Introducción

El Partido Comunista de la Argentina (PC) desarrolló una activa política sindical tras el golpe de Estado de 1955 que le permitió posicionarse como uno de los núcleos fundamentales de un movimiento obrero intervenido y desorganizado. Su rol como catalizador de la Comisión Intersindical primero y luego en la codirección de las 62 Organizaciones –junto al sindicalismo peronista– (Murmis, 2018) fueron los antecedentes directos del armado del agrupamiento sindical unitario que lideró en la década siguiente: el Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical (MUCS).

El conocimiento existente acerca de la historia del MUCS es acotado en contraste con la importancia que se le atribuye en procesos significativos de 1959, como en la huelga del Frigorífico “Lisandro de la Torre” (James, 2010; Salas, 1990), la huelga bancaria (Acha, 2008) y la formación del Movimiento Obrero Unificado (Tortti, 2012). Las menciones a la existencia del MUCS figuran también en otros estudios específicos mas no se detienen en detalles (Zorrilla, 1974; Schneider, 2005; Gilbert, 2009; Camarero, 2014; Sánchez, 2018) o hasta presentan algunos errores. Por lo tanto, ante la inexistencia de estudios específicos sobre el MUCS buscaremos reconstruir sus orígenes, repasando la actuación del sindicalismo comunista durante la llamada “Revolución Libertadora” de 1955-1958, identificando qué sindicatos participaron en el grupo de los ‘19’ y por qué se alejaron de las 62 Organizaciones con la sanción de la Ley de Asociaciones Profesionales en los primeros meses del gobierno de Arturo Frondizi. El recorrido finaliza con la realización de las elecciones sindicales convocadas en 1958 conforme a la misma, el surgimiento del MUCS y el camino hacia un nuevo encuentro con el sindicalismo peronista al año siguiente.

El estudio de esta experiencia en el movimiento obrero, además de cubrir un vacío historiográfico y funcionar como puerta de entrada a la historia reciente de las izquierdas y la clase trabajadora organizada en la Argentina, puede servir para complejizar las miradas en torno a las relaciones entre izquierdas y peronismo. La bibliografía dedicada al estudio del surgimiento de una nueva izquierda (Tortti, 2014) entre 1955 y 1976 presenta como axioma la idea de que las nacientes organizaciones políticas y culturales se diferenciaban de la “izquierda tradicional” por haber participado de una situación revisionista ante el hecho peronista tras el golpe de 1955 (Altamirano, 2001). Si bien esto fue así para un conjunto heterogéneo de organizaciones políticas, la hipótesis de este artículo sostiene que, además de los conocidos apoyos del PC al peronismo en las elecciones de 1962 y 1973, en la segunda mitad de la década del ’50 el comunismo actuó en el movimiento obrero con una política de acercamiento y acción conjunta con el peronismo.

Para llevar a cabo este trabajo se utilizan fuentes partidarias como el diario La Hora (LH), el semanario Nuestra Palabra (NP) y la revista teórica mensual Nueva Era (NE), así como los documentos sindicales proporcionados en el “Archivo del Sindicalismo Argentino - Senén González” de la Biblioteca de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

El gobierno de Frondizi y los posicionamientos del Partido Comunista

El gobierno de Arturo Frondizi, iniciado el 1º de mayo de 1958 tras el fracaso de la dictadura militar autodenominada “Revolución Libertadora” y la realización de elecciones con la proscripción del peronismo, tuvo como principal orientación económica la búsqueda de sustitución de trabajo por capital en la producción industrial para liberar al país del subdesarrollo y la dependencia mediante una transformación técnica (Peralta Ramos, 1973). Este cambio en la estructura productiva, el llamado ‘desarrollismo’, buscó realizarse con el financiamiento de capitales extranjeros, el crédito internacional y el recurso a la libre empresa, especialmente en las áreas de petróleo, gas, siderurgia e industria química. El éxito de esta empresa requería el apoyo mayoritario de la población, cuyas franjas más activas venían protagonizando desde 1955 la Resistencia en diversos espacios como los lugares de trabajo, las organizaciones sindicales y políticas y hasta en los cuarteles militares (James, 2010; Schneider, 2005; Salas, 1990; Melon Pirro, 2009). Es por eso que se esbozó una política ‘integracionista’ de alianza de clases, cuya máxima expresión fue el compromiso con el movimiento obrero en cuanto a ciertas concesiones como la derogación de la ley de residencia de 1902; de los decretos de 1956 de la “Revolución Libertadora” referentes a la prohibición de propaganda y símbolos peronistas, e inhabilitación para ejercer cargos gremiales; el otorgamiento en mayo de 1958 de un aumento del 60% sobre las remuneraciones fijadas el 1º de febrero de 1956; y, finalmente, la sanción en agosto de 1958 de una ley de Asociaciones Profesionales de acuerdo al modelo de organización sindical estructurado durante el peronismo, cuestión que se analizará más adelante.

El PC tenía definida como estrategia la formación de un Frente Democrático Nacional Antioligárquico y Antiimperialista para el establecimiento de un Gobierno de Coalición Democrática de cara a la realización de una revolución democrático-burguesa, agraria y antiimperialista, paso previo al socialismo. Es decir, actuaba siguiendo la línea de Frente Popular establecida en 1935 que habilitaba el policlasismo al encontrar aliados de la clase obrera en la burguesía desvinculada al capital extranjero, el imperialismo y la oligarquía. (Camarero, 2014; Murmis, 2018). En ese sentido se basó el apoyo a la candidatura de la fórmula Arturo Frondizi – Alejandro Gómez en representación de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), en el que coincidió con el grueso del movimiento peronista (tras el acuerdo con el propio Juan D. Perón), las 62 Organizaciones y grupos de intelectuales progresistas como el nucleado alrededor de la revista Contorno. El PC entendía que de cara a las elecciones del 23 febrero de 1958 la tarea fundamental era “derrotar el continuismo”, es decir, impedir el mantenimiento de la política represiva y reaccionaria del facto en favor de los intereses de la oligarquía terrateniente, el gran capital y los monopolios imperialistas, en pos del triunfo del principio de convivencia democrática que posibilite la formación de un gobierno que permita actuar a todos los partidos políticos libremente en democracia. Para asegurar el triunfo de esta orientación, la Convención Nacional del PC propuso el armado de un frente electoral a la UCRI, la UCR del Pueblo, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Socialista y el liderado por Alejandro Leloir (Presidente del Consejo Superior del Partido Peronista), los cuales desecharon la posibilidad, razón por la cual el PC resolvió retirar su propia candidatura presidencial –aun manteniendo la presentación para el Congreso, las Legislaturas y el Concejo Deliberante– y darle apoyo a aquella que presente una plataforma similar a la suya.

El programa del PC para las elecciones estaba estructurado en base a 5 puntos: el primero, la defensa de las riquezas nacionales y su explotación por parte del Estado, de la industria nacional y el trabajo bien remunerado; el segundo, garantías efectivas de los derechos de los trabajadores, tanto en materia salarial y contra la superexplotación como el respeto del derecho de huelga y la organización sindical independiente del Estado y los patrones; tercero, estabilización de los campesinos en la tierra mediante una reforma agraria que entregue la tierra a quien la trabaje y prohibiendo los desalojos; en cuarto lugar, reclama el establecimiento de los más amplios derechos democráticos mediante la anulación de decretos represivos y discriminatorios y la convocatoria a una Asamblea Constituyente; el último punto refiere a la adopción de una política exterior independiente que contribuya a la coexistencia pacífica entre los pueblos.

En función de lo enunciado, el PC consideró que, en el contexto de una elección polarizada entre las dos variantes radicales, la plataforma de la UCRI era aquella más próxima a su programa y llamó a votar por la fórmula Frondizi-Gómez. Siempre en el plano de las propuestas, había concordancia en la postura en torno al levantamiento de las inhabilitaciones y proscripciones para todos los partidos; a la defensa de las riquezas nacionales; la apuesta por el desarrollo industrial; la realización de una reforma agraria; la no injerencia del Estado en el movimiento obrero; y la adopción de una política exterior que contribuya a la paz mundial.

No obstante la afinidad manifiesta, el PC advertía que este apoyo no significaría el abandono de su línea política frentista y presentó algunos puntos de discrepancia con la UCRI, fundamentalmente en lo que respecta al sistema electoral de mayoría y minoría, el programa agrario con reformas de tipo capitalista y la postura en contra del divorcio y a favor de la ‘enseñanza libre’ de parte de Frondizi.

Tras su asunción, el gobierno demostró en los primeros meses que el derrotero de su gobierno no estaba en sintonía con la plataforma electoral, proceso que fue interpretado como la ‘traición Frondizi’ (Viñas, 1959). A lo largo de su primer año de mandato, llevó a cabo una serie de medidas que fracturaron rápidamente el frente que se había formado de hecho detrás de su liderazgo: los acuerdos petroleros con empresas de capital extranjero, la sanción de la ley de Asociaciones Profesionales, el decreto de enseñanza libre, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el “Plan de Estabilización Económica”. El PC estuvo en contra de cada una de ellas, al punto que el pasaje de las primeras expectativas a la oposición a Frondizi culminó con una fuerte campaña anticomunista por parte del gobierno y la ilegalización del partido y sus actividades en abril de 1959.

La política petrolera que el Presidente anunció en julio de 1958 estaba basada en el intento por derribar las barreras al desarrollo económico del país, donde la principal sujeción se la atribuía a la importación de combustibles. Para terminar con ello la solución propuesta era garantizar la inversión para explotar el petróleo del territorio argentino, cuestión que se resolvió convocando a empresas extranjeras para que lo hicieran. El PC consideró que el gobierno extraía conclusiones equivocadas al atribuir a las importaciones de petróleo las causas de la crisis económica y la dependencia del país a las potencias imperialistas: la ecuación era al revés, donde el problema del petróleo era consecuencia del carácter dependiente del país, de su desarrollo económico atrasado y desigual, y la cuestión sólo podría ser sorteada removiendo el obstáculo terrateniente e imperialista a través de una reforma agraria, la nacionalización de las empresas y la reorientación del comercio exterior hacia el campo socialista. Este fue interpretado como uno de los primeros capítulos de la presión que ejercían las fuerzas reaccionarias y las potencias imperialistas sobre un gobierno que se desenvolvía en medio de contradicciones, y al que le siguieron otros.

La orientación económica del gobierno se consumó en diciembre de 1958 cuando impulsó su “Plan de Estabilización Económica” bajo el designio del FMI en un país con estado de sitio dictado por tiempo indeterminado en el marco de la huelga petrolera, movilización militar del gremio ferroviario y Plan Conintes. Tras haber privatizado empresas administradas por la Dirección Nacional de Industrias del Estado, la firma de los contratos petroleros y la aprobación de la ley de radicación de capitales extranjeros, el nuevo Plan implicaba una severa devaluación de la moneda, la reducción de los aranceles aduaneros y de los recargos para bienes de capital importados, un incremento de tarifas en el sector público, la implantación de una política crediticia restrictiva y la viabilidad de privatizar organismos estatales (Peralta Ramos, 1973). Las medidas del plan económico eran para el PC contrarias a los intereses del pueblo y la soberanía nacional, “puesto que consiste en descargar los efectos de la crisis económica sobre las espaldas el pueblo trabajador y en fortalecer la vieja estructura económica atrasada del país”, razón por la cual enfrentó al gobierno no solamente al nivel de la política nacional sino participando de las luchas del movimiento obrero.

Los pasos previos: el sindicalismo comunista y peronista en la “Revolución Libertadora”

El análisis de los orígenes del MUCS está sujeto a la comprensión del camino de encuentros y desencuentros recorrido por el sindicalismo comunista y peronista en la etapa previa al ascenso de Frondizi. El movimiento obrero atravesó, fundamentalmente a partir del golpe de Estado de 1955, un proceso de desorganización signado por la represión, intervenciones estatales, inhabilitaciones, detenciones, movilizaciones militares de los gremios y luchas internas que duró cuanto menos hasta los primeros años de la década del ’60 y presentó rasgos particulares durante la Presidencia de Frondizi.

La “Revolución Libertadora” con Pedro E. Aramburu al frente había iniciado un intento de “desperonizar” a la sociedad argentina en su conjunto, tanto desde el punto de vista político y cultural como en el sindical. Además de la disolución del Partido Peronista en sus dos ramas y la prohibición de los símbolos peronistas, la dictadura atacó a las organizaciones gremiales resolviendo la intervención de la CGT y todos los sindicatos bajo su jurisdicción y la derogación de la Ley de Asociaciones Profesionales de 1945, lo cual habilitaba la actuación de más de un sindicato por actividad. ‘Barajar y dar de nuevo’ parecía ser la orientación de la “Libertadora” en materia sindical, esperando consolidar al frente de los sindicatos a dirigencias que le fueran afines. Para eso, en un contexto signado por las persecuciones y detenciones de militantes sindicales, se aprestó a principios de 1956 a convocar a elecciones en los sindicatos para renovar autoridades tras la intervención y conformar Comisiones Paritarias de cara a las negociaciones colectivas suspendidas desde 1954, las cuales contaron con una normativa represiva para limitar el poder del estrato dirigente que desempeñó sus cargos durante los últimos años.[1]

A pesar de la dificultad para acceder a los datos que acrediten los resultados de las elecciones sindicales que transcurrieron con irregularidades (Iscaro, 1973: 328) durante los años 1956-1957, el mapa del movimiento obrero se diagramó a partir de la conformación de los primeros organismos intergremiales surgidos tras la intervención de la CGT: la Comisión Intersindical y luego las 62 Organizaciones y los 32 Gremios Democráticos.[2]

El principal fracaso de la “Libertadora” en materia sindical estuvo en la incapacidad para lograr que el llamado “sindicalismo libre”, ligado al radicalismo y el socialismo, se impusiera como dirección del movimiento obrero. En primer lugar, las elecciones de comisiones internas presentaron un rasgo particular a partir de la aparición de una nueva camada de activistas que, formada en el periodo anterior (Schneider, 2005), vino a reemplazar a la dirigencia inhabilitada y combatió con los “libres” (James, 2010). Por otro lado, si bien decretó la eliminación de “obstáculos a la productividad”, los planes de racionalización no pudieron concretarse en una escala total ya que la discusión en torno a los convenios colectivos implicó un vasto proceso de conflictividad laboral que, no solo no impidió que numerosos sindicatos no firmaran nuevos en reemplazo de los acordados en los años previos, sino que sirvió para estructurar los nacientes agrupamientos sindicales. Por último, la elección de las direcciones sindicales de cada organización implicó un nuevo triunfo del sector mayoritario –el peronismo– y el refuerzo de un actor relegado en este ámbito, el Partido Comunista.

Durante ese proceso, el PC actuó siguiendo su línea de Frente Democrático Nacional a través de su agrupación sindical, el Movimiento Pro Democratización e Independencia de los Sindicatos.[3] Eso se tradujo en las elecciones sindicales de 1956 y 1957 en la conformación de listas unitarias que reunieran los reclamos del conjunto de obreros y obreras del gremio, sin distinción ideológica ni religiosa, con el objetivo de recuperar la normalidad sindical tras la intervención de la dictadura. En base a esta actuación, el PC definió sus principales bastiones conquistando la dirección de varios sindicatos: en la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) el histórico dirigente comunista Rubens Iscaro obtuvo el cargo de secretario general a nivel nacional y Roque Alessi hizo lo propio en la filial Capital, mientras la lista unitaria ganó también en Mar del Plata;[4] en la Federación Argentina de Vendedores de Diarios, Revistas y Afines se impuso Jorge Rubén Queijo;[5] en la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria Química y Afines (FATIQA) las figuras de Ricardo Vincelli y Lito Rodríguez comenzaron a afianzarse desde 1956, primero en la Comisión Paritaria del gremio y luego en la dirección a nivel nacional y en el sindicato de Capital y Gran Buenos Aires;[6] en la Unión Obrera Gastronómica (UOG) de Capital el comunismo triunfó con la lista encabezada por Manuel Moreira e integrada por Dilermando Terrile;[7] en la Unión de Sindicatos de la Industria de la Madera históricos dirigentes partidarios Eduardo Seijo y Vicente Marischi ingresaron a la comisión directiva del sindicato encabezada por Arturo Vázquez tras el triunfo de la lista unitaria a pesar de las irregularidades y detenciones de candidatos;[8] a su vez, si bien la intervención del Sindicato Argentino de Músicos persistió hasta finales del gobierno de Aramburu, los comunistas liderados por Bernardo Noriega triunfaron en abril de 1958 y revalidaron la conducción en noviembre de ese mismo año;[9] en la Federación de Trabajadores de Prensa y el Sindicato de Prensa de Capital también pesó la intervención durante el gobierno dictatorial, aunque se observa que la dirigencia comunista que condujo esas organizaciones entre 1958 y mediados de los años ’60 ya poseía mandato de representación en el Congreso Normalizador de 1957, como es el caso de Venido Mateu (Gasparri y Panella, 2008). Podemos observar que esta revitalización del comunismo en los sindicatos se produjo no solo en gremios industriales sino sobre todo en sectores de servicios, en base a una militancia -con la excepción de prensa y químicos- cuya presencia se registra aún antes del peronismo (Camarero, 2007).

Apoyado en estos sindicatos, el PC articuló el primer organismo intergremial tras la intervención de la CGT, la Comisión Intersindical, que actuó entre febrero y agosto de 1957 agrupando a los sindicatos y federaciones de todo el país que obtenían progresivamente su normalización en torno a un programa de cinco puntos que reunía las principales reivindicaciones del período: la liberación de militantes detenidos sin proceso; la normalización del movimiento obrero sin intervenciones; el establecimiento de precios máximos para artículos de primera necesidad; el levantamiento del Estado de Sitio y la vigencia de libertades y derechos políticos y sindicales; y la derogación de leyes represivas como la ley de Residencia 4144.[10]

En la Comisión Intersindical se reunieron las organizaciones normalizadas en cuyas direcciones participaban cuadros peronistas o comunistas y, en menor medida, trotskistas (González, 1996). A pesar de las polémicas entre ambos sectores, la Intersindical organizó en su breve existencia cuatro Plenarios Nacionales, el primer acto opositor público y legal desde el golpe en la jornada del 1º de mayo, un paro parcial en Capital y Gran Buenos Aires el 14 de junio y un paro nacional el 12 de julio. El rápido crecimiento de la misma[11] obligó al presidente a convocar a un Congreso Normalizador de la CGT a realizarse en agosto de 1957 para adoptar nuevos estatutos, elegir autoridades y poner fin a la intervención.

El Congreso de la CGT fue el escenario sobre el cual se selló la alianza entre el sindicalismo peronista y el comunista, cuyas dirigencias actuaron conjuntamente en el transcurso del mismo y se impusieron en las votaciones ante el sector denominado “libre”, que optó por abandonar las deliberaciones al advertir su imposibilidad para obtener la dirección de la CGT. De este modo surgieron dos agrupamientos sindicales, que tomaron su nombre de la cantidad de organizaciones que se enfrentaron en el Congreso: las 62 Organizaciones que permanecieron en el recinto y los 32 Gremios Democráticos que se retiraron tras las primeras votaciones.

La convivencia entre peronistas y comunistas al interior de las 62 Organizaciones rápidamente evidenció tensiones que, si bien tenían un fundamento ideológico y una historia de desencuentros, se manifestaron cuando el sindicalismo peronista obtuvo la fuerza suficiente para desplazar al comunista en la dirección de los agrupamientos sindicales. Existió un punto de continuidad entre la Comisión Intersindical y las 62 Organizaciones, no solo por los sindicatos que la componían sino por la coincidencia de sendos programas de cinco puntos. Sin embargo, la principal diferencia radicaba en la composición de fuerzas, donde el signo característico de la primera fue la organización por parte del sindicalismo comunista y, en la segunda, la dirección pasó a ser ejecutada por el sindicalismo peronista en la medida en que se fue fortaleciendo al calor de las normalizaciones sindicales durante 1957.

El programa de las 62 Organizaciones reclamaba un aumento general de emergencia; la libertad inmediata de todos los presos y el levantamiento del estado de sitio; la derogación de los decretos 824 –que prorrogaba los convenios-, del que anulaba el derecho de huelga y el más reciente sobre la incentivación –que liquidaba las conquistas obreras; expresaba su solidaridad con los trabajadores de los gremios en lucha: telefónicos, telegráficos y demás; y exigía la reanudación del congreso de la CGT.[12] En base al mismo, encabezaron dos paros generales con alto acatamiento en 1957: uno de 24hs el 27 de septiembre contra la carestía de la vida y otro de 48hs los días 22 y 23 de octubre. Tras éstos, el gobierno respondió con nuevas intervenciones en la Asociación de Trabajadores del Estado, Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Capital, la Federación del Aceite, gastronómicos de Capital y varias seccionales de la Unión Ferroviaria; y la movilización militar de gremios en conflicto como portuarios, aeronáuticos y ferroviarios.

La importancia del surgimiento de “las 62” incuba a su vez las razones de los inconvenientes que significó su crecimiento para el sindicalismo comunista, en tanto se confirmó, como mostró James, que la principal fuerza organizadora del peronismo post 1955 fueron los sindicatos (2010: 112). Precisamente, si bien el PC fue una de las fuerzas centrales en la reorganización del movimiento obrero, el peronismo logró ponerse a la cabeza de aquel proceso organizacional en el que se entrelazaron la constitución de las comisiones internas, los cuerpos de delegados, las comisiones paritarias y la reconquista de los sindicatos (Schneider, 2005: 109). De este modo, la medida del crecimiento del peronismo organizado en los sindicatos fue en sintonía con la pérdida de influencia del sindicalismo comunista en el movimiento obrero.

A la luz de las declaraciones de la Comisión Sindical del PC, el acto de “las 62” en diciembre 1957 en el Luna Park fue una expresión de ello. Afirmaron que, a pesar de haber sido convocado para analizar la situación del sector y adoptar medidas de carácter unitario, “grupos organizados provocaron en la asamblea hechos que la transformaron […] en una demostración de carácter partidista, a favor del régimen depuesto”,[13] lo cual motivó la violenta interrupción de las fuerzas policiales y la posterior intervención de la Asociación Obrera Textil (AOT), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Federación de Trabajadores de la Sanidad y la Federación Gremial de la Industria de la Carne.[14]

El principal argumento con el que el PC interpretó el derrotero de los acontecimientos al interior de “las 62” sostenía que, en la medida en que el sindicalismo peronista se fortalecía, abandonó el programa unitario de cinco puntos en pos de la conquista de la dirección de la CGT para convertirla en un bastión del peronismo.[15] Con ese enfoque analizó el entendimiento entre las autoridades sindicales peronistas y el frondizismo, que tiempo antes de asumir estableció como parte de los acuerdos con el peronismo para las elecciones la sanción de una Ley de Asociaciones Profesionales acorde a sus intereses (Rodríguez Lamas, 1985).

La Ley de Asociaciones Profesionales y la fractura de las 62 Organizaciones

El ascenso de Frondizi a la presidencia contó, como se ha marcado, con el apoyo tanto del peronismo como del Partido Comunista, así como el de las 62 Organizaciones. Apenas iniciado su mandato, tomó medidas favorables a la clase trabajadora y al movimiento obrero otorgando un aumento salarial del 60%, levantando las intervenciones producidas en diciembre de 1957, derogando la ley de Residencia y promulgando una ley de amnistía que levantó las inhabilitaciones tanto políticas como gremiales. A pesar del visto bueno con el que contaron las mismas, la reglamentación de una nueva Ley de Asociaciones Profesionales (LAP) para la normalización de los sindicatos y la CGT produjo el quiebre de las 62 Organizaciones a partir de la separación de diecinueve organizaciones, que posteriormente se constituyeron como un nuevo agrupamiento sindical: el Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical.

La LAP sancionada el 8 de agosto de 1958 se estableció en reemplazo de las modificaciones realizadas por el gobierno de Aramburu, tendientes a la atomización de la organización gremial a partir del reconocimiento de más de un sindicato por actividad y de la imposibilidad de agremiar conjuntamente a personal de tareas manuales e intelectuales (Zorrilla, 1974: 71). Esta ley, que parecía formar parte de los acuerdos entre Perón y Frondizi, abolía la representación de la minoría en el sindicato, reconocía a las organizaciones que nuclearan a trabajadores y trabajadoras por actividad o por oficio (art. 3), obteniendo la personería gremial aquella más representativa (art. 18): es decir, restablecía el modelo peronista de sindicato único con derechos de negociación. Además de estas organizaciones de primer grado, reconocía a las federaciones que agruparan a éstas y a la confederación que reuniera a las federaciones (art. 4). Si bien la cuestión de la posibilidad de agremiarse por oficio revistió críticas por parte del PC por su carácter “divisionista” (Marischi, 1958; 11), el principal punto de conflicto estuvo en el proceso de reglamentación de la ley, que ordenaba a las organizaciones sindicales “renovar, elegir y constituir sus autoridades directivas” en 90 días (art. 57). Esta disposición fue aquella que desató las discrepancias latentes en el movimiento obrero en general y en las 62 Organizaciones en particular, que se fracturaron en torno al problema de la intervención estatal en los sindicatos.

El conflicto se había iniciado poco antes de la asunción de Frondizi cuando “las 62” discutían en plenario el contenido del memorial a presentarle al presidente electo. En aquella ocasión se discutió la forma en que las organizaciones participantes pretendían retomar el control de la CGT: se presentaron dos posiciones, la primera reclamando la entrega de la central a una comisión compuesta por 25 secretarios generales, que se convoque al estado de asamblea a todos los gremios para realizar posteriormente elecciones; la otra buscaba unir en esa comisión a representantes de las 62 Organizaciones, los 32 Gremios Democráticos y de sindicatos independientes. La primera posición, defendida por el sindicalismo peronista, triunfó por 27 votos contra 12 de la segunda, en donde se ubicaban los comunistas con el dirigente maderero Vicente Marischi como representante de la Mesa Coordinadora. En este plenario se hizo presente por primera vez el reclamo en contra de la participación de interventores en una cuestión privativa de los trabajadores como lo son las elecciones de su gremio. Ello se acompañaba con el rechazo a un proceso eleccionario que demoraría la elaboración y discusión de convenios colectivos, tras varios años sin negociación colectiva en numerosos sindicatos.

La disputa se aceleró cuando se anunció oficialmente que el nuevo interventor de la CGT, Alfredo Insaurralde, encabezaría la normalización de los sindicatos mediante la declaración de ‘estado de asamblea’ en los sindicatos y la realización de nuevas elecciones con veedores estatales. En paralelo, el congreso de la llamada “CGT Auténtica” contó con la presencia de dirigentes peronistas de “las 62” que llamaron a declarar el estado de asamblea en los gremios y la realización de elecciones.

El meollo del asunto para el sindicalismo comunista y otras organizaciones estribaba, por un lado en el intento de poner bajo la órbita del movimiento peronista a las 62 Organizaciones; por otro, en la participación de interventores en el proceso eleccionario. De este modo, veinte organizaciones sindicales hicieron un primer llamado de alerta ante lo que parecía implicar la traición al programa de 5 puntos de las 62 Organizaciones que afirmaba el rechazo a las intervenciones en los gremios, y expresaron en reunión con el nuevo interventor de la CGT su rechazo a toda forma de intervención.

Si bien esas organizaciones dieron el puntapié para la conformación de lo que pasó a llamarse en la prensa comunista el Movimiento Sindical Antiintervencionista (MSA), solo quince de esas veinte firmaron el documento con el que comenzó a hablarse de las “19 Organizaciones”. En ese documento se hacía un repaso de la actuación conjunta en base al programa unitario consensuado y exponía su preocupación por la acción de un núcleo de dirigentes que llamaba a la intervención en nombre del conjunto de “las 62”. Si bien allí se reproducen los argumentos ya expuestos, ese documento tiene el valor de explicitar cuáles eran las diecinueve organizaciones antiintervencionistas que fueron la base para la formación del MUCS.

No obstante, el repaso de la actuación de este sector en la segunda mitad de 1958, muestra que no siempre se trata de ese número, ni siquiera son siempre coincidentes las organizaciones que participaron del mismo en ese lapso. Se trató de un agrupamiento de sindicatos compuesto por un núcleo de 13 organizaciones, no todos ellos dirigidos por el comunismo, que traccionaba alternativamente a otras. Es decir, mantuvo el nombre de “19 Organizaciones” por aquel documento público que mencionamos, así como “las 62” lo hicieron tras su participación en el Congreso Normalizador de 1957, independientemente del número de organizaciones que participaron en su interior a lo largo del tiempo. Se trataba de un agrupamiento en el que confluían sindicatos por la coincidencia en el reclamo en contra de la intervención estatal en la normalización de las organizaciones, de modo que circunstancialmente se acercaron no solo las que pertenecían y fueron abandonando “las 62” sino también algunas de “los 32” e incluso independientes. De este modo, tal como afirmó Vicente Marischi (1958; 7), llegaron a participar 29 organizaciones en total.

Si se compara la publicación de los listados de organizaciones que aparecen firmando documentos o participando en reuniones “antiintervencionistas”, veremos que las 13 organizaciones con mayor participación son: Sindicato Único Petroleros del Estado; UOCRA – Capital; Unión de Sindicatos de la Industria Maderera; Federación Argentina de Trabajadores de la Industria Química; Asociación Argentina de Telegrafistas y Afines; Sindicato Argentino de Músicos; Sindicato Argentino de Prensa; Asociación del Personal Aeronáutico; Asociación de Trabajadores de Barracas, Depósitos Afines al Puerto; Federación de Vendedores de Diarios, Revistas y Afines; Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor; UOG (Capital – San Martín) y el Sindicato de Empacadores de Frutas de Río Negro y Neuquén. Alternativamente participaban, además de aquellas originarias 19, la Federación de Empleados de Comercio, la Unión Ferroviaria, La Fraternidad, la Asociación de Trabajadores del Estado, Empleados del Caucho, la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), la Federación de Luz y Fuerza y Asociación Bancaria, entre los más importantes.

Estas organizaciones iniciaron su acción entregando un memorial en las Cámaras de Diputados y Senadores, en el que señalaban su rechazo a la injerencia del Estado en las elecciones sindicales y reclamaban que se convoque en un plazo de 60 días un congreso de la central obrera respetando los principios democráticos y de representación, con la inclusión de todas las organizaciones adheridas. También presentaron un proyecto con reformas para limitar la intervención estatal en los sindicatos que finalmente no fueron contempladas en el documento de ley sancionado. En ese contexto, las advertencias que el MSA realizaba en torno a los problemas que traerían las elecciones sindicales en el marco de la discusión de convenios colectivos se materializaron cuando el gobierno dispuso la prórroga del decreto 824 de la “Revolución Libertadora”, que implicaba la postergación de la negociación colectiva –suspendida desde 1954– hasta el 1º de diciembre de 1958. El reclamo en contra de esta medida estuvo presente tanto en la reunión que mantuvieron dirigentes sindicales antiintervencionistas con Frondizi como en la primera manifestación en las calles del MSA, el 14 de agosto, en un acto en contra de la carestía de la vida. La misma contó con la participación de 18 federaciones y 21 sindicatos, en la que pidieron también por el cumplimiento del aumento del 60% en los salarios, un aumento a jubilados y pensionados, la defensa del petróleo y, por supuesto, la oposición a la intervención en los sindicatos.

Las discrepancias entre el MSA y las 62 Organizaciones siguieron presentes, cuestión que se demostró en el paro del 10 de octubre convocado por “las 62” en contra de la carestía de vida, del que ambas participaron junto a los 32 Gremios Democráticos y el estudiantado laico en lucha contra de la reglamentación de la enseñanza libre. A pesar de los intentos del MSA por coordinar conjuntamente la medida, la falta de acuerdo hizo que participaran de la medida con programas diversos. Lejos de manifestarse en esta instancia un quiebre de la convivencia entre Frondizi y la dirigencia sindical peronista, lo que buscaban “las 62” con el paro en contra de la carestía exclusivamente era negociar espacios de poder sin romper acuerdos, en lo que parecía ser el nacimiento del “vandorismo” como táctica sindical, basada en presionar para negociar cuestiones institucionales, independientemente de los intereses de las bases obreras (Schneider, 2005: 118).

La división del movimiento obrero en 1958 fue una de las características que se hizo presente en el inicio de un momento altamente represivo, encarado en el marco de la huelga petrolera de noviembre de 1958. En aquella ocasión, tras una serie de declaraciones y actos de la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros del Estado (SUPE) y su Junta Directiva Nacional –una de las organizaciones más importantes del MSA– en defensa del petróleo nacional y en contra de los contratos firmados por el Presidente con compañías privadas extranjeras, la filial mendocina del SUPE inició un paro por tiempo indeterminado el 31 de octubre que contó con la activa solidaridad de la filial Capital Federal y el sindicato mendocino de Gas del Estado. Este movimiento huelguístico trascendente fue ilegalizado el 4 de noviembre y, tras la alocución radial en la que el Presidente acusó a comunistas y a partidarios de “la dictadura depuesta” de motivar un “plan de huelgas con sentido insurreccional”, reprimido mediante la declaración de estado de sitio el día 11 y la aplicación del Plan de Conmoción Interior el Estado (CONINTES) con el decreto secreto 9880 del 14 de noviembre de 1958 (Chiarini y Portugheis, 2014). La opción por negociar espacios de poder por parte de sectores del sindicalismo peronista estuvo presente en el conflicto petrolero, tanto con la acción de la agrupación Junta de Petroleros “13 de diciembre” que se opuso a la huelga, como por las directivas del Consejo Coordinador y Superior del Peronismo que obró en el mismo sentido hasta después de ilegalizada la huelga, cuando cambió radicalmente su posición y llamó a repudiar los convenios (James, 2010). Por su parte, “las 62” recién intervinieron decretando un paro de 48hs para los días 20 y 21 de noviembre, cuando las detenciones a militantes sindicales y políticos ya estaban en marcha en el marco del estado de sitio. No obstante, tras una reunión con Frondizi en la que negociaron el levantamiento del decreto de prórroga de convenios colectivos, la continuidad de las elecciones sindicales y la normalización de la CGT, el paro quedó sin efecto.

Este avance represivo que marcó un quiebre en la historia del movimiento obrero (James, 2010;Schneider, 2005) continuó en las semanas siguientes con la aplicación del Plan Conintes en las movilizaciones militares de la Unión Ferroviaria, el SUPE y del Personal de Transportes de Buenos Aires; la intervención de la UTA, la AOT, la Federación de la Carne, la UOM, la Unión de Sindicatos de la Madera, la Federación de Trabajadores Químicos, la UOCRA y el Sindicato de Obreros y Empleados del Frigorífico “Lisandro de la Torre”; y el ataque al Partido Comunista con una cincuentena de detenciones, el cierre de La Hora y Nuestra Palabra en enero de 1959, la clausura de sus locales y, finalmente, la ilegalización del partido, su prensa y sus organizaciones en abril de 1959.

Las elecciones sindicales y el nacimiento del MUCS

Las elecciones sindicales convocadas en el marco de la LAP se llevaron a cabo con irregularidades entre noviembre de 1958 y los primeros meses de 1959, en el marco del ataque del gobierno de Frondizi a las organizaciones sindicales y al PC en particular. Estos aspectos y la división del movimiento obrero fueron el telón de fondo para el surgimiento del MUCS. En ese sentido, a pesar de las dificultades para obtener datos fehacientes, prestar atención a los resultados de las elecciones es un punto central para avanzar en el conocimiento de las organizaciones que participaron de este nucleamiento sindical en sus inicios.

El MUCS nació a fines de diciembre de 1958 a partir de la disolución de “las 19” como tales, que pasaron a conformarse como una comisión cuyo propósito era “promover un movimiento de unidad y coordinación sindical” en base a un programa inmediato. El pasaje del MSA al MUCS implicaba para sus integrantes un mayor compromiso en la lucha por la unidad, en el marco de un movimiento obrero dividido y desorganizado. Si en sus orígenes “las resoluciones que adoptaran los gremios antiintervencionistas no eran obligatorias para estos”, el objetivo de esta nueva comisión era “sentar las bases de la unidad de los trabajadores argentinos”. En ese sentido, la comisión integrada por delegados de los gremios mercantil, bancario, madera, gastronómico, construcción, prensa y ferroviario de La Fraternidad, definió en tres puntos su guía de acción: la lucha contra la carestía de vida; la desmovilización de los ferroviarios y la inmediata liberación de los detenidos; y el levantamiento del estado de sitio.[16] A este programa inmediato se le sumaban otros puntos como la normalización sindical y la recuperación de la CGT; la negociación de convenios colectivos que contemplen las aspiraciones obreras; y la oposición a todo plan económico tendiente a descargar la crisis sobre la clase trabajadora.[17]

En las elecciones sindicales el PC participó reeditando un planteo que venía sosteniendo desde años atrás: la necesidad de conformar listas unitarias en los sindicatos para impedir la división por cuestiones políticas. El planteo de unidad en los sindicatos se encontraba en esta ocasión anudado a la problemática que reintroducía la nueva LAP en su sistema eleccionario, basado en el control total de los puestos directivos de la organización por parte de la lista ganadora, lo cual excluía la representación de las minorías restantes (Marischi, 1958). En ese sentido, el PC participó en el armado de listas unitarias en los gremios en los que tenía inserción, buscando no solo revalidar las posiciones conquistadas en 1956-1957 sino obtener nuevos triunfos frente a sus adversarios: los “jerarcas” sindicalistas tanto del peronismo como los nucleados en los 32 Gremios.[18]

A partir del entrecruzamiento de las diversas fuentes partidarias consultadas, de los archivos que se encuentran en la UTDT y de la bibliografía disponible, podemos señalar una lista (no exhaustiva) de las organizaciones que participaron en los orígenes del MUCS. En primer lugar se encuentran los sindicatos que formaban la Comisión del MUCS: Asociación Bancaria, Federación de Empleados de Comercio, Unión de Sindicatos de la Industria de la Madera, UOG (Capital), UOCRA, Federación de Trabajadores de Prensa y La Fraternidad. Por otro lado, aquellos sindicatos en cuyas elecciones triunfó una lista unitaria: Sindicato Argentino de Músicos, Sindicato de Prensa (Capital), Federación de Vendedores de Diarios, Revistas y Afines, Sindicato Argentino de Trabajadores de Moliendas, Minerales y Afines, Asociación Viajantes de Comercio, Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Chacinado.[19] A estas organizaciones se sumaban aquellas que figuran como integrantes del movimiento pero no pudimos acceder al resultado de las elecciones, como la Federación Obreros y Empleados Telefónicos (FOETRA), el Sindicato Obrero de la Industria del Vestido (SOIVA), UPCN, Sindicato de Conductores de Taxis (Capital) y Asociación Bancaria (Buenos Aires). Finalmente, como hemos advertido, numerosos sindicatos atravesaban situaciones irregulares, ya sea porque fueron intervenidos, movilizados militarmente o postergadas sus elecciones por tiempo indefinido. No obstante, algunos de los sindicatos que presentan esas dificultades pueden ser ubicables dentro del MUCS: por ejemplo, tanto Madera como Construcción y la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria Química figuran en la primera plana, aunque atravesaron dilaciones en sus elecciones y finalmente la intervención a principios de 1959.[20] A su vez, la Unión Ferroviaria movilizada militarmente y otrora miembro de “los 32” mostró su adherencia en las bases y algunas seccionales.[21] Este grupo de organizaciones –que alcanza la veintena con datos parciales– que dio origen al MUCS fue paulatinamente asentando su intervención como agrupamiento en la primera mitad de 1959, en la medida en que el contexto presentaba las condiciones para el cumplimiento de su objetivo inmediato: alcanzar la unidad de acción con el resto del movimiento obrero.

El primer escenario en el que el MUCS participó como tal fue en el marco del anuncio del “Plan de Estabilización Económica” y los acuerdos con el FMI, que comenzaron a aplicarse con la privatización del Frigorífico “Lisandro de la Torre”. En aquella histórica toma del establecimiento de enero de 1959 participaron, además de los trabajadores y trabajadoras del frigorífico, los distintos agrupamientos sindicales sin coordinación a pesar de algunas coincidencias. El PC y el MUCS consideraron que las causas de la derrota de la huelga radicaban en la falta de unidad al interior del movimiento,[22] razón por la cual se enfatizó en la necesidad de establecer acuerdos. Ese planteo, esbozado en su Plenario de los días 20 y 21 de febrero, fue llevado tanto al Plenario de Regionales de la CGT realizado en Córdoba y al Plenario de las 62 Organizaciones en Avellaneda, en donde no fueron bien recibidos.[23]

La conformación del Consejo del MUCS[24] coincidió en el tiempo con una nueva ola de intervenciones a los principales bastiones sindicales del peronismo (UOM, AOT y carne) y el comunismo (UOCRA, madera y químicos). La pronunciada ofensiva política y económica en contra de la clase trabajadora organizada en 1959 pareció ser el punto que acercó nuevamente a ambos sectores del sindicalismo en tanto la disputa por la LAP pasaba a un segundo plano. De hecho, el MUCS interpretó que la unidad sindical podía alcanzarse cuando advirtió que sus reclamos apenas diferían con los de “las 62” en ese punto que los alejó el año anterior. Entre los diversos reclamos que compartían –referentes al levantamiento de las intervenciones y movilizaciones militares, la liberación de detenidos políticos y gremiales, la lucha en contra de la carestía de vida, por los derechos de jubilados y pensionados y en contra de la política económica–[25] el punto que estructuró la acción a seguir fue el pedido de levantamiento de las nuevas intervenciones mencionadas, las cuales atacaban el centro de poder de los dos sectores. Esos sindicatos junto a otros intervenidos como UTA, SUPE, Obreros del “Lisandro de la Torre” portuarios de Buenos Aires, organizaron un acto el 3 de abril que contó con el acuerdo del MUCS, las 62 Organizaciones y gremios independientes.[26] La represión policial de esa jornada a los sindicatos intervenidos en el marco del estado de sitio estuvo acompañada por la prohibición de las actividades del PC, sus organizaciones colaterales, la clausura de sus locales y el cierre de sus publicaciones.[27] En simultáneo, el gobierno prohibió la realización de los actos en conmemoración del 1º de mayo que preparaban separadamente el MUCS y “las 62” y continuó su amedrentamiento deteniendo a dirigentes sindicales importantes como Vicente Marischi, Rubens Iscaro, Manuel Moreira, Arturo Vázquez y Armando March (del MUCS) y a Andrés Framini, entre los peronistas.

No obstante, en este contexto defensivo las luchas sindicales no se detuvieron. El caso más resonante de 1959 fue la huelga bancaria, desarrollada en todo el país entre marzo y junio con la activa solidaridad del gremio del seguro y el MUCS. Si bien el mismo evidenció nuevamente las limitaciones que venían exponiéndose debido a la división del movimiento obrero (Acha, 2008), la conflictividad de este sector y otros –como los municipales de Avellaneda– impulsó al MUCS y a “las 62” a realizar un paro general coordinado el 15 de mayo.[28] Tras el mismo, las reuniones tendientes a la unidad de acción entre ambos agrupamientos se aceleraron a partir de junio, proceso que se selló a fines de agosto con la elaboración de una “Declaración de Propósitos” en la que el MUCS, las 62 Organizaciones y gremios independientes se comprometieron a luchar conjuntamente bajo un nuevo nombre: Movimiento Obrero Unificado.

Conclusiones

La agudización del enfrentamiento entre clases sociales que se desarrolló en el período abierto en 1955 con el golpe de Estado y continuó en los años sucesivos tuvo como punto saliente el ataque al movimiento obrero. El complejo entramado que combinó la suspensión de garantías constitucionales, la intervención de los gremios, despidos, suspensiones, detenciones, el alza del costo de vida y el aumento de la explotación laboral, no estuvo exento de procesos de lucha y organización por parte de importantes sectores de la clase obrera. Es decir, a pesar de tratarse de un escenario defensivo en el que el movimiento obrero cosechó derrotas, se gestaron experiencias que merecen ser destacadas.

Tras una década de hegemonía peronista en el movimiento obrero y de un significativo retroceso del comunismo en ese sector, el nuevo contexto dictatorial tuvo como aspecto la reaparición del PC como uno de los actores centrales del sindicalismo. Esto puede explicarse por diversos factores: por un lado, se benefició de las persecuciones a dirigentes sindicales peronistas, lo cual abrió resquicios para ganar posiciones; por otro, la búsqueda de alianzas con el peronismo en los sindicatos se encaró en un terreno más fértil con el cambio de régimen al encontrarse ambos en la oposición al gobierno; finalmente, las elecciones sindicales de 1956-1957 se realizaron bajo un sistema que habilitaba la representación de minorías en contraposición al modelo sindical estructurado bajo el peronismo, razón por la cual el PC obtuvo mayor poder y visibilidad. Esta reubicación del PC construida al calor de luchas tanto económicas como por la reorganización del movimiento obrero intervenido le permitió convertirse en el principal armador de la Comisión Intersindical, donde podemos ubicar una de las primeras alianzas con el peronismo en el movimiento obrero. Como hemos visto, su lugar en el mismo perdió relevancia en la medida en que se vertebraba el sindicalismo peronista con las normalizaciones sindicales, cuestión que se expresó al interior de las 62 Organizaciones en la que compartieron la Mesa Coordinadora.

La sanción de la Ley de Asociaciones Profesionales demostró que el sindicalismo comunista parecía un aliado descartable para el peronista en la medida en que negociaba la integración al nuevo orden constitucional propuesto por Frondizi y negociado en sintonía con los intereses de los altos mandos del peronismo. Fue en los debates en torno a ella cuando se terminó por fracturar la alianza al interior de “las 62”. El posterior armado del Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical y la culminación de este trabajo con la reedición de la alianza en el Movimiento Obrero Unificado de 1959 muestran de hecho que el sindicalismo comunista buscó constantemente actuar junto al peronista y solo lo logró cuando este último lo dispuso.

No obstante, esa nueva participación conjunta fue posible a partir de la conquista de posiciones del sindicalismo comunista en el movimiento obrero durante 1958. El alejamiento de sindicatos de las 62 Organizaciones fue encauzado por éste en un proceso que conjugó la participación en luchas sindicales significativas del período y en las nuevas elecciones sindicales en un contexto represivo que culminó en la ilegalización del partido. En el marco de las tensiones entre el gobierno de Frondizi y los sectores peronistas, y ante la remota posibilidad de recuperar la CGT, el MUCS se posicionó como un polo ineludible para la conformación de un organismo centralizado para enfrentar la ofensiva contra las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera.

En ese sentido, uno de los puntos fuertes sobre los cuales se centró este trabajo estuvo en la identificación de los sostenes sobre los cuales se edificó la estructura de poder del comunismo en el movimiento obrero. Se trata de un paso ineludible sobre el cual hubo que detenerse en tanto no se encontraba explicitada y sistematizada la información sobre la real estructura del llamado Movimiento Sindical Antiintervencionista de las 19 Organizaciones y del MUCS. Como hemos visto, las bases de ese poder estuvieron concentradas en escasos sindicatos controlados por el PC, que logró reunir a su alrededor a otras organizaciones en base a programas unitarios que reflejasen las reivindicaciones comunes de la clase trabajadora organizada.

Este trabajo puntilloso no debe hacer perder de vista algunos de los puntos centrales que permiten no solo extraer conclusiones sino allanar el camino para profundizar las líneas de investigación en torno al movimiento obrero de las décadas del ’50 y ’60 y, particularmente, al rol del PC en él. La segunda mitad de los años ’50 fue el escenario sobre el que se motorizó el crecimiento del comunismo en el movimiento obrero y en el que se produjo el encuentro entre dos sectores que rivalizaban por conquistar y dirigir la organización sindical en sus diferentes niveles, a pesar de la ventaja que uno llevaba sobre el otro. Por un lado, se advierte que es necesario avanzar en el conocimiento acerca del lugar que ocupaba el PC en los sindicatos durante la década peronista para poder analizar los eventuales cambios y continuidades a partir de 1955. Cabe preguntarse, ¿sobre qué experiencias de militancia sindical previas se cimentó este crecimiento del PC en el movimiento obrero? En ese sentido, a futuro puede explorarse la cuestión con una primera constatación de orden general: a diferencia de lo ocurrido hasta los primeros años ’40, la presencia comunista en los sindicatos a mediados de los ’50 fue más allá de los principales gremios industriales, en los que se advierte una significativa mayoría peronista. En otro orden, la línea de desencuentros entre el sindicalismo peronista y comunista entre 1955 y 1959 no puede tapar un hecho significativo: la continuidad que representan los acercamientos tanto en la Comisión Intersindical como en las 62 Organizaciones en 1957, que se reeditan tras un impasse en el llamado Movimiento Obrero Unificado de 1959. En adelante, será menester investigar desechando no sólo la idea de un PC en el eterno bando antiperonista sino una lectura superficial que no indague en las características propias que asume la intervención política en los distintos ámbitos específicos de acción.

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Notas