Introducción

El 22 de junio del año 2012, el Presidente paraguayo fue destituido mediante un cuestionable juicio político. Los argumentos que planteaban su ilegitimidad eran tantos como los que sostenían la validez de los hechos en el marco del derecho. Fernando Lugo, llegó al poder el 15 de agosto del 2008, luego de haber ganado las elecciones realizadas en abril de ese mismo año, con el apoyo del 40.82 por ciento de los votos. El histórico Partido Colorado (PC) ocupó el segundo lugar con un porcentaje del 30.72. La tercera fuerza, la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE) obtuvo el 21.98.[1] Sin embargo, esta diferencia de casi diez puntos sobre la segunda fuerza, y prácticamente veinte puntos sobre la tercera, no lograron evitar un “juicio relámpago”. (Viana, 2012) La composición numérica del Congreso no manifestaba del mismo modo la realidad de las urnas.[2]

El informe acusatorio que elaboró la Cámara de Diputados contra Lugo fue aprobado bajo la Res. No. 1431/2012. En términos generales se afirma que Lugo “…ha incurrido en mal desempeño de sus funciones en razón de haber ejercido el cargo que ostenta de manera impropia, negligente e irresponsable, trayendo el caos y la inestabilidad política…”[3] En el mismo documento se destaca que el “mal desempeño” se relaciona con la actitud de desprecio de Fernando Lugo hacia el derecho y las instituciones de la República. No obstante, las razones son más profundas de lo explícitamente declarado.

La intención no es desarrollar los argumentos y las causas del juicio político en sí, sino indagar el papel del movimiento social campesino en el contexto de la crisis presidencial. La importancia es crucial debido a que, como veremos, las causantes del juicio político tienen una estrecha relación con la problemática campesina. Asimismo, es importante recordar que Fernando Lugo llegó al poder con un fuerte apoyo social (aunque no político-partidario), sostén que sin embargo, no fue capaz de mantenerlo en el sillón de López.[4] Entender sobre el movimiento campesino paraguayo y su evidente ausencia en el desarrollo del impeachment contra Lugo, ayudará a esbozar una respuesta sobre la supuesta paradoja: ¿Por qué el movimiento campesino que aparentemente habilitó el ascenso de Lugo no fue capaz de mantenerlo en el poder?[5] ¿Por qué no reaccionó con fuerza frente a lo que muchos denominaron “golpe de estado”?

A modo de marco teórico

El desencadenante del juicio político fue la denominada “Matanza de Curuguaty”. Este hecho significó la muerte de 17 personas tras un enfrentamiento entre campesinos y policías en los Campos de Morombí, territorios ocupados por grupos sin-tierras. Las acusaciones en torno a la complicidad de Lugo con las “toma de tierra” y la falta de firmeza en la defensa de la propiedad privada, atentaban contra el normal funcionamiento de la República y lo hacían culpable de los resultados. Así entendido, el proceso legal que destituyó a Lugo fue realizado en el marco del derecho. Sin embargo, los argumentos presentados, las faltas de pruebas concretas y lo exiguo del plazo de la defensa, hacen cuestionar la legitimidad de los hechos.

Lo sorpresivo y precipitado de los acontecimientos llevó a la utilización innumerable de adjetivaciones: neogolpismo, sustitución constitucional, golpe parlamentario, quiebre institucional, uso de atribuciones legales del Congreso, mecanismo normal y legal, juicio exprés, ruptura o quiebre democrático, golpe institucional, etc. (Tockatlian, 2012; Rivarola, 2012; Rodríguez, 2012; Telesca, 2012; Escobar, 2012; Carbone, 2012) Como sostiene Lorena Soler, nos encontramos en una “…novedosa batalla simbólica: cómo adjetivar un proceso destituyente sin apelar a viejas categorías o concepciones”. (Soler, 2012:26)

Crisis Presidencial

Frente a esta compleja situación conceptual es que preferimos hacer uso del término “crisis presidencial”. Su utilización evita pronunciarnos conceptualmente ayudando a superar el intrincado debate. Estamos asistiendo a una nueva modalidad de inestabilidad democrática caracterizada por el desplazamiento de presidentes indeseables mediante mecanismos constitucionales.[6] Lo novedoso es la ausencia de quiebre de los regímenes democráticos en contextos de crisis, haciendo uso de los juicios políticos como alternativa a los tradicionales golpes de estado.

Con “crisis presidencial” referimos específicamente a los “casos grave de conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo en las cuales una de las ramas electas del gobierno busca la disolución de la otra”. Pérez Liñán utiliza la palabra crisis, “para describir una situación política apremiante que se caracteriza por el sentido de ‘inmediatez y urgencia’ entre actores poderosos.” En cuanto a la utilización del adjetivo presidencial, refiere al “marco constitucional en el cual tiene lugar la crisis”. (2009:26)

Desde una perspectiva práctica, las situaciones que pueden considerarse como crisis presidencial, son aquellas en las cuales un presidente electo busca disolver el Congreso, o el mismo Poder Legislativo intenta remover al Poder Ejecutivo. También se considera en la misma categoría a aquellas situaciones donde cualquier rama electa del gobierno apoya un levantamiento contra otra, ya sea este levantamiento militar o civil. Lo importante a tener en cuenta es el intento de interrumpir el “…mandato fijo que caracteriza a las constituciones presidenciales”. (2008:27) Dicha interrupción buscará realizarse mediante procedimientos estipulados constitucionalmente, como la figura del juicio político o mediante acciones inconstitucionales como un Golpe de Estado legislativo contra el presidente. En otras palabras, las crisis presidenciales pueden resolverse por dos vías: la institucional o la pretoriana. (Pérez Liñán, 2003:153)

En el análisis de las crisis presidenciales latinoamericanas desarrollado por Pérez Liñán, los movimientos sociales son reconocidos como uno de los factores fundamentales en el desarrollo y conclusión de las mismas. Puesto que es su descontento y accionar el que puede impulsar la renuncia o destitución del Presidente electo. Sin embargo, estas manifestaciones masivas de oposición a Lugo nunca se sucedieron en el contexto de crisis presidencial paraguaya. No obstante, tampoco ocurrió lo contrario.

Según relata Lorena Soler, testigo de los hechos; en la Plaza de Armas se congregaron “…ciudadanos sueltos, sobretodo, jóvenes urbanos, trabajadores del Estado y militantes universitarios”. Los grandes ausentes eran los campesinos. “Sólo se asomó un puñadito de campesinos que, expulsados por los agronegocios, habitan ahora en los márgenes de la gran urbe”. La ausencia de la plaza contrasta con otros momentos históricos de la carrera meteórica de Fernando Lugo, como la multitudinaria marcha que le ofreció la candidatura en 2006 (calculada en 40.000 personas) o los 750.966 votos que lo consagraron Presidente. (Soler, 2012:24)

Pequeñas movilizaciones se desarrollaron periódicamente durante todo el gobierno de Federico Franco, Vicepresidente de Lugo y su sucesor. Algunas organizaciones plantearon incluso un plan de lucha en apoyo al ex mandatario. Sin embargo, el contraste entre los cientos de miles de campesinos y la cantidad de personas que reclamaron por su restitución, se hace evidente. Justamente es la búsqueda de una respuesta a esa aparente paradoja la que guía el trabajo.

Movimiento social

En cuanto al concepto “movimiento social”, empieza a ser utilizado en Europa a mediados del siglo XIX para identificar específicamente al movimiento obrero “…y sus expresiones y formas reivindicativas –huelgas, boicots, manifestaciones”. (Ansaldi, 2006:16-17; Seoane y otros, 2012:5) En tal sentido hablamos de “Movimiento Social” en mayúscula y singular. (Núñez, 2013)

Esta interpretación asociada a la tradición alemana del término, se diferencia de la tradición francesa y anglosajona, que a partir de los años treinta del siglo pasado, lo utilizan y difunden en forma plural (“movimientos sociales”). “En esta segunda tradición se alude a todos los movimientos orientados a la modificación, más o menos radical, del orden social, tanto en sentido progresista como reaccionario”. (Ansaldi, 2006:16-17) El movimiento obrero deja de ser central como elemento identificador de los mismos, pudiendo o no, tener vinculaciones con el mismo.

Sin embargo, estas conceptualizaciones responden a una realidad propia de los países desarrollados y occidentales, que no contempla las particularidades de los países latinoamericanos. “En América Latina, los movimientos sociales fueron históricamente – desde fines del siglo XIX hasta fines del XX - sendas expresiones clasistas de los trabajadores, los campesinos y las clases medias urbanas”. (Ansaldi, 2006:19)

Hacia la década del ochenta, se empieza a adjetivar a los movimientos sociales como “nuevos” para señalarlos en sus diferencias, y especialmente en el marco en el que se desarrollan.[7](Ansaldi, 2006:19; Muñoz, 2012:8) El contexto histórico permite ubicarlos dentro de dos momentos:[8]

1. Relacionado con el final de las dictaduras y la transición hacia la democracia: su característica principal era la de ser movimientos sociales multiclasistas con demandas específicas referidas a su condición etaria, género, o bien en defensa del medioambiente y/o de los derechos humanos.

2. Enmarcados en contextos del avasallamiento neoliberal propios del Consenso de Washington. Combinan una pertenencia doble: clasista (campesinos) y étnicos (pueblos originarios). “Están asociados a la resistencia a la brutal expansión de las políticas y la globalización neoliberales, a la consolidación del nuevo patrón de acumulación del capital”. (Ansaldi, 2006:19-20)

Sin embargo, a estos dos momentos indicados por Ansaldi, debería agregársele una fase adicional destacada por Maristella Svampa. Si bien forma parte del escenario anterior, el contexto político es marcadamente diferente. La caracterización general es la de una reprimarización de la economía y una afirmación del modelo extractivo-agroexportador. En palabras de la autora esta nueva etapa se expresa en una demanda creciente de los países desarrollados hacia los países dependientes “…en términos de materias primas o de bienes de consumo, lo cual aparece reflejado en la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados como “improductivos”. (Svampa, 2010:6) El resultado de esta expansión provoca una transformación en la reorientación productiva de los pueblos trastocando estilos de vida y amenazando su propia subsistencia, exacerbando aún más el conflicto social.

Estas consideraciones son relevantes para comprender el movimiento social campesino en Paraguay en el contexto de la crisis presidencial del 2012. Sin tener presente estas condiciones, no es posible comprender las demandas de los campesinos que piden mucho más que el mero acceso a la tierra. Somos conscientes que hasta acá, no hemos sido capaces de articular un concepto que nos permita explicitar lo que llamamos “movimiento social”, justamente porque entendemos el “carácter ambiguo que parece acompañar el concepto”, considerando que efectivamente “…debe ser pensado también en relación a las diferencias entre los contextos socio-históricos en el que se enmarcan las prácticas contestatarias analizadas y sus propias particularidades…” (Seoane y otros, 2012:3)

Para finalizar este apartado, retomamos a Muñoz que sostiene como característica de los movimientos sociales de América Latina; la “mixtura de su composición”. En sus palabras: “No podemos tildarlos de viejos, nuevos, anti-sistémicos o no, más bien son todos y no son ninguno. Esto dado a que se tiñen con las características y particularidades de la región, la gente, la cultura y el sufrimiento de sus pueblos”. (Muñoz, 2013:8)

La mejor manera de conceptualizarlos, entonces, es a través de sus principales características. Zibechi observa en los movimientos sociales ciertas particularidades definitorias: entre ellos: la territorialización, la búsqueda de autonomía material y simbólica –tanto estatal como partidaria-, la revalorización de la identidad y cierta tendencia a la superación del concepto “ciudadano”, la formación de sus propios intelectuales, el nuevo papel de las mujeres, la preocupación por la relación con la naturaleza y la organización del trabajo; y finalmente, nuevas formas de acción instrumental auto-afirmativas de su identidad. (2003)[9]

La destitución de Lugo

Los hechos

El viernes 15 de junio de 2012, un centenar de policías intentaron desalojar tierras ocupadas por un grupo de sin-tierras. El resultado fue una balacera que terminó con la muerte de 6 uniformados y 11 campesinos. Quizás nunca se pueda saber con certeza que ocurrió en Campos de Morombí. El incidente dejó un saldo de 17 muertos y varios heridos. Según el Libelo Acusatorio “… se trató de una emboscada a las fuerzas de seguridad, producto de un plan debidamente concebido, planificado y llevado a la práctica gracias a la complicidad e inacción del Gobierno de Fernando Lugo”.[10] Vicente Morales –defensor de los acusados de la masacre – no está de acuerdo, y sostiene que no es posible que un pequeño grupo de 39 campesino “… mal alimentados, mal armados, con enfermedades, dengue, y con sus hijos en el lugar, pretendían emboscar y matar a 364 policías armados.” En palabras de la defensa de los imputados “Creemos que se armó una historia y después se buscaron las pruebas.”[11]

Las irregularidades en la investigación son muchas. Cosa para nada extraña en un país donde la Justicia es fuertemente cuestionada en su accionar por su alto índice de corrupción. La principal fuente del conflicto se presenta sobre la titularidad de las tierras ocupadas. Hasta entonces no se sabía con seguridad quienes eran sus dueños ya que se hallaban en disputa entre el Estado y la familia Riquelme.

Dichas tierras están ubicadas en departamento de Canindeyú y pertenecían a la Industrial Paraguaya que donó la propiedad al Estado, específicamente a la Armada Nacional, que si bien fue ocupada por ésta, en 1999 abandonó la propiedad. Según destaca Fátima Garay (2013), mediante un decreto de 2004 se resolvió que esas tierras se destinen a la reforma agraria. No obstante, al año siguiente mediante la figura de usucapión (o prescripción adquisitiva) Campos Morombí S.A. Comercial y Agropecuaria pretende inscribir las tierras a su nombre. La justicia es favorable a Blas Riquelme (dueño de la compañía y antiguo senador stronista) entregándole las tierras. Sin embargo, el Estado pide la anulación de esa resolución en 2008, y tras un primer rechazo logra una sentencia favorable recién en 2011. No obstante, hasta el día trágico de los incidentes no había sentencia firme que determine con exactitud a quien pertenecían las tierras.[12]

La orden judicial de incursionar la zona, fue dada por los fiscales Ninfa Mercedes Aguilar y Diosnel Giménez. No obstante, los mismos no se hallaban en el procedimiento, tal como relata Pablo Medina, periodista de ABC Color presente en los hechos. Puntualmente destaca que las acciones de desalojo se iniciaron “sin acompañamiento de los agentes del Ministerio Público” (López Deggeller, 2013) y por ende, sin la presencia de una orden judicial explícita, tal como reclamaban los campesinos: “Nosotros queríamos ver la orden de desalojo para salir, o por lo menos a la fiscal o su asistente. No tenían nada.”[13] La discusión fue en creciente aumento hasta devenir en el desenlace por todos conocidos: la balacera y un saldo considerable de muertos y heridos. Hasta la actualidad no se pudo determinar quiénes fueron los responsables de los primeros disparos.

Las acusaciones del Juicio

El documento acusatorio resume las principales causas esgrimidas del juicio: además de la “matanza de Curuguaty”, se mencionan: 1. Acto político en el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas. 2. Caso Ñanducay 3. Creciente Inseguridad y 4. Protocolo de Ushuaia II. De los cinco puntos desarrollados en el libelo, tres están relacionados estrechamente con la cuestión de la tierra.

Se explicó desde un principio que no trataremos las razones de la destitución de Lugo, sino el lugar del movimiento social campesino en el contexto de esa destitución. Sin embargo, es necesario considerar aquellas acusaciones porque manifiestan el estado social en que se hallaban los “sin-tierra”.

En cuanto a la acusación mencionada como “Caso Ñacunday”, refiere a una zona fronteriza con Brasil y Argentina. En abril de 2011 familias de la zona agrupadas en la Comisión Vecinal de Santa Lucía empezaron a ocupar parte de la propiedad perteneciente a Tranquilo Favero (un “brasiguayo”)[14] A este grupo se sumaron integrantes de la Liga Nacional de Carperos (Movimiento de Campesinos sin tierras). El argumento de estos grupos es que esas tierras pertenecen al Estado, y por tanto, deben ser repartidas entre los campesinos. En febrero de 2012, los vecinos de la Comisión de Santa Lucía fueron trasladados a los márgenes de una reserva forestal, mientras que el resto de los denominados carperos se reubicaron frente a una finca de propiedad estatal. (Torres, 2012)

Se le critica a Lugo la negociación que llevó a cabo con los campesinos y sobretodo el recibimiento que les da a sus líderes para negociar y reorganizarlos en otros territorios de modo pacífico. Desde los sectores conservadores y opositores, se acusa al presidente de condescender con los carperos y someter a las fuerzas públicas a una especie de complicidad por su inercia frente a los “abusos, agresiones y atracos a la propiedad privada” de estos grupos.[15]

El ítem referido como “Creciente Inseguridad” sostiene que existe incapacidad del Ejecutivo en “desarrollar una política y programas que tiendan a disminuir la creciente inseguridad ciudadana”. Se menciona, entre estos casos de inseguridad la matanza de Curuguaty, quien según la percepción mayoritaria de los diputados se trató de una emboscada por parte de los campesinos a policías desarmados.[16] En este punto de la acusación, la figura del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) es vinculado a Lugo. Según el documento se está asistiendo a un “conflicto social de dimensiones enormes” e “impredecibles” por el apoyo tácito a este tipo de organizaciones que fomentan la ocupación de tierra.[17]

El EPP es un grupo paramilitar que centra sus actividades en los departamentos de San Pedro y Concepción principalmente, y el modus operandi incluye actos de agresión y ataques a propiedades privadas. “Líderes conservadores y voceros de grupos de derecha insisten en que el grupo armado es una expresión que representa a toda la izquierda, y que el principal ideólogo del EPP (…) es Fernando Lugo, aunque no han podido exhibir ninguna evidencia sólida…” (Colman Gutiérrez, 2012)

El documento sostiene la “falta de voluntad del Gobierno para combatir el Ejército del Pueblo Paraguayo” resaltando el amparo y complicidad que le brinda. “La crisis social y el conflicto social armado” son el objetivo para lograr un gobierno autoritario a semejanza del socialismo del siglo XXI, agrega.[18]

La tierra, el “movimiento campesino” y Lugo

Si hemos desarrollados algunos de los ítems anteriores es porque creemos importante remarcar algunas cuestiones medulares para entender el movimiento campesino y la falta de apoyo dada a Lugo en un momento tan crucial como el de la crisis presidencial.

Primeramente puede notarse la centralidad que ocupa la tierra en el Estado guaraní, se hace fundamental entender su importancia en la economía paraguaya como factor de producción, pero también como medio de vida. En el documento se hace evidente la defensa de la propiedad privada como fundamento de un sistema capitalista neoextractivista siendo indiferente a las necesidades campesinas a quienes ignora.

En segundo lugar puede notarse que existen diferentes matices en las organizaciones campesinas vinculadas a la “cuestión de la tierra”, muchas apelan a la violencia, otras a la mediación política, y otros efectivamente a la participación político-partidaria.[19]

Por otro lado, remarcamos el constreñimiento de Lugo. Evidentemente es incapaz de cumplir con las expectativas campesinas y las demandas del establishment económico que pide seguridad jurídica (entiéndase como statu quo) y la incorporación de semillas transgénicas en la producción agrícola, así como el uso de agroquímico sin los controles efectivos que protejan a las poblaciones aledañas o cercanas a los cultivos.[20]

La cuestión de la tierra

De la superficie destinada a la producción agrícola sólo un 2,5 por ciento de la población, retiene el 85.5 por ciento de las tierras.[21] En mucho de estos casos, la propiedad legal es dudosa. Según el Informe de la Comisión Verdad y Justicia, convocada con el objeto de esclarecer las violaciones de los derechos humanos en el periodo 1954-2003, de las 12.229.594 hectáreas adjudicadas entre aquellos años, el 64.1 por ciento son tierras malhabidas.[22] Es decir, se tratan de tierras obtenidas de modo irregular.

Al problema de la concentración de tierras y la dudosa titularidad de un gran porcentaje de ellas, se suma la falta de un catastro nacional actualizado que permita una correcta administración y redistribución de las mismas. La superficie de Paraguay es de 406,752 km², pero si se suma las superficies de todos los títulos de propiedad, el total supera ampliamente los 500,000 km², lo que demuestra una superposición de títulos. “Esta realidad es una muestra patente de la existencia de propiedades de hasta triple titulación y que hace que la propia extensión del Paraguay aumente 120.000 km².” (Torres, 2012)

En el sector primario de la economía encontramos, dos modelos de producción que se contraponen entre sí. El modelo campesino y el modelo productivista. En el primer caso se trata de personas que trabajan la tierra que poseen (aunque esta posesión no implica necesariamente propiedad). Producen para satisfacer sus necesidades alimentarias como modo prioritario, y el excedente lo venden. En algunos casos producen “cultivos de renta” para obtener dinero, no obstante, los vínculos con el mercado resultan ser débiles. La tierra es el tekoha, “donde se construye y reconstruye el teko, el modo de ser de una persona” (…) “el espacio donde habitan todos los seres vivos, es lugar de producción, de relaciones, identidad y soberanía.” En el caso del segundo modelo, es el modelo productivo desarrollado por grandes y medianos productores asociados a los agronegocios. Se prioriza el mercado internacional y se caracteriza por la constante incorporación de tierras a la producción y la utilización creciente de tecnología.[23](Fassi, 2010:21-60)

Siguiendo a Fassi, las comunidades campesinas se ven afectadas por los desmontes y las fumigaciones que afectan los ecosistemas, disminuyen la biodiversidad y afectan las corrientes de agua, además de dañar la fertilidad del suelo. Los agrotóxicos, químicos utilizados en el proceso productivo, y que son denominados así por los efectos tóxicos que poseen, matan animales, destruyen cultivos e intoxican poblaciones campesinas aledañas a los campos cultivados. (2010:38)

A la mala distribución de los territorios se suma una creciente concentración de los mismos que implica, además, graves consecuencias sociales. Desde el Censo Agropecuario de 1991 las fincas de más de 100 ha., han crecido y las de una superficie menor han disminuido.[24] Así, por ejemplo, en el Censo Agropecuario de 2008 en comparación con el de 1991, las fincas de más de 500 hectáreas han aumentado un 43.6 por ciento; mientras que las fincas que poseen una superficie de hasta 50 ha., disminuyeron un 27 por ciento.

Muchos campesinos son expulsados de sus tierras. Los pequeños productores alquilan sus parcelas o las venden debido, principalmente, a la desventaja que presenta la producción en pequeña escala pero sobre todo por las consecuencias sobre la salud y sobre las condiciones de vida que generan los agronegocios. En otros casos son despojados de las tierras por múltiples mecanismos de coacción debido a que no poseen los títulos que aseguren su propiedad.

La emigración del campo a la ciudad[25] se da en un contexto de fumigaciones constantes que afectan la salud de las poblaciones campesinas e indígenas y un proceso de destrucción del medioambiente debido a los agrotóxicos utilizados en el proceso de producción. La actividad mecanizada y la siembra directa llevan a que los campesinos ni siquiera sean contratados como empleados estacionales para la preparación del suelo.

La disminución de los medios de subsistencias por la contaminación del entorno, las enfermedades (e incluso la muerte) a la que se expone, la caída de la producción campesina arruinada por el impacto de las fumigaciones aéreas y la falta de trabajo, impulsa a buscar formas alternativas de ingresos en los centros urbanos. (Rulli, 2007)

Este escenario genera y multiplica los conflictos sociales en las urbes pero también fomenta la organización de miles de campesinos por su derecho a la tierra y contra el modelo de producción agrícola que los excluye y margina. La redistribución de la tierra se plantea como algo necesario y urgente. El ex mandatario asumió proclamando una reforma agraria que nunca se concretó. [26]

Esta intención de reforma agraria implica afectar en mayor o menor medida los intereses de los poderosos actores ligados a la tierra. Entre éstos, los latifundistas de origen nacional e internacional, (especialmente los “brasiguayos”) y las multinacionales dedicadas a la comercialización de productos destinados a los agronegocios.[27] Por un lado observamos intereses ligados a la conservación de los privilegios y la mantención del statu quo. Es decir, la liberalización económica que permita seguir obteniendo rentas extraordinarias, la utilización de agrotóxicos sin impedimentos legales, y el progresivo acaparamiento de tierras. Y por otro lado, se encuentran los intereses de los campesinos e indígenas que buscan la modificación del régimen de tenencia agraria, y una producción agrícola sin riesgos para la población y en armonía con el medioambiente, que critican el modelo agroexportador y reclaman por otro tipo de intervención política y económica. Frente a estos dos polos opuestos de intereses las esperanzas de una reforma agraria radical se fueron desvaneciendo.[28]

Las organizaciones campesinas, ante la falta de medios institucionales que canalicen sus reclamos, han optado como modalidad de acción masivas movilizaciones u ocupaciones de tierras que les permita negociar un acuerdo. “Bloquean carreteras, invaden haciendas, queman sojales y obstruyen el ingreso de maquinarias y personal para las fumigaciones.” (Fassi, 2008:44)

Por su parte, las diversas entidades que agrupan a los dueños de la tierra organizan tractorazos con el objetivo de reclamar beneficios por parte del gobierno y principalmente la seguridad jurídica que ven amenazada por las ocupaciones campesinas. Desde la llegada de la Alianza al poder, se realizaron movilizaciones periódicas exigiendo el respeto de la propiedad privada y repudiando la idea de pagar mayores impuestos, sumando la idea explícita de penalizar a las acciones de ocupación y manifestaciones campesinas. Como premonición han proclamado “…estar dispuestos a defender sus tierras (…) ante los problemas de inseguridad las consecuencias pueden derivar en masacre.” (Fassi, 2010:33)

Fernando Lugo no fue capaz de satisfacer plenamente ni a unos ni a otros. En el libelo fue acusado de condescender con los campesinos, fomentar las ocupaciones y no garantizar la seguridad jurídica. Los campesinos por su parte, frente a la falta de respuestas de Lugo y la tardanza de la tan proclamada reforma agraria cayeron en el desencanto. Las anheladas movilizaciones de campesinos que se esperaban que ocurrieran a favor de Lugo, nunca sucedieron.

Las diferencias al interior del “Movimiento Social Campesino” paraguayo

Hasta este punto hemos hablado de “Movimiento” en singular debido a que queremos destacar, no la homogeneidad del mismo, sino la generalidad de sus reclamos relacionados con la cuestión de la tierra o más bien la cuestión agrícola. Demandas referidas tanto al acceso de la tierra como al modo de su explotación. Sin embargo, notaremos que se trata de “Movimientos” en plural, siendo central para entender la falta de articulación entre los diferentes grupos para apoyar a Lugo a sostenerse en el poder.

En el contexto de crisis presidencial del año 2008 y siguiendo la caracterización dada por Fassi, (2012:42) las principales referencias campesinas son cuatro: La Federación Nacional Campesina (FNC), la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), la Central Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Populares (CNOCIP) y el Frente Patriótico Popular (FPP).[29] En general son contrarios a las políticas de corte neoliberal y reclaman una reforma agraria necesaria, no obstante sus divergencias impiden una articulación homogénea. De acuerdo a las caracterizaciones de Fassi (2012) y Palau Viladesa (2005) podemos describirlos de la siguiente manera:

-La FNC tiene presencia en casi todo el país, se divide en secciones regionales y responde al Partido Político Paraguay Pyahura (PPPR) de tendencia marxista leninista. Sus reivindicaciones refieren al pedido de políticas públicas que fomenten el cultivo de algodón y su producción en fábricas nacionales. Sus miembros descreen de la democracia partidaria y apelan a votar en blanco. Forman parte de la Coordinadora por un País para la Mayoría, donde se encuentran integrados a gremios y estudiantes de la misma orientación ideológica.

-La MCNOC articula a más de treinta organizaciones de base a nivel regional y nacional como el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) y la Unión Campesina Nacional (UCN) Tienen una estructura laxa y cierta autonomía, aunque se definen como una “unidad de acción”. Entre sus reivindicaciones se encuentran la reforma agraria y la soberanía alimentaria, además de salud y educación. Parte de sus agrupaciones prestaron apoyo a la candidatura de Fernando Lugo desde el Frente Social y Popular. (FSP) De la MCNOC se desprendieron la CNOCIP y el FPP.

-La Central Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Populares, está conformada por el Partido de los Trabajadores y grupos campesinos regionales e indígenas. Se trata de organizaciones con estatutos propios y por ende, con un amplio margen de autonomía. Se explica de este modo que la posición respecto a la Alianza Patriótica para el Cambio (APC) que llevó a Lugo al Poder sea distinta dependiendo del grupo que se analice.

-La FPP, nacida en 2008, está conformada por el Partido Convergencia Popular Socialista (PCPS), la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), la Organización Nacional Indígena (ONAI) y otros. Estiman favorable el acceso de Lugo al poder, pero creen que los resultados que se obtengan de la coyuntura dependerán de la presión que ejerzan los movimientos sociales.

En general, todos los movimientos son contrarios a las políticas de corte neoliberal y reclaman una reforma agraria profunda, asimismo proclaman su lucha contra el cultivo de soja transgénica y los agrotóxicos. A pesar de que Lugo proclamó estar a favor de muchas de sus reivindicaciones, no todas las organizaciones sociales lo apoyaron.[30] La FNC llamó, como era lógico, al abstencionismo electoral en el 2008. Y al año y medio de gestión, el líder de la federación, Odilón Espínola hizo público su malestar. En una entrevista publicada por ABC Color sostuvo: “Llegamos a la conclusión de que Lugo no está en condiciones de hacer la reforma y lo que hacemos nosotros ahora es ponernos del lado del pueblo y estamos reclamando que cumpla su promesa. La gente está decepcionada. Creyó que con Lugo iba a llegar el cambio. Pero hoy nos sentimos engañados nuevamente por el gobierno de Lugo.” (Ruiz Olazar, 2009) Frente a este desencanto, la FNC marchó anualmente a Asunción reclamando la reforma agraria y por medidas que mejoren su situación.

La Liga Nacional de Carperos (LNC) debe recibir una atención diferencial por su participación directa en la organización y toma de tierras en Marina Cué, uno de los acontecimientos desencadenantes del juicio. Su origen lo encontramos en “la desilusión hacia las organizaciones campesinas tradicionales. Los líderes campesinos que gestionaban, como parte de las comisiones vecinales la adquisición de tierras, comenzaron a reunirse y a discutir entre ellos qué podría hacerse, dado que los dirigentes de las organizaciones tradicionales no querían presionar al gobierno de Lugo para no poner palos a la rueda.” (Fogel, 2012:15) En el año de la crisis presidencial, la LNC se encontraba constituida por 193 Comisiones Vecinales que gestionaban tierras en el INDERT, siendo 50.000 la cantidad de adherentes censados. Evita las estructuras permanentes y en las “articulaciones de la organización participan los presidentes de las comisiones.” (2012:16) Existe un modo de actuar que implica no mencionar al dirigente, el origen ni la cantidad de carperos. Cuando desde una Comisión Vecinal se pronuncia un pedido para establecer un campamento, los que se consideran parte de la organización brindan su apoyo. También consideran fundamental la independencia del movimiento aunque son conscientes de la necesidad del apoyo del Parlamento y de un Poder Judicial imparcial. Los carperos mantenían una relación de decepción con Lugo al no cumplir con sus demandas, así como de desilusión con los dirigentes tradicionales.

Mención aparte merece el Ejército del Pueblo Paraguayo. Tiene base campesina y exige las reivindicaciones similares que el resto de los movimientos de campesinos. Sin embargo, su actuación incluye secuestros y actos extremos de violencia. Una “…combinación nativa de marxismo leninismo y nacionalismo del siglo XXI…” que no implica movilizaciones, pero que las genera. (Veiga, 2012) Los empresarios asociados a la producción de la tierra se han quejado del EPP y la falta de seguridad brindada por el Estado y realizaron constantes reclamos en pos de sus intereses.[31] De acuerdo a las caracterizaciones mencionadas podría debatirse en cuanto a su inclusión dentro del concepto de “movimiento social”. Su presencia en el contexto de lucha campesina nos invita a reflexionar sobre nuevas características de los movimientos sociales que podría ser la autopercepción como movimiento social, en primer lugar, y la consideración intersubjetiva en la determinación de tal concepción.

En cuanto a los dueños del capital, se encuentran relacionados principalmente a la ganadería, la agroexportación y los agronegocios en general, por su parte, se agrupan en entidades diversas como la Asociación Rural de Paraguay (ARP), la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO) y especialmente, desde el 2006 en la Unión de Gremios de la Producción (UGP). Esta última agrupa a doce federaciones relacionadas con la producción agrícola y ejerce un fuerte poder de lobby.

Lugo se encontraba asediado, tanto por los campesinos como por los dueños del capital. Unos, tratando de mantener su status quo que implica la expansión sostenida de los agronegocios (utilización de las tierras malhabidas, libre de exportación y libre de restricciones al uso de agroquímicos) y otros, desarrollando políticas colectivas que se presentan contrarias, principalmente, a la producción sojera. El ex mandatario se veía imposibilitado “…de frenar los múltiples conflictos que se desprenden de este escenario: ataques corporativos y tractorazos desestabilizadores (…) por una parte; invasiones de tierras manifestaciones como modo de presión (…) por la otra.” (Fassi, 2010:69) A esto se suma, los ataques esporádicos, secuestros y agresiones del EPP que generaban mayor malestar a la sociedad en general.

Los errores de Lugo

Fernando Lugo no pudo (no supo o no quiso) cumplir con las demandas de reforma agraria en la cual su candidatura se había sostenido. En primer lugar, no debemos dejar de recordar las limitaciones de Paraguay. Un Estado pobre, sin recursos suficientes para llevar a cabo un catastro nacional definitivo y poder desde allí planificar la reforma agraria. Los recursos insuficientes y la falta de voluntad política hace casi imposible cumplir las muchas demandas de los diversos movimientos sociales como limitar el área de siembra sojera, fomentar el cultivo de algodón con sus propias semillas o hacer cumplir las reglamentaciones relacionadas al uso de agrotóxicos. Estas medidas afectarían no solo los intereses directos de los grandes productores que ven reducir sus ganancias, sino el complejo agroindustrial que implica la venta de semillas modificadas genéticamente, los agroquímicos e incluso el cobro de regalías por el uso de patentes.

Es cierto que los movimientos sociales campesinos se vieron favorecidos por la ascensión de Lugo, pero también es cierto, que las expectativas superaron ampliamente la realidad. El llegar al poder no significaba controlarlo, sino que muy por el contrario, el ex-presidente debía articular las demandas campesinas y los reclamos de las patronales agrícolas en una frágil relación de suma cero. La debilidad de origen que implicaba un Parlamento adverso[32], lo llevaba a negociar con intereses dispares constriñendo su posibilidad de acción. Más allá de su probable deseo de satisfacer las necesidades de los campesinos la realidad lo encontraba siempre en una encrucijada.

Sólo en este contexto de enfrentamiento de intereses puede entenderse el Operativo Jeroviaha. El mismo se manifiesta como un intento de brindar seguridad a las clases agroempresariales y a los dueños del capital, una demostración de la preocupación estatal por proteger a los ciudadanos del radicalismo campesino, y sobre todo, una clara exposición de la defensa de la propiedad privada. O al menos esa fue la lectura de una gran parte de los campesinos de las zonas afectadas. (Agüero Wagner, 2009)

El Operativo Jeroviaha fue una ofensiva policial-militar impulsado desde el gobierno luguista en los primeros meses del año 2009. Su objetivo era dar con los responsables de un atentado sobre una subcomisaría y un destacamento militar ubicados en Tacuarí. La embestida se emprendió en los departamentos de Concepción y San Pedro, y si bien no se dio con los responsables de los hechos, se detuvo a varios delincuentes, además de destruir varias cientos de hectáreas de cultivos de marihuana. Los descontentos no tardaron en expresarse.

Los campesinos locales calificaron al operativo de vergüenza, y denunciaron la detención arbitraria y tortura de miembros de la Articulación Rural y Urbana de Concepción “…para que involucraran a miembros de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) en el incendio del cuartel”. (Fassi, 2010: 35-36) Asimismo, el clima fue descripto como de “Persecución, allanamientos, apresamientos ilegales, torturas, violación de derechos humanos, muerte. (Wagner, 2009) También se denunció que cientos de militares “blandiendo armas de fuego y disparos intimidatorios atropellaron el asentamiento Primavera (…) donde moraban y trabajaban alrededor de 100 familias campesinas.” La misma suerte sufrieron otros asentamientos como Comuneros y Tapavy. (Agüero Wagner, 2009) Evidentemente esto no podía ser visto favorablemente por la población, especialmente los campesinos.

A la deslegitimación de su falta de acción en la concreción de la reforma agraria y un sobre accionar de las fuerzas públicas, se sumó una deplorable desmoralización de su figura. El proceso se inicia a poco tiempo de su mandato. En abril de 2009 una mujer denunció a los medios que Lugo era padre de su hijo iniciando un juicio de filiación, lo que supuso un golpe fuerte para la imagen pública del Presidente. También afectó, especialmente, su relación con la Iglesia puesto que el niño fue concebido durante su obispado. Sin embargo, no fue el único escándalo por paternidad, varias mujeres más iniciaron juicio de filiación o declararon haber tenido un hijo del Presidente. Estos escándalos presentan una mayor gravedad si se considera que en Lugo “La honestidad y rectitud (…) fueron centrales tanto para que pudiera convertirse en la figura vital de la heterogénea Alianza Patriótica para el Cambio como para mediar y colocarse por sobre las tendencias de esta coalición” (Fassi, 2010:89)

Sin embargo, en una explicación multicausal de la falta de apoyo del movimiento campesino a la permanencia de Lugo en el poder, dos variables cobran relevancia. Por un lado, la ya descripta fragmentación del movimiento campesino y su difícil articulación como conjunto, lo que nos lleva a rectificarnos y hablar específicamente de “movimientos campesinos”[33]. Pero en segundo lugar la resignación de Lugo en el contexto de la crisis presidencial. El libelo acusatorio fue presentado el 21 de junio habilitando prácticamente 24 horas para la preparación de su defensa. La celeridad de los hechos conmovió a la sociedad paraguaya y latinoamericana. Minutos después, Lugo pronunciaría su “discurso maldito”. Dice Soler: “…las palabras de quien acepta sin más la derrota con resignación cristiana y siente alivio por abandonar una vocación de poder que nunca sintió propia: “Me someto a la decisión del Congreso”. (…) “En pocos minutos la Plaza de Armas quedó vacía.” (2012:26)

Es difícil ayudar a quien niega ser ayudado, quizás esa haya sido la percepción de los movimientos sociales, sumado a la desilusión creciente de la anhelada reforma agraria. La celeridad del juicio también puede leerse como una estrategia opositora, sólo un golpe rápido era capaz de evitar el debate en las bases de los movimientos, y las movilizaciones de las agrupaciones campesinas a la capital del país. Solo lo “fugaz” del juicio podía evitar el caos social.

Mucho más que tierra: reflexiones finales

La destitución de Lugo en el marco de la crisis presidencial, puede presentarse como interrogantes abiertos de los cuales sólo se puede esbozar respuestas tentativas. Especialmente interesante resulta la ausencia de los campesinos que en un primer momento aparentaron sustentar su candidatura.

La ausencia del movimiento campesino, sólo puede entenderse si es considerado en términos plurales. Hablamos de movimientos (con “s”) lo que implica un problema de variedad en la modalidad de acción y reclamos. Su articulación se hace compleja, y aún más dificultosa en un contexto de juicio “fugaz”. Se trata de movimiento(s) sociale(s) y esta pluralidad implica diferentes objetivos y por tantos diversos caminos para llegar a ellos. La ocupación de tierras, las marchas a asunción, la violencia, el corte de rutas o la negociación en el marco de la arena partidaria, son sólo algunas de las alternativas que los movimientos eligen. Sin embargo, los objetivos que buscan, si bien se relacionan especialmente con la tierra, difieren. Así por ejemplo, algunos grupos campesinos se enmarcan en organizaciones más grandes identificadas ideológicamente como gremios o agrupaciones estudiantiles, en donde los reclamos sobrepasan lo estrictamente agrícola. En otros casos, las reivindicaciones son locales, y así entendidas pierden fuerza en el marco nacional de las referencias campesinas. Todo esto complejiza la cuestión presentándose como un impedimento para actuar consensuada y rápidamente, más aún debido a la “democracia asamblearia” que los movimientos utilizan.

Lugo no sólo fue incapaz de satisfacer totalmente las diversas demandas campesinas, sino que profundizó la decepción de aquellas con medidas impopulares (o no-medidas). La desmoralización de su figura asociada a la aparición de hijos ilegítimos no ayudó a su declinante imagen. Su ambivalencia en el gobierno y su resignación frente al juicio, asestaron el golpe de gracia a su mandato.

El problema de los movimientos sociales campesinos en Paraguay es mucho más que un problema de acceso a la tierra, también es un problema relacionado con el modo de producirla en el marco de un capitalismo neoextractivista creciente.

Asimismo, cientos de campesinos llegan a Asunción expulsados por los agronegocios, por las fumigaciones clandestinas que afectan su salud, por la represión privada que toma sus tierras y por la necesidad de satisfacer su vida material. Su vida se desestructura plenamente. Las condiciones en las que se reinstala en general son de hacinamiento, contextos de insalubridad, y evidentemente de desocupación que es la nueva condición que portan. Entonces el problema agrario se convierte también en un problema urbano y social enorme y complejo.

Bibliografía

Agüero Wagner, L. (2009). “Fernando Lugo: Pascua dolorosa y lágrimas de cocodrilo”, Siglo XXI, 07/04/2009. Disponible en: http://f17news.blogspot.com.ar/2009/08/ fernando-lugo-pacua-dolorosa-y-lagrimas.html [Fecha de consulta: 01/09/2015]

Ansaldi, W. (2006). “Quedarse afuera, ladrando como perros a los muros. Protesta y movimientos sociales en América Latina en la bisagra de los siglos XX y XXI”, en Anuario, Núm. 21, Escuela de Historia, Homo Sapiens Ed., Rosario.

Carbone R. (2012). “Franquismo que no franqueza” en CARBONE R. y SOLER L. (Eds.), Franquismo en Paraguay, El 8vo. Loco Ediciones, Buenos Aires. Pp. 67-77.

Colman Gutierrez, A. (2013) “Guerrilleros o terroristas: la historia de cómo nació el EPP”, Última Hora, 21/08/2013, Disponible en: http://www.ultimahora.com /guerrilleros-o-terroristas-la-historia-como-nacio-el-epp-n71 5259.html [Fecha de consulta: 26/08/2015]

Escobar, T. (2012). “Los golpes. Algunas consideraciones sobre la reciente ruptura del orden democrático”, Franquismo en Paraguay, El 8vo. Loco Ediciones, Buenos Aires, Pp. 85-92

Fassi, M. (2010). Paraguay en su laberinto, Ed. Capital Intelectual, Buenos Aires.

Fogel, R. (2012). “El movimiento de los Carperos”, en Revista Novapolis. No. 5, Abril-Octubre 2012, Arandura Editorial, Asunción. Pp. 11-30.

Garay, F. (2013). “¿Qué pasó en Curuguaty?”, Judiciales, 15/06/2013, Disponible en: http://www.judiciales.net/notas/1729-ique-paso-en-curuguaty [Fecha de consulta: 25/08/20 15]

López Deggeller, O. (2013). “Historia de Curuguaty que no se contó”, ABC Color, 14/06/2013. Disponible en: http://www.abc.com.py/especiales/fin-de-semana/una-cruel -historia-de-curuguaty-que-pudo-no-ser-contada-584233.html [Fecha de consulta: 27/08/ 2015]

Lugo Méndez, F. (2008). “Discurso de asunción” [en línea], 15 de agosto de 2012, Asunción, http://tocorre.com/es/main.php?v=blog&nid=11821&iid=1421,0

Méndez Grimaldi, I. (2012). “Monsanto golpea en Paraguay: los muertos de Curuguaty y el juicio político a Lugo”, José Martí, 23/06/2012. Disponible en: http://www.josemarti.org.br/ver-todos-noticias-em-destaque/2791-monsanto-golpea-en-paraguay-los-muertos-de-curuguaty-y-el-juicio-politico-a-lugo [Fecha de consulta: 04/09/2015]

Nuñez, C. (2013)- “Movimientos Sociales y poder político en Paraguay”, e-l@tina, Vol. 11, Núm. 44, Julio-Septiembre 2013, Buenos Aires.

Palau Viladesa, T. (2005). “El movimiento campesino en el Paraguay: conflictos, planteamientos y desafíos”, OSAL: Observatorio Social de América Latina.Año 6 no. 16 (jun. 2005) CLACSO, Buenos Aires. Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal16/ AC16Viladesau.pdf

Palau, M. Y Ortega, G. (2008). “Movimientos sociales ante el nuevo gobierno: apostando al cambio sin bajar las banderas”, Documento de Trabajo No. 124, Asunción, BASE IS.

Pérez Liñán, A. (2003). “Pugna de poderes y crisis de gobernabilidad: ¿Hacia un nuevo presidencialismo?”, Latin American Research Review, vol. 38, no. 3, pp.149-164.

Pérez Liñán, A. (2008). “Instituciones, coaliciones callejeras e inestabilidad política: perspectivas teóricas sobre las crisis presidenciales”, América Latina Hoy, Año 2008, vol. 49, pp. 105-126. Disponible en: http://www.red-redial.net/revista-america,latina,hoy-123-2008-49-0.ht ml

Pérez Liñán, A (2009) Juicio político al presidente y nueva inestabilidad política en América Latina, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.

Rivarola, M. (2012). “La rescisión del Contrato Social”, en Carbone R. y Soler L. (Eds.), Franquismo en Paraguay, El 8vo. Loco Ediciones, Buenos Aires. Pp. 43-48

Rodríguez, J. C. (2012). “Los motivos del lobo o el Golpe Parlamentario”, en Carbone R. y Soler L. (Eds.), Franquismo en Paraguay, El 8vo. Loco Ediciones, Buenos Aires. Pp. 49-56

Ruiz Olazar, H. (2009). “Federación Campesina critica duramente a Lugo”, 26/12/2009, ABC Color, Disponible en: http://www.abc.com.py/articulos/federacion-campesina-critica-duramente-a-lugo-53808.ht ml [Fecha de consulta: 29/08/2015]

Rulli, J. (2007). “Los refugiados del modelo agroexportador. Impactos del monocultivo de soja en comunidades campesinas paraguayas”, en Rulli, J. (Comp.) Republicas Unidas de la soja. Realidades sobre la producción de soja en América del Sur, GRR, Asunción.

Soler, L. (2012). “Lugo, el palacio y la plaza”, en Carbone R. y Soler L. (Eds.), Franquismo en Paraguay, El 8vo. Loco Ediciones, Buenos Aires. Pp. 23-39

Telesca, I. (2012). “Golpe o no golpe ¿es esa la cuestión?”, en Carbone R. y Soler L. (Eds.), Franquismo en Paraguay, El 8vo. Loco Ediciones, Buenos Aires. Pp. 105-110

Seoane J., Taddei E. y Algranat I, (2011) “El concepto movimiento social a la luz de los debates y la experiencia latinoamericana reciente”, Revista de la Asociación Latinoamericana de sociología. Controversias y concurrencias latinoamericanas, Núm. 4, año 3, México.

Svampa, M. (2010). “Movimientos sociales, matrices socio-políticas y nuevos escenarios en América Latina”, One World Perspectivas, Working papers 01/2010. Disponible en: https://kobra.bibliothek.unikassel.de/bitstream/urn:nbn:de:hebil:34-2012110334865/1/OWP _Working_Paper_2010 01.pdf

Tocktalian, J.G (2012). “El auge del neogolpismo”, La Nación, 24/06/2012. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1484794-el-auge-del-neogolpismo. [Fecha de consulta: 25/08/2015]

Torres, G. (2012). “Paraguay: Latifundios, mal endémico”, Noticias Aliadas, 11/05/2012. Disponible en: http://www.comunicacionesaliadas.org/articles.asp?art=6625 [Fecha de consulta: 29/09/2015]

Veiga, G. (2012). “El extraño fenómeno del EPP”, Página12, 31/07/2012. Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-199937-2012-07-31.html [Fecha de consulta: 29/08/2015]

Viana, N. (2012). “Paraguay, el obispo y sus tiburones”, CIPER, 30/11/2012. Disponible en: http://ciperchile.cl/2012/11/30/paraguay-el-obispo-y-sus-tiburones/ [Fecha de consulta: 29/08/2015]

Viano, C. (2004). “Los movimientos sociales contemporáneos: en plural y sin adjetivos. Revisando teoría (s) desde América Latina”, en Serie papeles de trabajo del Centro de Estudios de Historia Obrera, UNR.

Zibechi, R. (2003). “Los movimientos sociales latinoamericanos: tendencias y desafíos”, OSAL, CLACSO Núm. 9, Enero.

Notas