Introducción

El presente trabajo apunta a construir una periodización de la historia latinoamericana entre fines del siglo XIX y fines del siglo XX centrado en torno a la evolución de los “regímenes de acumulación”. En vistas de construir esa periodización, se establecerán algunas cuestiones consideradas claves alrededor del desarrollo de esas economías que no pretenden analizar el tema de forma exhaustiva, pero que intentan reflejar los aspectos considerados más sustantivos. Asimismo, transversalmente en todo el análisis, se pretende dar cuenta de las coaliciones que sostienen los distintos regímenes y el papel asumido por el Estado en cada etapa. Finalmente, tratando no dejar de lado las experiencias más recientes que está viviendo la región, se intentará establecer si la primera década del siglo XXI implica para la región un cambio de época o no.

Una sola cuestión me interesa advertir para finalizar esta introducción; para ello voy a utilizar las palabras de una nota al pie de un trabajo de Joseph Ramos, que es larga pero merece ser citada en tanto condensa la problemática de pensar en términos generales una región tan amplia como lo es América Latina. En la misma el autor establece que:

Hablar de América Latina, aunque los países que la componen tienen similitudes, es en verdad una sobre-simplificación. Las estructuras y el tamaño de las diversas economías latinoamericanas varían en forma significativa. Asimismo, por mucha semejanza que hayan tenido sus estrategias de desarrollo, también han exhibido diferencias importantes de enfoque e intensidad. La representación algo estilizada de su realidad nos ayudará aquí a resaltar los puntos centrales. Sin embargo ningún país real de la región se comporta exactamente como este país promedio de ella (1993: 65).

Adhiero a lo expresado por este autor ya que estimo conveniente especificar que lo que sigue es una generalización demasiado amplia cuyo fin es intentar captar procesos globales y que por lo tanto conlleva el problema advertido, resalta puntos centrales de convergencia que sucedieron en la región, mas no describe las particularidades de cada proceso individual.

Entre el siglo XIX y el siglo XX

A los fines de periodizar la historia latinoamericana nos serviremos del concepto de régimen de acumulación. De acuerdo con Saiz (2012), el mismo ha sido nominado de diferentes maneras -modo de acumulación o patrón de acumulación- y discutido por varios autores. Tendría su origen en la teoría marxista, a partir del concepto de modo de producción y su emergencia está relacionada con la teoría de la regulación, en particular con la escuela parisina. Se incorporó al medio académico local a través de los aportes de José Nun en el marco de los debates por la llamada transición democrática.

En el marco de estas líneas, retomaremos la definición de Basualdo (2007: 6). Para este autor, si bien el concepto exhibe un amplio nivel de abstracción, resulta un elemento útil para diferenciar comportamientos económicos que abarcan recortes temporales extensos y que atraviesan a un amplio conjunto de formaciones sociales. De esta manera, la idea nos sirve en la medida en que “alude a la articulación de un determinado funcionamiento de las variables económicas, vinculado a una definida estructura económica, una peculiar forma de Estado y las luchas entre los bloques sociales existentes”.

Como decíamos en la introducción, el objetivo del trabajo es esbozar algunas cuestiones claves en torno al funcionamiento económico aunque no de forma exhaustiva, sino reflejando los aspectos más sustantivos. En este sentido, pensar en términos de régimen de acumulación nos permite acercarnos a unas variables económicas que expresan cierta regularidad en su evolución y la existencia de un orden jerárquico entre las mismas; las coaliciones que sostienen el régimen y el papel asumido por el Estado en cada etapa. Cuestiones que iremos desarrollando en lo sucesivo.

Entonces, si hubiera una palabra para definir al régimen de acumulación que prosperó en América Latina en el período que va de 1880 a 1930 ¿esa palabra sería “complementariedad”?

¿Por qué complementariedad? De acuerdo a la bibliografía estudiada (Castro Escudero, 2005; Glade, 1991; Hall y Spalding, 1991; Halperín Donghi, 1992), hubo dos hechos, uno de orden económico y otro de orden político, que de forma concomitante, actuaron uno sobre otro generando lo que sería la nueva estructura económica latinoamericana.

¿Por qué económico? Porque por el lado del contexto internacional, se subraya el hecho de que las economías del Atlántico Norte se hallaban en plena expansión. Las causas de tal expansión tienen que ver con dos motivos fundamentales que presionan desde el interior de estas economías: un aumento demográfico que demanda más inversión, aunado a una fuerte industrialización, con cambios en las tecnologías de la producción y el transporte. La combinación de estos dos factores generó un movimiento que reorientará los términos del intercambio en el comercio mundial, ya que estas economías en plena expansión incrementan su capacidad (y su necesidad) tanto de importar como de exportar, lo que lógicamente redundará, en el marco de la expansión del capitalismo mundial, en la posibilidad de hacer más y mejores negocios.

¿Por qué político? Porque por el lado del contexto regional (o los contextos nacionales según se quiera abordar) se asiste a una etapa de estabilización política. Una estabilización que lejos del ideal político liberal adquiere formas particulares en América Latina, ya que los fraudes electorales o las dictaduras, se instalan como formas de resolver el conflicto político entre las distintas facciones de la oligarquía con intenciones de dominar. Más allá de esto, lo interesante es que este nuevo Estado Oligárquico es el que logra dar forma a las instituciones nacionales básicas: el ejército, la administración, la constitución, los sistemas bancarios, fiscales, de educación, salud y obras públicas que se consolidan en esta época (Castro Escudero et al, 2005: 21). En este sentido, este Estado es ahora capaz de regular el ambiente contractual y jurídico.

Entonces ¿cómo se complementan estos dos hechos? De acuerdo con lo expresado por William Glade “al entrar América Latina en el último tercio del siglo XIX, el clima económico, que desde la independencia se había visto trastornado en su mayor parte por la inestabilidad política, empezó a adquirir un carácter más sosegado” (1991: 3). De esta forma, el hecho de que apareciera en los distintos países de la región un Estado Nacional más organizado y menos caótico, dio lugar a la generación de un clima mucho menos hostil para los capitales extranjeros. Estos últimos supieron ver en los recursos de la región, la posibilidad de hacer grandes negocios y de complementar las necesidades (de importación y de exportación) de una economía cada vez más industrializada. Asimismo, las facciones de las oligarquías locales ligadas al aparato del Estado, vislumbraron los beneficios que el futuro le traería a América Latina (y a ellos mismos) si comenzaban a relacionarse con los precursores del capitalismo. De esta forma, estimaron que los recursos que ofrecía la región latinoamericana (aparentemente) necesitaban ser explotados de acuerdo a los nuevos parámetros que ofrecía el ideal capitalista, a los fines de integrarse, y de complementarse de alguna manera, en los nuevos intercambios mundiales.

De esta forma, por el lado de la economía; cada cual pasaba a cumplir un nuevo rol en la división internacional del trabajo. En este sentido, en la región latinoamericana se consagrará “el modelo primario-exportador” (Ansaldi y Giordano, 2012: 628) que será el eje del desarrollo del régimen de acumulación en la región, en el cual América Latina se encargaba de exportar su producción de materias primas. A su vez, este modelo se complementaba con la importación de todo tipo de bienes con valor agregado, provenientes de las mismas economías centrales ya industrializadas, que compraban las materias primas latinoamericanas. Dentro de esta lógica, no se puede dejar de mencionar que por el lado de la política, el nuevo modelo de desarrollo, fortalecía un nuevo bloque de poder, que de forma provisoria voy a llamar “imperialista - oligárquico”, en tanto expresaba la convergencia de intereses entre los capitales extranjeros y las élites gobernantes a nivel local. En lo sucesivo voy a explorar brevemente estas dos cuestiones.

En lo referente al desarrollo del nuevo régimen de acumulación, cabe aclarar que excede a los fines de este trabajo explorarlo de forma exhaustiva en la trama de su complejidad, motivo por el cual decidí enfocarme en dos cuestiones que me parecen clave de todo el proceso. Por un lado, el hecho de que se priorizaba el mercado externo por sobre el interno; y por otro lado, los cursos de desarrollo diversos que presentó la región.

¿Por qué el régimen priorizaba el mercado externo por sobre el interno? De acuerdo con William Glade, y en relación a lo expuesto más arriba, la expansión económica de América Latina era inducida fundamentalmente por las exportaciones y, por ende, por la atracción de la demanda en las economías industriales avanzadas (1991: 8). Estas definían el ritmo de la producción y de la inversión e imprimían el dinamismo al desarrollo de la región. En este sentido, cabe resaltar que fueron los mercados externos, dominados por las economías industrializadas, los que aportaban tanto el capital, como la tecnología necesaria para que la región desarrollase toda la infraestructura pertinente, tanto para producir al nivel esperado (de acuerdo con la demanda internacional), como para conectar esa producción con el mercado mundial. Esta situación, pensada desde la idea de complementariedad más arriba presentada, muestra una fisura si tenemos en cuenta el hecho de que, tal como menciona Halperín Donghi, al mismo tiempo que se afirma la nueva relación entre las metrópolis y las distintas regiones de Latinoamérica, ésta va mostrando que el nuevo pacto se inclina a favor de las primeras (1992: 289). Es así que, el mercado externo, prevalece sobre las necesidades del mercado interno, ya que es la demanda la que determinará los ritmos, impondrá los precios, y marcará los límites. Tal como destaca Glade, si bien los mercados nacionales estimulan de alguna manera la producción, la voz cantante la llevaba definitivamente la demanda extranjera y no la nacional (1991: 21).

Me parece importante retomar ahora la segunda cuestión sobre la cual quería profundizar, los diversos cursos de desarrollo que presentó la región. En este sentido, y retomando las ideas de Halperín Donghi, es interesante destacar, en total relación con lo expuesto en el párrafo anterior, el hecho de que el desarrollo de las economías nucleares, aquellas que como bien mostramos imprimen de alguna manera el ritmo del desarrollo latinoamericano, fue en sí mismo explosivo, no lineal, caótico, y mucho menos continuo. El hecho de que estas encontraran en América Latina un lugar propicio para ubicar sus productos y extraer otros tantos, hizo de la región el foco de las explosiones provenientes de las economías centrales que estaban ellas en sí mismas sacudidas por su propio proceso de expansión (1992: 288 – 289). Podríamos decir que estas explosiones impactaron de forma diferenciada en los distintos puntos de la región. De esta manera, es posible admitir dentro del mismo régimen diversos cursos de desarrollo en función de la respuesta adaptativa que los distintos países dieron a los estímulos provenientes de las nuevas oportunidades que les ofrecía el comercio mundial. Es así que es posible encontrar toda una gama de situaciones que van desde países cuya economía se basaba en el monocultivo de algún producto específico, hasta países que lograron diversificar su producción para el mercado mundial e incluso lograr una industrialización incipiente.

En este punto es necesario hacer una salvedad y considerar el hecho de que si bien el bloque de poder que sustentaba al sistema no se proponía industrializar la región, esta aparece en algunas zonas como una consecuencia no esperada del régimen, producto de la diversificación de la producción primaria y de la complejización de la sociedad. Me interesa destacar esto en la medida en que tendrá para el futuro importantes implicancias, si tenemos en cuenta que transformará “los equilibrios sociales y las relaciones de poder existentes” (Castro Escudero et al, 2005: 22).

Retomando lo anterior, podemos decir que entre el blanco y el negro se presentaba toda una gama de grises que incluían islotes económicos mejor integrados al mercado mundial que a la economía nacional, zonas de un mismo territorio más desarrolladas que otras, enclaves de la economía metropolitana en tierras marginales, una mayor o menor extranjerización de la economía y la persistencia de relaciones de producción pre-capitalistas con comunidades que aún no habían sido integradas al sistema.

Teniendo en cuenta lo hasta aquí expresado sobre la desigual adaptación de las economías latinoamericanas a los estímulos provenientes de las economías centrales, podríamos plantear una pequeña paradoja que sirve de disparador para introducir el tema siguiente. Mientras económicamente el desarrollo adquiría un carácter diverso, había un elemento común que homogeneizaba al conjunto de la región: la dominación oligárquica encarnada en el Estado Nacional y aliada de los intereses extranjeros, el bloque de poder que sustentaba el sistema.

Retomando ahora la situación política más arriba planteada, y en función de profundizarla, cabe resaltar, tal como lo hace Castro Escudero, el hecho de que la oligarquía latinoamericana entreteje sus propios intereses con los intereses de los capitales extranjeros, lo cual fortalece el bloque de poder dominante que más arriba he denominado como imperialista-oligárquico (2005: 21). En este sentido, el compromiso existente con la política exportadora estaba basado, además de en la modernización que la misma implicaba para la región, en la prosperidad de que gozaban las élites en el gobierno (Glade, 1991: 42). Si bien estas estaban dispuestas a invertir para acrecentar sus negocios, no estaban tan dispuestas a derramar los excedentes de los mismos en función de mejorar los servicios públicos para beneficio de la población. De hecho, el Estado Oligárquico era excluyente y represor con respecto a los sectores modernos nacientes, industriales nativos, pequeños y medianos productores, diversos grupos de trabajadores urbanos y rurales, etc. (Castro Escudero et al, 2005: 21). Tal como señalan Hall y Spalding, “en teoría, la política del Estado era liberal, en el sentido decimonónico del término, casi en todas partes. En la práctica, el Estado intervenía en varios campos” (1991: 286). Fundamentalmente en aquellos donde había que coaccionar al trabajo, en función de la reproducción del capital (al que las mismas élites estaban ligadas).

De esta forma, el sistema político que prevaleció durante el período estudiado, podríamos pensarlo como cerrado y excluyente de las mayorías sociales de los mecanismos de decisión política. Estas estaban carentes de la condición de ciudadanía, que solo estaba reservada para una minoría de dominantes con calidad de ciudadanos, que adquirían esta condición por su linaje o tradición familiar. Si bien la democracia era el régimen vigente, esta devenía ficticia, y el Estado “capturado” por esta minoría social, solo estaba atento a satisfacer las demandas de la clase propietaria dominante (Ansaldi y Giordano, 2012: 467 – 468).

Resumiendo lo hasta aquí expuesto, se ha establecido que el régimen de acumulación que prevaleció entre 1880 y 1930 en la región surge de la complementariedad de recursos entre Latinoamérica y las economías industrializadas del Atlántico Norte. Se especificó, que el desarrollo fue promovido fundamentalmente por la demanda externa y que se generó una estructura diferenciada de acuerdo a la región, más o menos compleja. Finalmente, se determina el bloque de poder que da sustento al modelo primario exportador y se explicitan sus intereses políticos. Cabe preguntarse ahora ¿Por qué este régimen de acumulación cambia en décadas posteriores? Porque debe enfrentarse a una doble crisis; crisis económica y crisis política que describiré brevemente.

¿A qué refiere la crisis económica? Justamente a la vulnerabilidad externa de unas economías latinoamericanas que dependían fuertemente de una demanda que no manejaban. Durante el período en que prevaleció el régimen, se sucedieron crisis de los precios relativos, se comienzan a vislumbrar las consecuencias de la escasez de capitales externos y los déficits de la balanza de pagos. Todas estas situaciones críticas, contracara de los momentos de esplendor, comienzan a dejar poco a poco en evidencia el tipo de relación que la economía de la región está teniendo con el mundo. Ya casi al final del período, entre la guerra, la gran depresión y el cierre sobre si mismas de las economías centrales en función de reorganizarse, terminarán de completar el cuadro de la vulnerabilidad de unas economías que aún no terminan de entender que no son autónomas.

Finalmente, la crisis económica se complementa con una crisis política producto del sistema cerrado y excluyente al cual se hizo referencia más arriba. De acuerdo con Halperín Dongui, las raíces de esta crisis “han de buscarse sobre todo en el aumento de las tensiones internas, debido al cual las élites que a mediados del siglo XIX habían comenzado a verse como innovadoras, sentían perplejidades crecientes frente a las consecuencias de algunas de esas innovaciones.” La tutela que estas habían establecido sobre los nacientes sectores modernos de una economía que se complejizaba, era cada vez más impacientemente soportada (1992: 303 - 304). En este sentido, se comienzan a activar sectores políticos, que en virtud de su importancia creciente en la economía, van a forcejear con el corsé político que sobre ellos pesa y se van a oponer a la situación privilegiada que los sectores oligárquicos detentan sobre la economía.

Volviendo a lo planteado al principio, el diccionario muestra que lo complementario es aquello que se puede definir como íntegro o perfecto. ¿Podríamos en base a esta definición sostener que el régimen de acumulación fue realmente complementario? Tal vez lo fue para complementar los procesos de industrialización de las economías centrales ya que fue una válvula de escape para las dinámicas expansionistas del sistema capitalista en desarrollo, sin embargo, lo analizado nos muestra lo poco armónico que resultó el desarrollo del régimen de acumulación en la región, expuesto a constantes crisis económicas, las cuales no se podían prever y sobre las cuales no se podía incidir, en la medida en que las élites políticas estuvieran enfocadas en la reproducción de sus propios intereses. Este proceso será calificado por algunos autores más que como complementario, como dependiente. Ser dependiente significa, ni más ni menos, estar condicionado, subordinado o bajo el arbitrio de alguna voluntad. Tal vez este sea entonces el calificativo más apropiado para pensar el período de 1880 - 1930.

Continuando con el análisis, podríamos decir que la crisis de 1929, se presenta como el quiebre del patrón de acumulación basado en las exportaciones. Retomando lo dicho en párrafos anteriores, la vulnerabilidad de las economías latinoamericanas, se presenta ahora en su máxima expresión ante los deterioros de los términos del intercambio. Si hubiera una palabra para describir la situación vivida, la misma sería incertidumbre, ya que tal como destaca Díaz Alejandro, ante la caída de los precios relativos, América Latina se encuentra además frente al surgimiento de unas economías centrales que se habían vuelto proteccionistas y nacionalistas. En aquella época no había certezas de que la crisis enfrentada fuera otra recesión pasajera o algo más grave. ¿Era el fin del laissez-faire? La perspectiva era sombría para las exportaciones latinoamericanas (1988: 35-36).

Ante esta situación, lo que primará para América Latina será la búsqueda de un nuevo equilibrio. En este sentido se hicieron experimentos con todo tipo de políticas. La ortodoxia económica que hasta el momento no parecía ser demasiado cuestionada, da lugar a toda una serie de políticas de corte heterodoxo que aparecen no tanto como consecuencia del surgimiento de nuevas ideas teóricas, sino que se deben a la presión de las circunstancias y a la necesidad de actuar. El hecho de que no se tuviera en claro cuáles eran las causas de la crisis ni cómo debía ser superada, dio lugar y estímulo a la creatividad (Díaz Alejando, 1988).

Tal como explicitáramos más arriba, la situación de las economías latinoamericanas no era homogénea, por lo tanto, las respuestas que los países dieron a los cambios que tuvieron lugar en el contexto internacional en el período que va entre 1930 y 1960, presentaron diferencias. Tal como destaca Torre, “para dar cuenta de la diversidad de respuestas es preciso desplazar la atención desde las restricciones externas a la consideración de factores contextuales de naturaleza interna” (1998: 10). En este sentido, y a los fines del análisis, voy a utilizar las categorías que establece Díaz Alejandro, para diferenciar, a grandes rasgos, el tipo de políticas que se llevaron adelante. El autor propone contrastar los países pasivos de los países reactivos, justamente mirando los condicionantes internos a que se enfrentó cada país a la hora de establecer un nuevo curso de acción.

Los países denominados pasivos, serían aquellos que cuentan con una estructura económica poco diversa, en la cual muchas veces primaba el monocultivo. En este sentido, las condiciones estructurales previas a la gran crisis, nos muestran los rasgos de una economía que no estaba preparada para establecer de forma rápida un nuevo patrón de acumulación, ya que en etapas previas, a diferencia de otros países, no se había logrado consolidar aquello que hemos dado en llamar una “industrialización incipiente”, con lo cual la economía estaba aún, y pese a todos los altibajos vividos, orientada hacia las exportaciones (Bulmer Thomas, 1998: 23). Podríamos agregar que son los países menos desarrollados, entre los cuales podemos incluir a los Estados centroamericanos, Bolivia, Perú, además del Caribe (con excepción de Cuba). Aunada a esta situación estructural, hay otra cuestión no menor para resaltar relacionada al hecho de que en estas regiones, el bloque de poder que sustentaba el modelo primario-exportador sigue prevaleciendo, con lo cual la exportación primaria persiste junto con la dominación oligárquica. Tal como viéramos más arriba, la élite dominante tenía intereses concretos dentro de la estructura exportadora, por lo cual pensar en políticas que diversificaran la producción, no entraba dentro de unas reglas del juego que ya hemos caracterizado como excluyentes e impermeables a toda oposición. Dentro de esta lógica, el Estado no asume su potencial capacidad modernizadora, ni impulsa el desarrollo capitalista, en la medida en que apenas existía una burguesía agrario mercantil exportadora. Es así que se da un repliegue pro-oligárquico, dado que no hay bases estructurales para sustentar ningún proceso de crecimiento de tipo industrial. La oligarquía, se establece entonces en el poder, mayormente de la mano de dictaduras que dan por tierra con los intentos modernizantes de los movimientos campesinos y urbanos (Castro Escudero et al, 2005: 23 y 30).

Cabe hacer una salvedad con respecto al curso de desarrollo presentado para los países pasivos. De acuerdo con lo expresado por Víctor Bulmer Thomas (1998), la persistencia del modelo de desarrollo “hacia afuera”, tal como él lo nombra, se basó básicamente en la intensificación de las exportaciones de productos primarios, casi en la misma línea que se había seguido antes de que estallara la crisis, con la diferencia de que se intentó generar una diversificación de los productos orientados al mercado mundial. Se podría decir que hubo una estabilidad relativa en lo referente a los tipos de cambios y al control de la inflación, sin embargo, este modelo presentó muy a menudo las típicas crisis de balanza de pagos producto del desfasaje entre los ingresos por exportaciones y los egresos de las importaciones. Más allá de estos problemas que supieron ser resueltos de la mano de los consejos del FMI, los países que continuaron con este modelo se volvieron a encontrar con los límites que históricamente se le imponían a este tipo de economías. El deterioro de los términos netos del intercambio comercial, el proteccionismo y las preferencias de las potencias compradoras de materias primas; aunado a una caída de la producción proveniente de los límites naturales a la extracción de recursos de la tierra, dio pie a que la industrialización por sustitución de importaciones comenzara a ser considerada una opción. En este sentido, se va a dar lugar a estrategias de promoción industrial (de forma limitada y sin desatender el sector exportador), aunque a riesgo de ser de alto costo e ineficiente. De esta manera, si bien estos países no desarrollaron su economía fundamentalmente alrededor de un cambio profundo del régimen de acumulación, sí terminaron dando lugar a una producción industrial, que tributaria del sector exportador, siempre fue subordinada a las necesidades de éste último.

Por el lado de los países reactivos, la cuestión es diferente. Se puede incluir en este grupo a México, Brasil y Argentina, ya que contaban con un cierto nivel de desarrollo previo (Castro Escudero et al, 2005: 30). Es posible decir que la capacidad de acción fue mucho mayor, ya que contaban con más recursos para manipular instrumentos de política económica, así como mercados nacionales más grandes para reasignar recursos, capacidad industrial instalada, diversificación de sus productos de exportación y menor extranjerización de su economía, lo cual les dio un margen de maniobra mucho mayor (Díaz Alejandro, 1988: 32). A esto cabe añadir, de acuerdo a lo expresado por Teresa Castro Escudero, que mayormente en estos países se instalan proyectos de capitalismo nacional industrial, signado por el proceso de sustitución de importaciones para abastecer con productos locales el mercado interno existente y, en su caso, ampliar la producción a nuevos sectores y expandir el limitado mercado interno (2005: 23). En este sentido, el Estado comienza a tener otro tipo de relación con la economía y la sociedad, más protagonista, ya que se planteará como el motor de un nuevo régimen de acumulación. Asimismo, el hecho de que la industrialización comenzara a ser el nuevo sector dinámico de la economía, implicó una situación novedosa, ya que se dio un cambio en el bloque de poder dominado por la oligarquía primario exportadora.

A grandes rasgos, estas dos estrategias de desarrollo que acabo de describir, serán las que tendrán lugar luego de la crisis del 30 en América Latina. Tal como expresara más arriba, la opción por una u otra vía de acción estará condicionada por el contexto interno de cada país y por los recursos disponibles para hacer frente a la situación crítica. Lo que me interesa destacar del período, es el punto en el que convergen las dos opciones propuestas, y que tiene que ver con la instalación de la industrialización como nueva opción estratégica ligada al crecimiento y al desarrollo interno de los países. El hecho de optar por una industrialización deliberada, va a poner en riesgo los equilibrios político-económicos vigentes hasta el momento. Industrializar significará alimentar unas fuerzas sociales que ya no podrán ser contenidas dentro de los canales tradicionales de participación. Industrializar va a significar, para muchos y especialmente para el bloque hegemónico que supo detentar el poder, desatar las fuerzas del caos. ¿Cómo se resuelve el problema de la industrialización? Ya hemos visto que para los países pasivos, la industrialización fue secundaria, con lo cual los “equilibrios” político-económicos pudieron relativamente sostenerse. Sin embargo, la situación alcanza otro nivel de complejidad si pensamos en los países reactivos. El Estado, en su papel de promotor, va a estar en sí mismo en el foco de la contradicción y será el escenario principal de las disputas entre actores sociales con intereses antagónicos. A riesgo de parecer demasiado estructuralista, podríamos pensar que la síntesis de la lucha de clases, se va a ver reflejada en el papel que asuma la dirección estatal. En este sentido, lo que sigue, pretende identificar los intereses diversos que desata la industrialización, la coalición política dominante y el rol del Estado. El período que comprende las décadas de 1960 a 1980, será un período marcado por diversas confrontaciones que intentarán direccionar la estrategia de desarrollo, especialmente en los países que hemos denominado como reactivos.

En oposición a lo expuesto sobre los países pasivos, los países reactivos se direccionan económicamente hacía un modelo de desarrollo hacia adentro (Bulmer Thomas, 1998). Tal como destacara más arriba, esto se da en aquellos países donde una incipiente industrialización ya se había instalado antes de la Gran Depresión. Industrialización que nunca fue planificada dentro del marco del modelo primario exportador, con lo cual, al pasar la industria a estar en la base de las economías, las primeras medidas que se tomaron fueron en función de otorgarle más racionalidad y protección. Cabe destacar que esta fase inicial, o “fácil” de la industrialización es promovida por el Estado y está montada sobre los bienes de consumo. Es una industria muy protegida, de baja inversión y orientada a la sustitución de las importaciones para el mercado nacional (que antes se abastecía de bienes de importación), el cual se intenta expandir mediante el aumento de los ingresos del sector popular (Collier, 1985: 4 y 5). Esto último, será un factor fundamental en el desarrollo de esta fase del nuevo régimen de acumulación, ya que altera definitivamente la coalición que fuera la base del régimen político anteriormente predominante. En este sentido, el cambio en la orientación económica va a traer aparejado un cambio en el sistema político, producto de la incorporación del sector popular. De acuerdo a las ideas de O´Donnell, que retoma David Collier, “la transición a la fase inicial de la industrialización, que implica la producción de bienes de consumo, está asociada con la transición de un sistema oligárquico a uno populista” (1985: 5). Es así que la nueva coalición surgida de las nuevas condiciones estructurales estará compuesta por una élite industrial nacional y el sector popular urbano, “reforzando así la posición de los industriales en relación con la élite exportadora previamente dominante” (1985: 6). Surge de esta manera el modelo que se ha dado en llamar nacional-popular.

El Estado populista, ocupó un lugar central en este proceso, en la medida en que fue el referente central de toda acción, subordinó los designios del mercado a su lógica política y no solo promovió el desarrollo industrial, la ampliación del mercado interno, el impulso al gasto social y una política redistributiva; sino que también conformó a los nuevos actores políticos que serán los protagonistas de este modelo de desarrollo. Lo que me interesa destacar de este Estado, es que era sumamente receptivo a las demandas sociales de los sectores populares, en tanto los mismos representaban uno de los pilares fundamentales de la nueva estrategia de desarrollo más arriba explicitada.

En términos económicos, este modelo va a encontrar sus propios límites. Serán estos límites los que abrirán la puerta a una modificación de la estrategia de acumulación. Las nuevas opciones conllevarán a una serie de disputas que pretenderán incidir sobre los equilibrios político-económicos logrados. En este sentido, una vez que la fase inicial de la industrialización se completa, es decir, cuando el mercado nacional de productos simples está satisfecho, comienzan a aparecer una serie de problemas típicos de esta forma de expansión industrial. Ya que si bien, por un lado, se logró superar la dependencia de las importaciones de bienes de consumo, por otro lado, se intensificó la dependencia de bienes intermedios y de capital, productos que implicaban un alto costo para unas economías que, en función de esta nueva estrategia de desarrollo hacia adentro, iban cediendo el lugar preponderante que supieron tener en los intercambios comerciales internacionales, lo cual limitaba su posibilidad de obtener divisas. De esta forma, la fase “fácil” de la industrialización culmina con serios problemas en la balanza de pagos, deudas externas e inflación.

Dentro de esta lógica, la variable de ajuste que la élite política encontró para estabilizar la situación fue el sector popular. Este hecho, fundamental, rompe el carácter multi-clasista de la anterior coalición, ya que pretende retornar a una política de desarrollo más “ortodoxa” (Collier, 1985: 6). La nueva propuesta, el desarrollismo, se caracterizará por ser excluyente y concentradora. Pondrá el énfasis en la rentabilidad y productividad del gran capital nacional y extranjero en detrimento del gasto social, con lo cual, los sectores populares serán mayormente reprimidos en función de la acumulación del capital. La nueva coalición política estará compuesta por políticos tecnócratas, los grandes capitales nacionales y extranjeros y parte de la vieja oligarquía.

El desarrollismo se propone iniciar una fase de “profundización” de la industrialización que tenía como objetivo comenzar a producir bienes intermedios y de capital. El hecho de que esta producción fuera intensiva en tecnología y capital, que no se encontraba fácilmente disponible en la región, determinó que en la nueva coalición que sustentaba al modelo, el financiamiento externo y el capital transnacional, tuvieran una importancia preponderante. En este sentido, estabilizar la economía mediante una serie de políticas de corte ortodoxo, tenía como fin atraer empresas multi-nacionales (EMN); las cuales tenían a su disposición tanto el financiamiento como la tecnología necesaria para producir al nivel esperado. Por otro lado, la estrategia también estaba basada en la inversión estatal, que ante la insuficiencia de la inversión privada, comienza a crear empresas en ciertas ramas de la producción consideradas estratégicas. En este sentido se invirtió en infraestructura social y en sectores de la industria considerados “clave” como para dejarlos en manos de los intereses extranjeros, por ejemplo el petróleo y el acero. Se podría decir, siguiendo las reflexiones de Bulmer Thomas, que llegado el fin de la década del sesenta, la profundización tuvo cierto éxito, tal como lo demuestran la participación cada vez mayor de las manufacturas en el PBI, como el surgimiento de industrias químicas y metalúrgicas de importancia (1998: 326-330).

A diferencia del Estado populista, el Estado desarrollista no era ni conciliador, ni negociador. Su estrategia de crecimiento era excluyente desde el punto de vista social y funcional a los intereses de la derecha económica a quienes representaba.

A pesar de sus relativos éxitos, esta política también comienza a mostrar sus límites. A grandes rasgos podríamos identificar dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, la producción era de alto costo; esto se debía al elevado precio de los insumos importables y a un mercado interno relativamente chico para el nivel óptimo de la producción. En segundo lugar, la producción era también ineficiente, como consecuencia de la protección frente a la competencia y a la estructura oligopólica de las empresas. A su vez, los altos costos para producir se traducen en la incapacidad de las industrias nacionales para ingresar al comercio internacional en forma de exportación, con lo cual, nuevamente las ganancias por exportaciones tuvieron que depender de la producción primaria; que si bien logró cierta diversificación, seguía dependiendo de unos cuantos productos tradicionales. Lamentablemente las industrias que tuvieron lugar fueron en sí mismas intensivas en importaciones, con lo cual, el modelo de desarrollo hacia adentro, conllevó para los países que se apoyaron en él a interminables crisis de balanzas de pagos, generando lo que se dio en conocer como “cuellos de botella”, aunado a déficit presupuestales, inestabilidad cambiaria e inflación (Bulmer Thomas, 1998: 330-332).

Tal como queda expresado, cada opción de política económica conllevaba en sí misma una contradicción interna, relacionada fundamentalmente con los mercados internacionales, de los que en una u otra medida dependía; esto llevará a que algunos sectores comiencen a cuestionar el modelo de desarrollo hacia adentro basado en la industrialización. Asimismo, el período presenta un problema político, dado que una u otra opción, beneficiaba claramente a distintos grupos de la sociedad. Los equilibrios político-económicos eran precarios, dado que había un factor desestabilizante, que, de acuerdo con David Collier (y en relación con las ideas de Guillermo O´Donnell), dependía del nivel de activación política de los sectores populares, que podían en mayor o en menor medida desestabilizar a los gobiernos en función de sus intereses como clase y en contra de su exclusión política. Es así que las políticas de desarrollo populistas y las más ortodoxas desarrollistas se seguirán unas a otras en rápida sucesión mientras continúa la crisis económica (1985: 7). Dentro de esta lógica, el Estado pasa a un primer plano en la medida en que hay un empate hegemónico, en el cual, ninguna clase puede imponer su conducción sobre la sociedad (Castro Escudero, 2005). Serán finalmente los sectores militares los que intentarán terminar con esta doble crisis.

La opción liberal será la que, de la mano de las fuerzas armadas y el aparato coercitivo, logrará de alguna forma cierta “estabilización” mediante la aplicación de un plan que tendrá como fin terminar de forma radical con la crisis, tanto económica como social.

En este sentido, una alianza entre los sectores del viejo liberalismo económico, las viejas clases dominantes agrarias y “sus tentáculos en actividades industriales, comerciales y financieras” (O´Donnell, 1997: 103); con una derecha tecnocrática, representante local del gran capital transnacional y los organismos financieros de crédito, y las fuerzas armadas; van a coincidir en que las crisis de los países en los que intervinieron, estaban relacionadas con los procesos de restructuración económica que se desataron luego de la crisis del treinta, en dos palabras: la industrialización.

Lo que van a criticar son las políticas que tuvieron como fin la promoción de la industria como sector dinámico de la acumulación; el papel de un aparato estatal cada vez más grande e interventor; el apoyo al consumo de los sectores populares con su consecuente incorporación y activación política y las políticas tendientes al crecimiento y protección del mercado interno. Dentro de esta lógica, la burguesía que había nacido de las políticas proteccionistas, las masas urbanas y la aparición de liderazgos considerados como demagógicos y subversivos, que llevaron adelante las políticas más arriba descriptas, fueron entendidos como los responsables de una estructura económica que fue calificada como “artificial” y que llevaba en sí misma el germen de los problemas inflacionarios y de balanza de pagos que aquejaban a la región (O´Donnell, 1997: 102 -103).

Básicamente, esta nueva alianza, se proponía desmontar la estructura económica (y de clases) que se había plasmado durante décadas en la región. En función de esto, sus políticas tendrán como fin generar una economía moderna, abierta y eficiente. Basados en los libros de texto de la economía neoliberal, las políticas a implementar tenderán a la disminución drástica del déficit fiscal, la liberación de precios, liberación de los flujos internacionales de capitales, eliminación de subsidios, y toda la batería del ortodoxo monetarismo contemporáneo (O´Donnell, 1997).

A grandes rasgos, se podría decir de acuerdo con O´Donnell (1997), que la política económica llevada adelante por esta nueva alianza de intereses, ataca a la industria y a los sectores de la burguesía nacional ligados a los circuitos productivos, fomenta la concentración de capital y auspicia la rentabilidad de los sectores financieros. En este sentido, si bien las metas que se esperaban cumplir con respecto al crecimiento de la economía y al control de la inflación no fueron logradas al corto plazo, lo que se puede afirmar, es que lo que sí se logro fue consolidar las nuevas fracciones dominantes de la sociedad, entre las cuales se puede incluir a una burguesía ligada a los intereses financieros, los sectores comerciales ligados a la exportación y a la importación y por último a los sectores productivos. Todo a costa de la exclusión de los sectores populares, que mediante la transformación de la economía y de la mano de la represión y la exclusión política, logran ser finalmente neutralizados.

Cabe resaltar que las dictaduras militares que ocuparon el Estado en este período, no solo tenían como fin favorecer los intereses de los capitales monopólicos, tanto nacionales como extranjeros, sino que además, basados en la Doctrina de la Seguridad Nacional, llevaron adelante una práctica tendiente a evitar rebeliones y/o posibles revoluciones. Amenazados por la radicalización política de los sectores populares e incapaces de luchar en la arena política, suspenden la democracia a través del uso de las armas. Es así que, independientemente del nivel de industrialización, la opción liberal interviene en países tan diferentes como Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay y en algunas de las repúblicas centroamericanas y del Caribe tales como Guatemala, Ecuador, Honduras y República Dominicana, dando lugar a lo que se conocerá como Estado contrainsurgente (Castro Escudero et al, 2005: 39 – 41).

La opción por el liberalismo económico; que podríamos discutir si fue una opción o no, ya que mayormente se implantó mediante dictaduras militares que clausuraron los canales democráticos de las sociedades y se valieron de la represión para aplacar todo disenso; terminará finalmente por desembocar en aquello que se dio en llamar la “década pérdida” de los años 80, que estará marcada por la recesión y el estancamiento.

Siguiendo a Joseph Ramos (1993), hay dos cuestiones complementarias que estarían en la base de la crisis de este período. Por un lado, una nueva re-edición de la inolvidable cuestión de la vulnerabilidad externa, producto de los cambios habidos en el contexto internacional. Y por otro, la persistencia de la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones, que aún no había sido totalmente desmantelada por la estrategia de desarrollo liberal.

Sin entrar en demasiado detalle, las economías latinoamericanas, profundamente endeudadas luego del alza de los precios del petróleo y su posterior caída, se ven afectadas por una moratoria en los pagos de la deuda (que comienza en México para luego extenderse a otros países) que redundará en la caída de los préstamos bancarios en toda la región y en una fuga de capitales. Si nos retrotraemos a lo explicitado más arriba en referencia a los procesos de industrialización ya descriptos, recordaremos que las industrias eran en sí mismas intensivas en importaciones, que ahora se verán frenadas por la escasez de divisas, producto de la crisis de la deuda. Esta situación traerá a la región los efectos más recesivos, ya que reducir las importaciones implica paralizar la producción. Paralelamente, ante la imposibilidad de los sectores públicos de elevar sus ingresos y de reducir los gastos, se acude a la emisión monetaria para financiar el déficit, lo que conllevará, junto con los efectos recesivos ya descriptos, a una escalada inflacionaria que terminará por estancar la economía.

Finalmente, lo central en este período de estancamiento, es que se consolida un viraje estratégico. El mismo implicaba orientar nuevamente las economías hacia fuera y revalidar los méritos del mercado y de los sectores privados como dinamizadores de la economía, en detrimento de unos Estados sobredimensionados y demasiado interventores. Cabe destacar, que la respuesta neoliberal que prevaleció en la década de 1990 a estos problemas, no fue a fines de los ochenta el único curso de acción posible planteado. De hecho, durante los años ochenta, los diagnósticos fueron cambiando, sin embargo, de acuerdo con Juan Carlos Torre “la dirección de la innovación política dependerá de cuál sea la interpretación de las causas de la crisis económica que prevalezca” (1998: 18). Y prevalecieron las tesis neoliberales, que en la crítica coyuntura, prometieron de la mano de un nuevo paradigma, la superación de la emergencia económica (1998: 15).

En este sentido, se sostendrá que las causas del estancamiento económico provienen de las instituciones económicas características del patrón de desarrollo hacia adentro y promovido desde el Estado: “de un lado, el carácter cerrado de las economías, que limitaba la exposición de las industrias locales a la competencia externa, y del otro, al drenaje fiscal generado por las empresas públicas y los subsidios provistos a los capitalistas privados” (Torre, 1998: 15). Es así que por el lado de las políticas, lo que se llevará a cabo es un ajuste estructural y una reforma del Estado, que tenía como fin llevarlo a su expresión mínima.

Por el lado del ajuste estructural, lo que se intentará es revalorizar al mercado y su capacidad para reasignar recursos de forma eficiente. De esta manera, se aplicarán políticas tendientes a la apertura comercial, desregulación financiera, privatización de empresas públicas, flexibilización laboral, etc. La finalidad era lograr la eficiencia económica y generar una economía competitiva a nivel mundial, en el marco de una globalización cada vez más amplia. Por el lado de la reforma del Estado, se intenta acabar con el intervencionismo y el proteccionismo. La crítica que prevalece es la de un Estado grande, burocrático, corrupto, poco eficiente y clientelar. En este sentido, es llevado a su expresión mínima de garante de la seguridad jurídica y las inversiones privadas, y se le asigna un papel compensatorio a nivel social.

Para finalizar con este recorrido, hay dos cuestiones que sería interesante destacar. En primer lugar, el hecho de que las tesis neoliberales triunfantes, se presentaron a sí mismas como una respuesta objetiva, técnica y racional frente la crisis. Su discurso a favor de las virtudes de los mercados y su autorregulación, muestran su afiliación tecnocrática, especializada, en detrimento de las posiciones políticas; discurso que podemos comenzar a rastrear en el análisis precedente cerca de la década de los sesenta. En este sentido, ante lo objetivo, ante lo que se nos presenta como el desenlace natural de las cosas, solo queda la aceptación y la espera de las promesas de un mejor futuro, y de que la objetividad predicada, equiparable a una ley científica, finalmente se cumpla. Sin embargo, esto no sería real en la medida en que las políticas propuestas, responden, como cualquiera de las anteriores políticas analizadas en este trabajo, a una coalición de intereses bien identificables que se benefician de los cambios estructurales introducidos, en detrimento de otros actores sociales. Es así que Castro Escudero dice que durante la década de los noventa “triunfa y se hace hegemónica una fracción financiera neoliberal estrechamente asociada a los grupos financieros transnacionales” (2005: 19). Además agrega, que el nuevo papel del Estado y el rol preponderante que se le asigna al mercado, responden al interés de Estados Unidos por recuperar su hegemonía sobre América Latina, a los organismos internacionales de crédito, a las grandes burguesías transnacionalizadas y a una nueva oligarquía financiera. Dentro de esta lógica, y yendo a la segunda cuestión que quería plantear, me parece importante recalcar el hecho de que el diagnóstico que el neoliberalismo hace de la crisis, presenta un casual olvido. Digo esto en función de que muy centrado en las consecuencias negativas de un Estado demasiado grande e interventor, decide olvidar el hecho de que hubo una serie de factores que fueron determinantes en la crisis de los ochenta y sobre los cuales los gobiernos no pudieron ejercer ningún control. Lo que se dejó afuera tiene que ver con “el contexto de incertidumbre que rodeaba las negociaciones de la deuda externa y la evolución de las tasas de interés internacionales, así como las fluctuaciones de los términos del intercambio” (Torre, 1998: 17). Todas cuestiones sobre las cuales era imposible operar desde la posición de vulnerabilidad externa que presentaba la región.

Si ponemos en relación el olvido y los beneficiarios de las políticas implementadas, ¿no estamos acaso ante la profundización de aquello que casi al principio del análisis hemos caracterizado como dependencia? Es decir, una política económica atada a los vaivenes del mercado externo y manejada por una élite política cuyos intereses se encuentran atados a los de los capitales extranjeros.

El régimen de acumulación neoliberal de fines del siglo XX no ha mirado hacia el pasado con fines pedagógicos. En este contexto, los procesos de industrialización que tuvieron lugar entre 1930 y 1970, se nos presentan al final de esta etapa del desarrollo económico como un misterio que es preciso resolver. Lo que queda claro al fin del período es que “toda política económica expresa determinadas opciones sociales, responde a ciertas prioridades, así como privilegia intereses específicos. Las decisiones económicas resultan ser entonces claramente decisiones políticas” (Matellanes, 2003: 45).

¿Un cambio de época para el siglo XXI?

Ya entrado el siglo XXI, es interesante ver como nuevos procesos políticos se van reconfigurando en la región luego de casi una década de hegemonía neoliberal. En este sentido, se nos plantea la cuestión de pensar si estamos frente a un cambio de época, o frente a la inevitable continuación del camino que comenzó a gestarse allá por la década de 1970.

Ante el interrogante planteado, hay tres cuestiones que me parece necesario enfocar, a los fines de poder esbozar una respuesta. En este sentido, me parece fundamental mirar lo acontecido con respecto a la recomposición de la movilización social, los nuevos gobiernos surgidos de ella y el nuevo patrón de acumulación.

En primer lugar, me parece interesante observar lo ocurrido con la recomposición de la movilización social, en tanto la misma fue objeto de políticas conscientes tendientes a su desactivación. Para poder pensar esta cuestión, es necesario ir un poco hacia atrás y contextualizar. En este sentido, tal como fuera analizado más arriba, a partir de la década de 1930, y de la mano de los procesos de industrialización, se dan concomitantemente procesos de movilización social de la mano de los sectores populares que comienzan a tener participación política. Este tipo de movilizaciones fueron en su momento determinantes a la hora de sostener o no a un gobierno, debido a su capacidad de movilización y organización, siempre en pos de una identificación de sus intereses como clase. Esta cuestión se verá modificada con el accionar de los gobiernos militares de la década de 1970, que mediante un plan sistemático de represión y exterminio ejercido sobre estos sectores (con fines de desmovilizarlos) y la aplicación de políticas tendientes a desmantelar la estructura productiva que sostenía la industrialización, lograron finalmente neutralizar su acción. Aunado a esto, las políticas de la década de 1990, que profundizan aquellas aplicadas en los setenta logran finalmente la transformación drástica de la estructura económica y con ella la de la sociedad en su conjunto. Tal como mencionara más arriba, la nueva dirección de la economía otorgaba un papel hegemónico al capital financiero especulativo, en detrimento de la producción y el trabajo. Es así que el régimen de acumulación neoliberal conllevó tanto a procesos de precarización laboral y pérdida de derechos en los ámbitos laborales, como a procesos de exclusión de amplios sectores de la población (especialmente a aquellos ligados a los circuitos productivos) de los mercados de trabajo. Dentro de esta lógica, el trabajo como pilar central de la socialización fue cuestionado, generándose de esta forma una fractura social que rompe con las formas de identificación social tradicionales, lo cual redundará en una seria dificultad para generar procesos de resistencia popular.

A esta situación, debería agregarle el hecho de que la adhesión a las políticas neoliberales en América Latina fue total. Prácticamente, en casi todos los países, todo el espectro político adhirió a sus premisas, dejando así cerrada la posibilidad de una alternativa política dentro del marco de la institucionalidad establecida, generándose un vacío político.

Es entonces ante el proceso estructural de empobrecimiento económico, de exclusión social y cultural, y de marginación política, en el sentido de la ruptura de los sentidos de pertenencia a una comunidad política, que emergerán nuevas demandas sociales (Moreira et al, 2008: 11,12). Esta vez articuladas a partir de lo que se dio a conocer como nuevos movimientos sociales, elemento que debe ser considerado novedoso, en tanto rompe con la forma tradicional de articular las demandas sociales, ya que surge por fuera de las fuerzas de la política institucional.

De acuerdo con Maristella Svampa, los movimientos sociales fueron los grandes protagonistas que abrieron un nuevo ciclo a través de sus luchas y reivindicaciones, ya que lograron abrir la agenda pública y colocar en ella nuevos temas tales como: el reclamo frente a la conculcación de los derechos más elementales, la cuestión de los recursos naturales y de las autonomías indígenas, la crisis de representación de los sistemas vigentes, contribuyendo con ello a legitimar otras formas de pensar la política y las relaciones sociales (2010: 4).

Estos movimientos representan nuevas identidades sociales que se caracterizan por un nivel de complejidad que es también novedoso. Las mismas pueden ser definidas socioculturalmente a partir de ser portadoras de valores y demandas extra-económicas, aunque por otro lado, se las puede definir desde lo socioeconómico, a partir de la exclusión más que desde la articulación con el mercado de trabajo formal (Moreira et al, 2008: 10).

Entonces si miramos los procesos de movilización social, de la mano de los nuevos movimientos sociales, que irrumpen en la escena política de forma insurreccional, surgidos desde el seno mismo de unas sociedades fracturadas, por fuera de los canales tradicionales de participación política, podemos afirmar que estamos ante un cambio de época. Me parece interesante resaltar esto, en la medida en que esa movilización social, que pretendiera ser clausurada mediante un doble proceso de violencia física y económica, se recompone de una manera novedosa y trae a la superficie una nueva agenda de cuestiones, que incluyen entre otras cosas, una crítica al modelo establecido. Es de la mano de estos movimientos que emergerán los nuevos gobiernos de fines de los noventa, y que se encontrarán de alguna manera limitados, por la nueva cuestión social, traída a la escena política por estos nuevos movimientos sociales.

Corresponde ahora pensar, hasta qué punto, los nuevos gobiernos surgidos en la primera década del siglo XXI, marcan el cambio de una época o no. En este sentido, se nos plantean dos cuestiones, la vía anti-estatista y la de recuperación del Estado Nacional.

Si bien la vía anti-estatista no es la preponderante, es interesante traerla a colación en la medida en que “marca una nueva forma de construcción política desde la izquierda”. Cabe resaltar, que es el movimiento zapatista en México, el primero en manifestarse, ya en 1994, en contra de “las viejas formas de hacer política, referenciadas en el Estado”, y en contra de la globalización neoliberal. Dentro de su propuesta, se inscribe un proceso de fundación de instituciones propias, por fuera de la lógica estatal. Las mismas tienen como fin una cuestión no menor, el logro de la autonomía. Es ante la imposibilidad de las comunidades indígenas de que el Estado Mexicano les reconozca su autonomía, que las mismas decidieron construirla de hecho. De esta forma, su gobierno, es un autogobierno, cuyo “eje será la construcción política y social por fuera del aparato del Estado y de la lógica del capital” (Thwaites Rey, 2010: 8,9). Cabe resaltar que más allá de todas las críticas que puedan hacerse sobre esta experiencia anti-estatista, resulta interesante tenerla presente en la medida en que es una experiencia en proceso, cuyos impactos aún no pueden ser evaluados en su totalidad y en su potencialidad.

En oposición a lo anteriormente planteado, los nuevos gobiernos que tuvieron lugar en la mayor parte de la región, se inscriben en la lógica institucional del aparato del Estado. Estos gobiernos, tal como destacara más arriba, surgen a raíz de los procesos de lucha popular que lograron alterar las relaciones de fuerza vigentes en los ochenta y en los noventa (Thwaites Rey, 2010: 11). Es así que de alguna manera son profundamente sensibles a la nueva cuestión social a la que tienen que hacer frente; son además críticos del neoliberalismo y de las consecuencias que este sistema ha dejado en la región. En este sentido, entienden que “los mercados perfectos no existen, que ellos tienen fallas y que el papel del Estado es insustituible para regularlos dentro del esquema capitalista dominante” (Moreira et al, 2008: 12). Es así que en el marco de estos nuevos gobiernos, a diferencia de lo planteado en la década del noventa, el recupero de los resortes estatales determina un clima de recuperación de cierta autonomía estatal-nacional para definir cursos de acción que se puedan imponer a las clases y sectores dominantes locales e internacionales, lo que a su vez marcará los límites y posibilidades de estos nuevos gobiernos (Thwaites Rey, 2010: 11). Salvando las diferencias, aquí encontramos un punto de convergencia con respecto a la vía anti-estatista, y tiene que ver con el intento por lograr cierta autonomía. Si en el marco de estos nuevos gobiernos la misma se logra a partir de recuperar la función estatal en el marco de un capitalismo globalizado, en la experiencia zapatista se hace a partir de la creación de instituciones por fuera de la lógica del Estado y del capital. Me interesa marcar esta cuestión, en la medida en que provenimos de una historia de profunda dependencia, tal como fue expresado en apartados anteriores, con lo cual remarcar que se está en búsqueda de una mayor autonomía relativa con respecto a las relaciones de fuerza mundiales, no me parece una cuestión menor. Esta situación me parece clave, para afirmar que existe en el marco de los nuevos gobiernos un cambio de época, que se ve además fortalecido por el hecho de que se intenta concertar posiciones a nivel regional, a fines de poder modificar los equilibrios de fuerzas internacionales en favor de la región. Tal como destaca Mabel Thwaites Rey, “la reciente discusión latinoamericana post-neoliberalismo, afirma la necesidad de ver a esos Estados de la periferia como un momento de captura de espacios de soberanía, de más y mayores grados de libertad frente a la lógica del capital” (2010: 13). Cabe recordar nuevamente, que los nuevos gobiernos son críticos, pero no cuestionan la lógica del capitalismo y juegan siempre dentro de las reglas de juego que el capital impone; lo cual nos remite a la última cuestión a analizar, el régimen de acumulación.

Retomando el tema de la estrategia de desarrollo económico, hay que destacar que las últimas décadas marcaron para la región un largo período de estancamiento y recesión. En este sentido, la situación se ve modificada en los primeros años del siglo XXI, ya que la nueva coyuntura internacional marca un período mucho más favorable. Hay que tener en cuenta que hubo un nuevo auge de los precios relativos de los productos primarios (commodities) con lo cual la mayoría de los países latinoamericanos, profundamente favorecidos por estos nuevos precios internacionales, se vuelcan nuevamente hacia un modelo extractivo-exportador. Dentro de esta lógica, la mayoría de los gobiernos han considerado que es necesario aprovechar la oportunidad brindada por la situación favorable de las actividades extractivas, ya que estiman es la forma más rápida de generar el progreso y desarrollo en sus respectivos países. Asimismo, el retorno de la matriz de producción extractiva-exportadora ha consolidado la hegemonía de las grandes empresas transnacionales dedicadas a los agro-negocios.

Lamentablemente, en este punto, no es posible afirmar que se está ante un cambio de época, ya que estaríamos asistiendo a una re-primarización de la economía, que además conlleva los gravosos efectos sociales y ambientales de las actividades extractivas que tienden a destruir la biodiversidad y el medioambiente. Tal como destaca Maristella Svampa, estamos frente a una curiosa paradoja, ya que mientras el consenso liberal de la década del noventa entra en crisis, la región se inserta en una nueva fase de acumulación del capital, en la cual uno de sus núcleos centrales es la expropiación de los recursos naturales, cada vez más escasos, en el marco de una lógica de depredación ambiental (2010: 23).

A modo de conclusión, se podría decir que el hecho de que el régimen de acumulación no muestre grandes cambios con respecto al desarrollo precedente, no es una cuestión menor. Si revisamos en nuestra historia regional, tal como se intentó hacer, es importante poder rescatar con fines pedagógicos, lo que implica en términos de consecuencias negativas, un paradigma productivo basado en la extracción de recursos, con tendencia al monocultivo, a la concentración económica, la contaminación, el desplazamiento de poblaciones campesinas, entre otras cuestiones. Cabería preguntarse ¿cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar por el desarrollo? En este sentido, que se esté planteando recuperar el Estado como una instancia de articulación social en beneficio de los más débiles, implica un cambio enorme con respecto a la situación precedente, solo que tal como destaca Mabel Thwaites Rey, no hay que perder de vista la contradicción ínsita que plantea la estructura estatal, no hay que dejar de ver que sigue latente el peligro de ser cooptados, de ser adaptados, de ser subsumidos en un orden que arraiga la injusticia (2010: 18). Asimismo, es importante rescatar la existencia de movimientos sociales y de una ciudadanía cada vez más activa, dispuestos a discutir y a llamar la atención sobre estas cuestiones. América Latina tiene mucho que aportar al debate mundial sobre estos temas de la mano de la revalorización de las culturas aborígenes y campesinas, que en su lucha en defensa de sus derechos culturales y territoriales, plantean una crítica muy lúcida al modelo de civilización occidental. Al menos desde lo discursivo, las mismas plantean el desarrollo como la consecución del buen vivir en armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas (Svampa, 2010: 21); que estas voces, acalladas y sometidas durante siglos puedan interpelar al sujeto occidental y hacer una propuesta de este tipo, marca sin dudas un cambio de época. De lo analizado podríamos finalmente concluir que la región está ante la oportunidad histórica de un gran cambio; aunque se está aún en un proceso de transición en el cual todavía no es posible prever si continuaremos por la senda de la amarga dependencia o si se consolidará un nuevo rumbo.

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