Introducción

Entre septiembre, octubre y noviembre del año 2017, un pequeño asentamiento campesino ubicado en el Departamento de San Pedro, Paraguay, se hizo eco en los medios de comunicación debido al tipo de demandas que presentaron. Cortando la ruta, salieron con carteles de protesta que exigían la asistencia del Estado, una materializada fundamentalmente en una óptima venta de sus productos legales, ya que no querían seguir plantando marihuana (Última Hora, 2017). La población se llamaba Kamba Rembe y reclamaba lo siguiente:

Queremos volver a cultivar mandioca (yuca) y tomates en lugar de marihuana. Necesitamos mejores servicios públicos como salud y educación, que el Estado invierta en los caminos existentes, más créditos agrícolas y el fin de la represión que ejecutan los policías. (Carneri, 2017)

En pocas palabras, ellos no pedían que el Estado se hiciera presente en la zona; este, de forma carente, ya se encontraba allí. Lo que realmente buscaban era el desarrollo de la comunidad. Querían tener escuelas y hospitales equipados, rutas más transitables, préstamos adecuados a la realidad agraria y una relación más armoniosa y pacífica con las fuerzas de vigilancia. En resumen, el objetivo radicaba en potenciar la infraestructura, la economía y la seguridad para lograr una mejor calidad de vida (ADN Digital, 2017). No solicitaron la presencia del Estado, sino una entidad con más transparencia y adecuación a la idiosincrasia del labriego nacional.

A pesar de que la protesta quedó en el olvido, el caso de Kamba Rembe, a priori, expuso una serie de situaciones únicas, ya que fue uno de los primeros asentamientos que abiertamente confesó que se dedicaba al cannabis (Carneri, 2017). Si lo hicieron público, fue porque se sentían cansados de vivir al margen de la ley, bajo la constante presión y acecho de los policías en un contexto de desidia, pobreza y abandono. En tales personas, la legalidad les ha llevado a la indigencia, obligándolas a caer en dinámicas ilegales como la plantación de marihuana con el fin de subsistir. Uno de los principales referentes afirmaba que “si la bolsa de mandioca coloca en el mercado a un dólar (₲ 7.000), la marihuana se compra, en la puerta de sus casas, entre dos y tres dólares (₲ 15.000 a ₲ 20.000)” (Telefuturo, 2017).

Bajo una visión de análisis más exhaustivo, la coyuntura manifestada por los pobladores de Kamba Rembe, en primer orden, pareciera que vino a cuestionar la idea de que el Estado, símbolo del contrato implícito en pos del bienestar común (Alda Mejías, 2021), fue el único sendero posible hacia el progreso social. En este ejemplo, los marcos legales han fallado en atender a las necesidades de la población, llevándola a cultivar marihuana ilegalmente, la oportunidad manifestada para mejorar la calidad de vida. En segundo lugar, los habitantes solicitaron el fin de la represión policial, la cual percibían como sinónimo de opresión. Aparentaba aquí, que la falta de posibilidad de crecimiento, por lo tanto, se dio también en los efectivos de la ley, y la chance de un futuro prometedor, dentro de los promotores del tráfico de drogas. Así, se juzgaría que emergió un nuevo orden híbrido estructurado, uno en el cual lo “ilegal se legitimó” y lo “legal se deslegitimó” (Kessler, 2013; Dewey, 2015; Moriconi, 2021; Schultze-Kraft, 2021).

Ante el supuesto rompimiento de la dicotomía “legitimación” con “legalidad e ilegalidad”, sería trascendental discutir al Estado y el rol que sus representantes ejecutaron dentro un territorio con sus respectivos habitantes (Kessler, 2013). Tal vez, la indigencia generalizada en un lugar y la implicancia de la población en actividades ilegales no se hallarían en la ausencia o ineficacia de este, mismos que tradicionalmente explicarían el motivo del avance de lo ilícito, sino porque este, quizás, fue parte de lo ilegal, negociando con los criminales, cediendo el territorio para su control, o beneficiándose de los réditos económicos de los negocios fuera de la ley, el tráfico de marihuana en el caso citado (Dewey, 2015; Moriconi, 2021). En lo recién expresado, de hecho, surgió la hipótesis del presente trabajo de investigación.

Que el Estado se haya deslegitimado, en los individuos, y haya formado parte directa o indirecta, a su vez, de peripecias clandestinas, constó de un importante sustento a partir de la literatura científica en la materia. Matías Dewey (2015) precisó que el pacto del Estado con el mundo criminal significó, fundamentalmente, áreas cedidas y participación en las ilegalidades de las organizaciones criminales. En efecto, el control territorial delincuencial muchas veces no fue arrebatado, sino que se compartió o se ejerció plenamente con la complicidad estatal (Dewey, 2015;Schultze-Kraft, 2021).

Así, para ciertos sectores marginados y pobres, la experiencia del Estado fue simplemente una situación extrema que se sumó al estigma que padecieron. En otros grupos, como los narcotraficantes, el Estado se radicó en un facilitador de bienes y de servicios prohibidos (Dewey, 2015). En cualquiera de los dos casos, lejos de advertirse una ausencia o ineficacia del Estado, se comprobó que este estuvo bien presente y consciente, agotando y expulsando a los habitantes de los marcos legales, obligándolos a recurrir a la ilegalidad y, por último, beneficiándose de los mercados ilegales.

Se generó una alianza entre lo legal e ilegal, fusionadas por el elixir de negocios prometedores (Kessler, 2013; Dewey, 2015). Ya sea a nivel local, departamental o nacional, esta unión ha dado frutos que se confundieron con los deberes legítimos del Estado, pues las personas al no tener cabida dentro de lo legal, acudieron a los mercados ilegales, instalándose como un patrón destinado a ampliar los márgenes de maniobra en virtud de un mejor futuro. En palabras del politólogo Marcelo Moriconi: “se rompió la dicotomía entre legalidad-legitimidad, entendida como orden, e ilegalidad- ilegitimidad, considerada desorden e incertidumbre” (Moriconi, 2021).

Uniendo el ejemplo, con los conceptos y las reflexiones esgrimidas, ¿puede entenderse el caso de Kamba Rembe como la consecuencia de un Estado ineficiente y/o ausente que abandonó a esta población a su suerte, condenándola a la pobreza y la desigualdad?, o, por otro lado, ¿podría interpretarse como una población que se vio obligada a recurrir a la ilegalidad debido a que los límites legales fueron insuficientes y se fusionaron con el mundo criminal por la actuación cómplice del Estado y sus agentes, aquellos que provocaron, consiguientemente, un nuevo orden, uno clandestino?

En lo último dicho, en la segunda pregunta, este trabajo encontró su fin de desarrollo y fundamentación de investigación.

Planteamiento

La investigación se propuso corroborar la hipótesis que si los ciudadanos recurrieron a los mecanismos ilegales de subsistencia fue porque: a) dentro de lo legal no encontraron cabida de progreso, y b) fue el Estado el que agotó estos márgenes legales, propiciando los ilegales, siendo partícipe directo y beneficiándose de los réditos económicos que aquellos produjeron.

Para tal fin, se ejecutaron entrevistas en profundidad a referentes campesinos de una comunidad, quienes dentro de su territorio han cultivado el cannabis. Así, dichos indagados tuvieron que cumplir con los requisitos de ser: a) labriegos que plantaron marihuana, b) pobladores del asentamiento desde sus inicios, y c) dueños de sus tierras.

Considerando los criterios de selección recientemente mencionados, la investigación se llevó a cabo con seis líderes rurales. Estas personas son cultivadoras de marihuana, tienen títulos de propiedad de tierras y han residido en la comunidad durante más de 25 años. Ellos compartieron que cada familia poseía en promedio 12 hectáreas de tierra, destinando más de la mitad de esta área al cultivo de cannabis, mientras que el resto se utilizaba para cultivos legales como maíz, mandioca, papa y maní. También enfatizaron que el cultivo ilícito estaba gestionado de manera sistemática, involucrando a los miembros más jóvenes en la siembra de marihuana, mientras que los miembros mayores se concentraban en productos legales.

Tomando en cuenta el contexto en el cual se halló la investigación, se examinó en virtud de las definiciones que hicieron del Estado paraguayo con base en la convivencia que tuvieron con los policías de la zona. Algunas de las preguntas disparadoras fueron: ¿estuvieron los efectivos al tanto de las actividades?, si esto ocurrió, ¿cómo se comportaron y qué solicitaron?, y ¿los oficiales han formado parte directa o indirecta de las dinámicas de la marihuana?

Gracias a la conceptualización del policía, el elemento del Estado con el que más tuvieron que socializar diariamente, se consiguió vislumbrar la relación de ellos con lo estatal, es decir: “lo legal”. Por otro lado, también se pudo entender si estos campesinos recurrieron a los márgenes ilegales motivados por una razón individual, o, por el contrario, fue debido a un escenario legal consumido que, a su vez, decayó por dinámicas ilícitas, el cultivo de la marihuana, potenciadas por los propios representantes oficiales de la nación.

El trabajo de campo se realizó durante el mes de octubre de 2022, con cuatro visitas a la comunidad, mismas que duraron dos días (ocho jornadas de trabajo en total). Las entrevistas se ejecutaron dos veces a cada uno de los líderes, con un promedio de una hora y veinte minutos por indagación (horas de grabación totales: 25 horas con 17 minutos). La presentación e inmersión en la población se facilitó gracias a un líder local dedicado a la educación popular en el área analizada.

Por razones éticas, el lugar y los individuos inquiridos, si bien se hallaron en el Departamento de San Pedro, Paraguay, han quedado bajo el anonimato, evitando cualquier posible represalia por lo afirmado en la averiguación.

Análisis de resultados

“Los policías son asesinos”, afirmaba de manera tajante el Referente n.º 2. Así, y ante tan contundente aseveración, se pidió profundizar en la caracterización recién esgrimida, que se explicó en los dominios de oficiales sin escrúpulos, que no perdonaron el cobro de la coima sin importar si la cosecha fue exitosa o no:

No tienen piedad, no conocen lo que es esa palabra. Se encuentran al tanto de quiénes somos, a qué nos dedicamos, lo que sufrimos y lo que nos esforzamos. Son unos angurrientos de dinero. Les encanta la plata y saben que pueden conseguirlo fácilmente con nuestro sudor y amenazándonos. A nadie le gusta hacer algo que no está permitido, pero no queda otra. Ellos, en vez de solidarizarse, vienen a cobrarte, tengas o no, te haya ido bien o mal, no hay compasión acá. (Referente n.º 2, Asentamiento campesino, Departamento de San Pedro – Paraguay, octubre de 2022).

Relacionar la acción de matar, de quitar la vida a alguien, con el policía no ha sido poca cosa, cayendo, por consiguiente, en una aguda contradicción con lo que debería de constituirse un oficial de seguridad. El guardia de vigilancia pública fue, tradicionalmente, una de las fundamentales herramientas de operación estatal, especialmente en lo que conllevó al mantenimiento del orden interno (Dubreuil, 2010). Conceptualmente tendría que erigirse en una entidad de tranquilidad, de cohesión y de confianza, pues en su figura se proyectó la razón práctica del monopolio de la fuerza legal, en un territorio demarcado, ejercida por el Estado (Sánchez Meca y Mateu Alonso, 2015). Aquí, sin embargo, se radicó en lo opuesto, aquellos fueron representados como seres poco empáticos, sin honestidad, ambiciosos y aprovechadores de una situación de vulnerabilidad.

En plena correspondencia, el Referente n.º 5 profundizó en la exigencia de la coima solicitada. Mencionó que la misma se tradujo en altos costos que les impusieron para poder plantar la marihuana: “el precio del permiso por parte de la autoridad”. Sumas exorbitantes, considerando la realidad social y económica del labriego paraguayo, que empeoraron aún más el contexto de pobreza y precarización generalizada en el sector agrícola:

Nos piden ₲ 5.000.000 por hectárea cultivada (aproximadamente 700 dólares), una cantidad gigantesca. Si todo sale bien y conseguimos trabajar ocho hectáreas, el intermediario nos dará ₲ 60.000.000 de ingresos, pero tendremos que pagar ₲ 40.000.000 en sobornos. Solo nos quedará ₲ 20.000.000, lo cual no compensa el gran riesgo que corremos. Debido a la extorsión de la policía, la marihuana ya no es rentable y muchos se han dedicado a otras actividades, a dejar sus casas e ir a desempeñarse como piseros o albañiles en la ciudad, especialmente nuestros hijos, los más jóvenes. (Referente n.º 5, Asentamiento campesino, Departamento de San Pedro – Paraguay, octubre de 2022).

El Referente n.º 4 coincidió con lo expresado, incluso pudo explicar sobre las razones del porqué los agricultores de su zona ya no se esforzaron en los oficios correspondientes a dicha planta ilegal, una lógica argumentativa no por un mayor control efectuado, sino en una profunda codicia económica del vigilante de lo público:

Antes, más o menos, el 50% de la comunidad se dedicaba a la marihuana. Luego eso se redujo y hoy ya somos muy pocas familias. El cultivo no es fácil ya que requiere que todo el día uno esté atendiendo, no podés cosechar otra cosa, no tenés tiempo ni para tu chacra personal. A eso hay que sumar el riesgo de estar haciendo algo indebido, pero valía la pena ya que ganábamos un buen dinero. Hoy la plata se va a los bolsillos de los policías y nos queda muy poco. Esto dejó de ser rentable por culpa de ellos. (Referente n.º 4, Asentamiento campesino, Departamento de San Pedro – Paraguay, octubre de 2022).

En el presente estadio de la reflexión, surgió como actividad primordial contextualizar la situación socioeconómica que atravesaron los entrevistados. La localidad analizada está ubicada en el Departamento de San Pedro, territorio con una población de 440.335 habitantes, de los cuales alrededor del 32 % es menor de 15 años, poco más del 61 % tiene entre 15 a 64 años y más del 6 % con 65 y más años de edad (INE, 2021). El 41,38 % se halla en condición de pobreza, situándose como la segunda división más precaria del país, después del Departamento de Caazapá, 51,49 % (INE, 2022). Por último, el 80 % reside en zonas rurales, primando la economía primaria en un 55 % (Fundación Avina, 2020).

Además de lo mencionado, es importante añadir el clima de represión generalizada que impera en el Departamento de San Pedro, así como en las áreas demarcadas de Concepción y Amambay. Esta situación es resultado de la presencia y acción de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), un cuerpo compuesto por fuerzas militares y policiales, en respuesta a la presencia del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) desde 2013. En este sentido, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (2021) analizó y denunció las operaciones de la FTC, lo que llevó a la creación de un territorio militarizado caracterizado por un aumento de la presión social, la persecución de los campesinos y la criminalización de la lucha social.

La militarización del territorio, más la elevada indigencia y desigualdad, junto con una población joven que carece de oportunidades en el sector agrario, debido al avance de la agricultura mecanizada, llevarían a que el campesinado busque alternativas de subsistencia dentro de marcos ilegales, siendo el cultivo de marihuana un ejemplo en el presente caso de estudio. De hecho, según los datos de la Secretaría Nacional Antidrogas, San Pedro, junto con Concepción, Amambay, Alto Paraguay, Boquerón y Canindeyú, fueron las áreas donde se cultivó el 93,7% a nivel país (SENAD, 2022).

Ahondando, en la Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas del año 2016, se presentó una perspectiva desoladora: los campesinos de Paraguay se encontraron en una situación de pobreza extrema mientras que los brasileños dominaron el negocio del narcotráfico (BBC Mundo, 2016). Desde el panorama presentado, en dicho evento internacional, se dictaminó que los agricultores se hallaron vulnerables debido a las pocas opciones laborales disponibles, y a los bajos precios de los cultivos tradicionales como la mandioca. Además, los grandes propietarios de tierras controlaron la soja, lo que no requirió mucha mano de obra. Así, en algunas comunidades del norte de Paraguay, ocho de cada diez familias dependieron del cannabis. Se sostuvo, también, que la falta de acciones en lo agrario, la fragilidad y la ausencia de desarrollo para la población rural han llevado a que los jóvenes cultivadores se hayan involucrado con la marihuana, que fue organizado por los "socios", "intermediarios" en palabras de los entrevistados, quienes compraron la cosecha.

Teniendo en cuenta lo que se ha planteado, los labriegos percibieron a la fuerza policial como otro factor de opresión en sus aciagas realidades cotidianas. Los campesinos no comprendieron por qué los oficiales mostraron tanta avaricia, lo que hizo que el negocio de la marihuana se volviera poco rentable. Esta dinámica se presentó como una verdadera paradoja, ya que, si los labradores dejaron de plantar la droga, no fue por una destreza reactiva o preventiva por parte de las autoridades de control. Fue, en resumen, porque aquellos encargados de vigilar exigieron más beneficios económicos ilícitos, quedándose con el 70% de las ganancias. En definitiva, si cada vez fueron menos las familias que se dedicaron al cultivo de la marihuana, no se debió a una tarea efectiva de seguridad, sino a la desmedida corrupción policial en la exigencia de coimas.

Profundizando en la imagen que poseyeron de los policías, el Referente n.º 1 posicionaba y unía a los agentes con hechos delincuenciales y de extorsión. Debido a esto, los guardias de lo público no significaron en ellos una entidad de confianza:

¿Cómo se puede creer en unas personas que nos tratan mal? Ellos son los ladrones, que actúan de una forma poco trasparente. Robo, dinero sucio, amenazas y todo lo malo es la policía de este país. Nosotros nos sentimos seguros con cualquiera menos con un policía. Cuando entra una patrullera, sabemos que algo se traen, nunca es algo bueno, vienen a negociar, vienen a exprimirnos o a ver qué más nos pueden sacar. Son una vergüenza, esa es la verdad. (Referente n.º 1, Asentamiento campesino, Departamento de San Pedro – Paraguay, octubre de 2022)

Lo reflexionado coincidió con lo asignado a dicho ente por el "Índice de Capacidad de Lucha contra la Corrupción" del año 2022, elaborado por la revista America Quarterly. En el documento de análisis ahora citado, dentro de la categoría de instituciones públicas, la policía paraguaya apareció en el puesto doce, el último a nivel nacional, ostentando un puntaje total de tres sobre diez. Este mismo informe, de hecho, la catalogó como una entidad corrupta, sin un autogobierno transparente y ligada a "actos ilegales de todo tipo".

Con respecto a los "actos ilegales de todo tipo", una breve búsqueda en publicaciones locales arrojó los siguientes titulares: “Detienen a policías por la desaparición de G. 300 millones tras un asalto” (La Nación, 2023), “Caso robo de botín: la mochila recuperada siempre estuvo bajo resguardo de la Policía” (ABC Color, 2023), “Cuando la Policía no actúa, se está protegiendo a la delincuencia” (La Nación, 2023b). Las anteriores noticias, al igual que los testimonios esgrimidos hasta el momento, exhibieron una organización profundamente ligada con lo ilícito, siendo partícipe directa o indirecta de acciones no legales como robos, amenazas, extorsiones, complicidades y abuso de autoridad.

La policía paraguaya, en los cultivadores consultados, no fue solamente el detrimento o decadencia de sus negocios marihuaneros, fue, además, sinónimo de todo lo indebido: individuos con uniformes y armas, habilitados por un mando instituido por una prerrogativa legal, que la usaron abusiva y clandestinamente.

El abuso de autoridad, inclusive, fue otra caracterización recurrente que emitieron los entrevistados, en la presente investigación, al definir al policía paraguayo. Al respecto, el Referente n.º 6 comentaba:

Se creen por el uniforme que tienen. Ellos piensan que porque son policías pueden hacer lo que quieran, que tienen derecho sobre todas las cosas y sobre nosotros. Actúan de forma prepotente y nos vienen a amenazar, a decir que van a contarle al fiscal de turno, que van a hacer correr la voz de la marihuana que plantamos. Parece que se hicieron policías, que se convirtieron en autoridad, solo para comportarse de forma abusiva. Nos hacen el “cháke” constante, con eso nos juegan. (Referente n.º 6, Asentamiento campesino, Departamento de San Pedro – Paraguay, octubre de 2022).

En la última oración el interrogado utilizó la palabra en guaraní “cháke”, que es empleada, en el habla común del paraguayo, para designar una situación de peligro. Así, el policía nacional, mediante lo afirmado, jugó con un escenario potencialmente difícil fundado en delatar, una delación explicada en dar a conocer aquello que plantaron los campesinos a las autoridades, fiscales, primordialmente, solo por citar a algunos de los actores del aparato judicial. El precio del silencio, la autorización y la libertad de hacerlo, se basaron en el pago de dinero. Estas atribuciones, poder amenazar y cobrar, lo pudieron llevar a cabo por su posición de efectivos de la ley, una abusiva, según se explayaron los entrevistados.

Al respecto, el Referente n.º 5 lo entendía de la siguiente manera:

Los policías no son tontos y saben cómo amenazar. A los que recién comienzan, los que empiezan a plantar, les dicen que se van a ir presos, que ellos tienen la autoridad para actuar libremente. A los compañeros que ya llevan años en esto, que ya pagaron y la policía les tiene bien fichados, la técnica es otra. Aquí no se da tanto por no querer pagar o no avisar que estás cultivando, aquí es porque no podés pagar, así de simple. La amenaza en este caso es llamarle al fiscal y contarle lo que se hace en tu tierra, estos que si vienen te arman un auténtico desastre. (Referente n.º 5, Asentamiento campesino, Departamento de San Pedro – Paraguay, octubre de 2022).

El abuso de poder, previamente mencionado, se dio en dos grupos bien diferenciados: a) los novatos, y b) los experimentados. Con los incipientes se utilizó un dispositivo discursivo más informativo, exponiendo a los policías como encargados de castigar en caso de no cumplir con sus demandas. En el primer conjunto, lo importante fue lograr que los nuevos emprendedores conocieran las reglas del juego, basado en que "el cultivo de marihuana estaría permitido siempre y cuando se abonara lo solicitado". En el segundo contexto, en los que ya llevaban años en el oficio, la intimidación no fue explicativa, sino más coercitiva. Aquí, la acción de chantaje se centró en el incumplimiento del contrato tácito, en el sentido de obtener el dinero de cualquier manera, sin importar si la cosecha fue buena o mala. En este punto, el Referente n.º 1 reflexionaba:

Te das cuenta de que actúan como matones, matones del dinero. Son compatriotas, que saben la situación de hambre y de falta de oportunidad, pero nada les importa. Ellos están para recaudar y con y por este fin van a hacer lo que sea para conseguirlo. Ahí está el abuso de autoridad que tanto me pediste que defina. Nos conocen, están al tanto de las necesidades, de lo que tenemos que hacer para sobrevivir y, a pesar de ello, igual vienen y nos aprietan. No tienen solidaridad, no son paraguayos, son personas que viven para el dinero. (Referente n.º 1, Asentamiento campesino, Departamento de San Pedro – Paraguay, octubre de 2022).

La relación entre el campesinado y los oficiales, históricamente, ha sido tensa en líneas generales. Incluso, y más allá de los testimonios citados, según lo denunciado por la Coordinadora de Derechos Humanos en Paraguay, se logró documentar, de noviembre de 2020 a octubre de 2021, 71 desalojos forzosos a familias agricultoras, operaciones llevadas a cabo en el terreno por la policía, como fuerza de choque, en un contexto de detenciones arbitrarias y, posteriormente, un indebido proceso penal (CODEHUPY, 2021). De hecho, y gracias a lo sentenciado por la propia organización especializada en derechos humanos, estas ejecuciones, por los efectivos en las zonas agrarias, ostentaron una violencia superior en comparación con otras habilidades similares en un área diferente, lo urbano, con escasas garantías para la población afectada.

Ante el arduo trato con los vigilantes de lo público y la desigual y precaria realidad socioeconómica padecida, el Referente n.º 3 concluía que lo más triste, de todo lo vivido, consistió en la estigmatización que sufrieron por parte del resto de ciudadanos paraguayos. Dicha estigmatización fue erigida y propiciada, también, por la propia policía paraguaya:

Los políticos, los dueños de tierras y los medios de comunicación hace rato ya dieron la imagen que somos haraganes, que queremos todo fácil y que nos gusta invadir tierras o ser contreras al desarrollo económico de los empresarios. El que conoce la realidad sabe que no es así, pero la gran mayoría no y creen lo que ven en los periódicos. Ahora se sumó que somos cultivadores de marihuana y que nos enriquecemos con esta planta. También es una mentira, cada vez son menos los campesinos que nos dedicamos a ello, o muchos nos vemos obligados a ello y, para serte muy honesto, los que más se benefician de este negocio, que la droga sea ilegal, son los policías, ya que gracias a como está hecho el juego, de perseguir y estigmatizar al más débil, es que pueden recaudar. Justamente esa es la imagen que quieren dar, que nosotros somos los malos. Acá los que ganan son ellos, nosotros poco y nada. Ellos son los beneficiarios. (Referente n.º 3, Asentamiento campesino, Departamento de San Pedro – Paraguay, octubre de 2022).

Lo recién dicho, más precisamente en la parte donde el labriego afirmó que "los policías fueron los principales promotores, reguladores y beneficiarios de la marihuana y su ilegalidad", fue clave a la hora de entender que, dentro de la realidad estudiada, se estuvo dando lo que en la literatura académica se conoció como "el orden clandestino" o “la deslegitimación de lo legal”, ya planteado en la Introducción (Kessler, 2013; Dewey, 2015; Moriconi, 2021;Schultze-Kraft, 2021). El orden clandestino fue un sistema estructurado a partir de acciones paralelas que socavaron el Estado de derecho y crearon un entorno aislado fundado en las virtudes materiales, primordialmente, de la ilegalidad. En estos espacios, las agencias gubernamentales tomaron medidas para desmantelar lo legal, permitiendo la proliferación de los mercados ilegales gracias a los beneficios que ellos provocaron a los diferentes actores estatales (Dewey, 2015).

El Estado no sería débil o no estaría ausente, sino que intervino de manera excepcional atacando los negocios que no le han sido rentables y propiciando otros que sí, los que trajeron ganancias económicas a los miembros de tal entidad. En este entorno, los individuos pasaron de ser sujetos de derecho a ser despojados de ellos, y solo les quedó su vida orgánica y su reproducción, lo que recordó el concepto de "nuda vita" de Agamben (Kessler, 2013; Dewey, 2015). Sin embargo, existió la posibilidad de que se restaure el Estado de derecho si ocurrieran eventos no deseados, como la muerte de inocentes, lo que obligaría al Estado a intervenir temporalmente y suspender el orden previamente imperante en estos territorios grises.

El mercado ilegal de la marihuana, en este caso, fue posible gracias a la convergencia de intereses particulares del actor policial. Desde los testimonios esgrimidos, los policías que intervinieron en la comunidad, ellos personificando la presencia y el poder del Estado, obtuvieron favores monetarios suspendiendo la aplicación de la ley, o siendo selectivos con la ejecución de ella, y, permitiendo, consecuentemente, que los empresarios ilegales hayan ejercido sus actividades. En palabras del Referente n.º 2:

"Si la marihuana se mantiene ilegal es porque ella hace ricos a los policías. Nosotros somos los que más queremos que esto se legalice, ya que, si esto pasa, vamos a tener la libertad de vender y negociar de forma justa el precio del producto. Pero, así como estamos, con este funcionamiento, ellos son los que controlan el negocio diciendo quién sigue y quién no, quién planta y quién no, y cuando algo no les conviene, cuando pierden plata, a los que no pagan se les hace caer. Ellos aparecen como los héroes y nosotros como los delincuentes acomodados". (Referente n.º 2, Asentamiento campesino, Departamento de San Pedro – Paraguay, octubre de 2022).

Efectivamente, y como conclusión más importante, se ha trastocado el orden de las cosas, originándose una nueva y complicada realidad social. En ella, todo aquel que no fue un agente policial, por ejemplo "el intermediario que compró la marihuana", fue visto como una oportunidad de progreso y comprensión ante la difícil situación vivida. En el polo opuesto, el agente armado del Estado representó la muerte, la ilegalidad, la opresión, la falta de comprensión, una auténtica amenaza (ver tabla n.º 1). En definitiva, para entender el mercado ilícito de la marihuana en Paraguay, según la perspectiva de los entrevistados, habría que centrarse mayormente en los actores legales y, no solo, en los ilegales. Lo sentenciado, enunciado por el Referente n.º 4:

¿A quién le vas a recibir? ¿A la persona que te da la oportunidad o al individuo que te amenaza y te chantajea? Los intermediarios, a pesar de que son peligrosos, por lo menos no se presentan de una manera agresiva. Nos compran a bajo precio, pero dialogan. Te das cuenta de que los buenos, los que tendrían que portarse bien, son los malos de la historia que padecemos. (Referente n.º 4, Asentamiento campesino, Departamento de San Pedro – Paraguay, octubre de 2022).

¿A quién le vas a recibir? ¿A la persona que te da la oportunidad o al individuo que te amenaza y te chantajea? Los intermediarios, a pesar de que son peligrosos, por lo menos no se presentan de una manera agresiva. Nos compran a bajo precio, pero dialogan. Te das cuenta de que los buenos, los que tendrían que portarse bien, son los malos de la historia que padecemos. (Referente n.º 4, Asentamiento campesino, Departamento de San Pedro – Paraguay, octubre de 2022).

El artículo, finalmente, destacó la resistencia, ante una realidad muy adversa, de los campesinos que cultivaron el cannabis a pesar de la criminalización, persecución, amenazas y marginalización que enfrentaron cotidianamente. Ellos pidieron el fin de estos contextos mediante el fortalecimiento de la industria nacional del cannabis, la creación de demanda interna, herramientas para desarrollar un producto de calidad competitivo internacionalmente y tributación adecuada. Solicitaron y soñaron con la legalidad de la marihuana. La disputa, no obstante, se expuso en quimera, pues desde lo testimoniado, en lo ilícito se encontró la ganancia de varios agentes estatales, en este caso el de la Policía Nacional.

Reflexiones finales

A partir de los testimonios recopilados por los labriegos consultados, se pudo constatar que dichos individuos se encontraron en una situación difícil dentro de los límites legales. Las demandas de reivindicación y la precariedad económica fueron dos factores constantes en esta población, los cuales se vieron agravados por el avance de la soja y la agricultura mecanizada, lo que impidió que el campesino tradicional pudiera ejercer su oficio como solía hacerlo.

Además, a lo anterior es importante agregar la estigmatización que sufrieron por parte de la población en general. Los cultivadores fueron catalogados como personas que no quisieron trabajar, conflictivos, invasores y que vivieron fuera del margen de la ley. Esta realidad, según las declaraciones esgrimidas, fue un estigma promovido por los propios policías, quienes se beneficiaron de la imagen proyectada para ejercer una mayor opresión, chantaje, apriete y, lo más importante, el pedido de coimas.

Lo legal, en los indagados, no solo empobreció, sino que incluso los apartó, abusó y denigró. Al no ver un futuro mejor, era hasta esperable que hubieran visto opciones de progreso dentro de lo ilícito, en este caso el cultivo de la marihuana.

Dentro de la lógica del cannabis, sin embargo, lo legal también coaccionó. La acción no fue preventiva o reactiva en virtud de una política contra el tráfico de drogas, sino una desmedida en el pedido de la coima. Los oficiales de lo público se dieron cuenta de que, ejerciendo su poder sobre un grupo estigmatizado y sin salidas, podían conseguir mayores réditos económicos. Lo ilegal, en definitiva, ha traído demasiados favores a lo legal, siendo este último, su principal fomentador e interesado que continúe funcionando.

La policía, el Estado y todo lo legal fue sinónimo de muerte, desidia e injusticia. Lo ilegal, el narcotraficante o, como ellos afirmaron, "el intermediario", les brindaba perspectivas de una vida óptima. Perspectiva truncada, empero, por los efectivos de la ley ávidos y ansiosos que generaron que el negocio se configurara en uno escasamente rentable para los labriegos.

La idea de Estado tendría sentido en la medida en que las instituciones obran a favor del bien común, es decir, salvaguardando la cosa pública. De las filas de la institución policial salieron grandes asaltantes, asesinos, golpeadores, estafadores... delincuentes de todo tipo, sin olvidar a los famosos "gatillo fácil". Los campesinos percibieron que su seguridad se encontraba ante un dilema de difícil solución: si la policía, esa que debe resguardar los bienes y las vidas de los ciudadanos, atenta contra la vida y los bienes de estos, ¿qué harán los delincuentes que tienen por oficio robar, matar, secuestrar, extorsionar? O, y dicho de una alterna manera: ¿quiénes fueron los que realmente se comportaron como delincuentes?

Las visiones de un país donde los límites entre lo legal e ilegal se han borrado, por la forma perversa que adquirió lo legal, traerían consigo un panorama a futuro muy desalentador y preocupante.

El Paraguay de hoy en día, por la realidad testimoniada, está llegando al absurdo de ver a algunos policías luchar en una guerra abierta por controlar los muchos oficios que caracterizan a la vida delincuencial. En palabras del filósofo José Manuel Silvero (2009): "lo legal se va apagando, beneficiando a aquellos que, utilizando canales legítimos, obran ilegítimamente. Al parecer, muchos oficiales y suboficiales ven a la institución como una vía para desde allí obrar facinerosamente, es decir, juegan a ser sandías, pero en el fondo son melones".

En toda esta dinámica se hallaron los campesinos, con contextos aún más aciagos, sin una salida fácil aparente, pues pareciera que, tanto en lo legal como en lo ilegal, ya no tendrían cabida para un mejor progreso y desarrollo.

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Notas