Introducción

Este trabajo partió de la hipótesis que afirma que los residentes del estado de Hidalgo, de acuerdo con los datos de los últimos 20 años, presentan un alejamiento no solo hacia las urnas, sino también a la esfera política y al hacer e involucrarse en la política. Sin embargo, existe un comportamiento interesante: sufragan en mayor medida conforme se tienen menores derechos humanos, es decir, menos acceso a la educación, a la vivienda, al empleo y a la seguridad social entre otros rubros. Siguiendo la visión de Jiménez, el enfoque de los derechos humanos que concibe las generaciones de derechos como un proceso histórico de ampliación del contenido jurídico de la dignidad humana, hace necesaria la imbricación e interdependencia de unos y otros para garantizar el bien jurídico protegido, que es el sujeto. De esta manera, los derechos de segunda y tercera generación son concebidos ahora como la garantía que permite el ejercicio pleno de los derechos de primera generación, pues crean las condiciones materiales mínimas necesarias como son la educación, la salud, el trabajo y la seguridad social, entre otros, para que se puedan ejercer los derechos civiles y políticos, entre los que se encuentra la participación política (Jiménez, 2007). En otras palabras, ¿cómo hacer que haya democracia y participación si la población tiene hambre, tiene bajos niveles escolares, no tiene empleos, y sus viviendas son marginales, entre otras cosas? Es imposible pensar que los derechos políticos de primera generación se cumplirán si no están apalancados por los derechos humanos de segunda y tercera generación.

Esta propuesta de Jiménez es muy coherente y es la antesala de lo que ha planteado Abramovich, quien afirma que los derechos civiles y políticos tienen pertinencia instrumental porque contribuyen a evitar procesos sociales o políticos que pueden conducir a situaciones de pobreza. Así, la libertad de expresión y los derechos vinculados con el funcionamiento de democracias representativas, con elecciones periódicas y limpias, acotan las posibilidades de que la sociedad tolere situaciones de pobreza extrema sin exigir respuestas al gobierno o activar mecanismos para hacer efectiva la responsabilidad social o política (Abramovich, 2007).

Crespo afirma que la abstención se asocia a los sectores urbanos en los que la misma urbanización, los niveles de escolaridad, la salud y los ingresos más altos, entre otras variables, permiten que la ciudadanía tenga una mayor conciencia y crítica de los actos que se realizan a nivel político, por lo que la manipulación del voto, su coacción o compra es menor que en las regiones rurales, donde hay menos goce de los derechos humanos (Crespo, 2005). Si bien no hay que perder de vista que la propuesta de Crespo se puede relacionar con lo que plantea Bobbio, quien afirma que el abstencionismo de ninguna manera es un síntoma de crisis de un sistema democrático, como habitualmente se observa, por el contrario, puede ser un signo de perfecta salud (Bobbio, 2001). En este sentido, la apatía se convierte en una forma de expresar la inconformidad con del sistema político, siempre y cuando se exprese. Además, se puede estar inconforme y abstenerse, pero sin manifestar las razones, es decir, ocurre un abstencionismo pasivo, en el que la apatía hacia los temas político-electorales empieza a ser más que un problema estacional. Se vuelve una condición permanente en un importante número de electores (Bobbio, 2001) y entonces se transforma en una protesta silenciosa.

Incluso Fernández Poncela señala que un buen número de electores se abstienen de votar motivados por razones políticas, más que por un desinterés político en general. En este sentido, la autora mencionada argumenta que, en caso de haber desinterés por parte del elector, no indica apatía, por el contrario, esto debe ser interpretado como una derivación del hartazgo generalizado hacia la actuación de los políticos en nuestra sociedad (Fernández Poncela, 2009).

Estado y derechos humanos

El concepto de “Estado” que se utiliza actualmente tiene connotaciones histórico-culturales divergentes. Para Hauriou, el Estado existe hasta que un pueblo se transforma en una nación cuando el poder político de dominio se ha separado de la propiedad privada, cuando ha llegado a revestir el aspecto de una potestad pública y operado fácticamente una separación entre la vida pública y la vida privada (Hauriou, 2016). En ese sentido, el Estado es la conjunción de una sociedad políticamente organizada en un lugar y tiempo determinados, mediante un orden de convivencia con un poder soberano, único y exclusivo. El Estado es un ente histórico que ha evolucionado hasta llegar a formar una realidad político-jurídica, y es el resultado de un proceso largo e ininterrumpido, específicamente iniciado en Occidente y copiado por los demás países reputados como occidentales. Por ello, el nombre de Estado conceptualiza una situación concreta de la organización política, mediante una categorización jurídica en la que hay gobernantes y gobernados, votantes y votados, y, sobre todo, reclama un orden de participación por parte de su población (Hauriou, 2016).

Jellinek refiere que el Estado, en su sentido más concreto, no es una entidad sustantiva material o una formación natural; existe junto al hombre, es una relación de voluntades de un grupo de individuos que se establece específicamente entre individuos en la que unos mandan y otros obedecen. También advierte que las relaciones humanas que dan consistencia al Estado son de una gran complejidad, nivel, intensidad y duración, de ahí la necesidad de ordenar esa urdimbre social hasta tener unidades de acción social que permitan el acontecer estatal (Jellinek, 2012).

El surgimiento de los derechos sociales, económicos y culturales, la discusión de los derechos políticos y ambientales, constituyen un hito en la forma de interrelacionarse y reconocer elementos básicos que deben darse a la población, traducidos como derechos humanos. Estos representan un avance en la forma de interacción entre los sujetos y las estructuras de los diversos niveles de gobierno, así como entre ciudadanos y entes extranjeros. Por eso, es un conjunto de condiciones que llevan hacia una mejor forma de vida e interrelación de las poblaciones, pero son el producto de luchas sociales históricas, pero con una idea y fin común: el bienestar de la población sin distinción alguna¹, sin importar raza, sexo, preferencia sexual, religión o color de piel, entre otros muchos aspectos diferenciadores.

A nivel internacional, se ha consensado que el surgimiento de los derechos humanos, tal y como son concebidos en la actualidad, datan del siglo XVIII, por lo que se deben considerar dos grandes eventos que marcaron el inicio de los derechos humanos de la era moderna: a) La Independencia estadounidense, con la Declaración de Derechos de Virginia de 1776 y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos del mismo año, y b) La Revolución Francesa, que culminó con la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789 (Rodríguez Gaona, 2013).

Esos dos acontecimientos y sus correspondientes declaraciones de derechos constituyeron un hito, especialmente en la Declaración Francesa, en la que apareció un nuevo discurso jurídico y social, así como emergieron palabras tales como “ley”, “derechos”, “libertad”, “poder” y “ciudadano”, que tienen un significado de ruptura respecto a todo lo que representaba el Antiguo Régimen. La evolución de los derechos humanos ha sido esquematizada de distintas maneras. Vasak acuñó la noción de generaciones de derechos afirmando que existen diversas clases de derechos humanos, originados en sucesivos periodos de tiempo, y que tienen cada una de ellas, que los diferencian de las demás generaciones (Vasak, 1997). Los derechos civiles y políticos, por haber sido los primeros en ser reconocidos por declaraciones y constituciones, serían los derechos de primera generación, mientras que los derechos económicos, sociales y culturales pasarían a ser los de segunda generación. A los anteriores, se han agregado posteriormente otros que vendrían a constituir una tercera generación de derechos y que serían los llamados derechos de solidaridad, entre los que estarían: el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, el derecho a la propiedad privada y al patrimonio común de la humanidad (Vasak, 1997).

Acerca de estos derechos de solidaridad existe una propuesta de Vasak, quien ha elaborado un anteproyecto para un tercer pacto internacional que proteja los derechos de tercera generación, codificándose aquellos que habrían alcanzado un nivel de madurez suficiente. Incluso habla de los derechos de una cuarta generación en referencia a los derechos relacionados con el progreso tecnológico que afectan cuestiones relacionadas con la bioética, como ocurre con el aborto, la eutanasia y los tratamientos genéticos. La primera generación incluyó los derechos civiles y políticos. Estos derechos fueron los primeros en ser reconocidos legalmente a finales del siglo XVIII, en la Independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Se trataba de derechos que buscaban garantizar la libertad de las personas, y su función principal consistió en limitar la intervención del poder en la vida privada de los ciudadanos, así como garantizar la participación de todos en los asuntos públicos. Los derechos civiles más importantes son: el derecho a la vida, a la libertad ideológica y religiosa, a la libre expresión y a la propiedad. Algunos derechos políticos fundamentales son: el derecho al voto, a la huelga y a asociarse libremente para formar un partido político o un sindicato.

La segunda generación recoge los derechos económicos, sociales y culturales. Estos fueron incorporados poco a poco en la legislación a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Trataron de fomentar la igualdad real entre las personas, ofreciendo a todos las mismas oportunidades para el desarrollo de una vida digna. Su función consistió en promover la acción del Estado para garantizar el acceso de todos a unas condiciones de vida adecuadas. Algunos derechos de segunda generación son: el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna.

La tercera generación ha ido incorporándose a las leyes a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI y pretenden fomentar la solidaridad entre los pueblos y las personas de todo el mundo. Su función es la de promover relaciones pacíficas y constructivas que permitan afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la humanidad. Entre los derechos de tercera generación destacan los siguientes: el derecho a la paz, al desarrollo y a un medio ambiente limpio que todos puedan disfrutar.

Sin embargo, el derecho al sufragio, elegir libremente al gobierno en turno, seguir el actuar propio o poder sancionar los actos, tienen como eje incardinado la finalidad de lograr el bien común que, de otra forma, es impensable de alcanzar. Esta visión trasciende los derechos humanos y se transforma en una punta de lanza en favor de la sociedad. Por ello, bajo esa lógica, participar o no hacerlo valida el objeto de esta investigación. Es una forma de decir lo que se piensa, pero la participación política electoral se transforma en un ejercicio de hacer o dejar de hacer.

El Derecho Internacional y el afianzamiento de los derechos humanos

Después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, una de las grandes preocupaciones de los gobiernos fue consagrar universalmente los derechos para todas las personas. La recién creada Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue el escenario donde se discutieron cuáles derechos debían ser reconocidos, así como cuáles serían los mecanismos de protección y los aspectos relacionados para su implementación (Cassese, 1993).

En el debate, muy ríspido entre los representantes de los Estados, los países occidentales tenían como principal objetivo que se protegieran todos los bienes jurídicos que habían sido mayormente afectados en el conflicto bélico, como la vida, la integridad física y la libertad de expresión: en general, todos los derechos civiles y políticos. Este planteamiento era coherente con la tradición jurídica de los países europeos como Inglaterra y Francia, además de Estados Unidos (Cassese, 1993).

Estas transformaciones del Estado y del derecho, acaecidas durante la última mitad del siglo XX y como resultado de las dos guerras mundiales, propició que las políticas públicas tuvieran una función interventora muy importante: proveer a la población de educación, vivienda, salud y empleo, entre otros elementos, para tuviera un buen vivir y con ello se pudiera cumplir con ejercer los derechos humanos establecidos en las constituciones. Jiménez hace énfasis en esta mentalidad jurídica que respondía a un modelo profundamente estatista, racional y formal (Jiménez, 2007). Este enfoque de los derechos humanos hacia las políticas públicas debe ser entendido como una nueva perspectiva para concebir y diseñar al desarrollo humano en el marco de un proceso de concertación entre el Estado y la sociedad civil. Es la parte medular y constituye la incorporación en la doctrina socio-jurídica, y el paso a la concatenación y apalancamiento de unos derechos con otros, de tal forma que, si hay lesión a uno, afecta a otros; o, si se incumplen, uno afecta en cumplir otro derecho (Jiménez, 2007). Esta nueva visión rompe con la forma tradicional de concebir los derechos humanos, es decir, las tres generaciones referidas por Vasak anteriormente. Por su parte, Jiménez enarbola a los derechos humanos en la parte más baja de la sociedad y del triángulo, conformándose como la base de construcción social para que la propia sociedad funcione (Jiménez, 2007).

Abramovich refiere que este nuevo enfoque de derechos en las políticas y estrategias de desarrollo apuntala al derecho internacional sobre los derechos humanos y se configura como un marco conceptual -aceptado por la comunidad internacional, capaz de orientar el proceso de formulación, implementación y evaluación de políticas en el campo del desarrollo y una guía para la cooperación y la asistencia internacional -respecto a las obligaciones de los gobiernos donantes y receptores, el alcance de la participación social y los mecanismos de control y responsabilidad- que se necesitan a nivel local e internacional (Abramovich y Courtis, 2006).

Bajo esa lógica, es imposible tener democracia si hay hambre, si no existe la escolaridad o es exigua, si no hay empleo, si no hay salud o si la vivienda es un reducto ejidatario, entre otras muchas cosas. Esto no quiere decir que no funcione, pero sí demuestra que es fácil que los gobiernos intervengan en el manejo del voto porque hay necesidades básicas sin resolver, y que, sin duda, hace que las personas con esas necesidades puedan ser manipuladas a “vender” o “apoyar” ciertas ideas o candidatos que, en otras circunstancias, no respaldarían.

La idea central radica en que los alcances y metas del ejercicio público estén enfocados en garantizar la dignidad humana y obtener resultados más eficaces respecto a la atención de los problemas de la agenda pública. Además, los Estados deben cumplir con los compromisos adquiridos a partir de la aceptación de instrumentos que, posteriormente, se constituyen como estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Jiménez, retomando a Güendel, refiere que la positivación de los derechos humanos ha abierto espacios institucionales que permiten a los sujetos sociales convertirse en sujetos de derecho, dando instrumentos para su exigibilidad y consecuente vigencia. Por esta razón, los marcos jurídicos se reconocen como instrumentos que pueden ser efectivos para revertir la desigualdad real. Por consiguiente, el derecho se visualiza como un mecanismo de integración social que fomenta el establecimiento de normas de convivencia legales sometidas a la libre argumentación y contra argumentación, contribuyendo así al desarrollo e internalización de una cultura democrática (Jiménez, 2007). Por ello, Jiménez apuntala que este proceso ha generado tres consecuencias:

• Asumir que el sujeto social se constituye en un actor autoreflexivo que debe someter a la crítica permanente la relación con el otro, así como su participación en todos los espacios sociales.

• Reconocer que el sujeto es el resultado de un proceso permanente de construcción de la identidad social y personal, condicionados por los ciclos de vida.

• La creciente institucionalización de prácticas sociales conlleva que los movimientos sociales, por sus reivindicaciones, pueden terminar en la incorporación de derechos humanos. A la vez, se replantean las formas tradicionales de hacer política, dado que estos grupos deben actuar dentro de la institucionalidad formal y desplegar estrategias viables de reconfiguración del proceso de integración social. El enfoque de los derechos humanos requiere de un sujeto activo y de una nueva ciudadanía que comprenda las dimensiones culturales, políticas y sociales para la construcción de democracias participativas, inclusivas y estables (Jiménez, 2007).

Esta postura echa por tierra las clásicas de cómo ver los derechos humanos, opuestas a su exigencia de aplicación. Estas ideas de no conceder los derechos humanos van desde un extremo, que son simples planteamientos descriptivos y que se refieren a la buena intención de los gobiernos, hasta el otro, que no son exigibles porque están ligados al poder económico que tenga un Estado. Dichas posturas se pueden explicar de manera somera.

Los derechos sociales no protegen intereses fundamentales

Algunas de las posiciones contrarias a la presencia en las constituciones de derechos sociales manifiestan abiertamente que estos no serían esenciales para el libre desarrollo de la personalidad, y que constituirían derechos de menor valor o de segunda categoría. Esta idea ha sido defendida desde diversas corrientes pertenecientes al liberalismo. Entre los neoliberales, el exponente más representativo de esta idea es Hayek, quien ha sostenido que los derechos sociales son solo aspiraciones y que invocarlos como auténticos derechos degrada el contenido de este concepto (Hayek, 1994). Por el lado de un liberalismo que pudiera ser definido como “progresista”, se encuentra Rawls, quien ha defendido que las libertades básicas, asimilables a los derechos civiles y políticos, son esenciales para el ser humano mientras los derechos económicos, sociales y culturales no son esenciales para la democracia. Por ello, los derechos sociales no deberían quedar incluidos dentro de los textos constitucionales, siendo su lugar el del libre debate político (Rawls, 2014). Esta misma idea es la que ha llevado a algunos constitucionalistas a observar a los derechos sociales como no fundamentales y se conceda esa denominación solo a los derechos civiles y políticos (Peces-Barba, 2015a).

Los derechos sociales afectan el carácter pluralista de la constitución

En esta parte se encuentra Rawls, quien considera que los derechos económicos, sociales y culturales exigen la necesidad de elegir entre distintas visiones políticas en mayor medida de lo que sucede con los derechos civiles y políticos (Rawls, 2014). Rosenkrantz considera que existen diversas concepciones del bien en materia de justicia distributiva y ninguna de ella ha demostrado ser la correcta en forma incontrastable. Por ello, la consagración de los derechos sociales afectaría el libre juego democrático y el carácter pluralista de los textos constitucionales (Rosenkrantz 2003). Agrega que la situación con los derechos civiles y políticos es diferente, pues, respecto a ellos, existiría un amplio consenso en el sentido de que deben evitarse sus violaciones y el Estado tiene que jugar un rol en su protección. En este contexto, el reconocimiento de derechos sociales constitucionales llegaría incluso a afectar gravemente la integración en la sociedad de los grupos que tienen una concepción del orden social y económico completamente diversa de la cristalizada constitucionalmente (Rosenkrantz 2003).

Los derechos sociales no son absolutos y se contraponen a los derechos civiles y políticos

Para algunos autores, la incorporación de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) a la noción de derechos humanos ha debilitado los rasgos tradicionales de los propios derechos humanos y, en particular, su carácter absoluto. Esta afirmación se basa en que los DESC serían derechos que pueden ser desplazados por otras consideraciones morales al no tener la característica de la fundamentalidad. A lo anterior se agrega lo descrito por Hayek, quien afirma que estos nuevos derechos implicarían importantes limitaciones y se contrapondrían llegando a constituir un verdadero peligro para las libertades individuales (Hayek, 1994). En esta postura también se ubica Habermas, ya que, en su opinión, el reconocimiento constitucional de derechos sociales perjudicaría la realización de las libertades individuales y los derechos de participación (Habermas, 2001). Peces-Barba, con una postura clásica, afirma entre sus diversas críticas al reconocimiento constitucional de los derechos sociales, que si bien dichos derechos no son incompatibles con los clásicos derechos civiles, es inevitable que la consagración en los textos constitucionales de los primeros se traduzca en la relativización de los segundos (Peces-Barba, 2015b).

Los derechos sociales afectan de sobremanera el carácter de ley fundamental y de normatividad de los textos constitucionales

Los dos argumentos anteriores han desembocado en la crítica más radical al reconocimiento de derechos sociales constitucionales; su incorporación en el texto constitucional perjudicaría su calidad de ley fundamental y deterioraría su carácter de norma jurídica vinculante y directamente aplicable. De hecho, parece ser una conclusión lógica que los derechos económicos, sociales y culturales no son fundamentales, pues representan intereses menores y no son absolutos porque podrían ser desplazados por otros factores. Por ende, su inclusión en una constitución no es pertinente, planteamiento a todas luces sin argumentos lógicos ni jurídicamente aceptables. Pero, en otras ocasiones, se ha llegado a afirmar que los derechos sociales no deberían institucionalizarse porque no son justiciables. Entre sus argumentos está el de Rosenkrantz, quien afirma que se trata de derechos que, de incluirse en los textos constitucionales, quedarían como promesas incumplidas, pues no tienen la calidad de ser derechos coercibles (Rosenkrantz, 2003).

Su posición defiende que son igualmente importantes para la realización del ideal del liberalismo político: la existencia de una sociedad justa entre iguales. No obstante, hace énfasis en que se trata de derechos no ejecutables. Rosenkrantz termina concluyendo que su consagración constitucional mina la aplicabilidad directa de todo el bloque de derechos fundamentales, por lo cual el desarrollo de bienes relevantes como la educación, la salud o la vivienda deben quedar residenciados en la política y la legislación e incorporarse en los textos constitucionales (Rosenkrantz, 2003).

Este planteamiento concluye que la inclusión de derechos que, por su propia naturaleza, no pueden ser exigibles jurisdiccionalmente pondría en entredicho el constitucionalismo moderno, por lo que hace al principio de supremacía constitucional.

Es de destacar que, para Jiménez, el nuevo desarrollo y las políticas públicas puede entenderse de manera general como el pleno despliegue de las potencialidades inherentes a la naturaleza del ser, donde se requiere la concreción o realización material de capacidades, talentos y virtudes de las personas a nivel social, y que implica el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida (Jiménez, 2007). Jiménez, retomando a Amartya Sen, afirma que el desarrollo es un proceso de expansión de las libertades reales que pueden disfrutar los individuos. La libertad hace referencia aquí a las capacidades individuales para realizar aquello que una persona tiene razones para valorar (Sen, como se citó en Jiménez, 2007). Lo anterior lleva a concluir que, para que haya desarrollo humano, se requiere que cada persona sea capaz de ejercer plenamente sus libertades y derechos, ambos constitutivos del proceso de desarrollo. Por ello, propone una visión de derechos humanos con una de integralidad multidimensional: económica, política, social y jurídica (Jiménez, 2007).

Abstencionismo

La participación lato sensu y la participación electoral es, para algunos pensadores, el elemento esencial de la democracia. No se puede hablar de la existencia de la democracia si no hay participación; la democracia, bajo su acepción de poder del pueblo, es la forma de gobierno que invita a la ciudadanía a ser partícipe de las decisiones que están dentro del entorno común. Bobbio refiere que un sistema democrático se entiende como un conjunto de reglas procesales, donde la más importante es la regla de mayoría (Bobbio, 2001). No es la única, ya que dentro de esas reglas procesales se encuentran también otras, como la igualdad del derecho a participar sin distinción de sexo o del estatus social que guarda el individuo, por lo que, acertadamente, Bobbio llamó a la época actual la era de la democracia, debido a que un número considerable de países se conducen bajo sistemas democráticos buscando seguir estos principios.

Para hablar de abstencionismo, es preciso referirse a su contraparte: la participación. Sin embargo, aquí existe una confusión según Nohlen, quien afirma que debe distinguirse entre participación electoral y participación política. La primera constituye un aspecto parcial de las muchas dimensiones de la participación política; la última es más abarcativa y compleja. Cabe resaltar que es frecuente observar que se usa de manera inversa, causando confusión (Nohlen, 2004).

Para Nohlen, no hay que subestimar el papel clave de la participación en las elecciones dentro del sistema democrático. La participación política se ha extendido a nuevas formas, a acciones ciudadanas cuya valoración democrática va en aumento. Esto incluye no solamente la participación convencional derivada de la que ofrecen las estructuras institucionales, sino también se debe considerar la participación no convencional, que se ejerce fuera de las instituciones políticas establecidas, y que es una nueva forma de participación pero que, en ocasiones, no es medida ni estudiada por considerarse fuera de los esquemas establecidos por el Estado (Nohlen, 2004). Sin duda, el análisis de la participación política es muy amplio; hay que dilucidar el hogar, el espacio de trabajo, la escuela, las colonias o barrios donde se habita, el bar y los lugares de esparcimiento, incluso donde se habla de política y se puede hacer política.

Sin embargo, la participación electoral sigue siendo muy importante por varias razones, ya que es el acto que demuestra públicamente el ciudadano para externar sus preferencias electorales. Aunque existen otros autores que refieren que no necesariamente es así; el abstencionismo puede ser una forma de expresar desacuerdos (Nolhen, 2004).

El abstencionismo hace referencia a la no participación en algo a lo que se tiene derecho (Reniu, 2004). No obstante, dentro de la presente investigación interesa, además de la definición, buscar explicaciones del porqué de este fenómeno en el estado de Hidalgo. Resulta muy importante iniciar con la definición de Sartori, quien dice que la mejor forma de conocer que es la democracia, es definir inicialmente todo aquello que no es democracia (Sartori, 2003). Para Sartori, la pregunta etimológicamente es de sencilla respuesta: la democracia es el poder del pueblo. Pero Sartori refiere que, si se intenta desentrañar en qué se plasma, la cuestión instantáneamente pasa a ser de una dificultad considerable. Por eso, su respuesta inicial es que hay que saber qué es democracia. De otra forma, no se podrá entender, pues hay que dilucidar la democracia, en qué consiste, cuáles son sus valores, pilares y fundamentos (Sartori, 2003).

Dentro del presente estudio interesa el abstencionismoen la arena política, donde la abstención se centra en la ausencia de participación no solo de la esfera política, también de las urnas. El abstencionismo, para De las Heras, es el resultado que aparece después de un proceso electoral, y es simplemente la diferencia entre el total de votos emitidos y la lista nominal (De las Heras, 2006).

Para Crespo, la abstención se asocia a los sectores urbanos en los que los niveles de escolaridad, la salud y los ingresos más altos, entre otros factores, permiten que la ciudadanía tenga una mayor conciencia y crítica de los actos que se realizan a nivel político, por lo que la manipulación del voto, su coacción o compra es menor que en las regiones rurales (Crespo, 2005).

Peschard considera que el abstencionismo es un indicador de despolitización, de integración política insuficiente, que surge como consecuencia de una inserción social débil (Peschard, 2010).

Para Alonso Sánchez, existe una identificación o serie de razones por las cuales se puede observar el abstencionismo, entre las que ennumera: las fallas en la credencial de elector, lejanía de la casilla correspondiente, impedimento laboral, que haya un rechazo a los candidatos y a las campañas, repudio a la mercadotecnia, desconfianza por el mal gobierno, decepción en los gobiernos, la inutilidad del voto, el voto como rechazo activo y el voto anulado como expresión antisistémico. Por estas razones, cuando se habla de abstencionismo, dicho autor refiere que el tema es complejo y de difícil respuesta (Alonso Sánchez, 2005).

En un estudio llevado a cabo por el Instituto Federal Electoral (IFE), se delinean seis factores que dan cuenta de la abstención electoral en México: 1) El elevado costo de las elecciones; 2) La falta de sentido y eficacia de la clase política; 3) La insalvable distancia entre las propuestas de campaña y las demandas de la ciudadanía; 4) Una escasa identificación de los ciudadanos con los partidos políticos; 5) El tipo de autoridad que se elige; y 6) La proliferación de campañas centradas en las descalificaciones (IFE, 2010).²

Bajo esta perspectiva, todo régimen que se precie de ser verdaderamente democrático debe tener como preocupación fundamental la participación electoral (IFE, 2010), pues su contraparte -la abstención- a la postre puede insertar al sistema en una crisis de representatividad que, a su vez, puede conducir a un vacío de legitimidad de las instituciones y de los mecanismos democráticos.

Sin embargo, el abstencionismo no se ha visto de forma frecuente con la interrelación de los derechos humanos que refiere Jiménez, en la que el fortalecer uno de esos derechos fundamentales apuntala a otros, tal y como se ha mencionado anteriormente.

Abstencionismo en México

Los estudios de abstencionismo en México demuestran posturas y criterios diversos. Generalmente, el consenso es que se trata de un fenómeno multicausal o multifactorial. Ha habido un interés, principalmente, en estudios de tipo sociológico, acompañado del interés de llevar a más electores a las urnas como sinónimo de democracia. Segovia analizó las elecciones federales de 1982 y encontró un rezago social considerable, afirmando que la única manera de poder legitimar al sistema es que la tasa de abstencionismo pueda eliminarse. Aunque en cierta medida él daba una respuesta a ello diciendo que, al tener siete millones de analfabetos, era una tarea difícil de llevar a cabo (Segovia, 1996).

En las últimas dos elecciones locales para elegir gobernadores en México, ha existido una variabilidad considerable en el porcentaje de abstencionismo. El promedio de la abstención en las 32 entidades disminuyo entre la última (43.61%) y la elección anterior (44.72%); el número de entidades que disminuyó su ausencia electoral en las últimas elecciones fue mayor (18), pero casi la mitad (14) lo incrementó. Resaltan Baja California, Chihuahua, Quintana Roo, Tamaulipas, Durango, Estado de México e Hidalgo, con los niveles más altos de abstencionismo, por arriba de 50%, muy diferentes y opuestos en comparación con la Ciudad de México, Chiapas, Tabasco y Yucatán con niveles inferiores a 35% (Cárdenas y Carrazco, 2015). Al elegir simultáneamente presidente de la República, gobernador, ayuntamientos y diputados locales, los gastos de información se incrementan y las campañas se intensifican, por lo cual los ciudadanos están más informados y todo parece indicar que estarían más interesados en participar en las elecciones (Cárdenas y Carrazco, 2015). En las pasadas elecciones de 2015, Baja California fue el estado con mayor índice de abstencionismo con un porcentaje de más de 70% de inasistencia a las urnas. La lista nominal nacional que muestra a los ciudadanos que pueden votar era de 77 913 406 mexicanos. En los comicios de diputados federales, participaron 36 623 125 electores, es decir 47% del total de acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE).

Esto dejó 53% de abstencionismo en México para 2015, siendo los estados con mayor abstención Baja California (70.4%), Chihuahua (67.8%), Aguascalientes (63.6%), Chiapas (71.1%), y Tlaxcala (60.9%), entre otros. El abstencionismo aún está presente en la capital mexicana, donde, en la elección de Constituyentes, solo participó 28%, dándose un abstencionismo de 72 %.

El estado de Hidalgo: su participación y abstencionismo electoral

En el estado de Hidalgo, en 1999 se llevaron a cabo elecciones para elegir presidentes municipales. En ese momento, el listado nominal registrado fue de 1 074 439 electores, de los cuales hubo 573 395 votos en total. Esta cantidad representó 53.37% de participación y, por ende, un abstencionismo de 46.63%. Para ese año, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) alcanzó 74 presidencias municipales, lo que representaba 88.1%, seguido del Partido de la Revolución Democrática (PRD) con siete alcaldías (8.3%). El Partido Acción Nacional (PAN) obtuvo solo dos de ellas, computando 2.4% del agregado estatal, mientras que el Partido del Trabajo (PT) logró una presidencia municipal, computando 1.2% del total de la entidad.

En esa elección, se presentó 59.5% de abstencionismo en el estado, al ser el Distrito XV -con cabecera en Molango (43.5%)-, seguido del Distrito Local número XVII -con sede en Jacala (44.4%)- y el Distrito IX -con sede en San Agustín (47.3%)- los que tuvieron una menos participación.

Los distritos electorales estatales con mayor abstencionismo en esa elección fueron el Distrito XIV -con sede en Actopan, alcanzando 72.2%-, seguido del Distrito XII -ubicado en Tizayuca, con 70.7%- y del Distrito V -con sede en Tepeji, con 68.4% de inasistencia a las urnas-. Un dato que vale la pena mencionar es que 6.3% de los votos emitidos a nivel estatal, fueron considerados nulos, por no saber sufragar de manera adecuada. En las elecciones de diputados locales de 1996 todos los escaños fueron ganados por el PRI.

En 1999 también se eligieron diputados locales. En promedio, el abstencionismo fue de 48.5%, con sus diferencias según el distrito. El menor abstencionismo estuvo en el distrito de Molango y el de Huejutla con 38.3% y 38.6% respectivamente. El mayor abstencionismo fue de 55.2%, registrado en el distrito de Tizayuca.

En esas elecciones a diputados locales, el PRI logró 16 de las 18 diputaciones. Solo el PAN logró quedarse con dos, la primera en el Distrito II, con sede en Pachuca Oriente, y la segunda en el Distrito III, con sede en Tulancingo, Hidalgo. Los votos nulos fueron de 6% con respecto al total de votos emitidos.

En el mismo año también hubo elecciones para gobernador. El abstencionismo total fue de 48.5%. El ganador fue el PRI con 325 781 sufragios, seguido de la coalición PAN-Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que alcanzó 195 054 votos, y por último la coalición PT-PRD, alcanzando solo 1293 sufragios. Los votos nulos alcanzaron 4.8%, con respecto de los votos emitidos, es decir, uno de cada veinte electores emitió un voto nulo.

Para 2002, nuevamente hubo elección de ayuntamientos. El abstencionismo fue de 46.8% en toda la entidad, aunque nuevamente hubo diferencias. Se observa nuevamente que el menor abstencionismo está en los municipios con mayor marginación y el mayor abstencionismo se ubica en los municipios con mayor bienestar.

El PRI obtuvo 44 de las 84 alcaldías, alcanzando 52.4% del agregado estatal. El PAN aumentó el número de presidencias municipales ganadas a 23, alcanzando 27.4%. El PRD obtuvo 10 alcaldías ganadas, ubicándose en el tercer lugar con 11.9%. El PRI hizo una alianza con el PVEM, y ambos, de forma conjunta, ganaron cinco presidencias municipales, lo que representa 6%. Por último, el PT y el PVEM alcanzaron cada uno, de forma independiente, una alcaldía, representando cada uno 1.2%. Por último, nuevamente, se presentaron 5.8% de votos anulados.

Ese mismo año, se llevaron a cabo elecciones de diputados locales. Nuevamente, se alcanzó un abstencionismo a nivel estatal de 62.1%, siendo el Distrito XI con 70.4%, Distrito III con 71.2%, Distrito IV con 71.2%, Distrito XII con 72.0%, Distrito V con 72.2% y Distrito XIV con 74.7% de abstencionismo los que menos presencia tuvieron en las urnas. Los distritos con menor abstencionismo fueron el Distrito XVII con 45.3% el Distrito XV con 46.2% y el Distrito IX 49.9% de abstencionismo. En esta elección, todos los diputados locales que ganaron pertenecían al PRI.

En 2003, se llevó a cabo la elección de diputados federales. En esa elección, los candidatos del PRI fueron los ganadores en los siete distritos federales electorales. Hidalgo se mantuvo como un estado abstencionista. Regresando al ámbito local a la entidad hidalguense, en 2005 se eligieron nuevamente presidentes municipales y diputados locales. Para presidentes municipales hubo un abstencionismo de 47% y un cambio interesante en la arena política. Dado que el PRI dejó de gobernar en la mayoría de ayuntamientos de la entidad, ganó 35 presidencias municipales, 21 quedaron en el PAN, 24 fueron para el PRD y 1 para el PT.

Respecto a los diputados locales, el PRI nuevamente se afianzó en todos y cada uno de los 18 distritos. En 16 de ellos ganó en alianza con el PVEM y en los Distritos IX y X correspondientes a Metzquititlán y Tenango de Doria, ganó compitiendo sin alianza alguna. En esta elección, el abstencionismo electoral fue de 45%, mientras que los votos nulos fueron de 4.72%.

En ese mismo año, a nivel federal, se eligieron senadores, diputados federales y presidente de la República Mexicana. En cuanto a la elección de presidente, en todos los distritos federales del estado de Hidalgo perdió el PRI. En la elección de diputados federales, perdió tres y conservó cuatro, y, en lo concerniente a senadores, perdió en cinco de los siete distritos electorales federales.

Para 2008, nuevamente se presentaron las elecciones para presidentes municipales y se venía de un proceso doloso para el PRI, que, en la elección presidencial, había salido disminuido. Este proceso de presidentes municipales tuvo un abstencionismo de 49.1%. El PRI, participando sin alianza, ganó 16 municipios y en alianza con el Partido Nueva Alianza (Panal) ganó 37; el PRD, también aliado con el Panal, alcanzó 15 escaños; el PAN obtuvo nueve alcaldías; el PVEM logró alcanzar cinco; el PT obtuvo una, lo mismo que Convergencia.

En la elección de diputados locales de 2008, el PRI, en alianza con el PVEM, obtuvo la victoria en 12 de los 18 municipios; compitiendo solo, sin alianza alguna, ganó en los seis distritos locales restantes, lo que nuevamente le dio una victoria completa. En este proceso, el abstencionismo alcanzó 37.4%, disminuyendo de forma importante con respecto a las elecciones anteriores.

En 2009, nuevamente se presentaron elecciones federales para el cambio respectivo de los diputados federales. El abstencionismo fue de 49.3%. Nuevamente, el PRI obtuvo la victoria en los siete distritos federales electorales.

En el año 2010, de manera local, se eligieron nuevamente diputados locales y gobernador de la entidad. Para este último proceso, hubo un abstencionismo de 47.4%, resultando ganador nuevamente el PRI. En la elección de diputados locales el PRI obtuvo 13 de los 18 distritos locales; el PAN obtuvo uno; el PRD y el Panal, uno cada uno.

En 2011 se eligieron nuevamente presidentes municipales en la entidad y se dio un sorprendente 57.3% de abstencionismo. Se observó que los municipios con mayor votación fueron los que presentaban una mayor marginación, mientras que los municipios con mejor bienestar presentaron un abstencionismo mucho más marcado.

El PAN obtuvo la victoria en ocho municipios; el PRI, participando sin coalición o alianza alguna, alcanzó 33 lugares; el mismo partido, en alianza con el PVEM y el Panal, obtuvo la victoria en 11 municipios; el PRD, sin alianza alguna, obtuvo un escaño y en alianza con el PAN logró ocho presidencias municipales; el PT, sin alianza, gano cuatro presidencias municipales y en alianza con Convergencia solo una. Los partidos PVEM, Convergencia y Panal, sin coalición alguna, ganaron cinco, dos y cinco escaños respectivamente.

En el año 2012, nuevamente se presentaron elecciones federales. Este año fue importante para el PRI en la entidad, ya que ganó los siete distritos federales electorales en la elección de diputados. Para elección de senadores, solo perdió un distrito federal; en la elección de presidente de la República, mayoritariamente ganó el PRI; el abstencionismo computado alcanzó 49.1%.

Para el año 2013, nuevamente se eligieron diputados locales en la entidad con un abstencionismo de 39.7% y una victoria completa del PRI, ganando en los 18 distritos electorales locales. Al elegir simultáneamente presidente de la República, gobernador, ayuntamientos y diputados locales, los gastos de información se incrementaron y las campañas se intensificaron, por lo cual los ciudadanos estaban más informados y todo parecía indicar que estarían más interesados en participar en las elecciones (Cárdenas y Carrazco, 2015).

Para el año 2015, en el estado de Hidalgo se eligieron diputados federales, con un abstencionismo de 45.4% y una victoria completa del PRI en los siete distritos electorales federales. Por último, un año después se vio una concurrencia de elecciones en la entidad hidalguense. Por lo querespecta a la elección de ayuntamientos, los resultados fueron los siguientes: un municipio fue ganado por un candidato independiente, el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) logró un escaño, el PT alcanzó cuatro presidencias municipales, Movimiento Ciudadano consiguió cinco ayuntamientos, los mismos que la alianza PRI-PVEM-Panal. El PVEM, sin alianza alguna, alcanzó 6 escaños; el Partido Encuentro Social (PES) logró la victoria en ocho municipios; el PRD ganó 15 presidencias municipales; el PAN y el PRI, sin alianzas, alcanzaron cada uno 17 escaños; y quedaron cinco municipios impugnados para resolverse en los tribunales, que fueron Mineral del Monte, Singuilucan, Tepeji del Río de Ocampo, Tlahuiltepa y Tolcayuca.

En ese mismo año, concerniente a la elección de diputados locales en las elecciones distritales de Hidalgo, el PRI obtuvo ventaja en 11 distritos electorales de un total de 18, para el PAN fueron 5, para el PRD uno y para al PES también uno. Por último, la gubernatura fue ganada por el PRI y, en general, se obtuvo un 33.9% de abstencionismo. De forma global, y en retrospectiva, es posible vislumbrar que, si bien es cierto el nivel de abstencionismo, varía de acuerdo con la elección que se aborde. Hidalgo se ha caracterizado por un abstencionismo constante en las elecciones recientes.

Situación socioeconómica de Hidalgo

Por su extensión, Hidalgo es una de las entidades más pequeñas del país, ya que representa solo 1.07% de la superficie nacional y ocupa el lugar 26º con relación a los demás estados. El porcentaje de la población estatal, con respecto a la del país, no varió significativamente entre 2000 y 2015, constituyendo 2.29% y 2.27% de la población nacional respectivamente. En el año 2000, ocupó el lugar 17 en una escala nacional de mayor a menor población, bajó al puesto 18 y, cinco años después, bajó al lugar 19 con respecto a las demás entidades federativas. En el año 2010 alcanzó un porcentaje de 2.37% y en 2015 2.39% en población. La entidad cuenta con 84 municipios, los cuales tienen diferencias importantes en aspectos sociodemográficos.

La población del estado de Hidalgo se ha incrementado en una proporción menor con respecto al total nacional, lo cual explica por qué la entidad ha disminuido su participación en términos porcentuales. La tasa de crecimiento de la población iba en ascenso hasta la década de los ochenta, sin embargo, empezó a decrecer en 1990. Este descenso en la tasa de crecimiento total se explica parcialmente por los fuertes procesos migratorios que han caracterizado a la entidad. También explica por qué la entidad ha descendido su participación proporcional con respecto al agregado nacional.

Los modelos de desarrollo seguidos por México a lo largo del siglo XX han ocasionado problemas de desigualdad con respecto a las oportunidades y satisfacción de necesidades, y esto, a su vez, se encuentra relacionado con la pobreza, es decir, con la insatisfacción de necesidades básicas y falta de oportunidades para una parte importante de la población. Diversos autores han afirmado que la pobreza depende menos del grado de desarrollo de los factores productivos que de la concentración extrema de los factores económicos (Vuskovic, 1993).

Por esta razón, el concepto de población marginada se refiere a los grupos de población que han quedado privados de los beneficios de la riqueza generada por el desarrollo, aunque no necesariamente al margen de su generación. En este sentido, se afirma que la población marginada es aquella que tiene insatisfechas sus necesidades básicas tal como la vivienda, el ingreso, la educación, la salud y el empleo entre otros (Camposortega, 1997).

En el caso de Hidalgo, su bajo nivel de desarrollo humano se relaciona con un alto nivel de pobreza, así como con el carácter altamente rural de su población. Si bien en las últimas décadas se ha incrementado la proporción de personas que viven en la zona urbana, el porcentaje de población rural sigue siendo alto si se lo compara con el resto del país. En el año 2015, por ejemplo, la mitad de su población era de carácter rural (47%). Al interior de Hidalgo, se observa que la mayor parte de los hogares en condiciones de pobreza se encuentran en las zonas rurales. Esta situación es más acentuada en el caso de los hogares que se encuentran en el nivel 1, que es el que se considera más grave por tratarse de pobreza alimentaria o extrema.

Una diferencia importante se da en los municipios localizados al sur del estado, algunos de los cuales presentan incidencia de pobreza media o alta, con niveles de marginación bajos o muy bajos. Mientras los niveles de pobreza captan las carencias por un método monetario, como es la línea de pobreza, los niveles de marginación miden son las necesidades básicas insatisfechas de la población que reside en un municipio.

Por eso, en el caso de los municipios del sur, se encuentran hogares que, aunque pobres desde el punto de vista del ingreso, no tienen tantas necesidades insatisfechas como las que se observan en otros lugares del estado.

Pero aparte de esta situación, los mapas de incidencia de la pobreza -en sus tres niveles- son coincidentes en el sentido de que los municipios que presentan los niveles de pobreza alimentaria más altos, son también los que presentan carencias si se mide la pobreza con otros criterios.

A grandes rasgos, existen tres zonas que presentan los más altos niveles de pobreza y marginación. La primera es la zona norte del estado, donde se localizan los municipios que pertenecen a la Huasteca Hidalguense. La segunda se encuentra al oriente del estado, donde se ubica una pequeña zona compuesta principalmente por la región Otomí-Tepehua y al oeste el Valle del Mezquital, principalmente en su parte alta.

En la tercera región, al sur, se localizan las principales actividades industriales y de servicios, así como las ciudades más grandes es la que presenta menores niveles de pobreza. Por contraste, las zonas donde la pobreza tiene una menor incidencia son aquellas en las que hay un alto porcentaje de la población que trabaja en el sector industrial o de servicios y en las que hay más ocupados que trabajan como asalariados en empresas privadas o en instituciones gubernamentales.

Objetivo

El objetivo de esta investigación fue conocer y reflexionar en torno a la participación política electoral de los hidalguenses, entender su participación en las urnas, así como el abstencionismo que se observa en cada jornada electoral de manera histórica. Las fuentes de datos utilizadas en este trabajofueron los archivos históricos recientes del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) y del INE , aunque la materia prima más importante de la presente investigación fue una encuesta representativa a nivel estatal titulada “Percepciones políticas en el Estado de Hidalgo, 2016”, la cual tuvo una confianza de 95%, un error de 5% y una no respuesta de 15%, así como fue representativa para tres submuestras o subencuestas. La primera de estas se refiere a localidades rurales (menores de 2500 habitantes), una segunda que es considerada como urbana (localidades de 2500 habitantes a 79 999 habitantes) y una tercera que se ha denominado ciudades medias, incluyendo ciudades de 80 000 habitantes y más.

Metodología de la investigación y diseño estadístico de la encuesta “Percepciones político-electorales en el estado de Hidalgo, 2016”

La población objeto del estudio estuvo compuesta por personas mayores de 18 años que habitan en viviendas particulares del estado de Hidalgo. No fueron incluídas las personas que habitan en viviendas de tipo colectivo. Además, solo se entrevistó a personas que contaban con credencial de elector vigente para poder emitir su sufragio. El levantamiento de campo de la prueba piloto se realizó en la entidad hidalguense, tanto en lugares urbanos como rurales. El número de viviendas que se visitaron para aplicar la encuesta de la prueba piloto fueron 120, de las cuales 50% fueron urbanas y el resto rurales.

Se utilizó un diseño de muestreo probabilístico multietápico por conglomerados, lo que obligó a corregir la muestra en 25% por la no respuesta. El esquema de muestreo que se siguió fue estratificado con selección de conglomerados en dos etapas. La unidad de muestreo de la primera etapa fue municipal y se continuó de acuerdo a todas las localidades existentes. Se hizo una separación entre localidades rurales, semiurbanas y urbanas. Todas tuvieron la probabilidad de ser elegidas. Es importante mencionar que se hicieron tres ejercicios de submuestra, distribuidos de la siguiente forma:

• Rural: aplicada a todos los municipios que tenían por lo menos 77% de sus localidades con 2499 habitantes y menos, de acuerdo con la clasificación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Estos municipios ascendieron a 44, sumando 27.9% de la población en edad de sufragar en el estado de Hidalgo.

• Urbana (tendiente a ciudades medias): una segunda aplicación a todos los municipios que condensan a 80 000 habitantes y más, y que fueron ocho municipios que, entre ellos, condensan 39% de la población residente en el estado de Hidalgo.

• Semiurbano: una tercera muestra donde quedaron los municipios restantes, y que condensan 33.1% de la población mayor de 18 años en edad de sufragar, sumando 32 municipios incluidos.

La muestra de población seleccionada fue representativa estadísticamente para cada submuestra, así como para el total del estado de Hidalgo. Se tomaron en cuenta criterios sobre alfabetización, estado civil, derechohabiencia, empleo y sexo entre otras. La encuesta tiene un grado de confianza de 95%, con un error de estimación de 5% y una no respuesta de 25%. El trabajo de campo para el levantamiento de la encuesta se efectúo en el periodo del 1 de febrero al 25 de marzo del año 2016; el cuestionario estuvo conformado por 63 preguntas. La encuesta recabó información de 2880 hogares útiles seleccionados y el total de las localidades visitadas en toda la entidad fueron 289 ubicadas en 150 localidades.

El estado de Hidalgo es una las cinco entidades prioritarias a nivel nacional. El 47% de la población vive en zonas rurales, entendiendo el concepto del Inegi en donde las localidades de 2499 y menos habitantes se consideran rurales y las de 2500 habitantes y más, urbanas.

El estado de Hidalgo tiene, en promedio, la escolaridad de segundo año de secundaria. Ochenta y seis porciento de su población percibe tres salarios mínimos o menos y ha presentado entre sus niveles de bienestar los más bajos a nivel nacional; además, se tiene aún una población indígena importante en regiones específicas. Sin embargo, Hidalgo, en términos generales, aún sigue siendo altamente rural: cerca de uno de cada dos habitantes reside en localidades menores de 2499 habitantes, que ubican al estado con menores beneficios de infraestructura, servicios básicos de vivienda, agua potable, alcantarillado y energía eléctrica.

Algunos resultados de la encuesta “Percepciones político-electorales en el estado de Hidalgo, 2016”

Como lo plantea Schumpeter, el esquema de la democracia permite a los actores políticos enfrentarse, regularmente, bajo reglas del juego previamente establecidas, mismas que, teóricamente, deben permitir aceptar la derrota bajo la expectativa de resultar victoriosos en un siguiente ejercicio, siempre y cuando se sujeten a las reglas. Esta lucha política implica un sistema de partidos para mantener el control de los recursos políticos que se alimenta de la competencia por los votos en el mercado electoral; el político debe trabajar justo en este último, ya que es el que provee de la materia prima, los votos (Schumpeter, 1942).

Por ello, la encuesta antes referida obtuvo información sobre los procesos electorales. Se preguntó si acostumbraban a hablar de asuntos políticos; en promedio, en la entidad hidalguense, 70% no habla de política ni de sus actores. A la pregunta “¿Dónde habla principalmente de asuntos políticos?”, los hidalguenses, de forma global, lo hacen en la casa, seguido del trabajo, la colonia, la plaza, la cantina o el bar, con sus diferencias según el sexo.

Dentro de este tema, se preguntó si se participa en algún tipo de organización vecinal escolar, sindical, deportiva, entre otros, en las que también se incluyen las de tipo político. En el contexto estatal, 32.4% dijeron pertenecer a alguna agrupación, es decir, dos de cada tres personas mayores de 18 años no pertenecen a ningún tipo de agrupación.

Si se revisa este comportamiento desde las diferencias de sexo, la participación de los hombres es de 34.7%, mientras que la de las mujeres es de 30%. Al contrastar las regiones muestrales, se observó que, dentro de las ciudades de más de 80 000 habitantes, 40.1% de la población participa en algún tipo de organización y 32.3% pertenece a algún tipo de agrupación en las localidades entre 2500 y 79 999 habitantes, mientras que 24.7% dijo participar en algún tipo de agrupación en las zonas rurales.

Al indagar a qué tipo de agrupaciones se relacionan los hidalguenses, la que tiene mayor presencia es el grupo religioso (35.1%), seguido de las agrupaciones de padres de familia (19.1%), los comités agrarios o ejidales (10.5%) y los comités vecinales (9.1%). En el caso de las agrupaciones políticas, solo 2.9% de los entrevistados dijo pertenecer a uno. Las diferencias según sexo entre cada una de las submuestras no son significativas, pues incluso muestran los espacios rurales una menor participación política.

También se preguntó cómo es la participación dentro de ese grupo: 10.3% dijo que participa como directivo, 37.3% refirió que es un miembro activo, 21.2% dice que es miembro inactivo, 28.9% refiere ser solo simpatizante, mientras que 2.3% dijo ser un miembro con poca participación.

Se preguntó con qué frecuencia acostumbraban a ir a votar: de forma global, en la entidad, 31.5% dijo votar siempre; 14.2% dijo que muchas veces vota, esto corresponde al porcentaje que vota en promedio en la entidad; 26.5% dijo votar pocas veces; y un 27.8% dijo no votar nunca. Revisando a nivel submuestra (ver tabla 1), es observable que las personas que radican en zonas rurales dijeron votar más. Sin embargo, aunque votan, no participan en grupos políticos, ni tampoco en grupos sociales; demográficamente tienen menores grados de escolaridad e ingreso, y genera la duda de por qué votan más.

A nivel entidad, 76% dice que las elecciones no son limpias. Al indagar sobre la percepción de los ciudadanos en torno a la capacidad de respuesta por parte del gobierno federal a los mexicanos, es posible advertir en la tabla 2 que uno de cada tres considera que sí existe esa respuesta. Revisando las diferentes submuestras analizadas, es de percatarse que en las zonas urbanas existe una mayor percepción de que el gobierno federal apoya; no obstante, en las zonas rurales disminuye esa percepción, pues 69.7% considera que es muy mala o no existe esa respuesta, mientras que en las zonas urbanas mayores de 80 000 habitantes, esa percepción disminuye relativamente, aunque también es alta y alcanza 65.2%.

Hay una serie de correlaciones elevadas que se da entre los municipios que están teniendo alto abstencionismo, es decir, el perfil de los abstencionistas según el municipio es: a menor marginación, más abstencionismo (-0.713); a mayor urbanidad, más abstencionismo (0.608); a mayor escolaridad, mayor abstencionismo (0.710); a menor pobreza alimentaria, mayor abstencionismo (-0.436); el índice de educación alto genera abstencionismo (0.702); a mayor ingreso, mayor abstencionismo (0.751); a mayor nivel del índice de desarrollo humano, mayor abstencionismo (0.690).

Por otra parte, el perfil de los que más votan según el municipio es: a mayor marginación, más participación electoral (0.713); a mayor ruralidad, mayor participación electoral (-0.608); a menor escolaridad, mayor participación electoral (-0.710); a mayor pobreza alimentaria, mayor participación electoral (0.436); el índice de educación bajo genera participación electoral (-0.702); a menor ingreso, mayor participación electoral (-0.751); a menor nivel del índice de desarrollo humano, mayor participación electoral (-0.690).

De igual forma, sí se realizó una regresión de variables. La variable dependiente fue el abstencionismo y las variables independientes fueron el nivel de marginación, la residencia rural o urbana, el promedio de escolaridad, el índice de pobreza alimentaria, el índice de educación, el índice de ingreso y el índice de desarrollo humano. Esta modelo de regresión demuestra que los municipios que tienen una alta participación electoral son marginados, rurales, tienen escolaridades bajas, una mayor pobreza alimentaria, índice de educación bajo, ingresos bajos e índices de desarrollo humano bajo.

El modelo de regresión presenta un R alta, en todo el modelo es de 0.770 y, calculando el coeficiente de determinación, R² presenta 0.593, lo que se traduce como que este conjunto de variables explica en 59.3% la participación electoral. En otras palabras, vivir en una zona rural, con baja escolaridad y nivel de marginación bajo, pobreza alimentaria alta, bajos recursos e índice de desarrollo bajo, explica por qué las personas acuden más a votar. Una interpretación más: acuden al mercado de los votos para vender su sufragio, aunque los otros resultados muestran un alejamiento de la esfera política y de la participación en grupos políticos, pero no de las urnas.³

Conclusiones

La percepción de honestidad y el grado de confianza depositada en las diversas instituciones de procuración de justicia y otros personajes sociales y de la esfera política es muy baja; el sacerdote y el profesor siguen gozando de una mayor credibilidad.

Los hombres y mujeres de Hidalgo aprenden o entienden el fenómeno político ligado a la corrupción, las diversas instituciones y el actuar de sus funcionarios como poco honesto, lo que se traduce en una falta de confianza en la estructura política y de administración de justicia. La esfera política está muy ligada a la corrupción y al narcotráfico. Por otro lado, en del presente trabajo se han demostrado algunas tesis importantes, por ejemplo, Nohlen refiere que una de las circunstancias por las que la participación electoral adquiere significado es debido al grado de desigualdad social existente, dado que en situaciones de alta pobreza y desigualdad, gran parte del electorado percibe las elecciones no tanto como un acto a través del cual se transmite un mandato político, sino como un intercambio de votos por productos o favores (Nohlen, 2004). Esta idea parece cumplirse en el caso hidalguense; remite nuevamente al clientelismo que condiciona la participación electoral en distintas formas dependiendo del grado de desigualdad social que se observe, llevando u obligando a los electores a ir a ese mercado de votos.

Con base en la interpretación de esta idea, la participación electoral en zonas donde la estratificación económica se establece de media-media a media-alta, los productos y favores que puede ofrecer algún partido político son distintos y más difíciles de satisfacer que en aquellas regiones donde se ven estratos económicos bajos, debido a que variables como la escolaridad o el ingreso juegan un papel decisivo, donde lo ideal sería que existiera una transición de ideas clientelares hacia ideas de ciudadanía, ya que, así, el sistema democrático se fortalecería y dejaría a un lado prácticas como estas (Nohlen, 2004).

Para Crespo, la abstención se asocia a los sectores urbanos donde la misma urbanización, los niveles de escolaridad, la salud, los ingresos más altos entre otros, permiten que la ciudadanía tenga una mayor conciencia y crítica de los actos que se realizan a nivel político, por lo que la manipulación del voto o su coacción o compra es menor que en las regiones rurales (Crespo, 2005). Para el caso hidalguense, esta teoría queda demostrada.

También Crespo afirma que el abstencionismo puede ser ocasionado por la falta de confianza en la limpieza electoral, la parcialidad de las autoridades electorales o el uso de recursos estatales a favor del partido oficial, razón que se puede dar en países en donde la institución encargada de los procesos electorales carece de fuerza para llamar a elecciones que se encuentren dentro del marco legal (Crespo, 2005). Para la entidad hidalguense esa postura también parece corroborarse.

Como se ha referido y lo plantea Bobbio, el abstencionismo de ninguna manera es un síntoma de crisis de un sistema democrático, sino que, como habitualmente se observa, puede ser un signo de su perfecta salud (Bobbio, 2001). En este sentido, en Hidalgo, la apatía se convierte en una forma de expresar la inconformidad en contra del sistema político además de que se puede estar inconforme y abstenerse sin manifestar razones, es decir, ocurre un abstencionismo pasivo, donde la apatía hacia los temas político-electorales empieza a ser más que un problema estacional, una condición permanente en un importante número de electores (Bobbio, 2001) y entonces se transforma en una protesta silenciosa.

Por otra parte, Fernández Poncela señala que un buen número de electores se abstienen de votar motivados por razones políticas, más que por un desinterés político en general. En este sentido, dicha autora argumenta que, en caso de haber desinterés por parte del elector, ello no indica apatía, sino que debe ser interpretado como una derivación del hartazgo generalizado hacia la actuación de los políticos en nuestra sociedad (Fernández Poncela, 2009). Esta parece ser la idea de los electores hidalguenses en las tres muestras analizadas.

Los derechos humanos son un conjunto de condiciones que llevan hacia una mejor forma de vida e interrelación de las poblaciones, pero con una idea y fin común: el bienestar de la población sin distinción alguna, sin importar raza, sexo, preferencia sexual, religión, color de piel, entre otros muchos aspectos diferenciadores.

El estado de Hidalgo, con la violación continua de los derechos humanos, pone en tela de juicio la democracia y sus fundamentos de operación de la población. ¿Cómo construir una democracia en el hambre y la pobreza? ¿Es posible exigir transparencia a la luz de esas variables que condicionan incluso el hambre? Esto valida y da pie al modelo de regresión, que demuestra que los municipios que están teniendo alta participación electoral, son marginados, rurales, tienen escolaridades bajas, una mayor pobreza alimentaria, índices de educación bajo, ingresos bajos e índices de desarrollo humano bajo.

La R² fue de 0.593, lo que se traduce como que este conjunto de variables explica en 59.3% la participación electoral, además de aclarar que, con incipientes derechos humanos, la democracia también debe ir al mercado de los votos para poder contar con ellos. Por esto, se concluye, en otras palabras, que vivir en una zona rural -con baja escolaridad y nivel de marginación bajo, pobreza alimentaria alta, bajos recursos, e índice de desarrollo bajo- explica por qué las personas acuden más a votar. Una interpretación más: acuden al mercado de los votos para vender sus sufragios.

La tesis de Jiménez, que refiere que el enfoque de los derechos humanos de una imbricación e interdependencia de unos y otros para garantizar el bien jurídico protegido que es el sujeto, en donde los derechos de segunda y tercera generación son concebidos ahora como la garantía que permite el ejercicio pleno de los derechos de primera generación, pues crean las condiciones materiales mínimas necesarias como la educación, la salud, el trabajo y la seguridad social, para que se puedan ejercer los derechos civiles y políticos, entre los que se encuentra la participación política, parece cumplirse a la luz de estos resultados (Jiménez, 2007).

Por ello, la idea central de Jiménez, que menciona que los alcances y metas del ejercicio público estén enfocados en garantizar la dignidad humana y obtener resultados más eficaces respecto a la atención a los problemas de la agenda pública, y que los Estados deben cumplir con los compromisos adquiridos a partir de la aceptación de instrumentos que posteriormente se constituyen como estándares internacionales en materia de derechos humanos, resulta ser evidente y exigible en nuestro objeto de estudio.

Por último, en esta investigación, se valida que el abstencionismo y los derechos humanos en el estado de Hidalgo tienen una correlación negativa innegable.

Referencias

Abramovich, V. y Courtis C. (2006). El umbral de la ciudadanía. El significado de los derechos sociales en el estado social constitucional. Buenos Aires, Argentina: Editorial del Puerto.

Abramovich, V. (2007). Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y políticas de desarrollo. Revista de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), (88),35-50.

Alonso Sánchez, J. (2005) Razones para votar y no votar entre universitarios tapatíos. En P. Castro Domingo. (Coord.). Cultura política, participación y relaciones de poder 293-312. Toluca, México: El Colegio Mexiquense/Universidad Autónoma Metropolitana.

Bobbio, N. (2001). El futuro de la democracia. Ciudad de México, México: Fondo de Cultura Económica.

Camposortega, S. (1997) Población, territorio y bienestar en el estado de Hidalgo: 1960-1990. Pachuca, México: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Cárdenas Sánchez, J. G. y Carrazco Chocoteco, A. (2015) Abstencionismo influido por la percepción de corrupción en las campañas: elecciones 2015. Ciudad de México, México: CESOP.

Cassese, A. (1993). Los derechos humanos en el mundo contemporáneo. Barcelona, España: Ariel.

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) (2012). Abstencionismo y cultura política en México. Recuperado de http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/278464/871979/file/C18-Abstencionismo_y_cultura_politica_en_Mexico.pdf

Crespo Mendoza, J. A. (2005) México: participación electoral, comicios concurrentes y desarrollo estatal. En P. Castro Domingo. (Coord). Cultura política, participación y relaciones de poder 313-325. Toluca, México: El Colegio Mexiquense/Universidad Autónoma Metropolitana.

De las Heras, M. (2006). Por quién vamos a votar y por qué. Ciudad de México, México: Nuevo Siglo Aguilar.

Fernández Poncela, A. M. (2009). Juventud: democracia y abstencionismo. Apuntes Electorales, (37), 87-109.

Habermas, J. (2001). Facticidad y validez: sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discuro. Madrid, España: Trotta.

Hauriou, M. (2016) Principios de Derecho Público y Constitucional. Granada, España: Comares.

Hayek, F. (1994). Derecho, Legislación y Libertad , Vol. 2. El espejismo de la justicia social. Madrid, España: Unión Editorial.

Instituto Federal Electoral (IFE) (2010). Estudio sobre abstencionismo en México. Democracia, Educación y Capacitación Cívico-Electoral. Recuperado de http://www.ife.org.mx/documentos/DECEYEC/vgn_ivestigacion/estudio_sobre_abstencionismo.htm

Jellinek, G. (2012). Teoría General del Estado. Granada, España: Fondo de Cultura Económica.

Jiménez Benítez, W. G. (2007). El enfoque de los derechos humanos y las políticas públicas, Revista Civilizar, 7(12), 31-46.

Nohlen, D. (2004). Sistemas electorales y partidos políticos. Madrid, España: Fondo de Cultura Económica.

Peces-Barba Martínez, G. (2015a). La universalidad de los derechos humanos. Recuperado de https://docubib.uc3m.es/PECES- BARBA/ARTICULOS/pecesbarba_133.pdf

Peces-Barba Martínez, G. (2015b). Sobre el puesto de la historia en el concepto de los derechos fundamentales. Recuperado de https://docubib.uc3m.es/PECESBARBA/ARTICULOS/pecesbarb a_150.pdf.

Peschard Mariscal, J. (2010). Una educación cívica para la consolidación democrática en Instituto Federal Electoral 20 años, México D.F., Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, IFE. 341-343.

Rawls, John (2014) A Theory of Justice. Cambridge, Estados Unidos: Harvard University Press.

Rodríguez Gaona, R. (2013). Lecciones sobre derechos fundamentales. Recuperado de http://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/bitstream/handle/123456789/15869/Libro2Lecciones.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Rosenkrantz, C. F. (2003). La Pobreza, la Ley y la Constitución. En A. Bullard, G. Couso Javier y R. Lavedra.(Coords.). El Derecho como Objeto de Transformación. 241-257 Buenos Aires, Argentina: Editorial del Puerto.

Sartori, G. (2003). ¿Qué es la democracia? Madrid, España: Taurus.

Schumpeter, J. (1942). Capitalism, socialism, and democracy. Londres, Inglaterra: Harper&Brothers

Segovia, R. (1996). Lapidaria política. Ciudad de México, México: Fondo de Cultura Económica.

Vasak, K. (1977). La larga lucha por los derechos humanos. El Correo de la Unesco, 30, 29-32.

Vuskovic, P. (1993) Pobreza y desigualdad en América Latina. Ciudad de México, México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Notas

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Notas