Dossier
Recepción: 06/02/2017
Aprobación: 08/05/2017
Resumen: Una efectiva política de seguridad pública es un bien público situado en el nivel meso económico y social de la competitividad sistémica. Cuando dicha política no es capaz de controlar la delincuencia y sus efectos, se convierte en un “mal público”. Se muestra que la inseguridad, la delincuencia y la violencia disminuyen la competitividad de las empresas al impactar su estructura de costos vía el incremento de gastos y pérdidas asociadas. La delincuencia también reduce las utilidades de los negocios y obstaculiza sus procesos de inversión. Dicha afectación es mayor donde estos fenómenos son más intensos. Se prueban 4 hipótesis analizando la racionalidad del comportamiento de los empresarios ante dicho fenómeno. Se utiliza información de la ENVE y la unidad de análisis es la Unidad Económica, como la define el INEGI. EL análisis compara las entidades federativas, aplicando estadística elemental. El análisis comparativo detecta un círculo vicioso en las entidades más impactadas como Guerrero, Michoacán, Morelos y Tamaulipas. Es urgente una política de seguridad ciudadana coordinada entre federación, estados y municipios para resolver estos problemas.
Palabras clave: inseguridad pública, delincuencia, racionalidad económica, competitividad sistémica, competitividad empresarial.
Introducción y objetivo
La delincuencia contra las empresas se refiere a cualquier tipo de delito en contra de las empresas privadas (incluyendo a sus empleados) y a las actividades que realizan. Fortaleciendo el argumento, el INEGI (2012a: 3) señala:
Adicionalmente, la delincuencia contra las empresas tiene un impacto negativo en el clima de inversión ya que los altos niveles de delincuencia, y especialmente de crimen organizado, pueden desincentivar a los inversionistas locales y externos y, por tanto, obstaculizar la expansión de las empresas … Por lo tanto, la valoración del nivel de delitos en contra de las empresas y la estimación de los costos sociales y económicos que éstos generan son de interés público y los hacedores de políticas deben de asumir medidas para prevenir y combatir este fenómeno.
El objetivo del presente trabajo es analizar comparativamente el impacto de la inseguridad en la competitividad de las empresas a nivel de entidad federativa (EF), bajo un enfoque de competitividad sistémica. La fuente de información es la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) aplicada por el INEGI en 2012 y 2014, con datos relativos a 2011 y 2013. La unidad económica (UE) por EF es la unidad de análisis. La muestra contempla las UE, tanto micro como pequeñas, medianas o grandes, en todos los sectores, con excepción de la agricultura y el gobierno. Sólo se consideran UE que llevan a cabo sus actividades en instalaciones fijas o en viviendas que cuentan con acceso independiente (Jaimes y Vielma 2014:182).1 Las encuestas de victimización de empresas, se reconocen como uno de los mejores instrumentos para superar las deficiencias de los registros administrativos de los delitos y obtener estimaciones confiables de este fenómeno2 (Mugellini 2014a: 5).
Para cumplir el objetivo anterior, el trabajo se integra por 6 apartados adicionales. En el siguiente se presenta un marco teórico de la competitividad, resaltando el enfoque de la competitividad sistémica. Este marco teórico permite con posterioridad abordar las hipótesis a probar. En la segunda parte, se revisa la evolución de la incidencia delictiva sobre las empresas para pasar en el tercer acápite a estudiar el impacto de la delincuencia sobre el comportamiento de las empresas, que se postula como racional. En el cuarto apartado se analiza el impacto de la violencia en el accionar de las UE en las EF del país, para en el siguiente profundizar en los costos de la delincuencia sobre las empresas, y en el último apartado plantear los principales hallazgos y algunos comentarios finales del trabajo.
El conocimiento de los efectos de la delincuencia sobre las empresas es un insumo indispensable para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, que incorporen a la voz y la acción de la ciudadanía, para atender de forma urgente el fenómeno de la inseguridad que, como se muestra en el presente trabajo, ya afecta la competitividad de algunas las UE localizadas en las EF.
1.- Marco teórico de la competitividad
El concepto de competitividad es muy elusivo. Díaz señala (2010:93):
La competitividad presenta una dificultad intrínseca en su definición: es un concepto que se ha vuelto moneda común y su uso es extendido, por lo tanto adolece de los males que conceptos tan populares sufren: su significado termina por diluirse en las definiciones y obras de una infinidad de autores.
El mismo autor (Díaz 2010:93) rastrea el concepto hasta sus raíces etimológicas. Siguiendo a Piernas y Hurtado (1877) señala:
[la] competitividad es la sustantivación del adjetivo competitivo, el cual a su vez se deriva del sustantivo competencia. Esta sencilla regresión elimina la dificultad, ya que el significado de competencia se entiende como: concurrencia, o competencia económica, es la rivalidad que se suscita entre dos o más productores que desean dar salida a artículos de la misma clase, o entre varios consumidores que pretenden obtener productos de igual especie.
El concepto de competitividad se ha ajustado a los propósitos e intereses de diferentes autores. Así por ejemplo para Paredes et al (2013: 20), citando a Gutiérrez (2005) “la competitividad es considerada como la capacidad de una empresa para generar un producto o servicio de mejor manera que sus competidores”.
Para Chávez y Aguilera (2013: 40)
[…] la expresión “competitividad” también es utilizada para comparar la estructura de costos del proceso de producción, principalmente mano de obra y materias primas, tecnología, diferenciación de productos y tamaño del mercado, entre otros factores, de un productor con respecto a otros —internos o externos— de productos con igual calidad.
González y López (2013: 457), citando a Abdel y Romo (2004) enfatizan que la competitividad empresarial se deriva de la ventaja competitiva que tiene una empresa a través de sus métodos de producción y de organización (reflejados en precio y en calidad del producto final) con relación a los de sus rivales en un mercado específico. Siguiendo a Garduño et al (2013: 29) se coincide que “de manera general, la competitividad es una forma de abordar el desempeño económico relativo de las unidades de análisis en un sentido comparativo”.
La competitividad es de origen un concepto microeconómico, es decir aplicado a la empresa. Sin embargo principalmente a partir de la obra de Porter (1990), y con la incorporación de la geografía económica, este enfoque se generalizó para analizar la competitividad de municipios, ciudades, regiones, entidades federativas y países. Posteriormente se agregó el componente territorial para “considerar el efecto del desempeño económico de un territorio en el bienestar de su población residente, así como las responsabilidades y funciones que adquiere el sector público en el fomento del crecimiento económico” (Garduño et al 2013:31).
En los años 90´s del siglo pasado, se desarrolla el enfoque de “competitividad sistémica” asociada al Instituto Alemán del Desarrollo (Esser et al 1996: 39-52), que postula cuatro niveles de la competitividad: meta, macro, meso y micro. Estos autores señalan que:
[…] la competitividad industrial es el producto de la interacción compleja y dinámica entre cuatro niveles económicos y sociales de un sistema nacional, que son los siguientes: el nivel micro, de las empresas, las que buscan simultáneamente eficiencia, calidad, flexibilidad y rapidez de reacción, estando muchas de ellas articuladas en redes de colaboración mutua; el nivel meso, correspondiente al Estado y los actores sociales, que desarrollan políticas de apoyo específico, fomentan la formación de estructuras y articulan los procesos de aprendizaje a nivel de la sociedad; el nivel macro, que ejerce presiones sobre las empresas mediante exigencias de desempeño; y, por último, el que en este artículo se llama nivel meta, que se estructura con sólidos patrones básicos de organización jurídica, política y económica, suficiente capacidad social de organización e integración y capacidad de los actores para la integración estratégica.
Más aún, para dichos autores (Esser et al 1996:50):
A nivel meso se mueven los actores de la administración estatal (del nivel local hasta el nacional), así como las instituciones intermedias públicas y privadas (entidades tecnológicas, consultivas y educativas; también cámaras de comercio y otras asociaciones). A través de la interacción van surgiendo procesos acumulativos que potencian la capacidad de todas las partes involucradas, incluida la del nivel meso en su conjunto.
Los autores resumen señalando que (Esser et al 1996: 41):
Los países más competitivos poseen: i) en el nivel meta, estructuras básicas de organización jurídica, política y económica, capacidad social de organización e integración, y capacidad de los actores para la interacción estratégica; ii) un contexto macro que exige mayor eficacia de las empresas; iii) un nivel meso estructurado donde el Estado y los actores sociales desarrollan políticas de apoyo específico, fomentan la formación de estructuras y articulan los procesos de aprendizaje a nivel de la sociedad, y iv) en el nivel micro un gran número de empresas que buscan simultáneamente la eficiencia, calidad, flexibilidad y rapidez de reacción, estando muchas de ellas articuladas en redes de colaboración recíproca.
Esta conceptualización es reforzada por Labarca (2007: 175), quien señala:
Se parte de los elementos conceptuales, aplicados al enfoque sistémico de la competitividad. En él se considera según Eissa y Ferro (2001) que existen cuatro esferas que condicionan y modelan su desempeño: en primer lugar, el nivel micro-económico (en la planta y dentro de las empresas, para crear ventajas competitivas); en segundo lugar, el nivel meso económico (eficiencia del entorno, mercados de factores, infraestructura física e institucional y, en general, las políticas específicas para la creación de ventajas competitivas); en tercer lugar, el nivel macroeconómico (política fiscal, monetaria, comercial, cambiaria, presupuestaria, de competencia) y, finalmente, el nivel meta económico o estratégico (estructura política y económica orientada al desarrollo, estructura competitiva de la economía, visiones estratégicas, planes nacionales de desarrollo).
Para resumir y siguiendo a Rubio y Baz (2005: 70-71):
La competitividad es la capacidad de una empresa para enfrentar exitosamente a sus contrapartes. Una empresa es productiva cuando ha desarrollado las condiciones internas que le permiten competir y las externas que le adicionan capacidad para reducir costos y competir de manera exitosa. La optimización de los procesos internos de las empresas son tarea de cada empresario, pero las condiciones generales de la economía son lo que los economistas llaman un “bien público”, es decir, un beneficio del cual se puede beneficiar por igual una empresa chica y una grande, una persona modesta o una acaudalada … Las empresas más competitivas serán aquellas que tengan una estructura interna óptima con un entorno que propicie su capacidad competitiva.
Existe un consenso entre los autores y tratadistas de que la competitividad es producto de la las sinergias que forman la interacción de los cuatro niveles señalados y los elementos que los componen. La competitividad empresarial depende de muchos factores y variables integrado en los diferentes niveles de la competitividad sistémica. En el nivel meta, Esser et al (1996: 46), proponentes originales de este enfoque, señalan desde los factores socioculturales, pasando por la escala de valores, los patrones básicos de organización política, jurídica y económica, hasta la capacidad estratégica y política. De igual forma la competitividad empresarial depende de una política macroeconómica sana en materia presupuestaria, monetaria, fiscal, cambiaria y comercial. En el nivel meso entre los factores citados por dichos autores se encuentran una serie de políticas en donde se da una fuerte intervención de los gobiernos locales (estatales en el caso de México). Entre dichas políticas destacan, según los mismos autores, la política de infraestructura física, la educacional, la tecnológica, la ambiental, la regional, la de comercio exterior y la de seguridad pública. Finalmente, en el nivel meta, la competitividad depende de un conjunto de variables microeconómicas como la capacidad de gestión, las estrategias empresariales, la gestión de la innovación, la integración en redes de cooperación tecnológicas, la logística empresarial y la interacción de proveedores, productores y usuarios, entre otros.
Existe consenso entre los tratadistas que la política de seguridad pública, se integra en el nivel meso de la competitividad sistémica, aunque impacta y repercute en todos los niveles. Cuando esta política funciona, es un bien público. Es decir, si la delincuencia es baja, si existe certidumbre acerca de la propiedad de los bienes de los ciudadanos, si se respetan sus derechos, si existe seguridad en las inversiones, entre otros factores, este bien público, contribuye a generar e incrementar la competitividad de las empresas. Por otra parte, cuando la política de seguridad pública es incapaz de cumplir los propósitos anteriores, se genera un incremento en los costos de las UE, se cancelan sus planes de inversión, se cierran los negocios y por ende se disminuye la competitividad de las empresas y de las localidades donde se ubican. Dicho impacto es directamente proporcional a la intensidad de la delincuencia y la violencia prevaleciente en cada EF. El impacto negativo se da a todos los niveles de la competitividad sistémica: a nivel meta, dependiendo de los niveles de corrupción e impunidad prevalecientes, puede existir una cultura de permisividad hacia la delincuencia, especialmente la de cuello blanco y a nivel micro pueden existir las llamadas "empresas criminales".
Como se desprende de párrafos anteriores, la competitividad empresarial es producto de la interacción y sinergia de muchos factores y variables en los 4 niveles de la competitividad sistémica, pero desafortunadamente, en México, al menos los últimos 10 años ha prevalecido una situación de inseguridad y violencia producto de la delincuencia, que afecta en forma diferenciada a las UE de las distintas EF. A esto se agrega la predominancia de una ineficiente política de seguridad pública (un mal público), con efectos diferenciados también por EF. La interacción de la situación de inseguridad y violencia con un “mal público” puede considerarse que por sí misma afecta negativamente la competitividad empresarial y que dicho efecto se puede medir estadísticamente, lo que se hace en el apartado 3 del presente artículo.
Se plantea que existe una relación directa entre prevalencia delictiva en las UE por EF, producto de la inseguridad, la violencia y la predominancia del “mal público” y el incremento de costos de las empresas y la baja en su rentabilidad, por lo tanto también existe una relación entre incremento de la delincuencia y una baja en la competitividad de las empresas. Algunas afectaciones adicionales de la inseguridad y la violencia son la cancelación de inversiones, el recortar los horarios de operación de los negocios, el que los propietarios dejen de asistir a sus empresas, entre otras. Para analizar el impacto de la delincuencia sobre la competitividad, es necesario estudiar el efecto de la inseguridad sobre las empresas, es decir su victimización3. La victimización de las empresas es el tema del siguiente apartado.
2.- Evolución de la incidencia delictiva sobre las empresas
El indicador más amplio de la incidencia delictiva en contra del sector privado es la tasa de prevalencia delictiva (TPD), definida como el total de UE víctimas de la delincuencia por cada 10 mil UE. En el cuadro 1 se presenta la información de la TPD por EF para los años 2011 y 2013, así como la diferencia absoluta entre las estimaciones y una prueba de significancia estadística con tres resultados alternativos: la tasa bajó (
); la tasa subió (
) la tasa permaneció igual (
).
A nivel nacional, se observa una disminución de la TPD entre 2011 y 2013. También se presenta una baja en 11 entidades (Coahuila, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco). En 17 entidades adicionales no hay variación significativa (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, estado de México, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas). Finalmente en 4 estados se observa un aumento en la TPD: Campeche, Guerrero, Michoacán y Puebla.
Tasa de prevalencia delictiva por entidad federativa por cada diez mil unidades económicas
INEGI. Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, 2012 y 2014. Tabulados básicos* La tasa se calcula dividiendo el total de UE víctimas entre el total de UE en la EF, multiplicada por 10000 unidades económicas, para el año respectivo.** La prueba de significancia se lleva a cabo para a=0.05.
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Cifras estadísticamente equivalentes.
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Cifras estadísticamente diferentes, la cifra de ENVE 2013 es menor que la cifra de ENVE 2011.
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Cifras estadísticamente diferentes, la cifra de ENVE 2013 es mayor que la cifra de ENVE 2011.
Se puede concluir que, como tendencia general entre 2011 y 2013, la delincuencia contra las empresas disminuyó o se mantuvo bajo control. Las cuatro EF que observan un aumento de la delincuencia contra las empresas merecen estudiarse más a fondo. Estos resultados básicos, posibilitan el planteamiento de cuatro hipótesis acerca del comportamiento de la delincuencia contra las empresas. Para probar dichas hipótesis, los 32 estados se dividen en tres grupos. El primero de ellos se integra por las EF en las que se observa una disminución en la TPD4; el segundo se compone de los estados cuya TPD es estadísticamente estable. El tercero son las EF que observan un incremento significativo en la TPD. Con base en estos tres grupos se estiman correlaciones y otras medidas estadísticas simples.
3.- Impacto de la delincuencia sobre el comportamiento de las empresas.
Este apartado es el núcleo del trabajo. Se sostiene que la situación de inseguridad impacta a la competitividad en la respectiva entidad federativa en una relación en un solo sentido. No se ignora que en una situación concreta, por ejemplo en una entidad federativa intervienen muchas variables que impactan a la competitividad (corrupción, impunidad, malas políticas públicas, decisiones gerenciales erróneas, cambios en la tecnología, entre otros) sin embargo, se parte de la idea de que un fuerte deterioro de la inseguridad en una EF puede impactar negativamente la competitividad de las UE localizadas en ellas.
Por otra parte no se considera que puede existir una relación biunívoca, ya que pueden existir entidades federativas muy competitivas, y medianamente inseguras, por ejemplo Chihuahua y Baja California, ya que su competitividad les viene de su localización estratégica en la frontera norte, lo que las hace atractivas para la instalación de maquiladoras y la generación de empleo o Guanajuato que por su ubicación en el Bajío vive, junto con Aguascalientes y Querétaro, un boom de la industria automotriz. También se pueden encontrar EF como Tamaulipas que han llegado a un deterioro extremo de su inseguridad, lo que anula las ventajas de su localización estratégica e impacta su inseguridad. En resumen, cuando la seguridad de una EF se deteriora y no existe uno o varios factores que contrarresten esta situación en términos de competitividad empresarial, dicha competitividad es impactada negativamente.
En este sentido, en el presente trabajo se estudian cuatro hipótesis acerca de la afectación de la delincuencia sobre la competitividad de las empresas. La primera de ellas relaciona la delincuencia con el incremento de las UE. Las tres hipótesis restantes prueban diferentes aspectos del comportamiento de los empresarios ante las acciones de la delincuencia, destacando las medidas preventivas, los gastos en que se incurren para prevenirla y las pérdidas como consecuencia de la delincuencia.
3.1 Relación entre crecimiento de UE y TPD
Coeficientes de correlación (CC) entre TPD y el crecimiento de UE, números absolutos, 2011-2013
Fuente: Cálculos propios con base en INEGI, Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, 2012 y 2014.
La primera hipótesis plantea que el simple crecimiento de las UE hace que se incremente la incidencia delictiva (medida por la TPD) en las EF. En este supuesto, al crecer el número de empresas, existen más víctimas potenciales de la delincuencia, por lo que ésta aprovecha la oportunidad para realizar sus actividades. Para probar esta hipótesis el coeficiente de correlación (CC) entre las variables debe ser positiva y la relación es más estrecha en la medida en que el CC se acerca a la unidad. Para probar esta conjetura, se estimaron CC entre el cambio absoluto en la TPD y el aumento absoluto de las UE por EF entre 2011 y 2013. La estimación se realiza para el conjunto de todos los estados así como para los diferentes grupos de EF señalados líneas arriba. Los CC obtenidos, se presentan en la tabla 1.
Los resultados para el conjunto de todas las EF señalan que la correlación es negativa aunque baja (-0.1951). En relación al análisis por grupo de estados, en aquellas entidades que registraron delincuencia a la baja entre 2011 y 2013 también se observa un CC negativo y bajo (-0.1227). En las entidades con incidencia delictiva estable entre 2011 y 2013, el CC es positivo y bajo (0.2047). Finalmente en los estados con delincuencia a la alza el CC entre la TPD y el crecimiento absoluto de las UE es alta y positiva (0.8240).
De los resultados anteriores se desprende que cuando se integran todas las EF se rechaza la hipótesis, lo que implica que, a nivel nacional, en la medida de que el número de empresas aumenta, la incidencia delictiva baja proporcionalmente. En lo que respecta al grupo de EF con delincuencia a la baja, también se rechaza la hipótesis, con la misma interpretación. Sin embargo, la hipótesis se acepta tanto en el grupo de EF con delincuencia estable como en las EF con delincuencia al alza. En el último caso, dado que el CC es positivo y se acerca a la unidad, se infiere que en la medida que se crean empresas, también se incrementa la delincuencia en contra de ellas.
Coeficientes de correlación entre TPD y UE con alguna medida de protección, números absolutos, 2011-2013
Cálculos propios con base en INEGI, Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, 2012 y 2014
La importancia del anterior resultado es que revela la existencia de un círculo vicioso en las EF con delincuencia al alza, ya que por un lado inhibe la creación de empresas y por otro, en la medida que éstas se crean, se vuelven objetivo de la delincuencia y mientras más se crean, más delincuencia relativa se presenta. En el otro extremo, en las EF con delincuencia a la baja, se presenta un círculo virtuoso, ya que mientras más se crean empresas, se presenta menos delincuencia relativa. Este resultado señala la importancia de una política pública de contención de la delincuencia y la violencia en todas las EF, especialmente en aquellas donde ésta es más intensa, para evitar el círculo vicioso y transformarlo en círculo virtuoso. La existencia de dicho círculo vicioso y la amenaza de la delincuencia impactan la estructura de costos de las empresas y, en ocasiones, la viabilidad de las mismas, por lo tanto disminuye la competitividad de las UE y dicha afectación es diferenciada dependiendo de la intensidad de la inseguridad y la violencia prevaleciente en cada EF.
3.2 Relación entre cambio en la TPD y la adopción de medidas preventivas
Una segunda hipótesis señala que en la medida que crece la inseguridad, las empresas tienden a adoptar más medidas preventivas. Esta conjetura se prueba calculando la correlación entre la TPD y el aumento o cambio de UE que adoptan alguna medida de protección (en esta hipótesis se toman en cuenta únicamente el número de medidas de protección o correctivas, no el gasto realizado en las mismas). La aceptación de esta hipótesis implica un CC positivo entre las variables postuladas además que dicho coeficiente deberá ser mayor en la medida que se pasa de las EF con delincuencia a la baja, estable y al alza. La información se presenta en la tabla 2.
Si se toma el total de EF, la correlación entre el cambio en la TPD y el crecimiento en valores absolutos de las UE que adoptaron alguna medida de protección es alta y positiva (0.6886). De manera sorpresiva, también en las EF con delincuencia a la baja se observa una correlación alta y positiva (0.6450).También en las EF con delincuencia estable los respectivos CC son positivos, aunque menores (0.2745) para los cambios en valores absolutos. Finalmente para las EF con delincuencia al alza, el CC entre la diferencia en TPD y crecimiento en valores absolutos es positivo y cercano a la unidad (0.9398).
Coeficientes de correlación entre TPD y gastos en medidas de protección contra la delincuencia de las UE, números absolutos, 2011-2013
Cálculos propios con base en INEGI, Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, 2012 y 2014.
De acuerdo a estos resultados, en los cuatro casos, se acepta la hipótesis y la reacción de los empresarios ante la inseguridad y la violencia es tomar medidas de protección5. Más aún, se observa que incluso en las EF con delincuencia a la baja, los empresarios se protegen. Para resumir, se observa que por precaución o prevención, aún en las EF que registran delincuencia a la baja, éstas se protegen contra la misma. Sin embargo, estas medidas se extreman en las EF con criminalidad al alza. Las medidas de protección adoptadas por las empresas, incrementan sus costos, y a mayores costos, menor competitividad, siendo más afectadas las UE de las EF que deben tomar más medidas de protección aún y cuando éstas sean más costosas.
3.3 Relación entre cambio en la TPD y gastos en medidas de protección contra la delincuencia
Este tema se encuentra estrechamente relacionado con el anterior, pues si la TPD es mayor y creciente, los gastos en medidas de protección contra la delincuencia aumentarán, aunque dicho incremento depende tanto del monto erogado en las medidas de protección como el número de medidas adoptadas.
De lo anterior, se desprende la tercera hipótesis: Los gastos en medidas de protección contra la delincuencia están correlacionados positivamente con una mayor tasa de TPD. Dicha correlación será mayor en la medida que se pasa de estados con delincuencia a la baja, a EF con criminalidad estable, a EF con delincuencia creciente.
Los resultados se presentan en la tabla 3, y se prueba que efectivamente, la correlación para el conjunto de EF tiene el signo correcto, aunque es baja. Por otra parte, la correlación es mayor y con tendencia creciente a medida que se pasa de las EF con delincuencia a la baja (0.2513), a EF con criminalidad estable (0.2442) a estados con delincuencia al alza (0.3427). De esta manera, se prueba que el gasto realizado por las empresas para protegerse de la delincuencia tiene relación directa con el nivel de inseguridad y violencia prevaleciente en las EF. La implicación para la competitividad es que el gasto en medidas de protección o prevención, implica un incremento en la estructura de costos de las empresas, disminuyendo por ende su competitividad frente a otras UE que no enfrentan dicha situación. El impacto es mayor en la medida en que en una EF tiene mayores niveles de delincuencia, suponiendo constantes otros factores como una mayor corrupción, impunidad, cambio tecnológico, entre otros.
3.4 Relación entre TPD y pérdidas ocasionadas por la delincuencia
La relación entre las pérdidas ocasionadas por la delincuencia y el cambio en la TPD sigue una lógica similar a la observada en el apartado anterior, pues las pérdidas serán crecientes a medida que se incrementa la delincuencia, lo que se refleja en un CC positivo y mayor en la medida que se pasa de EF con delincuencia a la baja, a EF con delincuencia estable y es mayor en EF con delincuencia al alza. Esta tendencia puede ser interrumpida o incluso revertida por el hecho de que el promedio de pérdidas ocasionadas por la delincuencia de las EF con una mayor criminalidad sea menor que el promedio de pérdidas de las EF con delincuencia a la baja o estables.
Coeficientes de correlación entre TPD y pérdidas a consecuencia del delito en las UE, números absolutos, 2011-2013
Fuente: Cálculos propios con base en INEGI, Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, 2012 y 2014.
Promedio de pérdidas ocasionadas por la delincuencia por evento por evento, 2011-2013 (pesos nominales)
Fuente: Cálculos propios con base en INEGI, Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, 2012 y 2014.
La información para analizar esta hipótesis se encuentra en las tablas 4 y 5. Si se toman todas las EF del país, el CC entre la diferencia en pérdidas ocasionadas por la delincuencia y la diferencia en TPD es 0.1085, es decir observa el signo correcto, aunque es relativamente bajo. En las EF con delincuencia a la baja se sigue registrando el signo positivo y su valor se incrementa a 0.2622.
Adicionalmente el CC de las EF con criminalidad estable también es positivo y mayor que el global (0.2364). Sin embargo, cuando se analizan las EF con delincuencia al alza, se observa que el CC tiene el signo correcto (0.177), pero es más bajo que el resto de estados, lo que contradice la hipótesis planteada.
A pesar de lo anterior, existen dos hechos que favorecen la hipótesis. Uno es que el CC entre la tasa de cambio de la diferencia en pérdidas ocasionadas por la delincuencia y tasa de cambio en TPD en las EF con delincuencia al alza, es positiva y cercana a la unidad (0.8055). El segundo hecho es que el promedio por evento delictivo de las EF con delincuencia al alza es superior al de las EF con delincuencia a la baja y registra para 2013 cerca del doble de la pérdida por evento con respecto a 2011 (ver tabla 5), factores que sin duda inducen a la baja el valor del CC de dichas EF. Por los argumentos anteriores se prueba la hipótesis planteada.
4.- El impacto de la violencia en el accionar de las empresas
En este apartado se presentan los efectos directos de la delincuencia sobre los procesos de producción y/o comercialización de las UE. Se tratan dos asuntos: a) la afectación global y b) el impacto en los procesos productivos y de comercialización de las empresas, ambos fenómenos por EF.
El primer asunto se relaciona con el porcentaje de UE afectadas por la delincuencia por EF, la información se presenta para 2013 (cuadro 2). A nivel nacional, el promedio de UE afectadas por la delincuencia es de 37.9%, aunque el efecto es diferenciado. F. Tamaulipas y Guerrero son las EF más afectadas con el 60% de las UE víctimas de al menos un delito. Le siguen San Luis Potosí, Morelos, Coahuila y el estado de México. En el otro extremo, las EF menos afectadas (20% o menos de las UE, son: Baja California Sur, Baja California, Quintara Roo, Sinaloa, Sonora y Jalisco).
Un segundo elemento es el conocimiento preciso del impacto de la violencia en los procesos productivos y/o de comercialización de las empresas (cuadro 3). El orden del mencionado cuadro prioriza la cancelación de planes de crecimiento o de inversiones, ya que esta actividad es el motor de la economía y de la creación de empleo. En el promedio nacional, destaca que el 18.9% de las UE afectadas, canceló sus planes de inversión; el 9% dejó de comercializar o hacer negocios con otras empresas; el 11.5% dejó de manejar efectivo en las instalaciones de su establecimiento; el 22.3% redujo sus horarios de producción o comercialización de bienes o servicios y el 5.9% cancelaron rutas de distribución o venta de sus productos. En algunas UE el o los dueño(s) dejó(aron) de asistir a la unidad, entre otras consecuencias.
Unidades económicas víctimas del delito por entidad federativa, 2013
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, 2014.
De acuerdo con esta información, las EF más impactadas son Guerrero, Tamaulipas, estado de México, Veracruz, Michoacán, Tlaxcala, Chihuahua, Coahuila y Zacatecas, entre otras y las menos afectadas son: Puebla, Sonora, Baja California Sur, Jalisco, Sinaloa y Quintara Roo. Existe una cercana correlación entre las empresas afectadas por la cancelación de planes de inversión y los otros impactos de la delincuencia sobre las empresas.
La afectación de la inseguridad y la violencia que provoca cancelación de inversiones y las otras actividades señaladas impacta directamente sobre un segundo aspecto de la competitividad de las empresas: su rentabilidad. Dicha afectación es mayor en aquellas EF que sufren niveles de inseguridad y violencia mayores.
Tipo de afectación que sufrieron las unidades económicas por parte de la delincuencia por entidad federativa, 2013
INEGI. Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, 2014.
5.- Los costos de la delincuencia en las empresas
La delincuencia genera en las empresas dos tipos de costos directos. Los primeros son los gastos en que incurren las UE para protegerse de la delincuencia. Entre dichas medidas destacan el cambio o colocación de cerraduras y/o candados, el cambio de puertas o ventanas, la instalación de alarmas y/o videocámaras de vigilancia, la instalación de rejas o bardas, el contratar vigilancia o seguridad privada, la contratación de seguros, la instalación de sistemas contra ataques cibernéticos, compra de perros guardianes y/o de cajas o cuartos de seguridad, entre otras medidas.
El segundo rubro son las pérdidas ocasionadas por la delincuencia y se integran por los bienes robados, los vehículos o refacciones hurtados, los daños a las instalaciones, las erogaciones ocasionadas por la atención médica y/o psicológica de las víctimas, pérdida de tiempo laboral, pagos de deducibles de seguros entre otras. Es decir son los costos asociados directamente a la comisión del delito. En otras palabras, se puede decir que los gastos son preventivos y las pérdidas son una consecuencia o producto de los delitos. Se considera importante cuál de estos elementos tiene más peso por EF (cuadro 4).
De acuerdo con dicha información, el promedio nacional para 2013 en el gasto en medidas de prevención es de un 44.46% del costo total y el restante 55.54% son las pérdidas ocasionadas directamente por la delincuencia. Sin embargo existen EF cuya proporción de pérdidas es mucho mayor a la media nacional. En este caso destacan Guerrero (80.33%); Sonora (75.07%); Nayarit (74.64%); Tlaxcala (71.79%); San Luis Potosí (71.79%) entre otros. En el extremo opuesto y por debajo de la media nacional en porcentaje de pérdidas se encuentra Colima (22.85%), Hidalgo (23.95%), Quintana Roo (36.15%); Baja California Sur (37.65%); Chiapas (37.75%); y Querétaro (39.39%), entre otros. Alrededor de la media, se encuentran Jalisco, Puebla y Oaxaca entre otras EF.
También son de destacar aquellas EF que tuvieron un cambio drástico en la proporción de pérdidas con respecto al total, ya sea al alza o a la baja. Por ejemplo Nayarit que pasó de 33% en 2011 a 74.6% en 2013. Esto refleja un descuido en lo que respecta a la prevención. Yucatán es un caso similar al pasar de 37.3% en 2011 a 63.3% en 2013. En sentido opuesto, es decir EF que incrementaron su gasto preventivo y bajaron proporcionalmente las pérdidas ocasionadas por el delito son: Colima que incrementa su gasto preventivo de 22.9% en 2011 a 39.7% en 2013; Durango que lo hace de 28.4% en 2011 a 49.7% en 2013; Campeche se incrementa de 33.3% en 2011 a 52.9% en 2013; Coahuila de 39.6% en 2011 a 53.8% en 2013; Tabasco de 40.7% en 2011 a 54.7% en 2013; Querétaro de 43.2% en 2011 a 60.6% en 2013 y Chiapas de 33.7% en 2011 a 62.25% en 2013.
Participación de los gastos y las pérdidas en los costos totales ocasionados por la delincuencia 2011 y 2013 (Porcentaje)
INEGI. Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, 2012 y 2014 y cálculos propios.
Otro tema a destacar son las EF que observan un cambio radical en la participación de los costos del delito entre 2011 y 2013, tanto al alza como a la baja. Para visualizar lo anterior se deben enfocar las dos últimas columnas del cuadro 5. Las EF en las cuales se incrementan los costos de la inseguridad y la violencia en términos del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE), destaca el estado de México que pasa de 0.89% del PIBE en 2011 a 1.24% en 2013; Sonora con un cambio de 0.52 a 0.77%; Ciudad de México que va de 0.42 a 0.68%. En el sentido opuesto, es decir EF que mejoran su impacto como proporción de su PIBE destacan: Hidalgo que baja de 1.47 a 0.66%; Chihuahua disminuye de 1.03 a 0.60%; Tamaulipas de 1.06% en 2011 a 0.59% en 2013; Colima de 1.47 a 0.54% entre ambos años; Sinaloa de 1.09% en 2011 a 0.47% en 2013; Nayarit de 0.73 a 0.44%; Nuevo León de 1.11% en 2011 a 0.36% en 2013; Durango de 0.90 a 036%; Quintara Roo de 0.64 a 0.35% y Baja California de 0.95 a 0.72% entre 2011 y 2013.
Total de costos del delito por entidad federativa y su porcentaje con respecto al PIBE, 2011 y 2013 (Millones de pesos nominales)
INEGI. Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, 2012 y 2014 y cálculos propios, con base al sistema de cuentas nacionales.
Finalmente, es importante estudiar el impacto del costo de la delincuencia en relación al PIBE. La información relevante se presenta en el cuadro 5 ordenada de acuerdo al mayor costo total con respecto al PIBE por EF para el año 2013. El promedio nacional de afectación en el PIBE es de 1.01% para 2011 y 0.73% para 2013. Tlaxcala es la EF más afectada en términos de su PIBE con el 1.65%, seguida por Morelos (1.36%), Guerrero (1.31%), estado de México (1.24%), Oaxaca (1.13%), Puebla (1.12%) y Michoacán (1.06%). En el extremo de las EF menos impactadas destacan Sinaloa (0.47%), Zacatecas y Nayarit (0.44%), Tabasco (0.37%), Nuevo León (0.36%), Durango (0.35%), Quintana Roo (0.35%), Coahuila (0.33%) y Campeche (0.07%). Conviene aclarar que para las EF petroleras como Campeche y en menor medida Tabasco, la comparación del PIBE es una medida distorsionada por su alto PIBE per cápita.
6.- Principales hallazgos y comentarios finales
La competitividad empresarial es un fenómeno interno a la empresa, es decir, estrictamente microeconómico, pues depende de los procesos gerenciales; de la utilización eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros; de la estructura de costos y de los precios en que logra colocar sus productos en el mercado y como resultado de lo anterior, se genera la rentabilidad que les permite reinvertir, sobrevivir y crecer. Sin embargo, la competitividad es impactada por las condiciones de la macroeconomía, por la eficacia de las políticas implementadas por el gobierno en los tres ámbitos (nivel meso), de los planes nacionales de desarrollo, de las grandes estrategias de los agentes públicos y privados, del sistema de valores prevaleciente, de los diversos sistemas culturales, entre otros elementos que conforman el nivel meta. Desafortunadamente las políticas gubernamentales no llegan a configurarse como políticas públicas debido a que la participación ciudadana se encuentra ausente en su definición, implantación y evaluación (Cabrero 2005, 2006 y 2011). Mucho menos se alcanza un nivel superior de política pública, la gobernanza (Aguilar 2007, 2008 y 2010), que sería el ideal.
Por sus características, la seguridad pública es un bien público que debe ser provisto por el Estado, tanto para cumplir con su función esencial de proteger los bienes y la integridad física de las personas, como para que se alcance un nivel de seguridad socialmente eficiente que promueva el desarrollo del país. La efectiva protección de la ciudadanía y de sus bienes favorece la creación de empresas, la inversión y la generación de empleos, elementos indispensables para el progreso del país.
En nuestro país, la política de seguridad pública es una función compartida y coordinada entre federación, EF y municipios, desafortunadamente con poca participación ciudadana. Cuando la política de seguridad pública es ineficaz, ineficiente e incapaz de cumplir sus objetivos, se convierte en un “mal público” e impacta, entre otras cosas, la estructura de costos y la rentabilidad de las empresas y por ende su competitividad.
En este ensayo se ha demostrado lo siguiente:
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En las EF con delincuencia a la baja o estable, este fenómeno no inhibe la creación de nuevas empresas. Por el contrario en las EF con delincuencia al alza, se genera un círculo vicioso ya que no sólo se inhibe la creación de empresas, sino que existe una mayor criminalidad en su contra.
b) En la medida que crece la inseguridad, las empresas tienden a adoptar más medidas preventivas, en las EF con delincuencia al alza, dichas medidas se extreman, pero también se presenta en las EF con delincuencia a la baja, ya sea por precaución o prevención o por cercanía a estados con alta criminalidad.
c) Tanto los gastos en medidas de protección como las pérdidas causadas por la delincuencia están correlacionados directamente con una mayor TPD, dicha correlación tiende a ser mayor en la medida que se pasa de estados con delincuencia a la baja, a EF con criminalidad estable y a EF con delincuencia creciente.
d) El impacto del costo de la delincuencia es en promedio 1% del PIBE, aunque existen EF más afectadas. Estos recursos se desvían de los procesos de producción y comercialización de las empresas para orientarse a la prevención o a la remediación del daño causado por la delincuencia, impactando en forma negativa la producción y la generación de empleo y el crecimiento económico. También es posible que los empresarios se protejan ocultando sus procesos productivos o de comercialización, para contrarrestar pérdidas potenciales, lo que puede incrementar la informalización.
La delincuencia impacta negativamente tanto la estructura de costos como la rentabilidad de las empresas en la medida en que las UE tienen que desviar recursos a la prevención o remediación de la inseguridad que en condiciones “normales” se pudieran dedicar a ofrecer productos en el mercado a precios más accesibles y a la reinversión, a la generación de empleo y al propio crecimiento de la empresa y de la economía. Como corolario, se desprende que las empresas ubicadas en las EF en las que prevalece una mayor delincuencia son más afectadas en su competitividad.
De lo anterior destaca la importancia de una política pública de contención de la delincuencia para evitar el doble efecto de la criminalidad en las empresas: inhibir su creación y evitar que éstas, una vez creadas, tengan una mayor probabilidad de ser víctimas de la misma. Esta situación ya es previsible en algunas EF como Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Morelos. Esta política pública debe transformar el círculo vicioso en el círculo virtuoso reseñado líneas arriba.
Esta política debe ser coordinada entre federación, entidades federativas y municipios y debe transformarse de una política de seguridad pública, diseñada e instrumentada desde el gobierno y aplicada verticalmente, a una política de seguridad ciudadana centrada en el ciudadano que participe en su diseño, implantación y evaluación.
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Notas
Aplicado a las UE (empresas), la victimización es un campo de investigación de la criminología. Los estudios de victimización tienen como unidad de análisis a la víctima (UE) y buscan explorar diversas dimensiones de la delincuencia y sus efectos (Guerrero 2012: 6). Los delitos que afectan a las UE pueden ser contra la propiedad, contra los individuos o contra ambos y pueden ser cometidos por ofensores internos, externos o no definidos (Mugellini, 2012: 4).
En el caso de México la ENVE mide la prevalencia e incidencia delictivas en las UE, y la correspondiente cifra negra a nivel nacional y por entidad federativa. Asimismo, recaba información sobre las características del delito, el contexto de la victimización y el impacto económico del delito en las UE, y aborda la medición de las percepciones y actitudes hacia la seguridad pública. La ENVE permite hacer estimaciones sobre la victimización de los delitos más representativos del fuero común, sin embargo, delitos como el narcotráfico, la delincuencia organizada y el lavado de dinero (que no tienen víctimas directas), no son susceptibles de medirse en una encuesta de este tipo (INEGI 2014:2).
Notas de autor
