Principios básicos de la Administración imperial romana^*

Basic Principles of the Roman Imperial Administration

La organización de la Administración imperial romana se caracterizó princi palmente por la formación de una burocracia fuertemente jerarquizada que se ramificaba desde el poder central a todas las partes del Imperio², totalmente diferenciada del régimen de las magistraturas de época republicana.

En este sentido, Grosso³ señalaba como caracteres que distinguían a las ma gistraturas republicanas de los funcionarios imperiales la duración en el cargo, la retribución y el fundamento de la competencia de dichos funcionarios, la cual se entendía delegada y en representación del príncipe o del emperador⁴. También, Arangio-Ruiz⁵ destacaba que las magistraturas republicanas eran de elección popular y gratuitas, mientras que el oficio de funcionario imperial es retribuido y ejercitado por delegación imperial ya que el funcionario no es soberano en su competencia. Por su parte, Fernández de Buján⁶ resalta como notas esenciales de las magistraturas republicanas el carácter anual y electivo por las asambleas populares, la colegialidad, la gratuidad y la responsabilidad política o penal en la que puedan incurrir los magistrados⁷. También citamos a Fusco⁸, quien contrapone los mencionados principios fundamentales de las magistraturas republicanas (electividad, gratuidad⁹, organización colegial y de autonomía externa¹⁰, y anualidad con expresa prohibición de continuación y de repetición en el cargo, así como la prohibición de acumular dos o más ma gistraturas en la misma persona¹¹) con el régimen jurídico de los funcionarios de época imperial caracterizado por la separación total entre competencias civiles y militares¹², los principios de jerarquía¹³ y disciplina¹⁴, la creación de un sistema estable de oficios con una propia organización racional interna, así como la formación especializada del personal (tentativi) y, por último, un siste ma de salarios minuciosamente definido para todo el aparato administrativo¹⁵.

En época imperial, a la cabeza de toda la organización administrativa se encontraba el poder soberano del emperador, del cual dependían todos los funcionarios civiles y militares: "princeps est qui civium suorum suffragio primus ad gradum quasi et fastigium electus, eminentem super alios fortunam sortitus est" (Juan Lido, De magistratibus reipublicae, 1, 15). Y en este sentido, De Martino¹⁶ puso de manifiesto que las bases fundamentales del ordenamiento burocrático de la Administra ción pública del Bajo Imperio (siglos IV-VI d. C.)¹⁷ fueron ya establecidas en época del Principado (siglos I-III d. C.), fundamentalmente en tiempo de los emperadores Adriano y Septimio Severo, y añade que "il centralismo e la creazione di una forte burocrazia furono una tendenza caratteristiche dellimpero a partire dallimperatore Adriano. Tale tendenza corrispondeva alle caratteristiche del potere autoritario, dal quale è inseparabile la burocrazia"¹⁸.

Por lo que hace a la Administración provincial y municipal, nos dice Serrig ny¹⁹ que "sous l'empire, le pouvoir descendait de l'empereur auxgouverneurs de provinces, et de ceux-ci aux magistrats municipaux, tandis que sous la république il remontait des citoyens aux magistrats élus par eux ou par le sénat". Y Noethlichs²⁰ nos refiere que

la estructura básica de la Administración imperial, prácticamente desde la mitad del siglo IV, estaba articulada en prefecturas, diócesis y provincias. Junto a ello existen, sin embargo, particulares unidades administrativas, las cuales mantienen fundamentalmente su estatus particular en virtud de razones históricas. Así se en cuentran las ciudades de Roma y Constantinopla, y las provincias proconsulares de Asia, África y Achaia (Grecia), así como Egipto.

Este autor entiende que dentro de este ámbito provincial "no se puede hablar de una construcción administrativa firmemente jerarquizada, es decir, de un sistema de control-vigilancia administrativa, lo cual debe ser significativo para la explicación de muchos delitos de los funcionarios"²¹.

Los gobernadores provinciales eran la más alta autoridad en la provincia después del príncipe (D. 1. 18.4; Ulp., 39 ed.: Praeses provinciae maius imperium in ea provincia habet omnibus post principem): ellos eran responsables, entre otras fun ciones, de la gestión y recaudación tributaria dentro de sus provincias, que se llevaba a cabo por los decuriones municipales, y se configuraban también como los iudices competentes para conocer en primera instancia las demandas judiciales y los crímenes y delitos cometidos en su territorio. Como señaló Serrigny²², los gobernadores provinciales

cumulaient l'administration genérale, soit pure, soit contentieuse, avec les pouvoirs judiciaires, civils et crimineis. Cette concentration de puissance leu donnait une forcé immense pour le mal [...]²³. Les constitutions des empereurs sont remplies de dispositions tendant à réprimer ces abus²⁴.

Y así, en el Código Teodosiano y en el Código de Justiniano se contienen nu merosas disposiciones relativas a la responsabilidad de los gobernadores y de los cobradores de impuestos (susceptores y exactores), situados bajo sus órdenes, por conductas tales como concusión, cobro excesivo, malversación de fondos recaudados y negligencia en el cobro. Además, estas fuentes contienen un am plio y pormenorizado régimen jurídico relativo a los delitos y faltas que, por acción u omisión, cometían los gobernadores en el ámbito de la administración de justicia, desde el supuesto más grave de prevaricación del juez parcial, hasta casos tales como la denegación de justicia o la exacción indebida de costas procesales (sportulae). Por lo que hace al gobierno y a la administración de los municipios en época imperial, correspondían a los decuriones (curiales), los cuales formaban en las diferentes ciudades un orden (ordo decurionis), configurándose como una especie de nobleza hereditaria al ser nombrados de por vida y da do que su condición se transmitía hereditariamente, al igual que sucedía en la ciudad de Roma con el patriciado. Los decuriones no podían abandonar su condición salvo en raras ocasiones y, ordinariamente, siempre que hubiesen recorrido todos los escalafones de la jerarquía municipal²⁵.

El decurionato era un cargo honorífico (D. 50.4.14 pr.; Call., 1 de cogn.: honor municipalis est administratio reipublicae cum dignitatis gradu) y su importancia queda reflejada en Nov. Maior. 1 cuando se dice que son los nervios y la fuerza del Estado (curiales nervos esse reipublicae ac viscera civitatum nullus ignorat), ellos se encargaban de la gestión de los bienes comunales, de la compra del grano, de la construcción de los acueductos, de la conservación de las vías públicas en el municipio, de la organización de los espectáculos públicos y, lo que era más importante y resultaba más gravoso para ellos, de la recaudación de los impuestos debidos al Fisco por los munícipes. En las fuentes jurídicas romanas se regula, especialmente, la responsabilidad de dichos magistrados cuando realizaban negocios con terceras personas en representación de sus municipios, por los posibles daños y perjuicios causados por su actuación dolosa o negligente²⁶.

En la legislación de época posclásica y justinianea se establecieron una serie de normas y reglas que vinieron a fijar diversos requisitos de índole físico, mo ral, económico, social y técnico que debían cumplir, según los casos, aquellos candidatos que pretendiesen acceder a un cargo público.

En las fuentes jurídicas de época imperial no encontramos con carácter general una edad mínima para acceder a la Administración²⁷, sin embargo, sí se recogen algunos fragmentos relacionados con este tema: así, en un texto de Pomponio recogido en I. J. 1.6.9 ( = D. 1.6.9, Pomp., 16 ad Q. Muc.) se dice: "el hijo de familia es tenido en lugar del padre de familia en las cosas públicas, como para que desempeñe la magistratura o sea nombrado tutor"²⁸; vemos, por tanto, a tenor de dicho fragmento, que el hecho de estar bajo la patria potes tad no impedía desempeñar un cargo público; no obstante, apreciamos que sí debía exigirse una edad mínima para la entrada en un puesto administrativo, como vemos en un fragmento de Escévola (D. 32.102.2; Scaev., 17 dig.) en el que se alude a esta condición: "Sempronio, alumno meo, illud et illud: et cum per aetatem licebit, militiam illam cum introitu comparari volo" ("lego a mi alumno Sempronio, tal cosa y tal otra, y quiero que, cuando por su edad pueda hacerlo se compre tal empleo (cargo en la Administración)"). También Ulpiano nos refiere una iuris regula contenida en D. 50.17.2.1 (Ulp., 1 Sab.) en la que se establece: "ítem impubes omnibus officiis civilibus debet abstinere" ("el impúber debe abstenerse de todas las funciones civiles"), y el mismo jurista en D. 50.4.8 (Ulp., 11 ed.) nos dice que "no debe admitirse a los menores de veinticinco años en la administración de las ciudades", mientras que para la contribución a los munera patrimonii era indiferente que el gravado fuese menor de veinticinco años ("ad rem publicam administrandam ante vicensimum quintum annum, vel ad munera, quae non patrimonii sunt, vel [...] honores admitti minores non oportet").

En el ámbito municipal, la edad idónea (perfecta o legitima aetas) para el desem peño de un cargo público municipal era a partir de los veinticinco años "salvo in ipotesi del tutto eccezionali, per la giurisprudenza classica i venticinque anni ripresentano l'età a partire dalla quale i minori possono assumeregli honorem de essere assoggettati ai cari-chi municipali, patrimoniali o non patrimoniali che siano"²⁹; ahora bien, en D. 50.2.11 (Call., 1 cognit.) se recoge que no pueden ser elegidos como decuriones los menores de veinticinco años salvo que haya una causa que lo justifique. Sin embargo, el emperador Constantino rebajó a los dieciocho años cumplidos la edad de entrada en la curia (CTh. 12.1.19, a. 331)³⁰ dado que, ante la dificultad de reclutamiento de los decuriones, algunas ciudades habían llegado a llamar a niños de siete y ocho años para formar parte del senado municipal, y ello a pesar de la constitución del mismo emperador, emanada cinco años antes, en la cual se establecía que la edad mínima para acceder al cargo de decurión era la de veinte años (CTh. 7.22.2, a. 326)³¹.

Por otro lado, por lo que hace a la presencia de las mujeres en la función pública existe desde antiguo en Roma la iuris regula que la excluye de todo cargo político (D. 50.17.2; Ulp., 1 ad Sab.): "Feminae ab omnibus officiis civilibus vel publicis remotae sunt et ideo nec iudices esse possunt nec magistratum gerere nec postulare nec pro alio intervenire nec procuratores existere")³², si bien recogemos la opinión de Paulo que nos dice en D. 5.1.12.2 (Paul., 17 ed.) que "es la costumbre y no el carecer de juicio lo que impide que las mujeres desempeñen funciones públicas como la de juez". Sin embargo, en la vida municipal romana de los primeros siglos del Imperio, las mujeres desempeñaron importantes labores en el ámbito religioso y de beneficencia como era el caso de las flaminicae o sacerdotisas³³.

También, para el desempeño de los diferentes cargos públicos se exigía ya desde la República, como regla general, la ausencia de enfermedades o defec tos físicos o psíquicos que impidiesen o dificultasen el ejercicio de sus funciones³⁴, sobre todo para ciertos cargos, como era el caso de los gobernadores provinciales que debían viajar por toda la provincia³⁵, o, por razones obvias, el de los militares³⁶.

Los defectos físicos como la sordera, la ceguera³⁷ o la enfermedad mental³⁸ podían ser causa de incapacitación para ejercer un cargo en la Administra ción (D. 50.16.113; Iav., 14 ex Cass.: '"Morbus sonticus est, qui cuique rei nocet"³⁹): así, vemos que en D. 5.1.12.2 (Paul., 17 ed.) se establece que no pueden ser nombrados jueces los que están impedidos por la naturaleza como el sordo, el mudo y el perpetuamente furioso ("Natura, utsordus, mutus etperpetuo furiosus [...], quia iudicio carent")⁴⁰, y en D. 5.1.46 (Paul., 2 quaest.) se dice que una enfermedad perniciosa y constante (morbus sonticus) exime al juez de su cargo, debiendo ser sustituido por otro (ergo mutari debet)⁴¹.

Por lo que hace a los requisitos morales, la honestidad y la buena fama eran muy tenidas en cuenta a la hora de seleccionar al futuro candidato: a modo de ejemplo, recogemos una constitución de Constantino contenida en C. J. 12.1.2 en virtud de la cual no podían desempeñar ningún cargo público o dignidad aquellos que hubiesen sido tachados con nota de infamia⁴² o que hubiesen cometido algún crimen, siendo expulsados de la Administración los funcionarios en quienes concurriesen dichas circunstancias: "neque famosis et notatis, et quos scelus aut vitae turpitudo inquinat, et quos infamia ab honestorum coetu, dignitatis portae patebunt". Dicha regla será recibida en el derecho histórico es pañol (Liber Iudiciorum, LV; Costums de Tortosa, II, 8, 2; Furs de Valencia, III, 1, 8; Partidas, VII, 6, 7⁴³) y en el derecho canónico medieval se recoge en el Corpus Iuris Canonici la regla "infamibus portae non pateat dignitatum" (Sexto Decret., 5, 12, de regulis iuris, c. 87).

Junto a lo anterior se exigía también el requisito de suficiencia económica a los candidatos para determinados cargos en la Administración, lo que apare cía como garantía tanto de una gestión honesta como también de la asunción de la responsabilidad patrimonial que les correspondiese, en su caso, al estar obligados a indemnizar con su propio patrimonio los daños ocasionados por su gestión⁴⁴. A modo de ejemplo, citamos CTh. 12.6.25 (a. 399) que establece que nadie pretenda acceder a una praepositura o susceptio sin que previamente el candidato y su garante hayan probado su suficiencia económica a juicio del oficio palatino del comes rei privatae.

Respecto al origen social de los candidatos constatamos que las más altas dignidades del Imperio fueron ocupadas en la mayoría de los casos por per sonas cercanas al círculo de los emperadores⁴⁵. Sin embargo, para los candi datos a puestos intermedios e inferiores de la milicia armada y de la milicia civil se establecieron una serie de presupuestos básicos, como los recogidos en dos disposiciones de los emperadores Graciano, Valentiniano y Teodosio conservadas en CTh. 7.2 ("Quid probare debeant ad quamcumque militiam venientes") que hacen referencia al nacimiento libre y a la libertad de cargas respecto del Estado o del municipio.

Los funcionarios debían someterse a un examen acerca de su origen (genus) y condición, de tal manera que aquellas personas que estaban ligadas de forma hereditaria a una condición (conditionales) debían ser descartadas para ocupar puestos en la Administración, como era, por ejemplo, el caso de los soldados (tirones) y de sus hijos, que no podían ocupar cargos civiles y, en caso de que los hubiesen obtenido, se disponía en la ley que serían despojados de su car go y de todos sus privilegios⁴⁶; de los colonos (coloni), así como de sus hijos y nietos, que tampoco podían acceder a la Administración, ni siquiera a cargos humildes, debiendo ser devueltos a las fincas a las que estuvieren adscritos anteriormente⁴⁷; de los esclavos (servi), que tuvieron un importante papel en la Administración de los emperadores flavios pero que quedaron también excluidos en el siglo iii de la milicia civil y militar⁴⁸, salvo en tiempo de guerra en el que se llegó a permitir la admisión de esclavos en el servicio militar obteniendo como recompensa su libertad y un sueldo de dos sólidos; de los corporati, perso nas que pertenecían a corporaciones que prestaban un servicio público como, por ejemplo, los fabricenses (empleados en las fábricas de armas del Estado) o los pistores (panaderos), los cuales no podían ocupar un cargo público ya que estaban sujetos de por vida a sus respectivas corporaciones⁴⁹; de los libertos, que jugaron un importante papel en puestos subalternos en la Administración del Alto Imperio (siglos I-III d. C.), y que fueron progresivamente apartados de la Administración pública a partir de Septimio Severo, de tal manera que en época posclásica encontramos constituciones imperiales en las que se persigue a los libertos que subrepticiamente ocupasen cargos propios de ciudadanos nacidos libres; de los curiales, que bien para ascender socialmente, o bien pa ra escapar de las pesadas cargas inherentes a su función, solían ingresar en la milicia, tanto en las oficinas de los gobernadores provinciales, como en la Administración central en calidad de palatinos, llegando incluso algunos a la condición de clarísimos⁵⁰; y de los negotiatores (comerciantes y artesanos), que tampoco podían ingresar, como regla general, en la Administración⁵¹, y de este modo mencionamos una constitución del emperador León en la que le recuerda al magister officiorum Patricio, respecto al ingreso en el cuerpo de los agentes in rebus, que "quedan exceptuados [...] todos los comerciantes que por sí o por personas interpuestas ejercen algún comercio, porque a estas se les prohibió ya de antes por las constituciones imperiales desempeñar un empleo en la milicia" (C. J. 12.20.5)⁵².

De igual manera, la posesión de una serie de conocimientos técnicos cons tituía un requisito valorado por las leyes para el acceso a determinados cargos en la milicia civil⁵³. En este sentido, podemos citar a Juan Lido (De magistratibus reipublicae, 3,7; 3,21) que hace una distinción dentro de los departamentos de la prefectura del pretorio entre aquellos que denomina ministeria litterata como son, por ejemplo, los exceptores, que son llamados viri litterati, y los ministeria illi-terata entre los que estarían los cursores (empleados de correos)⁵⁴.

Por lo que hace a la preparación de los funcionarios, los estudios clásicos como el latín, la retórica y el derecho fueron principalmente la vía más segura para alcanzar la condición de alto funcionario desde la época del Principado⁵⁵. En la Administración del Bajo Imperio se generalizan los estudios técnicos, como es el caso de la estenografía para ciertos puestos, como el desempeñado por los notarii (encargados en un primer momento de redactar las notas del Consistorio). Por otro lado, para controlar la capacidad técnica y asegurar el acierto en la selección de los aspirantes se estableció para determinados cargos la obligación de pasar un examen o prueba de idoneidad (probatio), como era el caso de los médicos y profesores públicos⁵⁶.

Por lo que hace más concretamente al ámbito de la responsabilidad de los magistrados y funcionarios destacó Venturini⁵⁷ que

desde el tercero o segundo siglo a. C., las costumbres⁵⁸, los senatus consulta y las leyes impusieron a los magistrados y promagistrados unas reglas de conducta: pero faltan pruebas de la existencia de una regulación de la corrupción en sentido moderno, es decir, como figura de ilícito relacionada, en todo caso, con la vio lación, o también con el ejercicio de los deberes de una función, consistente en la recepción, el ofrecimiento o la promesa por un particular de algún beneficio o provecho, presente o futuro, al funcionario o a tercera persona.

Podemos añadir que las leges repetundarum de finales de la República⁵⁹ hicieron frente, en primer término, a supuestos de ganancias ilícitas obtenidas por los gobernadores provinciales romanos por actos de concusión cometidos por ellos contra los ciudadanos, ampliándose progresivamente su ámbito de aplicación para atender no solo al interés de los particulares lesionados por la conducta de los gobernadores sino también para defender un bien más general: el interés de la comunidad política romana de preservar la honestidad de sus magistrados y para garantizar el correcto desarrollo de las funciones públicas.

De esta forma, la legislación sobre el crimen repetundarum tipificó tanto casos de pura concusión como también otros más genéricos de corrupción de los magistrados en el cumplimiento de sus deberes⁶⁰. Esta ampliación del campo de actuación de la ley se evidencia en D. 48.11.1 .pr. (Marc., 14 inst.)⁶¹ donde, como pone de relieve Venturini⁶², "se encuentra el resultado final de la elabo ración jurisprudencial de la edad imperial, al que se llegó mediante la extensión de las previsiones de la ley Iulia del año 59 a. C.".

En época imperial tiene lugar una equiparación de las concusiones, los beneficios derivados de la corrupción, las donaciones y la aceptación de regalos, y por otro lado, se produce la extensión de la imputabilidad de repetundis a todos los titulares de cualquier función pública y a sus colaboradores, e incluso -Venturini- también a las mujeres de los gobernadores, en cuanto miembros de la cohors⁶³.

La investigación sobre la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios fue definida por Lauria⁶⁴ como "basilare per spiegare il funzionamento della amministrazione imperiale romana". Según esta idea, asistimos en época de Diocleciano y Constantino a la creación de un nuevo derecho penal disciplinario por el que cualquier acto cometido por el magistrado podía ser considerado delito y la responsabilidad de los funcionarios vino de esta forma a extenderse y a agravarse sin límites.

La innumerable serie de delitos y sanciones en época imperial prescinde de los antiguos presupuestos de época republicana: en numerosos casos⁶⁵, la imputabilidad y la sanción correspondiente estaban justificadas en época pos-clásica en la negligentia del funcionario, y así muchos delitos imputables a los funcionarios se basaron en meras omisiones; de esta manera, mientras que en las leyes republicanas se castigaba la omisión dolosa, vemos que, salvo alguna excepción, en la legislación imperial es punible la simple omisión aunque no sea dolosa. De esta forma, podemos referir -siguiendo a Lauria- los siguientes criterios de imputación de responsabilidad de los funcionarios contenidos en el Código Teodosiano: culpa (falta no dolosa): CTh.1.5.1; CTh. 11.32.1; CTh. 12.1.150; CTh. 13.11.8; (2-) negligentia: CTh.1.5.9; CTh. 1.6.11; CTh. 1.10.7; CTh. 1.12.6; CTh. 1.16.3; CTh. 2.6.2; CTh. 2.30.17; CTh. 13.11.11; CTh. 16.5.12; (3-) segnitia: CTh.10.1.1; (4-) desidia: CTh. 1.5.9; CTh. 1.10.7; CTh. 1.11.1; CTh. 1.15.17; CTh. 2.6.2; (5-) responsabilidad objetiva: en la mayoría de los casos la imputabilidad objetiva resultaba evidente cuando se castigaba no solo al funcionario, sino también a los componentes del officium al que pertenecía, únicamente por el hecho de haberse verificado el suceso que el legislador quería impedir; de acuerdo con ello se aplicaba la pena, prescindiéndose de cualquier investigación sobre una eventual culpa o negligencia de los miembros del officium que se quiere castigar⁶⁶.

Por lo que hace a la responsabilidad civil de los funcionarios derivada de actos ilícitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y causantes de algún daño o perjuicio a los ciudadanos, nos encontramos con que en el derecho romano no estaban nítidamente separadas las categorías de responsabilidad civil y responsabilidad penal derivadas de un acto ilícito. Además, como ha señalado Trisciuoglio⁶⁷, el acto ilícito dañoso realizado por un magistrado en el ejercicio de sus funciones y perseguido con una acción privada ejercitada por el sujeto lesionado, generaba solamente una responsabilidad del admi nistrador público que realizó el acto sin que concurriese la responsabilidad del "ente público", ya fuese el Populus Romanus o el municipio, en nombre y por cuenta del cual aquel acto se llevó a cabo, y -señala el autor citando a Talamanca⁶⁸- parece coherente con ello el hecho de que la jurisprudencia no encontrase la más mínima huella de una discusión acerca de la responsabilidad de los "entes públicos" por los actos ilícitos cometidos por sus representantes o titulares. Además, los romanos ignoraron la teoría de la representación orgánica en el ámbito publicístico, según la cual el representante-órgano se identificaría con el ente representado, con la consecuencia de que resultase imposible imputar el daño causado por el funcionario que actuaba en nom bre y por cuenta de la Administración pública. Añade Trisciuoglio⁶⁹ que tal perspectiva pone en evidencia que la responsabilidad civil del magistrado romano estuviese fuertemente caracterizada por un sentido "penalístico", lo cual nos aleja notablemente de nuestro modo de pensar condicionado por una rígida distinción entre ilícito civil e ilícito penal, puesto que el acto da ñoso realizado por el administrador público era perseguido por una acción penal privada ejercitada por el ciudadano lesionado -o por toda la colec tividad cuando se tratase de una acción popular-, dirigida a la obtención tanto del resarcimiento del daño causado como a la imposición de una pena pecuniaria. Dicha responsabilidad era exigible solo al autor del ilícito y no a la colectividad representada por el mismo, ya fuese el Populus o los munícipes. No obstante, debemos constatar que tanto en la jurisprudencia clásica como en las leyes imperiales se afirmó la regla en virtud de la cual los municipios eran civilmente responsables de la actuación ilícita de los magistrados mu nicipales cuando estos realizaban negocios jurídicos con terceras personas en nombre y por cuenta de la civitas, siempre que la ciudad se hubiese enri quecido de alguna manera como consecuencia de dicha actuación ilícita (in id quod ad eum pervenit, in quantum locupletior factus est)⁷⁰: D. 4.2.9.3 (Ulp., 11 ed.); D. 4.3.15.1 (Ulp., 11 ed.)⁷¹.

La importancia que adquirió la Administración pública (central, provincial y municipal) en el Bajo Imperio y en época del emperador Justiniano (el núme ro total de funcionarios civiles se elevaba, posiblemente, en el Bajo Imperio a unas 30.000 o 40.000 personas para una población de unos 40.000.000) se refleja en la abundante legislación que se promulgó en dicha época y que está recogida, en gran parte, en el Código Teodosiano y en la Compilación de Justiniano; en ella se recogen, entre otros, los principios de estabilidad, jerar quía y disciplina, un sistema de retribución de los empleados públicos y una minuciosa regulación del régimen de la responsabilidad penal y disciplinaria de los mismos.