Introducción

La llegada al poder de la Revolución Ciudadana en Ecuador en 2007 marcó una ruptura fundamental en la política del país con la ejecución de un programa post-neoliberal. Su posición fuerte frente a las élites económicas y políticas generó a la vez apoyo por parte de amplios sectores de la población y por otra parte oposición de sectores vinculados a la banca, los medios de comunicación, los grandes empresarios, entre otros. Poco a poco una parte de la izquierda y algunos movimientos sociales pasaron a la oposición, lo que generó otros tipos de conflictos vinculados a diferentes interpretaciones de la Constitución, sobre todo alrededor del modelo de desarrollo a seguir. Sin embargo, estas tensiones no lograron desembocar en grandes movilizaciones y protestas debido al importante apoyo que tenía la Revolución Ciudadana – y principalmente el Presidente Rafael Correa. En efecto, el significativo crecimiento económico, la mejor recaudación tributaria, los altos precios de las materias premias, particularmente del petróleo, permitieron a la Revolución Ciudadana la ampliación de los derechos sociales, el mejoramiento de las infraestructuras productivas (simbolizado por las carreteras), una importante baja de la pobreza, una alta movilidad social que incrementó la clase media, entre varios avances que cambiaron la sociedad ecuatoriana.

El año 2015 marca un punto de inflexión en el Ecuador de la Revolución Ciudadana. La coyuntura económica desfavorable debido a la caída de los precios del petróleo y la apreciación del dólar sumado a la ausencia de una moneda propia^[2] y de un cambio de la matriz productiva obligó al gobierno a tomar algunas medidas para enfrentar el problema en el sector externo de la economía. Una de estas medidas fue el establecimiento de salvaguardias (aranceles) para desincentivar ciertas importaciones y la consecuente salida de divisas, y además proteger e incentivar la producción nacional.

La situación económica y las medidas tomadas por el gobierno han tenido consecuencias sobre el ánimo general de la población y también en el ámbito político. Desde el 2014 se observaba una reactivación de la oposición de derecha, pero es en el año 2015 cuando incrementa el ciclo de conflictividad. Si bien tuvo sus inicios en septiembre del 2014 con el tema laboral, se vio acrecentado, en 2015, con las jornadas de protesta del 19 de marzo y el 1 de mayo, para alcanzar su mayor pico durante el mes de junio, cuando el Ejecutivo envió el proyecto de ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza (Impuesto a la Herencia) a la Asamblea Nacional. Por primera vez en nueve años, la Revolución Ciudadana tuvo que confrontarse con movilizaciones casi cotidianas durante tres semanas. Estas movilizaciones siguieron en agosto con la convocatoria a un paro nacional por parte de los sindicatos, sin embargo, la cantidad de movilizados decayó en las convocatorias de septiembre, noviembre y diciembre.

En estas marchas destaca la diversidad de actores presentes: los opositores estructurales a la Revolución Ciudadana (organizaciones vinculadas al ex MPD^[3], Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador, sectores de la derecha, etc.) a los cuales se sumó la presencia de un fuerte sector de clase media y ciudadanos sin vinculación partidaria. Con esta diversidad de actores, las reivindicaciones solo pueden ser heterogéneas: cansancio de algunos sectores con respecto al gobierno, reclamo de una mayor libertad de expresión, oposición a las salvaguardias, reclamos por la

Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, rechazo a la eliminación del 40% de los aportes del Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y otros temas como la Ley de Tierras y el Plan Familia. Por su parte, las marchas de junio condensaron la oposición frente al proyecto de ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza (o Ley de Herencia), utilizando para ello variados argumentos que iban desde el carácter confiscatorio que representaba el proyecto hasta la afectación para las empresas familiares que suponía, tejiendo un nexo entre empresa nacional y estructura familiar, considerando la herencia como una especie de derecho familiar.

Esta diversidad de reivindicaciones presupone una variedad de actores socio-políticos que se movilizan contra el gobierno. Sin embargo, si estos actores logran confluir en las mismas manifestaciones, eso no quiere decir que tengan los mismos objetivos y sobre todo podrían lograr construir un frente electoral común. El denominador común es su anti-correismo que se traduce en el grito “Fuera Correa Fuera”, que funciona, en la mayoría de las movilizaciones, como el horizonte de interpelación al cual los diferentes sectores movilizados apelan. Sin embargo, este tipo de acciones y movilizaciones supone también un desafío para el gobierno, ya que exige resoluciones, nuevos gestos políticos y formas de gestionar la política más allá de las políticas públicas y de la trayectoria exitosa de resultados electorales.

La respuesta del gobierno de la Revolución Ciudadana a estas movilizaciones tuvo dos momentos que marcan dos formas de procesamiento político de los conflictos. El primero se caracteriza por la estrategia de medición de fuerza en la calle bajo el lema de “Somos más, muchísimos más”, organizando plantones, vigilias y contra-marchas simultaneas a la marcha de los sectores de oposición. Ahora bien, más allá de ser una estrategia puramente defensiva, cabría preguntarse si un ciclo de conflictividad se dirime necesaria y únicamente bajo un criterio cuantitativo referido al número de personas movilizadas. Más aún cuando el objetivo de esta estrategia no es del todo claro ya que el discurso de golpe de Estado utilizado cada vez que la oposición ocupa la calle ya no funciona. Además como la militancia y la organicidad dentro del movimiento Alianza PAIS no terminan de construirse, la movilización está constituida mayoritariamente por funcionarios de cada ministerio.

El desgaste de esta respuesta llevó a implementar una segunda: la organización de un diálogo nacional sobre la equidad y la justicia social, es decir la apertura de espacios de participación, de escucha, de debate entre el Estado y la sociedad. Esta respuesta eminentemente política, justo antes de la venida del Papa, permitió desmovilizar una parte de los sectores que participaban en las marchas, anteponiendo los espacios de interlocución ciudadana a ciertas expresiones violentas de algunos sectores movilizados.

Estos factores nos permiten determinar la emergencia de un fenómeno que podemos caracterizar como de “retorno de la política”. Es decir que, durante estos ocho años, la política estuvo o bien asociada a una lógica electoral o bien invisibilizada en los espacios de gestión de la política pública sin funcionar como un espacio de conflicto y debate. En este sentido, en este artículo se analizará este “retorno de la política” que se manifiesta a través de la presencia de dos elementos: el incremento de la conflictividad socio-política y la convocatoria al Diálogo Nacional, en un contexto de cambio de estrategia política desde 2013.

Revolución Ciudadana, actores sociales y conflictividad socio-política antes del 2015

La Revolución Ciudadana no es un proceso lineal, aún más si consideramos que se trata de un gobierno en disputa. En este sentido, se puede observar tres etapas distintas con diferentes dinámicas socio-políticas y una evolución de los actores en conflicto. Si en la primera etapa constitucional y constituyente el escenario político estaba dividido en dos campos bajo el lema de “todos contra la partidocracia y el neoliberalismo” y en la cual el principal objetivo era la aprobación de la Constitución y la recuperación del Estado, a partir de 2009 se empezó a observar la aparición de un tercer bloque: a la Revolución Ciudadana y la oposición de derecha se añadió la oposición de izquierda formada por agrupaciones (MPD y sus satélites sociales, movimiento indígena y ex figuras de Alianza PAIS) que al principio apoyaban al gobierno pero que poco a poco se alejaron. Esta escisión fue el resultado de desacuerdos vinculados a la manera de hacer política o a conflictos corporativistas, es decir al cuestionamiento por parte del gobierno del espacio que deberían ocupar las organizaciones sociales dentro del Estado.

Con esta separación y las elecciones del 2009 en la cual la oposición de izquierda presentó candidatos propios, empezó la segunda etapa caracterizada por la transición post-constituyente y por la aprobación de las leyes de la transición^[4], algunas de las cuales generaron conflictividad (agua, comunicación, educación superior, servicio público, entre las más conflictivas) (ver Ramírez y Le Quang, 2011). Durante este periodo se ampliaron los derechos sociales y se ejecutaron una amplia gama de políticas públicas que responden a demandas sociales de la población. Pero al mismo tiempo se desconocen las dinámicas colectivas y las diferentes formas de participación. Es lo que se podría caracterizar como un neo-desarrollismo sin política que pone en tensión el crecimiento económico, la ampliación de los derechos sociales y el respecto de los derechos de la naturaleza. A partir de ahí empieza una serie de conflictos alrededor de la interpretación de la Constitución y del modelo de desarrollo a implementar.

Esta segunda etapa se cierra con las elecciones presidenciales y legislativas de 2013 cuando la Revolución Ciudadana experimentó una hegemonía electoral sin precedentes desde el retorno a la democracia. Además de la victoria de Rafael Correa en la primera vuelta de las elecciones presidenciales con el 57% de los votos válidos, Alianza PAIS logró ganar 100 de los 137 escaños en la Asamblea Nacional. Durante la campaña electoral, se posicionó como prioridad del nuevo periodo el cambio de la matriz productiva que, además de ser un discurso tecnocrático y un objetivo difícil de cumplir en un periodo de cuatro años, no se dirige a los mismos actores sociales: se deja de lado a las fuerzas progresistas y populares y se interpela a la burguesía nacional y a los empresarios. En este sentido, el cambio de figura en la vice-presidencia (de una figura más social a una figura cercana a los sectores petroleros y productivos) es una señal de un cambio en la correlación de fuerza dentro del propio gobierno: los sectores vinculados con lo productivo y los sectores estratégicos toman más fuerza que los vinculados con lo social, conocimiento y talento humano. Este alejamiento de las fuerzas populares tuvo como consecuencia unos resultados en las elecciones locales de 2014 que no respondieron a las expectativas de los dirigentes de MPAIS y que rompieron la dinámica electoral de la Revolución Ciudadana, permitiendo la reactivación de las fuerzas de oposición a nivel local así como el activismo desde la calle.

A lo largo del proceso de la Revolución Ciudadana, la conflictividad socio-política ha sido importante. Franklin Ramírez y Soledad Stoessel identifican “cuatro líneas de conflicto [que] hacen referencia a distintos campos de disputa: reconocimiento político. representación y participación social en el Estado; libertades individuales; y orientación del modelo de desarrollo y buen vivir.” (2015: 151). Estos conflictos son la consecuencia del desacuerdo de diversos actores socio-políticos con las políticas del gobierno: movimiento indígena; sindicatos de educadores, trabajadores de la salud o de servidores públicos; estudiantes; ambientalistas; feministas; movimientos LGBTI; medios de comunicación; gremios de periodistas; cámaras (comercio, industrias); grupos empresariales; fuerzas armadas; entre otros.

Sin embargo, la respuesta gubernamental en la mayoría de los casos ha sido la descalificación y la deslegitimización de estos actores. Ahí nos puede ayudar la distinción entre la definición de lo político que hace Carl Schmitt y la de Chantal Mouffe. Lo político, según Schmitt, “puede entenderse sólo en el contexto de la agrupación amigo/enemigo, más allá de los aspectos que esta posibilidad implica para la moralidad, la estética y la economía” (1976: 35). Mouffe entiende lo político “como la dimensión de antagonismo que consider[a] constitutiva de las sociedades humanas” (2011: 16). Pero este antagonismo debe convertirse en agonismo que “establece una relación nosotros/ellos en la que las partes en conflicto, si bien admitiendo que no existe una solución racional a su conflicto, reconocen sin embargo la legitimidad de sus oponentes” (Mouffe, 2011: 27).

Si Schmitt y Mouffe comparten la idea de que lo político es un campo conflictivo que dibuja una frontera entre ellos y nosotros, no conciben al oponente de la misma manera: Schmitt lo ve como enemigo mientras que Mouffe lo define como adversario, lo que le permite afirmar que la democracia debe convertir el antagonismo en agonismo. Solo así se pueden abrir canales políticos, institucionales o no, que sean reconocidos como legítimos para las partes en conflicto. Pero antes de abrir canales políticos legítimos, las partes en conflicto deben reconocerse como legítimos: “Destaca la existencia en una sociedad democrática de una pluralidad de intereses y demandas que, aunque están en conflicto y finalmente nunca pueden ser reconciliados, deberían sin embargo considerarse como legítimos.” (Mouffe, 2011: 128)

Si en el primer periodo de la Revolución Ciudadana la frontera del nosotros/ellos está claramente dibujada entre los anti-neoliberales y los neoliberales, entre el pueblo y la partidocracia, esta división se desdibujó cuando una parte de la izquierda pasó a la oposición a partir de 2009. Así se empezó a caer en la moralización de la política, es decir que “lo político se expresa en un registro moral” en el cual “el nosotros/ellos, en lugar de ser definido mediante categorías políticas, se establece ahora en términos morales. En lugar de una lucha entre “izquierda y derecha” nos enfrentamos a una lucha entre “bien y mal”.” (Mouffe, 2011: 12-13). El Presidente Correa no habla de “bien y mal” sino de “los que tienen la verdad” (su gobierno) frente a “los que mienten” (los medios de comunicación y la oposición en general). Entonces el oponente ya no es visto como un adversario sino como un enemigo. Los conflictos ya no pueden arreglarse de manera agonista. Las demandas y movilizaciones de los actores socio-políticos opuestos a la Revolución Ciudadana están consideras como ilegitimas, cerrando los canales de diálogo y de debate con estos actores.

Es así que llegamos al 2015 con un panorama político en el cual se pueden resaltar tres acontecimientos. Por un lado, por primera vez en 8 años, el gobierno de la Revolución Ciudadana estaba cediendo la iniciativa política a la oposición en medio de una coyuntura larga de un año, para el tratamiento de las enmiendas constitucionales^[5]. El accionar político de la Revolución Ciudadana se realizaba con una actitud entre defensiva y reactiva, simbolizada, por ejemplo, por un cierto repliegue hegemónico sobre sus propios espacios.

Desde el lado de la oposición, se puede observar una reactivación de la derecha que se reposiciona con una disputa de liderazgo alrededor de dos polos. El primero se constituye desde lo local alrededor del eje Mauricio Rodas, Alcalde de Quito, y de Jaime Nebot, Alcalde de Guayaquil. Utilizan su posición de electos para hacer una oposición al gobierno desde lo institucional, en un primer momento con el tema de las transferencias de competencias y la voluntad de no asumir el costo político de una posible alza de pasajes de bus. Esta oposición desde lo local es una de las consecuencias de los resultados de las elecciones locales de 2014 y tiene como objetivo conformar una unidad política en vista a las elecciones de 2017. El segundo polo se hace desde el activismo en torno al banquero y ex candidato a las elecciones presidenciales de 2013, Guillermo Lasso, con la conformación de un frente amplio denominado “Compromiso Ecuador”, con la presencia de una constelación de figuras políticas provenientes de diferentes horizontes, como Pachakutik o Ruptura de los 25 desde las organizaciones de izquierda. Todas estas personalidades se encuentran sin puestos electos, por lo que Guillermo Lasso no tenía otra estrategia posible para existir políticamente que confrontar al gobierno con la recolección de firmas para la consulta popular en contra de la reelección indefinida.

Desde la oposición de izquierda, se notó una reaparición de la protesta y la movilización social así como una recuperación (en presencia y legitimidad) de este repertorio de acción que vamos a analizar ahora.

El incremento de la conflictividad social

La movilización en las calles por parte de los sectores opositores al gobierno es un repertorio de acción que empezó desde el mes de septiembre del 2014 y se incrementó desde principios del 2015. Como ya se mencionó, los sectores movilizados no representan un bloque homogéneo ya que no se encuentran aglutinados por las mismas demandas. Con base a ello, podemos observar la presencia de cuatro tipos de actores: organizaciones sindicales vinculadas al ex MPD; organizaciones sociales tanto del sector indígena, educativo, ambientalista y de mujeres; sectores de derecha vinculados a Guillermo Lasso, las Cámaras de Comercio o el Partido Social-Cristiano (PSC); y ciudadanos sin afiliación política partidaria visible, principalmente sectores de clase media así como los denominados “Banderas negras”^[6]. Este último sector aparece en las movilizaciones del 2015 y está constituido por algunos sectores de la clase media que han podido acceder a un cierto nivel de consumismo, y que siente que se está atacado su poder de adquisición y su libertad de poder consumir lo que quiera.

Este último sector es el que ha logrado poner en marcha las movilizaciones más importantes, sobre todo en términos de duración (con plantones casi todos los días durante tres semanas), que ha tenido que afrontar la Revolución Ciudadana desde su inicio en 2007. Si bien en sus inicios las marchas y concentraciones del mes de junio estuvieron conformadas sobre todo por sectores de clase media, movilizados de manera espontánea en un espacio que resultó cómodo para ellos^[7], luego del llamado al Diálogo Nacional sobre Equidad y Justicia Social, se convirtieron en marchas más partidarias manejadas por élites socio-económicas, en una clara disputa dentro del campo de la derecha por posicionarse como posibles candidatos para la contienda electoral de 2017. Esta evolución permite analizar también las movilizaciones de junio como una disputa por consolidar un liderazgo nacional, además de lograr tener una cierta presencia territorial en Quito por parte de los sectores de derecha que se encuentran en un momento de reconstitución con fracturas en su interior.

Las movilizaciones de junio marcaron un pico en el ciclo de conflictividad no solo por su continuidad diaria sino también por la violencia desatada, la cual terminó por restar legitimidad a los reclamos que movilizaban a los sectores de oposición. En estas movilizaciones de junio se notó la relativa ausencia de la oposición de izquierda, que intentó recuperar la dinámica al final pero demasiado tarde. Pensando capitalizar este descontento, los sindicatos vinculados al ex MPD llamaron a un Paro Nacional en agosto, primera paralización de este tipo a la cual se enfrentaba el gobierno de la Revolución Ciudadana. La CONAIE decidió plegarse a este llamado con la utilización de un repertorio de acción tradicional del movimiento indígena en Ecuador: la convocatoria a un levantamiento que se convirtió en una marcha que inició el 2 de agosto en Zamora Chinchipe- provincia del sur de la Amazonia- y terminó el 13 de agosto en Quito, mismo día del Paro Nacional. Posteriormente se organizaron tres jornadas más de movilizaciones en septiembre, noviembre y a principio de diciembre, el mismo día de la votación de las enmiendas en la Asamblea Nacional.

De manera general, este ciclo de movilización deja al menos tres lecciones. En primer lugar, en lo que respecta a los actores movilizados, se evidencia la debilidad de las organizaciones sociales y sindicales, ya que la masividad de la marcha en la capital ha dependido siempre de la adhesión del sector de clase media no politizado y del grupo denominado “Banderas negras”. Este fenómeno fue muy claro en las tres últimas jornadas de movilización, que si bien fueron convocadas por estas mismas organizaciones, no contaron con la participación de los sectores de clase media y los Banderas Negras. Por esta razón estas movilizaciones no tuvieron el mismo éxito que las anteriores, debido a la poca asistencia y el bajo impacto tanto político como mediático.

Por otro lado, la poca magnitud y resonancia del levantamiento indígena evidencia la fractura que atraviesa el movimiento indígena. En el Ecuador, el levantamiento, como repertorio de acción, tuvo mayores éxitos en el pasado, por lo que remite más a una memoria histórica que a una estrategia de lucha útil en los tiempos actuales. Esta debilidad de la CONAIE, además de sus divisiones internas, proviene también de su poca penetración en las zonas urbanas y sobre todo en las zonas periféricas de las grandes ciudades, lugares donde se han instalado una parte de la población indígena que ha migrado desde el campo hacia la ciudad.

Sin embargo, tal fracaso del levantamiento no significa que las organizaciones indígenas en su conjunto se encuentren cercanas a la Revolución Ciudadana ya que, si bien en muchos casos manifiestan todo su apoyo al proceso político, también presentan un conjunto de demandas que el gobierno aún ha tenido sus dificultades para resolver. Esta agenda de reclamo no solo está vinculada a demandas materiales, a más y mejores servicios públicos y a un mayor acceso a medios de producción para mejorar la calidad de vida, sino también a demandas de reconocimiento político, más ligadas al final del maltrato racista y a cuestiones de inclusión de voz y voto en el campo político de toma de decisión.

La segunda lección que deja el ciclo de movilización es el fracaso del paro nacional. La actividad económica y productiva se desarrolló con normalidad en todo el país. Para el éxito de un paro nacional, además de los trabajadores, se necesita el apoyo de dos tipos de sectores: el sector productivo y los transportistas. En el primer caso, a la falta de reconocimiento por parte de las élites económicas de este repertorio de acción típico de los trabajadores, se debe sumar la situación económica difícil que no permite a los empresarios darse el lujo de parar la actividad todo un día. Mientras que en el caso del sector transportista, las reuniones mantenidas con el gobierno nacional desde principios del año 2015 han servido para fortalecer el vínculo con las federaciones de transportistas y así desactivar posibles conflictos y movilizaciones. Fue así como el paro nacional se diluyó finalmente en marchas y movilizaciones en las principales ciudades del país, acompañadas, en algunos casos, del cierre de carreteras.

Finalmente, la tercera lección es la imposibilidad por parte de los sectores movilizados de poder establecer acuerdos programáticos más allá del descontento y de la estrategia de desgaste perseguida por ciertos sectores. El horizonte de interpelación que reúne a todos los actores movilizados no va más allá de su anti-correismo simbolizado por el grito destituyente “Fuera Correa Fuera”. Eso hace que el ciclo de movilización se estanque en una inercia de ambas partes, mediante la cual la lógica del conflicto parece medirse solo en términos cuantitativos, cristalizados en la convocatoria a la marcha y la contramarcha.

Contrariamente a quienes consideran a la democracia solo como el triunfo en los comicios electorales y la construcción de consensos mayoritarios, la emergencia de actores sociales en el espacio público es un signo de la revitalización de la democracia. La radicalización de la democracia requiere necesariamente de la emergencia del debate político y la confrontación, tomando en cuenta la existencia de antagonismo de clases. En este sentido, considerar la protesta social solo desde un criterio numérico puede ocultar el potencial de articulación que poseen los diversos sectores sociales cuando se trata de oponerse a un proyecto político en cuestión.

Además, el gobierno debe reconocer a estas movilizaciones y no solo querer confrontarlas con la medición de fuerza en las calles. Según Chantal Mouffe, “cuando no existen canales institucionales a través de los cuales los antagonismos puedan expresarse de manera agonista, es muy probable que esos antagonismos terminen descargándose a través de la violencia.” (Mouffe, 2015: 27) Ante el aumento de la violencia por parte de las “banderas negras”, el Presidente Correa decidió abrir un canal institucional que se llamó “Diálogo Nacional sobre la Equidad y la Justicia Social” coordinado por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades). La radicalización de la democracia y la amplitud de los espacios de diálogo constituyen un punto novedoso y fundamental en la agenda de la Revolución Ciudadana.

El diálogo social como herramienta política

La convocatoria a un gran Diálogo Nacional sobre la Equidad y la Justicia Social fue una respuesta política a las movilizaciones de junio. Se parte del principio de que el diálogo es una herramienta de gestión política de la conflictividad socio-política abriendo nuevos y variados espacios de escucha, debate, argumentación y resolución de demandas, dando lugar a una nueva interfaz entre el Estado y la sociedad.

El Diálogo Nacional se abrió a mediados de junio y su primera evaluación estaba prevista en septiembre, fecha en la cual el gobierno decidió alargar este proceso hasta final del año 2015. Se planteó un marco de discusión amplio, la equidad y la justicia social, sin embargo el mandato era hacer énfasis en los proyectos de ley (herencia y plusvalía) que fueron el motivo de las movilizaciones de junio.

La Senplades fue la institución encargada de coordinar el Diálogo Nacional, para lo cual desarrolló una metodología que fue utilizada por las otras instituciones que participaron en el Diálogo Nacional, a lo largo del cual se pudo observar cuatro tipos de espacios de diálogo. El primer espacio, conducido por los diferentes ministerios coordinadores, sectoriales y secretarías de Estado, tuvo la participación de actores organizados (organizaciones sociales, asociaciones, sindicatos, gremios, comités de usuarios, entre otros) que representan las demandas y conflictos identificados en cada sector de la política pública. En este espacio se organizaron también diálogos más transversales con jóvenes, pueblos, nacionalidades y comunas indígenas, el pueblo afro-ecuatoriano u organizaciones no-gubernamentales (ONG), entre otros sectores.

El segundo fue más territorial, organizado conjuntamente entre el Ejecutivo y el Legislativo en siete zonas del país, para recoger propuestas de políticas públicas y de reformas legislativas a los cuales asistió la ciudadanía no organizada y organizada. El tercer espacio fue una plataforma digital que se habilitó desde la Senplades con el objeto de recoger los aportes de ciudadanos no organizados y representantes de colectivos, bajo la temática de Equidad y Justicia Social. Y el cuarto espacio tiene características más partidistas, ya que se realizó desde el movimiento Alianza PAIS. Este espacio, además de discutir sobre la equidad y la justicia social, permitió informar y debatir sobre el proyecto de Ley para la Redistribución de la Riqueza (Impuesto a la Herencia) y el de las ganancias extraordinarias (Plusvalía).

Además de estos espacios más institucionalizados, se pudo observar la conformación de espacios de auto-organización y de diálogo entre organizaciones sociales, lo que permite afirmar que el proceso institucional desbordó hacia la sociedad. Es decir que la sociedad se apropió de esta coyuntura para debatir y para reencontrarse. Se podría decir que la política recuperó espacios en la sociedad, lo cual constituyó un resultado político quizás de mayor importancia.

Esta recuperación de la política es el primero de los sentidos políticos de este proceso de diálogo. El diálogo nacional ha permitido acercar al Estado a la ciudadanía en general, escuchando las demandas de la sociedad organizada y no organizada. Esta forma de retorno de la política para posicionarla al interior de la sociedad es fundamental para ir más allá de la democracia representativa y activar otros mecanismos e instancias de participación. En efecto, si las contiendas electorales sirven para elegir y legitimar a un programa o un proceso político, la ciudadanía no puede esperar cada cuatro años para dar su opinión, para aportar en la construcción de la política pública o para reclamar mejoras en la gestión de gobierno.

Para eso, la política debe salir de los espacios institucionales tradicionales (ministerios, Asamblea Nacional, gobiernos locales) y ponerse en el centro de la sociedad. Pero esta activación requiere de una corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad, en un escenario en el cual la cultura política hace que muchas veces las organizaciones sociales sean proclives a dirigir sus reclamos exclusivamente hacia el Estado en detrimento de la construcción y fortalecimiento de sus bases sociales dentro de la sociedad y con los sectores populares. Por un lado, el Estado tiene que abrir espacios de participación de los cuales la sociedad debe apropiarse. Pero, por el otro lado, también la sociedad debe establecer sus propios espacios de auto-organización con el objetivo de des-institucionalizar la participación y no depender únicamente del Estado para constituirse como un sujeto político. En efecto, un proceso político nacional-popular no puede existir sin una efectiva participación de la ciudadanía en el proceso transformador de la sociedad. La continuidad de un proyecto político depende necesariamente de eso, más allá de la victoria electoral en las urnas, porque esto significa disputar los diferentes espacios de construcción cultural, en muchos de los cuales aún perviven rastros de la lógica neoliberal.

Este retorno de la política en la sociedad está relacionado con el segundo sentido: el diálogo es una herramienta que posibilita la construcción de un ciudadano crítico capaz de empoderarse del proceso político en curso. Este empoderamiento del proyecto político con los sectores populares y las clases medias es precisamente lo que permite no solo pensar en la reconstrucción de un ciudadano crítico sino más aun considerar los espacios del diálogo como mecanismos correctivos de la política pública, a partir de las demandas respecto a sus mejoras, extensión de servicios públicos, entre otras. Este tercer sentido del diálogo es fundamental para procesar políticamente las demandas de la sociedad en cuanto al mejoramiento de las políticas públicas implementadas por el gobierno de la Revolución Ciudadana (ver Goldfrank, 2015).

Finalmente, el cuarto sentido del diálogo lo convierte en una herramienta de participación que permite reconocer a los diversos actores socio-políticos y a sus demandas legítimas. Sin este reconocimiento previo de las diferentes partes es difícil emprender un proceso de diálogo. Este reconocimiento de las diferentes formas colectivas de organización de la sociedad, pero también de la legitimidad de los ciudadanos no organizados para expresarse, es una manera de otorgar voz a los actores sociales que reconocen en el Estado una entidad que puede velar por sus derechos. Más que operar bajo una lógica de descalificación del oponente, se trata de construir argumentos a posicionar en la disputa política, única forma de pasar del antagonismo al agonismo.

A pesar de eso, el diálogo nacional no se acercó a la democracia agonista de Mouffe sino más bien a la “democracia dialógica” de Anthony Giddens (1997). En efecto, en los diferentes espacios del diálogo nacional, no se confrontaron dos modelos de sociedad y no se trató de una confrontación real, porque los oponentes más duros de la Revolución Ciudadana no participaron. No se debatió sobre una nueva hegemonía, ni sobre una transformación de las relaciones de poder. Más bien estos espacios de diálogo se parecieron más a las conferencias nacionales desarrolladas en Brasil “caracterizadas como instancias de apertura al diálogo y a la negociación entre las partes que la componen” (Melo Romão, 2015: 240), sin que sean comparables en términos cuantitativos y a nivel de experiencia, ya que en Brasil existen desde los años 1980.

Sin embargo, es necesario que, apelando a los principios constitucionales, el diálogo resitúe a la participación ciudadana como eje del funcionamiento de las instituciones y de la revitalización democrática. No se trata, únicamente, de facilitar el debate entre Estado y sociedad sino, sobre todo, propender a que la participación social desborde al gobierno y a las instituciones, y permita que los diferentes grupos, actores, movimientos, organizaciones se escuchen y encuentren entre sí. El diálogo debe situarse en el horizonte mayor de una gran confluencia de la ciudadanía con y más allá del Estado, del gobierno nacional y de los gobiernos locales.

El Diálogo Nacional deja algunas lecciones políticas. El retorno de la política y la apertura de espacios de diálogo permitieron desmovilizar algunos de los sectores de clase media que estaban en la calle en junio así como algunos grupos de trabajadores. El solo hecho de abrir un diálogo fue bien acogido por la sociedad y marca el éxito de este proceso. Esa desmovilización fue posible debido al acercamiento del gobierno a actores sociales alejados y críticos gracias a una etapa de pre-diálogo que consistía en reuniones cerradas para crear un ambiente de confianza para la etapa de diálogo. Si bien se ha logrado retomar el contacto con organizaciones críticas, no ha sido posible para la Revolución Ciudadana dialogar con sectores de la oposición que no querían legitimar este proceso de apertura democrática.

Adicionalmente, si bien el objetivo primero de este proceso de diálogo nacional era informar sobre los dos proyectos de ley rechazados en las movilizaciones de junio, se ampliaron los temas de acuerdo a las problemáticas que afectan a los actores participantes. Así se pudo observar que la mayoría de las demandas de la ciudadanía son demandas de reconocimiento: ser escuchado, participar en las decisiones que le afectan, reconocer las diferencias y las identidades frente a las políticas universalistas de la Revolución Ciudadana, entre otras. El reclamo no se centró en la demanda de nuevas políticas públicas, lo que podría demostrar que el abanico de políticas públicas implementadas por la Revolución Ciudadana ha sido bastante amplio, sino más bien en mejorar aquellas políticas existentes y deficiencias en su aplicación y gestión en los territorios. También se destacan las demandas de mayor eficiencia del Estado a través del mejoramiento de los procesos administrativos del sector público para incentivar el desarrollo económico y social; la democratización de los medios de producción, principalmente en el sector agrícola, y la existencia de incentivos para la producción y el desarrollo del sector privado; la ampliación de la participación ciudadana, con propuestas de empoderamiento de la ciudadanía para participar en la generación de soluciones y su ejecución; un mayor acceso a la educación y a la salud, a pesar del reconocimiento de los avances en estos sectores, democratización que se debe acompañar de un incremento de la calidad y la calidez de estos dos servicios públicos; la lucha contra la evasión y la elusión de los impuestos.

A modo de cierre

En el 2015, el retorno a la política y su reposicionamiento en el centro de la sociedad ecuatoriana marca un punto de inflexión en Ecuador, con efectos tanto dentro del gobierno como para la oposición de derecha.

Para la Revolución Ciudadana, el contexto económico difícil no le permite implementar políticas públicas al mismo ritmo que durante los ocho años anteriores. Este gobierno ha sido reconocido por su buena gestión pública y los numerosos logros que ha obtenido con sus políticas públicas, que han cambiado la vida a gran parte del pueblo ecuatoriano. Eso lo podría caracterizar como un proceso neo-desarrollista en el cual la construcción de infraestructura y la ampliación de los servicios públicos básicos (educación, salud, vivienda, etc.) han sido centrales para obtener el apoyo de la población y cambiar sus condiciones de vida, sobre todo de los más pobres.

Sin embargo, este neo-desarrollismo se ha acompañado poco a poco de una ausencia de política en la gestión política de la política pública, en la comunicación o en la interacción con la sociedad. Se han institucionalizado los espacios de participación, cerrado otros espacios de inter-relación entre el Estado y la sociedad y se ha desconocido los espacios de auto-organización de la sociedad. Esta coyuntura de diálogo nacional, así como de crisis económica, permite anteponer la política antes que la ejecución de política pública y entonces ampliar los espacios de participación. Pero, para que ésta sea efectiva, las instituciones públicas deberán responder y dar soluciones a las principales demandas que los ciudadanos han colocado en los diferentes espacios del diálogo nacional.

Finalmente, estas movilizaciones demostraron que si bien existe una hegemonía post-neoliberal con la apropiación del discurso de los derechos sociales, no ha habido cambios profundos en lo que Gramsci llama el sentido común, con el cual se construyen formas específicas de subjetividad. Hasta ahora la Revolución Ciudadana no ha logrado desarrollar una contra-hegemonía cultural al neoliberalismo, lo que representa una deuda que hoy le está jugando en contra. En efecto, los ciudadanos son por el momento meros consumidores: una vez que la situación económica pone en riesgo su capacidad de consumo, se vuelven en contra del gobierno que les permitió aumentar su poder de adquisición. Además tampoco se ha podido contrarrestar un discurso anti-impuesto muy vinculado a un discurso anti-estatal, legado del periodo neo-liberal. Claramente el rol de los medios de comunicación es fundamental en esta lucha contra-hegemónica, junto con “la importancia crucial de las prácticas culturales y artísticas en la formación y la difusión del sentido común” y su “papel decisivo […] en la reproducción o desarticulación de una determinada hegemonía” (Mouffe, 2014: 97).

Desde la oposición de derecha, las elecciones locales de 2014 vieron la emergencia de un personaje característico de la post-política como lo es Mauricio Rodas (ver Ramírez Gallegos y Coronel, 2014), quien ganó la Alcaldía de Quito y se posicionó como un posible outsider para llegar como el candidato del campo de la derecha a las elecciones presidenciales del 2017. Un candidato que en los inicios de su gestión contaba con verdaderas posibilidades de disputar la victoria al candidato de la Revolución Ciudadana.

La post-política rechaza la confrontación socio-política y las ideologías así como todo tipo de conflictividad social. Esta postura se asienta sobre el “fin de la historia” de Francis Fukuyama y el fin de las ideologías post-guerra fría, con un predominio de lo económico que relega la política a un segundo plano. La post-política está vinculada con el neoliberalismo, con la gestión de los asuntos sociales por parte de expertos. En definitiva, la post-política es una forma de negación de lo político.

Sin embargo, el retorno de la política desde principio del año 2015 pone en dificultad a los diferentes actores políticos que apuestan en la post-política: ¿cómo se posicionan en una coyuntura de aumento de la conflictividad socio-política? ¿Es posible seguir utilizando una estrategia que niega y pretende erradicar el conflicto? Además, el proceso de diálogo pone en evidencia la lectura errónea de la post-política que circunscribe al ser humano a su estado de homo economicus y muestra más bien la voluntad de la sociedad de participar, de ser escuchado y de revitalizar en ese sentido los espacios políticos.

Rodas no ha logrado tener una posición firme durante las movilizaciones de junio sino más bien fluctuó entre una ausencia en las primeras marchas, luego una convocatoria a los espacios del diálogo y finalmente la decisión de formar parte de las marchas. Esta estrategia ambivalente no solo ha servido para que los diferentes sectores efectúen críticas sobre su accionar sino también le imposibilitaron una capitalización política de las diferentes manifestaciones.

El último acontecimiento del año 2015, la aprobación de las 16 enmiendas constitucionales, tendrá consecuencias para el 2016, año pre-electoral. Esta aprobación en la Asamblea Nacional no sólo implicaba una votación, en un recinto en el cual el oficialismo cuenta con más de los dos tercios de los miembros, lo que le permite enmendar a la Constitución, sino que suponía también un debate político más allá de los términos jurídicos, que problematice e indague lo que significa para el país y para la continuidad del proyecto político, la inclusión de estas 16 enmiendas. La oposición, liderada por Lasso, logró apropiarse del discurso de la consulta popular para aprobar estas enmiendas, herramienta de democracia directa que simbolizaba los primeros años de la Revolución Ciudadana cuando tenía que consultar a la ciudadanía para legitimar algunas decisiones importantes (aprobación de la Asamblea Constituyente, aprobación de la Constitución, cambios en la justicia, etc.). La imagen de la aprobación de estas enmiendas en un Parlamento rodeado de un cerco policial choca con la fiesta democrática de la aprobación de la Constitución y simboliza el estrechamiento de los espacios de debate en torno a esta cuestión.

Ahora se avizora uno de los más importantes desafíos políticos que tiene a su frente la Revolución Ciudadana: enfrentar un proceso electoral sin Rafael Correa a su cabeza, lo que podría generar varias tensiones en el seno de Alianza PAIS, movimiento heterogéneo cuya unificación se ha realizado alrededor de la figura del Presidente Correa. Con la transitoria de la enmienda de la reelección, aprobada por la Asamblea Nacional, que prohíbe al Presidente Correa presentarse en 2017, se abre un año pre-electoral en el cual la escena política ecuatoriana tendrá que descorreizarse. Si desde la oposición de izquierda se observa debilidades electorales que no permite a este sector esperar mucho del próximo ciclo electoral, las disputas dentro de la oposición de derecha van a ir creciendo a medida que se acerquen las elecciones. Volvió la política.

Bibliografía:

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Goldfrank, B. (2015). “Democracia participativa e izquierdas: logros, contradicciones y desafíos” en A. Minnaert y G. Endara (Eds.), Democracia participativa e izquierdas. Logros, contradicciones y desafíos. Quito: FES-ILDIS.

Melo Romão, W. (2015). “Políticas públicas y democracia participativa: avances y límites de las conferencias nacionales en Brasil” en A. Minnaert y G. Endara (Eds.), Democracia participativa e izquierdas. Logros, contradicciones y desafíos (pp. 238-293). Quito: FES-ILDIS.

Mouffe, C. (2011). En torno a lo político. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Mouffe, C. (2014). Agonística. Pensar el mundo políticamente. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Ramírez Gallegos, F. y Stoessel, S. (2015). “Postneoliberalismo, cambio y conflicto político en el Ecuador de la Revolución Ciudadana” en M. Argento y A. L. Ciccone (Comps.), Pulsión de cambio. Movimiento latinoamericano en la construcción de proyectos contra-hegemónicos (pp. 133-190). Rosario: Editorial Último Recurso.

Ramírez Gallegos, F. y Coronel, V. (2014). “La política de la «buena onda». El otro Mauricio y la reinvención de la derecha ecuatoriana en tiempos de Revolución Ciudadana” en Nueva Sociedad, núm. 254, noviembre-diciembre, 136-148.

Ramírez Gallegos, F. y Le Quang, M. (2011). “Coaliciones legislativas, disciplina partidaria y conflicto social” en La Asamblea del Buen Vivir, informes de labores 2009-2011. Quito: Asamblea Nacional.

Schmitt, C. (1976). The Concept of the Political. New Brunswick: Rutgers University Press.

Notas