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¿Convergencias o caminos paralelos? Rebeliones rurales y movimientos reformistas/revolucionarios urbanos en las tierras altas de la frontera bolivano-argentina (década de 1920)
¿Convergencias o caminos paralelos? Rebeliones rurales y movimientos reformistas/revolucionarios urbanos en las tierras altas de la frontera bolivano-argentina (década de 1920)
e-l@tina. Revista electrónica de estudios latinoamericanos, vol. 20, núm. 80, 2022
Universidad de Buenos Aires
Recepción: 13 Mayo 2021
Aprobación: 16 Junio 2021
Resumen: En una larga tradición de resistencia y lucha por la tierra, las áreas rurales andinas de Perú y Bolivia protagonizaron una oleada de rebeliones que, sólo en el periodo 1919-1923, contabilizan más de medio centenar de alzamientos. La articulación de estos movimientos -y sus líderes- con sectores urbanos fue frecuente. Analizaremos, en el marco de los vínculos entre dichos sectores y los denominados “caciques apoderados” en Bolivia, el accionar de Roberto Hinojosa, quien protagonizó, en 1930, una frustrada revolución obrero-campesina en Villazón, ciudad en la frontera boliviano-argentina. El movimiento coincidió con la agitación en el ámbito rural y las propuestas del Radicalismo relativas a hacer en Jujuy, provincia argentina adyacente a la frontera, de las antiguas tierras indígenas un bien público. Al integrar en el análisis los espacios de frontera internacional, se obtiene Además de las ocasionales alianzas con los sectores de élite dirigente, la novedad, en la década de 1920, fueron los contactos establecidos con grupos contestatarios, reformistas radicales y/o revolucionarios, sensibles a la problemática de la propiedad de la tierra de antiguas comunidades indígenas. una lectura diferente de sucesos que, analizados desde la óptica metropolitana de las historias nacionales, pueden parecer marginales y, sin embargo, adquieren otra dimensión cuando se analizan bajo la lupa de la frontera en tanto región.
Palabras clave: Rebelión, indígena, reformismo, tierras, frontera boliviana-argentina.
Abstract: In the long tradition of resistance and struggles for land, the rural Andean areas of Peru and Bolivia took part in a wave of rebellions that, in the years from 1919 to 1923, number over 50. The articulation of these movements – and their leaders – with urban sectors was frequent. In addition to the occasional alliances with sectors of elite leadership, the 1920s saw the development of a novel dynamic; established contacts with confrontational, radical reformist or revolutionary groups that were aware of the problem of land and property in indigenous communities. Within the framework of the connections between these sectors and the Bolivian “caciques apoderados”, we analyze the actions of Roberto Hinojosa who led, in 1930, a frustrated worker-campesino revolution in Villazón, a city on the Argentine-Bolivian border. The movement coincided with agitation in the rural world and the proposals of Radicalism in Jujuy (the Argentine province on the border) with respect to turning ancient indigenous lands into public ones. By integrating an analysis of the international border spaces, we come to a different understanding of these events that, seen from the metropolitan perspective of national histories can at first appear to be marginal. These events acquire another dimension when analyzed through the lens of border regions.
Keywords: Rebellion, indigenous, reformist, land, Argentina-Bolivia border.
¿Convergencias o caminos paralelos? La trama y la urdimbre
El tema de las alianzas entre las facciones de la elite y los indígenas no puede comprenderse sin la intervención de los llamados apoderados. Estos surgieron a raíz de la necesidad de las comunidades de encontrar una figura que supliera la labor intermediadora del kuraka colonial convirtiéndose en líderes bisagra entre el Estado y las comunidades con la finalidad de la defensa de sus tierras comunales paulatinamente arrebatadas por las diversas políticas liberales […] queda demostrado que la imagen estereotipada de un colectivo pre-político y sin liderazgo claro no es cierta. Los indígenas, a través de la labor cohesionadora de sus apoderados, aprovecharon hábilmente la oportunidad política que las fricciones en el seno de la elite les ofrecía para demandar la restitución de sus tierras y lograr sus objetivos (Mendieta Parada, 2006, pp.781-782)..
Los levantamientos y la acción política de los indígenas comuneros en Bolivia están entretejidos en una trama conjunta con otros actores de la época, entre ellos los políticos del Partido Liberal, primero, y del Republicano, luego. La articulación de estos movimientos -y sus líderes- con sectores urbanos fue frecuente. Uno de los mayores ejemplos fue la denominada Guerra Federal que, en 1899, con la ayuda de los ayllus aymaras, liderados por Pablo Zárate Willka, entronizó al Partido Liberal con la esperanza, pronto desvanecida, de frenar las reformas desamortizadoras.
Además de las alianzas con los sectores de élite dirigente, la novedad, en la década de 1920, fueron los contactos establecidos con grupos contestatarios, reformistas radicales y/o revolucionarios. Esa es la cuestión que analizaremos en este texto, en el marco del arribo del Partido Republicano a la presidencia de Bolivia y de proyectos reformistas que habían obtenido apoyo de algunos indígenas y sectores progresistas. Nos interesa puntualmente la vinculación de sectores de oposición, reformistas y/o de izquierda radical con los denominados “caciques apoderados” en la década de 1920, especialmente en el curso de la rebelión aymara de Chayanta en 1927. Nos detendremos particularmente en el accionar de Roberto Hinojosa, joven “inconformista” boliviano (Stefanoni, 2015), que osciló entre el socialismo, el comunismo y el nacionalismo popular, y actuó desde la diplomacia, la tribuna periodística y, luego, desde la acción directa, iniciando en 1930 una revolución obrero-campesina en Villazón, frontera boliviano-argentina.
Tal como ocurre en un tejido, la trama forma un dibujo o diseño sobre hilos que le dan sostén: la urdimbre. Adoptando esa imagen como metáfora, podemos decir que la trama de acuerdos, negociaciones y alianzas se tejió sobre la urdimbre de la época: la faz crítica y transformadora de la década de 1920. La Revolución Mexicana y la Reforma Universitaria Argentina, nutrieron la convicción de protagonizar la Hora Americana, promoviendo en los sectores ilustrados urbanos latinoamericanos la búsqueda de un pensamiento original anclado en las raíces profundas cuya esencia se hallaría en lo rural. Haya de la Torre y Mariátegui representan esa voluntad reformista, el uno, y revolucionaria, el otro, que exaltó a Indoamérica y diagnosticó el “problema indígena” vinculándolo al acceso a la tierra (Ansaldi y Funes, 1998).
En el medio rural, las comunidades andinas de Perú y Bolivia, en una larga tradición de resistencia y lucha, protagonizaron una oleada de rebeliones que, sólo en el periodo 1919-1923, contabilizan más de medio centenar de alzamientos. Es lo que Gotkowitz (2011) denominó en Bolivia, “La revolución antes de la Revolución”, en una larga lucha por sus derechos a la posesión de la tierra – entre muchas otras cuestiones- que se extendió desde el último tercio del siglo XIX a mediados del XX.
Los caciques apoderados
En defensa de sus tierras y sus derechos, los indígenas acudieron frecuentemente a la justicia, constituyendo este uno de los medios de resistencia más utilizados por las comunidades desde el periodo colonial junto con la fuga, la resistencia pasiva y la conjura armada (Mendieta Parada, 2006).
En tiempos republicanos, se organizó en Bolivia uno de los movimientos más notorios por su efectividad y articulación regional en defensa de los derechos de las comunidades indígenas, amenazadas por las leyes desamortizadoras.[1] La del año 1874 no sólo había dispuesto la parcelación de la propiedad comunal, sino que eliminó la personería legal de las comunidades. Aún antes, en los inicios de la república, Bolívar había suprimido la figura del cacique (o kuraka), aunque en los hechos continuaron existiendo las autoridades étnicas menores, los jilacatas y los alcaldes. Los caciques, además de fungir como representantes oficiales de la comunidad ante el Estado colonial, custodiaban los archivos de la comunidad a la que representaban en los pleitos judiciales. Ese rol comenzó a ser desempeñado luego por los “apoderados”, muchos de los cuales se autodenominaron “caciques” (Gotkowitz, 2011).
El movimiento de los “caciques apoderados”, término que conjugaba la autoridad étnica -aunque ya no reconocida legalmente- con la representación legal de la comunidad ante la justicia, era la respuesta de los comuneros para efectivizar la defensa de sus derechos. También establecieron alianzas con la facción de la élite que prometía -en general infructuosamente- atender sus demandas.
La coalición que había llevado al triunfo del Partido Liberal, en la Guerra Federal de 1899, se quebró prontamente y las acciones de desamortización continuaron. En respuesta, en las décadas de 1910 y 1920 el movimiento de los apoderados alcanzó mayor fuerza. Si en el siglo XIX se habían asesorado recurriendo a abogados no indígenas, la nueva camada de caciques terminó utilizando sus propios escribanos que hicieron abundantes solicitudes ante la justicia recurriendo a los títulos habidos durante la colonia. Para ello se sirvieron de un argumento legal que les proporcionó la misma legislación desamortizadora: la ley del 23 de noviembre de 1883 por la que se excluían de las operaciones de revisita a aquellas con títulos de “composición” expedidos por las autoridades coloniales, en el entendimiento que éstos habían significado la adjudicación en plena propiedad (Antezana Salvatierra, 1996).
Durante dos décadas los caciques apoderados emprendieron campañas en defensa de la tierra, la educación y sus derechos, presentando memoriales a las autoridades y difundiendo sus reclamos por medio de periódicos simpatizantes o sus propios boletines. Gotkowitz (2011:82) sostiene que su lucha fue fundamentalmente legal y política, “aunque algunos de los caciques apoderados estuvieron implicados en grandes rebeliones”. Los líderes más reconocidos del movimiento en la década de 1920, Santos Marka T´ula y Leandro Nina Qhispi, se asentaron en la ciudad de La Paz,[2] desde donde viajaban para promover deslindes de tierras y fundar escuelas. Durante las campañas legales impulsadas por Marka Túla se produjeron los dos levantamientos más importantes de la década: el de Jesús de Machaca, en 1921, y el de Chayanta, en 1927.
El Partido Republicano en el poder
Irurozqui (1996) sostuvo que el golpe de estado del año 1920, que llevó al poder a Bautista Saavedra y al Partido Republicano, implicaba una regeneración interna dentro de la élite dirigente, encaminada a evitar su agotamiento. En su argumento destaca que, a diferencia de lo que había ocurrido en la Guerra Federal de 1899, el golpe de 1920 no tenía la finalidad de intercambiar un grupo dirigente por otro, sino de regenerar los cuadros dentro de la fracción de élite que había resultado hegemónica en 1899. La estrategia de Bautista Saavedra habría consistido en involucrar a los sectores subalternos para mantener la hegemonía en el interior de la élite. Su propósito era que el Estado constituyera una entidad autónoma, árbitro de las relaciones intra-élites e intermediario entre ésta y los sectores subalternos.
Bautista Saavedra había sido fundador -junto con Daniel Salamanca y José María Escalier- del Partido Republicano, creado en 1914 como una fracción disidente de la élite gobernante. Con una fuerte personalidad y vocación de poder, tras el golpe de estado, logró desplazar a sus otros dos correligionarios y hacerse con la presidencia en 1921 (Mesa, Gisbert y Mesa, 2003). Saavedra tenía una amplia experiencia política (fue ministro de Instrucción Pública, diputado y senador), además de prestigio intelectual (era abogado, profesor universitario y autor de estudios de sociología). Con él se vio emerger al mestizaje como la nueva clase política del país. Afirma Ticona (2005, p. 68) que esa asunción se personificó en Bautista Saavedra “quien constituía el resumen, y al mismo tiempo, el más elevado arquetipo en la especie del cholo paceño” (Céspedes, 1985 citado en Ticona, 2005). Saavedra apeló a los sectores plebeyos y comerciales urbanos con los que mantenía lazos desde la fundación del partido, que le proveyeron de hombres para crear la Guardia Republicana, grupo paramilitar del que se sirvió para neutralizar a la oposición.
Su proyecto reformista combinó paternalismo y represión en un momento en el que se instalaba la “cuestión social” en el debate político boliviano y emergían las organizaciones y demandas obrero/artesanales. Así como promovió las primeras leyes protectoras del trabajo (indemnización por accidentes y jornada laboral), envió fuerzas militares a reprimir la huelga de los mineros en Uncía (1923).
Su ascenso al poder también había despertado importantes expectativas entre los indígenas que, a través de los “apoderados” mantenían contacto con él y el Partido Republicano desde su fundación. En 1916 y 1917 Saavedra había brindado apoyo y asistencia legal a Santos Marka T´ula y otros caciques frente a cargos criminales que se les imputaban, incluso los asesoró para la inscripción de los títulos recuperados de sus tierras y posiblemente intervino en la redacción del pedido que 50 caciques elevaron en 1919 solicitando una “revisión general de límites”. En ese mismo año, como parlamentario había promovido una ley para proteger a los indígenas del despojo fraudulento (Gotkowitz, 2011, p. 97). Sin embargo, la opinión de Saavedra respecto de los indígenas y del ayllu no era halagüeña. En 1901 participó como abogado en la defensa de algunos de los acusados en la masacre de Mohoza,[3] en la que usó argumentos que presentaban, por una parte, al indio como víctima de los abusos de hacendados, curas y corregidores, con otros que se fundaban en la “naturaleza salvaje” del aymara en medio de imágenes de orgías de sangre y utopías de aniquilamiento de la raza blanca (Stefanoni, 2015). Su opinión de que “el ayllu” era una institución atrasada que debía ser erradicada, quedó plasmada en su libro homónimo, publicado en 1903 (Gotkowitz, 2011).
Como parte de su lucha contra el Partido Liberal, los republicanos inicialmente habían cultivado un tono contestatario y ambiguamente anti oligárquico apoyando las luchas indígenas por la tierra. Por esa razón, más los antecedentes de cooperación habidos con Saavedra, los caciques recibieron el golpe de 1920 como “saludable revolución del 12 de julio [...] con ella han muerto para siempre las pretensiones latifundistas” y pensaban elevar el proyecto de restitución de tierras indias como una forma de apoyo al nuevo régimen en contra de sus enemigos liberales (Irurozqui, 1996:738). Es más, producida la caída del Partido Liberal, identificado con los hacendados de La Paz, en varias haciendas los colonos se rehusaron a trabajar, incluso en Taraqu, la comunidad de Nina Qhispe, durante un tiempo reemplazaron a los administradores de la hacienda con sus propios jilacatas (Gotkowitz, 2011). Por eso, es probable que los líderes de la insurrección de Jesús de Machaca, en 1921, pensaran que Saavedra reconocería el gobierno indígena tras el levantamiento contra el corregidor abusivo al que dieron muerte. La respuesta del presidente Bautista Saavedra no se hizo esperar y fue feroz: el Ejército trasladó a 1.400 soldados y masacró al menos a 119 indígenas, para después robar animales y quemar sus casas.
Hasta el fin de la presidencia de Saavedra los caciques mantuvieron el contacto y continuaron elevándole peticiones. La más importante, la “revisión general de límites” de tierras indígenas con haciendas, no se llevó a cabo, aunque obtuvieron un decreto que prohibía la venta de tierra indígena sin que mediara la intervención de un juez. Mientras tanto, los líderes quechuas y aymaras iban estableciendo otros contactos y experiencias políticas en las ciudades de La Paz y Sucre, esta vez con sectores de la oposición radical al Partido Republicano.
“Tierras al pueblo, minas al Estado”. Reformistas y revolucionarios
La década de 1920 en Bolivia encarnó unos años profundamente movilizados y movilizadores. En barco, desde Europa, y en tren desde Argentina y Chile, llegaron ideas renovadoras provenientes de las revoluciones rusa y mexicana; de la Reforma Universitaria que en 1918 había estallado en Córdoba (Argentina); del programa de los latinoamericanistas de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), fundada en Perú por Víctor Raúl Haya de la Torre; y del marxismo heterodoxo de José Carlos Mariátegui (Stefanoni, 2015).
La emergencia de nuevos actores sociales, especialmente los proletarizados trabajadores de los ferrocarriles, los gráficos y los mineros, llevó a las primeras experiencias sindicales y partidos socialistas. A la vez una generación “inconformista”, según se autodefinía, compuesta por estudiantes e intelectuales que rompieron con la fidelidad a su propia clase social, adhirió a planteos revolucionarios del marxismo, juvenilismo y antiimperialismo buscando alianzas con los trabajadores urbanos y contactos con los indígenas de comunidades y haciendas.
Augusto Céspedes describió a esa generación de “inquietudes vagas, despertadas por ciertas brisas continentales como la reforma universitaria de Córdoba y la Unión Latinoamericana” y recordaba que sentían más atracción por “la fraseología del APRA” y los “relámpagos de la revolución mexicana” que por el marxismo soviético (Céspedes, 1956, citado en Stefanoni, 2015, p. 85). Algunos de estos jóvenes fueron inicialmente cooptados por el presidente Siles quien, en 1926, tras sacudirse la tutela de Saavedra y formar el Partido Nacionalista, proponía un programa reformista social que pronto se rebeló más discursivo que real. Uno de los que Siles logró sumar a sus filas fue Roberto Hinojosa, a quien nombró secretario de la embajada boliviana en Brasil. Poco duró la cooperación del joven inconformista quien, a consecuencia del reclamo de la cancillería norteamericana por el tono francamente antiimperialista de sus escritos en el periódico Folha Academica, rompió con Siles que le había exigido su renuncia. Así pasó a integrar la oposición al silismo, sumándose a la izquierda radical (Schelchkov, 2008).
En 1927 Hinojosa retornó a Bolivia y conoció a Tristán Marof (seudónimo de Gustavo Navarro),[4] quien acababa también de volver al país como reconocido líder de la intelectualidad revolucionaria socialista y marxista. Marof había escrito y publicado en Bélgica La justicia del Inca. Allí plasmó una consigna que fue base de las propuestas revolucionarias de la época: “Tierras al pueblo, minas al Estado”, que también constituyó el principio del Partido Socialista Máximo que fundó en Potosí, en 1927, junto a Hinojosa (Topasso, 2016). El partido se declaraba marxista y antiparlamentario y en sus bases convocaba fundamentalmente al proletariado urbano y a los mineros, a la vez que enunciaba un primer acercamiento a “la clase verdaderamente proletaria que son los indios”. Según su primer manifiesto:
La clase indígena despierta admirablemente y ya alza sus puños contra sus explotadores. Este movimiento es unánime en toda la república y se hará cada día más grande, pese a la reacción conservadora y a las fuerzas que se oponen. Hemos oído hablar a oradores indígenas que por primera vez nos tienden su mano y estrechan sus ideales con nosotros. Vale, pues, decir que nuestro trabajo no ha sido vano y que hemos tocado el corazón de la clase verdaderamente proletaria que son los indios. Luego, otra cosa que se alienta es el entusiasmo de los indígenas por alfabetizarse y fundar escuelas a su costa. (Manifiesto del Partido Socialista Máximo de Bolivia, 1927, reproducido en Schelchkov y Stefanoni, 2016, p. 165).
En julio de 1927 Marof fue detenido y expulsado de Bolivia, acusado de conspirar contra el gobierno de Siles y dirigir un complot revolucionario comunista. Otro tanto ocurrió con Hinojosa. Días más tarde se producía un gran levantamiento indígena en Chayanta.
La rebelión de Chayanta
La rebelión indígena que estalló en julio de 1927 en Chayanta, al norte de Potosí, fue denunciada por las autoridades bolivianas como una insurrección comunista, promovida por la influencia de la prédica de Tristán Marof y adeptos a su partido, para restaurar el “comunismo incásico” (Hylton, 2005).
Se trató de un enorme levantamiento, que afectó a varios departamentos de Bolivia, protagonizado por unos diez mil indígenas de ayllus y haciendas. Se manifestó a través de saqueos, incendios y asaltos a las haciendas, varios de cuyos propietarios fueron asesinados. Luego de un mes la rebelión fue sofocada, dejando un saldo de más de 300 indígenas muertos y unos 200 caciques capturados y llevados a Sucre para ser juzgados.
De los múltiples y complejos aspectos de la rebelión, acá nos interesa rescatar los vínculos que los caciques apoderados habían establecido con los miembros del Partido Socialista, antes del levantamiento. Sobre ello seguimos a Hylton (2005), quien estudió esos contactos basándose en los expedientes del juicio a los caciques. Pero también nos interesa destacar la experiencia que dejó esa rebelión en Hinojosa y en la región de frontera argentino-boliviana donde posteriormente inició la Revolución de Villazón.
Hay consenso entre los historiadores en torno a que la rebelión de Chayanta le sirvió a Siles y a la atemorizada élite para agitar un nuevo fantasma, el del comunismo, que había prendido entre los “salvajes y feroces aymaras”, lo que le permitió aprovechar para deshacerse de la oposición urbana más radicalizada. También hay consenso respecto a que el levantamiento no fue instrumentado por el Partido Socialista ni otro sector urbano, aunque los caciques
Utilizaron ideales republicanos como ciudadanía, derechos e igualdad ante la ley para denunciar lo que ellos llamaban la esclavitud; y, en 1927, también tomaron mano de ideales revolucionarios como la democracia directa, alianzas entre clases oprimidas y la acción contra el Estado –de las que tenían mayor conocimiento en la práctica que sus aliados urbanos-. Es importante señalar que el idioma del intercambio político tanto con aliados como con el Estado era el castellano, pero el concepto de cambio histórico era claramente indígena (Hylton,2005, p.140).
No obstante, ello no implica negar la importancia que tuvo la participación de los caciques en reuniones, debates y mítines con miembros de Partido Socialista; así como, a la inversa, a los revolucionarios urbanos les impactó esa experiencia. En las declaraciones del cacique general de Sucre y Potosí, Manuel Michel, y en la documentación que se le secuestró, aparecen nítidamente los apoyos legales, editoriales y de la prensa de los sectores radicales urbanos. Michel contó haber participado de una reunión en Sucre en casa de Rómulo Chumacero, sastre, educador y correligionario de Marof, en la que había tratado cuestiones relativas al establecimiento de escuelas para indígenas y fue invitado por el mismo Marof a hablar en Oruro en ocasión del Tercer Congreso de Trabajadores. Organizado por la Federación Obrera del Trabajo, de tendencia anarquista, y el Partido Socialista, el congreso se llevó a cabo en abril de 1927 y en él participó el cacique Michel como orador. Las autoridades del congreso le dieron dos documentos: un certificado de asistencia en el que se le autorizaba a difundir en el campo las resoluciones del congreso, entre ellas “la distribución de tierras al pueblo indio” y la creación de escuelas para indígenas. Un segundo papel, escrito por Chumacero y Marof, a petición de Michel, en el que se advertía que, si los terratenientes no detenían su depredación, los indígenas se rebelarían (Hylton, 2005). Luego, cuando fue detenido tras la rebelión, Michel escribió al presidente Siles diciendo
Hemos sabido que se imputa a nuestros compañeros Navarro [Marof], Chumacero, Murillo y otros de estar incitándonos a sublevarnos, siendo así que ellos no han hecho otra cosa que ayudarnos en nuestros reclamos por las injusticias múltiples de que somos víctimas […] ¿Debemos pues quedar silenciosos cuando se cometen atropellos contra los únicos que han sabido darnos una voz de aliento? ¿Será que ellos al procurar nuestra alfabetización, al hacer reclamos ante los terratenientes, al proyectar una liga de defensa Pro Indio, han obrado mal? La ignorancia en la que nos mantienen es el origen de nuestra esclavitud y los que tratan de sacarnos de ella son justicieros, son humanos (Reproducido en Hylton, 2005, p. 169).
Nótese el énfasis puesto en la cuestión de la alfabetización del indígena, uno de los principales reclamos de la generación de caciques que actuó en la década de 1920. Dicha problemática no fue soslayada por los intelectuales revolucionarios, aunque no ocupó el lugar destacado que tuvo la cuestión de la tierra, tal como la plateó Marof (en comunión con Mariátegui) y tal como veremos la enunció Hinojosa.
La tribuna periodística y Roberto Hinojosa
La rebelión en Chayanta repercutió en los medios de comunicación que buscaron influir en el gobierno, los partidos políticos, los movimientos sociales y en la sociedad civil frente al conflicto. Como señala Stefanoni (2015, pp. 97-98), se produjo una disputa de ideas en la prensa en favor y en contra de los sublevados. Así, el periódico “El País” de Sucre fue un gran aliado editorial del levantamiento y un precursor de un nuevo estilo periodístico para la época, puesto que publicó reportajes a indios, introduciendo la voz del subalterno en la discusión pública. En contraposición, el periódico “La Defensa”, creado por la Liga de Defensa Social de Sucre, sostuvo que el origen del levantamiento era la intervención comunista en Bolivia e insistía en la necesidad de transformar las “malas costumbres del indio” a partir de la educación religiosa y el trabajo agrícola.
Desde el extranjero, la prensa también jugó un rol importante en la construcción de la opinión pública sobre la rebelión de Chayanta. Desde 1925, Roberto Hinojosa comenzó a escribir para el diario “Crítica”, de Buenos Aires, y continuó sus contribuciones hasta 1927.[5] El 12 de agosto de ese año publicó una extensa nota titulada “El indio se rebela”,[6] que contiene seis apartados y un recuadro informativo cuyo encabezado reza: “Raza esclavizada”. El artículo comienza con lo que el autor denomina el “pretexto comunista” en alusión a las versiones oficialistas sobre los hechos y afirma que: “en Bolivia no existe el comunismo, en Bolivia, lo que existe es la esclavitud” (Crítica, 12/08/1927, p. 6).
En los dos apartados siguientes, describe la situación del “millón de indígenas” que viven “como en los primitivos tiempos de la colonización”, puesto que, sostiene, Bolivia “fue una colonia española” y “ahora es una semi colonia yanqui”. Luego de esta contextualización, relata el “foco de la insurrección” en el departamento de Chayanta, habitado por “toda clase de indígenas” que están dedicados a la explotación minera, “bajo el control de empresas norteamericanas o nacionales”. En el último apartado señala que, si bien son 50.000 insurrectos, estos hombres “indefensos” serán vencidos (Crítica, 12/08/1927, p. 6).
El 14 de agosto de 1927, el diario Crítica publicó otra nota sobre el levantamiento, titulada “Muertos: cien indios y un soldado”. Si bien el artículo no lleva la firma de ningún periodista (aunque incluye una foto de Hinojosa), hay una nota de la redacción en la que se introduce la opinión del “distinguido intelectual boliviano, el señor Roberto Hinojosa”, como forma de legitimar la postura del medio ante los acontecimientos. A continuación, hay otra edición encabezada por la afirmación “El indio no es bestia”, que comienza así:
Una tragedia de varios siglos – nos dijo el universitario boliviano Roberto Hinojosa – soporta sobre sus espaldas sufrientes, el indio de mi país. ¡Paria de todos los tiempos! Ayer era explotado con crueldad en nombre de la “Corona”, y hoy lo es sin piedad en nombre de la “República” (Crítica, 14/08/1927, p. 2).
Al final de este artículo, el propio Hinojosa habla en primera persona, bajo el subtítulo “Yo denuncio”:
Ya que en mi propio país no me es dado hablar, desde la tribuna de CRÍTICA denuncio ante la opinión americana a los bárbaros encaramados en el poder de Bolivia, que mantienen en esa pavorosa situación al noble indio, que encarcela estudiantes […] pretexto de ser comunistas y han sepultado a un altivo pueblo en el desastre y el desprestigio (Crítica, 14/08/1927, p.2).
Su actividad como periodista en Argentina hizo eco en Bolivia. En un artículo publicado en el periódico nacionalista potosino “El Orden”, se hace referencia a una nota publicada en Crítica, en donde se afirma que Hinojosa es candidato por el Partido Socialista a senador por el departamento de Potosí. El artículo en el diario boliviano califica a Hinojosa como un “megalómano” y a la prensa argentina como un espacio que “como siempre, da cabida a los desbordes de la ambición personal de ciertos elementos bolivianos” (El Orden, 11/06/1930).[7]
La revolución en la frontera boliviana-argentina.
El 16 de junio de 1930 un grupo armado liderado por Roberto Hinojosa cruzó la frontera argentina hacia el pueblo de Villazón, tomando la aduana y la pequeña localidad. Acto seguido los revolucionarios proclamaron el inicio de la “revolución socialista-obrero-campesina” en Bolivia, y manifestaron su intención de continuar hacia La Paz para derrocar al presidente Siles a fin de “evitar la guerra del Chaco que presentíamos sería trágica entre nosotros. Fuimos a las batallas para abolir las injusticias sociales y las explotaciones. Nos jugamos la vida para conquistar derechos para los trabajadores y campesinos”, aclaraba años después Hinojosa (1945, p. 4), en un escrito en el que explicaba y justificaba los sucesos de 1930. En él insistía que el propósito no había sido simplemente desalojar a Siles del poder mediante una asonada, sino iniciar una verdadera revolución para “la transformación completa de la vida feudal del país” (Hinojosa, 1954, p. 3).
Los hechos se desarrollaron durante cinco días y, según narración local (Chambi Cáceres, 2013), los rebeldes asaltaron la aduana, la oficina de correos y telégrafos, y las del ferrocarril, desvalijando sus almacenes. De la policía se llevaron carabinas, sables y uniformes y partieron hacia Mojo, donde asaltaron la hacienda de José María Escalier, continuando hacia Moraya y Salitre donde tuvieron enfrentamientos con fuerzas gubernamentales. Como saldo quedaron dos muertos: el prefecto de Tarija y uno de los jefes de los revolucionarios, además del diputado socialista, Loza, apresado junto con otros partícipes. Los demás huyeron nuevamente hacia la frontera argentina.
Este episodio que fue tildado por los comunistas como una aventura pequeño-burguesa, fue causal del definitivo alejamiento entre Marof e Hinojosa (Stefanoni, 2015). Contrariamente, fue halagado por Víctor Raúl Haya de La Torre en su libro “Hacia dónde va Indoamérica”, en un largo párrafo que el mismo Hinojosa se encargó de difundir (Hinojosa, 1945, p. 45). Por nuestra parte, el hecho nos despierta algunas inquietudes en relación a la situación en la frontera y también nos motiva preguntas.
Según la interesante documentación depositada en el Archivo de Relaciones Exteriores de México y en el de la Internacional Comunista del Archivo Estatal Ruso, además de los repositorios bolivianos, que ha recabado Schelchkov (2008 y 2018) en uno de los pocos estudios puntuales que hay sobre Hinojosa, no se encuentran demasiados argumentos que expliquen esa acción en la frontera. Todo lo que se sabe es que Marof, conjuntamente con Hinojosa, estaba planeando una revolución que se iniciaría en Bolivia para luego continuar en los países limítrofes, pero es evidente que este último lo excluyó de los preparativos en Villazón. También se sabe que persuadió a sus compañeros diciendo que varias guarniciones militares se levantarían en su apoyo, que los obreros estaban declarando una huelga y que el campo estaba en plena sublevación. Nada de eso ocurrió, aunque la huelga de estudiantes en la Paz, que había alentado a Hinojosa a lanzarse sobre Villazón, terminó siendo una masiva rebelión que puso fin, días después, el 28 de junio de 1930, a la presidencia de Siles.
Nos detendremos en las próximas líneas para referir a la situación en la frontera y en Villazón al momento de la revolución de Hinojosa, pues de su conocimiento surgen muchas preguntas al tratar de comprender su elección.
Villazón era una pequeña ciudad de frontera, en la época tenía unos dos mil habitantes, según un empadronamiento de 1932 (Chambi Cáceres, 2013). Había sido fundada en 1910 tras el establecimiento de la ciudad de La Quiaca, del lado argentino, a la que había arribado el tendido de líneas férreas en 1907. Desde allí el ferrocarril boliviano tendría continuidad a Oruro y La Paz, lo que demoró más de dos décadas.
La fundación de Villazón, respondió a la necesidad de controlar el comercio fronterizo, establecer una aduana y un poblado cercano a la frontera con Argentina, dado que Tupiza, que era la capital de la provincia de Sud Chichas, en el sur del departamento de Potosí, distaba a 90 kilómetros de La Quiaca. Tupiza era la ciudad más importante de Sud Chichas, pues era centro de operaciones minero de la Compañía Aramayo y Franke, uno de los “barones del estaño”.
Pero se trataba de una región eminentemente rural e indígena. Según el censo del año 1900,[8] el 49% de los habitantes de Sud Chichas había sido registrado como indígena y no había poblados de más de 2.000 personas, aunque se consideraba urbanas a algunas plazas, incluso de 200 habitantes.
La propiedad comunal se mantuvo hasta 1902. Especialmente los cantones más cercanos a la frontera argentina eran los que concentraban los ayllus y la mayor cantidad de tributarios con tierras -en Sococha y en Talina-. Allí había un reducido número de propiedades privadas, la más importante, sin duda era la de Mojo, propiedad del político republicano José María Escalier, que abastecía a las minas de Aramayo. Mojo tenía una superficie de 13.566 has. y contenía también la mayor parte de los colonos de la región: 684 familias (Teruel, 2008).[9]
Sobre el proceso de desamortización de la propiedad comunal indígena en el sur potosino, sólo referiremos a las conclusiones de la revisita que tuvo por propósito ejecutar en Sud Chichas las leyes de ex vinculación en 1901-1902.[10] Según explicaba el Juez de Revisitas al Prefecto de Potosí, luego de analizar los títulos de composición colonial presentados por los indígenas y considerarlos legales concluyó que
Los indígenas contribuyentes poseen en el aillo [sic] donde habitan uno, dos, tres o más terrenos esparcidos, y estos constituyen su propiedad de manera que el número de originarios que han sido empadronados es el de las propiedades, que alcanzan a 3.104 en la provincia Sud Chichas.
Declarada la propiedad de sus tierras a los indígenas que las obtuvieron mediante compra en la época del coloniaje, no da lugar a la existencia de terrenos sobrantes. Estas tierras, con sus respectivos poseedores, forman los ayllus y la agrupación de ellos la comunidad, amojonada y alinderada con las propiedades vecinas [...] (Citado en Antezana Salvatierra, 1996, p. 52).
De todos modos, el hecho de que estas comunidades hubieran podido sortear la pérdida de tierras que implicaban las operaciones de ex vinculación, no implica que hubieran mantenido su consideración como figura jurídica, ni que la propiedad indígena se hubiera mantenido intacta y ajena al asalto de tierras a las comunidades, como tampoco nos consta lo que sucedió con su organización interna. Por otra parte, el primer paso hacia la propiedad privada se había instalado al reconocer las parcelas de cultivo a título individual (Teruel, 2008). No obstante, no hemos encontrado alzamientos o rebeliones en esa zona relacionados con las revisitas para la ex vinculación.
En síntesis, al comenzar la centuria de 1900, Sud Chichas tenía una estructura de minifundio dominante numéricamente – tanto producto de la ex-vinculación como anterior a ella- que coexistía con unos pocos latifundios que abarcaban más de la mitad de la superficie agraria. El número de propietarios indígenas de parcelas antes comunales (3.104) era algo mayor que el de “colonos” de haciendas: 2.612 repartidos en las 1.195 propiedades privadas.[11]
Esto permite suponer que el malestar y los reclamos pudiesen estar más concentrados entre los colonos de hacienda, por la “situación de esclavitud” -en lenguaje de los caciques-, que de los comunarios que, por lo que sabemos hasta el momento, habrían aceptado las operaciones de ex vinculación. Pero esto es sólo una hipótesis, pues tampoco sabemos a ciencia cierta si los ayllus de Sud Chichas participaron de la rebelión de Chayanta, por otra parte, una provincia que, si bien forma parte del mismo departamento de Potosí, dista de la frontera al menos unos 370 km.
Entonces surge inevitablemente una pregunta: ¿qué información tenía Hinojosa sobre la situación del área rural de la frontera y de los sectores populares, especialmente los indígenas? Es llamativo que habiendo asaltado la hacienda de Escalier, en Mojo, no hubiese conseguido reclutar a los colonos del más de medio centenar de familias que allí residían. ¿Es que luego de Chayanta se cortaron los vínculos de los miembros del Partido Socialista con los caciques y representantes indígenas? Al parecer no hubo acciones conjuntas planificadas con los indígenas de los ayllus y haciendas de la zona.
Villazón tampoco tenía un núcleo importante de trabajadores urbanos, más allá de los del ferrocarril. La mayor parte de la población vivía del comercio, el transporte o eran empleados de oficinas estatales. El núcleo de trabajadores más importante en la zona era el de los mineros, muchos de los que a la vez eran campesinos minifundistas, o ex comunarios o colonos de hacienda. Entonces, ¿por qué la elección de Villazón? ¿Solo porque se encontraba en la frontera y era una escala para tomar el tren a La Paz? ¿No hubo contacto previo con líderes de la zona? ¿se trató realmente de un acto improvisado?
Las propuestas programáticas de la revolución. La cuestión indígena y agraria
La imagen de falta de elaboración estratégica en la Revolución de Villazón, contrasta con el cuidadosamente elaborado manifiesto revolucionario de 1930 que debía ser divulgado desde allí y que Hinojosa reprodujo en su escrito 14 años más tarde. Contenía un extenso programa de 70 puntos en los que se contemplaba la nacionalización de las minas, de los ferrocarriles y medios de comunicación; la abolición de impuestos que afectaban al pueblo, dejando sólo el que gravaba a la tierra y las herencias; la supresión del latifundio, la prohibición absoluta del “pongueaje” bajo pena de prisión; el librecambio, entre otras varias cuestiones. Luego se detallaban las propuestas relativas a la legislación social, la instrucción pública, la legislación civil (igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, derecho femenino al voto, divorcio), las reformas en el ejército nacional, en el orden político, en la universidad, las propuestas para la colonización e inmigración y la política internacional (“paz entre los pueblos”, férrea oposición al conflicto armado con Paraguay, que luego derivara en la Guerra del Chaco). Era un amplio plan gubernamental para ser aplicado con la “Revolución obrero agraria”.
Con retórica barroca, el Manifiesto escrito por Hinojosa e incautado en Buenos Aires - según consta en la prensa boliviana y agencias internacionales de noticias - se dirige:
A la nación boliviana en el día 1º de la revolución
Enarbolando nuestro dolor y nuestra protesta como bandera de redención, insurgimos hoy, en la más idealista rebelión de nuestra historia.
Sacúdese, con recio ímpetu, el alma hasta ayer aparentemente dormida de los aymaras y los kechuas y vibra de fe ante los seductores mirajes de una sociedad futura, sin amos y sin tiranos (Hinojosa, 1945, p. 5).
El escrito tiene una continua evocación indigenista: “Tiahuanacu”, “el lago sagrado”, la “raza de bronce”, pero aclara que lo que se pretende no es “el resurgimiento integral de culturas originales del pasado” ni “el predominio de una sangre determinada” sino una cultura nueva, “la Eurindia soñada” “que fusione el espíritu de los pueblos y razas” (Hinojosa, 1945, p. 7)
Respecto a la cuestión agraria, encontramos una idea central, pero sin demasiadas especificaciones. Hinojosa proclama que “Todas las grandes fortunas y latifundios de Bolivia están amasados con el despojo de la tierra al indio”; por ello “Tierra y libertad! Es el estandarte de la revolución boliviana, que llameará sobre los latifundios confiscados y repartidos bajo sistema de enfiteusis entre los campesinos aymaras y kechuas” (Hinojosa, 1945, p. 12). Además, remite a “las sombras tutelares de Rivadavia y de Juárez, los dos grandes de las leyes agrarias y sociales”, afirmaciones que formaron parte del manifiesto de 1930 y que luego reprodujo en 1944, sin que aparentemente haya modificado sus opiniones al respecto (Hinojosa, 1945, p. 23).
Hinojosa está a tono con una corriente reformista de la época. Afirma que la solución agraria de Bolivia no consistía en un simple reparto de la tierra, sino en la liquidación radical de toda la propiedad privada latifundista en el campo y la nacionalización de la tierra, lo que compartía con la mayoría de las corrientes revolucionarias de la época.
Lo que es menos conocido es lo que estaba sucediendo en la década de 1920 en las tierras de Argentina adyacentes a la frontera y las propuestas en torno a hacer de ellas un bien público, dejándolas en el ámbito del Estado.
En efecto, en el altiplano de la provincia en Jujuy, colindante con Bolivia, el paisaje agrario estaba dominado por un universo casi exclusivo de unas pocas y enormes haciendas, pobladas por indígenas "arrenderos" (equivalente a los colonos bolivianos) que pastaban llamas y ganado menor y, en los lugares donde las condiciones naturales lo permitían, cultivaban parcelas, a cambio de una renta en dinero y la "obligación de servicio personal". Este último consistía en proporcionar mano de obra al terrateniente en una cantidad variable de días al año. Si bien la propiedad comunal había sucumbido tempranamente, desde la década de 1870 se habían sucedido una serie de rebeliones de los “arrenderos” desconociendo los títulos de propiedad de los hacendados y negándose a pagar las oblaciones correspondientes.[12] Al comenzar 1920 la rebelión se generalizó. Los años 1923 y 1924 fueron particularmente intensos dado que los reclamantes encontraron el marco propicio para movilizarse peticionando a las autoridades provinciales, tanto en forma pacífica como violenta (Fleitas y Teruel, 2007 y 2011).
No tenemos testimonios que permitan constatar un trabajo conjunto de los líderes indígenas a ambos lados de la frontera, pero la sincronía de las rebeliones y serie de denuncias es insoslayable. Hylton (2005) menciona que, luego del alzamiento de Jesús de Machaca en 1921, en los años siguientes varios patrones de finca del sur boliviano se quejaron de que los colonos se negaban a prestar servicios y pagar rentas, diciendo que las propiedades les pertenecían, situación que remite inevitablemente a lo que ocurría en el lado argentino de la frontera. Allí la apertura democrática que significó el arribo del Partido Radical a la presidencia (1916) y al gobierno de la provincia de Jujuy (1918) llevó a incorporar a la agenda política la “cuestión agraria” que, en Jujuy, se refería específicamente a la propiedad de la tierra y al predominio del latifundio. En ese sentido se destacó en esa provincia la figura de Miguel A. Tanco, que, en el curso de su campaña proselitista, en 1923, organizó una cédula partidaria que asesoraba a los indígenas en sus pedidos y reclamos, de una forma que rememora el accionar del Partido Republicano y de Saavedra en Bolivia. En los manifiestos y petitorios se pedía que las tierras volvieran al fisco, destacando la debilidad de los títulos de propiedad de “los patrones”. Exigían que estos demostrasen sus derechos con los títulos de propiedad originales, negándose hasta tanto a seguir pagando arriendo.[13]
Desde el Ministro de Gobierno de la provincia de Jujuy, Miguel A. Tanco expresó su propuesta en un proyecto de ley de expropiación de latifundios improductivos. Esta medida debía comenzar por aquellos que se habían fundado sobre “las tierras que pertenecieron a las comunidades de aborígenes" que, una vez que estuviesen bajo el dominio del Estado no podrían ser vendidas o enajenadas, quedando para el uso de las comunidades o colonias que las trabajen.[14] Tanco se explayó en la fundamentación teórica en un folleto titulado “El problema de la tierra en todas partes y en particular en Jujuy”, en el que hacía suyo el lema “Tierra y Libertad para todos”, de Henry George,[15] en cuya teoría se inspiraba. En ese escrito argumentaba que:
El cambio indispensable sería simplemente un cambio de propietarios. La propiedad individual se transformaría en la propiedad en común del público. En lugar de estar en propiedad particular lo estaría en la del gran cuerpo reunido: la sociedad. En lugar de arrendar las tierras de un propietario aislado, el campesino las arrendaría de la Nación (Tanco, 1924, p. 5).
Debemos aclarar que el caso de Tanco en Argentina no era excepcional puesto que el georgismo se dejó sentir en distintas fuerzas políticas provinciales representativas de las capas medias de la burguesía agraria (De Lucía, 2004: p.68).
Al igual que Hinojosa, Tanco alababa a la enfiteusis de Rivadavia y también a aquella que se había implementado en Jujuy en 1839 para las tierras de la Quebrada de Humahuaca, en el proceso de desamortización de la propiedad comunal indígena (Fandos y Teruel, 2012). En Bolivia, hubo un pequeño y efímero ensayo al respecto durante la presidencia de Ballivián, en 1842 (Cfr. Rodríguez Ostria, 1991). En las primeras décadas del siglo XX, la enfiteusis volvió a ser invocada. No nos consta cuánto conocía Hinojosa de su aplicación ni en que ejemplos prácticos se inspiraba. Schelchkov (2018) sostiene que, aun cuando pudo haber mutado sus principios del comunismo al nacionalismo, Hinojosa mantuvo la defensa de la enfiteusis como solución para finalizar con el acaparamiento de la tierra, opinión que nunca cambió.
Lo interesante en la reconstrucción de las historias a uno y otro lado de la frontera es que cuando, en 1930, Hinojosa se lanzó a la revolución en Villazón, cruzando desde La Quiaca por territorio de la provincia de Jujuy, Tanco había asumido su gobernación y convertido en ley la expropiación de tierras a fin de ser cedidas en condición de arriendo a los pobladores que las trabajaban. El Golpe de Estado de setiembre de 1930 que derribó en Argentina al gobierno de Hipólito Yrigoyen y puso fin al de Tanco en Jujuy, dejó la ley sin efecto y emplazó en el poder a un gobierno militar represivo. En octubre, el semanario “El progreso” de Potosí, tituló “R. Hinojosa está preso”, señalando su arresto en Buenos Aires en donde se le incautaron “numerosas copias” de un “manifiesto comunista que iba enviar a Bolivia” (El Progreso, 8/10/1930).[16]
Días después, el mismo medio de prensa publicó la reproducción de un cable de la Associated Press en Lima, en la que se señala que en la provincia de Jujuy “se estaban concentrando tropas que debían marchar a la frontera para detener a las fuerzas que estaba organizando Roberto Hinojosa” rumbo a Bolivia (El Progreso, 11/10/1930).[17] En la misma página y en recuadro destacado con información de la United Press en Buenos Aires, se relata la entrevista al “comunista boliviano R. Hinojosa”, quien había sido arrestado en la capital argentina por petición del gobierno de Bolivia. En dicha entrevista, Hinojosa sostenía no tener “inteligencia ni conocimiento del alegado movimiento en Jujuy, aunque afirmó que tenía algunos amigos en esa localidad”[18](El Progreso, 11/10/1930).
Finalmente, “El Progreso” publicó una nota titulada “Impedirán la concentración de comunistas” (El Progreso, 15/10/1930)[19] que versa sobre el envío de un “regimiento de infantería a la línea de la frontera con Bolivia” en donde hay “versiones” sobre la “concentración de elementos comunistas” encabezados por Hinojosa, jefe de la “intentona revolucionaria” que fracasó en Villazón. Aunque aún sea en el plano de las hipótesis, todos estos indicios nos permiten pensar que difícilmente fuese inexistente la conexión entre el movimiento de los partidarios de Tanco y los bolivianos seguidores de Hinojosa. Quizás por esa misma razón Hinojosa se había visto alentado a lanzar el infructuoso intento revolucionario de Villazón del 14 de junio de 1930.
Algo más sobre la figura de Roberto Hinojosa
El trabajo de Hinojosa como periodista y la importancia que le otorgó a esta tarea, se entiende en el contexto del “Manifiesto de la Revolución de Villazón”, un extenso texto de su autoría en el que detalla un programa que incluye la relación con los sindicatos, la reforma en la instrucción pública, la configuración de la propiedad de la tierra, la nacionalización de las minas y de las empresas del país (entre ellas, el servicio telegráfico), entre los principales aspectos. En este programa le dedica un segmento especial al “periodismo y la revolución”, en donde presenta una crítica acérrima a la “prensa mercenaria” que responde a las “subvenciones de los reaccionarios”, a los “intereses extranjeros” y que tiene características de “tribuna de martilleros públicos” (Hinojosa, 1945, p. 21).
Desde 1928 Hinojosa se había constituido en propagandista de la Revolución Mexicana y, finalmente, tras varias peripecias llegó a ese país en 1934 (Schelchkov, 2018, p. 106). En 1940, Hinojosa regresó a Bolivia durante el gobierno de Enrique Peñaranda, sin embargo, al poco tiempo tuvo que exiliarse por la violencia política y buscar refugio nuevamente en México. En 1944, retornó a Bolivia para ejercer el puesto de Director de Prensa, Propaganda e Información del gobierno de Gualberto Villarroel, cargo que ocupó hasta el tumulto del 21 de junio de 1946 que defenestró al presidente provocando su muerte y cobrándose la vida del propio Hinojosa.
Consideraciones finales
¿Convergencias o caminos paralelos? La pregunta, enunciada en el título de este texto remite a una cuestión planteada con frecuencia en América Latina en las tres primeras décadas del siglo XX. Comenzando por la misma Revolución Mexicana, ese “carrusel de rebeliones”, como la llamó Mires (2005), en el que periódicamente convergían insurgentes movidos por diferentes motivaciones, cuya alianza no superaba la derrota del enemigo común. El encuentro de insurgentes campesinos y urbanos, aunque ocasional, fue una novedad de la época, vinculada a la fundación no sólo de los partidos revolucionarios de izquierda en América latina (inclinados a considerar más a los proletarios que a los campesinos) sino, sobre todo, a los reformistas y, algo más tarde, a los del nacionalismo popular.
La experiencia boliviana de la vía jurídico-legal de reclamos por la recuperación de la tierra llevada a cabo por los caciques apoderados implicó alianzas y apoyo de sectores urbanos reformistas, así como de revolucionarios de izquierda que pusieron su capital cultural a disposición de los indígenas, como fue el caso de Hinojosa. Más complicada fue la integración al movimiento obrero. Como señala la historiadora boliviana Barragán, es imposible subestimar la profundidad de la brecha de etnia y clase que separaba a “artesanos honrados, urbanos, letrados, independientes y ciudadanos con vínculos clientelares con notables, por una parte; de aquellos otros sin reputación, semi rurales, analfabetos, económicamente dependientes, sin ciudadanía y sin vínculos clientelares importantes, por otra” (Barragán, 1996, citado en Hylton, 2005, p. 173). Sin embargo, la integración se ensayó en el Tercer Congreso Nacional Obrero de 1927, patrocinado por la Federación Obrera del Trabajo, como ya mencionamos. A pesar de los apoyos y vínculos entre revolucionarios urbanos e indígenas comuneros, la rebelión de Chayanta fue netamente indígena, aunque la propaganda oficial intentara atribuirla a la influencia comunista. Así como el intento de revolución de Hinojosa, en junio de 1930 en Villazón, aparentemente dejó indiferentes a los indígenas.
Otra cuestión importante a destacar es de orden metodológico. Se trata de la importancia de integrar los espacios de frontera internacional en el abordaje de los estudios históricos. El conocimiento de los procesos sociales, políticos y económicos en espacios a uno y otro lado de la frontera internacional, en este caso argentina y boliviana, nos permite una lectura diferente de las rebeliones, alzamientos y planes reformistas y revolucionarios que ocurrieron en la región de manera sincrónica. Nos interesa destacar la importancia de integrar, en el análisis histórico, los espacios de frontera internacional. Ello permite una lectura diferente de sucesos que, analizados desde la óptica metropolitana de las historias nacionales, pueden parecer marginales y, sin embargo, adquieren otra dimensión cuando se integra el análisis bajo la lupa de la frontera en tanto región. En síntesis, cuando cambiamos el lugar donde se posa la lupa, el margen puede pasar a ser el centro, y los sucesos que allí ocurren adquieren otra significación.
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Notas