1. Introducción¹

La gestión territorial de las políticas sociales por parte de las poblaciones destinatarias, constituye una práctica extendida vinculada a la producción y reproducción de la vida en los núcleos familiares en condiciones de pobreza. Pues las prácticas vinculadas al acceso y permanencia en el marco de una política social implican un número significativo de interacciones con diferentes jurisdicciones estatales (barriales, municipales, provinciales o nacionales), institucionales (dispensarios, salas de atención primaria de la salud, escuelas, centros de integración, iglesias, organizaciones no gubernamentales, cooperativas, etc.) e interaccionales (centro vecinal, dirección del centro de salud, dirección de la escuela, relaciones entre pares, etc.). En este sentido, la gestión de la política social dirigida a la pobreza implica una participación insustituible de la población destinataria que entra en diálogo con otros modos de intervención a nivel territorial que resignifican la política social bajo análisis. Es decir, la política social no “baja” de modo lineal a las poblaciones destinatarias, sino que se inscribe en trayectorias donde confluyen los tránsitos por otras políticas sociales (Cena, 2018), por el mercado de trabajo, con instituciones de educación, organizaciones no gubernamentales, es decir, condiciones de producción y reproducción de la vida donde se resignifican.

En dicho contexto, se propone discutir la posibilidad de conceptualizar una tercera jornada laboral vinculada a la gestión de las políticas sociales que realizan las mujeres destinatarias. La particularidad de la noción es que se vincula a lo que se denomina cuidados sociales (Daly y Lewis, 2000) relacionados a la producción y reproducción de la vida familiar en la intersección entre el espacio público/privado. La población con la que se ha trabajado –en el marco de una investigación más amplia– está conformada por las destinatarias de los conocidos Programas de Transferencias Condicionadas de Ingresos (PTCI) que en particulares condiciones de producción y reproducción de la vida forman parte de los tránsitos por las políticas sociales (Cena, 2018).

Desde mediados del siglo XX, las políticas sociales no contributivas se han extendido como los modos de abordajes de una de las problemáticas derivadas de la cuestión social: la pobreza y el empleo informal. Este tipo de políticas sociales no contributivas, han adquirido diferentes perfiles de los cuales el Grupo de Estudios sobre Políticas Sociales y Emociones (GEPSE) del Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos (CIES) del que formo parte ha explorado algunos: como las transferencias monetarias condicionadas (De Sena, 2015; Cena, 2015), los denominados ingresos ciudadanos o rentas básicas (De Sena, 2016), los programas vinculados al consumo de alimentos (Sordini, 2018), los subsidios al consumo (Cena y Chahbenderian, 2012; Cena, Chahbenderian, D’hers y De Sena, 2014; Chahbenderian, 2015; Chahbenderian y Mattei, 2013; Dettano, 2015) la cooperativización de movimientos sociales vía subsidio estatal (Pellón, 2016) y, al parecer, por el número masivo de poblaciones destinatarias, los montos de financiamiento y su perdurabilidad en el tiempo, este tipo de intervenciones sobre las poblaciones parece ser que han llegado para quedarse (Scribano, 2015). El posicionamiento desde la perspectiva crítica, el paradigma de la complejidad y la problematización de los cuerpos/emociones ha sido una preocupación de los trabajos nucleados en el GEPSE (De Sena, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018; Cena, Chahbenderian y Dettano, 2014; Dettano, Chahbenderian y Cena, 2016), para dar cuenta de los perfiles que han asumido las políticas sociales no contributivas, al menos, en las primeras décadas del siglo XXI con los denominados Programas de Transferencias Condicionadas de Ingresos (en adelante PTCI).

Los conocidos, y extendidos en la región latinoamericana, PTCI se han posicionado como un tipo de políticas sociales de atención a la pobreza y al desempleo que casi se ha impuesto como objeto de estudio para la sociología. Ello no solamente por el número de población bajo su cobertura que ronda en los 127 millones en la región; los presupuestos destinados que albergan el 0.4% del Producto Bruto Interno regional; su extensión territorial que implica se encuentren presentes en más de 18 países a nivel continental –y que aunque aquí no es objeto de discusión a nivel de todo el sur global (De Sena, 2016)–; sino también porque las políticas sociales se han instalado como un nodo central de análisis. Pues se imponen como objeto de estudio sociológico en las sociedades contemporáneas, devolviendo la pregunta por las posibilidades y límites de la existencia de las sociedades como resultado de relaciones de interdependencia, que transitan el intrincado sendero entre la cohesión y el conflicto social (Offe, 1990).

En términos resumidos, los PTCI constituyen transferencias de dinero en efectivo a las familias en condiciones de pobreza y con hijos, hijas y/o adolescentes a cargo, bajo la exigencia –comúnmente denominada condicionalidad– de cumplir con determinados certificados regulares de asistencia escolar y exámenes de salud. Los PTCI inscriben sus lógicas de funcionamiento en la feminización de los cuidados, pues las mujeres se han posicionado como las “protagonistas” a nivel regional y para el caso argentino, al menos desde mediados de 2002. Pues desde el diseño y puesta en marcha de los PTCI han ocupado un lugar preponderante. El primer programa de su tipo en Argentina, fue el Programa de Atención a Grupos Vulnerables-Ingreso para el Desarrollo Humano (en adelante PAGV-IDH) de 2002. Si bien los datos son variables, hay un relativo consenso en sostener que asistió a 204.965 hogares, estimando una demanda potencial de 972.544 (Pardo, 2005). Eso se tradujo en 1.340.000 niños, niñas y adolescentes (Llobet, 2008). Dentro de los requisitos de acceso al programa se encontraba el ser mujer y tener niños, niñas y/o adolescentes a cargo. Este proceso que se inicia en 2002, continúa profundizándose a lo largo de las primeras dos décadas del siglo XXI. Pues, aunque en el programa correlativo en el tiempo no fue dirigido exclusivamente a las mujeres, éstas tomaron un protagonismo y peso que se iría acentuando paulatinamente.

Tal es la situación del Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (en adelante PJyJHD) implementado también en 2002, que más allá de que fue dirigido indistintamente a hombres y mujeres jefes de hogar, las mujeres se impusieron proporcionalmente, pues el 70% (Cruces, Epele y Guardia, 2008) de destinatarias fueron mujeres y, dentro del grupo de mujeres, el 60% de ellas no tenía cónyuge y se encontraban a cargo de su hogar (Rosas, 2007).

Con el Plan Nacional Familias por la Inclusión Social (en adelante PNFIS) implementado en 2004, las mujeres vuelven a surgir como las protagonistas directas de un PTCI en Argentina –al tiempo que son clasificadas y calificadas como inempleables²–, lo que empieza a delinear un aspecto fundamental: las mujeres son la contraparte insustituible de los programas de transferencia de dinero y condición de posibilidad de su éxito, en términos de ejecución en territorio, a lo largo del tiempo.

De este modo, para el año 2007 se registraron 539.386 familias destinatarias (Cruces, Epele y Guardia 2008), de las cuales el 91.6% fueron mujeres (Rosas 2007). La posición de las mujeres continúa acentuándose en las transferencias monetarias estatales, dado que con la Asignación Universal por Hijo (en adelante AUH) implementada en 2009 junto a la masificación de los niños, niñas y adolescentes incluidos, se masifica la cantidad de mujeres bajo su órbita. Pues, para diciembre de 2011 tuvo 3.527.527 destinatarios/as y 1.9 millones de titulares, de las cuales el 91.2% fueron mujeres y el 8.8% varones (Observatorio de la Seguridad Social 2011: 19).

En este escrito se trabaja con un concepto de las políticas sociales desde un enfoque que recupera su complejidad, pues la ejecución de los programas sociales, en el caso aquí trabajado los PTCI, se inscriben en determinadas trayectorias de vida, territoriales y relacionales que caracterizan a cada espacio, población destinataria y momento específico. Las intervenciones estatales materializadas en las políticas sociales no afectan cuerpos inertes o inanimados. Implican la puesta en diálogo de cuerpos/emociones (Scribano, 2012) con trayectorias, enclasados, partes de determinados tiempos/espacios que no hacen más que resignificar y complejizar lo que las políticas sociales “son” en términos de lo que el abordaje de la complejidad de lo social requiere. De este modo, los PTCI no implican la incorporación lineal de, en este caso, bienes monetarios hacia las familias, sino que implica el diálogo entre percepciones, prácticas, sensibilidades, aprendizajes y relaciones de las poblaciones destinatarias; al tiempo que la convivencia con otro tipo de intervenciones estatales que resignifican lo que es “estar y ser destinataria de un tipo de intervención estatal”.

En este marco es que se propone problematizar el rol de las mujeres titulares de los PTCI, un tipo particular de política social de abordaje de la pobreza, a partir de las nociones vinculadas a los cuidados sociales y la domesticación del trabajo, evaluando la posibilidad de conceptualizar la gestión de los PTCI como una tercera jornada. La estrategia metodológica ha implicado el trabajo con una serie de entrevistas realizadas a titulares de los PTCI en tres centros urbanos de la provincia de Córdoba³, Argentina y con las Estadísticas derivadas de la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo (INDEC, 2013).

2. Políticas sociales y cuidados

Las políticas sociales, como intervención del estado sobre las sociedades, constituyen los modos a partir de los cuales se disputan unos particulares sentidos relacionados a las condiciones de producción y reproducción de la vida individual/social (Danani, 2009). Esto es, implican las maneras en que cada sociedad resuelve la provisión y circulación de satisfactores por fuera de la distribución primaria del ingreso. Esto significa que las políticas sociales afectan los modos en que se determina el acceso y distribución a determinados bienes y servicios (materiales y simbólicos) a partir de una distribución que no se relaciona directamente al mercado de trabajo formal, en términos de bienes derivados de él (Danani, 2009).

Complementariamente con ello, las políticas sociales son centrales a los regímenes de acumulación capitalistas, pues éstos no pueden existir sin ellas, ni las políticas sociales ser pensadas fuera del capitalismo. Puesto que su nacimiento se da de la mano de la configuración de los estados modernos capitalistas que, sosteniendo la contradicción constitutiva entre igualdad formal y desigualdad estructural (Quijano, 2005), habilitan históricamente la manifestación de la cuestión social (Grassi, 2003). Ésta, en tanto contradicción constitutiva, pone en jaque la capacidad de las sociedades de existir en tanto tales, a partir de relaciones de interdependencia. Las políticas sociales emergen así como un elemento constitutivo de las sociedades capitalistas modernas con la capacidad de abordar las problemáticas expresión de la cuestión social.

Que las políticas sociales aborden las problemáticas, implica que participan de la disputa por su definición. Esto es, las políticas sociales forman parte de la definición de las problemáticas, los agentes responsables, las causas y los instrumentos necesarios para responder a ellas. De allí que el análisis de las políticas sociales habilite a tensionar qué tipo de definición de la problemática abordada se está realizando (Cena, 2014, 2017; Scribano, Cena y De Sena, 2015).

Desde una perspectiva que recupera el aporte que Bourdieu (2013) le hiciera al campo del Estado, es menester problematizar a las políticas sociales en, al menos, dos sentidos claves que mencionare bajo el concepto del carácter performativo de las mismas: por un lado son intervenciones del estado que en tanto banco de crédito simbólico, contribuye a la definición y disputa alrededor de la situación problema; por otro lado, significa que sus intervenciones no solamente transfieren bienes y servicios, sino también modelos de sociedad deseables y, junto con ello, una serie de esquemas de división y clasificación del mundo que terminan por establecer: quiénes son las poblaciones destinatarias –y quiénes no– y en función de cuáles atributos se encuentran adjetivadas, cuál será la problemática y cuáles los elementos de su problematización, y qué elementos y medios serán los propicios para responder a ellas (Cena, 2014, 2017; Scribano, Cena y De Sena, 2015).

En este marco, las políticas sociales no constituyen intervenciones estatales que realizan un bienestar abstracto (Faleiros, 2000) sino que con sus definiciones delimitan unos particulares esquemas de visión y división del mundo que entran en tensión y afectan los modos en que las poblaciones producen y reproducen sus condiciones de vida. Es así como las políticas sociales pueden disminuir, reproducir o reforzar las desigualdades de las sociedades sobre las que intervienen (Titmus, 1974). Con estos puntos de partida es que interesa aquí problematizar a los PTCI desde sus tensiones con la población destinataria recuperando la dimensión de los cuidados y el género.

Desde la implementación de los conocidos y extendidos PTCI de la mano de las corrientes learnfaristas, las políticas sociales dirigidas a las familias en condiciones de pobreza han tomado como titulares de los mismos a las mujeres en su condición de madres con hijos a cargo. Este proceso de feminización “comienza” para el caso argentino en el año 2002, con el PAGV-IDH, se acentúa a partir del año 2004 con el PNFIS y se “perpetúa” con la AUH en 2009 donde la titularidad del PTCI será ejercida preferentemente por las mujeres-madres (De Sena, Cena y Chahbenderian, 2016; Cena, 2017).

Ello ha implicado no solamente que sean titulares de los PTCI que tienen como población destinataria los niños, niñas y adolescentes, sino que se las ha posicionado: a) como las administradoras por definición de los ingresos transferidos a los niños, niñas y/o adolescentes por poseer “naturalmente” un criterio de utilización del dinero anclado en el bienestar familiar (Barrientos y DeJong, 2009); b) como las principales encargadas de cumplir con las condicionalidades de los PTCI vinculados a los cuidados sociales en salud y educación (Barrientos y DeJong, 2009).

El concepto de cuidados sociales fue propuesto (Daly y Lewis, 2000) para reemplazar el concepto de “cuidado”. Permite problematizar en la intersección entre lo público y lo privado, lo formal y lo informal, los cuidados pagos e impagos y la provisión de ingresos a partir de la prestación de servicios. Mediante la ampliación del concepto se pretende incluir las diferentes dimensiones que, vinculadas a la vida de las mujeres, rescatan los arreglos personales realizados por las familias en tensión con el Estado. En ese sentido es que, como mínimo, hablar de cuidado social significa: a) que es un trabajo, por lo que se vuelve interesante problematizar las condiciones bajo las cuales es llevado adelante; b) las relaciones a las que da lugar se insertan en marcos de responsabilidades y obligaciones entre los actores involucrados; y c) el cuidado, en tanto trabajo, implica costos financieros y emocionales.

Estas tres dimensiones del concepto permiten comprender el cuidado social en relación a los requerimientos psíquicos y emocionales, las dependencias de los adultos y los niños, las redes normativas, económicas y sociales. Los usos históricos que se han dado del concepto lo han presentado de manera fragmentada y a partir de la construcción de dicotomías que han limitado su comprensión en el marco del Estado: cuidado formal e informal, cuidado de niños y dependencia de los adultos, cuidados pagos y no pagos. La potencialidad del concepto propuesto es que habilita a repensar tanto a nivel macro como micro sociológico.

Los cuidados sociales se posicionan como elementos nodales de los regímenes de acumulación capitalista. Pues las sociedades latinoamericanas actuales se encuentran conformadas por un número significativo de personas que carecen de una participación directa en el mercado laboral (Franzoni, 2005), implicando ello imposibilidades de inserción económica independiente (tal es el caso, por ejemplo, de los niños, niñas, adultos/as mayores, personas en situación de discapacidad, etc.). Conjuntamente con ello, aquellas personas plenamente incluidas dentro del mercado laboral con independencia económica y que requieren prácticas de cuidado, pueden direccionar sus propias demandas hacia otras esferas para obtenerlos. Este punto de partida invita a dimensionar que aquellos individuos presentados como “independientes” debido a su inserción dentro del mercado laboral son “cuidado-dependientes”, es decir, por definición interdependientes en tanto corporizan prácticas que comprometen recursos de diferentes instituciones de provisión y distribución de bienestar (Franzoni, 2005).

Martín Palomo (2008) proponiendo la noción de domesticación, intenta rescatar el lugar del trabajo doméstico vinculado a las nociones de valor y utilidad social de las que ha sido excluido por la economía política. Se trata, para la autora, de rescatar y resignificar el concepto de trabajo recuperando las actividades vinculadas al cuidado (aunque no exclusivamente) que han realizado y realizan las mujeres. No obstante su esfuerzo intenta no reducir el análisis a las divisiones sexuales ni a la existencia de remuneración, aunque ambos constituyen un aspecto ineludible.

Su propuesta intenta recuperar el concepto de cuidado que en tanto trabajo implica: reconfigurar la definición de trabajo heredera del siglo XVIII que contiene una definición sexual del mismo valorando diferencialmente la actividad en función de quién la desarrolle; adaptar el concepto a las modificaciones acaecidas dentro y fuera de los hogares; dar cuenta del ineludible valor del cuidado en vinculación al tiempo, dinero y ética. Juntamente con ello el cuidado en tanto trabajo implica la incorporación de aspectos afectivos y morales que trastocan la lógica laboral por relaciones de reciprocidad y solidaridad dentro de lo doméstico-familiar.

Abordar el cuidado en tanto domesticación del trabajo significa poder dar cuenta de una gran carga de trabajo que siendo contingente puede ser o no realizado por los agentes de la familia y se encuentra directamente vinculado a las posibilidades de producción y reproducción de la vida de otro. Aquí los cuidados se posicionan como un trabajo que amplía el escenario de problematización: pueden involucrar amor, dinero, intercambios de bienes materiales o simbólicos. En coincidencia con aquellas autoras que “a lo largo de dos décadas, han propugnado en favor de que el cuidado de los dependientes se conceptualice en términos de trabajo” (Silva, 2003: 76).

En relación a lo propuesto por la autora, Vergara (2014) ha trabajado el concepto de colonización de lo doméstico vinculado al estudio de las mujeres recolectoras de residuos. El concepto utilizado para la problematización de la tercera jornada laboral, permite dar cuenta de la irrupción de la lógica mercantil en los hogares de familias destinatarias a partir de un proceso de instrumentalización de las interacciones y la naturalización de la convivencia con la gestión de los PTCI a partir de un estar/hacer-se a la medida de las cosas (en términos de relación sujeto-objeto).

Luego del recorrido expuesto por estos conceptos es que interesa aquí problematizar la situación de los cuidados sociales en el marco de los PTCI y las personas destinatarias. Pues como anteriormente se ha aludido, las políticas sociales transfieren una serie de bienes materiales y simbólicos que implican unos particulares modelos de sociedad que erigen: destinatarios y titulares, atributos, responsabilizaciones y obligaciones. Conjuntamente con ello, las políticas sociales se inscriben en trayectorias de vida que resignifican lo que “son” en términos de las vivencias de las poblaciones destinatarias, de su inscripción en los regímenes de acumulación y en los cuidados sociales.

3. Doble jornada: cuidados sociales y PTCI

En referencia a las condicionalidades que requieren los PTCI, vinculadas a los cuidados de los niños, niñas y adolescentes, las entrevistadas han manifestado que las actividades de cuidados de sus hijos son una obligación. Dentro de la encuesta sobre trabajo no remunerado y uso del tiempo (INDEC, 2013), se comprende al cuidado como “aquellas actividades que tienen como objetivo atender las necesidades de los miembros dependientes de la unidad doméstica: los niños y niñas, adultos mayores, enfermos o personas con discapacidad. Son importantes tanto el servicio brindado como los vínculos que se generan en la realización de la tarea lo que los diferencia con otras actividades como la limpieza, la preparación de alimentos o el aseo del hogar que pueden ser sustituidos por trabajos contratados” (Calero, Dellavalle y Zanino, 2015: 8).

De este modo, para el caso argentino, la tasa de participación en el trabajo doméstico no remunerado es de 88,9% para las mujeres y el 57,9% para los varones, lo que va de la mano con aquellos supuestos vinculados a una posible división sexual del trabajo doméstico. Observando el modo en que se conforman dichos datos se observa que mientras la diferencia en las tasas de participación es de 1,54 MV en términos generales, cuando se observan cada una de las actividades involucradas (quehaceres domésticos, apoyo escolar y cuidado de personas) las brechas asumen 1.73 para el primero, 2.80 para el segundo y 1.85 para el tercero coincidiendo con las condicionalidades exigidas por los PTCI previamente aludidas (Calero, Dellavalle y Zanino, 2015: 17).

Cuando se observan las tasas de participación en el cuidado de personas por condición de actividad, se observa que los hombres muestran una tasa del 19,4% para el caso de los ocupados, frente al 32% de mujeres ocupadas, 17% desocupados frente al 40,1% de las mujeres y el 7,7% para los inactivos hombres frente al 29,4% de inactivas mujeres. Las mayores brechas entre uno y otro se encuentran en el caso de los desocupados donde las mujeres asumen una tasa de participación de 23.1 puntos porcentuales mayor a la de los hombres. No obstante las diferencias, la tasa de participación femenina continúa muy por encima de la masculina (Calero, Dellavalle y Zanino, 2015: 20), de hecho al interior de los grupos la tasa de participación en cuidado de personas para las mujeres no desciende del 29% independientemente de la condición laboral y para el caso de los hombres se mantiene por debajo del 20%. La tasa de participación asignada al cuidado de personas, en el caso de las mujeres con secundaria incompleta es de 41,1% y el de universitario completo es de 28,6%. Para el caso de los varones 19,5% y 19,9 respectivamente.

Ahora bien, lo que ha sido conceptualizado como doble jornada ha aludido a una diferencia entre trabajo remunerado y trabajo no remunerado, uno realizado en el contexto de la esfera pública mercantil y el otro en la esfera doméstica (Silva, 2003, Herrero de Dios y Montaña, 2009). Desde los años 50 del siglo XX se viene discutiendo que la mayor incorporación de las mujeres al mercado de trabajo no ha significado una resignificación de los roles en términos de una división sexual del trabajo (Peredo, 2009). Ello ha significado que: no se han resignificado los roles al interior de las unidades domésticas ni en el mercado de trabajo, pues muchos de los trabajos históricamente asignados a las mujeres continúan siendo objeto de tal adjetivación. La doble jornada desde esta perspectiva significa la realización de dos trabajos en un solo día: uno en el mercado público y otro en el espacio de la vida doméstica familiar.

En el apartado siguiente se intentará introducir el concepto de tercera jornada laboral vinculada a la gestión de las políticas sociales que realizan las mujeres, particularmente de los PTCI. Ello significa al menos tres aspectos nodales: implican la realización de actividades para la producción y reproducción de la vida de otro, se ubican dentro de los trabajos no directamente remunerados y significan una vuelta al espacio de lo público que reditúa al interior de la unidad doméstica.

4. Tercera jornada: la gestión de las políticas sociales

En los apartados previos se ha problematizado el rol que las mujeres han ocupado en los PTCI, al menos desde 2002. En esta sección se intentará observar qué sucede con los PTCI que, abordándolos desde un enfoque relacional, se han instalado en vínculos y lógicas de organización familiar. Continuando con la problematización del rol femenino en los PTCI, se intentará observar cuáles prácticas se dan en las destinatarias que no sólo deben cumplir con las condicionalidades vinculadas a un supuesto rol que vincula mujer-matenidad-cuidados, sino también gestionar en territorio el acceso y permanencia de los recursos vinculados a los PTCI.

Estas características que han asumido los PTCI en cuanto a la presencia femenina, más que una iniciativa “espontánea” de las mujeres o familias, se atribuye a que se ha considerado a las mujeres como el principal soporte frente a las políticas de ajuste y en tanto intermediarias y gestoras de las políticas sociales (Grassi 1998; Cravino, Fournier, Neufeld y Soldano, 2002). Estas cifras que indican un mayor protagonismo de las mujeres en la intermediación y gestión de los PTCI, en tanto se posicionan como las “socias pobres” de los programas, implican por parte de las destinatarias unas sensibilidades ajustadas a los requerimientos del “mercado” de circulación de transferencias estatales. De esta manera, si por un lado, los modos en que las destinatarias son percibidas desde la imagen del mundo de los PTCI las coloca en tanto gestoras irremplazables dentro de los hogares –de allí los índices que se han expuesto– (Cena, 2014); por otro lado, en las narraciones de las destinatarias son susceptibles de rastrear determinadas prácticas vinculadas al saber hacer dentro del campo (sensu Bourdieu) de los programas recibidos. Dicho saber-hacer emerge desde las propias narraciones como producto de una “experiencia del recibir”.

En esta línea, se ha vinculado el acceso a los PTCI con determinados saberes y destrezas de las que no todos disponen. En primer lugar, este saber hacer se vincula a una actitud de estar presente, de hacerse “ver” por quienes en el barrio son los mediadores con la municipalidad (en tanto nivel local de descentralización estatal). En la ciudad de Villa María, Córdoba, son conocidos como “Muni-Cerca” aquellas dependencias creadas para descentralizar las funciones del municipio en los barrios. En el siguiente relato⁴ se rescatan una serie de prácticas vinculadas al “estar detrás” de quienes gestionan a nivel barrial los diferentes programas, como una estrategia de éxito en la consecución de mayores bienes y servicios para la familia.

Entrevistada: Aparte para tenerlo, siempre tenés que estar atrás de ellos, continuamente atrás de ellos, viendo qué es lo que cambia.

Entrevistadora: ¿De quiénes?

Entrevistada: Viendo qué es lo que cambio, viendo qué es lo que entra, lo que no entra […] Porque si vos no te moviste te quedaste y olvídate […] Sí, si a mí me dijeran salió la tarjeta nueva, ponele yo […] Estoy esperando que me avisen, de que me llamen, de que, cuando la fui a buscar ya no está más la tarjeta, o sea, que es ahí no más en el momento en que ellas dijeron mira la presidente dijo en, no sé, en un noticiero, eeeh, salió no sé qué cosa, al otro día ya tenes que ir a preguntar, porque cuando te dormiste fundiste, porque no hay más (DVM/15).

El acceder a los diferentes programas sociales no es una actividad lineal que se agota en acudir a una determinada ventanilla estatal, sino que está relacionado a diferentes esferas de poder y de circulación del poder en territorio que implican una especie de “seguimiento”, “estar encima” de quienes los administran y quienes manejan la información y la burocracia de acceso al programa. Dentro del relato estar atentos, manejar información y contactos se encuentra íntimamente vinculado a la posibilidad de acceso a bienes y servicios para el hogar. Pues el “dormirse”, el estar pasivos, el quedarse en la espera significa perder la oportunidad de direccionar esas transferencias hacia el propio hogar. Este saber-hacer, derivado de la experiencia del ser sujeto de un PTCI, que las entrevistadas poseen, implica hacer “mérito” para conseguir diferentes bienes, estar y encontrarse en el lugar exacto para “recibir”.

En el relato se expresa cómo se percibe que los recursos estatales son limitados, de allí la premura por la inmediatez, la actualización en la información y el estar en el momento justo, porque luego ya no hay más. Identifica también el estar ahí con la dependencia barrial de la municipalidad, el “Muni-Cerca” que es la presencia estatal en el barrio, donde se concentran algunos de los bienes y servicios que circulan a nivel territorial⁵. Este saber hacer, relacionado a estar presente, se vincula a otro tipo de actividades que exceden a lo meramente barrial/territorial:

Entrevistada: Bueno y este año el año que más me, porque nunca me ayudaron en nada (se ríe) pero porque tenés que estar continuamente pidiéndole, rogándole, entonces como que es muy complicado para una persona por ahí que trabaja pero que realmente necesitas que te ayuden, también es muy complicado andar atrás de ellos todo el tiempo y también pasaba de que le ayudan teóricamente a los que ellos quieren… eeeh… entonces… era muy complicado pero… este año es como que me he puesto más así de, de seguirlos, bueno conseguí el número de la mujer que es la que maneja todo ahí, entonces siempre se necesita mercadería como ahora no anda más esta [hace referencia a la tarjeta alimentaria] por ahí nosotros nos quedábamos tan, tan mal, eeeh, le mando un mensajito, qué se yo, entonces ella ve si me consigue un, un vale que se llama, que es una hojita así que dice un supermercado y te da cierta cantidad de, depende de los hijos que vos tengas, es la cierta cantidad de mercadería que te da […] Sí, tenés que ir y, coso, y estar digamos, cuando ellos te dicen aaah, porque hay una reunión de fulanito y de menganito […] Te avisan, qué se yo, y si te pueden llevar, te llevan ellos (DVM/15).

Por un lado, el “estar” implica manejar ciertos saberes y recursos que significan directamente el acceso a determinados alimentos o bienes materiales (Merklen, 2005) para la familia. Esos saberes o recursos se traducen en asistir a reuniones, estarles encima o perseguir a los representantes estatales en el barrio o manejar el teléfono de quien administra estos bienes y servicios. Para Delia, saber qué hacer y cuáles recursos valen, representan directamente mejoras para su familia. Complementariamente con ello, gestionar un PTCI no implica solamente estar al frente de esa política social, sino que dialoga, interacciona y se inscriben en el marco de un entramado de políticas sociales a nivel territorial y de diferentes modos de “ser destinatario” del mismo.

Por otro lado, implica comenzar a formar parte de relaciones de intercambios, es decir, vinculado a la colonización de lo doméstico. El estar presente, el cumplir asistiendo a diferentes reuniones, convocatorias, manifestaciones públicas implica un código de “compromiso” por el que, quienes detentan los recursos estatales, deben cumplir, transfiriendo luego bienes o servicios. Esto es, constituirse en otro visible, ser y sentirse visto, ser, posicionarse como otro real y verdadero a partir de este tipo de vínculos con los agentes del Estado. Este existir significa también, la capacidad de producirse y reproducirse desde lo más básico, la propia vida, desde la alimentación propia y de sus hijos, existir como seres humanos. Este saber hacer que narra, es un saber desenvolverse que no todos disponen. Implica reconocer unas determinadas reglas del juego, de las que aparentemente solo ella dispone dentro de tu hogar.

Bueno yo ahora, bueno estoy trabajando y bueno, como pudimos me compre la motito, entonces para mi es mucho más, por ahí con la patrona que yo tengo es más flexible entonces, ponele, si yo tengo que venir a hablar con ella, qué se yo, le pido permiso, saco el nene de mi trabajo, lo tengo conmigo, le digo que me voy ahí o a la municipalidad, ¡qué sé yo!, porque si no es muy complicado, porque todos atienden todos a la mañana, a la tarde la mayoría no atiende, entonces por ahí tenés que hacer, tener que ir a la mañana, entonces tengo que sacar el nene de mi trabajo para llevarlo conmigo, por ahí es medio riesgoso, pero tengo que hacerlo sí o sí, por ahí madarlo a él [hace referencia a su pareja] tampoco es cosa de que él pueda hacer […] Digamos, por ahí qué se yo, lo puede hacer pero… es cosa, de, de, uno está más acostumbrada a trabajar con ellos, hablar con ellos, estar con ellos (DVM/15).

El relato expone, ante la pregunta vinculada al cómo hace para acceder al PTCI, que ello implica una serie de actividades y arreglos familiares y laborales que debe consensuar. Pues el estar presente, asistir, insistir, consultar y gestionar los PTCI implica una inversión de horas y saberes que muchas veces entran en incompatibilidad con sus horas de trabajo. De allí que recurra a la estrategia de “movilizar” parte de sus responsabilidades laborales y mientras trabaja, a partir de los cuidados sociales de un niño, trabaja para “los otros” cuidados sociales de los cuales es responsable en su hogar. En este sentido es que a la doble jornada analizada en el apartado anterior se suma una más vinculada a la gestión de los PTCI a nivel territorial.

Por otra parte, este saber hacer no es algo del que puedan apropiarse cualquier sujeto, sino que se ha constituido como un saber hacer de las mujeres, que no manejan otros familiares. “Manejarse”, formar parte de los circuitos dentro del Estado implica una determinada experiencia del que no todos los sujetos son conocedores. Incluirse en esos circuitos es formar parte de las redes de relaciones al interior del barrio. Ello implica no solo acceder a un número de teléfono que elimina intermediarios para acceder a un bolsón de comida cuando los ingresos no alcanzaron a mediado de la quincena, sino también que los referentes barriales vengan a avisar, a informar la existencia de una nueva transferencia e intervención del Estado en el barrio. Complementando esta mirada, el no acceder a los recursos del Estado, parecería estar vinculado a una incapacidad, falta de destrezas y/o conocimiento de las poblaciones. Vanina relata que su madre nunca accedió a ninguna transferencia estatal y se lo atribuye a que ella “no sabía desenvolverse” –es decir, no contaba con las destrezas necesarias producto de una socialización y experiencia en la gestión de los PTCI–. Para las entrevistadas estos saberes implican directamente la posibilidad de ser, de no caer invisibilizadas.

Nunca recibió nada, así que bueno ahora yo le hice una pensión porque ella es diabética y le hice hacer una pensión… el año pasado, espero que este año le llegue pobre, porque nunca cobro nada, le digo, bueno ya… tiene cincuenta y cinco años pero ya la diabetes, viste que la diabetes es una enfermedad que… te termina… así que ya ella ya no ve nada, así que ella no puede trabajar, nada, así que bueno le hicimos esa, esa pensión así que espero que le pueda llegar, que a ella realmente le hace falta en este momento […] No sé si ella realmente no iniciaba los trámites o no se sabía desenvolver, vaya a saber cómo habrá sido porque nunca había cobrado nada (VVM/15).

De este modo la familia, y dentro de ella las mujeres en edad o con posibilidades corporales de estar activas y trabajando, se posicionan como las principales hacedoras de los cuidados sociales vinculados a las personas “dependientes” dentro del hogar, eso excede la presencia de niños, niñas y/o adolescentes en la casa, incluye también ancianos, personas con problemas de salud, personas con algún tipo de discapacidad, etc. Las mujeres se posicionan así como las principales administradoras, cuidadoras y sostenes de los hogares, aunque no sean las únicas proveedoras. Dichos cuidados van desde la limpieza, atención y alimentación de los menores, hasta la gestión de los programas sociales vueltos un bien susceptible de valorizar dentro del hogar.

La familia, y dentro de ella las mujeres, no han perdido sus funciones. Éstas se han complejizado y ampliado. Allí se articula un saber construido alrededor de los modos en que puede darse la resolución de la problemática diaria de acceso a algunos recursos indispensables para la vida. Dentro de las familias, como hemos adelantado, en términos de división del trabajo intrafamiliar ha hecho que sean las mujeres las que asumen los saberes y responsabilidades a ellos vinculadas. De esta manera la relación entre los que son producidos en calidad de “beneficiarios” así como los que en esta misma operación se definen como “mediadores”, involucra experiencias que van más allá de la política en cuestión e implican los modos en los que las familias generan prácticas que buscan responder al problema de las carencias cotidianas de alimentos, ingresos y trabajo.

5. Reflexiones finales

En este escrito se propuso problematizar el rol de las mujeres titulares de los Programas de Transferencias Condicionadas de Ingresos (PTCI), un tipo particular de política social de abordaje de la pobreza, a partir de las nociones vinculadas a los cuidados sociales y la domesticación del trabajo, evaluando la posibilidad de conceptualizar la gestión de los PTCI como una tercera jornada laboral. Para ello se han recuperado una serie de entrevistas realizadas a titulares de los PTCI en tres centros urbanos de la provincia de Córdoba, Argentina y las Estadísticas derivadas de la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo (INDEC, 2013).

Este tipo de análisis de las políticas sociales desde la perspectiva de la jornada laboral tensionada por el género pretende: en primer lugar, dar cuenta del rol de las políticas sociales como intrínsecas a los regímenes de acumulación capitalista donde el cuidado social asentado en las mujeres se posiciona como un elemento nodal de garantización de la producción y reproducción de la vida; en segundo lugar, colaborar en la formulación de políticas que incorporen y favorezcan a la responsabilidad compartida entre los diferentes actores sociales, superando los estereotipos de género anclados en una división sexual del trabajo. Ello implica reconocer la importancia que poseen los cuidados sociales para la reproducción del bienestar.

Para el particular caso de abordaje de este artículo, el concepto de cuidado social o el modelo de social care implican tensionar el concepto de imagen del mundo contenido en los PTCI (Cena, 2014) con las prácticas de las destinatarias, accediendo así a un mapeo que permite recrear los circuitos que den cuenta cómo se reparten los cuidados entre las familias, el estado, el mercado, la sociedad civil, las clases, los géneros y las generaciones.

En este sentido, si los PTCI se sustentan en una imagen del mundo que sostiene una serie de atributos, capacidades y roles naturales y naturalizados alrededor de las mujeres-madres-cuidadoras; por otro lado, se inscriben y dialogan con una serie de sensibilidades y prácticas que: a) experimentan las tareas de cuidados dentro del hogar como si no implicaran un trabajo, fueran una obligación y vinieran a colación de su género y maternidad; b) se asocian un número de perspectivas éticas, emocionales y morales alrededor de los cuidados sociales dentro del hogar vistos como una responsabilidad que deben enfrentar ellas en tanto mujeres-madres-cuidadoras; c) se posicionan como un saber-hacer del que solo ellas disponen, teniendo que compatibilizar los cuidados sociales en el mercado –como inserción laboral– y en el hogar con las políticas sociales; d) ello se observa parcialmente en las encuestas sobre uso del tiempo que –aunque no relevan la totalidad de situaciones que implican los cuidados sociales de las mujeres– aducen tasas de participación en cuidados sociales de las mujeres muy por encima de las tasas asumidas por sus pares hombres.

Los cuidados sociales en toda su variación deben ser analizados como: a) un trabajo, por lo que se vuelve interesante problematizar las condiciones bajo las cuales es llevado adelante, en términos de no retribución económica ni regulación de los tiempos a ello dedicado; b) las relaciones a las que da lugar se insertan en marcos de responsabilidades y obligaciones entre los actores involucrados donde dichas cargas son distribuidas diferencialmente en función del género de quien las realice; y c) el cuidado, en tanto trabajo, implica costos financieros y emocionales que deben, al menos, problematizarse.

En este contexto es que bajo el gran paraguas del concepto de cuidados sociales es que creo pertinente diferenciar entre doble y tercera jornada. Pues con el primer concepto se alude a una serie de actividades que han sido conceptualizadas como trabajo remunerado (que puede implicar cuidados sociales debido a la división sexual del mercado de trabajo) y trabajo no remunerado (cuidados al interior del hogar), uno realizado en el contexto de la esfera pública mercantil y el otro en la esfera doméstica. Ello ha significado que: no se han resignificado los roles al interior de las unidades domésticas ni en el mercado de trabajo, pues muchos de los trabajos históricamente asignados a las mujeres continúan siendo objeto de tal adjetivación. La doble jornada desde esta perspectiva significa la realización de dos trabajos en una sola jornada: uno en el mercado público y otro en el espacio de la vida doméstica.

La gestión de los PTCI en particular, y de las políticas sociales en tanto posibilidad de incorporar recursos que permitan la producción y reproducción de la unidad doméstica podrían conceptualizarse como una tercera jornada que devuelve y tensiona el rol de los cuidados sociales hacia la esfera pública no mercantil: implican la realización de actividades para la producción y reproducción de la vida de otro –por lo que son incorporadas dentro del concepto de cuidados sociales–, se ubican dentro de los trabajos no directamente remunerados, puesto que si bien se incorporan bienes y servicios se dan a partir de la esfera pública estatal no contributiva, y significan una vuelta al espacio de lo público que reditúa al interior de la unidad doméstica. En este sentido, proponer una conceptualización de una tercera jornada laboral para las mujeres en condiciones de pobreza destinatarias de las políticas sociales, permite al menos problematizar una serie de actividades y roles asumidos por las mujeres derivado de una división sexual de las cargas, que advierte al menos: su rol nodal en la gestión de las políticas sociales a nivel territorial; al ser recursos vinculados a la producción y reproducción de la unidad doméstica implica un trabajo que corporizan ellas y que debe ser contabilizado como tiempo trabajado; implica aceptar el rol performativo de las políticas sociales que tensionan, sujetan o instituyen modos de ser y estar con otros/as.

Por último, advertir la posibilidad de continuar discutiendo la superposición de trabajos y responsabilidades que las mujeres simultáneamente corporizan, globalmente circunscriptos en el concepto de cuidados sociales que no obstante implican la realización de actividades para la producción y reproducción de la vida otro, transformando recursos materiales y simbólicos que implican la disposición de emociones, tiempos y energías.

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Notas

Notas de autor

Información adicional

Formato de citación: Cena, R. (2019). “Discusiones en torno a los cuidados sociales: ¿hacia una triple jornada? Reflexiones desde poblaciones destinatarias de políticas sociales”. Aposta. Revista de Ciencias Sociales, 81, 22-37, http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/rebecena.pdf