El proyecto de Alves da Silva (2018)Niunamenos: Relações de Gênero, Poéticas da Resistência e Politicas de Desconstrução das Violências desarrolló lecturas de cuentos de hadas en prescolares para problematizar las violencias que hacen parte de las relaciones de género. La autora arguye que la pedagogía, de manera tardía, reconoció que las relaciones de género hacen parte de los procesos educativos de infantes y que su estudio debe incorporarse en procesos de formación profesoral para desarrollar praxis feministas, decoloniales y emancipatorias en las aulas de educación infantil.

Mancaniello (2022) informa que Italia a nivel mundial es el primer país del mundo que definió una ley que reconoce los cuidados requeridos por huérfanas y huérfanos víctimas secundarias de feminicidios y delitos domésticos. Esto le permite analizar que el acompañamiento a nivel educativo debe ser dado por profesionales de la educación con una alta sensibilidad humana y una profunda conciencia de sí. Propone una pedagogía del duelo que aborde el trauma infantil y la muerte en la formación de maestros y de maestras para que acompañen a infantes y adolescentes en experiencias que sumen a su vida y les permitan aceptar la muerte como parte fundante de la existencia, además de contenerles en el sufrimiento y el dolor por la pérdida de su madre. En Estados Unidos, el estudio de Hardesty et ál. (2008) informó que alrededor de 3300 infantes se ven afectados por el femicidio de pareja íntima (FPI) y que afrontan traumas relacionados no solo con presenciar el sufrimiento de su madre antes de su muerte, sino también por su pérdida. Saxton et ál. (2020) indican que los y las infantes pueden ser asesinados y asesinadas en el contexto de violencia doméstica y que parte de la dificultad del estudio de sus muertes en homicidios domésticos se debe a que son eventos que poco se presentan y a que aún la investigación no ha determinado si estos crímenes son el final de un abuso y maltrato infantil persistentes.

El análisis de canciones propuesto por Cassar (2009) podría ser una EEPF que comprometa a los y las adolescentes con la prevención del homicidio de pareja íntima (HPI) y de la violencia por pareja íntima (VPI), en tanto esta actividad les permite considerar, tanto al estudiantado como al profesorado, las implicaciones éticas que subyacen en el abordaje de estos fenómenos en la escuela, “especialmente en culturas donde la violencia interpersonal es el resultado de una injusticia social sistémica y estructural” (p. 77). Enseñar temas relacionados con la VPI requiere estándares éticos, por ejemplo, cuando se abordan temas delicados como no elegir encuentros sexuales riesgosos con parejas íntimas. Asimismo, que la VPI en el contexto doméstico y en el noviazgo no debe abordarse como un tema aparte del currículo escolar sino a través de diferentes temáticas que ya se encuentran en el plan de estudios como “la educación sobre sexualidad y relaciones, la educación para la ciudadanía, los estudios sociales, el desarrollo personal y social, la educación en derechos humanos y las clases de literatura” (p. 85). En este sentido, enseñar estas violencias en el aula implica verlas como fenómenos donde simultáneamente se encuentran prácticas y discursos sociales para lograr que las estudiantes no se sientan como educadoras de la opresión femenina o como rehenes de un discurso de riesgo sexual que les solicita cuidarse a sí mismas y a las demás en tanto las temáticas que se derivan sobre estas violencias no siempre tienen respuestas claras. Este abordaje puede complementarse con el pensamiento difractivo, el cual no disminuye el dolor y la confrontación que produce abordar estas violencias en el aula, pero sí posibilita el desarrollo de habilidades para prevenirlas sin que el estudiantado sienta perplejidad, ansiedad o miedo. La responsabilidad ética no es una obligación sino una actitud que tiene sus raíces en la intencionalidad de la conciencia, pues más que tener una respuesta acertada para el otro, el comportamiento ético solicita responder a las construcciones espontáneas que surgen en la convivencia.

Noonan y Charles (2009) en su pesquisa parte del reconocimiento de que las jóvenes entre los 16 y 24 años experimentan violencia de pareja íntima y argumentan que la prevención de la violencia hacia las mujeres debe incluir la violencia en el noviazgo juvenil, pues su perpetrador continua estas violencias hasta su adultez. En este sentido, recomiendan que los programas para la prevención de la violencia de género estudien las citas y relaciones de pareja de las y los adolescentes y jóvenes para identificar actitudes y patrones de comportamientos abusivos. También que deben “atender a la edad, la raza, el género y otras diferencias” (p. 1102) mediante un enfoque diferenciado. Cabe resaltar el aspecto investigativo e incluyente de esta propuesta, pues se realizó en el marco de una investigación formativa que incluyó un panel de personas con experticia en el tema, una revisión de literatura extensa y 12 grupos focales con estudiantes de secundaria para explorar comportamientos prevalecientes, creencias y actitudes durante sus citas y relaciones de pareja.

Nenadovic y Kerim (2021) presentan un programa de educación no formal que se implementa desde el 2013 en las secundarias de Serbia, Croacia, Bosnia y Herzegovina denominado Model International Criminal Court Western Balkans (MICC WeB), basado en el Model International Criminal Court (MICC) e implementado desde el 2005 en los sistemas educativos oficiales de varios países europeos. Este Modelo aborda la enseñanza sobre la violencia sexual, crímenes de lesa humanidad y crímenes relacionados con la guerra y el genocidio a través de la exploración de las reacciones del profesorado y de estudiantes a estos temas. El Modelo está influenciado por la filosofía de John Dewey, quien defendía una educación inmersa en experiencias y reflexiones concretas con significación y enmarcadas en el desarrollo de habilidades durante el proceso de aprendizaje. Así, el estudiantado “[prepara] acusaciones, discursos de defensa, entrega de veredictos para los acusados en el juicio, o [cubre] estos procesos a través de artículos periodísticos y entrevistas” (p. 71). Aborda la violación como “un acto comunicativo que muestra la imposibilidad de la convivencia y transmite un mensaje escrito en un contexto de geografía sexual de la etnicidad” (p. 77).

Al indagar por las estrategias educativas que el profesorado usaría para que el estudiantado apropiara el contenido sobre los casos históricos de uso de violencia sexual de manera masiva e intencional, mencionaron las siguientes: círculos de discusión, lluvia de ideas sobre advertencias, cine foros, investigaciones personales sobre la violencia sexual, y diálogo con padres y madres antes de abordar la temática en clase para que su estudio continúe en casa. La encuesta al profesorado mostró algunas limitaciones contextuales que les impiden involucrarse con el tema como:

un plan de estudios inflexible que no permite la inclusión del tema; incertidumbre sobre si el tema de la violencia sexual como parte de atrocidades masivas en tiempos de conflicto es adecuado para el plan de estudios de historia o para el de estudios sociales (sociología, psicología social, política internacional); falta de material didáctico adecuado que facilite la introducción de este tema en el currículo y que les permita ayudarles con la sensibilidad y el debate en el aula; inquietud y dilemas generales derivados de la preocupación de exponer a los y las menores de edad a estos temas, considerando si esto es pedagógicamente apropiado o traumatizante, entre otros. (p. 80. Traducción propia)

En el ámbito universitario se ubica un modelo analizado por Stout (1991), implementado entre 1986 y 1991, y que aborda el continuum del control de los hombres y la violencia contra las mujeres. Este modelo podría ser la primera EEPF publicada en revistas indexadas debido a su fecha de publicación. Está conformado por un grupo de talleres que tuvieron como interés sensibilizar al estudiantado de trabajo social en las diferentes dimensiones y facetas del control masculino y la violencia contra las mujeres. Sus ejes temáticos fueron: 1) el lenguaje sexista, el sesgo de género en la investigación de casos y el trato diferencial basado en el sexo; 2) las experiencias de acoso en la calle y estrategias para su abordaje como la confrontación asertiva y la evitación; 3) desigualdades económicas; 4) publicidad sexista; 5) pornografía; 6) acoso sexual, en especial, las definiciones y reconocimiento de políticas para su prevención además de las rutas para su atención; y 7) abuso sexual, violación y feminicidio, donde la autora recomienda el uso de textos narrativos, especialmente autobiográficos y biográficos, cuentos, poemas y canciones. Al aplicar el modelo se esperaba que el estudiantado identificara las formas sutiles del continuum pasando por las más explícitas hasta llegar al feminicidio. Durante su implementación, el modelo tuvo una muy buena valoración, pues el estudiantado lo encontró útil para la práctica del trabajo social en tanto les entregó información para asesorar a mujeres víctimas de violencia, en particular, víctimas de violación y de maltrato.

Katz (2018) aborda los orígenes, la filosofía y los fundamentos pedagógicos del programa universitario Mentors in Violence Prevention (MVP), que viene desarrollándose desde 1993. Incluye a los hombres en los esfuerzos para la prevención de la prevención de la violencia contra las mujeres y es el primero que opera en el ámbito de la cultura del deporte de la milicia de Estados Unidos. Este programa implementa estrategias para la prevención dentro y fuera de los espacios educativos formales y considera procesos educativos tanto para victimarios como para espectadores de la violencia basada en género. La orientación pedagógica del programa entrega al estudiantado algo más que información sobre los mitos relacionados con la violación: se dirige a lograr un cambio social, especialmente en su cultura mediante experiencias que les permitan pensar interseccionalmente esta violencia. En la actualidad, algunas y algunos docentes han adoptado estrategias educativas neutrales en cuanto al género, lo cual es necesario para lograr la inclusión de estudiantes LGBTQ+, pero el artículo advierte que no se puede olvidar el imperativo central: abordar la violencia de los hombres contra las mujeres. Otro elemento de la estrategia es el diálogo interactivo sobre los diferentes escenarios que ponen a los hombres y a las mujeres como espectadoras que hacen parte de un continuum de abusos como los comentarios sexistas, el cyber-bulling y los asaltos que terminan en violaciones tumultuarias.

Gammonley et ál. (2013) publican un artículo sobre un modelo para relacionar a profesionales de trabajo social con la práctica de políticas desde una perspectiva de derechos humanos a partir de una visita a Guatemala, la cual se hizo en el 2009 por una comisión de Estados Unidos para analizar la violencia contra las mujeres (VCM). Esta delegación estuvo conformada por 15 personas relacionadas con el trabajo social. El modelo propuesto se dirigía a que el estudiantado en formación afianzara su educación en derechos humanos mediante el abordaje de la VCM para lograr que, a largo plazo, se comprometieran con la promoción de los derechos humanos, no solo siguiendo la política de Estados Unidos al respecto, sino de manera especial en programas sobre violencia contra las mujeres y procesos de sensibilización de la ciudadanía para exigir el fin de la impunidad de los perpetradores de esta violencia en su país.

Fabiano et ál. (2003) presentan un estudio donde se invitó a participar a los varones debido a que los estudios documentan que estos respaldan las actitudes de otros sobre las mujeres pues subestiman su voluntad para intervenir contra la violencia sexual. Se convocó al estudio a 2500 estudiantes varones que en la primavera de 2002 estaban registrados en una universidad, de los cuales 618 respondieron a las preguntas enviadas por correo. La investigación arrojó las siguientes consideraciones clave para reducir la violencia sexual en los campus: fortalecer la cultura universitaria mediante la seguridad y el respeto; comprometer a los hombres como aliados; reducir el efecto de la percepción errónea de las normas logrando que perpetradores puedan rendir cuentas por su comportamiento; fortalecer las normas precisas del campus a través de múltiples estrategias de comunicación; y, finalmente, amplificar las voces silenciadas de estudiantes frente a las agresiones sexuales en el campus mediante la apertura de programas que les tengan en cuenta y promuevan actitudes y comportamientos no violentos y saludables.

En las EEPF que se estudian en este apartado artistas y personas de colectivos y organizaciones civiles en espacios de la educación formal, gubernamentales, culturales, laborales y de salud, conciben la escuela y las entidades civiles y culturales como espacios educativos donde las personas también se forman a través del arte y el activismo feminista que les permite tomar conciencia del feminicidio.

Aramburu (2020) en sus cursos de literatura en el nivel superior introduce un módulo dedicado al tema violencia de género y el feminicidio en la literatura dando cuenta de una pedagogía comprometida con la discusión abierta de estos temas en las clases de español en niveles superiores.

Por su parte, la iniciativa educativa de Gutiérrez (2022) se basa en el desarrollo de performances en donde los y las estudiantes de una preparatoria del Estado de México reconocieron la realidad social de su municipio y problemáticas como la pobreza, el narcotráfico, la discriminación, los feminicidios y los embarazos adolescentes. Desarrolla el concepto de pedagogías del performance o

prácticas de un aprendizaje colectivo y dialógico, en un lapso extendido, que les permiten a las y los estudiantes investigar, entender y cuestionar las injusticias y desigualdades de sus entornos locales a partir de la creación de lenguajes e imágenes que emergen desde el cuerpo y su gesto. (pp. 4-5)

Respecto a los aprendizajes del estudiantado, en el texto se reseña que reconocieron que la experiencia les permitió conocer sobre el feminicidio y las violaciones, de las cuales no sabían nada… solo que cuando las mujeres de su familia salían de casa esperaban que nada malo les pasara… También aprendieron que ellos, como varones, no están exentos de la violencia de género.

Marin (2014) entiende el teatro como una manera de adentrarse en la vida de los otros, abordando temáticas tan complejas como el Holocausto, la tortura, el conflicto entre Israel y Palestina, la migración y el femicidio. La autora considera que esta estrategia tiene un estrecho vínculo con la educación popular en derechos humanos entre los cuales se encuentran “efectuar un cambio de comportamiento, provocando acciones que reflejen la actitud de las personas. Por ejemplo, lograr que los hombres no se comporten de manera abusiva hacia las mujeres y que funcionarios y funcionarias gubernamentales sean respetuosos con la ciudadanía” (p. 40).

Adicionalmente, Howe (2014) presenta una serie de módulos interactivos desarrollados en escuelas secundarias, diseñados como foros para que los y las jóvenes reflexionen sobre las políticas sexuales que informan sobre los altos niveles de violencia contra las mujeres en las sociedades occidentales y “cuestionan la continua prominencia legal y cultural de las excusas de los hombres para matar a ‘sus’ mujeres” (p. 26). Estos módulos contienen escenas para que las mujeres jóvenes puedan, mediante la dramatización, reconocer cómo se ejerce violencia y control sobre sus cuerpos. En las obras abordadas se considera la fidelidad sexual como el principal valor de una mujer y permiten analizar que las mismas acusaciones en la ficción, falsas, hacia la virtud de las mujeres asesinadas, se escuchan hoy en los tribunales de justicia por parte de victimarios. La autora no comenta sobre la implementación de la estrategia.

La plataforma Arte Acción presentada por Chávez y Difarnecio (2014) está conformada por activistas, organizaciones de derechos humanos e intelectuales y “cruza presentaciones interdisciplinarias entre el performance, el activismo, el arte y las intervenciones urbanas contra el feminicidio en espacios públicos” (p. 35).

Desarrolla propuestas que aporten al debate y a la acción social. A partir del trabajo de Audre Lorde, consideran lo erótico como una fuerza vital que amplía los sentidos y conecta con el ser, por lo que tenerlo en cuenta en sus acciones les permite no olvidar que los cuerpos participantes tienen una conexión de vitalidad. Por su parte, lo decolonial se aborda con el trabajo de Katherine Walsh, quien encuentra lo pedagógico no solo en los espacios escolarizados o institucionales, sino en el trabajo de quienes participan en “las luchas sociales de liberación que demuestran y enseñan sus aprendizajes, desaprendizajes, reaprendizajes, reflexiones y acciones” (p. 35).

En Argentina, como lo informa Sosa (2021), la organización activista feminista Ni Una Menos a partir del 2015 señaló la persistencia del feminicidio en el país a través de incursiones en las calles llenas de vitalidad y de alegría, como marchas y el uso de escraches, antes presentes en las fachadas de las casas de los militares que se beneficiaban de la impunidad a mediados de 1990. Estos actos de denuncia hoy son “una mezcla distintiva de vibraciones, acciones coloridas y queer que marcaron la marea feminista” (p. 146). De esta manera, la protesta comenzó a tener un tono festivo, que no banaliza la lucha de los grupos tradicionales de memoria y la ubica más allá de la edad y el género, y en colectivos con capacidad expansiva de renovación y contagio.

Testoni et ál. (2020) reflexionan sobre una estrategia basada en artes creativas, especialmente en la fototerapia, y en técnicas psicodramáticas que implementaron en su investigación. Ella facilitó que los hombres condenados por violación de mujeres o feminicidios pudieran abordar temas importantes de sus vidas mediante técnicas del psicodrama, como la silla vacía, la inversión de roles y ejercicios auxiliares del yo. Se encontró que no fue fácil cambiar la idea de que la supremacía masculina, presente en la masculinidad hegemónica, se afianza por medio de la violencia sobre las mujeres. El hombre ideal descrito por los participantes, que no era rudo o emocionalmente fuerte, se afinca en la idea de la fratria, es decir, en el respeto a un código de honor.

La investigadora Orozco (2019) aborda algunas de las acciones de las Madres de Chihuahua, conformado por las madres de víctimas de feminicidio de esta ciudad mexicana, inspiradas en las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina. Orozco nombra estas acciones como parte de un activismo maternal, el cual comprende el desarrollo de documentales sobre la vida de las mujeres asesinadas, búsquedas en el desierto de rastros de cadáveres o pruebas vinculadas a delitos de feminicidio, marchas para solicitar penas máximas para los victimarios e identificación de su lugar de residencia cuando son liberados por las autoridades.

A nivel de gobierno y de colectivos de investigación, lo que prevalecen son EEPF sin implementación y que dan cuenta de esfuerzos políticos e investigativos para la prevención del feminicidio. También se encuentran propuestas para su estructuración derivadas de informes y de pesquisas.

La teoría del cambio para el Sistema Integrado Nacional: Estrategia de Prevención del Femicidio de Sudáfrica resultó de una investigación implementada por Nwabisa et ál. (2022). En el marco de esta teoría, se desarrolló una noción de feminicidio conjunta para el equipo investigador luego de talleres con un grupo de trabajo multidisciplinario de personas con experticia en asuntos legales, sociales y judiciales, además de tener en cuenta contextos y experiencias globales y locales. La propuesta se fundamentó en el modelo socioecológico bajo cuatro objetivos estratégicos realistas, implementables y alcanzables en los niveles multisectoriales en un plazo de 2 a 5 años, a saber: “fortalecimiento de la legislación y la política; liderazgo y rendición de cuentas; construir evidencia y practica la prevención informada del feminicidio; y fortalecimiento institucional” (p. 1). Tiene como premisa que muchas mujeres, niñas y personas no binarias en Sudáfrica mueren por femicidio, lo cual sugiere tener en cuenta datos (o lo cuantificable en términos de cifras), pero también componentes cualitativos que expresan cambios en las relaciones entre las parejas, las normas o ideas sobre ellas. Además de transformaciones sociales que sustentan la teoría en términos del incremento en la no satisfacción con los servicios de apoyo como programas para el abuso de sustancias adictivas, programas de acompañamiento a parejas, y otras prácticas que promueven formas de relacionamiento basadas en la equidad de género.

Adicionalmente, los esfuerzos para la participación multisectorial de la estrategia y su implementación en el control de venta de armas, en el apoyo de sobrevivientes de intento de feminicidio, y en la creación de políticas con la sociedad civil. Esta teoría también considera las barreras en cuanto al entendimiento de lo que funciona y efectivamente responde al femicidio, el abuso de sustancias, los signos de alerta de femicidio como la estrangulación no fatal, las normas comunitarias que aceptan las violencias basadas en género, la ausencia de guías y políticas sobre el femicidio, y la falta de priorización de la prevención del feminicidio en los niveles global, nacional y local.

Peñafiel y Peña (2022) desarrollaron una investigación cuantitativa mediante entrevistas y la aplicación de un cuestionario de preguntas cerradas a 120 estudiantes de los primeros semestres de una escuela de educación con la intención de “analizar los elementos configurativos del feminicidio presentes en el marco legal ecuatoriano como contribución al desarrollo de estrategias pedagógicas para la prevención social del mismo” (p. 71). Se observó que, si bien existen programas de prevención del feminicidio, son necesarios recursos e instrumentos legales que refuercen la respuesta frente a la violencia de pareja y la violencia sexual, sobre todo en el ámbito de la prevención primaria. Se concluye que el sector universitario debe encabezar un plan de educación para la prevención del feminicidio en Ecuador.

Shanaaz et ál. (2011) implementaron una investigación con 20 hombres sudafricanos condenados por homicidio de pareja íntima, realizando un total 74 entrevistas a profundidad tanto a ellos como a sus familias y amistades. Los hombres entrevistados señalaron que tuvieron una atención limitada de sus madres y que sus infancias estuvieron marcadas por el abandono y el abuso, además de dejar la escuela al finalizar la primaria o al cumplir 15 años debido al discurso del buen hijo, que los incita a ayudar económicamente en sus casas o porque la escuela era un espacio alienante y violento donde el profesorado no los apoyaba en su aprendizaje. Asimismo, nombran ausencia de sus padres: algunos no lo conocieron, mientras otros no tenían una relación significativa con él; o si estaba presente tenían un vínculo que giraba alrededor de la disciplina y el castigo en su infancia. Varios encontraron las pandillas o grupos criminales como espacios para reafirmar su masculinidad a través de la camaradería y el ejercicio de su poder mediante las armas. Finalmente, advierten sobre la urgencia de reducir las vulnerabilidades emocionales de infantes a través de procesos que comprometan a padres y madres, y fortalezcan el desarrollo de vínculos menos violentos y más equitativos.

El programa educativo “Formemos juntos y juntas una familia sin violencia” presentado por Sangalli (2021) es una propuesta de talleres. Al inicio del texto, se estudian las causas de la violencia de las mujeres desde el ámbito educativo enfocándose en tres factores: la importancia de la educación, la educación patriarcal y su currículo oculto, y, por último, la educación basada en la equidad de género. Del programa solo se presenta el eje temático 1, denominado “Las tareas de cada integrante de la pareja y la corresponsabilidad dentro de la familia” sintetizado en una tabla que lo resume bajo un enfoque por competencias, las cuales son “genera en el grupo un ambiente ameno y participativo entre los participantes”; “crea un ambiente de respeto mutuo y de confidencialidad para hablar sobre la violencia de género y en la familia”; y “valora la corresponsabilidad que debe prevalecer dentro de la familia”. El interés del eje es lograr que en las familias se reconozca la corresponsabilidad en las tareas domésticas y analicen cómo mantener una sana convivencia que no derive en violencia hacia las mujeres.

Holling (2014) muestra los resultados de una investigación cualitativa sobre los feminicidios en Ciudad Juárez en la que examinó un testimonio transcrito y traducido entregado por la hermana de una víctima. Se considera que el testimonio, tanto en su forma como en contenido, permite la transformación de oyentes y testigos, a la vez que genera respuestas frente a esta violencia letal, el reconocimiento de su materialidad y produce nuevas personas que lo testifiquen. Los aspectos formales del testimonio incluyen a la testimonialista (cursivas de la autora), quien habla en primera persona para narrar oralmente a los oyentes una experiencia individual y colectiva con la violencia. Quien testifica busca que las personas oyentes-testigas de su testimonio se identifiquen con la violencia a través del relato.

Hayes (2013) compila varios estudios sobre estrategias de resistencia desarrolladas por mujeres que sufrieron violencia de pareja íntima (VPI) y llama la atención sobre las estrategias de resistencia para la seguridad y la separación, las cuales son usadas por las mujeres para cuando terminan una relación o inician el camino para lograrlo. Estas no se utilizan al mismo tiempo, sino que hacen parte de un proceso que terminará cuando las mujeres establezcan su independencia, algunas de ellas son: encontrar una nueva casa, conseguir trabajo, solicitar la custodia de sus hijas o hijos, y obtener una orden de restricción contra su abusador. El momento de la separación, es uno de los más violentos del proceso donde las mujeres pueden sufrir más violencia y corren el riesgo de ser asesinadas, pues el abusador se siente desafiado y puede aumentar sus violencias para restablecer su control. Se recomienda que dentro de las políticas públicas se introduzcan cambios para que la vida de las sobrevivientes de VPI sea más segura y que los programas para prevenirla no solo incluyan el sistema judicial, sino también a los hombres que son figuras de justicia en sus comunidades.

A nivel de las propuestas para el desarrollo de EEPF derivadas de informes sobre fatalidad o de la implementación de políticas para la prevención del feminicidio, se encontró lo siguiente:

Jones et al. (2022), en una revisión sistemática sobre informes de fatalidad por homicidio doméstico, encontraron que es limitada la inclusión de infantes a pesar de su papel activo en la experimentación de esta violencia, como presenciar el homicidio y pedir ayuda. Una de las recomendaciones más recurrentes en los informes fue la formación y sensibilización a profesionales de la educación y del cuidado infantil para mejorar la identificación temprana de la violencia doméstica. A nivel profesional, postulan que debe capacitarse a funcionarios y a funcionarias de tribunales en las formas como los perpetradores de VPI controlan a sus víctimas con la intención de que puedan tener más elementos para tomar decisiones. Otras fueron: aumentar la financiación de servicios para responder a las víctimas, a los perpetradores y a hijos e hijas; mejorar los procesos y la coordinación entre servicios existentes, y que estos reflejen “la diversidad cultural, lingüística y religiosa” (p. 10) de las poblaciones; incrementar la participación de minorías étnicas mediante la inclusión de sus voces aún marginadas; separar a los y las infantes de sus familias cuando estén en peligro; atender las disputas sobre el acceso y la custodia de infantes; reconocer el abuso y la negligencia infantil; desarrollar más servicios de salud mental para niños y niñas; y acompañar a las personas que están al cuidado de quienes han perdido a su madre.

En una revisión del sistema de protección y propuestas de intervención para la predicción y prevención de feminicidio en contexto de pareja o expareja en España realizada por Fernández Teruelo (2017), se encontró que si bien los victimarios conocen las consecuencias penales del feminicidio esto no les impide seguir perpetrándolos. El estudio de Huertas et ál. (2011) sobre la adopción de políticas estatales en América Latina para la prevención del feminicidio (PF) afirma que deben dirigirse a lograr que toda la población reconozca el fenómeno y a capacitar a las personas que imparten justicia (Koppa y Messing, 2021), al desarrollo de medidas de protección, a imputar el delito a quien incumpla dichas medidas de protección y al desarrollo de observatorios de la violencia contra las mujeres.

Navarro-Mantas y Velásquez (2016) describen la implementación en El Salvador de “una herramienta de registro de situaciones cotidianas de desigualdad de género que fue empleada en un programa de prevención de violencia de género” (p. 149) orientada a incrementar la conciencia sobre las desigualdades de género en la vida cotidiana. El 52.77 % de las experiencias relatadas ocurrieron principalmente en el contexto familiar o de pareja, sin que necesariamente sucedieran en el hogar. La más frecuente: la dominación o violencia contra la mujer por su pareja, en otros casos, el agresor fue la madre, el padre, el hermano u otros integrantes de la familia. Se evidenció una distribución desigual en las tareas del hogar y que, en varios casos, es una persona de la familia quien exige a las otras mujeres servicio y atención para los hombres. E identificaron que estos roles se extienden hasta los entornos laborales de las mujeres, quienes deben atender a los varones allí presentes y seguir órdenes no laborales, además de recibir tratos sexistas.

Paulino et ál. (2021) entregan sugerencias sobre la importancia de desarrollar las competencias actitudinales de los y las oficiales de policía para atender la violencia de pareja íntima, entre las cuales se encuentran: la amabilidad para tratar a las víctimas con respeto, lograr una buena disposición para sus tareas, la ética para actuar en correspondencia con su profesión, la empatía profesional para preguntarse qué harían si estuviesen en la misma situación de la víctima, el dinamismo para contrarrestar los obstáculos que puedan presentarse, el trabajo en equipo, la capacidad para comunicarse asertivamente, la honestidad y el coraje para defender a la víctima e inteligencia emocional para poner sus emociones de su parte, además, mantener su capacidad para aprender a través de procesos educativos formales.

McPhedran et ál. (2018) mencionan que los estudios desarrollados bajo la metodología case-control (en español, “estudio de casos y controles”) son poco comunes y que podrían mostrar que las características de las víctimas de femicidio por pareja íntima también pueden ser compartidas con una población más amplia de mujeres que no experimentan esta violencia de letal. Asimismo, que se requiere determinar cuáles son los factores de riesgo para la violencia de pareja íntima letal y la no letal, y esto se lograría mediante estudios comparativos, por lo que un estudio de casos y controles permitiría hacer una comparación teniendo en cuenta factores como los socioeconómicos, la historia de vida de las víctimas y circunstancias que rodean la situación de violencia. Esto también ayudaría a considerar si ambos grupos pueden diferenciarse entre sí. De esta manera, al no tener varios estudios comparativos centrados en las víctimas, la información a la que tienen acceso las personas responsables de políticas para la prevención del femicidio íntimo (PFI) y proveedores de servicio es relativamente limitada. Esta limitación se extiende a nivel de la comprensión conceptual de la PFI, pues se centran en su perpetración y no en la victimización. También proponen el método de autopsia psicológica, pues permitiría un acercamiento a los factores que rodean una muerte individual.

Dawson y Carrigan (2021) revisan los motivos e indicadores más comunes en los homicidios, donde los perpetradores son hombres y las víctimas mujeres con el interés de aportar elementos para diferenciar el feminicidio de otros delitos en América Latina. Reconocen la dificultad para el acceso a estos datos para quienes investigan en ciencias sociales y humanas, y concluyen que debido a las altas proporciones de datos faltantes y a sus sesgos se pone en riesgo la vida de las niñas y de las mujeres, sean indígenas, inmigrantes o refugiadas, mujeres rurales o que viven en regiones remotas o con discapacidades. Dentro de las acciones relacionadas con la prevención del feminicidio, debe priorizarse la producción de estadísticas precisas en tanto incentivan respuestas legislativas, políticas y programáticas efectivas no solo a nivel local y nacional, sino también globalmente. Retoman el llamado de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer en el 2017 para el mejoramiento de los datos sobre feminicidios y que esta acción debe hacerse colaborativamente entre sectores y organizaciones y, de manera específica, entre investigadoras, investigadores, comunidades, funcionarios y funcionarias de la justicia penal y de gobiernos.