INTRODUÇÃO - CÍRCULO DE DIÁLOGO 4 – POVOS/COMUNIDADES TRADICIONAIS E CONFLITOS PELA TERRA/TERRITÓRIO

Las disputas en que se han visto envueltas las comunidades indígenas en Costa Rica desde el inicio del siglo XXI, pero sobre todo en su segunda década, han tenido como eje articulador la disputa por la tierra. Esto ha significado una radicalización de las tensiones y contradicciones al interior de tres territorios que están reconocidos en la legislación costarricense como reservas indígenas y son habitadas por comunidades pertenecientes a los pueblos maleku, bribri y térraba. Cabe señalar que quienes se ubican ancestralmente en estos territorios poseen una composición etno-lingüística homogénea, lo que permite definirles como pueblos indígenas. Estas disputas territoriales las consideramos aquí como consecuencia del modo de acumulación capitalista que ha priorizado el Estado costarricense en el siglo XXI, el extractivismo, cuya especificidad es la mercantilización de la tierra y las prácticas tradicionales indígenasⁱⁱ.

Teniendo como diada analítica la citada relación entre el aumento de los conflictos sociales por la tierra que, en los últimos veinte años, han afectado a comunidades indígenas en Costa Rica y la radicalización del extractivismo como modalidad de acumulación capitalista que ha priorizado el Estado en el siglo XXI, este trabajo tiene por objetivo analizar la constitución de un nuevo sujeto social indígena a raíz de los procesos de resistencia colectiva indígena frente al despojo de su territorio.

A partir de lo anterior, el primer objetivo específico tiene que ver con la posibilidad que tienen las acciones colectivas aquí abordadas para dar forma a un movimiento social indígena en Costa Ricaiii. A la par de lo anterior, pero ahora en el campo constitutivo de los actores colectivos, se analizan los conflictos territoriales tomando en cuenta la respuesta y forma de interpelación de las organizaciones indígenas comunitarias frente al Estado, así como las respuestas institucionales de este ente regulador de la sociedad. Finalmente, otro de los propósitos específicos de este estudio es la comprensión de los conflictos territoriales con ayuda de técnicas de análisis cualitativas y de sus posibilidades para generar teoría fundamentada (STRAUSS; CORBIN, 2002).

Debemos mencionar que el abordaje teórico respecto del territorio y el conflicto social que se ha generado frente a la radicalización de las modalidades de acumulación capitalista, fue elaborado en el marco de la investigación titulada Desarrollo potencial endógeno y gestión del proyecto de regionalización, llevada adelante por la autora en la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica.

Las categorías analíticas que se obtuvieron como resultados de dicho estudio se aplican en este artículo a tres conflictos relacionados con las identidades indígenas sobre el territorio, frente al Estado y las modalidades de acumulación capitalista que este último prioriza. A raíz de lo anterior, se desarrollaron un conjunto de categorías analíticas que permiten el análisis de los tejidos comunitarios, las formas organizativas y agendas específicas de las comunidades indígenas frente a la radicalización del modo de acumulación capitalista que materializa el Estado y el capital transnacional en el presente siglo^iv.

Con esto en mente, el presenta artículo se compone de cinco secciones: a manera de preámbulo, se analiza de forma genérica las tensiones y contradicciones que ha generado la radicalización del extractivismo al interior de los territorios indígenas en Costa Rica; a continuación se discute el agotamiento de los procesos tradicionales de reproducción de las condiciones de vida de las comunidades indígenas, tomando como ejemplo el caso de la comunidad maleku, ubicada al norte del país, en los cantones de Guatuso y San Carlos, provincia de Alajuela; en la tercera sección se evidencia la relación entre el monopolio legítimo de la violencia en manos del Estado y el despojo que sufren las comunidades indígenas de su territorio, tomando como ejemplo el conflicto territorial que aqueja a la comunidad bribri en Salitre, cantón de Buenos Aires, provincia de Puntarenas, al sur del país; en cuarto lugar se analiza la expansión de la lógica del orden y progreso, afín a los objetivos del extractivismo, y que se evidencia en territorio térraba, también en el cantón de Buenos Aires; finalmente, una quinta sección está dedicada a la posibilidad de que los conflictos señalados y la resistencia que ha llevado adelante las comunidades indígenas afectadas, de lugar a una nueva subjetividad y movimiento sociales indígenas.

LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN COSTA RICA FRENTE AL CAPITALISMO TARDÍO: MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO

Como centro explicativo de las tensiones señaladas se ha tomado el avance y radicalización de la modalidad extractivista^v de acumulación en el capitalismo tardío. En los casos de análisis, dicho avance ha tomado la forma de disputas legales y enfrentamientos armados al interior de territorios que por ley le corresponden a las comunidades indígenas, pero que algunas transnacionales y terratenientes reclaman en favor de la producción y el progreso.

El agotamiento y transformación de otras formas de acumulación capitalista le imprime un límite cíclico y estructural al proceso expansivo (avance y radicalización) al que se hace referencia. El mismo tiene sus primeras expresiones, al menos en Costa Rica, a finales de los años setenta (del siglo XX), momento histórico en que el sistema capitalista radicaliza los postulados liberales frente a la esfera económica de la sociedad. Esta radicalización ha sido conocida como pensamiento neoliberal, su operacionalización recrudece las formas de exclusión y explotación que caracterizan al capitalismo como modo de producción.

Si bien es cierto que el conflicto territorial indígena tiene arraigo en lo cultural, como herencia del periodo mal denominado Conquista y del subsiguiente proceso de violencia denominado Colonización, dicho fenómeno puede ser abordado en forma pertinente como negación de la identidad indígena. Sin embargo y de manera concomitante, el análisis propuesto supone la existencia de una contradicción central y dialéctica, referida a las tensiones sociales por la radicalización de las formas de acumulación en el capitalismo tardío del siglo XXI.

A la par de lo anterior, esta investigación se distancia de aquellas posturas teóricas que plantean el neoliberalismo (como ideología hegemónica del capitalismo tardío) como ruptura con el periodo anterior, caracterizado por un Estado interventor, revisionista, social de derecho, benefactor. No se trata, a nuestro juicio, de dos momentos opuestos en el proceso de acumulación capitalista (como parecen suponer algunas posiciones que le confieren independencia al neoliberalismo), sino que se trata de una radicalización de las modalidades de acumulación capitalista, necesaria para la reproducción misma del sistema.

Dicha visión totalizadora del conflicto social, presupone la existencia, no de una suma aleatoria de conflictos emergentes (VIGUERA, 2009, p.8) (refiriendo a las corrientes para el análisis de los llamados nuevos movimientos sociales), sino que se comprende bajo un conflicto central, fundacional, de las sociedades capitalistas.

El carácter del Estado en el siglo XXI tampoco puede ser pasado por alto. Lo anterior tomando en cuenta que dicha institución funge como garante de la acumulación capitalista. Ello desde el surgimiento del fenómeno capitalista y a través de las distintas expresiones que ha tomado en sus modalidades de acumulación.

Así, este análisis del conflicto territorial que enfrentan las comunidades indígenas en Costa Rica, debido al avance de las formas de acumulación que prioriza el Estado (para este caso, el extractivismo), se propuso indagar en los episodios y tensiones que en dicho marco se han generado, buscando con ello aportar luz a la comprensión del movimiento social indígena en este país.

En ese sentido, subyace en las respuestas estatales a las tres expresiones de conflictividad étnico cultural y territorial aquí planteadas (malekus, bribris y térrabas), concepciones distintas para interpretar los mismos territorios, razón por la cual se hizo necesario un análisis desde enfoques territoriales del conflicto social.^vi

Ello nos hizo necesario analizar los ciclos de protesta al interior de los territorios en disputa tomando en cuenta las motivaciones y el sentido que las organizaciones comunitarias indígenas y actores individuales y colectivos^vii le imprimieron a la lógica de estos episodios. Los ciclos de protestas y/o de acciones colectivas de resistencia por parte de las comunidades indígenas, revelaron procesos defensivos sobre la tenencia y propiedad de la tierra en cuestión, lo cual refuerza la decisión de ubicar la disputa por y desde el territorio indígena como categoría para la generación de conclusiones.

Considerando lo dicho, debemos hacer patente que el sentido del territorio depende de cada actor, así como de los intereses que cada uno de ellos persiga. Debemos por tanto tomar en cuenta que en las disputas por el territorio que aquí nos ocupa, el que la comprensión del territorio por cada actor no sea la misma, exaspera aún más los conflictos, dificultando las posibilidades de un debate horizontal.

Por más que el imaginario colectivo de una sociedad no las tenga incorporadas, hay cuestiones más territoriales, otras más ambientales, otras sociales, otras jurídicas, y así podríamos reconocer una gran diversidad de dimensiones de análisis. La sociedad en general vive y afronta estos temas y problemas de varias maneras; desde su lugar, desde su condición, desde sus prácticas cotidianas, desde sus necesidades, desde sus ideales, desde su ciencia (BOZZANO, 2012, p.16).

Para los efectos de esta investigación se ha tomado el territorio como espacio y tiempo multidimensional: el sentido del territorio desde la institucionalidad le implica como la base o el fundamento del Estado-Nación, como estado territorial, el cual es delimitado y diferenciado (PULGARIN, 2011, p.8) desde este ejercicio radicalizado de hegemonía que caracteriza al siglo XXI; en contraposición con lo anterior, se comprende el espacio comunitario como territorio pensado y territorio vivido (BOZZANO, 2009, p.5) desde los imaginarios de las comunidades indígenas. Se trata así de una defensa del territorio que parte de la interpretación histórica de los pueblos que habitan las reservas indígenas (La Gaceta, 1977).

Ahora bien, en razón de los puntos antes expuestos, los siguientes ejes analíticos se caracterizan por su carácter transversal en los conflictos por el territorio que estructuran este análisis:

a.- El tipo de intervención institucional que se establece entre el Estado costarricense y los sectores, grupos y fracciones de clase que acceden al control del mismo, el cual expresa un ejercicio hegemónico acorde con el contexto neoliberal.

b.- Los procesos e imaginarios sociales que acompañan las acciones colectivas y la propuesta ético/estética y organizativa con que las comunidades indígenas^viii defienden su territorio, tal y como es pensado y vivenciado por sus habitantes.

En lo que tiene que ver con la metodología implementada, para el análisis de los datos se creó un registro de incidentes, los que fueron ubicados temporal y espacialmente bajo el criterio de que se trata de acciones de carácter colectivo emprendidas por las tres comunidades indígenas seleccionadas en el estudio y que expresan la conflictividad social frente al Estado y otros actores nacionales y transnacionales.

La selección de fuentes primarias se hizo bajo el criterio de su potencial para generar evidencia testimonial directa de los hechos analizados. Ello en forma paralela a la construcción del registro de incidentes o tensiones en los territorios indígenas en disputa.

La información primaria, proveniente de entrevistas de activistas en los territorios en conflicto, entrevistas y documentales en línea, así como posicionamientos públicos de las comunidades y organizaciones indígenas, expresan los criterios de actores sociales involucrados en estos conflictos.

Tanto para analizar la documentación proveniente directamente de las comunidades indígenas bajo análisis, como la relacionada con la postura del Estado y el tipo de respuestas que ha dado al conflicto, se aplicó el análisis de contenido. ^ix

Como fuentes secundarias se utilizaron aquellos documentos que son producto directo de mesas de diálogo y otras instancias, cuya finalidad es buscar una salida institucionalizada para el conflicto social abordado. Estas fuentes fueron sistematizadas en matrices y trianguladas entre sí, con la intención de contextualizar los incidentes y los intereses que se develan en cada uno de ellos.

Conceptualmente, las matrices generadas fueron elaboradas con base en el ordenamiento que presupone el método de investigación utilizado, esto es, desde una investigación cualitativa y a partir de las estipulaciones de (riguridad y es rigurosidad) propuestas por el método que se conoce como Teoría fundamentada (STRAUSS; CORBIN, 2002).

La construcción de las tres categorías que permiten la organización de la información diferenciada para cada conflicto abordado, se desarrolló mediante un proceso de saturación^x a partir de los incidentes que conformaron los conflictos en términos espaciales y territoriales. De esta forma se construyó una matriz para cada uno de los tres casos, ello en la intención de unificar el análisis y el posterior proceso conclusivo.

Mientras tanto, el abordaje de los conflictos indígenas frente al Estado-Nación se realizó tomando en cuenta el papel de actores como las transnacionales (especialmente aquellas dedicadas a la producción masiva de alimentos) y terratenientes en expansión (interesados en el valor que adquiere la tierra conforme se agotan los recursos). Lo anterior en la medida en que los intereses de las transnacionales y terratenientes son coherentes con las modalidades de extracción de ganancia que se priorizan desde el Estado, en concordancia con los grupos hegemónicos que acceden al control del mismo.

Desde el punto de vista del método aplicado, se hizo necesario ubicar un centro para la interpretación de las tensiones: su incidencia en el tiempo y en el espacio. Lo anterior a partir de generar un registro gráfico de estas tensiones (Tensiones y disputas en territorios indígenas costarricenses (registro de incidentes), mismo que reveló algunos cambios significativos en la constitución de una subjetividad específica que se construye desde la identidad indígena

Figura 1

CONFLICTO SOCIAL EN TERRITORIOS INDÍGENAS: EL PUEBLO MALEKU Y EL AGOTAMIENTO DE PROCESOS TRADICIONALES DE REPRODUCCIÓN DE SUS CONDICIONES DE VIDA

La disputa se desarrolla en torno a la relación de las comunidades maleku con los recursos al interior del Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro y en general, sobre las formas originarias de reproducción de la vida en el territorio indígena maleku.

Sobre ello, se alega que la pesca, la caza y la recolección que históricamente ha desarrollado la población maleku al interior del Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro, están reñidas con las normativas ambientales del Estado-Nación y del ente estatal Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

La intervención del Estado en relación con el Refugio de Vida Silvestre de Caño Negro, apunta a homologar las formas indígenas de relacionarse con el territorio, con otras modalidades que en sí mismas son depredadoras del medio ambiente. Esto ha generado tensiones entre el Estado y la identidad étnica maleku.

Aunado a esto, desde el año 2000 las comunidades maleku iniciaron un proceso de recuperación de tierras ancestrales y reconocidas por ley, mismas que se convierten en espacio simbólico que le confiere unidad al discurso que busca la defensa de sus tradiciones.

Sin embargo, los procesos organizativos en territorio maleku se encuentran divididos frente al papel del Estado en el conflicto por la tierra y su forma de vida tradicional: quienes desconfían y quienes depositan su confianza en la institucionalidad. En ese sentido, el discurso maleku expresa contradicciones, complejidad y ambigüedad.^xi

Este discurso complejo y ambiguo no sólo dificulta las acciones colectivas puestas en marcha, sino que impide identificar de manera clara al oponente, los obstáculos a vencer, así como la estrategia que se debe llevar adelante.

Sin duda, identificar al oponente es un requisito básico para la continuidad de un movimiento indígena en Costa Rica^xii. Resulta insuficiente la existencia de una subordinación para estar ante un sujeto social, ya que es precisamente en la reinvindicación del antagonismo en el que se autoproduce este sujeto social y colectivo.

Los procesos organizativos enarbolados por el Estado establecen un doble movimiento. Este explica la complejidad de la relación entre las comunidades indígenas y la institucionalidad estatal: por un lado, en el discurso y a través de instancias institucionalizadas, tales como la Consejo Nacional indígena (CONAI) y las Asociaciones de Desarrollo Indígena (ADI) se plantea el interés de preservar los derechos indígenas sobre el territorio, presentándose desde la institucionalidad del Estado como sus defensores; por el otro, en los hechos, se presentan estas mismas instituciones como intermediarios e incluso como canalizadores del conflicto.

Este hecho ha profundizado la formación de tendencia a favor y en contra del Estado al interior de las comunidades indígenas implicadas, al tiempo que distorsiona esta identificación del adversario propia de los movimientos sociales en su dimensión antagónica.

En el siguiente cuadro se presenta la Matriz Analítica 1, referida al conflicto territorial del caso maleku.

De forma puntual, se exponen algunas de las principales características y dimensiones del enfrentamiento de las comunidades maleku con el Estado-Nación y otros actores ligados a las formas de acumulación de capital.

Figura 2
Matriz Analítica 1
Elaboración propria. Evidencia documental primaria y secundaria.

Los nichos de acumulación capitalista, ubicados en Guatuso (división territorial del Estado costarricense en el que se encuentran los territorios ancestrales maleku), incluyen actividades agrícolas a gran escala o expansión del monocultivo (piña), así como la explotación transnacional de actividades turísticas.

Este tipo de capital establece, junto al Estado-Nación, un doble movimiento de carácter contradictorio: por un lado, busca aumentar el ritmo de la extracción de riquezas o encadenamientos internacionales con el capital (MARTÍNEZ; HERNÁNDEZ, 2012); por el otro, pretende establecer mecanismos que garanticen la explotación turística del territorio en conflicto^xiii, tomando como fortaleza la existencia de las tradiciones y prácticas tradicionales maleku en este.

La inversión extranjera o el proceso de encadenamiento global^xiv MARTÍNEZ; HERNÁNDEZ, 2012), como es conceptualizado por tecnócratas y asesores del ente estatal, propone de manera coincidente dos formas prioritarias de acumulación, las cuales se han materializado en la expansión del mercado de bienes inmobiliarios y el turismo.

En la actualidad, los principales atractivos naturales turísticos del país (parques, áreas silvestres, playas, litorales, cavernas, volcanes, cuencas hidrográficas, humedales…), se asientan mayoritariamente en las comunidades locales y rurales de nuestro país. A este respecto, Guatuso y la región norte del país, cuenta con una serie de atractivos naturales como el Parque Nacional Volcán Tenorio, el Refugio de Vida Silvestre Caño Negro, recursos hídricos y cuencas como la del Río Frío, el Río Celeste (su catarata y teñideros). A estos atractivos se complementa la presencia de un recurso sociocultural de gran valor, como es la reserva indígena de los malekus, única reserva de este tipo en toda la zona norte del país (GONZÁLEZ, 2008, p.23).

En el caso de la población maleku, este proceso ha profundizado en la negación de su identidad indígena^xv: su imaginario social en tanto armadura cultural y estructura simbólica (PRADA, 2010, p.15), ha sido puesto en situación de decodificación, ya que el Estado y el capital presentan las tradiciones indígenas ancestrales como atractivo turístico.

Contradictoriamente, esa misma estructura simbólica que está tratando de ser resignificada por el Estado y el capital, es la que les permite a los maleku construir un discurso para la defensa de su territorio y de su organización social.

Por su parte el Estado, imbuido en priorizar el desarrollo capitalista, fortalece los posibles nichos de extracción de capital, al tiempo que favorece la expansión de la gran actividad productiva.

En la división territorial diseñada por el Estado, el territorio maleku se ubica en lo que se conoce como Región Huetar Norte. En dicha zona, el área total del cultivo de piña se duplicó en los últimos años, pasando de 9.717 hectáreas en el año 2003, a 17.427 hectáreas en el 2007 (PROCOMER, 2008).

Para el año 2015, la Región Huetar Norte había perdido 3.192 hectáreas de bosque, las que se utilizaron para ampliar la producción piñera.

Siendo la Región Huetar Norte la que más ha perdido bosque por la profundización de la actividad piñera, el problema ambiental que enfrenta la región no puede ser atribuido a las actividades de producción y reproducción que les son tradicionales a las y los malekus, como irrisoriamente afirma el Estado. Los palenques o formas de organización social en territorio maleku sólo albergan a 600 indígenas.

Es precisamente este, uno de los nodos centrales de la cuestión: la negación de la identidad indígena a partir de la prohibición de las formas de vida tradicionales en el territorio de Guatuso (Reserva Indígena Maleku), sobre todo de aquellas actividades de producción y reproducción de la vida que se enfrentan con el orden establecido desde el Estado.

En el año 2013, un fallo de la Sala Constitucional (Resolución N° 2013-010295) condenó la pesca y la caza, bases materiales históricas de la cultura ancestral maleku, homologando estás prácticas con la que tienen mayor envergadura y un alto impacto ambiental.

La comunidad es impensable sin ese compartir con los animales y las plantas, sin la asociación para la caza y la recolección, sin ese cohabitar en los territorios de la naturaleza. (...) No solamente estamos hablando de una comunidad de caza; tampoco podemos eludir que la misma caza; presupone relaciones sociales que sostienen al grupo y su entorno. (PRATS, 2010, p.12).

El territorio pensado tal y como lo perciben y viven los maleku incluye esas prácticas como forma de sobrevivencia, como garantía de vida y subsistencia. Tanto la caza como la pesca han configurado este territorio que se encuentra ubicado en los cantones de Guatuso y San Carlos de Alajuela, al norte del país, siendo esta última la definición territorial del Estado que ubica o contiene a las comunidades maleku.

Sobre las 3.993 hectáreas que históricamente han constituido el territorio maleku, dichas comunidades se ven hoy reducidas a sólo 606 hectáreas.

En ese sentido, homologar actividades productivas a gran escala que se producen mediante ocupación ilegal de los territorios indígenas^xvi y estatales, con actividades de bajo impacto ambiental, tradicionales y que constituyen el fundamento de la sobrevivencia maleku, implica una negación de la identidad indígena que sólo evidencia las modalidades de extracción de ganancia priorizadas desde el Estado y en favor de los actores económicos en la región.

Los conflictos territoriales que se analizan en este artículo pueden ser interpretados desde formas específicas de comprender el territorio. En su caso, Raúl Prada, filósofo y sociólogo boliviano, analiza este tipo de conflictos como resultado del avance de estas modalidades de acumulación capitalista (2010, pp.68-75), lo cual sólo viene a profundizar el proceso histórico de negación de la identidad indígena, una negación que pasa necesariamente por la desterritorialización.

La llegada del mercado y de las relaciones capitalistas de producción va a producir un proceso mucho mayor de desterritorialización; el territorio es homogeneizado, globalizado, deteriorado, degradado, depredado en aras del enriquecimiento de las minorías privilegiadas y dominantes, en función de una explotación descarada que no respeta la tierra, los bosques, los ríos, los cerros, las plantas, los animales. (PRADA, 2010, p.72)

Las luchas por la recuperación y defensa del territorio han devenido en acciones colectivas de resistencia por parte del pueblo indígena maleku.

En el discurso maleku, desde el año 2000, subyace la defensa de su identidad, misma que se encuentra directamente ligada con el territorio como forma de interpretación, como territorio pensado.

EL MONOPOLIO DE LA VIOLENCIA EN MANOS DEL ESTADO-NACIÓN: EL CASO DE SALITRE

Desde el año 2014, una serie de hechos violentos contra la población bribri que habita la comunidad de Salitre, al sur del país, decantaron en un conflicto territorial de gran complejidad: por un lado se encuentra el proceso permanente de orden y progreso que acompaña al imaginario neoliberal y cuya continuidad institucionalizada lleva más de 30 años; por el otro, dicho discurso es puesto en cuestión en los espacios de mediación del Estado: mesas de diálogo y otras instancias en las que se dirime el conflicto social en territorios indígenas y en las que se presentan las demandas de las comunidades que habitan Salitre.

Este conflicto territorial y étnico refiere a demandas de comunidades indígenas que habitan el territorio que se conoce como Salitre, en la zona sur costarricense. Las tierras que se encuentran en disputa también han sido denominadas por la acción del Estado como reservas indígenas, sin embargo, estás responden desde distintas organizaciones comunitarias indígenas a la negación de la identidad indígena.

En los momentos más álgidos de la conflictividad social en Salitre, las disputas entre las instancias organizativas que se han reivindicado indígenas, son relevantes e impactan las posibilidades de concretar un movimiento de mayor envergadura de carácter indígena. Entre otros, existen los siguientes procesos organizativos, algunos con posiciones encontradas: la Autoridad Étnica Tradicional de Mayores (no reconocida por el Estado), la Asociación de Desarrollo Indígena (ADI) de Salitre y el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), estas últimas de representación institucional y reconocidas por el Estado.

Este proceso contradictorio entre los grupos organizados obedece a formas distintas de pensar la relación con el territorio. Por una parte, la re-territorialización del espacio trazado, que es la configuración propuesta por la ADI,^xvii en tanto propone la expulsión de pequeños y mediados campesinos que no se reivindican como indígenas. Frente a esto, la configuración propuesta por la Autoridad Étnica Tradicional de Mayores, la cual solicita se respeten los títulos de propiedad^xviii adquiridos por otras y otros miembros de la comunidad^xix.

Preocupados e inconformes con la anarquía y caos que reina en esa Comunidad Indígena, la Autoridad Étnica Tradicional de Mayores del Territorio indígena de Salitre, aboga por restaurar el orden, la paz, tranquilidad y civilidad; mediante el respeto a lo ajeno, los derechos civiles y humanos dentro del territorio.

En virtud que su autoridad y clamores han sido ignorados, tanto por los Dirigentes de la ADI como funcionarios públicos, al extremo de ser excluidos de la “mesa de diálogo” dirigido por el Ministerio de la Presidencia. (AUTORIDAD ÉTNICA TRADICIONAL DE MAYORES, 2014).

La disputa por territorio en Buenos Aires de Puntarenas, cantón donde se ubica Salitre, cubre 11.700 hectáreas. Este territorio limita directamente con las tierras cultivadas con piña por parte de la empresa transnacional PINDECO, como se puede observar en la Matriz analítica N° 2 (Conflicto por territorios y reproducción de condiciones de vida), correspondiente a la especificidad que toma la modalidad de acumulación capitalista implementada en este territorio.

En razón de ello, la disputa toma mayor complejidad cuando se debe distinguir entre pequeños propietarios productores, que incluso se reivindican como descendientes de indígenas y el avance de la desterritorialización provocada por la reconfiguración del territorio que impulsa el capital transnacional y los terratenientes locales.

La ubicación legal del conflicto en Salitre debería remitir a una discusión sobre el propio concepto de reserva indígena, forma en que fueron territorializados por el Estado-Nación aquellos espacios geográficos en los que históricamente han habitado las ocho etnias indígenas reconocidas en Costa Rica.

El reconocimiento de títulos a tierras comunales fue concebido desde una geografía política colonialista, convirtiendo a los pueblos nativos en reservas, encajonándolos a reductos posibles de ser vigilados y controlados. (PRADA, 2010, p.73)

Como es evidente, el conflicto en el territorio Salitre tiene muchas aristas y una multiplicidad de actores. Esto últimos son portadores de distintas formas y modos de interpretar el mismo territorio e incluso dentro de la propia comunidad indígena se expresan dos formas distintas para abordarlo. Este tema es central si lo que se analiza son las posibilidades de constitución de una identidad antagónica frente al movimiento hegemónico de desterritorialización que se expresa sobre estos territorios.

Matriz Analítica 2
Elaboración propria. Evidencia documental primaria y secundaria.

La incursión de civiles armados en el territorio indígena de Salitre ha sido ampliamente expuesta: tanto las comunidades indígenas afectadas, como actores externos al movimiento, han presentado pruebas sobre la violencia de estas incursiones. Esto ha constatado la negativa del Estado a enfrentar estos hechos conforme dicta la ley, tutelando en ese caso los derechos de la población indígena afectada.

Dentro de los acuerdos y con el fin de garantizar la integridad territorial y física de las y los habitantes indígenas de Salitre, el Gobierno se comprometió a establecer un puesto policial en la comunidad; compromiso que no ha sido cumplido hasta el día de hoy y que ha permitido nuevas agresiones a la comunidad, entrada de armas a la misma y nuevas invasiones por parte de estos terratenientes. (COMUNIDAD INDÍGENA BRIBRI DE SALITRE, 2014).

La inacción del Estado frente a la violencia de parte de finqueros ubicados en territorio indígena es verificada por la Defensoría de los Habitantes: esta última instancia sostiene que a pesar de que se conocían las amenazas y las acciones violentas impulsadas por los terratenientes en el territorio en cuestión (IIDH^xx, s.f), el Estado retiró la vigilancia policial ocho días antes de que se produjeran los momentos más álgidos de la agresión.

A pesar de las divisiones internas^xxi sobre la cuestión y al interior de las comunidades indígenas, estas coinciden en reconocer que el Estado ha jugado un doble papel: por un lado funge como mediador, mientras en los hechos legitima los intereses del capital.

Así, se evidencia un recrudecimiento de la violencia que respalda los intereses de los terratenientes de la zona (DELGADO, 2016). En este sentido, se destaca un elemento distorsionador de la realidad social, el que pone en entredicho el papel neutral del Estado como mediador del conflicto.

Las poblaciones indígenas que disputan la posesión de la tierra frente a la trasnacional PINDECO^xxii, se enfrentan a la acción contradictoria del Estado. Las denuncias de distintas comunidades, indígenas y no indígenas, respecto a esta transnacional pasa por este tamiz.

Para efecto de posteriores conclusiones sobre la disputa respecto de este territorio, se documentan los intereses de acumulación capitalista que explican este conflicto:

a.- Expansión del monocultivo de la piña por parte de PINDECO y de terratenientes incorporados a los “encadenamientos internacionales con el capital”^xxiii.

b.- Ganadería extensiva.

c.- Proyectos turísticos de gran envergadura en proceso de negociación con el Estado.

Los intentos del Estado por conciliar las situaciones que se analizan en este trabajo han sido infructuosos: van contra la lógica capitalista en la que están inmersos, como administradores o aspirantes a administrarxxiv la hegemonía desde el aparato del Estado.

Según esta interpretación, el aparato estatal es el ente regulador de la acumulación y a su vez (como efecto colateral) trae aparejado un componente desterritorializador. En términos dialécticos, esto se ha conocido como acumulación originaria; es decir, no pueden estas entidades formales actuar contra su propia lógica de orden y progreso.

No obstante lo anterior, el conflicto en Salitre ha hecho que el Estado ponga en juego su capacidad de negociación y para representar a todas las partes en conflicto. Ello sin tomar en cuenta que se trata de problemas no resueltos desde tiempos de la colonia.

El tercer desenlace devela la guerra intestina en el interior del Estado, muestra sus grados de descomposición cuando sus aparatos coercitivos, las instituciones que monopolizan la violencia legal, se enfrascan en una guerra interestatal, en una micro- guerra civil. (PRADA, 2010, p.137)

En este caso, distintas instancias del Estado, tales como la Defensoría de los Habitantes o diputados de la República, han solicitado explicaciones al Poder Ejecutivo por la incursión de civiles armados que han atacado a las comunidades indígenas que se encuentran en el proceso de recuperación de tierras. En febrero del año 2014, la Viceministra de Asuntos Políticos de la Presidencia de la República, acotó a un grupo de indígenas de Salitre lo siguiente:

(…) Y ante lo que ustedes plantean, estar dispuestos a dar la vida, para nosotros sería facilísimo porque nada más mandamos a la policía, levantamos los cadáveres y ya. (CRHOY, 2014)

El caso boliviano ha sido prodigo en este aspecto, ya que en el corto plazo, los episodios colectivos y las mesas de negociación son infructuosas y desmovilizantes^xxv. Ello en la medida en que la ley estaba amarrada a las otras reformas del Estado neoliberal, particularmente al proceso de privatización, a la mal llamada capitalización (PRADA, 2010, p.73).

De ahí la importancia de analizar estas movilizaciones estableciendo una concepción concreta sobre la relación del Estado con la reestructuración neoliberal institucionalizada y en curso, la cual debe garantizar la continuidad de los procesos de acumulación capitalista a cualquier coste.

El punto inflexivo que ha provocado la escalada de violencia en Salitre ha sido sin duda la disputa por la tierra, la que se remonta a la Conquista y la Colonia. Este proceso ha construido incluso una identidad, un referente, en la figura del recuperante, la cual alude a las y los indígenas que se encuentran inmersos en este conflicto territorial.

El hecho de que exista una identidad que se reivindique desde la tradición indígena y que esgrima el derecho de estas comunidades a sus tierras ancestrales, desde una noción identitaria planteada sobre un antagonismo, abona en la consolidación de un movimiento social indígena, como sujeto social en Costa Rica.

CONTINUIDAD EXPANSIVA DE LA LÓGICA DEL ORDEN Y PROGRESO: TÉRRABA FRENTE AL ESTADO

El territorio indígena térraba cubre 9.950 hectáreas, un 90% de esas tierras están invadidas (LA NACIÓN, 2011).

En el año 2011, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) inició las obras para la construcción de un megaproyecto hidroeléctrico, contraviniendo de esa forma normas nacionales y convenios internacionales que expresamente protegen los derechos de las comunidades indígenas sobre su territorio.

Al igual que otras poblaciones indígenas en disputa por sus territorios, la población térraba protagoniza acciones colectivas de resistencia e interpelación frente al Estado.

En este contexto, dicha población se opone a la construcción de la represa hidroeléctrica Diquís (la de mayor envergadura en Centroamérica, impulsada por el Estado costarricense).

El ICE inició labores exploratorias en territorio térraba sin llevar a cabo la consulta estipulada en el Convenio 169 de la OIT a los pueblos indígenas que lo habitan. Para tales efectos, gran parte del conflicto y de la movilización indígena giró en torno a la realización de este mecanismo de consulta.

En tal sentido, la búsqueda de nichos que garanticen la acumulación capitalista, no puede verse aislada de las estrategias de acumulación propuestas desde el ejercicio hegemónico del Estado costarricense, así como en favor de los intereses del capital transnacional, todo esto materializado en los llamados encadenamientos globales (MARTÍNES; HERNÁNDEZ, 2012) o alianzas del capital nacional con el transnacional (bajo el criterio de fomento para la inversión extranjera directa).

Se debe tomar en cuenta que el territorio en disputa corresponde con lo que se conoce en Costa Rica como zona sur, el cual es caracterizado por el capital local por su capacidad para el turismo en gran escala.

Matriz analítica 3
Elaboración própria. Evidencia documental primaria y secundaria.

La construcción de represas hidroeléctricas en territorios comunitarios ancestrales es un fenómeno que afecta a muchas comunidades indígenas en América Latina.

En Costa Rica, el tema de la generación eléctrica es una arista del conflicto social que requiere de discusión, en tanto las empresas nacionales y transnacionales ejercen una fuerte presión por aumentar el tope a la generación eléctrica privada^xxvi, el cual es establecido por el Estado.

En el año 2014 trascendió que 81 empresas privadas alcanzaron el tope de 15% permitido por ley para la generación privada; sin embargo, el Poder Ejecutivo, sostuvo en el año 2014, que la generación eléctrica pública y privada, alcanzará un límite en el año 2019 (LA NACIÓN, 2014). Lo anterior permite prever que existirá una mayor presión para romper el límite de las llamadas reservas indígenas, en cuyos territorios se encuentra un gran potencial para la generación eléctrica.

Subyace a este conflicto, el cual no todos los actores involucrados consideran finiquitado, una disputa que ha justificado el avance de los procesos de acumulación capitalista a partir de su componente liberal orden y progreso, una lucha entre lo arcaico y lo modernizante como único rumbo posible. En ese sentido Pablo Sivar^xxvii, representante indígena de la comunidad de Diquis, ha declarado en espacios públicos que las intenciones de construir la megarepresa continúan latentes y que las comunidades indígenas térrabas consideran que su ejecución significaría la destrucción de su territorio y cultura (la construcción de la represa requiere de inundar 900 hectáreas de territorios indígenas ancestrales).

El caso de Térraba es importante en este recorrido por las posibilidades del movimiento indígena en Costa Rica, dado que es el que ha planteado con mayor profundidad un proceso de constitución de subjetividades en la producción de significaciones sociales e imaginarios colectivos (PRADA, 2010, p.77) basados en la identidad.

Entre los años 2011 y 2012, el territorio térraba ha sido un espacio para esta constitución de subjetividades, en el que la producción sentido desde significaciones sociales basadas en la identidad étnica ha planteado un antagonismo claro frente al proyecto civilizatorio moderno.

En el 2011 se reunieron en ese territorio representantes de los ocho pueblos indígenas reconocidos en Costa Rica y para el año 2012 recibieron a indígenas provenientes de México con la intensión de compartir experiencias étnicas en la defensa de sus territorios.

A MANERA DE CONCLUSIÓN: UNA REFLEXIÓN EN PROCESO SOBRE EL CONFLICTO INDIGENA EN COSTA RICA

Se trata de la multiplicidad de lugares desde donde se gesta un movimiento, se articula su composición, sale a la luz, una vez que se ha incubado en la sombra, en el silencio aparente de los rincones y de los márgenes. La forma molecular, cómo funciona su gestación y después su desplazamiento, es la condición de posibilidad existencial de la manifestación. (Prada, 2010, p.88)

Este análisis del conflicto social indígena se ha ubicado en el territorio como espacio-tiempo, esto es, sobre el territorio comprendido en su dimensión multidimensional y a partir de los intereses de los actores en disputa.

También ha decantado la fuente del conflicto o la raíz de las tensiones que, a partir del año 2010, han recrudecido en las llamadas reservas indígenas: tanto en su origen cultural, como negación de la identidad indígena, como en su base material, como resultado de nuevas formas y nichos de acumulación capitalista.

En este contexto, los nichos de acumulación capitalista posibles y emergentes enfrentan un límite cíclico y estructural en su proceso expansivo. Dicho límite tiene como frontera el agotamiento de los recursos naturales en el siglo XXI.

Esta dimensión explica la radicalidad de la represión en el territorio Salitre, así como explica la pérdida de legitimidad y tutela de los acuerdos jurídicos, nacionales e internacionales, que establecen un marco para la defensa de los territorios habitados por pueblos indígenas y que se reivindican en términos espaciales y temporales como expresión étnica identitaria.

La posición del Estado frente a las disputas por el territorio que involucran a comunidades indígenas y que tienen que ver directamente con el respecto de los derechos humanos, priorizan vías institucionalizadas como las ADI, DINADECO^xxviii y otros entes que forma parte de su entramado.

Sin embargo, la realidad organizativa de las comunidades indígenas está dividida alrededor de cuestiones de fondo y forma, sobre el camino que deben tomar para hacer respetar sus territorios frente al avance de la acumulación capitalista.

Las organizaciones no formales son y deben ser parte de la realidad del tejido comunitario, sin embargo, algunas de estas organizaciones han planteado rupturas^xxix frente a la intervención del Estado. Se trata de grupos que desarrollan valoraciones distintas sobre el conflicto, las cuales no solo se alejan de la vía institucional, sino que se encuentran enfrentados con esta.

El caso de la Autoridad Étnica Tradicional de Mayores en Salitre,^xxx denota otra mirada sobre el problema, diversa de la institucional y que obligaría al movimiento de recuperación de tierras a repensar la comunidad, en el sentido filosófico planteado por Prada (2010, p.33), no solo como institución social, sino sobre todo como sustrato ético. Así, la preocupación de los Mayores expresa una alianza comunitaria de otras y otros pobladores del territorio Salitre, que pone en discusión los valores con que debe enfrentarse el fenómeno de la desterritorialización. Ello por cuanto la misma inició desde el momento mismo de la llamada Conquista y ha sido un proceso sostenido con múltiples aristas y variables.

Repensar la comunidad y por ende el territorio en términos de la identidad étnica, remitiría en este caso (al igual que en el caso de Bolivia planteado por Raúl Prada (2010)) a comprender el carácter expansivo de la llamada globalización, la cual permite comprender la lógica de este proceso desterritorializador que sufren las comunidades indígenas.

En el caso de Salitre, la negación de la identidad broran (la cual ocupa parte de los territorios reclamados por bribris) tanto por parte de la ADI, como por parte del Estado, revela una arista compleja en el tejido comunitario indígena. Esto nos obliga a retomar no sólo los aspectos y alcances culturales de la problemática, sino a repensar cuál es la base material de la recuperación de territorios indígenas, especialmente en lo que tiene que ver con el tratamiento que se le debe dar a la gran, mediana y pequeña propiedad campesina.

Una alianza de los bribris con la étnia broran, permitirá la recuperación de un nosotras/os en el sentido comunitario. Al mismo tiempo, esto abonaría con más precisión a la posible constitución del sujeto social que da lugar a esta reflexión.

El proceso de blanqueamiento promovido desde el Estado, como movimiento que niega la identidad y derechos del indígena, también ha sido identificado y puesto en duda desde las acciones colectivas de resistencia puestas en marcha por las comunidades indígenas en cuestión (tomas de centros escolares por el respeto a las lenguas indígenas). Por ello es complejo que la ADI, como ente institucionalizado, defina en este conflicto ¿quién es indígena y quién no?

Si se pasa por alto el carácter parcializado del Estado, se debería incluir en esta discusión entre el Estado y las comunidades indígenas, algunos espacios para repensar este conflicto y en el caso de Salitre, identificar la gran propiedad como el centro para las medidas de reterritorialización. De esta forma, honraría el Estado los convenios internacionales que ha suscrito y retificado (ratificado).

La existencia al interior de territorio indígena de un campesinado que no se reivindica indígena, o que a pesar de alegarse indígena^xxxi no es reconocido ni por la CONAI, ni por la ADI en el Territorio de Salitre, debe ser analizada como una posible negación de la identidad indígena.

El Estado define interlocutores en el plano de las salidas institucionalizadas, sin embargo, en los tres conflictos territoriales analizados en este artículo, tales salidas no han conducido a la superación del conflicto. El doble papel que propone la institucionalidad frente a estos conflictos y episodios de resistencia, a saber, presentarse como ente neutral o mediador, al tiempo que articula formas de represión a favor de los intereses del capital, permite vislumbrar que el Estado costarricense se encuentra en una encrucijada de difícil solución, por no decir imposible.

El contexto del siglo XXI y la radicalización de distintas formas de acumulación de capital, sumado al carácter no neutral del Estado en estos conflictos, debería motivar una sería crítica respecto de las salidas institucionalizadas a las expresiones de resistencia por parte de identidades centradas en la etnia; caso contrario, el proceso de homogenización del territorio, tal y como lo concibe Raúl Prada (2010), continuará profundizando las tensiones en el seno de las comunidades indígenas, dificultando la posibilidad de generar una identidad colectiva cuyas acciones equilibren la propiedad comunitaria y las posesiones individuales (PRADA, 2010, p.71).

En todo caso, la discusión sobre el blanqueamiento desde el ejercicio hegemónico del Estado y como método de vaciamiento de los contenidos de la identidad indígena, ya forma parte del imaginario ético/estético que acompaña las tensiones de las que se ha ocupado este artículo.

Lo anterior en referencia a acciones colectivas por parte de indígenas térrabas, contra la escuela sikua^xxxii como fuente de socialización. De hecho, la toma de centros de educación secundaria para exigir el respeto de la lengua indígena, no es otra cosa que una expresión de la resistencia a la negación de la identidad indígena.

Así las cosas, en el conflicto de Salitre estaría a lugar el razonamiento de quienes alegan ser descendientes de indígenas y perdieron su identidad en un largo proceso de aculturación.

Empero, el argumento cultural debe ir aparejado a la base material de este conflicto y la respuesta del Estado debería estar influenciada (siempre y cuando el argumento que justifica al pacto social fuera real) por la relación entre la persona poseedora y el tamaño de la propiedad en la que produce y reproduce sus condiciones de vida, así como por su origen étnico.

La desterritorialización corresponde con el proceso de negación cultural que fomenta el desarraigo. Para el caso de Salitre, un sector de población mestiza a la que indígenas en disputa llaman sikuas, alega ser también de origen indígena. Sin entrar en la discusión de si estos últimos son o no son indígenas, esto se convierte en un escollo para la emergencia de un movimiento indígena que pueda interpelar al Estado como garante de la acumulación capitalista, así como a los sectores hegemónicos como socios de los llamados encadenamientos productivos, eslabones para la desterritorialización de las comunidades indígenas.

Las formas identitarias que han cobrado fuerza a partir de la defensa del territorio indígena en Costa Rica, han develado un interés del Estado por mantener un discurso vigente y contradictorio sobre los tratados, convenios y normas jurídicas que garantizan los derechos de las comunidades indígenas. Al mismo tiempo, la institucionalidad aclara que dichas comunidades no pueden colocarse en el mismo nivel que las naciones, en el sentido liberal que el discurso establece. Un discurso y sobre todo, una acción estatal a favor de la lucha indígena es ilusoria, dada la naturaleza y contexto de esta institución. Sin embargo, algunos discursos de acompañamiento^xxxiii de los procesos analizados, ponen muchas expectativas en las salidas negociadas con el Estado.

Este hecho podría acarrear frustración en agrupaciones que buscando adquirir el carácter de movimiento social requieren fortalecerse hacia adentro, así como la gestación de alianzas con otras etnias que protagonizan disputas por territorios frente al Estado y el capital. Sobre este punto es importante reconocer que en el territorio térraba se han hecho esfuerzos por la configuración de un sujeto social indígena, sin embargo, en la experiencia de otros movimientos indígenas, el ejercicio de reconstrucción permanente de la identidad en razón de la etnia, no puede ser una somera descripción impresionista de los visitadores o encargados de levantar informes (Prada, 2010, p.71).

El diálogo en las comunidades indígenas debe ser un hacia adentro, por lo menos en el momento de constitución de las agendas y sustrato ético de las acciones colectivas. Es precisamente aquí donde los procesos de acompañamiento pudieran apoyar en forma respetuosa los primeros diálogos, los cuales necesariamente deben gozar de autonomía respecto de cualquier ente institucionalizado.

Esta observación se funda en la importancia que tiene, para cualquier movimiento social, la identificación clara, nítida, del adversario, lo cual no puede darse en el proceso ambiguo que tienen el Estado y los distintos entes de acompañamiento aquí mencionados.

Es claro que este tipo de conflictos y acciones colectivas de resistencia revelan lo que podría ser la emergencia de un movimiento indígena en Costa Rica. Sin embargo, los procesos organizativos generados por las comunidades tradicionales son fragmentarios. Las posiciones en territorio térraba, por ejemplo, van desde el rechazo del proyecto hidroeléctrico, hasta quienes afirman la necesidad de poner condiciones para el desarrollo del mismo y otros que hablan de indemnizaciones para las y los indígenas afectadas/os. Así, la fragmentación corresponde con grupos con distintas formas de interpretar y enfrentar el conflicto, de valorar los territorios en disputa. Tal problema sólo puede ser solventado por la constitución de una temporalidad-espacialidad en el que prevalezca una ética/estética capaz de articular horizontes para la resistencia.

Los objetivos de esta incipiente articulación de comunidades en resistencia puede revelar la existencia de estructuras duraderas y autónomas que perduren en el tiempo y la geografía como un movimiento que disputa frente a la hegemonía y por ende, en forma particular frente al Estado-Nación^xxxiv, no sólo el derecho a sus territorios, sino la discusión sobre la viabilidad de la acumulación capitalista.

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Notas

Información adicional

Como citar: CASTRO, E. T. de. Comunidades tradicionales indígenas em Costa Rica: disputa por el território en el contexto del capitalismo tardío. R. Tecnol. Soc. v. 14, n. 30, p. 1-29, jan./abr. 2018. Disponível em: <https://periodicos.utfpr.edu.br/rts/article/view/5097>. Acesso em: XXX

Enlace alternativo

https://periodicos.utfpr.edu.br/rts/article/view/5097 (pdf)