Doctor en Ciencias Sociales, Colegio de Jalisco, México
El trabajo forzoso y el repartimiento de mercancías fueron dos prácticas comúnmente realizadas por autoridades del virreinato de la Nueva España, pese a estar prohibidas por la legislación española. El objetivo de este artículo es analizar el papel que desempeñaron los funcionarios reales y los militares en el fomento y ejecución de dichas prácticas en el Gobierno de San Luis de Colotlán, que se localizaba en la región noroeste de la Nueva Galicia. El método utilizado es el de la reconstrucción histórica, el cual parte de la crítica de fuentes de primera mano para lograr recrear los sucesos del pasado, las cuales provienen de archivos de España y México. Los resultados muestran que, a pesar de la prohibición de dichas prácticas, empleados de la Corona española buscaron obtener ingresos extras a sus cargos para enriquecerse o asegurar el sustento mismo mediante la imposición violenta del trabajo forzoso y el reparto obligado de mercancías a los grupos indígenas del territorio de Colotlán, aunque no sin resistencia, pues, en más de una ocasión, se generaron querellas en diferentes niveles y con distintos resultados.
Forced labor and the distribution of merchandise were two practices commonly carried out by authorities of the viceroyalty of New Spain, despite being prohibited by Spanish legislation. The objective of this article is to analyze the role played by royal and military officials in the promotion and execution of these practices in the government of San Luis de Colotlán, which was located in the Northwestern region of New Galicia. The method used is that of historical reconstruction, which is based on the criticism of first-hand sources to recreate the facts of the past, which come from archives in Spain and Mexico. The results show that, despite the prohibition of such practices, employees of the Spanish Crown sought to obtain extra income to enrich themselves or ensure their own sustenance through the violent imposition of forced labor and the forced distribution of goods to the indigenous groups of the territory of Colotlán, although not without resistance, since on more than one occasion they generated disputes at different levels and with different results.
O trabalho forçado e a distribuição de bens foram duas práticas comummente levadas a cabo pelas autoridades do vice-reinado da Nova Espanha, apesar de proibidas pela legislação espanhola. O objetivo deste artigo é analisar o papel desempenhado por funcionários régios e militares na promoção e execução destas práticas no governo de San Luis de Colotlán, que se situava na região noroeste da Nova Galiza. O método utilizado é o da reconstrução histórica, que se baseia na crítica das fontes de primeira mão para recriar os acontecimentos do passado, provenientes de arquivos de Espanha e do México. Os resultados demonstram que, apesar da proibição de tais práticas, os funcionários da Coroa espanhola procuravam obter rendimentos extra para enriquecer ou garantir a sua própria subsistência através da imposição violenta de trabalho forçado e da distribuição forçada de bens aos grupos indígenas do território de Colotlán, embora não sem resistência, já que em mais de uma ocasião se geraram disputas a diferentes níveis e com diferentes resultados.
El occidente novohispano, al igual que el centro del virreinato de la Nueva España, vio surgir, de forma temprana, dos tipos de prácticas ilícitas que imponían a los indígenas los empleados de la Corona española: el reparto obligado de mercancías y el trabajo forzoso. En ambos casos, el Gobierno español se empeñó en frenarlas y eliminarlas durante todo el periodo colonial. En el noroeste de la Nueva Galicia se localizaba el territorio de las fronteras de San Luis de Colotlán, donde el trabajo forzoso y el repartimiento obligado de mercancías impuestos a los indígenas fueron, también, dos prácticas que fomentaron y realizaron funcionarios reales y militares establecidos en la zona, aunque no sin resistencia. Por ello, y a partir de la investigación de
Las fuentes consultadas para la realización de esta investigación –informes, visitas y cédulas reales– muestran una serie de denuncias y decisiones del gobierno colonial que estuvieron enfocadas en la eliminación de tales prácticas en las fronteras de San Luis de Colotlán, así como en otras regiones de la Nueva Galicia, ya que perjudicaban a las comunidades indias y a la propia Hacienda Real. Por esta razón, el presente artículo tiene como objetivo analizar dichas prácticas de manera conjunta, pues forman parte de una misma problemática: la falta de oportunidades que se presentaron a los militares y otros empleados de la Corona para asegurar la mano de obra y el sustento mismo, hecho que los condujo a realizar y justificar tales acciones a pesar de estar prohibidas. En este aspecto, también se podría incluir a los religiosos franciscanos, a quienes se les encomendó la misión de la evangelización en la zona, que además requerían de quienes los apoyaran en la labor de construcción de sus complejos conventuales; sin embargo, la dispersión de las fuentes sobre este asunto no permite enfocarse en este trabajo a presentar cómo ejecutaron dichas prácticas los miembros de la orden franciscana.
Se sostiene que, para el caso del Gobierno de San Luis de Colotlán, ambas prácticas responden a dos formas de sometimiento con sus propias características y dinámicas, que podían ser implementadas de forma violenta por un solo individuo y cuyo origen se localiza en la necesidad de mano de obra indígena para el trabajo en las haciendas, minas y viviendas. Pero, también, se encuentra en la ambición y la necesidad por obtener recursos extras a su empleo en un entorno territorial en su mayoría agreste y con pocas zonas de producción minera, agropecuaria y ganadera.
El Gobierno de Colotlán se localizaba en la región noroeste de la Nueva Galicia, que corresponde a lo que actualmente se conoce como el Occidente mexicano. La conformación del territorio fue el resultado de una política de poblamiento y expansión hacia el norte novohispano que inició el gobierno colonial a finales del XVI. En tal proyecto, tuvieron una participación clave un grupo de familias de indios tlaxcaltecas del centro del virreinato, las cuales fueron llevadas al norte novohispano con la idea de enseñar a los indios locales, llamados chichimecas, a vivir en paz y labrar la tierra.
El tipo de relación que establecieron los grupos dominantes –militares y autoridades civiles– con las comunidades indias de la zona no siempre fue cordial, pues los primeros impusieron el servicio personal obligado y el reparto forzoso de mercancías a los segundos, lo que suscitó una serie de denuncias y querellas en diferentes niveles y escalas de la administración de justicia. Por lo anterior, se plantean las siguientes preguntas de investigación: ¿cuál fue el papel que desempeñaron los militares y los oficiales reales en el fomento y el ejercicio de las prácticas del trabajo forzoso y el reparto obligado de mercancías impuestas a los indígenas del Gobierno de las Fronteras de San Luis de Colotlán durante el siglo XVII y algunos momentos del XVIII? ¿Qué tipo de estrategias implementaron los indios de las fronteras de Colotlán para resistir la imposición violenta de dichas prácticas?.
Este artículo se organiza en tres apartados y culmina con una reflexión final. En el primero, se hace una presentación general de las investigaciones que se han realizado sobre el trabajo forzoso y el reparto de mercancías en diferentes escenarios de la Nueva España; en el segundo, se elabora un contexto de ambas prácticas en el siglo XVII y se inserta la región de estudio con la presentación de información que se encontró al respecto en las fuentes de archivo, y, en el tercero, se exponen cuáles fueron los efectos que tuvieron sobre la población indígena y se cierra mencionando que, en efecto, las reflexiones que han hecho autores, para otros espacios del virreinato y América española, concuerdan con lo que se localizó en los diferentes expedientes sobre la zona que se estudia.
Entre los estudiosos que han abordado el tema del trabajo forzoso, se encuentra
Por su parte,
Sobre el tema de la minería,
En la misma región andina,
En cuanto al tema del reparto obligado de mercancías o géneros, se cuenta con la investigación de
Otra investigación que abona al análisis y comprensión de la práctica de reparto de géneros es la de
Estas formas de actuar y ejercer el poder, por parte de los tenientes de justicia, se asemejan al modo de proceder de los capitanes protectores del Gobierno de Colotlán, quienes, como se demostrará más adelante, hacían valer su cargo para imponer el reparto de mercancías y el trabajo forzado a los indios fronterizos. Dicha imposición iba de la mano de violencia manifestada en ofensas, azotes y el encarcelamiento. A continuación, se abordan dichas prácticas en la región de Colotlán.
Cuando
El Gobierno de las Fronteras de Colotlán fue fundado el 21 de agosto de 1591. Este gobierno se estableció en el norte de la Nueva Galicia con un grupo de familias de indios tlaxcaltecas que fueron trasladadas desde el centro del virreinato y que, junto con indios chichimecas pacificados, fueron congregados en pueblos o barrios de indios. Las negociaciones entre el gobierno virreinal y los indios principales de Tlaxcala para enviar 400 familias tlaxcaltecas y establecerlas en la inestable frontera norte del virreinato comenzaron a finales de 1590 y culminaron tres meses después, cuando el virrey Luis de Velasco hijo firmó las capitulaciones con los de Tlaxcala el 14 de marzo de 1591 (
Dichas capitulaciones señalan que:
Aquellos indios que partieran de Tlaxcala a establecerse en la frontera norte sean ellos y su respectiva descendencia perpetuamente hidalgos, exentos de pagar tributo y servicio personal. Y que los indios principales de la ciudad de Tlaxcala que aceptasen trasladarse junto con sus descendientes tengan el privilegio de tener y portar armas, y montar a caballo sin incurrir en pena alguna. (
Durante las negociaciones para otorgar esas prerrogativas, los frailes franciscanos de la provincia de Tlaxcala, especialmente Fray Gerónimo de Mendieta, quien en ese momento era el guardián del convento en la ciudad de Tlaxcala, desempeñaron un papel destacado como mediadores. El propósito era fundar ocho asentamientos en el camino de Tierra Adentro, compuestos por una combinación de inmigrantes tlaxcaltecas y chichimecas pacificados (
La intención principal era que los habitantes de Tlaxcala sirvieran como modelo para los llamados “indios indómitos”. Se buscaba que estos últimos aceptaran la religión católica, adoptaran un estilo de vida sedentario y pacífico, y aprendieran a cultivar la tierra utilizando las técnicas y herramientas proporcionadas por los españoles, como el arado y el azadón. En resumen, se esperaba que adoptaran los valores, los aspectos culturales y la práctica del trabajo transmitidos por los europeos a los indígenas aliados tlaxcaltecas y sus familias (
Los tlaxcaltecas que migraron llevaron consigo sus armas, que, al igual que entre los chichimecas, eran el arco y la flecha, lo que les valió que fuesen conocidos como “los indios flecheros”
Lindaba con Durango al norte y se extendía hacia el sureste unos 190 km en un punto de intercesión del río Bolaños. Sobre su eje este-oeste, el distrito se extendía hasta alcanzar un máximo de 105 km de ancho, y dentro de sus dominios integraba partes de tres estados mexicanos actuales. El suroeste de Zacatecas, el sur de Durango y el norte de Jalisco. (
A partir de dicha fundación, aparece en escena la figura del capitán protector, quien era un militar de carrera y era nombrado por el monarca español, y directamente rendía cuentas al virrey de la Nueva España.
Entre sus principales obligaciones se encontraba el velar por los indios de las fronteras de Colotlán; sin embargo, los capitanes no siempre lo cumplieron al pie de la letra, ya que una vez que concluyó la Guerra Chichimeca (1550-1600), la frontera norte entró en un periodo de paz, por lo que, a principios del XVII, comenzaron a incurrir en una serie de excesos cometidos en contra de los indios fronterizos, como arrebatarles sus tierras comunales en beneficio de españoles que las ambicionaban para la cría y el pastoreo de ganado, e imponerles castigos corporales –azotes y encarcelamiento– por resistirse a cumplir órdenes que iban en contra de sus personas y sus bienes. Asimismo, ocurrió la imposición del trabajo forzoso en las haciendas y las minas de la zona neogallega, y el repartimiento obligado de mercancías a elevados costos donde el único beneficiado era el capitán protector. No obstante, y como se demostrará más adelante en este artículo, tales vejaciones ya se dejaban sentir a partir de la construcción de monasterios, las haciendas y el trabajo en las minas de la Nueva Galicia desde la segunda mitad del siglo XVI.
En ese sentido, las fuentes demuestran que los maltratos cometidos en contra de los indios fronterizos se podían intensificar conforme en la región de Colotlán se hacían presentes situaciones de índole económico como, por ejemplo, el descubrimiento o la reactivación de centros mineros. Tal fue el caso del Real de Bolaños, localizado en el centro del Gobierno de Colotlán, o bien el establecimiento de haciendas ganaderas en los márgenes del territorio de Colotlán; actividades económicas que demandaban un número importante de trabajadores fronterizos.
La realización de este tipo de prácticas tiempo atrás está documentada en la investigación de
De esta manera, y para dar cuenta de ello, es pertinente recurrir a un caso particular que da cuenta de las prácticas de reparto de mercancías y de trabajo forzoso presente en la visita que realizó el Oidor de la Audiencia de Guadalajara, Juan Dávalos Toledo, a la zona de Colotlán en el año de 1616. Dávalos llevaba la encomienda de averiguar si los justicias, gobernadores y encomenderos cometían agravios, molestias y vejaciones en contra de los naturales de la Nueva Galicia. Además, debía indagar si los indios eran forzados a trabajar en contra de su voluntad, así como si los habían robado o despojado de “comida u otras cosas” (
En ese sentido,
Lo contenido en la visita del oidor y en la obra del fraile permite identificar la existencia de una práctica de comercialización de personas que realizaban los españoles quienes, por sus méritos en la conquista, la Corona les había otorgado en encomienda pueblos de indios completos, de quienes obtenían una renta o tributo en especie o de mano de obra, aunque la forma violenta de sometimiento condujo a la muerte de muchos indios.
Ante dicha situación, el monarca español ordenó al presidente y oidores de la Audiencia de Guadalajara castigar con todo rigor a las personas que cometieran tales ilegalidades en contra de la población india, así fueran “encomenderos, administradores y otras cualesquiera, hasta llegar a privarlos de sus cargos y encomiendas” (
Corregidor que lleva cargados más de ciento y veinte indios con las cosas de su casa, diez o doce con su mujer [la del corregidor] en los hombros, y en los más lugares de sus distritos tiene muy buenas casas labradas a costa de los dichos indios, sin darles cosa alguna. (
Por esto, el rey advirtió a los miembros de la audiencia que, de no cumplirse sus órdenes, serían inculpados por los daños ocasionados a los indios. El castigo sería “igual a los inconvenientes que de ello se siguieren” (
Pero las autoridades civiles no serían las únicas que cometían atropellos sobre los indios, ya que el 26 de septiembre de 1550 se expidió una nueva cédula en la cual se previene a los religiosos de las órdenes de Santo Domingo, San Francisco y San Agustín de no molestar a los indios en las obras de los diferentes monasterios, y la del 1 de junio de 1549, donde se ordenaba a la Audiencia de Guadalajara no permitir que “a los indios se les cargue con mercaderías” (
La problemática se trasladó al siglo XVII, por lo que fue necesario emitir, de nueva cuenta, un conjunto de órdenes reales. En ese sentido, para conocer cuáles fueron las acciones que se tomaron contra los infractores, resulta de vital importancia un acercamiento a la obra de
Retomando las investigaciones de Dávalos Toledo, vale decir que, a su llegada a Colotlán, recibió de los indios una serie de denuncias en contra de su capitán protector, Jerónimo Ramiro, quien fue acusado de haber cometido una serie de arbitrariedades en su contra, pues había vendido a dos indios chichimecas pacificados, uno llamado Alonso, casado natural del pueblo de Axcaltlán, San Lorenzo, y el otro, Diego, soltero natural del pueblo de Santiago (
Asimismo, el capitán Jerónimo Ramiro fue denunciado por incurrir en el repartimiento de mercancías, situación que, en opinión de los indios de Colotlán, afectaba la paz y estabilidad de la región, pues por andar vendiendo:
Ropa y otras cosas en este pueblo y en la sierra de Tepeque y otras partes va a comprarla a Zacatecas… [en su] recua… a descuidado su jurisdición [
De acuerdo con lo anteriormente mencionado,
Por la falta de recursos económicos para satisfacer sus necesidades básicas de consumo y producción, sujetándose así a ese sistema de crédito a sus reglas y condiciones de pago, ya que era quizá el único medio a través del cual podían obtener lo necesario para sus familias y labranza de sus tierras. (
Por otro lado, los indios del pueblo de Colotlán expusieron ante Dávalos Toledo la invasión de sus tierras por parte de un español de nombre Gabriel Trejo, quien se había asentado en el terreno conocido como ‘El Ojo Caliente’, sin tener título, a dos leguas de Colotlán (
En respuesta ante tales denuncias, el visitador Dávalos comunicó al capitán protector que, en lo tocante al repartimiento de mercancías, dicha actividad defraudaba
La alcabala real de que no esta [
Como compensación a sus faltas, el capitán de Colotlán debió pagar seis pesos de alcabala por la venta de más de trescientos pesos de mercancías en la zona de Colotlán (
Si bien el visitador puso un ultimátum al capitán protector de Colotlán, no se puede decir que el problema se eliminó, pues continuaron presentes tales prácticas en detrimento de las comunidades indias, ya que al siguiente año, en 1617, el gobierno virreinal ordenó la realización de una nueva vistita a “las fronteras de chichimecos” (
Al mismo tiempo, se nombró como su acompañante e intérprete a Francisco Frías, nahuatlato residente de la zona (
El propósito de la visita fue conocer sobre el estado general en que se encontraba la zona fronteriza de Colotlán (
La observación anterior confirma y coincide con los elementos que proporciona
Francisco de Urdiñola hizo acudir al pueblo de Colotlán a un grupo de indios principales de este pueblo y de los pueblos localizados en la sierra de Tepeque, a fin de llevar a cabo su visita de inspección, la cual inició con el interrogatorio de dos indios de Mezquitic llamados Martín Tzomon y Gerónimo Ramiro, indios principales de dicho pueblo. Ambos declararon que los indios chichimecas de San Francisco del Mezquital de la Nueva Vizcaya los habían convocado a rebelarse en contra de los españoles, aunque se habían negado, pues preferían vivir con sus mujeres e hijos “contentos y quietos y pacificos [
Los de Colotlán, por su parte, contribuyeron a ampliar la declaración al señalar que a los del Mezquital se les sumaron los indios chichimecos de la Sauceda, con el objetivo de matar a la gente del pueblo de Chalchihuites, pero que, según creían, por haber sido un número reducido los sublevados, o por miedo a no salir bien librados, no se realizó el ataque (
Otros asuntos que interesaron, y de que se ocupó el visitador, están relacionados con la denuncia de los indios del pueblo de Santiago Totatiche por la invasión de sus tierras comunales por parte del español Gabriel Trejo (
De igual forma, recibió la acusación de los indios de los pueblos de Colotlán, Santiago y Santa María, quienes culparon a Del Toro “por las vejaciones que nos haze [
En esa misma dirección, los indios tlaxcaltecas de Colotlán denunciaron al capitán de tener tienda en el pueblo y de no permitir “que otro ninguno venda nada y si acaso ve que alguno vende a si sal como fruta luego los pone en la carzel [
Sobre lo anterior,
Otras mercancías que Del Toro repartía eran ropa y lana, las cuales eran transportadas en los caballos que les había arrebatado a los mismos indios de la zona de Colotlán (
Aparte, se denunció que los indios tlaxcaltecos, tonaltecos, tochos, chichimecos del pueblo de Colotlán y los de los pueblos de Santiago Tlatelolco y de Santa María trabajaban para el capitán Del Toro en acarrearle agua, limpiar su casa y atender sus caballos sin recibir pago alguno (
Ante los sucesos, los indios manifestaron a Urdiñola que, de no retirar del lugar al capitán Alonso Del Toro y al escribano Alonso Pulido, ellos y sus familias no tendrían más remedio que abandonar sus pueblos, pues no podían permanecer ahí por las vejaciones que recibían por parte de los inculpados (
En vista de lo anterior, y una vez que el virrey conde de Guadalcazar tuvo noticias de lo que acontecía en las fronteras de Colotlán y en los pueblos de la sierra de Tepeque, resolvió que, en lo correspondiente a la ocupación del sitio de Totolco, por parte del español Gabriel de Trejo, el capitán protector Del Toro debía expulsarlo de inmediato y, además, debía obligarlo a pagar la deuda de la renta de la tierra a los indios de Santiago de Totatiche (
De igual modo, se resolvió que el capitán protector del Gobierno de Colotlán, Alonso Del Toro, debía expulsar del lugar al escribano Alonso Pulido y multarlo con cien pesos como un escarmiento por abusar del servicio personal de indios e indias en contra de su voluntad (
Con tales disposiciones, se dio por concluida la visita de Urdiñola a la zona de Colotlán en un momento en que la frontera norte de la Nueva Galicia continuaba en una condición de inestabilidad por la rebelión de los indios tepehuanes de la Nueva Vizcaya, quienes se rebelaron por maltratos, injusticias y vejaciones semejantes o peores a las cometidos en contra de las comunidades indias de la región del Gobierno de Colotlán y sierra de Tepeque. Empero, las ilegalidades no terminaron, ya que, para la segunda mitad del siglo XVII, continúan apareciendo en las fuentes referencias sobre la necesidad de frenar las prácticas de trabajo forzado y reparto de mercancías, tal como lo señala la Cédula Real del 28 de junio de 1662, donde se ordenaba a los virreyes, presidentes, audiencias y gobernadores de las Indias Occidentales la vigilancia en cuanto al abuso de reparto de géneros y del servicio personal que prestaban los indios en los conventos y las iglesias y, además, las limosnas obligadas que se les exigían (
También, el 31 de julio de 1662 se prohibió el trabajo forzoso de los indios en los talleres en la Nueva Galicia (
Las vejaciones y molestias que reciben los indios de los curas doctrineros, haciéndoles trabajar no sólo en ellos, sino en sus parientes y amigos y que si llegan a quejarse ante el Prelado o Visitador por el mismo caso les hacen mayores vejaciones, con que nunca llega el tiempo de ser desagraviados (
Por esto, es posible imaginar la reprimenda que muy posiblemente recibieron los indios del territorio de Colotlán por parte del capitán protector a partir de las visitas de Juan Dávalos Toledo, en 1616, y Francisco de Urdiñola, en 1617, cuyos resultados no fueron favorables para el capitán y sus allegados. Dichos escenarios, como se verá más adelante, continuaron presentes en la zona minera de Bolaños y en el resto de la región de Colotlán a lo largo del siglo XVIII. Aunque, la práctica del reparto de mercancías escasamente se muestra en las fuentes consultadas para este siglo, porque la implementación del sistema de intendencias y aplicación de las reformas borbónicas en la América española supuso su extinción, en el caso del trabajo forzoso, la bonanza minera de la zona de Bolaños requirió de mano de obra indígena y eso prolongó su existencia, motivo por el cual, a continuación, solo se exponen algunos casos a manera de ejemplo.
Un primer caso de tales efectos en la Nueva Galicia, que está presente en las fuentes consultadas para el siglo XVIII, se evidencia en la denuncia presentada por los indios de Huajimic –Nayarit–, ante la Real Audiencia de Guadalajara. A principios del siglo XVIII, estos indígenas denunciaron que el alcalde mayor de la jurisdicción los obligaba a trabajar en contra de su voluntad en lugares apartados de su pueblo. Tal situación, según los denunciantes, ponía en riesgo la propia estabilidad y seguridad del pueblo, ya que, prácticamente, se encontraba vacío por la cantidad de personas que habían sido obligadas a trasladarse a haciendas o centros mineros a trabajar de manera forzada (
Al mismo tiempo, los indios de Huajimic expusieron, ante la Real Audiencia, que era necesario que regresaran al pueblo las personas que habían sido sacadas de forma forzada, razón por la cual se encontraban expuestos e indefensos a invasiones por parte de los indios coras gentiles que habitaban la zona serrana nayarita que colindaba con el Gobierno de Colotlán (
En consonancia con lo anteriormente señalado, en el año 1736 se emitió la Real Provisión, la cual prohibía los atropellos cometidos a los indios coras recién pacificados, a quienes se les extorsionaba mediante la imposición de fuertes deudas a través del reparto obligado de mercancías. Esto sucedió como resultado de la denuncia que impusieron los coras en contra de las autoridades que estaban al frente del territorio del Nayar –capitanes de presidio y gobernadores– por imponerles, de forma obligada, mercancías o productos como camarones, botijas de vino, barajas, entre otras, a precios elevados. Los que se negaban a recibir dichos géneros eran apaleados (
Es decir, los indios coras del Nayar buscaron resistir a dichas opresiones mediante la denuncia. Al respecto,
En opinión de
Pero, también, obtuvo de la Corona el cargo de coronel de milicias de Bolaños y jurisdicciones aledañas. Conjuntamente, logró concretar una serie de alianzas con mineros, comerciantes y empleados de la Corona a fin de lograr despojar a los indios de la región de Bolaños de sus tierras comunales, tan necesarias para el abasto de las minas y, al mismo tiempo, generó mecanismos de coerción para obtener mano de obra indígena. Es decir, Vivanco optó por un esquema masificado y de carácter coercitivo para movilizar tandas de trabajadores indígenas a sus minas (
La conformación de redes económicas, políticas y sociales alrededor de la producción minera está presente en los estudios hechos por
No obstante, y tras un periodo de bonanza minera en Bolaños, el gobierno español tomó la decisión de despojar a Antonio Vivanco de su cargo de coronel de milicias, en 1783, debido a la manera en que actuó en el lugar. Ante esto, Vivanco se vio en la necesidad de trasladarse hacia Ciudad de México para responder por los cargos que se le imputaban. Las acusaciones eran por abuso de autoridad y exceso de poder para llevar y sujetar a los indios a trabajar a sus minas.
La defensa de Vivanco presentó, a finales de 1785, un conjunto de pruebas. Entre las personas que apoyaban a Vivanco se encontraba Mariano Ramírez, teniente de cura del pueblo de Santa María de los Ángeles, quien recabó una serie de testimonios de personajes adeptos al inculpado. Según estos, los indios no habían sido forzados a trabajar en las minas, antes bien, todos ellos acudían de forma voluntaria a trabajar y a cambio se les pagaban cinco reales (
Las fuentes evidencia que la ambición de Antonio Vivanco por abastecer sus minas lo llevó a incurrir en una serie de irregularidades como despojar a los indios de sus tierras y obligarlos a trabajar en sus minas. No obstante, los indios perjudicados no estuvieron dispuestos a entregar sus tierras comunales y pusieron resistencia. Ante el temor de que el conflicto se extendiera, Vivanco resguardó Bolaños con cien hombres bien armados y montados a expensa suya (
La posibilidad de un ataque a Bolaños era factible, pues, en 1734, cuando se descubrieron importantes vetas de plata, los ricos mineros, en confabulación con autoridades civiles, se dieron a la tarea de trasladar de manera forzada a los indios de los alrededores a trabajar en las minas. Ante esto, varios indios acudieron provistos de arcos y flechas a fin de llevarse a todos los que habían sido obligados a trabajar en las minas de Bolaños (
Sobre lo anterior,
Las arbitrariedades en el trabajo de las minas de Bolaños, cometidas por Vivanco, fueron denunciadas por un grupo de indios caciques de la zona de Colotlán ante el virrey Bucareli, por medio del apoderado de los indios el licenciado Jacinto Alarcón, en año 1777 (
Asimismo, lo acusaron de que tan solo estuvo en Colotlán cinco días, pues el 10 de junio de dicho año se retiró a la villa de Aguascalientes y no volvió hasta el 27 de agosto para asistir a las fiestas que él mismo dispuso. También, los caciques indios señalaron que, concluidas las festividades del pueblo, Felipe del Villar decidió cambiar su lugar de residencia de Colotlán a Aguascalientes. Para tal efecto, dio órdenes a José de Santiago Celis, gobernador indio del barrio de Tlaxcala, en Colotlán, para que
Remitiese mulas con todo el avio [
Las consecuencias para Felipe del Villar por las vejaciones y atropellos cometidos en contra de los indios de Colotlán y, además, por el desfalco cometido en contra de la Real Hacienda por la cantidad de catorce mil pesos debido a una mala administración de la Real renta de tabacos cuando estuvo en la villa de Aguascalientes, fueron el despojo de su cargo de capitán protector y su encarcelamiento en la Ciudad de México, en 1777 (
Sobre los efectos que trajo consigo el despojo de tierras,
A partir de la salida de Del Villar y de Antonio Vivanco de la región de Colotlán, el Gobierno español se dio a la tarea de obtener información detallada de la zona de Colotlán, la cual requería para implementar un proyecto transformador enfocado en generar una serie de cambios de índole administrativa, socioeconómica y política, cuyo propósito fue hacer más eficiente la región y, a la par, eliminar los excesos que se cometían en contra de la población indígena, ante lo cual, fue necesario enviar a la zona un conjunto de empleados de la Corona para que elaboraran informes detallados que dieran cuenta de los problemas y propuestas de solución para la región de Colotlán.De esta manera, las fuentes dan cuenta de que entre los años 1790 y 1792 se generó información valiosa y útil sobre el Gobierno de Colotlán que fue utilizada para los fines e intereses de la Corona española.
Dos militares fueron los que realizaron informes sobre Colotlán: Simón de Herrera, quien se desempeñaba como gobernador político y militar del gobierno de las fronteras de Colotlán, y Félix María Calleja, entonces capitán del regimiento fijo de Puebla. Simón de Herrera recibió la orden del virrey Revillagigedo de realizar un informe detallado sobre las condiciones en que se encontraba el territorio bajo su mando, así como del trato que recibían los indios del lugar. Entre los asuntos que informó al virrey, se encuentran: (a) un conjunto de noticias sobre abusos en el servicio personal que cometían los religiosos en contra de los indios de Colotlán; y (b) información sobre la producción minera y la mano de obra indígena. En opinión de Herrera, existían evidencias de que algunas minas de Bolaños podían entrar en una nueva etapa de bonanza. Por esto, solicitó permiso, al virrey Revillagigedo, para obligar a cientos de indios de la zona de Colotlán y Bolaños a que concurrieran a ocuparse en las minas (
Por su parte, el capitán Calleja informó al virrey sobre el tipo de relación establecida entre la población india, los religiosos y los soldados presentes en la región Colotlán. Sobre estos últimos, señaló que, de forma constante e injustificada, hostigaban y azotaban a los indios de la zona (
Por lo anterior, se puede decir que el siglo XVIII fue testigo de la presencia de la práctica de imponer el trabajo forzado a la población indígena y, en menor medida, el reparto obligado de mercancías en la región de Colotlán. El trabajo obligado impuesto a los indios se concentró, principalmente, en la zona minera de Bolaños y en las haciendas aledañas al pueblo de Colotlán, pero sin dejar de hacerse presente un conjunto de manifestaciones de resistencia como la denuncia y la confrontación directa por parte de los trabajadores indios del Gobierno de San Luis de Colotlán.
En este artículo de investigación se analizó el papel que desempeñaron capitanes protectores y oficiales reales en el fomento y ejecución de las prácticas del trabajo forzoso y el repartimiento obligado de mercancías impuestas a los indios del territorio del Gobierno de San Luis de Colotlán durante el siglo XVII y algunos momentos del XVIII. Para lograr esto, fue necesario el análisis de una variedad de fuentes de primera mano: visitas, informes y cédulas reales, cuyo contenido resultó revelador para la comprensión de ambos fenómenos.
En ese sentido, quedó demostrado que los capitanes protectores podían desplegar mecanismos violentos de coerción –amenazas, azotes, encarcelamiento, entre otros– para obligar a los indios a trabajar en contra de su voluntad en las haciendas, las minas, en la construcción de infraestructura civil y en sus casas como sirvientes o mensajeros. Dicha situación podía ocasionar que algunos pueblos quedaran prácticamente despoblados ante el desplazamiento obligado de indios a los lugares de trabajo.
Asimismo, se comprobó que los capitanes protectores imponían a los indios la venta de una variedad de géneros o mercancías, tales como ropa, vinos, lana, entre otros, a precios elevados, lo cual ocasionaba daños a la población india y a la propia Real Hacienda. De igual manera, se evidenció que algunos de los protectores tuvieron tiendas en el pueblo de Colotlán, donde vendían los productos a precios elevados y, por ningún motivo, permitían que les hicieran competencia, y, si acaso alguien lo hacía, era apaleado y encarcelado.
También se concluye que, en el siglo XVIII, surge un desinterés de los capitanes protectores por continuar con la práctica del reparto de mercancías a los indígenas en el pueblo de Colotlán y sus alrededores, ya que prefirieron tener como lugar de residencia la villa de Aguascalientes, la cual les brindaba mayores comodidades y mejores oportunidades de negocio, tal como lo muestra el caso de Felipe del Villar. Asimismo, dicho desinterés puede ser atribuido a la aplicación del artículo 12 de la
En esta investigación se probó, también, que el sistema de reparto de géneros se valió del ejercicio de la violencia para “asegurar su reproducción y, sobre todo, para garantizar el cobro de las mercancías distribuidas” (
Se concluye, también, que los militares y oficiales reales establecidos en los poblados y zonas mineras del territorio cometieron un conjunto de excesos en contra de la población indígena al imponerles el reparto de mercancías y trabajos forzosos para la construcción de monasterios, edificios civiles, en las minas y en sus propios hogares, pese a la prohibición por parte de la Corona española Por tanto, queda demostrado el papel que desempeñaron los capitanes protectores y otros empleados de la Corona en la implementación de ambos sistemas económicos y de represión. Sin embargo, también quedaron evidenciadas las estrategias que utilizaron los indios trabajadores de Colotlán para resistir mediante la denuncia y la confrontación directa, y así disminuir los efectos de la coerción institucionalizada.
Sobre los indígenas flecheros en las colonias de origen Tlaxcalteca revisar