El desafío de investigar[1]

Nuestro trabajo se planteó como un desafío ya que en Argentina investigar sobre problemáticas que traten acerca de las agencias de control social penal y en particular las conocidas como fuerzas de seguridad y justicia, exige ocuparse más en resolver los obstáculos que se presentan que en producir los resultados de acuerdo a los objetivos propuestos. Ello reconoce variadas y complejas tramas, a veces de tipo burocráticas, otras cómo producto de ciertas “dificultades técnicas” y frecuentemente como respuesta política a una estrategia más amplia que se fundamenta en tácticas deliberadas de “des-información”. Esta producción de “des-conocimientos” sobre las prácticas y sus resultados, habilita y legitima el ejercicio de los más variados despotismos por parte de las instituciones del Estado que tiene a su cargo la gestión de la seguridad y la justicia.

En este sentido es que consideramos a estas propuestas de investigación como un desafío, ya que el logro de resultados transita caminos impensables y no buscados pero que conducen a través de grietas, senderos y atajos, a librar algunas microbatallas que reconocen una única direccionalidad: no renunciar a hacer visible aquello que nos ocultan, que nos presentan parcial y engañosamente.

Por ello, nuestra preocupación como investigadores fue que estas “problemáticas” se “problematicen” tal como lo sugiere Robert Castel: que se transformen en “acontecimientos” que planteen interrogantes y que en esa búsqueda de respuestas obliguen a develar el ocultamiento y el oscurantismo que justifican y sostienen prácticas y discursos de las distintas fuerzas de seguridad y de la justicia, reafirmando la hegemonía del “paradigma” de la inseguridad.

Y si la investigación debe ser considerada como una instancia de producción de conocimiento, creemos que debe serlo también, y fundamentalmente, como un ejercicio de participación que convoque a la interacción entre los integrantes de un grupo de trabajo con el compromiso dirigido hacia la construcción de un pensamiento crítico que promueva, a su vez, discursos y prácticas contra- hegemónicas en el campo de la seguridad y la justicia.

Y claro que son múltiples y variados los temas-problema que pueden ser abordados a partir de reconocer la tensión existente entre derechos humanos y sistema penal en el marco de esa-esta relación entre el estado y la sociedad. Reconocer esa complejidad nos convocó a focalizar nuestra mirada sobre algunos nudos problemáticos. En esta oportunidad, nos interrogarnos acerca de cuánto, cómo y hasta dónde los diferentes sectores e instituciones sociales están dispuestos a tolerar la violencia estatal, su disposición y capacidad de dar muerte, cuáles son las muertes que se soportan como inevitables y cuáles transforman a las personas en sujetos irascibles ante su consumación. Cuáles son esos umbrales en los que se manifiestan las dos caras de una misma moneda, o sea, la intolerancia hacia quienes se constituyen en algún tipo de amenaza a la “seguridad y el orden”, y también como consecuencia de ello, la tolerancia hacia las agencias estatales en cuanto a su capacidad de restaurar las seguridades perdidas a través de prácticas violentas y letales.

En este marco es que consideramos que el camino a seguir debía avanzar problematizando la cuestión del delito, esencialmente, el marco de la lucha y combate contra el delito en esta sociedad de “inseguridad”, direccionando nuestra mirada hacia las prácticas y los discursos policiales, en particular acerca del ejercicio de la fuerza letal contra personas vinculadas a la comisión de un delito. Y que ello debía ser complejizado a partir de interrogarnos sobre la participación-intervención de la justicia en relación a los hechos de “enfrentamientos” en lo que registran “caídos” (muertos y/o heridos) en el denominado bando de los delincuentes. Por últimos, procuramos abordar qué lugar ocupan, qué relevancia se le otorgan y cómo son abordados estos “hechos policiales” en la producción o no de la noticia y su tratamiento en los medios de comunicación.

Este proyecto de investigación partió desde los sucesos acontecidos en el año 2004 en los que la cuestión seguridad fue “plebiscitada”[2] por los discursos y prácticas de los representantes de la derecha armada, cuando se exigió al Estado en términos de necesidad y urgencia, el ejercicio de diferentes tipos de violencias para resolver y ponerle fin a la “inseguridad”. Esta derecha armada se sostuvo en diferentes pilares tales como la demanda de la expansión del sistema penal en general y del aumento de las facultades policiales en particular y en este sentido avanzó en la construcción de un consenso en el cual fue fundamental la participación activa de muchos otros más allá de sus seguidores de siempre. Por ello y para ello fue clave la articulación de acciones y discursos entre medios de comunicación, hechos emblemáticos vinculados a delitos que producen pánico social y discursos y prácticas policiales y judiciales.

En este punto nos detuvimos a pensar sobre esta habilitación al ejercicio de la violencia armada por parte de las denominadas “fuerzas de seguridad”, en particular de la policía, que en clave de defensa social se naturaliza y se valora positivamente en un doble sentido: como “combate exitoso del delito” y como demostración de la “eficacia y eficiencia policial”. En tal sentido, nos interesó indagar sobre el entramado que habilita, legitima y encubre la “eliminación física” de los delincuentes en aquellos “enfrentamientos” con la policía, producidos, sea en el lugar de los hechos delictuosos y/o en la persecución de los mismos en su huida ante la intervención policial.

Sabemos que estos temas en general y puntualmente los enfrentamientos policía-delincuentes, no ingresan habitualmente en las agendas temáticas de investigación ya que son hechos o circunstancias que no suelen problematizarse, sea porque se ubican en los márgenes de otras cuestiones vinculadas al uso letal de la fuerza policial como aquellos hechos vinculados a muertes y heridos victimas del denominado “gatillo fácil”[3] o a aquellos hechos que dan cuenta de ejercicios de violencia organizada por parte de las fuerzas policiales en los denominados “escuadrones de la muerte”.

A nosotros nos interesó indagar sobre el uso letal de la fuerza policial contra los “delincuentes”[4], las modalidades en que se desarrollan los supuestos “enfrentamientos”, si esos hechos son investigados por la propia policía, si la justicia y el ministerio público en particular, indagan, investigan sobre todos y cada uno de esos hechos y cuál es el abordaje que realizan los medios de comunicación ante esos “hechos policiales”.

En síntesis, nuestra propuesta ha intentado problematizar estos hechos desde una perspectiva reflexiva y crítica que contemple e indague la relación entre Sistema Penal y Derechos Humanos, en clave de tensión, contradicción y conflicto entre ambos términos.

En definitiva, producir información y conocimiento acerca de una problemática que caracteriza un tipo de vinculación-relación entre el estado y la sociedad entendiendo esa relación como el eje sobre el que se construye un orden social determinado a partir de luchas, resistencias, consensos, contradicciones y dualidades.

Así como se expresa en el Capítulo Metodológico: “Tratamos de echar luz sobre el punto ciego que se establece en el cruce de dos perspectivas: la de un discurso de Seguridad que no puede dejar de criminalizar el objeto de sus temores extendiendo el campo de intervención soberana (Foucault, 2002) a partir de la constitución del par delincuente–enemigo; y un discurso del Derecho que pretende limitar a aquel, regular su despliegue, pero que en su propio lenguaje no deja de redefinir objetos para que se ejerza esa intervención soberana”.

La caja de herramientas: interrogantes, conceptos y contextos

La primera y fundamental problematización que se nos planteó tuvo su anclaje en la estrecha vinculación entre sistema penal -léase prácticas-discursos policiales y judiciales-, con el derecho humano a la vida de los delincuentes, posando nuestra mirada sobre su “eliminación” producto de los denominados enfrentamientos, justificados institucionalmente y amparados y legitimados, también por amplios sectores sociales, como resultado inevitable en el marco de la “lucha y combate contra el delito”. Se trata del resultado inevitable en el marco de un estado de emergencia, el de la inseguridad, que reclama una excepción que a su vez siempre invoca una necesidad que no conoce ley ni límites (Zaffaroni, 2006: 11) y que es constitutiva de nuestro estado de derecho por lo que la justicia actúa y opera en esos mismos márgenes.

A su vez, ello nos direccionó hacia una segunda cuestión, la “necesidad” de producción de un consenso (casi) unívoco, en el que son claves los aportes de la impronta mediática a través de la constitución de una masa discursiva que amplifica y fundamenta la construcción de una cierta mirada con respecto a la problemática del delito y por supuesto sobre la “delincuencia”. Y como necesario complemento no se puede soslayar la importancia de la intervención de los medios de comunicación en el proceso de “naturalización” de estos acontecimientos, teniendo en cuenta que dicha naturalización reconoce un dilema clave en materia de derechos humanos en nuestra historia: aquellas personas consideradas responsables o culpables de un acto que supone una sanción legal y/o moral carecen de derechos a la hora de tomar contacto con las agencias de control social estatal, es decir, los autores de supuestas acciones delictivas nunca son víctimas en el marco de las consecuencias de esas acciones. Para ser considerado víctima de la violencia institucional-estatal hay que demostrar inocencia.

En este sentido, en la búsqueda de rupturas y continuidades es que investigar y reflexionar sobre estos temas requiere de un claro ejercicio de contextualización que caracterice un escenario en el que, de acuerdo a nuestra propuesta, contemple las singularidades propias de las sociedades periféricas post década del 90’, a partir de la implementación de un modelo neoliberal en el cual la cuestión de la seguridad-inseguridad hegemonizó la relación entre el estado y la sociedad. Esta contextualización nos permitió identificar y comprender los soportes históricos-políticos en los que se sostiene la legitimación de una violencia estatal que en la actualidad se expresa esencialmente, en tanto “cruzada” contra el delito, y en la que se dirimen, sin duda, los espacios sociales-territoriales entre los ciudadanos y los no-ciudadanos- delincuentes-enemigos.

El modelo neoliberal, la seguridad-inseguridad, la defensa social: qué hacer con el “enemigo”

Este nuevo orden liberal, el neoliberalismo profundizó las “violencias estructurales” propias del capitalismo produciendo transformaciones sustantivas en cuanto a la relación entre el estado y la sociedad marcado por un giro hacia el mercado como regulador excluyente de las relaciones económicas, laborales y sociales. Sus consecuencias fueron arrasadoras: la flexibilidad laboral y con ello su expresión más dramática, los despidos masivos y la precarización de empleo, profundizado por serias dificultades de acceso a la vivienda y a la educación con un significativo deterioro en el ámbito público, también en cuanto a la prevención y asistencia de la salud, en fin, la baja o ausencia de las prestaciones públicas para amplios sectores de la población a los que se los arrojó a la difícil “batalla” de vivir al día en un presente continuo (Castel, 1995: 345). Estos “efectos” partían de un modelo de acumulación que se anclaba en ese proceso de desigualdad que los producía. La brecha entre ricos y pobres se amplió escandalosamente y para concentrar riquezas en pocos hubo que ampliar pobreza en muchos. Como correlato, se abandonó la pretensión (Wacquant, s/f)[5] de un modelo de seguridad que se reconocía en las políticas económicas y sociales del Estado de Bienestar hacia un modelo de la “inseguridad”, producto de la precarización, la desintegración y la exclusión social. Este nuevo estado de la “cuestión social” fue sostenido desde un discurso y una práctica política por parte del orden social dominante acerca de la “inevitabilidad” de estos cambios, marcando a fuego una fuerte tendencia hacia la “naturalización” de las pérdidas de las protecciones y de la consecuente desigualdad, tendencia reafirmada desde importantes y nacientes multimedios de comunicación como así también desde algunos ámbitos académicos y científicos. Este se constituyó en el contexto apropiado para que se produjera la canonización del “derecho a la seguridad” mientras se “suspendieron” políticas y prácticas institucionales acerca de la preservación y defensa de los derechos sociales y los derechos humanos, con los efectos perversos de la naturalización silenciosa acerca de la inseguridad social (Waquant, s/f).

Hacia finales de los ´90, quizá precisamente en nuestro país a partir del año 2001, entre tanto desajuste y ajuste, entre tanta pérdida y tanta concentración, comenzó a expresarse el cuestionamiento a través del discurso crítico y el avance de la protesta social como una clara interpelación al modelo neoliberal atento a sus prácticas políticas y sus consecuencias devastadoras sobre los sectores populares. Así, se hizo visible aquello que se mantenía acallado, aquello que comenzaba a encontrar la voz, las voces necesarias para hacer oír el descontento y la indignación. Y, sin embargo, en el marco de este camino de disenso y de confrontación, no se logró instalar otra mirada, revertir esa concepción de un destino sin retorno que se le ha otorgado a los “excluidos”, es decir, un afuera y un final, aceptando una única “estabilidad” posible que es la de mantenerse en los márgenes de la sociedad.

Una pobreza “naturalizada” en términos de exclusión-expulsión, aún más, cristalizado en esos mismos términos, sin tener en cuenta lo que representa en sí misma la idea-fuerza de “proceso”, de aquello que contiene las estrategias y las tácticas desplegadas en un tiempo continuo, “el durante”, el “camino transitado hacia” la exclusión-expulsión social. Desde hace 20 años, la pobreza se expresa como exclusión, el pobre como excluido y a su vez, excluido como residuo social, superfluo, inútil, innecesario e indeseado (Bauman, 2005), aún más, “en las sociedades del capitalismo periférico tradicionalmente las dificultades del devenir-individuo han sido mayores, con lo cual la implantación de un nuevo orden liberal profundizó procesos de marginalidad y desintegración social preexistentes, multiplicando las desigualdades y las formas de pobreza” (Svampa, 2005: 78), lo que los reduce, en el mejor de los casos, a precarios consumidores de los despojos del “crecimiento económico”, participando de una “inclusión” precaria y selectiva como única y posible respuesta al “sueño” de la integración social: “es el gobierno político hoy dominante de esta transformación el que impone ideológicamente preferible 'excluir' que 'incluir', no ciertamente porque se fíe de poder controlar socialmente todos los excedentes a través de la represión penal y carcelaria, sino porque la respuesta dada por la criminalización de la pobreza es simbólica y por tanto, pedagógicamente coherente con la advertida necesidad de afirmación de las nuevas virtudes neoliberales” (Pavarini, 2006: 149).

En nuestro presente, el sujeto excluido, es portador de una peligrosidad que le confiere el lugar social del enemigo, y en ese sentido tal como se expresa en el capítulo de la Agencia Judicial: “quienes sean considerados peligrosos, no serán tratados como ciudadanos, sino que serán combatidos como enemigos (Gunther, 2005: 1)”. Y este enemigo en tanto integra un colectivo social, el de los excluidos, los que están o deben estar afuera, deben anclarse en un espacio social y territorial ajeno al espacio de nosotros, su circulación, su visibilidad se convierte en una amenaza en tanto seguros ofensores, seguros delincuentes, alimentando la “obsesión securitaria”, con propuestas políticas y de gestión de lo social fundadas en la incapacitación, neutralización y si es necesario la eliminación de esos “otros” amenazantes.

En este sentido, encuentran claros voceros en medios de comunicación que instalan un estado de emergencia securitaria y reproducen y realimentan esta forma de resolución del conflicto en el marco del “combate al delito”, sea por no cuestionarla o simplemente por fomentarla y avalarla.

Esos “otros”, en tanto “enemigos sociales”, portadores de una identidad, casi siempre vinculada a la “mala vida”, a la “delincuencia” no registran otra atención que aquella que el sistema penal les presta a través de sus distintas agencias: la policía, la justicia y la cárcel. Estrategias de gobernabilidad de un orden social que ubicarán siempre a la mala vida y a la delincuencia en los márgenes sociales, pero en este siglo XXI se ha profundizado, en el marco de las sociedades de control[6], la necesidad de gestionar el espacio social de manera que cada vez menos, aquellos considerados malvivientes y delincuentes[7] traspasen las barreras securitarias levantadas por quienes se encuentran del otro lado, en ese otro lugar que deberá ser protegido y defendido con alarmas, rejas, policías y balas. Este “enemigo apropiado”[8], según la interesante definición de Nils Christie (1986), objeto de verdaderas campañas de pánico moral, requiere las máxima atención porque se encuentra en una doble situación: “está dentro y fuera de nuestra sociedad, fuera en el sentido que no comparte los valores de fondo, dentro en el sentido que es más cercano a todos nosotros de lo que sospechamos”, circula entre nosotros, ocupa nuestros territorios, “debe ser suficientemente distinto de la sociedad ‘normal’ para que sea reconocido y combatido por las fuerzas del orden” contra él se “podrán alcanzar victorias significativas pero no podrá ser derrotado definitivamente” (De Giorgi, 2005: 172).

La ideología de la defensa social, siempre se vinculó a aquello que representaba una amenaza[9] habilitando por ello el ejercicio de la violencia material que, en tanto resignificada discursivamente, impacta también fuertemente a nivel simbólico, alentando la ya constitutiva selectividad del sistema penal. “El consenso social y el apoyo público a las emergentes políticas selectivas y represivas se construyen en torno a prácticas discursivas no disociables de aquellas de los operadores del sistema: ya no hay un término de mediación entre el castigo social e institucional” (De Giorgi, 2005: 141).

Pero, la denominada defensa social ha asumido principalmente características propias de los tiempos que corren: reafirma y expande la política punitiva vinculada al aumento y consolidación del sistema penal conforme a su capacidad represiva y, como complemento, abandona la ficción de lo correccional: aquella que justificaba la intervención punitiva a partir de propuestas de transformación del hombre-delincuente, es decir, que se hacía cargo de una “peligrosidad” que debía aplacar curando y docilizando al peligroso.

En este sentido, el sistema penal, especialmente a partir de la década del ’90, se ha constituido en operador e instrumento fundamental de las políticas de ley y orden, apelando a estrategias y políticas respaldadas en “su necesario” fortalecimiento y expansión: nuevos cuerpos policiales, aumento el número de efectivos, ampliación de las facultades policiales sin control jurisdiccional, aumento de los presupuestos de las distintas fuerzas de seguridad interna, creación de nuevos juzgados y fiscalías con el consiguiente aumento el personal judicial, sanciones de leyes incrementando las penas. Así, se promueve mediante fallos judiciales el mayor tiempo de permanencia de presos y presas en las cárceles, no se otorgan excarcelaciones y se construyen más cárceles con modernos sistemas de máxima seguridad, en el marco de la reafirmación de una lógica de guerra anclada en la restauración de la seguridad mediante el combate al delito, o mejor aún, el combate al delincuente en tanto “responsable individual” de la inseguridad de los otros, los ciudadanos.

El “realismo de derecha” o la derecha criminológica[10] se constituye en la usina de los discursos de “ley y orden” y “tolerancia cero”[11], siguiendo la lógica general del tratamiento neoliberal de los problemas sociales (o el conflicto social), a explicar el fenómeno social delictivo mediante la responsabilización individual de los delincuentes. Esto implica claramente la desresponsabilización colectiva, redundando en una explicación individualista del delito que se focaliza en el delincuente[12].

Este “estado de guerra” es vinculado por los discursos y las propuestas de la derecha criminológica con el tema de la “seguridad” como cuestión social, es decir, como problema acerca del cual hay consenso que se debe hacer algo, consenso que se nutre de una intensa sensación subjetiva de inseguridad que registra un fuerte anclaje en el discurso de los medios de comunicación acerca de que en “esta guerra" cualquiera debe considerarse potencialmente víctima.

Y aunque en la “guerra” se supone que hasta el enemigo tiene derechos, hace más de diez años se ha legitimado el no derecho del enemigo (potenciado por los “aportes de Bush y Blair” en la guerra contra el terrorismo). Este enemigo, distinto del ciudadano, al que se lo “ha privado de derechos fundamentales en razón de que se dejó de considerarlos personas” (Zaffaroni, 2006: 158). En este sentido, es elocuente lo expresado por Bauman en la cita del capítulo “Acerca de la Agencia Policial”, “No hay ley para los excluidos. La condición del ser excluido consiste en la ausencia de ley aplicable a él (…) en su versión actual, el homo sacer no se haya definido por ningún conjunto de leyes positivas ni es portador de derechos humanos que precedan a las reglas legales” (Bauman, 2005: 48).

Es el camino trazado hacia la consolidación del Estado Penal, o más precisamente, un Estado de Seguridad en el que, como correlato, el proceso de expulsión social se ha “realizado” a través de una violencia estatal en clave política, que se define por un “Estado que se encaminó hacia el reforzamiento del sistema represivo institucional apuntando al control de las poblaciones pobres y a la represión y criminalización del conflicto social. Así, frente a la pérdida de la integración de las sociedades y el creciente aumento de las desigualdades, el estado aumentó considerablemente su poder de policía, lo cual trajo como consecuencia un progresivo deslizamiento hacia un ‘Estado de Seguridad’ (Svampa, 2005: 38).

En otras palabras, el estado de derecho contiene al estado de policía y el problema es identificar los espacios jurídicos-sociales-políticos-institucionales en los que se comunican ambos, se entrelazan y se legitiman: “la extrema selectividad del poder punitivo es una característica estructural, o sea, que se puede atenuar pero no suprimir. Por ello la cuestión penal es el campo preferido de las pulsiones del estado de policía, pues es la pared más débil de todo estado de derecho” (Zaffaroni, 2006: 166).

La cuestión "seguridad" en estos términos ha recorrido al mundo globalizado, “globalizando” por tanto diagnósticos, respuestas y estrategias y, fundamentalmente, la construcción de un discurso hegemonizante que, si no excluye, al menos deposita en los márgenes otras lecturas conceptuales y fácticas de la cuestión “seguridad” en sentido más amplio. Esta mirada reduccionista no es producto ingenuo de una miopía analítica, sino que es un recorte que procura darle sentido al tratamiento de la seguridad sólo en términos de poner delante de ella a su "oponente": la inseguridad, y ésta exclusivamente en clave de “lo delictual”, y aún más, de aquellos delitos que implican una “cuota” significativa de violencia, sobre todo si se cometen en la vía pública adquiriendo una representación clave en términos de “visibilidad” y de “amenaza”, los que usualmente se denominan: “delitos callejeros” propios de la “microcriminalidad” (Baratta, 1997).

Así es que los delitos económicos producto de la articulación entre diferentes actores -tanto políticos, empresarios, jueces, fiscales, policías, etc.- difícilmente se encuentren desarrollados en la sección de policiales de cualquier diario del país, integran otras secciones como economía, sociedad e inclusive política. Y si por alguna azarocidad de la vida y de los malos acuerdos o retiro de respaldos necesarios, algunos de los participantes porta la desgracia inesperada de “quedar” imputado o inclusive procesado y más difícilmente condenado, nunca en ninguno de estos tres estadios procesales se lo denominará delincuente, mucho menos “caco”, “malviviente”, o “chacal” -entre tantas denominaciones que suelen reducir la cuestión de la autoría criminal- a aquellos que son individualizados y visibilizados a través de los discursos “construidos” desde las agencia policial, los medios de comunicación y la propia agencia judicial. En este sentido, son los discursos a través de la noticia de aquello que se considere noticiable los que impactarán fuertemente sobre la construcción de un determinado tipo de consenso en relación a quiénes deben ser “capturados” por las agencias del sistema penal, así como se expresa en el capítulo de Medios de Comunicación: “La prensa es un instrumento primordial de comunicación, importante como elemento creador de estructuras simbólicas capaces de trabajar, además, sobre procesos de subjetivación.”

Entonces, es claro que ese recorte reconoce en importantes medios de comunicación la construcción de un discurso que se “alimenta y retroalimenta” de aquellos que produce la agencia policial y la agencia judicial y que, a su vez, registran un fuerte anclaje en el pensamiento del sentido común del común de la gente, de "los ciudadanos" y aún de los "no ciudadanos", proponiendo visualizar la cuestión de la criminalidad (de esa criminalidad) como el problema a resolver ya no sólo por el Estado sino también por parte de los que son considerados ciudadanos-potenciales víctimas. En este contexto, fortalecen “la industria de la seguridad, cuyo verdadero trabajo es la exclusión" (Young, 2003: 40).

Esa industria de la seguridad requiere de una estrecha vinculación de los diferentes actores mencionados, “amparada” en una construcción discursiva que asimila, iguala e identifica al delito y en particular al delito violento con la pobreza, es decir, con los pobres, con sujetos cuyas biografías en los últimos 20 años han estado signadas por la precariedad económica y la inseguridad ontológica (Young, 2003).

Este Estado de Seguridad imprime una redefinición de la ideología de la defensa social al mismo tiempo que obstaculiza una mirada analítica sobre las diferentes expresiones de la(s) resistencia(s) a la expulsión social por parte de determinados sectores, tanto en formas organizadas como aquellas individuales que “buscan” un adentro, un reingreso a la sociedad de mercado, aún a precios muy elevados para su devaluada existencia cuasi ciudadana.

En esta propuesta estática de la exclusión en la que el mercado define los términos de la expulsión, también se redefine en clave de lo delictual el par conceptual pobre-delincuente (que atravesó la lógica de la defensa social parida por el positivismo criminológico) por el de cliente-enemigo social propio de una sociedad de mercado securitaria. Cliente en tanto consume política social de sobrevivencia y los residuos económicos y sociales que el mercado le asigna; cliente privilegiado del sistema penal, como “consumidor final” de la industria de la seguridad y a su vez, personificación de un “peligro” que legitima la proliferación de esa misma industria. Este es el vaso comunicante con su condición de enemigo social, que reconoce en las políticas desarrolladas por el Estado, el claro “triunfo” de la derecha armada en tanto “gestora” de la doctrina de la ‘tolerancia cero’ cuyo despliegue estratégico se legitima a través de la gestión policial y judicial de la pobreza. Y ello no solo con fines de incapacitación y neutralización sino con el propósito de legitimar una “única” dirección en la que deben orientarse las prácticas y los discursos que reproducen la violencia material y simbólica en nombre de la recuperación de las seguridades perdidas.

En la investigación que desarrollamos, ahora plasmada en el presente libro, nos propusimos dar cuenta del entramado social e institucional, es decir, de la articulación entre las prácticas y los discursos de la agencia judicial, los medios de comunicación y la agencia policial, que hace posible la continuidad y despliegue del uso de la fuerza letal por parte de la policía sobre aquellas personas a las que se las tipifica como “delincuentes” en un contexto signado por soluciones “urgentes y efectivas” en el marco de lucha y combate contra el delito.

En este sentido, no podemos soslayar la clara legitimidad que es “otorgada” por amplios sectores sociales a esta política estatal de neutralización, incapacitación y también, “eliminación” de los “delincuentes”, claramente ilustrativas son las palabras de dos representantes de la derecha criminológica, Wilson W.J. Y Kelling G, citados por Alessandro De Giorgi en su libro Tolerancia Cero; “la policía es la única agencia ciudadana que atiende las llamadas de los hogares vecinales durante todo el tiempo, y también el público define muy genéricamente qué piensa y qué entiende por orden público y hace responsable a la policía del mantenimiento del orden”. Al decir de Rodolfo Walsh, las instituciones policiales son como “jueces inapelables y permanentes en la salvaguardia del orden”; en otras palabras: “si la institución policial es 'juez inmediato', el recurso político simbólico del castigo se reclama como arma de lucha-en términos de guerra- contra el crimen” (Tiscronia, 2000: 18); y teniendo en cuenta los resultados de nuestro trabajo parece ser que la justicia y los medios de comunicación no piensan lo contrario.

Bibliografía

Baratta, A (1997).Política criminal: entre política de seguridad y política social", en Elías Carranza (Coord). Delito y Seguridad de los habitantes, México: Siglo XXI.

Bauman, Z (2005). Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias. Buenos Aires: Paidós.

Castel, R (1995). Las metamorfosis de la cuestión social. Buenos Aires: Paidós.

De Giorgi, A (2005). Tolerancia Cero. Estrategias y prácticas de la sociedad de control. Barcelona: Virus.

Foucault, M (1976). Historia de la sexualidad: La voluntad de saber. México: Siglo XXI Editores.

Foucault, M (2000). Historia de la sexualidad: Defender la sociedad”. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Foucault, M (2002). Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Pavarini, M (2006). Un arte abyecto- Ensayo sobre el gobierno de la penalidad. Buenos Aires: Ad-Hoc.

Svampa, M (2005). La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo. Buenos Aires: Taurus.

Tiscornia, S (2000). “Violencia policial, derechos humanos y reforma policial” en Revista Delito y Sociedad, Nº14.

Wacquant, Löic (s/f). “The ‘scholarly myths’ of the new law and order doxa”, disponible en la web: http://sociology.berkeley.edu./faculty/wacquant

Young J. (2003). La sociedad «excluyente»: Exclusión social, delito y diferencia en la Modernidad tardía. Madrid: Marcial Pons

Zaffaroni, E (2006). El enemigo en el derecho penal. Buenos Aires: Ediar.

Notas

Información adicional

Información adicional:: Este texto corresponde al prólogo del libro Muertes silenciadas: la eliminación de los “delincuentes”. Una mirada sobre las prácticas y los discursos de los medios de comunicación, la policía y la justicia. Ediciones CCC- Centro Cultural de la Cooperación, año 2007.