INTRODUCCIÓN

La doble tragedia de los sancarlitanos: víctimas del conflicto y del desarrollo

Desde la década de 1960, la región del Oriente antioqueño comenzó a tomar relevancia dentro del panorama económico departamental y nacional; la creación de la autopista Medellín-Bogotá, la construcción del aeropuerto internacional José María Córdoba y la planeación del territorio con una zona de embalses y con un sector industrial en la zona del altiplano, cambiaron las dinámicas sociales y económicas de la región. El desarrollo revistió de una nueva significación al oriente de Antioquia debido a su "relocalización" como punto de anudamiento nacional e internacional (García y Aramburo, 2011, p. 48), sin embargo, al mismo tiempo dio pie a problemáticas sociales y ambientales que motivaron la emergencia de movimientos sociales que cuestionaban los emprendimientos de desarrollo impuestos en la región. Adicionalmente, el reposicionamiento del oriente atrajo también la atención de diferentes actores del conflicto armado nacional, para quienes la región se convirtió en un fortín estratégico tanto por su ubicación geográfica como por sus recursos hídricos, desatando una guerra en medio de la cual la principal afectación recayó en los habitantes locales inermes.

En San Carlos, el desarrollo y el conflicto armado han sido dos experiencias estrechamente relacionadas, no solo porque una y otra se han sucedido en tiempo y espacio, sino porque ambas pueden ser interpretadas como expresiones de violencia, en la medida en que representan las disputas de intereses externos sobre el territorio, que han dejado como consecuencia la vulneración de derechos sociales, especialmente de poblaciones rurales.

A pesar de que en la actualidad la violencia armada ha cesado en el municipio y existe un panorama nacional en el que se intenta transitar hacia la paz y hacia la construcción de políticas de posconflicto, no se puede desconocer que debido a la persistencia de proyectos de desarrollo en los que intereses económicos y políticos se privilegian sobre derechos colectivos y de medio ambiente, se da lugar a un tenso escenario social en el que el ciclo de la violencia amenaza con repetirse.

El presente artículo da cuenta de un ejercicio de reflexión derivado de la investigación realizada en el municipio de San Carlos entre los años 2016 y 2017 por integrantes del grupo de investigación RESODES de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en conjunto con la Red Interuniversitaria de Universidades por la Paz (REDIPAZ). Recoge reflexiones en torno a la problematización de la diada desarrollo y violencia a partir de la experiencia histórica y del contexto presente de las comunidades rurales del municipio de San Carlos.

METODOLOGÍA

La investigación se realizó a manera de estudio de caso, en el que se recurrió a técnicas como la observación participante, grupos focales y entrevistas a la población rural del municipio, quienes han sufrido los estragos de la violencia del conflicto, los impactos socioambientales de los proyectos hidroeléctricos que operan desde hace más de tres décadas en su territorio y que hoy, frente a la proyección de nuevas intervenciones de megaproyectos hidroeléctricos, se han movilizado en defensa del territorio y en rechazo de un modelo de desarrollo del cual se ven excluidos. La aproximación realizada, valga aclarar, no asume el caso de San Carlos como aislado, sino que, por el contrario, este se relaciona como expresión de un modelo de desarrollo más amplio que ha operado en Colombia desde hace décadas y que reconfigura los territorios mediante diferentes tipos de violencia, respecto a los cuales las comunidades y movimientos sociales hoy se resisten e intentan replantear desde otras alternativas.

Para el análisis propuesto es importante tomar como base las discusiones teóricas planteadas desde diferentes autores latinoamericanos en torno a las críticas al desarrollo, en especial se toman en consideración los planteamientos elaborados desde la crítica post-estructuralista de Arturo Escobar, quien a lo largo de su obra intelectual se ha enfocado en evidenciar la manera en que la idea de desarrollo, en cuanto "régimen de representación" (Escobar, 1999, p. 43), ha facilitado los procesos de dominación sobre países latinoamericanos, por lo menos desde la post-segunda guerra mundial; pues la idea de desarrollo que empieza a predominar en el mundo desde entonces impone una forma occidental de concebir y direccionar las relaciones sociales y con el entorno: "el individuo racional, no atado ni a lugar ni a comunidad; la separación de naturaleza y cultura; la economía separada de lo social y lo natural; la primacía del conocimiento experto por encima de todo otro saber" (Escobar 2010, p. 22), perspectiva que de acuerdo con el autor es funcional al modelo económico capitalista actual, que genera desigualdades y exclusiones y que sería contrapuesta a visiones de mundo propias de los pueblos latinoamericanos.

En esa misma línea, se toman también como referencia los aportes de Eduardo Gudynas, quien ha puntualizado más esa crítica al desarrollo en relación al modelo extractivista que hoy predomina; el autor considera que las economías nacionales que son volcadas a la explotación masiva de sus riquezas naturales incursionan de manera subordinada en la economía global, obteniendo mínimos beneficios económicos y, en cualquier caso, asumiendo los máximos costes (Gudynas 2013; 2015); la minería a gran escala genera daños ambientales irreversibles, las hidroeléctricas cercenan la vida de los ríos, los monocultivos a gran escala eliminan la heterogeneidad ecológica y las formas de vida de comunidades locales son puestas en segundo plano. Y en este punto, la violencia no se ejerce apenas desde lo representacional, sino que se sirven de violencia fáctica dado que implica la apropiación de los bienes comunes por el capital, el uso de la fuerza armada (legítima e ilegítima), el desplazamiento de comunidades y despojo de sus bienes, entre otras muchas vulneraciones, todo lo cual ha llevado a una crisis social y ambiental que hoy pone en riesgo la vida misma. Ante ese panorama incierto, tanto Escobar como Gudynas plantean la necesidad de pensar en tránsitos a otras formas de economía que los autores denominan como postdesarrollo o postextractivismo, alternativas que hoy aparecen en iniciativas sociales de base étnica y territorial, mediante la reivindicación de las formas propias de habitar los territorios. Esa relación tensa, y en buena medida violenta, entre la visión desarrollista del territorio y la visión alternativa de las comunidades está en el centro del caso que es objeto de reflexión en éste artículo.

En ese sentido, el texto inicia con una contextualización sobre las configuraciones territoriales que ha generado el conflicto colombiano y sus transformaciones en relación a la ruralidad, así mismo se da cuenta de la forma como el modelo de desarrollo nacional y el auge extractivista han devenido también en formas de violencia que exacerban las condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones rurales víctimas del conflicto y sus territorios. Luego de ese marco general se realiza una breve historiografía sobre la violencia del conflicto y la violencia del desarrollo que han tenido lugar en el territorio sancarlitano, señalando las conexiones entre ambos tipos de violencia y también destacando el papel positivo que han tenido los movimientos sociales de la región quienes hoy buscan la reivindicación de sus derechos territoriales y la no revictimización.

La disputa por los territorios en el conflicto armado colombiano

El territorio es una categoría de análisis fundamental para comprender tanto la forma diferencial como se ha desenvuelto el conflicto en las regiones del país y las dinámicas socio-espaciales que este ha propiciado, así como también es una categoría que permite destacar las resistencias que las poblaciones han generado como alternativas a las dinámicas exógenas que los violentan y como una defensa primordial de su identidad, del entorno y de la vida.

Más que aludir al espacio geográfico y físico, el concepto de territorio refiere a las relaciones de poder, de apropiación, de pertenencia y de representación que los sujetos desarrollan respecto a un espacio determinado (Pérez-Martínez, 2004, pp. 63-65). En esa medida, las configuraciones territoriales no pueden ser interpretadas de una manera homogénea ni estática en el tiempo, dado que estas se definen por los consensos o disputas desarrollados entre los diferentes sujetos que interactúan, sus visiones, intereses y acciones. En el caso particular de Colombia, las configuraciones territoriales de las regiones en las últimas décadas se han dado en medio de tensiones al respecto entre actores del conflicto armado, el Estado y las comunidades.

Tal como se expresa en el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV, 2015), uno de los aspectos en que existe más consenso entre los académicos es la alusión al tema de tierras o el "problema agrario" como una de las causas estructurales que dieron origen al conflicto armado interno y que explican su persistencia. Bien sea que se ubique sus inicios a partir de las disputas de tierra en las primeras décadas del siglo XX, bien en el período de la "violencia bipartidista" entre 1946 y 1958, o a partir del surgimiento de las guerrillas de "primera generación" -FARC, ELN y EPL- en la década de 1960, la cuestión agraria ha estado presente como motivo de disputa entre los grupos insurrectos de base rural y el Estado, siendo un tema que hasta ahora no ha sido resuelto.

Históricamente Colombia se ha caracterizado por la desigualdad en la propiedad de tierra, lo que se explica por la confluencia de distintos factores, como los señalados en el informe "Tierra y conflictos rurales" del Centro Nacional de Memoria Histórica (2016); parte de una distribución desigual de tierras desde la misma época colonial que dio lugar a una minoría de élites terratenientes y a una cantidad masiva de campesinos sin propiedad, se relaciona también con políticas estatales respecto a la asignación de baldíos que no sólo no resolvieron el problema, sino que continuaron favoreciendo esa concentración de la propiedad y, finalmente, el problema se ha incrementado a causa de las dinámicas del conflicto armado (CNMH, 2016, pp. 263-286).

A pesar de los diversos intentos desde algunos gobiernos por crear reformas rurales no solo para una redistribución más equitativa, sino también para la búsqueda de la modernización del campo, estas han sido infructuosas por diversas razones; en un primer momento por la oposición de terratenientes tradicionales que entraron en confrontaciones violentas con campesinos reclamantes, en segunda instancia por las contrarreformas impulsadas por grupos de interés político y económico (Pérez-Martínez, 2004), y en últimas, por el fracaso generado con la ampliación de la frontera agrícola sin acompañamiento institucional a esos procesos de colonización. De manera que los intentos de reforma agraria no solo no tuvieron éxito, sino que dieron pie a retrocesos en los que la concentración de tierras aumentó (CHCV, 2015, p. 15). Adicionalmente, es importante señalar que no solo se trata del tema de propiedad de la tierra, sino también de la planeación del Estado respecto a sus usos y la implementación de modelos político-económicos que han dado pie a la exclusión de comunidades campesinas.

De manera que las condiciones de desigualdad social en los territorios rurales atizaron en buena medida el conflicto armado, y así mismo el desarrollo del conflicto generó transformaciones radicales en las conformaciones territoriales. Hasta la década de 1970, el conflicto se concentró en algunas regiones periféricas del país (GMH, 2013, p. 127) con motivaciones fundamentalmente agrarias y a través de disputas territoriales muy localizadas, en las cuales los grupos insurgentes utilizaron la estrategia de creación de "zonas liberadas" y foquismos (GMH, 2013, p. 126). Pero desde la década de 1980 hay unas transformaciones en las dinámicas del conflicto, dadas por la emergencia de nuevas guerrillas y de grupos paramilitares, por una mayor apertura de la economía al mercado internacional y por el comienzo del auge del narcotráfico; ya no es apenas el asunto de la tierra, sino de disputas por los recursos explotables de las regiones y por la expansión del dominio territorial.

La coca se tornó en el combustible de la guerra para las guerrillas y para los grupos paramilitares, pues a través de esa economía ilegal se fortalecieron sus estructuras. De otro lado, la adopción de los modelos de desarrollo económico incentivó una mayor presencia del Estado en las regiones estratégicas para la explotación de recursos exportables. Los actores del conflicto en ese nuevo contexto direccionaban sus enfrentamientos con miras a procurar el control territorial no sólo en el sentido espacial, sino económico y social. A partir de entonces, y de acuerdo con los análisis de Salas-Salazar (2015, 2016), se da una expansión geográfica del conflicto en territorios de valor estratégico

bien sea por ser un corredor de movilidad, por configurarse en una zona de protección y/o retaguardia por las características geográficas y ambientales, o por significar su control una posibilidad para la obtención de fuentes económicas; o todas o algunas combinaciones de las anteriores (Salas-Salazar, 2016, p. 52).

Todo ello llevó entonces a un incremento en la intensidad de las confrontaciones, a mayores estragos ocasionados y a cambios en las dinámicas económicas y sociales de las regiones.

Los territorios y las poblaciones han quedado sujetas a las intervenciones de unos y otros actores y a su imposición sobre la vida social y natural. Las cifras de la Unidad de Víctimas reportadas en la Red Nacional de Información develan que hasta 2018 Colombia alcanzó un total de 8.376.463 personas víctimas del conflicto (registradas), de las cuales 7.134.646 corresponden a desplazamientos forzados (RNI, 2018). En efecto, esto evidencia las dimensiones del despojo en Colombia y los estragos de un conflicto que ha dejado tierras sin campesinos, muchas de las cuales han quedado bajo el control de los grupos armados para el cultivo de coca y el desarrollo de otras economías ilícitas, así como también es innegable que en otras ocasiones esas tierras han terminado siendo adquiridas por "terceros oportunistas"; en el informe "Tierras y conflictos rurales" queda en evidencia, por ejemplo, cómo empresarios de la industria de palma de aceite, a partir de su vínculo con grupos paramilitares, acabaron adquiriendo los predios abandonados o vendidos a la fuerza de los campesinos, para la instauración los monocultivos en regiones como el Bajo Atrato chocoano, y en diferentes municipios de los departamentos del Cesar, Bolívar y Magdalena (CNMH, 2016, pp. 567-468). La participación y responsabilidad de grupos económicos nacionales y extranjeros es una de las aristas sobre el conflicto colombiano que está todavía pendiente por esclarecer más ampliamente.

Por su parte, las poblaciones rurales que no optan por el desplazamiento y resisten en sus territorios subsisten en los márgenes; bien sea vinculados, por necesidad o por presión, como mano de obra en esas economías que se imponen en los territorios (ilegales, como el cultivo de la coca, o legales, de las empresas que se instauran) o resistiendo en difíciles condiciones a partir de economías propias.

En síntesis, las desigualdades en la propiedad de la tierra, la forma como el Estado ha dispuesto sus usos, los intereses de grupos armados y de esos "terceros oportunistas" no han estado en concordancia con las visiones propias de las poblaciones locales, comunidades rurales en particular. Por el contrario, continúan dando lugar a diferentes tipos de violencias en las cuales la principal afectada acaba siendo la población civil rural. Y esas violencias no pueden ser interpretadas apenas como la expresión del conflicto bélico, sino también, como plantean Montañés-Serrano y Ramos-Muslera (2012), entendiéndolas en su sentido estructural, cultural y de participación; en el sentido en que los estragos del conflicto sobre los territorios propician el cambio y el deterioro de las formas de vida comunitarias, la pérdida de autonomía, pocas posibilidades de participación y autodeterminación, la vulneración de derechos sociales e incluso su exterminio. Todo ello no apenas como un hecho del pasado o de un conflicto ya superado, pues los asesinatos a líderes sociales, como reclamantes de tierras (en procesos de restitución), defensores de derechos humanos y ambientalistas, continúan siendo una constante aún después de la firma de los acuerdos de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano; las cifras de asesinatos de líderes sociales en los años 2016 y 2017 ascendieron a 289 casos (González-Perafán y Delgado-Bolaños, 2018).

Adicionalmente, a pesar de que los acuerdos contemplan la posibilidad de generar la tan postergada reforma rural integral, esta puede verse amenazada también por leyes que generan contrarreformas y por un modelo de desarrollo estatal que continúa siendo excluyente; la ley 1776 de 2016 ZIDRES (Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social) ha generado una gran controversia, pues está direccionada a favorecer la concentración de tierras en grandes empresas para explotación de terrenos a gran escala y no a una redistribución de la mismas sobre la base de una economía campesina familiar y comunitaria como se planteaba en los acuerdos (Díaz-Bohórquez, 2018).

El desarrollo extractivista en Colombia

En las últimas décadas las economías de diferentes países latinoamericanos han asistido a la proliferación de emprendimientos extractivistas, modelos que por sus características en la comercialización y por los impactos sociales y ambientales que generan han dado pie a un fuerte debate respecto a su conveniencia. Gudynas (2015, p.14) define el extractivismo como la apropiación y explotación intensiva de recursos naturales que son extraídos en gran volumen, poseen poco o ningún procesamiento industrial y se direccionan fundamentalmente a la exportación. Las economías nacionales sufren, en consecuencia, una especie de reprimarización, en la medida en que no se centran en una producción industrializada sino en el aprovechamiento de la materia prima, de la riqueza natural que poseen los territorios. Y aunque esa explotación de la naturaleza no es nueva en el continente, la diferencia radica en la intensidad, en el papel que entra a jugar el capital financiero y en los cambios que eso genera no solo en las economías nacionales, sino también en relación a los territorios; Miller Dussan explica esa nueva condición:

No se trata simplemente de un regreso al sector primario de la economía. La financiarización de la naturaleza hace referencia a los títulos de propiedad sobre los patrimonios naturales, es decir, la mercantilización y privatización de los bienes naturales con la estandarización de precios, la transformación de dichos bienes en activos financieros (sujetos de transacción en bolsa y a mercados especulativos de carácter internacional). Dicha financiarización implica el control político de los territorios, muchas veces asegurado con estrategias de militarización que no participan del circuito de producción y son de origen transnacional (Dussan-Calderón, 2017, p. 30).

Todo ello genera implicaciones que pueden ser evaluadas en diferentes ámbitos y escalas. Se debe considerar que el extractivismo funciona a partir de un modelo económico de enclave, en el que no se generan articulaciones con otras cadenas industriales o comerciales nacionales, los in-sumos técnicos y tecnológicos generalmente son importados (Gudynas, 2013, p. 9); en esa medida, los emprendimientos extractivistas no dinamizan la economía nacional en general y tampoco son grandes fuentes generadoras de empleo. Sumado a ello, la economía queda sujeta a grandes riesgos y volatilidad debido a la dependencia del mercado financiero internacional. El extractivismo conlleva, además, a una pérdida de soberanía territorial debido a la mencionada tendencia a la privatización en la que empresas privadas nacionales y multinacionales se apropian de tierras y recursos. El Estado, en últimas, pasa a ser garante de la inversión extranjera y acaba adoptando características de estado corporativo (Harvey, 2007) y no de un estado social de derecho.

Otras consecuencias se viven más fuertemente en los territorios, en la medida en que los proyectos extractivos modifican sustancialmente las relaciones de las poblaciones con su entorno, propiciando cambios en el medio natural que afectan sus formas de habitar y sus economías de autosustento, incluso, la instauración de los megaproyectos extractivistas llegan a ocasionar procesos de desplazamiento y desarraigo. En efecto, estos emprendimientos generan mucha resistencia y por lo general se imponen por encima de la voluntad de las poblaciones locales, son proyectos no consultados que poseen débiles mecanismos de compensación, en donde a pesar del "embrujo corporativo" (Dussan-Calderón, 2017) -la promesa del progreso y de las retribuciones económicas a municipios y poblaciones- no se consigue retribuir los daños ambientales, sociales y culturales generados. En términos generales, un sinnúmero de vulneración de derechos de poblaciones rurales se desencadena a partir de los emprendimientos extractivistas.

Es importante señalar también que el extractivismo impacta negativamente el medio ambiente con un "efecto derrame" (Gudynas, 2015) y en cadena que tiene implicaciones más allá de lo local. El extractivismo se centra en la explotación de recursos que, en su mayoría, son no renovables y se agotan cada vez más por causa del aprovechamiento intensivo, generando una afectación al patrimonio natural de la humanidad (p. 18). A su vez, en la medida en que los recursos se hacen más escasos y su extracción es más compleja, se hace uso de técnicas sofisticadas que crean mayores impactos, como el es caso del fracking para la extracción de hidrocarburos. Incluso la creación de grandes obras de ingeniería que requieren algunos emprendimientos, como en caso de presas e hidroeléctricas, generan un conjunto de cambios acumulativos con efectos locales y globales, como la emisión de gases efecto invernadero, la pérdida de bosques y de biodiversidad, entre otras consecuencias irreversibles (Comisión Mundial de Represas, 2000, p. 95).

En Colombia el extractivismo ha cobrado auge desde hace más de tres décadas, al punto que uno de los temas en que más se enfatiza en el último Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 (DNP, 2014), es el fortalecimiento de la economía minero-energética direccionada a la explotación de minerales, petróleo, agua para la generación de energía, monocultivos para la producción de biocombustibles, entre otros. El aprovechamiento al máximo potencial de los recursos naturales renovables y no renovables es la estrategia económica planteada para conseguir la financiación de planes y programas públicos (p. 109).

En razón a ello, institucionalmente se ha creado todo el marco normativo que permite privilegiar la explotación económica intensiva del territorio sobre la preservación ambiental y los derechos de comunidades rurales. El mecanismo de declaratoria de utilidad pública e interés social dispuesto en la vigente ley de minas 685 de 2001, expresamente deja abierta la posibilidad legal para que las tierras susceptibles de explotación minera sean expropiadas, propiciando, en ese sentido, el despojo de tierras de comunidades campesinas. El informe especial de Naciones Unidas sobre medio ambiente y paz en Colombia subraya su preocupación respecto a esta ley y su aplicabilidad en el contexto de pos-acuerdos, pues un 80 % de los municipios mayormente afectados por el conflicto social armado interno tienen títulos mineros y buena parte de ellos cuenta con más del 40 % de su territorio titulado (Naciones Unidas Colombia, 2015, p. 70). En ese sentido, la política del desarrollo minero-energético, tal como está planteada, puede ser un obstáculo para el restablecimiento de derechos de víctimas del conflicto.

Pero el tema es todavía más complejo, pues además del extractivismo legal, en el país existe también un extractivismo ilegal -que va desde la explotación minera, pero donde se puede incluir también el cultivo y procesamiento de hoja de coca- relacionado a la criminalidad y a la presencia de diferentes actores armados como paramilitares, guerrillas y delincuencia común armada. En efecto, este tipo de extractivismo está sujeto a todavía menos regulaciones ambientales, no genera recursos para el Estado por pago de impuestos o regalías y da pie a más confrontaciones armadas y hostigamientos sobre las comunidades, pues los grupos ilegales se disputan el control de la población, el territorio y las rentas (Ulloa y Delgado, 2016, pp. 16-17).

En ambos casos, tanto la minería legal como la criminal, se opera desde lo que Gudynas (2013) ha definido como "violencia extrahectivista" (p. 11), en la medida en que se da una apropiación agresiva y desmesurada de recursos naturales y, en ambos casos, se rompe el marco de derechos de la Naturaleza y de las comunidades. Esto mismo es resaltado por Harvey (2007, p. 165-167) a partir del concepto de "acumulación por desposesión", con el cual subraya que esas formas de economía son la expresión de procesos neocoloniales en que el beneficio acumulativo de unos pocos se privilegia a costa del despojo de poblaciones campesinas y de la mercantilización de la naturaleza.

Lo anterior permite entender de una manera más amplia las formas como se expresa la violencia en Colombia. Plantea mayores retos para la superación de los conflictos sociales, frente a los que se hace necesario afrontar el dilema de cómo resolver el problema de las desigualdades en el campo, la protección de recursos y derechos de comunidades étnicas y campesinas, en un contexto en que predomina un modelo de desarrollo por parte del Estado que no las contempla y en donde todavía grupos armados continúan disputando y aprovechando economías ilegales.

Una breve historiografía de la violencia del conflicto armado y la violencia del desarrollo en San Carlos

La llegada de las hidroeléctricas y el surgimiento del movimiento cívico

San Carlos, Antioquia, es reconocido por ser uno de los municipios en que el conflicto armado interno colombiano ha ocasionado mayores estragos. El período de 1997 a 2005 fue el más álgido de infracciones al derecho internacional humanitario y violaciones de derechos humanos a los habitantes del municipio por parte de diferentes actores del conflicto como guerrillas, paramilitares y las propias fuerzas del Estado. Se cometieron asesinatos selectivos, masacres, reclutamientos forzados, lesiones y muertes por minas antipersona, entre otros crímenes (GMH, 2011, p. 40) que motivaron también el desplazamiento forzado, llegando a una cifra alarmante de más de un 70 % de la población del municipio que se vio obligada a dejar sus tierras y a migrar hacia ciudades próximas.

Pero, aunque el conflicto en San Carlos se acentuó con más fuerza en ese periodo, se hace necesario entender los antecedentes y expresiones de la violencia que comenzaron a tener lugar en el municipio unas décadas antes y que se relacionaron con la reconfiguración territorial y la importancia geoestratégica que adquirió la región a partir de proyectos de desarrollo.

Hasta la década de 1960 el oriente de Antioquia no tenía mayor relevancia en la economía departamental ni era objeto de mayores intervenciones estatales. Sin embargo, esa situación cambió a partir de la búsqueda de expansión industrial del Valle de Aburrá que comenzó a desplazarse hacia el oriente del departamento, sumado a la conexión con el comercio nacional e internacional dadas con la construcción de la autopista Medellín-Bogotá y del aeropuerto internacional José María Córdova. Adicionalmente, en las décadas de 1970 y 1980 tuvo lugar la construcción en la región de grandes obras hidroeléctricas como parte de una apuesta nacional de desarrollo que procuraba el abastecimiento de energía del país a través de la creación de empresas estatales de energía, esto, entre otras cosas, representó un endeudamiento nacional significativo con entidades financieras extranjeras como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (Olaya, 2012, p. 68).

De esa manera se instauraron proyectos hidroeléctricos en el municipio de Guatapé y posteriormente en San Rafael, San Roque y San Carlos con las centrales San Carlos, Calderas, Jaguas, Playas y sus respectivos embalses, obras que si bien cobraron una gran relevancia nacional dado que entraron a abastecer más de un 30 % de la energía eléctrica consumida en el país, y si bien algunos municipios del altiplano obtuvieron un crecimiento económico y social gracias al proceso de industrialización (García y Aramburo, 2011, p. 49), en la zona de embalses no sucedió de la misma manera: las hidroeléctricas en el Oriente antioqueño fueron realizadas como una incursión exógena de proyectos de desarrollo sobre el territorio en los cuales no hubo consentimiento ni participación por parte de los habitantes y sin que ello redundara en un mejoramiento en la calidad de vida local. Por el contrario, se generaron significativas afectaciones en las comunidades que habitaban las zonas donde fueron construidos los embalses y las centrales eléctricas; desarticulación social, impactos ambientales, cambios en los usos del suelo y en las economías locales de auto-sustento, así como también se dio inicio al fenómeno de desplazamiento de la población.

Es de resaltar, en ese sentido, que los problemas de desarraigo de los habitantes de San Carlos comenzaron antes de la época de conflicto social y armado, teniendo como antecedente la construcción de estos primeros proyectos hidroeléctricos, a causa de los cuales se calcula que aproximadamente 2.700 personas se vieron obligadas a vender sus predios y abandonar su territorio (GMH, 2011, p. 51).

Más aún, en general no se puede hablar de compensaciones por los daños ocasionados, ni una participación incluyente en los beneficios económicos o sociales del "desarrollo"; en el caso particular de San Carlos, la población que tuvo que salir de sus tierras para la construcción de las obras no fue reubicada en otros lugares, las empresas realizaron compras de predio individual a precios amañados y con presiones sobre campesinos para obligar la venta de sus tierras, en general, no hubo acompañamiento a la población y la mayoría de personas acabaron sumidas en la pobreza (pp. 51-54). Incluso quienes lograron permanecer en el territorio, adaptando su vida a las nuevas condiciones ambientales y sociales creadas por las hidroeléctricas, tampoco obtuvieron un mejoramiento en sus condiciones de vida, por el contrario, paradójicamente percibieron un incremento en los costos de los servicios públicos e incluso algunos no tenían conexión eléctrica, factores que reforzaban los sentimientos de inconformidad y oposición de los locales con los proyectos de desarrollo que no los beneficiaban.

Todo esto suscitó la movilización de las comunidades afectadas, dando pie al "Movimiento cívico del oriente antioqueño", el cual surgió coyunturalmente a manera de protestas ciudadanas por el alza en las tarifas de servicios públicos, pero que poco a poco tuvo eco en los diferentes municipios del Oriente antioqueño y amplió las razones de su movilización. Para algunos analistas, el movimiento cívico creó una nueva subjetividad social (García y Aramburo, 2011, p. 51), un sentido de lugar y de territorialidad a partir del cual se cuestionaban las políticas desarrollistas nacionales y se reivindicaban los derechos de las poblaciones locales. La "región oriente" surge, entonces, como factor de identidad de estas comunidades y ese sentido alcanza una gran relevancia entre los ciudadanos de los diferentes municipios que la conforman, a tal punto que alcanzó a convertirse en las décadas de 1980 y 1990 en una importante fuerza política regional independiente, consiguiendo incluso representación entre concejales y alcaldes locales.

A pesar de que las manifestaciones fueron realizadas por la ciudadanía, como parte de acciones legítimas de organización social, de protesta y dentro del marco de la legalidad, el movimiento cívico de oriente fue fuertemente estigmatizado y reprimido por parte del Estado. Simultáneamente, fuerzas ilegales comenzaron a atentar contra este movimiento con amenazas, asesinatos selectivos de los principales líderes, y masacres a la población civil, como la acontecida en San Carlos en 1985 donde fueron acribilladas 30 personas (Olaya, 2017, p. 138). Bajo esas circunstancias, el movimiento cívico logró mantenerse como tal hasta finales de la década de 1990, pues las continuas intimidaciones, la negligencia del Estado para proteger a la población civil y la incursión de actores del conflicto armado interno nacional, que comenzaron una disputa por el control de este territorio, acabaron por extinguir lo que habría sido el movimiento social más importante del municipio de San Carlos y del Oriente antioqueño, movimiento que cuestionó la forma de planeación económica de la región y exigió mayor inclusión y poder de decisión de la población en las políticas de Estado que los afectaba directamente.

Guerra y desplazamiento masivo, el ascenso del conflicto armado

La relevancia que adquiere la región del Oriente antioqueño en la economía nacional, a partir de los proyectos de desarrollo instaurados, generó nuevas dinámicas territoriales y atrajo la atención de los diferentes actores del conflicto. Las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) centraron sus acciones en ganar un control territorial, pero también en aprovechar el carácter geoestratégico del oriente para generar un impacto nacional. De ahí que además las extorsiones, secuestros, asesinatos, uso de minas antipersona y amedrentamientos tanto a la población como a las autoridades civiles locales, fuesen característicos también los ataques a la infraestructura eléctrica de la región que abastecía entonces una parte considerable de la energía del país, así como también buscaron el control de la autopista como corredor importante de comunicación entre regiones (GMH, 2011, pp. 69-73).

Esa avanzada de los grupos guerrilleros fue contenida por fuerzas del Estado en simultáneo con la incursión paramilitar. Si bien se instauró una base militar del Ejército nacional al lado de la Central hidroeléctrica San Carlos, se hicieron algunas acciones militares contrainsurgentes y se comenzó con un estricto control a la población civil, el Ejército fue pasivo y permisivo con respecto a las acciones paramilitares. Estos últimos emprendieron una fuerte ofensiva contra los grupos guerrilleros, pero más que el enfrentamiento directo, usaron como estrategia el amedrentamiento a la población mediante masacres, asesinatos selectivos o "muertes ejemplarizantes" (p. 134) para infundir temor y así eliminar cualquier tipo de apoyo o relación de la población con estructuras insurgentes. Entre 1998 y 2005 en San Carlos se dio el paso de la hegemonía guerrillera a la paramilitar.

La población civil quedó, entonces, en medio de la disputa de intereses de los diferentes grupos armados. La importancia del municipio de San Carlos como eje hidroeléctrico de desarrollo recaía así como una maldición que atrajo los intereses de extraños sobre el territorio, quienes ocasionaron graves rupturas en el tejido social, con la desaparición y asesinato de habitantes y un éxodo de la mayoría de la población del municipio; centenares de campesinos abandonaron sus tierras, rompiendo sus vínculos sociales, sus formas de subsistencia y sus lazos territoriales.

Esta situación comenzó a menguar apenas entre 2005 y 2007, luego de negociaciones de paz del gobierno nacional con grupos paramilitares y la desmovilización de algunas de sus estructuras, incluidos los bloques que operaban en San Carlos¹. Desde entonces comenzó el proceso de retorno al municipio de los campesinos que se habían desplazado, a partir de programas institucionales como "Alianza Medellín-San Carlos" y posteriormente procesos de reparación con la ley de víctimas y restitución de tierras 1448 de 2011, que han ubicado a San Carlos como el municipio piloto para aplicación de normatividad de pos-conflicto, principalmente en lo que tiene que ver con procesos de retorno. Con todo, se debe reconocer que más que lo institucional, han sido fundamentalmente los procesos de resistencia y la capacidad de organización de la misma población los que han permitido la reintegración al territorio y la recuperación en parte de sus proyectos de vida (Villa-Gómez e Insuasty-Rodríguez, 2016).

Aprendizajes y nuevas formas de resistencia: El río Samaná y la defensa de la vida

Existe en los sancarlitanos un profundo sentimiento de arraigo con respecto a su territorio, lo que ha justificado su resistencia y la decisión de retornar al municipio, aún después de haber sido víctimas de tragedias inenarrables. Esa resistencia y la capacidad de organización comunitaria tienen todavía más mérito en la medida en que la búsqueda por reestablecer sus proyectos de vida, con la recuperación de sus tierras, sus economías y sus vínculos comunitarios no ha estado exenta de dificultades. En primer lugar, porque los proyectos de "desarrollo" con las hidroeléctricas y el conflicto armado generaron cambios drásticos en la conformación de la población, en la economía, en las formas de organización social e incluso una ruptura en la transmisión de los saberes entre generaciones, causada por los años que vivieron como desplazados y las nuevas relaciones culturales en que creció la última generación.

Un segundo aspecto que dificulta ese restablecimiento de derechos de la población se relaciona a las intervenciones del Estado para la reparación de las víctimas del conflicto del municipio, que se ha enfocado principalmente en el aspecto económico individual, dejando de lado otras dimensiones importantes de la reparación integral, como la atención psicosocial, la recuperación de proyectos de vida colectivos, incluso el mismo tema de restitución de tierras que ha sido atendido de forma incompleta. Dichas políticas no se han centrado en la recuperación del tejido social desde un sentido colectivo (Villa-Gómez e Insuasty-Rodríguez, 2016).

La tercera dificultad se relaciona con las desavenencias que sostiene la población con respecto a los proyectos hidroeléctricos ya instalados y los nuevos que se proyectan construir en el municipio. Con respecto a los proyectos anteriores, las comunidades continúan sin recibir compensaciones en materia de infraestructura, salud, educación, vías de acceso a las veredas, entre otros aspectos básicos, lo que permite establecer que este tipo de emprendimientos no responden ni benefician a las necesidades locales. Incluso se puede argüir que tampoco responden a intereses nacionales y estatales, sino cada vez más al capital privado y extranjero; ISAGEN, la empresa generadora y comercializadora de energía, propietaria de las principales centrales hidroeléctricas del municipio, dejó de ser una empresa pública en 2016 y fue vendida a la multinacional Brookfield Asset Management, lo que ratifica la incursión del interés del capital extranjero en la producción de energía del país, acorde a las dinámicas de la política económica nacional extractivista.

La planeación de nuevos emprendimientos hidroeléctricos de capital privado en la región, como el proyecto Porvenir II, que intervendría el río Samaná Norte y generaría una inundación de aproximadamente 1100 hectáreas, son percibidos como "amenazas" por parte de la población, no sólo por la mencionada experiencia con otros proyectos, sino porque desde el proceso de licenciamiento se han presentado irregularidades en los estudios ambientales y no se ha contado con el consentimiento y participación de las comunidades. El principal temor que tienen los campesinos y pescadores de la región es que pueda repetirse la vulneración de sus derechos y se dé pie también a un nuevo ciclo de violencia.

Las nuevas proyecciones del Estado y las empresas sobre el municipio y sus recursos suponen, en ese sentido, retos adicionales para los pobladores en sus intentos de reestablecerse en el territorio, panorama frente al cual el legado de los procesos autónomos de organización de las comunidades continuará siendo esencial. La población se ha reorganizado, en parte por las mismas razones que motivaron años atrás al movimiento cívico: la exigencia de la autonomía y participación en la toma de decisiones sobre los proyectos establecidos en el territorio. Pero sumado a esa experiencia como movimiento y a la de su resistencia como víctimas del conflicto, las nuevas expresiones de movilización social apelan también a una resignificación del territorio y de la vida.

Desde el 2012, cuando la empresa Celsia comenzó los procesos legales para el licenciamiento del proyecto hidroeléctrico Porvenir II, las comunidades de los corregimientos rurales de Samaná, Puerto Garza y el Jordán se comenzaron a articular en "mesas de concertación" con el fin de llegar a acuerdos con la empresa respecto a formas de compensación a las comunidades por los impactos sociales y ambientales que generaría el proyecto. Sin embargo, al no encontrar respuestas satisfactorias por parte de la empresa, los líderes comunitarios comprendieron que la interlocución no debía ser con la entidad privada, sino con el Estado, legítimo garante de los derechos de las comunidades. Con un proceso de ensayo y aprendizaje comenzaron a recurrir a diferentes mecanismos de participación ciudadana: cabildos abiertos, asambleas, audiencias públicas, derechos de petición, acciones populares y otras estrategias con las que buscan recuperar la autonomía local. Así, pasaron de ser mesas de concertación, par autodefinirse desde 2016 como "Mesas por la defensa del Agua, la Vida y el Territorio de San Carlos". Desde entonces inició también un proceso de articulación con otros colectivos del Oriente antioqueño, de comunidades rurales y ambientalistas de diferentes municipios que de forma generalizada se han visto afectadas también por proyectos de desarrollo extractivistas.

Este movimiento en San Carlos se erige así desde la reconfiguración de una nueva "subjetividad" territorial y en ella se identifican al menos cuatro elementos estructurantes:

1. 1. El arraigo: existe un sentido de pertenencia entre las comunidades rurales del municipio que alude a la tierra, a las raíces ancestrales, los lazos de parentesco, las relaciones de solidaridad y la forma de organización comunitaria propia. La experiencia que tuvieron como desplazados en otros municipios terminó por reafirmar ese apego al territorio entre los habitantes, pues la mayoría de ellos no se adaptaron completamente a las ciudades a que migraron ni a las dinámicas urbanas; sufrió discriminación y estigmatización, no encontró alternativas económicas adecuadas, hubo pérdida de valores culturales y una gran incertidumbre por el legado que dejaría a las nuevas generaciones. La determinación de los habitantes de volver al municipio fue una decisión por recuperar sus formas de vida y reafirmar su identidad ligada al territorio. La negativa de las comunidades a vender los predios hoy recuperados obedece a esa resistencia a quedar definitivamente desarraigados; sin vínculos, sin raíces, sin identidad.
2. 2. La reivindicación de las formas propias de habitar el territorio: la pesca, la minería artesanal, el aprovechamiento de material de playa, la agricultura y la pequeña ganadería, se plantean como las formas económicas que históricamente han garantizado el bienestar colectivo de estas poblaciones. Debido a que los proyectos de desarrollo a partir de hidroeléctricas no han generado soluciones que garanticen el mejoramiento real de la calidad de vida de las comunidades rurales de San Carlos, se tiene como eje de la movilización social la reivindicación de ese conjunto de prácticas económicas que ha permitido por décadas el autosustento de las comunidades, las mesas plantean el fortalecimiento de estas prácticas ancestrales y la posibilidad de abrir las puertas también a otras opciones que representen menos impactos ambientales y mayores beneficios a la población, como podrían ser el turismo ambiental y comunitario.
3. 3. La naturaleza en el centro de la movilización: el río Samaná se ha tornado en la causa común que une a las comunidades de los diferentes corregimientos del municipio. Luego de la intervención en los demás ríos de la región, el Samaná es actualmente el único afluente que permanece libre de represas. Los lugareños han unido fuerzas a una causa común que se sintetiza en la consigna "yo soy Samaná", eslogan bajo el cual refieren a esa relación simbiótica que sostienen con el río. Este es reconocido como "el patrón", revestido por un reconocimiento como "sujeto" natural que provee el sustento para pescadores y campesinos; el patrón permite el ejercicio del trabajo, determina las temporadas altas de pesca, es el que posibilita la minería y da el recurso hídrico para la agricultura y la ganadería. El Samaná hace parte también de la espiritualidad de las comunidades, quienes con ofrendas y oraciones manifiestan un profundo respeto por el río y un compromiso de conservación del mismo, la conservación del Samaná garantiza así mismo la existencia de las comunidades. Esa importancia del río se ha tornado en una defensa por la vida mucho más amplia, pues debido a la biodiversidad que alberga, con una gran variedad piscícola y de plantas reófitas únicas en el mundo (Bernal, 2017), la defensa del Samaná se ha extendido más allá del municipio y hace parte de las causas de ambientalistas nacionales e internacionales que pretenden emprender una búsqueda de declaratoria como patrimonio cultural de la humanidad para garantizar su protección y conservación.
4. 4. La recuperación de las tradiciones culturales: "La fiesta del bocachico" es un evento cultural realizado anualmente en el corregimiento de Puerto Garza para celebrar la temporada de "subienda", el momento del año en que se presenta la mayor abundancia de este pez y que se concibe como el tiempo del "maná ribereño". Este espacio reafirma y reivindica la importancia del río en la cultura local, durante una semana las comunidades se congregan a las orillas del Samaná para pescar, realizar actividades de esparcimiento y recreativas, así como también es una de las principales épocas de comercialización para los pescadores, dado que llegan comerciantes de municipios cercanos a comprar el pescado. Las fiestas del bocachico han sido tomadas como uno de los símbolos del movimiento creado desde las mesas, pues se entiende que un río represado es un río muerto y es desde la celebración de la vida y desde las expresiones culturales donde se ratifica el rechazo al desarrollo extractivista.

CONCLUSIONES

Derechos de comunidades rurales, reparación y no repetición

La forma como se han instaurado los proyectos extractivistas hidroeléctricos en el municipio de San Carlos ha afectado las condiciones de vida de sus comunidades rurales, tornándose en una forma de violencia que se suma a la violencia del conflicto armado que padeció el municipio hace algunos años. La instauración de nuevos proyectos hidroeléctricos en la región, con la amenaza de un nuevo desplazamiento para una parte de estas comunidades y la modificación de las formas de habitar el territorio para las demás, no sólo dificulta el restablecimiento de derechos para las víctimas del conflicto, sino que las coloca en una nueva situación de vulnerabilidad, en una revictmización dada ya no por causas del conflicto, sino por la violencia del desarrollo.

El movimiento social despertado en San Carlos en torno a la defensa del río Samaná, hace parte de una sensibilidad en los movimientos sociales que han empezado a surgir en Latinoamérica, nuevos movimientos que responden fundamentalmente a una base étnica y territorial y cuyas razones de reivindicación giran en torno a la defensa de los bienes comunes y de la vida, que se han erigido como una respuesta a la devastación social y natural generada por los proyectos económicos extractivistas (Seoane, 2006, pp. 89-94).

El tema de la planeación del territorio es un punto crucial en la búsqueda de paz y en ello deben confluir modelos que permitan reducir la desigualdad social y que garanticen los derechos de poblaciones rurales, especialmente en donde el conflicto ha tenido mayores expresiones. La participación de las mismas comunidades en la decisión sobre la planeación de su territorio es fundamental, incluyendo esos "territorios de diferencia", como entiende Arturo Escobar (2014), como una nueva racionalidad ontológica que plantea el restablecimiento de las relaciones entre la naturaleza y los seres humanos, con el objeto de construir mundos sustentables (pp. 90-94).

Lo aprobado en los recientes acuerdos de paz en Colombia, con miras a resolver esas problemáticas, no puede ser obstaculizado por políticas estatales contradictorias que tienden a repetir el histórico proceso de contrarreformas que han impedido los cambios necesarios en lo rural, el Estado debe estar a la altura de lo que el momento histórico del país y los procesos de cambio social demandan. Deben existir, en ese sentido, las garantías para las poblaciones que buscan el restablecimiento de sus derechos y que esperan poder materializar finalmente lo que en los acuerdos de paz han sido definidos como planes de desarrollo con enfoque territorial, lo cual contribuye a garantizar la no repetición de las diferentes expresiones de violencia que han tenido lugar en San Carlos.

REFERENCIAS

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Notas