INTRODUCCIÓN

El Catatumbo:

Es un territorio (...) rico en recursos naturales que comparte frontera con Venezuela, históricamente marginado por el Estado. Algunos de los rasgos de este escenario, coinciden con la descripción que Johan Galtung hace de los espacios afectados por una condición de violencia estructural, en la que los individuos son abandonados “en un estado permanente y no deseado de miseria, que por lo general incluye la malnutrición, con un desarrollo intelectual menor, y enfermedades, que comporta también una menor esperanza de vida (Galtung, 2016, p. 153).

Atendiendo este marco, se entiende la necesidad de una revisión de las dinámicas de violencia presentes en El Catatumbo y, a la luz de la compleja interacción de los factores que generan la inestabilidad, en el presente artículo se realiza una caracterización desde la óptica de la violencia estructural, teniendo en cuenta, además de los aportes de Galtung, el concepto desarrollado por La Parra & Tortosa (2003), quienes la definen como la “situación (...) que compromete las oportunidades de bienestar, identidad y/o libertad de las personas, de donde se originan condiciones de injusticia social, desigualdad, inequidad, pobreza o exclusión social” (p. 61), sin desconocer la importancia de otros tipos de violencia, algunos desarrollados por Galtung, como la violencia directa o la violencia cultural, las cuales interactúan con la violencia estructural tal y como lo describe el autor al plantear la existencia del triángulo de violencia en el que estos tres tipos se impactan mutuamente (García González, 2014). Además, para definir un marco desde el punto de vista cronológico, el énfasis de la recolección de información se concentra en el periodo comprendido entre los años 2010 y 2018, pero incluye aspectos históricos relevantes que tienen importancia para comprender la situación existente en la zona objeto de estudio.

Inicialmente, debe tenerse en cuenta que El Catatumbo es una región de Norte de Santander, integrada por los municipios de Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, El Tarra, Tibú, San Calixto, Hacarí, La Playa y Sardinata (Molina & Ramírez, 2017, p. 10), en la que se ubican 151.906 habitantes que representan el 11,2% de la población del departamento (PNUD, et al., 2015). Es importante aclarar que, ocasionalmente, algunas fuentes no incluyen a los municipios de Ábrego y Sardinata como parte de El Catatumbo; sin embargo, en general, los diez municipios en mención son reconocidos como parte de esta región. Este territorio ha tenido un complejo proceso de poblamiento: Ocaña, la ciudad más importante, fue fundada en el siglo XVI y goza de una situación socioeconómica aceptable (Federación Colombiana de Municipios, 2018); posteriormente, durante el final del periodo colonial, se formalizaron paulatinamente las municipalidades de Hacarí, El Carmen, Teorama y Ábrego, y luego en el siglo XIX lo hicieron Convención y San Calixto (Pabón Villamizar, 2017). Con ello la población penetró en la zona en una serie de eventos que el CINEP (2016) ha llamado la primera ola colonizadora de El Catatumbo (p. 16).

Figura 1
Mapa de El Catatumbo
Molina & Ramírez. (2017). Consecuencias del conflicto armado, los cultivos ilícitos y la agricultura extensiva en la zona del Catatumbo entre 1990 y 2016. Pág. 11. https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1126&context=maest_gestion_desarrollo

Paulatinamente, el Estado ha ido adoptado decisiones que facilitan el distanciamiento entre población y la institucionalidad. En algunos casos la distancia entre el centro poblado y el límite norte de algunos municipios, que además corresponde a la frontera con Venezuela, puede llegar a los 100 kilómetros, 80 de los cuales carecen en absoluto de vías de comunicación (Instituto Nacional de Vías (INVIAS), 2018). Esta condición deriva en la absoluta ausencia de autoridades civiles en esos territorios a los que, como institución, únicamente accede el Ejército Nacional. De hecho, en 1880 el General Virgilio Barco Martínez realizó una exploración a la parte interna de El Catatumbo. Esta campaña fue financiada por el Gobierno gracias a la cercanía que existía entre el General Barco y el General Rafael Reyes Prieto y representa, en términos simples, la primera incursión del Estado Colombiano sobre este territorio (Gutiérrez, 2016, p. 97). Sin embargo, no fue el interés y empoderamiento del Estado, sino los intereses económicos y comerciales del General Barco los que cambiarían la situación de El Catatumbo, gracias al descubrimiento del petróleo. Barco Martínez, consciente de la importancia de este recurso mineral, logró en 1905 una concesión del Estado colombiano para iniciar el proceso de extracción y procesamiento del hidrocarburo hallado en El Catatumbo, la cual fue puesta en marcha en 1931 por las empresas Colombian Petroleum Company, Colpet, y la South American Gulf Oil Company, ambas filiales de la Gulf Oil Company (Burgos González, 2006, p. 400).

Producto de esto, la bonanza petrolera llevó a la segunda ola de poblamiento de El Catatumbo (Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), 2016), dando paso a la fundación de diversas poblaciones entre las que se destacan el corregimiento de Petrólea y las poblaciones que algunas décadas después serían reconocidas como los municipios de Tibú y El Tarra (Pabón Villamizar, 2017). La dinámica petrolera fue interpretada como una importante fuente de empleo, por lo que muchos colombianos y extranjeros se desplazaron a esta región; sin embargo, no todos los trabajadores que llegaron accedieron a los empleos ofrecidos por la industria petrolera. En consecuencia, los individuos que no encontraron trabajo en las empresas se instalaron en los terrenos baldíos, ocasionando la “ocupación de tierras y la explotación de los recursos naturales de la región” (Ramírez et al., 2017, p. 13).

Incluso las condiciones en las que se dio esta fase de poblamiento definieron una narrativa: la concesión Barco y la llegada de compañías petroleras han sido catalogadas como fuente de inequidad por el impacto que ha tenido el desarrollo de esta actividad extractiva en El Catatumbo (Avellaneda Cusaría, s.f.). Además, brindó argumentos a actores antagónicos al Estado, que criticaron el compromiso gubernamental de “darle soporte y seguridad a las inversiones y a ese tipo de contratos, [con] leyes que le daban lineamientos a las Fuerzas Armadas para asegurar la paz en esos territorios, con el objetivo de salvaguardar los intereses de las compañías extranjeras” (Ramírez et al., 2017, p. 14).

Finalmente, en la década de 1980 (Centro de Investigación y Educación Popular, 2016) se da la última de las olas colonizadoras en El Catatumbo, en esta oportunidad motivada por una dinámica ilegal: el cultivo de hoja de coca y la consecuente producción de cocaína. En este periodo se da también la llegada de diversos actores armados como el ELN, el EPL y las FARC (Centro de Memoria Histórica, 2017). Una vez más se da un proceso de poblamiento sin el control del Estado y, peor aún, con el propósito de evadir la acción del mismo, convirtiendo a El Catatumbo en una región productora de cocaína; de esta forma la ilegalidad, la falta de presencia estatal, la ubicación geográfica de la región y los parajes inhóspitos que la integran han hecho de El Catatumbo una de las zonas con mayor concentración de cultivos ilícitos del país (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), 2018, p. 54).

De la misma manera, al final de la década de los noventas llegarían las autodefensas ilegales, dando inicio a un periodo violento, pleno de masacres, enfrentamientos y actos criminales perpetrados por todos los actores irregulares: “El Catatumbo se convirtió en el epicentro de la más brutal confrontación armada que hasta el momento se hubiera vivido en la región” (Ramírez et al., 2017, p. 30). Entre los años 2004 y 2006, el Gobierno Nacional firmó un acuerdo con los grupos de autodefensas ilegales facilitando su desmovilización (Valencia Agudelo, 2007, p. 160); de forma simultánea, el Gobierno condujo un esfuerzo militar importante sobre esta región; finalmente, desde finales de 2016, el Gobierno de Juan Manuel Santos implementó un acuerdo de paz con las FARC luego de haber iniciado una negociación con el ELN a mediados del mismo año (Fundación Ideas para la Paz, 2018).

Pese a estos esfuerzos, hoy en día El Catatumbo es una de las regiones con mayor inestabilidad en el país, con presencia de diversos grupos armados, epicentro de múltiples delitos, muchos con efectos más allá de nuestras fronteras, impactando en los ámbitos social, político e internacional, aspectos que pueden ser atribuibles a las condiciones iniciales de violencia estructural que afectan a las comunidades allí ubicadas y la incapacidad estatal para ocupar el territorio. Los factores que podrían generar la inestabilidad son susceptibles de caracterizarse usando como referencia los conceptos de Johan Galtung (2016), apoyando el marco con las ideas desarrolladas por La Parra & Tortosa (2003), para que sus estudios desde la óptica de la violencia estructural se constituyan en un esfuerzo por develar la complejidad de la problemática y brindar una visión profunda, aprovechando, además de la bibliografía existente, la experiencia de agentes de inteligencia que han desarrollado actividades en cubierto en esa región.

METODOLOGÍA

La investigación corresponde a un estudio de caso sobre la región de El Catatumbo, cuya problemática de inestabilidad generada por la violencia constituye un objeto de estudio válido en tanto su revisión aporta información de interés para comprender la problemática allí existente, la cual se replica, con algunas diferencias, en otras regiones del país. El estudio se realiza a partir de un marco conceptual definido en el amplio espectro por las ideas que Johan Galtung (2016) ha desarrollado en su teoría de resolución de conflictos sobre la violencia estructural, y de manera particular por los estudios que Daniel La Parra y José Tortosa (2003) han realizado al respecto.

El objetivo del proceso es lograr una caracterización de las condiciones de violencia que originan, generan o facilitan la situación de inestabilidad existente en El Catatumbo a partir de una revisión de diversas fuentes, incluida bibliografía especializada, informes oficiales y entrevistas. Esta caracterización procura lograrse estudiando las características de la violencia que se presenta en la región, originada en la falta de presencia estatal y las condiciones de vulnerabilidad social a las que se encuentran expuestas las comunidades, sobre la hipótesis que existen dinámicas complejas que motivan la permanente situación de alteración del orden público y agitación social, las cuales no han sido debidamente documentadas, con lo que se comprometen las posibilidades de solución del problema.

La recolección de información se enfocó, de una parte, en la revisión bibliográfica de textos de carácter académico, informes realizados por institutos de investigación dedicados al estudio del conflicto e informes realizados por instituciones oficiales. También se incluyen algunas fuentes de orden periodístico que, pese a que carecen de rigor académico, en ocasiones son los únicos registros disponibles de hechos cuya inclusión resulta de vital trascendencia para la caracterización que se procura.

De otra parte, se realizaron 10 entrevistas semiestructuradas en profundidad a agentes y analistas de inteligencia con experiencia laboral en El Catatumbo. Estas fueron realizadas teniendo en cuenta que su conocimiento del área, su interacción con la sociedad residente allí y su contacto con los actores ilegales, debido al desarrollo de tareas de inteligencia encubierta, se constituyen como experiencias relevantes para el desarrollo de la caracterización. Las entrevistas fueron documentadas con previo compromiso de mantener la reserva de los funcionarios, varios de los cuales aún se dedican a este tipo de actividades, razón por la cual los nombres que se utilizan para hacer referencia a ellos han sido cambiados. Debe resaltarse que la visión de los entrevistados tiene una connotación particular por reunir las perspectivas de los miembros de la Fuerza Pública, debido a que se trata de agentes o analistas de inteligencia, sujetos sociales por haberse desarrollado como tal y de manera directa en el contexto de El Catatumbo, y como participantes con acceso a las dinámicas de violencia por haber tenido contacto con estas y con actores que las ejecutan explícitamente en esa zona del país.

Acto seguido, la información recolectada, tanto de las fuentes bibliográficas como de entrevistas, fue reinterpretada en un lenguaje común, actividad que incluyó la transcripción de los registros de audio en los que consta la recolección de información entre los agentes y analistas de inteligencia; de esta forma se logró la consolidación de un bloque de información útil para el subsiguiente proceso. Luego, mediante el uso del software Atlas TI, se realizó la codificación de la información teniendo en cuenta los tres macro-conceptos establecidos durante la formulación del marco teórico; este ejercicio permitió la identificación de las categorías de análisis, además de la valoración de su densidad y grado de fundamentación que sugieren su nivel de relevancia. Posteriormente, se realizó un proceso de análisis de relación determinando el tipo de vinculación existente entre conceptos. Finalmente, se procuró la interpretación de la información y su estructuración a través de un informe de investigación, en este caso, a través del presente artículo.

Desarrollo del tema

Para gestionar el desarrollo económico, político y social, ejercer soberanía, hacer uso del monopolio natural de la fuerza, facilitar la construcción de la ley, garantizar la administración de justicia, liderar el proceso educativo, velar por el cumplimiento de las responsabilidades tributarias de los ciudadanos y asegurar el uso adecuado y eficiente de los recursos públicos, se requiere de la presencia de la institucionalidad nacional en todo el territorio. De igual manera, se requiere que las instituciones locales y regionales representen legítimamente al Estado. No obstante, en El Catatumbo hay unas “condiciones de aislamiento de orden político, económico y social (...) y ello posibilita la presentación y el desarrollo de ciertos fenómenos que están relacionados con expresiones de violencia” (Participante 7, comunicación personal, 30 de mayo de 2018).

Esta situación de aislamiento se da por diversas razones; pese a que El Catatumbo es una región muy rica desde el punto de vista natural -el Parque Nacional Natural Catatumbo Barí, con 158.125 hectáreas es considerado una de las zonas con las mayores riquezas naturales del país (PNUD, et al., 2015, p. 13) - cuenta con una situación geográfica distante, derivada del planteamiento geopolítico del Estado colombiano, lo que ha dificultado su conexión con el resto del territorio nacional. Como lo explica James Robinson (Fundación Ideas para la Paz, 2013), los actores políticos centrales han delegado el control de estas regiones a cambio de réditos políticos, lo que crea un vacío de poder y facilita la aparición de dinámicas irregulares. El Catatumbo es “una región inhóspita (.) una de esas regiones que están en la periferia” (Participante 10, comunicación personal, 10 de junio de 2018) sin un control real del Estado, sin continuidad respecto al resto del territorio, carente de vías de comunicación adecuadas, configurándose como uno de los que Carlos Álvarez (2017) llama espacios vacíos (p. 312) que escapan al control efectivo del poder central.

De otro lado, el aislamiento ha sido perpetuado por la equívoca implementación de políticas estatales, algunas producidas a partir de la malinterpretación de postulados que propenden por la protección de las comunidades indígenas, instituidos en la Constitución Política de Colombia (1991), principalmente en sus artículos 246 y 330. Hoy se sufren los efectos de posiciones que han sugerido la protección de estas comunidades como sinónimo de aislamiento; como lo explica un especialista en inteligencia militar: “en El Catatumbo existen zonas a las que, por ser territorios indígenas, se restringe el acceso a la Fuerza Pública” (Participante 6, comunicación personal, 28 de mayo de 2018). Esta situación cobra gravedad si se tiene en cuenta que son estas instituciones las únicas con la capacidad de hacer presencia en zonas tan aisladas como las Reservas indígenas Motilón-Barí y La Gabarra-Catalaura (Molina & Ramírez, 2017, p. 12), territorios considerables que cuentan con una extensión de 109.000 y 13.300 hectáreas respectivamente, ubicados en jurisdicción de los municipios de Convención, Teorama, El Tarra y Tibú (PNUD, et al., 2015, p. 13). Estas condiciones dificultan el cumplimiento de las funciones del Estado, máxime cuando en El Catatumbo no existe una gestión estatal integral, necesaria para construir una situación de bienestar social. Por ejemplo, la gestión estatal en favor de estas comunidades indígenas, cuya población se estima para el departamento en 5579 individuos (Ministerio de Cultura, s.f.), se restringe a jornadas de apoyo cívico-militar adelantadas por la Trigésima Brigada, en las que los militares prestan servicios sanitarios, de recreación y apoyo alimentario. Estas jornadas son aceptadas y aprovechadas por los indígenas que acuden a las mismas, pero que exigen la salida de los soldados una vez finalizan (Participante 4, comunicación personal, 26 de mayo de 2018); en consecuencia, estas actividades no tienen un impacto en el largo plazo, además de representar un riesgo por la presencia de grupos armados, cuyas acciones suponen una amenaza no solo para los soldados, sino también para los miembros de las comunidades: los integrantes de estas agrupaciones ilegales han asesinado a líderes de la comunidad como Obeb Dora, William Badjicarora (Ministerio de Cultura, s.f.), o el cacique Leonardo Catsú, cuyo homicidio, ocurrido este año, ha sido atribuido por los propios indígenas al ELN (Semana, 2018).

Además, el carácter transitorio de la presencia de las Fuerzas Militares en estos territorios es favorable a los intereses económicos de los criminales, quienes fomentan los cultivos ilícitos, principalmente de hoja de coca, cuya extensión en la Reserva Indígena Motilón-Barí fue recientemente calculada en 189,28 hectáreas y en 29,66 hectáreas en la Reserva Indígena Gabarra- Catalaura (UNDOC, 2018, pp. 161-162) de un total de 28.244 hectáreas ubicadas en el departamento (UNDOC, 2018). En consecuencia, la incapacidad de instituciones distintas a las Fuerzas Militares para llegar a estas regiones, el carácter transitorio de la presencia militar, las políticas que limitan el acceso, permanencia y operatividad de la Fuerza Pública y la presencia sostenida de actores irregulares, han facilitado que territorios sean “cooptados por grupos al margen de la ley” (Participante 6, comunicación personal, 28 de mayo de 2018), facilitándoles “el control sobre estas áreas” (Participante 2, comunicación personal, 25 de mayo de 2018), afectando de manera permanente a los pobladores con las dinámicas de violencia propias de la ejecución de actividades criminales como el narcotráfico. De esta forma se evidencia la existencia y simbiosis de rasgos explícitos de violencia estructural y violencia de origen criminal.

Sin embargo, más allá de los territorios indígenas, en El Catatumbo la incapacidad estatal para hacer presencia integral es generalizada. Incluso, la gestión de la Fuerza Pública, baluarte estatal en la región, tiene severas limitaciones. En el caso del Ejército, el control efectivo del territorio se ha convertido en un objetivo secundario, puesto que la mayor parte de las tropas “se han concentrado sobre el trazado del oleoducto [Caño Limón Coveñas]” (Participante 8, comunicación personal, 6 de junio de 2018) que atraviesa la región de oriente a occidente, con el fin de evitar atentados con explosivos contra el mismo. Esta situación impide la confrontación de los grupos al margen de la ley puesto que, una vez empiezan a desplegarse las tropas, los integrantes de estas organizaciones vuelan el oleoducto pues, al hacerlo, las unidades militares son obligadas a replegarse y generar las condiciones de seguridad para repararlo (Participante 10, comunicación personal, 10 de junio de 2018).

Estas responsabilidades para la Fuerza Pública, que tienen su origen, como se mencionó, en las condiciones iniciales de implementación de la Concesión Barco, se han mantenido a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el año 1996, la función documentada del Batallón de Contraguerrillas No. 46 era la de asegurar las actividades de las compañías petroleras, con la misión específica de brindar seguridad a un tramo de 185 km del oleoducto Caño Limón-Coveñas (Ramírez et al., 2017, p. 27), misión que se explica atendiendo al impacto económico y ambiental que los ataques contra la infraestructura han tenido y tienen.

Si el ELN vuela el tubo, representa parar el bombeo por días. Parar ese bombeo representa para el Estado dejar de percibir una infinidad de plata. Entonces, desde los ministerios de Minas y de Hacienda presionan para que se garanticen las condiciones de bombeo (Participante 10, comunicación personal, 10 de junio de 2018).

Los grupos armados ilegales, conscientes del daño económico que causan al Estado, atentan permanentemente contra esta infraestructura, generando, además, un considerable daño ambiental. El crudo derramado “contamina las fuentes de agua, la fauna y la flora” (Participante 5, comunicación personal, 26 de mayo de 2018), “el derrame tiene serias consecuencias ecológicas” (Participante 10, comunicación personal, 10 de junio de 2018) que afectan la calidad de vida de las comunidades; así, existe una relación entre el accionar de los grupos criminales y unas consecuencias de orden ambiental que vulneran la calidad de vida y oportunidades de las comunidades, agravando las condiciones de violencia social que afectan a los ciudadanos. Además, existe otra relación contradictoria y autodestructiva que generan las desfavorables condiciones que sufre la comunidad de El Catatumbo. En algunas oportunidades, los ataques con explosivos perpetrados por los terroristas contra la infraestructura petrolera cuentan con el apoyo de la población que habita la zona específica donde se ejecuta el atentado, debido a que si durante los ataques se

derrama crudo y el derrame afecta ciertas casas o veredas, Ecopetrol va y le da una retribución económica por los daños a esas familias (...) por los daños a sus tierras y a sus cultivos (...), cuando hay una abolladura, la mano de obra para el arreglo (...) tiene que salir de ahí, (...) Ecopetrol tiene que contratar a los pobladores (Participante 10, comunicación personal, 10 de junio de 2018).

Lo que convierte estas acciones criminales en el origen de una oportunidad de empleo para los residentes, carentes de fuentes de trabajo y ubicados en su mayoría en un rango de edades de entre los 15 y los 64 años, es decir, en edad de trabajar -63.95% de la población que habita los municipios que hacen parte de El Catatumbo se encuentra en este rango de edad de acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en el año 2018 (DANE, 2019) (Ocaña 67.79%, El Carmen 61.55%, Convención 62.43%, Teorama 61.7%, El Tarra 67.17%, Tibú 64.19% , San Calixto 61.98 %, Hacarí 61.43%, La Playa 63.8%, Sardinata 67.55%)- por lo que la prevención y neutralización de esta problemática se presenta como una tarea realmente compleja para las Fuerzas Militares.

Además, aunado a las dificultades que tiene el Ejército para cubrir de manera integral el territorio, para las autoridades policiales resulta también difícil asegurar el imperio de la ley y el orden en la región. En municipios como El Tarra, Teorama, Convención, Hacarí, San Calixto o Tibú, la Policía Nacional, con excepción de algunas unidades eventualmente comprometidas en procesos de erradicación de cultivos ilícitos, limita su “presencia [a] los cascos urbanos” (Participante 6, comunicación personal, 28 de mayo de 2018), dentro de los cuales restringe sus movimientos a las cercanías de las estaciones: los policías “no pueden salir con libertad [ya que] son hostigados constantemente” (Participante 2, comunicación personal, 25 de mayo de 2018) o sufren atentados en los cuales han perdido la vida varios policías (Verdad Abierta, 2016), con lo que se compromete el derecho que tiene la ciudadanía a disfrutar de unas condiciones de seguridad adecuadas.

Figura 2
Mapa de El Catatumbo con densidad poblacional
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; Agencia Nacional de Hidrocarburos; Ministerio del Interior; Ministerio de Minas. (2015). Diagnóstico socioeconómico del departamento de Norte de Santander. p. 32. https://dokumen.tips/documents/diagnostico-socioeconomico-del-departamento-de-norte-de-santander.html

De esta forma se compromete la efectividad de una estrategia que implique un tratamiento explícitamente militar y policial para superar las condiciones de inestabilidad en El Catatumbo, ya que incluso el cumplimiento de las funciones asociadas a la seguridad es limitado y la complejidad del escenario exige la participación integral del Estado para afrontar las diversas dinámicas de violencia. Erróneamente, “el gobierno, cree que la solución es mandar al soldado que es de fácil adaptabilidad” (Participante 3, comunicación personal, 26 de mayo de 2018). Esta óptica da continuidad a la falta de presencia integral del Estado e impide que este pueda garantizar los mínimos vitales a la población (Participante 6, comunicación personal, 28 de mayo de 2018). Así, se prolongan rasgos negativos contra los que las tropas difícilmente pueden realizar algún tipo de gestión, como la vulnerabilidad social y un alto índice de necesidades básicas insatisfechas que afectan a más del 50% de la población en 8 de los 10 municipios de El Catatumbo (Durán, 2017, p. 24).

En consecuencia, la falta de presencia institucional compromete el bienestar integral de la población de El Catatumbo; el Estado “ha sido insuficiente para cubrir la demanda de necesidades, sobre todo en bienes y servicios para los habitantes” (Participante 7, comunicación personal, 30 de mayo de 2018). Por ejemplo, la cobertura en servicios esenciales como la salud es deficiente: en los cascos urbanos de varios municipios se cuenta únicamente con un puesto de salud, obligando a que cualquier emergencia de mediana o gran complejidad pueda ser atendida únicamente en las grandes ciudades del departamento. De esta manera, “si a un habitante de El Catatumbo ubicado en la vereda Culebrita [en jurisdicción del municipio de El Carmen] le muerde una serpiente, su atención tendría que darse en el municipio Ocaña (... y ese trayecto le puede significar hasta ocho horas de camino” (Participante 6, comunicación personal, 28 de mayo de 2018) debido a la distancia y a las condiciones de las vías, lo que compromete la vida de los ciudadanos.

Figura 3
Red vial de El Catatumbo y territorios circundantes
Instituto Nacional de Vías. (07 de mayo de 2020). Mapa de carreteras. https://hermes.invias.gov.co/carreteras

De otra parte, la cobertura en educación es también deficiente; en las áreas rurales únicamente hay cobertura de básica primaria o, en el peor de los casos, no hay escuelas. La infraestructura educativa y el número de docentes son insuficientes; “en las veredas se ven escuelas muy pequeñas, con un solo profesor que dicta [clase] a todos los niños de primero a quinto, y que carece de los medios para [impartir] una buena educación” (Participante 4, comunicación personal, 26 de mayo de 2018), también “hay regiones en las que existe la construcción, la escuela, pero no hay maestros” (Participante 9, comunicación personal, 8 de junio de 2018). Las instituciones de educación básica mejor dotadas se ubican en “los centros poblados y en algunos corregimientos, pero los niños [que habitan las áreas rurales] deben caminar una, dos y hasta tres horas para poder asistir” (Participante 5, comunicación personal, 26 de mayo de 2018); además, en materia de educación media, la propia falta de cobertura, al igual que la acción de los grupos armados, comprometen el acceso de los estudiantes; el propio Gobierno admite que la cobertura en educación media en el departamento apenas llega al 70%, debido, entre otras causas, al “reclutamiento forzado o voluntario de jóvenes a los grupos armados” (PNUD, et al., 2015, p. 52). De igual manera, en lo que atañe a la educación superior, la cobertura en la región de El Catatumbo, con excepción de Ocaña, es inexistente, por lo que “para acceder, los jóvenes tienen que desplazarse hasta esta ciudad, Pamplona o Cúcuta” (Participante 2, comunicación personal, 25 de mayo de 2018).

También, en materia de infraestructura vial, existe una gran deficiencia: la ausencia de vías y la situación de abandono en la que se encuentran las existentes son condiciones que comprometen el desarrollo. Esta debilidad se observa incluso en la periferia de El Catatumbo. La vía de mayor importancia en la zona, categorizada como de primer orden a nivel nacional, es la carretera Cúcuta-Ocaña-Aguachica (Instituto Nacional de Vías, 2018); este corredor vial “que debería ser una verdadera troncal por unir a Venezuela con la costa atlántica colombiana es una vía en muy malas condiciones” (Participante 6, comunicación personal, 28 de mayo de 2018). Respecto a las vías de acceso a la región, la única de interés nacional que penetra en la zona más inestable de El Catatumbo es la que permite el acceso desde Ocaña hasta el casco urbano de Convención (Instituto Nacional de Vías, 2018); desde allí inicia otra vía que permite atravesar la región, corredor que se encuentra fuera del inventario nacional a pesar de constituir el principal medio de acceso a diversos corregimientos y la principal ruta de conexión entre las municipalidades de Convención, El Tarra y Tibú. Además, desde la mencionada vía Convención-Tibú se desprende una maraña de caminos que interconectan las áreas rurales más próximas, a las que se puede acceder en motocicleta o a bordo de vehículos tipo campero.

Lastimosamente, estas vías no se encuentran pavimentadas y representan demasiados riesgos en temporadas invernales (Participante 5, comunicación personal, 26 de mayo de 2018), ocasionando que el movimiento desde la parte interna de El Catatumbo hacia la capital del departamento o hacia Ocaña se dificulte sustancialmente. Además, en la medida en que se trate de territorios alejados de la vía Convención-Tibú, existen áreas en las cuales “los campesinos tienen que ir a caballo o a pie porque no entran vehículos” (Participante 6, comunicación personal, 28 de mayo de 2018). Hay otras regiones, principalmente al norte del área rural de los municipios de El Carmen, Convención, Teorama y El Tarra, en las que no existe absolutamente ningún tipo de infraestructura vial y el único corredor del que se escucha hablar, porque es utilizado por los grupos al margen de la ley para movilizar estupefacientes, es la llamada trocha indígena que permite el paso desde el norte del área rural del municipio de El Carmen hasta el norte de Tibú, frontera con Venezuela, en un recorrido que dura varios días.

Producto de esto se derivan varias consecuencias: por un lado, las condiciones de la infraestructura vial tienen efectos importantes en la gobernabilidad, puesto que limitan las posibilidades de acceso del “Estado con todas sus instituciones; por otro lado [impide que] la gente se movilice hacia afuera para (...) acceder a la salud, a la educación o a los elementos básicos que requieren” (Participante 4, comunicación personal, 26 de mayo de 2018). Así, la falta de cobertura en salud, educación e infraestructura básica se complementa con la dificultad para movilizarse y cubrir estas necesidades en los centros urbanos que circundan la región. Esta situación deja a la población en una condición de abandono, expuestos a diversas dificultades que limitan su desarrollo intelectual y comprometen su salud.

De igual manera, la situación de la infraestructura vial existente en El Catatumbo imposibilita, por los elevados costos de transporte y por el tiempo requerido para realizar los recorridos, la comercialización en los grandes centros urbanos de productos agrícolas cultivados en la región. Además, debido a que prestar el servicio de transporte por estas vías “desgasta (.) el vehículo; la compañía de transportes o la persona que desea ingresar provisiones ya sea alimentarias, médicas o de combustible, (.) debe [incluir en sus gastos] el mantenimiento” (Participante 5, comunicación personal, 26 de mayo de 2018), lo que incrementa los precios de los productos en los mercados locales, agravando la condición de pobreza monetaria, que afecta a cerca del 57% de los hogares ubicados en zonas con cultivos de coca, muy por encima del 26.9% del promedio nacional (UNDOC y Fundación Ideas para la Paz, 2018, p. 10). Estos factores, en suma, facilitan la consolidación de condiciones de injusticia social, desigualdad, inequidad y pobreza.

En contraste, hay un caso en el cual se evidencian los efectos positivos de carreteras en buenas condiciones, incluso en esta agitada región: el corregimiento de la Gabarra, jurisdicción del municipio de Tibú, en donde se ha logrado la transformación: “El caso de La Gabarra es diferente. Allá la gente goza de algunos privilegios (.) los ingenieros militares pavimentaron la vía y esto ha facilitado mucho el movimiento hacia Tibú, el recorrido ha disminuido en más de la mitad del tiempo” (Participante 1, comunicación personal, 24 de mayo de 2018); estos avances han ido a la par de la creación de cooperativas dedicadas al monocultivo de palma aceitera cuyo fruto se usa para la producción de biocombustible (Gutiérrez, 2016, p. 109). Fuentes oficiales indican que una de las experiencias sobresalientes en el desarrollo de la región la constituye la Asociación gremial de productores de palma africana ASOGPADOS ubicada en Tibú, de la cual han surgido cuatro empresas: Palmanorte, Vimaq, Copalrey y Palma Unión, las cuales generan 124 empleos directos y tienen capacidad para procesar 7.200 toneladas métricas de fruto de palma por mes (UNODC; MINJUSTICIA, 2016, p. 58).

Sin embargo, esta exitosa experiencia se restringe a la zona oriental del municipio de Tibú; en el resto de El Catatumbo, con excepción de la zona sur del municipio de Convención en donde hay una producción considerable de caña panelera (Dulcey Nieves y Coronel Montaguth, 2014, p. 49), las posibilidades de empleo de las comunidades son limitadas, lo que influye negativamente en las capacidades de crecimiento económico de una población vulnerable y, en su mayoría, laboralmente activa, como se mencionó antes. Este escenario ha facilitado la aceptación progresiva de la producción de hoja de coca como una alternativa de subsistencia, y algunos de los individuos con mayor iniciativa se han involucrado paulatinamente en diversas tareas asociadas a la producción de cocaína, en un entorno en el que, según la ONU, se da una de las mayores influencias del narcotráfico sobre la dinámica económica local de todo el país (UNDOC, 2018), con todas las consecuencias negativas que se derivan.

En consecuencia, en la mayor parte de El Catatumbo, la inexistencia de una oferta de empleo adecuada y la inviabilidad de procesos económicos alternativos han fortalecido el narcotráfico; principalmente “desde mediados de la década de los 90, [cuando] los cultivos ilícitos empezaron a tener un significativo incremento” (Ramírez et al., 2017, p. 25). Como ya se mencionó, actualmente en Norte de Santander se ubican 28.244 hectáreas de coca, que representan cerca del 16% del total nacional (UNDOC, 2018), las cuales se encuentran principalmente en El Catatumbo y mayoritariamente en los municipios de Tibú, Sardinata y El Tarra que tienen el 8, el 3 y el 2% del total nacional de cultivos respectivamente, concentrando a su vez el 76% de la coca ubicada en el departamento (UNDOC, 2018, p. 27; UNODC; MINJUSTICIA, 2016, p. 15). Es de tener en cuenta también que el 7% del territorio departamental se encuentre catalogado como afectado permanentemente por cultivos de coca en los últimos 10 años y un 14% como afectado en los últimos tres años, lo que denota un crecimiento acelerado del área cultivada (UNODC; MINJUSTICIA, 2016, p. 43), principalmente en el área rural de los municipios de El Carmen, Convención, San Calixto y Hacarí (UNODC; MINJUSTICIA, 2016, p. 15).

Figura 4
Rutas del narcotráfico y del tráfico ilegal de sustancias químicas.
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y Ministerio de Justicia. (2016). Caracterización regional de las problemáticas asociadas a las drogas ilícitas en el departamento de Norte de Santander. p. 60. http://www.odc.gov.co/Portals/1/politica-regional/Docs/2016/RE0638_norte_santander.pdf

Además, debe tenerse en cuenta que más allá de la existencia de una amplia oferta de mano de obra, de la inexistencia de fuentes de empleo, de la tolerancia social que tiene el cultivo de coca o de la presión de los grupos ilegales, el peso económico que tiene esta actividad motiva su crecimiento: la región de El Catatumbo tiene una producción estimada de base de cocaína de 249 toneladas métricas anuales (UNDOC, 2018, p. 91); en la región cada kilo de esta pasta base se puede vender en aproximadamente 2.279.300 pesos colombianos por kilo (UNDOC, 2018, p. 100), lo que representa un flujo comercial de cerca de 567.545.700.000 de pesos anuales; esto únicamente en el mercado de la pasta base, sin que los actores que se benefician de estas transacciones, es decir, mayoritariamente los campesinos, participen directamente del proceso de cristalización para obtener cocaína de alta pureza o exportarla, actividades que son desarrolladas en un proceso coordinado por integrantes de los grupos armados y agrupaciones criminales transnacionales como el Cartel de los Soles o los Carteles Mexicanos (Participante 1, comunicación personal, 24 de mayo de 2018) aprovechando la frontera con Venezuela (Participante 2, comunicación personal, 25 de mayo de 2018).

Sin embargo, el interés económico, aunado al alto flujo de dinero, la superposición de estructuras criminales y los intereses económicos de las mismas, ocasionalmente, dan al traste con la sinergia delictiva existente. Pese a que los cabecillas procuran evitar las contradicciones entre los grupos, hoy en día existe una confrontación “entre el ELN y el EPL, por el control de (...) las rutas para el narcotráfico” (Participante 4, comunicación personal, 26 de mayo de 2018). Este enfrentamiento tiene unas consecuencias sociales graves, ya que afecta a la población de manera directa; los campesinos quedan atrapados entre la posición de los diversos actores armados en disputa: mientras integrantes del ELN y el EPL los amenazan con quemar sus casas si no se van, las disidencias de las FARC los instan a permanecer en la zona y seguir con sus actividades cotidianas (Semana, 2018). Esta tensión “termina por generar el desplazamiento de las familias” (Participante 6, comunicación personal, 28 de mayo de 2018), que se calcula en aproximadamente 9362 personas desde que empezó la disputa entre estos grupos (Semana, 2018).

Es así que, entre los efectos más devastadores de la actividad criminal de los grupos ilegales, se cuenta el ejercicio de violencia sobre las comunidades, incluido su desplazamiento, que elimina cualquier posibilidad de desarrollo, dando continuidad y agravando las condiciones de violencia estructural sufridas por la población. Las acciones violentas que tienen un matiz político y su origen en los grupos ilegales terminan por perjudicar a los campesinos, alejar al Estado más y perpetuar las condiciones de vulnerabilidad social. En gran medida, el origen de estas acciones tiene que ver con la violencia estructural. La incapacidad estatal para realizar el control efectivo del territorio y confrontar de manera eficaz a los grupos armados, posibilita la interacción prolongada de sus integrantes con las comunidades. En la actualidad, la mayoría de los “habitantes de esta zona [han tenido o tienen contacto frecuente con integrantes de] esas organizaciones” (Participante 2, comunicación personal, 25 de mayo de 2018); este rasgo implica que, con el paso de los años, los miembros de estas agrupaciones, inicialmente foráneos, hayan sido reemplazados por jóvenes oriundos de la zona. Hoy, “quienes están liderando las organizaciones son de la región, los guerrilleros son familiares de [los habitantes], son su misma gente, su misma familia” (Participante 6, comunicación personal, 28 de mayo de 2018), lo que afecta de manera sustancial el comportamiento de varios sectores de la población y su relación con la institucionalidad.

Además, como lo explica el participante 6, la existencia de condiciones de necesidad ha facilitado que las “organizaciones al margen de la ley (...) las suplan y se benefician políticamente” (comunicación personal, 28 de mayo de 2018), sin que hayan perdido la oportunidad para “echarle la culpa al Estado y decir que el empobrecimiento del campesino es culpa de la institucionalidad” (Participante 8, comunicación personal, 6 de junio de 2018), argumento que no difiere de la realidad, pero que desconoce la propia responsabilidad de los grupos armados ilegales en la condición de pobreza existente en la región. Este escenario facilitó “que estos grupos se acercaran a las comunidades y se fortalecieran en muchos temas, como el reclutamiento” (Participante 6, comunicación personal, 28 de mayo de 2018), debido a que algunos jóvenes se incorporaron a estos grupos porque percibían a los miembros de las estructuras armadas, según el participante 6, “como líderes, como protectores, como los únicos que les podían proveer lo que el Estado y sus propias capacidades no podían” (Comunicación personal, 28 de mayo de 2018).

En la actualidad, los grupos armados se empeñan en mantener al Estado alejado; conscientes de la conveniencia que les representa la condición de abandono y falta de desarrollo, “estas organizaciones se han encargado de que el Estado no llegue” (Participante 2, comunicación personal 25 de mayo de 2018). La explicación a este objetivo de los grupos irregulares es que “para las organizaciones criminales, mientras menos Estado exista o mientras más débil sea, es mucho mejor; porque en esos contextos tienen mejores condiciones para operar” (Carrión, 2017). A través de la manipulación han logrado que la comunidad exprese, por ejemplo, que “no quieren instituciones haciendo obras” (Participante 8, comunicación personal, 6 de junio de 2018), y las propias organizaciones ilegales se han manifestado refiriéndose a cualquier intento de desarrollo como un esfuerzo para saquear los recursos naturales de la región (ELN, ELN Voces, 2018).

De forma paralela, las organizaciones al margen de la ley afectan de manera sustancial la dinámica social, utilizando hábilmente las contradicciones y el inconformismo de la población en un esfuerzo por apropiarse del control del movimiento social. Los actores armados “copan el vacío del Estado [y] a través de sus planes y sus procesos organizativos aprovechan las necesidades y la ausencia del Estado” (Participante 6, comunicación personal, 28 de mayo de 2018), manipulando el movimiento social, estimulando la protesta y transformándola en un evento violento debido a la infiltración de miembros de los grupos armados en las mismas (Fundación Ideas para la Paz, 2015, p. 22). Estas acciones hacen parte de un esfuerzo que procura “la manipulación de las personas para ponerlas en contra del Estado” (Participante 7, comunicación personal, 30 de mayo de 2018), tratando de lograr avances en sus propósitos antagónicos a la institucionalidad.

Por ejemplo, durante el paro nacional agrario de 2013, los actores, campesinos y miembros de grupos armados infiltrados entre los campesinos, “bloquearon toda la zona” (Participante 4, comunicación personal, 26 de mayo de 2018), lo que “hizo colapsar la región [debido a que se] generó desabastecimiento en los municipios y problemas de orden público” (Participante 10, comunicación personal, 10 de junio de 2018). Para lograr la suspensión de la protesta violenta, el Gobierno de Juan Manuel Santos asumió “unos compromisos enormes en los que cedió espacios institucionales” (Participante 8, comunicación personal, 06 de junio de 2018), incluyendo la suspensión de la erradicación de cultivos de coca (Participante 4, comunicación personal, 26 de mayo de 2018), que en la perspectiva de los campesinos cultivadores constituye un logró de la protesta violenta y sus auspiciadores, y que en la práctica constituye una garantía para la continuidad de la ilegalidad y las contradicciones. Estos compromisos han generado efectos como el incremento de las hectáreas de coca cultivadas en la zona (Participante 8, comunicación personal, 6 de junio de 2018), aumento calculado en un 14% entre 2016 y 2017 (UNDOC, 2018, p. 31), con las respectivas implicaciones sociales que se derivan del fortalecimiento de una economía ilegal, cuyo flujo de ingresos depende de la interacción con los grupos armados ilegales.

De igual manera, para lograr la suspensión de la protesta violenta, el Gobierno ha generado algunos planes de atención integral, los cuales, al no tener origen en un estudio serio de las necesidades, sino en las imposiciones de los actores antagónicos a la institucionalidad, tienen multiplicidad de dificultades para alcanzar una materialización. Estos planes han sido apresurados, desprovistos de viabilidad presupuestal y carentes de profundidad. Ejemplo de esto es que del total de familias vinculadas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), solo el 6% ha recibido asistencia técnica y únicamente el 10% ha obtenido algún tipo de capacitación (UNDOC y Fundación Ideas para la Paz, 2018, p. 17). Incluso, iniciativas tan publicitadas como el diseño de la Estrategia de desarrollo integral de la región de El Catatumbo, emitida por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, cuyo presupuesto para su implementación preveía la asignación de recursos por $1.647.388.684.208 a ejecutarse entre 2013 y 2017 (Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), 2013, p. 58), se ha convertido en un nuevo elemento de contradicción entre las comunidades y el Estado, debido a la inexistencia de avances sustanciales respecto a la lista de objetivos que allí se plantean.

Además, de forma alterna al proceso de alejamiento de la institucionalidad y al aumento de las contradicciones con el Estado, los grupos ilegales han avanzado paulatinamente en su esfuerzo por reemplazarlo. La falta de capacidad estatal en la región es tal que -de acuerdo con un informe en el que Fundación Ideas para la Paz cita a la Defensoría del Pueblo (2015), institución que ha realizado un trabajo excepcional en la región, siendo una de los únicos entes gubernamentales que han facilitado el diálogo entre el Estado y la comunidad-, los grupos armados han impuesto normas de conducta y comportamiento social. Estas normas que son de obligatorio cumplimiento evidencian la capacidad de la ilegalidad para fungir como autoridades en sus áreas de injerencia, llegando a erigirse incluso como administradores de justicia. Este tipo de esquemas permiten, por ejemplo, al ELN justificar delitos como el secuestro, el cual argumentan como una forma de estar velando por el cumplimiento de las normas de convivencia (ELN, Voces ELN, 2017), es decir, que procuran justificar sus actos de violencia directa a través de un argumento político, que existe por la incapacidad estatal para administrar justicia en la región.

De esta forma, la débil presencia del sistema judicial en esta región y la violencia que caracteriza las acciones de los grupos al margen de la ley, hacen de estos últimos una alternativa válida para discernir conflictos y regular las normas de convivencia, lo que es percibido por los habitantes de El Catatumbo, quienes terminan por atribuirle a los miembros de los grupos criminales el papel de fiscales y jueces; debe mencionarse, para ser objetivos, que la supuesta administración de justicia ejercida por estos grupos puede llegar a prevenir algunas conductas punibles, principalmente las que son castigados por los grupos al margen de la ley “como los hurtos, las violaciones, el microtráfico o el consumo de estupefacientes” (Participante 6, comunicación personal, 28 de mayo de 2018), pero también debe hacerse énfasis en la ilegitimidad de estas acciones y en el aprovechamiento que estos grupos hacen para facilitarse propósitos de la más diversa índole.

Es así que la violencia estructural existente en El Catatumbo facilita el desarrollo de expresiones de violencia política y facilitan la aparición y fortalecimiento de una serie de dinámicas ilícitas que, por su carácter armado, derivan en expresiones de violencia directa ejercidas contra la población que, en últimas, termina fortaleciendo las condiciones de violencia estructural. Así, gran parte de la inestabilidad existente en la región proviene de la acción criminal y la violencia política ejercida por organizaciones de corte revolucionario “que desarrollan un proyecto de construcción de poder popular, construcción de un poder paralelo al del Estado” (Participante 7, comunicación personal, 30 de mayo de 2018), a través de una estrategia que busca cooptar organizaciones cívicas y de la sociedad en general (Fundación Ideas para la Paz, 2015, p. 21).

Además, la existencia de estas dinámicas ilegales y de sus perpetradores generan otro tipo de efectos sobre las comunidades: la imposición de una economía ilícita, el reclutamiento y la violación de menores (Participante 2, comunicación personal, 25 de mayo de 2018) la trata de mujeres, muchas veces procedentes de Cúcuta o del interior del país (Participante 3, comunicación personal, 26 de mayo de 2018), los asesinatos selectivos y el desplazamiento (Participante 6, comunicación personal, 28 de mayo de 2018), acciones asociadas al crimen organizado. Estos actos violentos se extienden incluso al otro lado de la frontera, en donde se dan casos de secuestros, violaciones (Participante 8, comunicación personal, 6 de junio de 2018) y asesinatos, perpetrados por los actores violentos que participan en el proceso delictivo descrito. De este modo, los habitantes de El Catatumbo son afectados por una dinámica de violencia de origen criminal permanente, que se integra a las situaciones de violencia estructural y violencia política antes descritas, brindando al escenario una complejidad que exige una valoración profunda.

En este sentido, el tratamiento meramente militar, el fortalecimiento de la presencia de Fuerza Pública en la región o la firma de compromisos que implican la asignación de recursos económicos, muchas veces desprovistos de viabilidad presupuestal, han sido acciones con una efectividad parcial y, ocasionalmente, con efectos negativos que han llevado al recrudecimiento de las contradicciones. Superar la inestabilidad de El Catatumbo, eliminando las expresiones de violencia existentes, requiere una revisión y gestión en aspectos fundamentales, que han sido descritos en este trabajo como rasgos de la violencia estructural, con cuya superación se posibilitaría una gestión mucho más efectivas al momento de confrontar a los actores y dinámicas que generan una violencia directa de origen criminal, y al momento de procurar el alivio de contradicciones que generan la tensión política y social en esa zona del país.

CONCLUSIONES

La condición de violencia estructural existente en El Catatumbo se caracteriza por las condiciones de abandono, aislamiento y desconexión del resto del país, y repercuten negativamente en las oportunidades económicas y sociales de los residentes.

Las condiciones de violencia estructural facilitan la incorporación de dinámicas de violencia de origen criminal, cuyos actores materializan agresiones directas contra la sociedad, justificadas en algunos casos bajo un argumento de orden político, vulnerando masivamente los derechos fundamentales de la población.

La comunidad soporta los efectos de la violencia estructural, originada en la deficiente gestión estatal, los efectos de la violencia política perpetrada, principalmente, por los integrantes de agrupaciones armadas revolucionarias, y los efectos de la violencia de origen criminal derivada de procesos y actores que actúan con fines de lucro.

La compleja disposición de los actores de poder involucrados facilita la retroalimentación y simbiosis entre los diversos tipos de violencia, se impactan mutuamente y aseguran así su continuidad.

El desarrollo de infraestructura, principalmente de naturaleza vial, eléctrica y de telecomunicaciones, la presencia integral del Estado, incluidas las instituciones encargadas de ejercer el monopolio de la justicia y las funciones de control, el mejoramiento de la calidad de la educación, de los servicios de salud y la disminución del índice de necesidades básicas insatisfechas, son condiciones indispensables para superar las condiciones de inestabilidad existentes en El Catatumbo.

El diseño y aplicación de un plan integral de desarrollo que tenga viabilidad presupuestal y sea implementado paulatinamente, pueden conllevar a la superación gradual de las condiciones de violencia estructural, a la desarticulación de los actores que ejercen violencia política y, finalmente, al desligamiento de la sociedad de las actividades ilícitas que allí se desarrollan, lo que facilitaría su posterior erradicación.

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Notas