeno” y que “los inversores extranjeros no se sienten a gusto con esta historia. No tienen voluntad de ampliar su exposición en la Argentina” (La Nación, 02/06/2001).

5.4. POSICIONAMIENTOS DE BANQUEROS Y FINANCISTAS

Los principales banqueros y financistas coincidían en la importancia de la operación. Para el experto en deuda soberana de la firma neoyorquina UBS Warburg, Michael Gavin, el Megacanje significaba “un importante respiro para la economía argentina, que lleva tres años de recesión”. En ese sentido, sostenía que “El canje, si es exitoso, como creemos que lo será, es un paso en la buena dirección” (La Nación, 02/06/2001).

Arturo Porzecanski, analista del banco ABN AMRO, también asumía una visión favorable al acuerdo, al que consideraba “muy positivo” (Clarín, 31/05/2001). Apelando a la metáfora del cirujano que cura al paciente enfermo, sostenía que la Argentina pasaba de estar “desangrándose” a la “sala de recuperación”:

“Cuando Cavallo llegó al gobierno, la Argentina era un país que se desangraba en la mesa del quirófano de la sala de emergencia. Por entonces, caían los depósitos y las reservas, y estaba cerrada completamente la puerta de los mercados de capitales. Ahora, tras el canje, el país está en sala de recuperación. El paciente, por lo menos, dejó de sangrar” (Clarín, 05/06/2001).

Del mismo modo, el titular del Grupo IRSA, Eduardo Elsztain, declaraba estar “convencido” que la película del post canje no será igual a la del posblindaje y asumía una óptica “optimista” sobre el acuerdo:

“Yo soy optimista, porque la magnitud del canje fue realmente grande y nos sorprendió a todos. Pero también porque veo, y me entero, de que se están destrabando proyectos de inversión. Esa es la primera señal de que las cosas van por el buen camino” (Clarín, 09/06/2001).

Desde el plano internacional, Merrill Lynch, uno de los bancos de inversiones más importantes de Wall Street, consideraba al megacanje como “una oportunidad de dos años para enfrentar sus problemas económicos fundamentales, como la falta de crecimiento” (Página 12, 01/06/2001). Para el banco estadounidense Goldman Sachs el acuerdo era “muy positivo”, “porque hace sólo 15 días el mercado no apostaba a más que 15.000 millones”, y sostenía que ahora “se esperarán medidas concretas de reactivación y baja del gasto político” (Clarín, 03/06/2001).

Otros financistas internacionales cuestionaban la operación. Según la agencia de calificaciones Fitch IBCA, “si bien es cierto que este canje brinda beneficios para el sector público, la operación en sí no significará una mejora sustancial en el valor crediticio de la Nación” (La Nación, 02/06/2001). La calificadora, además, condicionaba la baja de las tasas de interés a que “haya una reducción del déficit fiscal, se continúen haciendo reformas estructurales y se mantenga la unidad política apoyando al plan económico” (Página 12, 01/06/2001). Walter Molano, analista de la firma BCP Securities, radicalizaba las críticas, al sostener que las “exorbitantes” tasas anunciadas por Argentina “no sólo no despejan el fantasma de una cesación de pagos, si no, por el contrario, lo acercan”. El analista consideraba que “el canje aumenta la probabilidad de que la Argentina se declare en cesación de pagos”. A su vez, sostenía que “quienes salen beneficiados con el gigantesco canje de la deuda pública no es la Argentina ni los argentinos, sino los bancos” que dirigen la operación (La Nación, 02/06/2001).

Por último, para los organismos multilaterales de crédito el canje significaba un “esfuerzo” del Gobierno destinado a “reducir los requerimientos de financiamiento en el corto plazo”. El titular del FMI, Horst Kohler, le daba una “bienvenida” al acuerdo y esperaba que incentivase “una financiación sostenible en el mediano plazo” para reducir la deuda externa (Clarín, 22/05/2016). Luego de concretarse la operación, el FMI expresó su apoyo al acuerdo, sosteniendo que el canje de deuda iba a ayudar a aliviar las necesidades financieras en los próximos años y a disminuir la preocupación por el riesgo país. Según Jack Boorman, director de Desarrollo de Política, el canje era consistente con la estrategia del Gobierno de buscar “soluciones basadas en el mercado” y lo consideraba “una importante complementación para el programa de estabilización económica y reformas”, acordados con el FMI (Clarín, 05/06/2001).

5.5. POSICIONAMIENTOS DE LOS GRANDES EMPRESARIOS LOCALES

Algunos grandes empresarios locales se posicionaban sobre el acuerdo. José Ignacio de Mendiguren, flamante titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), sostenía que “la noticia es excelente”, aunque luego agregaba “pero si el Gobierno no actúa de inmediato, el canje puede tener igual suerte que el blindaje” (Clarín, 18-05-2001Tras conocerse el acuerdo, el titular de la UIA señalaría que “ahora hay que dedicarse a tomar medidas para la reactivación. Sino, si seguimos esperando la baja del riesgo país, vamos a repetir el camino que desembocó primero en el blindaje y ahora en el Megacanje” (Página 12, 04-06-2001). Norberto Peruzzotti, titular de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), apoyaba a Cavallo, sosteniendo que “los banqueros vamos a cerrar filas atrás del ministro” (Clarín, 18-05-2001).

6. ARGUMENTOS OFICIALES Y POSICIONAMIENTOS CRÍTICOS EN TORNO AL MEGACANJE

Agrupando las discursividades de acuerdo a sus regularidades, podemos identificar dos posicionamientos enfrentados, cada uno de los cuales presentaba sus propios argumentos. Por un lado, se hallaban los posicionamientos favorables al acuerdo, que consideraban que el Megacanje era una “muy buena noticia” y un “éxito”. Estos enunciadores asumían los siguientes argumentos justificadores de la operación:

1. a) Era una operación necesaria, que resolvía lo urgente y generaba un alivio, de manera tal que la Argentina no iba a tener que salir a pedir dinero a los mercados de crédito.

2. b) Promovía un clima propicio para la reactivación y el crecimiento de la economía, ya que abría una mayor posibilidad para el financiamiento de las familias y las inversiones de las empresas.

3. c) Otorgaba tranquilidad al Gobierno desde el punto de vista financiero para poder dedicarse a trabajar en la economía real, a través de planes de competitividad y medidas para recuperar el mercado interno.

4. d) Era necesario para evitar un incremento a futuro de las tasas de interés, de manera tal que si no se realizaba el canje, las tasas que se hubiesen pagado para refinanciar cada nuevo bono que iba venciendo hubieran resultado más caras. En ese marco, contribuía a disminuir el costo de un nuevo financiamiento para la Argentina.

5. e) Despejaba la incertidumbre financiera y ello iba a redundar en un mejor acceso del sector privado al crédito, ya que el sector público demandaría menos fondos para su financiamiento.

6. f) Demostraba la confianza de los inversores en la Argentina, materializada en los impresionantes volúmenes de ofertas que se recibieron por el canje.

Los posicionamientos críticos, en cambio, sostenían que el acuerdo:

1. a) Lejos de ser un éxito, en realidad representaba un pequeño respiro o un poco de oxígeno, a cambio de una explosión de vencimientos futuros.

2. b) Esquivaba o postergaba por un tiempo la cesación de pagos, pero sin resolver el problema de la deuda externa.

3. c) Lejos de haber vencido a los que especularon en contra de la Argentina, implicaba pagar a los especuladores usurarias tasas de interés y una jugosa comisión de más de 150.000.000 de dólares a un reducido grupo de bancos privados.

4. d) Incrementaba la deuda externa en 2.255 millones de dólares y el peso de los intereses de la deuda pública en casi 2.000 millones de dólares por año, lo que generaba un mayor monto total de la misma.

5. e) Convalidaba un nivel de tasas de interés elevadísimo (con tasas mucho más altas de las esperadas), lo que incrementaba a futuro el piso del costo financiero para el resto de los actores económicos privados, desalentando la inversión y demorando o comprometiendo seriamente la salida de la recesión.

6. f) Las elevadas tasas de interés abonadas demostraban que el Gobierno no mejoró la confianza de los inversores.

7. g) En el marco de los puntos anteriores, no beneficiaba a la Argentina ni a los argentinos, sino a los bancos privados.

8. h) Correspondía a una operación que excedía las facultades que el Parlamento delegó en el Poder Ejecutivo para el manejo de la deuda pública, de acuerdo a lo indicado por el artículo 65 de la Ley N°24.156 de Administración Financiera.

9. i) No ofrecía certezas sobre un inminente despegue de la economía, e incluso profundizaba la recesión económica.

7. IMPACTO INTERPELATIVO DEL MEGACANJE ENTRE LOS PRINCIPALES REFERENTES POLÍTICOS Y SOCIALES

7.1. IMPACTO INTERPELATIVO DESDE EL ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LOS DISCURSOS

Desde el análisis de contenido de los discursos enunciados, la mayor parte de los referentes sociopolíticos que apoyaban la operación la consideraban una medida que había sido “exitosa” y necesaria. Sin embargo, desde el discurso oficial de De la Rúa y Cavallo se articulaba al canje con un éxito de la Argentina frente a los “especuladores” y los “pesimistas” que “apostaron contra el país”, mientras que el resto de los actores pro-canje no replicaban esta frontera política, ni empleaban las mismas “formas nominalizadas” (Verón, 1987). Los exponentes no gubernamentales que apoyaban la operación financiera tampoco replicaban los otros argumentos del discurso oficial, referidos a la reducción a futuro de las tasas de interés para los préstamos, limitándose a respaldar el acuerdo para evitar el peligro del default. Por último, los discursos favorables y críticos del canje coincidían en un punto: el riesgo de que la Argentina cayera en un default de la deuda externa. De este modo, ambas posiciones situaban en la frontera de exclusión a la cesación de pagos.

7.2. IMPACTO INTERPELATIVO DESDE EL ANÁLISIS DE LA ENUNCIACIÓN DE LOS DISCURSOS

7.2.1. GRADO DE ASERTIVIDAD DE LOS REFERENTES POLÍTICOS EN TORNO A LOS OBJETIVOS OFICIALES DEL CANJE

Desde el lado enunciativo, vinculado al modo de expresar y posicionarse en torno a los enunciados, las divergencias eran más notables. Por un lado, debemos destacar las particularidades de los exponentes clave del Gobierno (De la Rúa y Cavallo) y de los co-responsables del acuerdo, quienes asumían la más firme defensa del acuerdo. Estos referentes políticos clave del discurso oficial adoptaban un estilo asertivo y que expresaba un completo optimismo sobre los efectos benéficos del acuerdo para lograr los objetivos de crecimiento económico, reducción de las tasas a futuro y aumento de la confianza de los mercados. Podemos destacar los siguientes ejemplos, que expresan la plena asertividad:

“La Argentina consiguió inspirar confianza” (Cavallo).

“Despejará la incertidumbre financiera” (Cavallo).

“El costo del nuevo financiamiento para la Argentina será mucho menor” (Cavallo).

“Habrá más posibilidad para el financiamiento de las familias y las inversiones de las empresas” (Cavallo).

“Genera tranquilidad” (Colombo).

“Con esta operación comenzará la recuperación” y “mejorará toda la economía” (Mulford).

Al analizar el impacto interpelativo entre los actores políticos y sociales no gubernamentales, observamos que sólo algunos referentes replicaban el estilo enunciativo optimista del Gobierno:

“Soy optimista, porque la magnitud del canje fue realmente grande y nos sorprendió a todos” (Eduardo Elsztain).

“La noticia es excelente” (José de Mendiguren).

“La transacción fue un éxito” (Marcelo Bonelli, Clarín).

“El exitoso canje de deuda y el esfuerzo por mantener su sistema cambiario demuestran que la Argentina está en la dirección correcta” (Robert Mundell).

Estos actores asumían una plena asertividad, centrando el “éxito” del acuerdo en su capacidad de sortear el peligro de default:

“La megaoperación de canje de los bonos generó un indudable alivio, porque evita que Argentina entre en el peor de los escenarios económicos: un default de impredecibles consecuencias económicas y graves derivaciones políticas” (Marcelo Bonelli, Clarín).

“Despeja las dudas que subsisten en los mercados financieros sobre la capacidad de pago de la deuda pública” (periodista de La Nación).

La mayor parte de los actores clave, en cambio, eran más cautelosos y menos asertivos, abriendo la posibilidad a la duda:

“La pregunta es si el canje argentino podrá convencer a los acreedores de que deben dejar de preocuparse por la capacidad del país de pagar sus obligaciones” (Pablo Maas, Clarín).

La experiencia anterior del blindaje de finales del 2000, hecho con el que se comparaba la nueva operación, conducía a la cautela sobre los éxitos atribuidos al nuevo acuerdo:

“Ayer, con José Luis Machinea, fue el blindaje, según se apresuraron a bautizarlo quienes le atribuyeron sentido mágico y lo convirtieron en campaña publicitaria. Ahora, con Domingo Cavallo, será el megacanje y no son diferentes los riesgos que se corren de convertirlo en ´la solución´” (José López, La Nación).

Algunos de estos referentes empleaban metáforas organicistas, manteniendo la apertura a la duda, a partir del uso de formas adverbiales menos asertivas. Estos actores vinculaban al acuerdo con un “respiro de corto plazo” o con un poco de “oxígeno” para “ganar tiempo” y “salir del ahogo”.

“Lo que es más probable es que la Argentina termine pagando un alto costo, a cambio del beneficio de un respiro de corto plazo” (Pablo Maas, Clarín).

“Son extraordinarias operaciones financieras montadas para salir del ahogo” (José López, La Nación).

Argentina, en ese sentido, había pasado de “desangrarse” a la ”sala de emergencia”:

“Cuando Cavallo llegó al gobierno, la Argentina era un país que se desangraba en la mesa del quirófano de la sala de emergencia (…). Ahora, tras el canje, el país está en sala de recuperación. El paciente, por lo menos, dejó de sangrar” (Arturo Porzecanski).

Otros, empleaban metáforas futboleras como “patear la pelota hacia adelante” (Editorial de Clarín).

Finalmente, en un tercer nivel de intensidad, los referentes más críticos adjetivaban al canje como una operación “ruinosa” y “fracasada”, que sólo postergaba por un tiempo la virtual caída en el default:

“Cavallo continuó adelante con una operación ruinosa, con la única satisfacción de que es mejor que declarar una formal cesación de pagos” (Alfredo Zaiat).

“Es un intento desesperado e inconveniente de ganar tiempo. El oxígeno que logre el Estado será escaso y pronto se volverá a un cuadro de insolvencia” (Claudio Lozano).

“El megacanje no fue una solución de fondo al problema de la deuda. El Gobierno apenas si logró postergar por un tiempo el riesgo de default” (Claudio Slotnik).

“Escapar a una estruendosa caída inminente” (Cufré).

Empleando las metáforas futboleras, el canje no simbolizaba “patear la pelota hacia adelante”, sino:

“Apenas haberla desviado con esfuerzo al córner y las perspectivas para cuando se ejecute el tiro de esquina no son muy alentadoras” (Slotnik).

Otros apelaban a las metáforas organicistas, pero en este caso el acuerdo no implicaba pasar a “sala de emergencia”, sino darle “morfina” a un paciente con diagnóstico “terminal”:

“El canje es necesario, pero como la morfina para un enfermo terminal. Ayuda a calmarlo, pero no le salva la vida” (Carlos Rodríguez).

En los casos más extremos, se sostenía que el canje “aumenta la probabilidad de que la Argentina se declare en cesación de pagos” (Walter Molano), o bien se asumía la posibilidad de una “quiebra inminente” de la economía (Oscar Nudler).

7.2.2. GRADO DE ASERTIVIDAD Y OPTIMISMO DE LOS ACTORES CLAVE EN TORNO A LAS PERSPECTIVAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Un segundo eje de la discusión se vinculaba a las perspectivas a futuro en torno al objetivo de reactivar la economía. Mientras que los exponentes centrales del discurso oficial asumían un pleno optimismo y asertividad, la mayor parte de los referentes no gubernamentales abrían la posibilidad a la duda. Para algunos el canje no expresaba taxativamente una solución, pero “podía” ayudar a “ganar tiempo”:

“El megacanje de la deuda externa no es un fin en sí mismo, pero puede ayudar” (Ángel Rozas).

“La lógica del canje es la de ganar tiempo hasta que la economía se reactive” (editorial de Clarín).

En ese sentido, aunque el acuerdo alejaba al país del riesgo del default, no aseguraba de por sí la reactivación económica:

“Sin el canje –que no asegura per se la reactivación– ésta no tendría lugar, porque ahora aleja el fantasma de la cesación de pagos” (Miguel Bein).

“El canje es condición necesaria, pero insuficiente para la reactivación” (Ignacio Chojo Ortiz).

“(el acuerdo) no garantiza una reactivación” (Aldo Abram).

“Esto en sí mismo no resuelve el problema de la solvencia fiscal de la Argentina, ni trae por sí solo la reactivación” (José Luis Machinea).

En el marco del uso del adverbio de negación “no” y del conector adversativo “pero”, las expectativas sobre un futuro de reactivación económica eran cautelosas, sin dejar de mantener una visión positiva sobre el canje. Algunos de estos discursos condicionaban el objetivo de la reactivación al visto bueno de los “centros financieros”, a través de su “confianza”:

“Si los inversores de aquí y de afuera lo creen, el Gobierno habrá dado un importante paso adelante para recrear condiciones favorables a una reactivación. Sino, la salida de la recesión se volverá a postergar” (Fernández Canedo).

“La atmósfera en los centros financieros es menos de confianza, que de preocupación” (Pablo Maas, Clarín).

“Los acreedores están reclamando un blindaje político” (Ángel Rozas).

Sólo a partir de la recuperación de la “confianza” y la ”credibilidad” de “los mercados”, el país lograría una reducción del “costo del crédito”, lo que promovería un “arranque de la declinante economía argentina” (Aldo Abram). Otros, mantenían una visión positiva del acuerdo, pero condicionaban la reactivación a la aplicación de medidas más heterodoxas (Marcelo Bonelli).

Los referentes críticos sostenían, en contraste con los discursos oficiales, que los términos del acuerdo limitaban seriamente la reactivación:

“La tasa pactada es tan alta que Cavallo tendrá poco margen para conseguir la reactivación” (David Cufré).

“Las chances de expansión sostenida con más equidad distributiva son casi nulas, pues discriminan contra la producción y el trabajo nacional” (Héctor Valle).

Para los más críticos, la operación no dejaba ninguna chance de “despegue”, e incluso profundizaba la recesión económica:

“De ninguna manera ofrece certezas sobre un inminente despegue de la economía, después de tres años de recesión” (Claudio Slotnik).

“Para que se concrete la reactivación va a ayudar tanto como el blindaje, nada“ (Carlos Rodríguez).

Estos discursos refractarios sostenían que había que “rezar para que en los próximos meses aparezcan señales concretas de la reactivación” (Slotnik) y, en ocasiones, planteaban la posibilidad que “la crisis que se evitó ahora estalle más adelante” (Cufré), asumiendo un modo netamente pesimista.

8. OTROS TÓPICOS DE LA DISPUTA HEGEMÓNICA

Una pluralidad de referentes clave, en particular de las fuerzas político-partidarias y sindicales, se posicionaba públicamente sobre otros temas que excedían al Megacanje. Los temas de discusión público-mediática durante esta etapa giraban en torno a cuestiones institucionales y económico-sociales vinculadas a cuatro grandes ejes: la reforma política, la crisis de la empresa Aerolíneas Argentinas, la protesta social y la situación industrial ¹⁶.

8.1. LA REFORMA POLÍTICA Y EL AJUSTE DEL GASTO PÚBLICO

Uno de los ejes del debate público era la cuestión de la reforma política. Este tópico nos remite a un contexto más amplio de sedimentación de la llamada crisis de representatividad política. Desde la denuncia de corrupción del Senado para aprobar la ley de reforma laboral de mediados del 2000 se había acrecentado la crítica de la opinión pública a la “clase política”. La profundización de la crisis económica y social potenció el descontento con los dirigentes y los partidos tradicionales ¹⁷.

Continuando con su discurso de la “austeridad” con el que había llegado al poder, De la Rúa sostenía que había que realizar “una política de austeridad en todos los sentidos”. Ello hacía necesario no sólo luchar contra la corrupción, sino también “bajar el gasto público”, de manera tal de “dar el ejemplo desde arriba” (Clarín, 31/05/2001). De lo que se trataba era de brindar “señales de austeridad” (Clarín, 02/06/2001), mostrando que el ajuste no sólo lo hacían los trabajadores, sino también la dirigencia política. En ese marco, desde su mensaje de apertura de sesiones del Congreso del 1 de marzo del 2001 el Presidente se había referido a la necesidad de aprobar un proyecto de reforma política, que en el mes de mayo se hallaba en debate en el Senado (Clarín, 16/05/2001).

Sin embargo, en pleno debate sobre la reforma política, se difundió una resolución del presidente del Senado, el radical Mario Losada, por la cual se habilitaba a los senadores a cobrar 3.212 pesos de su medio aguinaldo. La medida generó resonancias tan negativas, que los senadores y diputados decidieran no cobrar sus aguinaldos o, en el caso de los senadores, aceptaron cobrar el aguinaldo, pero prometieron donarlo (Clarín, 31/05/2001). Esta medida, que iba a contramano del discurso de la austeridad, generó una crítica de diferentes actores de poder, incluyendo al Presidente. El senador frepasista Pedro Del Piero sostenía que “El Senado no para de hacer cosas a contramano de la gente” y que, en las condiciones de “sufrimiento de la gente”, era como “reírse delante de un moribundo” (Clarín, 31/05/2001).

En ese marco, Losada propuso que “frente a la fuerte y dolorosa” reacción que tuvo la medida, todos los senadores deberían donar el aguinaldo. En sus palabras, “la reacción que esto ha provocado demuestra el grado de cuestionamiento que tenemos los hombres de la política” (Clarín, 01/06/2001). Los senadores acordaron bajarse el aguinaldo, mientras que los diputados decidieron no cobrarlo y donarlo (Clarín, 01/06/2001). El dirigente justicialista Antonio Cafiero sostenía que “los políticos tenemos una profesión y una actividad que últimamente ha venido perdiendo credibilidad y prestigio” (Clarín, 19/05/2001) y que había decidido donar su aguinaldo, porque es “una cuestión de sensibilidad popular” (Clarín, 01/06/2001). Carlos Raimundi también se refería a la necesidad que se “terminen el exceso de gastos que hay en la Legislatura provincial” (Clarín, 02/06/2001). El senador Carlos Corach coincidía en que “no es casual que una de las peores crisis económicas sea acompañada de una de las más graves crisis políticas” y sostenía que “debemos hacer un gesto importante y tenderle las manos a la sociedad, aunque esta no las reciba” (Clarín, 17/05/2001). El radical Molinari también apoyaba el ajuste para “apuntalar los cimientos” del “sistema”, brindando “una respuesta a las demandas de la sociedad” (Clarín, 17/05/2001).

Aníbal Ibarra se hacía eco de este discurso de la austeridad. El Jefe de Gobierno porteño se refería a la “decisión de avanzar en un proceso de reforma política y administrativa” en la Ciudad de Buenos Aires para incorporar “estructuras más ágiles y transparentes” y “un mejor nivel de ejecución de las políticas” para favorecer a “la gente” y al “vecino común” (Clarín, 03/06/2001). El Gobierno de la Ciudad, además, contemplaba unificar planes sociales, fusionar áreas, achicar entes descentralizados y recortar el sueldo del personal contratado, realizando un ajuste para ahorrar unos 2 millones de pesos anuales.Según Raúl Fernández, Jefe de Gabinete porteño, una de las principales medidas previstas era la creación de un registro único de beneficiarios de planes sociales, puntapié inicial para la creación de una agencia de control (Clarín, 03/06/2001).

Los diputados Elisa Carrió y Alfredo Bravo, del partido Argentinos por una República de Iguales (ARI), centraban sus discursos en la cuestión de la honestidad pública, criticando la “traición” de la Alianza de sus principios fundacionales, la existencia de “traficantes financistas” y “delincuentes impunes” en el manejo de la Economía y reclamando la construcción de un “orden justo para nuestro pueblo” (Clarín, 17/05/2001 y 18/05/2001).

Desde las editoriales del diario Clarín también se criticaba “el enriquecimiento de los funcionarios” y se pedía “fomentar las pautas de honestidad y austeridad en la función de gobierno” (Clarín, 05/06/2001). El periodista Fernando González, en una nota intitulada “El recinto vacío mostró con crudeza la crisis de la política”, se refería a la existencia de una crisis de la “clase política” y se hacía eco del reclamo de “bajar los costos” de la “actividad política” (Clarín, 17/05/2001).

Otros referentes, sin embargo, cuestionaban el discurso de la austeridad de la “clase política”. El diputado peronista Oscar Lamberto, en una nota titulada “Lo que se oculta tras los gastos políticos”, sostenía que el llamado “costo de la política” en realidad representaba una porción ínfima del gasto social y que lo único que buscaban “los tecnócratas que hacen números” era ajustar “el presupuesto correspondiente a salud, promoción social, seguridad social, educación y cultura, ciencia y técnica, trabajo, vivienda y planificación”. La crítica al costo de la política, en ese sentido, constituía un argumento creado por “una usina económica del país que fundamentalmente apunta a bajar el gasto social”, porque “para ellos los pobres no tienen derecho a estar en la República Argentina” (Clarín, 31/05/2001).

8.2. LA CRISIS DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS

Un segundo tema de debate que aparecía con frecuencia en los principales diarios era la situación crítica de Aerolíneas Argentinas, empresa de transporte comercial de pasajeros privatizada en 1990. Este conflicto se había iniciado en abril del 2001, cuando la empresa decidió despedir a 450 técnicos. La respuesta de los trabajadores fue un paro de nueve días, durante los cuales ningún avión de la empresa pudo despegar, ya que antes deben ser revisados por los técnicos. Tras dictar la conciliación obligatoria, el Ministerio de Trabajo obligó a Aerolíneas a reincorporar a los 450 técnicos e inició negociaciones con ambas partes. El 3 de mayo la empresa pudo reanudar sus vuelos, aunque operando sólo con la mitad de ellos.

Sin embargo, luego de comunicar que el paro le había causado un perjuicio en sus ingresos superior a los 20 millones de dólares, la empresa española a cargo de la aerolínea decidió postergar el pago de los salarios del mes de abril, generando la crítica de los trabajadores por los salarios adeudados. Luego de convocar a la conciliación obligatoria, el Ministerio de Trabajo llegó a un acuerdo con seis de los siete gremios.

El líder de la Confederación General del Trabajo (CGT) disidente, Hugo Moyano, defendía a los trabajadores frente a la patronal, sosteniendo “Qué carajo tienen que ver los trabajadores con el afano que han hecho los gallegos. Esto es un problema político y si el Gobierno no lo resuelve es porque no tiene las agallas suficientes”. Moyano sostenía, además, que “el pueblo argentino está dispuesto a presentarle batalla a estos colonialistas modernos” y que “si el pueblo se decide, vamos a ganar la guerra” (Clarín, 01/06/2001).

El otro dirigente que se posicionaba críticamente era el ex presidente Raúl Alfonsín, quien en una nota intitulada “Cómo salvar a Aerolíneas”, se refería a “las turbulencias en que se viene desarrollando la suerte de uno de los símbolos de la ciudadanía argentina”, la “emblemática Aerolíneas Argentinas”. Aunque criticaba a la privatización, el dirigente radical “descartaba” de plano su “estatización” y reclamaba, en cambio, una mayor “regulación” de la empresa y la incorporación de planes de “competitividad” orientados al objetivo del “bien común” (Clarín, 31-05-2001).

8.3. LA PROTESTA DE LOS MOVIMIENTOS PIQUETEROS Y LA CUESTIÓN SOCIAL

Un tercer tema problematizado era la situación social. En mayo del 2001 la cifra de desempleo había alcanzado un total de 15,4% y se habían producido 13.000 despedidos y 14.500 suspensiones sólo entre los meses de enero y mayo de ese año (Clarín, 05/06/2001). Al compás del crecimiento del desempleo y la marginalidad social, se potenciaron las protestas sociales en distintos puntos del país. Los principales focos de protesta en esta etapa eran los piquetes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) en La Matanza (Provincia de Buenos Aires), motivados por el recorte de los planes asistenciales y la falta de empleo (Clarín, 18-05-2001). Sin embargo, las movilizaciones sociales contra la política económica se extenderían a las provincias de Salta y Jujuy, reclamando “planes trabajar” y “ayuda social”, y a la ciudad de Ushuaia (Clarín, 02/06/2001).

De la Rúa atribuía las protestas sociales de los piqueteros a “elementos políticos” (Clarín, 16/05/2001) y a “operativos políticos” (Clarín, 17/05/2001). La Ministra de Trabajo Patricia Bullrich coincidía en que “no es la gente la que sale espontáneamente a las calles, sino grupos absolutamente organizados por dirigentes que tienen por objetivo manejar una porción de planes de empleo y tener una organización permanentemente movilizada” (Clarín, 16/05/2001). Ramón Mestre, titular del Ministerio del Interior, insistía en señalar la presencia de “activistas políticos” detrás de las protestas (Clarín, 18/05/2001).

Otros referentes políticos, en cambio, presentaban una posición diferente. El titular de Desarrollo Social, el frepasista Juan Pablo Cafiero, sostenía que “tenemos que ser humildes y reconocer que al Estado le ha ido mal en su lucha contra la exclusión social” (Clarín, 17/05/2001). Federico Storani, ex ministro del Interior, criticaba también la posición oficial de atribuirle a las protestas motivaciones políticas: “Decir que todos los que están allí son agitadores supondría que el único camino que queda es la represión” (Clarín, 17/05/2001).

La oposición justicialista acentuaba las críticas. En el marco de la deuda del gobierno central con las Gobernaciones por el pago de salarios, el intendente de La Matanza (Provincia de Buenos Aires), Alberto Ballestrini, acusaba a la Casa Rosada de “falta de responsabilidad” y “negligencia política” por incumplir sus promesas de ayuda social (Clarín, 18/05/2001). Según Ballestrini, había “18 zonas rojas de peligro social” en su partido, y sostenía que “cabría la posibilidad de que haya manifestaciones espontáneas de gente que quiera exteriorizar su bronca por el desempleo” ¹⁸ (Clarín, 16/05/2001). Raúl Othacehé, intendente de Merlo (Provincia de Buenos Aires), se refería a una “Argentina que muere a fuego lento, mientras los que tienen la responsabilidad de salvarla no se dan cuenta” (Clarín, 18/05/2001).

Desde el sindicalismo, la crítica al modelo económico era liderada por Hugo Moyano, quien sostenía que “tenemos que declararle la guerra a la desocupación, combatiendo con todas las fuerzas contra este modelo económico de esclavitud” (Clarín, 01/06/2001). En un comunicado de la CGT disidente, junto con una referencia crítica al “nuevo megacurro de Domingo Cavallo”, Moyano se refería a la presencia de “un modelo económico que no se soporta más” (Clarín, 04/06/2001). La CGT oficialista, en cambio, se mostraba más negociadora. Su titular, Rodolfo Daer, junto a Armando Cavallieri, promovían un “espíritu de colaboración” para “recrear medidas económicas diferentes” (Clarín, 03/06/2001).

8.4. LA SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL

Un cuarto tópico socialmente problematizado refería a la situación de la industria nacional, en el marco de las políticas de liberalización comercial del Gobierno y la recesión económica. Desde el Foro Automotor, que contaba con la presencia de sectores empresariales y sindicales de la industria, se sostenía que “en el último año desaparecieron 12.000 empleos, 20 empresas y 100 concesionarios” y planteaba tres cuestiones al Ministro Cavallo: “1) Con las actuales condiciones no podemos seguir, 2) Para no ser una mera armaduría debemos aplicar una política de fondo, y 3) Como punto de partida debe cumplirse con el contenido local de piezas que deben tener los autos producidos en la Argentina” (Clarín, 17/05/2001). Otros referentes industriales, como Paolo Rocca (grupo Techint), apoyaban en general al Gobierno, pero reclamaban más desarrollo industrial y empleo (Clarín, 03/06/2001), mientras que Eduardo Baglietto (titular de la Cámara Argentina de la Construcción) pedía revitalizar el papel de la empresa nacional para “superar la crisis de identidad” (Clarín, 01/06/2001).

9. LOS DOS PAQUETES DE DISCURSOS DE LA DISPUTA HEGEMÓNICA

En medio de la negociación financiera con los acreedores, observamos la existencia de una pluralidad de referentes políticos y sociales que apoyaban o criticaban, en diferente grado, al Megacanje y otros que se posicionaban sobre temas ajenos, vinculados al gasto de la política y la corrupción, la crisis de Aerolíneas Argentinas, la situación de la industria nacional y la cuestión social. A partir del análisis de los discursos enunciados durante esta etapa, podemos identificar dos formaciones discursivas, cada una con sus propias particularidades.

Por un lado, se hallaban las visiones más ortodoxas, que agrupaban a un conjunto de referentes políticos que cuestionaban al gobierno “por derecha”. Estos referentes, la mayoría de ellos economistas de usinas neoliberales, adoptaban un estilo tecnocrático y un discurso economicista, centrado en el objetivo casi excluyente de alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas mediante políticas fiscales restrictivas.

Por el otro, se encontraban las visiones heterodoxas, que cuestionaban al Gobierno “por izquierda”. Este campo integraba a una pluralidad heterogénea de referentes sociopolíticos que compartían como mínimo común denominador una crítica al ajuste ortodoxo y a las reformas neoliberales extremas y una defensa selectiva de la intervención del Estado para promover el desarrollo de la producción nacional. En contraposición a la matriz ultra-liberal del primer paquete de discursos, estos referentes políticos asumían una formación discursiva heterodoxa, vinculada a una concepción productivista nacional. Los exponentes de esta discursividad, una parte de ellos agrupados desde 1999 en el Grupo Productivo, presentaban niveles diferenciales de radicalidad frente al modelo económico. Algunos, como los sectores vinculados al desarrollo de la industria nacional, centraban su crítica en la apertura económica extrema (que perjudicaba a las pymes orientadas al mercado interno) y la rigidez del tipo de cambio (que limitaba la competitividad de las industrias con capacidad exportadora). Otros, liderados por el sindicalismo, cuestionaban más radicalmente al modelo económico y colocaban el eje en los problemas de desempleo, salarios congelados y marginalidad social, que afectaban a los trabajadores.

Por último, en ocasiones se presentaban combinaciones de elementos ortodoxos y heterodoxos. Así, por ejemplo, el periodista de Clarín Marcelo Bonellí reclamaba aplicar “medidas que alienten el consumo” para “reanimar la demanda”, a partir de una “mejora” en el “poder adquisitivo de la población” y, al mismo tiempo, pedía “cumplir con las metas fiscales pautadas en el acuerdo con el Fondo Monetario y avanzar en las reformas estructurales pendientes” para equilibrar las cuentas fiscales y generar confianza en “los mercados”. De este modo, se articulaban de forma contradictoria políticas recesivas de ajuste ortodoxo del gasto, junto a otras de expansión del consumo interno y la inversión pública y social.

10. PROYECTOS ALTERNATIVOS FRENTE A LA CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL

A la hora de construir alternativas programáticas frente a la crisis económica y social, los referentes políticos de ambos espacios presentaban posiciones contrapuestas. Las posiciones más ortodoxas reclamaban profundizar las políticas de “flexibilización en serio”, “rebajas impositivas” y políticas de “libre empresa”, con el objeto de alcanzar el superávit fiscal (Carlos Rodríguez). Ello implicaba continuar con las “reformas pendientes” (Carlos Melconián), reduciendo el “gasto político” (Goldman Sachs), incorporando una “rebaja de impuestos para incentivar la demanda y planes de competitividad para incentivar la oferta” (Lacoste) y “controlando” el “gasto público”. De esta manera, se lograrían mantener las pautas fiscales para obtener la confianza de los inversores y promover el crecimiento, garantizando la continuidad del plan económico (Julio Arranz, Fitch IBCA). Los periodistas de La Nación coincidían en que la “operación financiera no basta” y que el problema central era la existencia de un “déficit público” que era “insostenible”. La solución a la “incertidumbre” consistía en un mayor “ajuste fiscal”.

Las posiciones heterodoxas, en cambio, sostenían que para salir de la “depresión económica” el Estado debía “invertir en planes productivos” (Héctor Valle) y se debía edificar una “nueva estrategia productiva y de inserción internacional” (Ignacio Chojo Ortiz). Entre los referentes más combativos de este espacio se destacaba la figura de Hugo Moyano, quien asumía una crítica radical a los “colonialistas modernos” y se posicionaba “combatiendo con todas las fuerzas contra este modelo económico de esclavitud”, un modelo económico que “no se soporta más”. Sin embargo, a la hora de construir el eje programático, Moyano se centraba en un discurso destituyente del Ministro de Economía. En ese sentido, sostenía, con tono amenazante, que “si Cavallo manotea las reservas del Banco Central, vamos a convocar a un cabildo abierto, como el que organizó el peronismo para echar a (el ex Ministro de Economía) López Rega, para echar a este otro brujo que nos ha endeudado y empobrecido, que es el Ministro de Economía” (Clarín, 01/06/2001).

El otro referente político que trascendía la crítica para construir una propuesta programática de “positividad”, condición de posibilidad para tener éxito hegemónico (Laclau y Mouffe, 1987: 235-236) era Raúl Alfonsín. El ex Presidente cuestionaba a la figura de Cavallo por “destruir” al país en los últimos diez años. Junto al economista Eduardo Curia, quien no veía “alternativa válida dentro del modelo de convertibilidad para reactivar” (Clarín, 03/06/2001), Alfonsín era el único exponente clave que incluía en esta etapa una crítica a la paridad cambiaria entre el peso y el dólar, porque “tiene al país crucificado”. Sin embargo, desde el plano de la construcción de alternativas, sólo proponía “dejar de pagar dos años de intereses (de la deuda externa) para usar ese fondo en capitalizarnos y también pagar deudas” (Clarín, 16/05/2001), sin reclamar la devaluación de la moneda, ni construir un programa alternativo al orden neoliberal. Mario Cafiero asumía una posición un poco menos radical, que demandaba un acuerdo nacional para solucionar el problema de la deuda, aunque tampoco elaboraba una propuesta programática concreta.

Los otros referentes heterodoxos críticos del modelo económico y social se limitaban a realizar protestas puntuales y defensivas por cuestiones salariales y de preservación de los puestos de trabajo (Aerolíneas, piqueteros de La Matanza, Salta y Jujuy). En otros casos, como en los exponentes vinculado al desarrollo industrial, se cuestionaba la situación de la industria, pero sólo se reclamaba como respuesta una mayor regulación sectorial (Foro Automotor) o una vaga propuesta “reparadora” al “problema del hambre” (UIA). Sin embargo, estos sectores preservaban un tono conciliador con el Gobierno y no construían un proyecto alternativo al orden neoliberal, manteniéndose en un plano prescriptivo (vinculado al deber ser), antes que programático (vinculado al poder hacer).

De manera tal que en esta etapa ninguno de los actores políticos clave realizaba un cuestionamiento público al núcleo nodal de la hegemonía neoliberal, vinculado a la estabilidad y su encadenamiento orgánico con la Convertibilidad y las reformas neoliberales. Al no cuestionar la estabilidad económica, se mantenía el acuerdo sobre la no devaluación. De este modo, aunque existían críticas puntuales al canje de la deuda y a los efectos regresivos del modelo económico y social, y algunas demandas puntuales para lograr una reactivación de la economía por una vía heterodoxa, los principales referentes sociopolíticos no reclamaban públicamente una salida devaluatoria, ni presentaban un eje programático que permitiera articular un proyecto alternativo, manteniendo un consenso tácito sobre la estabilidad monetaria y la continuidad del modelo de Convertibilidad.

11. CONCLUSIONES

Durante la renegociación financiera del Megacanje se presentaban diferentes posicionamientos públicos sobre la operación. A nivel de contenido, los que aprobaban el acuerdo lo consideraban un éxito del Gobierno y lo vinculaban a la creación de un clima propicio para lograr confianza en los mercados, generar crecimiento económico, disminuir el costo de financiamiento a futuro y evitar el default de la deuda externa. Desde el lado enunciativo, asumían un optimismo sobre el futuro de la economía. Los que lo cuestionaban destacaban que, lejos de ser un éxito, representaba un mero paliativo que no eliminaba el riesgo de cesación de pagos ni había logrado generar confianza en los inversores, que se habían pagado tasas altas de interés a los acreedores, que incrementaba el monto de la deuda externa y el costo financiero y comprometía la salida de la recesión. Estos referentes críticos coincidían en una visión pesimista sobre el futuro del país y de la economía.

En la segunda parte se colocó el eje en la dimensión del impacto hegemónico, buscando elucidar la eficacia interpelativa de los argumentos oficiales desde el plano textual del discurso. Desde el análisis de contenido, se halló que la mayor parte de los referentes que apoyaban la operación no replicaban las fronteras políticas ni las formas nominalizadas que empleaban los discursos de De la Rúa y Cavallo, quienes contraponían el éxito del acuerdo al fracaso de los especuladores y los pesimistas que apostaron contra el país. Los exponentes no gubernamentales tampoco replicaban otros argumentos del discurso oficial, referidos a la reducción a futuro de las tasas de interés, limitándose a respaldar el acuerdo para evitar el peligro del default. De este modo, coincidían con los discursos críticos de la operación, quienes también situaban en la frontera de exclusión a la cesación de pagos de la deuda externa. Desde el lado enunciativo, los referentes posicionados como interpelados expresaban niveles diferenciales de crítica y refracción frente a los argumentos oficiales en torno a dos cuestiones: los beneficios del Megacanje y las perspectivas de reactivación económica.

En relación al primer punto, las refracciones se expresaban en el grado diferencial de asertividad de los discursos. Mientras que algunos adjetivaban al acuerdo como excelente, como un éxito y como una decisión correcta y empleaban adverbios de afirmación para referirse al “indudable alivio” del canje, la mayor parte de los actores clave eran más cautelosos y menos asertivos, incorporando una apertura a la duda, sin dejar de respaldar la operación. La refracción discursiva parcial se ponía de manifiesto a partir del empleo de metáforas organicistas y futboleras. Algunos referentes vinculaban al canje con “patear la pelota hacia adelante” para ganar tiempo. Otros, más radicales, lo relacionaban a “patearla al córner”, lo que mantenía el peligro. Aquellos que empleaban las metáforas organicistas se referían al acuerdo como un “respiro” o “un poco de oxígeno” para el país. Los más críticos describían metafóricamente a la Argentina como un “paciente terminal”, que sólo había pasado a “terapia intensiva”, manteniendo el riesgo latente del derrumbe del sistema. En cuanto a las perspectivas de reactivación de la economía, la mayoría de los agentes eran cautelosos. Ello se expresaba mediante el uso del adverbio de negación “no”, del adverbio de duda “puede”, o bien del conector adversativo “pero”. La experiencia del blindaje de diciembre del 2000 reforzaba la cautela sobre las perspectivas de éxito de la nueva operación y conducía a emplear el modo condicional. Entre los referentes críticos se sostenía que las chances de reactivación económica eran reducidas o limitadas, lo que se expresaba en el empleo de los adverbios de cantidad “poco” o “casi nulas”, mientras que los más pesimistas, que denotaban el máximo grado de refracción interpelativa, sostenían lo contrario al discurso oficial, destacando que el Megacanje no dejaba “ninguna” chance de crecimiento y que, incluso, iba a profundizar la recesión económica, acentuando el camino hacia la “inminente” cesación de pagos.

Junto con estas cuestiones, podemos destacar algunos elementos adicionales que se desprenden del análisis político de los discursos. Un primer aspecto relevante radica en que los posicionamientos sobre la operación se centraban en actores económicos y, en particular, en economistas y banqueros del establishment, así como en los periodistas económicos de los principales diarios, quienes se limitaban a presentar sus diagnósticos políticos y prescribir el “deber ser”. Los referentes clave de las fuerzas políticas, sindicales y empresariales, quienes cuentan con una mayor capacidad programática y con los recursos simbólicos e institucionales para modificar las condiciones histórico-políticas desde el “poder hacer” (Verón, 1987), prácticamente no se referían a la operación, convalidándola tácitamente.

Un segundo aspecto relevante de la disputa de sentidos concierne a las cuestiones no dichas, que resultan centrales en las operaciones hegemónicas. Se observó que los actores políticos que se posicionaban sobre el Megacanje lo relacionaban al peligro de caer en un default, pero sin mencionar los vínculos estrechos entre el endeudamiento del Estado y el mantenimiento de la Convertibilidad, que requería del endeudamiento externo para incrementar las reservas monetarias y evitar el otro gran temor colectivo: la devaluación de la moneda. De este modo, no se expresaba públicamente la relación técnica que existía entre el Megacanje y la necesidad que ingresaran divisas para poder mantener en pie el esquema de paridad cambiaria. Tampoco se mencionaba la funcionalidad de la renegociación para garantizar la fuga sistemática de capitales del sector privado para la valorización financiera, cuyo déficit de cuenta corriente era financiado mediante el endeudamiento del Estado. En ese sentido, no se decía que el canje no solo dilataba el inminente default, sino que postergaba el derrumbe del régimen de Convertibilidad. Al no realizar esta conexión entre endeudamiento externo, fuga de capitales del sector privado, Convertibilidad y estabilidad, los actores clave no reclamaban públicamente una devaluación de la moneda, manteniendo un consenso tácito en torno a la estabilidad económica, punto nodal de la hegemonía neoliberal.

Pero además, había otros ejes centrales de la renegociación que tampoco se mencionaban públicamente. Como señala García (2001), durante la operación hubo una estrategia, no explicitada, basada en la influencia que ejercieron los grandes bancos sobre las variables financieras y la opinión de los operadores, para que el canje pareciera inevitable, a través de tres instrumentos esenciales: su poder de lobby, los valores del “riesgo país” y las calificaciones de las más reputadas consultoras, que castigaron duramente a la Argentina en los días previos al Megacanje, cuando se estaban decidiendo los precios de los bonos y las tasas de interés de la operación. Otra herramienta de lobby fue el mantenimiento de altas tasas domésticas de interés, que indirectamente repercutieron en las tasas definitivas del canje. Una tercera estrategia de los bancos consistió en la participación directa en la operatoria como agentes colocadores, estableciendo sus propias características y el menú de bonos a canjear. El Gobierno, por su parte, ofreció una amplia gama de bonos a precios que convalidaban los valores del mercado, que tenían implícitas tasas de interés superiores al 15% (García, 2001). Entre los exponentes políticos clave, pocos mencionaban públicamente estas condiciones netamente favorables a los intereses y demandas de los acreedores, y quienes lo hacían, sólo destacaban las multimillonarias comisiones que se pagaron para los agentes colocadores. Sin embargo, no vinculaban a la operación con la fuga de capitales para la valorización financiera del sector privado más concentrado y cómo ello generaba una pérdida de reservas del Estado y la consiguiente necesidad de endeudarse para poder mantener en pie al 1 a 1.

Un tercer elemento que observamos desde el análisis de lo no dicho es que los discursos críticos del Megacanje no elaboraban alternativas de crecimiento sin endeudarse, incentivando el consumo interno y/o distribuyendo el ingreso nacional de forma progresiva. Tampoco mencionaban la alternativa de realizar una moratoria o no pago de la deuda externa, con el objeto de recuperar la soberanía política nacional. Ello nos permite señalar que en esta etapa, al igual que ocurría en los años 90, existían tópicos que permanecían como tabú entre los actores clave.

Teniendo en cuenta los escasos posicionamientos de los referentes de las fuerzas políticas y sindicales en torno al Megacanje, en la tercera parte se analizaron los posicionamientos de los actores clave en torno a otros tópicos. Durante la etapa de renegociación de la deuda, una pluralidad de exponentes hacía mención en la escena pública a temas que excedían a la operación, que se vinculaban al gasto de la política y la corrupción, la crisis de Aerolíneas Argentinas, la situación de la industria nacional y la cuestión social. La mayor parte de los dirigentes de las fuerzas políticas se centraban en la crisis de representatividad de la “clase política” y la necesidad de reducir los gastos de la política para recuperar legitimidad social y brindar gestos de austeridad ante la gente. Los exponentes sindicales situaban el eje de la discusión en la cuestión social, defendiendo las fuentes de trabajo y los salarios de los trabajadores, mientras que empresarios industriales criticaban los problemas puntuales del sector.

A partir del análisis de los posicionamientos público-mediáticos, se conceptualizaron las formaciones discursivas de la disputa hegemónica. En esta etapa existían dos formaciones enfrentadas. La primera de ellas, de matriz ortodoxa, nucleaba a una serie de referentes tecnocráticos que reclamaban profundizar las políticas neoliberales para garantizar el equilibrio fiscal y obtener confianza de los mercados. La segunda formación, de matriz heterodoxa, condensaba a un conjunto más amplio y heterogéneo de actores clave que convergían en un reclamo para reactivar la economía mediante el desarrollo de la producción nacional y el consumo interno. Los principales referentes de las posiciones heterodoxas sólo expresaban reclamos particularistas y puntuales, ya sea para aumentar los planes sociales y garantizar la conservación del empleo y los niveles salariales de los trabajadores, como en las protestas de los movimientos piqueteros y los reclamos sindicales en la empresa Aerolíneas Argentinas, o bien para proteger selectivamente a la industria nacional de la competencia internacional, como en la UIA y el Foro Automotor. En otros casos, como en los discursos de Alfonsín, se criticaba también a la Convertibilidad. Sin embargo, a la hora de analizar la construcción de alternativas programáticas, se halló que los exponentes políticos clave de esta formación mantenían posiciones dispersas y desarticuladas y no cuestionaban públicamente al núcleo medular de la hegemonía neoliberal, que encadenaba a la estabilidad económica en torno al 1 a 1 con las reformas y ajustes estructurales. De manera similar a lo que ocurría en los años 90, el mantenimiento de este consenso tácito obturaba la posibilidad de reclamar una salida devaluacionista y articular un programa alternativo al modelo de Convertibilidad.

La firma del Megacanje de junio del 2001 demostró ser un negociado fenomenal que el Estado le entregó a los bancos privados locales e internacionales, tanto a través de la convalidación de elevadas tasas de interés, como por las millonarias comisiones para los acreedores, que sumaron más de 150 millones de dólares, en muchos casos producto del lobby para canjear sus propios bonos. En un contexto de creciente desocupación y marginalidad social, la operación significó para el gobierno de la Alianza asumir una clara subordinación a los intereses y demandas del capital internacional, privilegiando el pago de la deuda externa, por sobre la inversión pública y social en infraestructura, salud y educación de calidad. Al mismo tiempo, significó un colchón para garantizar la permanencia de los mecanismos de fuga de capitales y valorización financiera de los grupos económicos. El Estado decidió priorizar, así, los intereses del capital económico y financiero local y transnacional, con sus mecanismos de rentabilidad extraordinaria vía especulación financiera y escaso esfuerzo innovador, en desmedro del desarrollo productivo y tecnológico nacional y el derecho social y humano de las mayorías populares a contar con un trabajo y un salario dignos. La operación, además, demostró ser un enorme fracaso en sus objetivos explícitos, ya que no sólo significó un aumento fáctico de la deuda pública, en función del incremento incesante de los intereses, sino que tampoco contribuyó a la reactivación económica. Por el contrario, profundizó la crisis, postergando la inminente caída en el default y la devaluación de la moneda. Pocos meses después, el orden neoliberal y su modelo de endeudamiento estructural, concentración del ingreso en pocas manos y exclusión social de las mayorías populares, explotaría por los aires, llevándose consigo al propio gobierno de la Alianza.

A partir del 2002, luego de la abrupta salida de la burbuja fantasmática del 1 a 1, comenzó a estructurarse un modelo de acumulación diferente, que promovía el crecimiento desde un enfoque heterodoxo y priorizaba el desarrollo de la producción nacional con un tipo de cambio flotante y competitivo y bajas tasas de interés, frente a la valorización financiera del capital y el endeudamiento externo sistemático de la etapa anterior. La llegada al poder de Néstor Kirchner radicalizó este enfoque heterodoxo, a través de una política de desendeudamiento que logró, durante el año 2005, una importante reducción porcentual del nivel de la deuda externa en relación al PBI. Si bien no solucionó el problema, y tampoco pudo evitar la permanencia de la estrategia de dolarización y fuga de capitales del sector privado, el kirchnerismo obtuvo un mayor margen de autonomía y soberanía nacional frente a las presiones de los acreedores externos y logró frenar el retorno del ciclo de endeudamiento y ajuste ortodoxo, el mismo que condujo a la Argentina al derrumbe económico y social de diciembre del 2001.

Agradecimientos

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Notas

Notas de autor

Información adicional

Formato de citación: Fair, H. (2017). “Crisis del modelo de Convertibilidad y reformas neoliberales en Argentina. Posicionamientos, discursos y disputas por la hegemonía durante el Megacanje de la Alianza”. Aposta. Revista de Ciencias Sociales, 73, 221-280, http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/herfair1.pdf