Editorial CEC 13

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Este número de CEC se edita al cierre de un intenso año de crisis.

La dimensión histórica de esta situación no puede pasarse por alto livianamente. Según los datos de los organismos internacionales, se trata de la crisis más intensa desde la década del ’30 y la que más países involucra en el último siglo y medio. Se han perdido millones de puestos de trabajo, aumentó la desigualdad global y por primera vez en años subirá la cantidad de personas en situación de pobreza extrema. Tanto el comercio como los flujos de inversiones a nivel global han caído de forma abrupta, tras una década de estancamiento. Aunque los mismos organismos se apuran por pronosticar prontas recuperaciones, no hay nada garantizado, no solo por el problema sanitario, sino por la continuidad en las contradicciones estructurales que tiñeron la economía mundial de la última década.

No está claro cómo se reorganizará el comercio internacional o las inversiones, a la vista de la posibilidad de nuevos eventos de pandemia similares al actual. ¿Los países definirán producciones o áreas de privilegio soberano, de modo de defender su situación ante nuevos desbarajustes de esta clase? ¿Cómo se coordinará esto? Algunos gobiernos pretenden seguir como si se tratara de una mera pausa antes de seguir haciendo “Business as usual”. ¿Qué pasará con la mermada capacidad adquisitiva de la mayoría de quienes viven de su trabajo? ¿Se pondrán límites tributarios y macroprudenciales al comportamiento de las elites mundiales, siempre prestas a fugar recursos por vías legales, semi-legales e incluso ilegales? ¿Se mantendrá el ritmo de consumo y las formas de producción que han forzado la disponibilidad de recursos a límites que ponen en juego la vida misma?

Un punto particular tiene que ver con las deudas, que han alcanzado valores preocupantes, triplicando el PBI mundial. Las deudas soberanas en particular equiparan al PBI mundial. Las dificultades para atender los pagos de sus servicios han chocado como nunca con la urgencia de ciertos gastos vinculados a la protección de los derechos más básicos de los pueblos. Lejos de ser un señalamiento menor, este problema ha sido vislumbrado por los organismos responsables por la arquitectura financiera internacional, y para evitar una ola de defaults –como la ocurrida en los años ’30 del siglo pasado- han impulsado una serie de medidas de morigeración. El G20, el Banco Mundial y el FMI han coordinado una iniciativa de suspensión de pagos, al tiempo que habilitaron más fondos prestables. Se ha marcado que a pesar del importante poder de fuego que poseen estos entes, hasta el momento se ha utilizado una ínfima parte (cerca de una octava parte de los recursos disponibles). Los países acreedores se han negado a quitas más fuertes o a mecanismos coordinados de negociación, lo que se presenta como absolutamente insuficiente. Recientes llamados al mayor acreedor oficial –China- a sumarse a la mesa no han dado lugar a un arreglo claro aún. Expresa, a fin de cuentas, la sabida dificultad por la cual definir las reglas e instituciones que guiarán la gobernanza mundial en las siguientes décadas.

Estas urgentes y aun fútiles conversaciones, sin embargo, aun no traen al juego a los actores más predatorios: los acreedores privados, principales responsables de la deuda con los países de la periferia. Estos acreedores rinden cuentas a su vez a accionistas, incluso a través de bolsas de valores, a quienes deben mostrar resultados positivos continuamente. Lo contrario provocaría un desplazamiento de las inversiones hacia otra colocación más rentable. Los acreedores privados, en especial en la situación actual de enorme concentración, no tienen incentivos a participar de un arreglo siquiera viable –no digamos justo- de la deuda. Constituyen parte de este gigantesco entuerto que guía el capitalismo realmente existente.

Estos temas globales, de una crisis que atraviesa el planeta con diversa fuerza, cruza la situación argentina con mayor intensidad. Se habla en el país de una “doble crisis”, pues al problema mundial se le suma la herencia de la devastación social provocada por el gobierno de Cambiemos (2015-2019). Justamente, la Argentina llegó al 2020 con una economía estancada, sufriendo corridas cambiarias, con desempleo e inflación en alza, y con una deuda de una magnitud imposible de pagar. Contablemente impagable, obligada por las circunstancias a reestructurar. La Argentina de 2015-2019 deberá ser considerada en toda su magnitud en la enseñanza de la economía, pues mostró con palmaria claridad la falsedad de dogmas ortodoxos repetidos hasta el cansancio en la formación de nuevos/as economistas. El rotundo fracaso de este dogma, sin embargo, no es un ejercicio intelectual, sino una pesadilla social.

En este escenario se movió el país durante la pandemia de COVID-19. La situación social ha sido y es realmente dificultosa, de gran penuria; una crisis económica solo comparable con la debacle del 2001/02, que trajo consigo un trauma y una nueva etapa política. La interpretación de esta situación, por supuesto, está sujeta a debate. Tanto así que, durante los largos meses de aislamiento y distanciamiento social, grupos de derecha y ultraderecha tomaron la iniciativa incluso en las calles, motivando demandas contradictorias que tensionaron la agenda política. Lo que no debe desconocerse es el sustrato social de una realidad de penuria en la cual estas interpretaciones buscan instalarse.

De hecho, el programa económico del país está en debate. Desde el gobierno de Alberto Fernández hay un esfuerzo por presentar una línea coherente con las ideas previas de su alianza, buscando resaltar no solo las dificultades sorteadas ante una economía (y un Estado) fracturados por el gobierno previo, sino el peso del paquete de estímulo. Con todo, y sin cerrar aquí un balance al respecto, en el derrotero del año quedó la posibilidad de intervenir en el mercado de exportación granario-oleaginoso mediante la estatización de la empresa Vicentín, o los debates en torno a un ingreso universal o un ingreso vinculado a la economía popular, entre otros posibles rumbos –que comentábamos en la editorial de CEC12. La contribución extraordinaria a las grandes fortunas tardó más de 7 meses de trámite legislativo, eludiendo debates en torno a sus alcances y usos. El mercado de trabajo se ha deteriorado tanto en cantidad de puestos de trabajo como en ingresos reales mientras esto ocurría.

Desde la publicación del último número de CEC a esta parte, el gobierno argentino cerró un acuerdo (en septiembre) con acreedores privados, primero bajo legislación extranjera y luego bajo legislación local. El arreglo no supuso quitas de capital relevantes, sino una reducción de las tasas de interés y un aplazamiento en el tiempo de los pagos, lo que permite ganar espacio fiscal por los siguientes años. La contracara de ello es que se omitió por completo las diversas impugnaciones en torno a la legitimidad y legalidad de esta deuda, que se ha encargado de documentar con precisión el Foro del Juicio Popular a la Deuda y el FMI –impulsado en especial por el amplio espacio de la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda. Ni siquiera se aprovechó el contexto de pandemia para utilizar argumentos sobre la situación de fuerza mayor y estado de necesidad para evitar pagar.

Con todo, este arreglo no logró dar la credibilidad esperada, y de hecho, le sucedieron meses de zozobra cambiaria. El gobierno avanzó en la siguiente negociación de la deuda, esta vez con el Fondo Monetario Internacional, un viejo conocido del país que le prestó al gobierno de Cambiemos una suma sin antecedentes –superando en más del doble el monto asignado por cuota. Al mismo tiempo, se vulneró el estatuto del Fondo, al prestar para financiar la fuga de capitales –tal como lo mostró el informe de mayo del Banco Central. Usando una mutua sintonía entre el organismo internacional y el gobierno, se avanza en definir los contornos del programa que guiará el nuevo acuerdo, del cual ya se definió el pasaje del último Stand By a un acuerdo de Facilidades Extendidas. Los últimos de este tipo firmados por la Argentina son de 1992 y 1998, y ningún buen resultado dejaron. La apuesta actual es lograr este tipo de acuerdo –que extendería los plazos al igual que el canje con privados- con bajas condicionalidades, algo que el organismo podría evaluar considerando su propia responsabilidad en la situación argentina, además del contexto global de la pandemia. Sin embargo, no hay nada cerrado hasta que no está cerrado, y la coalición gobernante mezcla gestos de diálogo con críticas públicas –como la publicada en noviembre en una carta pública por parte de los/as senadores/as del Frente de Todos.

La situación política es ágil y cambiante. El pueblo argentino expresó su rechazo al ajuste y el endeudamiento en las elecciones de 2019, y nada permite suponer que ese mandato perimió. En la región, otros países han mostrado su hartazgo con las vías del neoliberalismo vernáculo. En Chile se aprobó el llamado a una constituyente que ponga fin al legado pinochetista. En Bolivia se logró en menos de un año sacar por la vía del voto al gobierno golpista, con un aplastante triunfo del MAS. En Brasil, también la derecha gobernante sufre traspiés en las elecciones subnacionales. En otros países, como Perú, Guatemala e incluso Colombia, la vía electoral no está logrando dar vehículo al malestar social, y las protestas alcanzan nuevos ribetes, cuyos alcances son desconocidos aún. El panorama regional, pues, está cambiando frente a lo que aparecía como el retorno a una etapa neoliberal. Esto abre un espacio de demandas, vínculos y posibilidades diferentes para los gobiernos actuantes en la región. Cómo se vincularán a las tensiones propias de la Argentina, es algo que está por verse, pero alienta tener visto el derrumbe de la derecha latinoamericana. Incluso en Estados Unidos el gobierno de Trump llegará a su fin, en manos de un representante del establishment demócrata –Joseph Biden.

La salida de la pandemia está en disputa, y es aún una incógnita si la “nueva normalidad” será lo suficientemente diferente de la “vieja”.

Cuadernos de Economía Crítica, como parte de la Sociedad de Economía Crítica, participa activamente de estas disputas, y lo hace mediante el impulso a voces críticas y plurales. Sin expresar una postura única en torno a la situación económica, es éste un foro de debate para buscar alternativas más justas. Cualquier repaso por los textos publicados en este y otros números de CEC dará fe de la previa aseveración. No concebimos una ciencia sin compromiso.

Éste fue el tono con el cual organizamos este año las Jornadas Virtuales de Economía Crítica y de Economía Feminista, como alternativa a la imposibilidad de reunirnos como todos los años. Se realizaron entre el 8 de septiembre y el 2 de octubre de 2020 14 simposios y talleres, además de 2 paneles centrales, contando con una participación en torno a las 1.500 personas. A pesar de las múltiples dificultades de la virtualidad, fue posible sacar ventaja de la misma, pues interactuaron personas de más universidades y centros de estudio del interior del país (y de otros países) en relación a encuentros presenciales. Se trató de una buena alternativa dadas las circunstancias. Justo antes del inicio de las medidas sanitarias ante la pandemia, a fines de febrero, habíamos realizado nuestra novena Escuela de Verano de Economía Crítica, en Tandil.

En esta línea de trabajo, no nos atormenta la soledad. Queremos saludar en esta editorial los 50 años que cumplió recientemente Realidad Económica, la revista del Instituto Argentino de Desarrollo Económico (IADE). Realidad Económica ha sido un verdadero ejemplo en este campo de las ciencias sociales guiadas por el compromiso con una vida digna y un mundo más justo. Debemos resaltar, además, el apoyo brindado por el IADE a la SEC desde su más temprana aparición, tesitura que mostró de forma sistemática y sin requerir nada a cambio.

Con motivo de este aniversario, se realizó a inicios de diciembre un encuentro sobre la difusión en ciencias sociales en la Argentina, donde participaron CLACSO, las revistas Estudios del Trabajo, Perspectivas de Políticas Públicas, Estado y Políticas Públicas, además de Realidad Económica y CEC. Se destacó allí la importancia del compromiso social de las publicaciones académicas, así como la necesidad de contar con revistas de calidad que den espacio a las miradas críticas. La relevancia de las redes de conocimiento abierto son una forma de vincularse y fortalecer la discusión científica centrada en las necesidades locales, más allá de la validación académica. En este sentido, se destacó el rol que cumplen estos espacios para les jóvenes que se inician en la investigación, de modo de lograr que no sea solo un repositorio sino también una instancia de formación. Todo lo anterior tiene grandes dificultades sin una entidad educativa o de investigación con fondos propios que respalde la gestión editorial.

Esta falta de recursos fue un problema que se hizo más visible en este año particularmente conflictivo en materia de presupuesto. A pesar de la urgencia con la que el sistema político recurrió a la ciencia y la tecnología para encontrar salidas ante los problemas de la pandemia, los recortes presupuestarios han sido moneda común en todo el mundo. En el caso argentino, a pesar del encomio público a les científicos/as, la prórroga del presupuesto 2019 no fue una buena noticia. A lo largo del año escalaron los reclamos, a través de solicitadas, reuniones virtuales y presenciales, protestas en redes sociales, conformándose diversas instancias colectivas de organización. A pesar de ello, el sistema de ciencia y técnica argentino se desfinanció. Hubo atrasos en el giro de fondos de proyectos de investigación, desfasajes por la devaluación e inflación, problemas para la compra de bienes o servicios del exterior, entre otras. No se proveyeron de los insumos y equipos básicos para garantizar condiciones de trabajo dignas en los hogares. Los salarios se retrasaron respecto de la inflación, con lo cual se mantuvo la tendencia a la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años. A pesar de ello, la mayoría de les investigadores/as sufrió una fuerte sobrecarga de tareas en el hogar, al verse en la obligación de responder no solo por el trabajo remunerado, sino las diversas tareas de cuidados y de reproducción –que se vieron afectadas por las medidas sanitarias. Estas situaciones, largamente denunciadas desde la economía feminista, se hicieron una realidad palpable más generalizada.

Vinculado también a la mirada feminista –específicamente sobre la academia-, se ha llamado la atención sobre la falta de presencia de mujeres en la gestión de las publicaciones académicas. Este punto fue compartido en el encuentro de revistas como una agenda común a remediar. Arrastramos estructuras que normalizaron sesgos perversos de selección, incluso en tareas donde solo se juega prestigio y reconocimiento –no recursos monetarios o ingresos. El caso de CEC no escapa a esta regla. Aunque lejos de suponer que se trata de un problema resuelto, iniciamos un camino de revisión al detectarlo. Además de incorporar colegas mujeres tanto al Consejo Editorial como al Consejo Asesor, hemos alcanzado la paridad en las tareas de evaluación externa. El fomento de lenguaje inclusivo es un compromiso desde el lanzamiento de CEC. Hemos decidido cambiar las normas editoriales para corregir la falta de reconocimiento en las referencias bibliográficas (ver artículos cuarto y décimo cuarto). Aun así, restan tareas por resolver. Hemos recibido la mitad de propuestas de contribuciones de mujeres que de varones. Esto ha llevado a un sesgo de mayor publicación de estos últimos. La necesidad de atraer más contribuciones de mujeres es una urgencia. Por supuesto, todo esto aun reposa sobre una heteronormatividad binaria. Debemos avanzar a una agenda más inclusiva.

Con todo, justamente, nos mantiene el desafío por lograr avanzar en estas agendas. La Sociedad de Economía Crítica y su revista, CEC, abrazan el camino a recorrer para lograr también dentro del sistema académico mayor justicia e igualdad.

Debemos cerrar aclarando que hemos modificado las fechas de salida de la revista, para lograr una periodicidad coincidente con los semestres calendarios. Por este motivo, este número queda fechado en 2021, a pesar de no haber tenido dificultades editoriales.