Introducción

En la reintegración social de las personas desmovilizadas se destacan factores que dificultan el acceso a la empleabilidad correspondientes a la responsabilidad que deben tener las diferentes entidades del Estado y la sociedad en general, en este sentido Castillo y Moreno sostienen que “algo claro surge y es la necesidad de mayor corresponsabilidad de todos los actores, pues solo de esa manera puede ser posible mayor cumplimiento en términos de reintegración económica” (Castillo y Moreno, 2013, p.87).

Por lo tanto, es necesario involucrar a las empresas privadas, a las instituciones del Estado y a todos los actores sociales para lograr procesos de reinserción integrales y exitosos, fundamentales para la reconciliación nacional. Dichos procesos deben preocuparse de todos los ámbitos de la vida del individuo, en este sentido “la reinserción tiene que ver con múltiples escenarios tales como la incorporación a una actividad laboral y económica” (López, 1993, p.15).

Pese a los avances que se han realizado por parte de los equipos interdisciplinarios de las diferentes organizaciones públicas que tienen la labor de viabilizar la reinserción de los desmovilizados, aún persisten dificultades que condicionan la accesibilidad a un trabajo digno y equitativo. Tal situación se manifiesta en las limitaciones para el acceso a empleos formales y la falta de oportunidades laborales, determinadas por la baja cualificación del desmovilizado y la alta competitividad en el mercado laboral; poniendo en desventaja a los desmovilizados con relación al resto de la población, algunos autores sostienen que:

Cuando miles de combatientes se desmovilizan en una economía desgastada por el conflicto y con sectores privados poco desarrollados o considerablemente afectados, se presenta una escasez de oferta de trabajos en el mercado laboral. En este escenario, al no tener mayores oportunidades de integración en tales espacios laborales, los participantes presentan una alta vulnerabilidad económica (Herrera y González, 2013, p.281).

Asimismo, es importante destacar que algunas de las dificultades en la reintegración económica de la población desmovilizada se han debido al modelo neoliberal aplicado al proceso, el cual centra el interés en la empresa más que en la persona, dificultando reconocer las características de la población desmovilizada y los ambientes a los que se vinculan durante el proceso de reincorporación, al respecto, Throsell indica:

La estrategia de reintegración económica en Colombia fue inicialmente diseñada con un idealismo neoliberal, uno que no correspondía con la realidad del país. Hubo un enfoque en emprendimiento, que a pesar de varios intentos para hacerlo funcionar, no ofrecía un ingreso decente ni seguridad económica para un segmento sustancial de la población desmovilizada. (Thorsell, 2013, p.211).

Es necesario recalcar el compromiso que debe adquirir el Estado con la realización de los procesos de reintegración a la sociedad civil de los excombatientes. Además, se debe tener en cuenta que algunos de ellos no han accedido a procesos de formación académica y no poseen experiencia laboral, factores que no les permiten integrarse fácilmente a la sociedad. Como respuesta a esta situación el Estado colombiano ha creado programas como el de Paz y Reconciliación de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), a través del cual se capacita a estas personas de manera tal que les permitan vincularse laboralmente y lograr obtener una estabilidad económica.

La reintegración social de los desmovilizados se inicia con una serie de procesos que es necesario considerar, el primero de ellos es el desarme, el cual es entendido como:

La recolección, documentación, control y disposición de todas las armas pequeñas, municiones, explosivos y armas ligeras y pesadas de los combatientes, y a menudo también de la población civil. El desarme también incluye el desarrollo de programas responsables de gestión de armas. Por su parte, la Reinserción: es la asistencia ofrecida a los ex combatientes durante la desmovilización, pero antes de un proceso de reintegración más largo y la Reintegración, la cual es el proceso mediante el cual los excombatientes adquieren estatus civil y obtienen un empleo e ingreso sostenibles. Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos (IEGAP, 2013, pp.14-15).

En el momento en el cual los desmovilizados inician su vinculación a la legalidad se debe fomentar la participación de esta población en actividades políticas, sociales y culturales para su bienestar, además, se deben abordar temáticas que les permitan adaptarse a la vida civil, creando nuevas estrategias de vida, es así como

La reintegración del excombatiente es el inicio de un proceso de restauración de este con su familia, redes sociales y el apoyo que requiere para volver a la sociedad como miembro de ella con derechos y deberes; el éxito de su reintegración dependerá de las habilidades del individuo para hacerse partícipe en los sistemas de relación que caracterizan a la sociedad (Velasco y Londoño, 2009, p.18).

La desmovilización de excombatientes es un aspecto que requiere de mayor interés por parte del Estado colombiano, donde la participación de los diferentes actores sociales pueda aportar desde diferentes perspectivas a la integración social de dicha población. Así mismo, es importante reconocer la trascendencia que tiene la posibilidad de que las personas que han vivido durante largos años al margen de la ley puedan reinsertarse a la vida civil, lo cual invita a un compromiso para la creación de programas pertinentes, donde se vincule a toda la sociedad proporcionando garantías para la permanencia de los desmovilizados en ella, en este sentido

El gobierno debe cuidar más del proceso de reinserción y vincular más decididamente a ella a los gremios, las organizaciones sociales, los partidos políticos, las instituciones estatales, los medios de comunicación, y al ciudadano común, mostrando que ella compete no solamente al Estado y a las organizaciones desmovilizadas. Hay una queja generalizada por el bajo perfil de la reinserción. Se hace necesario venderle a la opinión el proceso de reinserción, manejarlo simbólicamente, mostrar lo positivo de él, y hacer que la gente lo asocie a un proceso mayor y mucho más importante: el de la reconciliación nacional. (López, 1993, p.28).

Sin embargo, la inestabilidad económica de los desmovilizados como producto en muchos casos de la ineficiencia de los programas estatales que les impide garantizar su estabilidad laboral y la presión constante de los grupos al margen de la ley podría impulsarlos a retornar las actividades ilegales. En este sentido, Nussio sostiene que “hay rumores de que los pagos en las estructuras ilegales son mayores a lo que las personas desmovilizadas reciben de parte del programa de reintegración, es por esto que la gente desmovilizada se ve atraída económicamente hacia estas estructuras ilegales” (Nussio 2011, p.594).

Por tanto, se considera trascendental la participación de los diferentes actores del ámbito nacional e internacional, dado que las consecuencias de la guerra trascienden fronteras, así mismo repercuten en todas las dimensiones del país, siendo necesario que

Los desmovilizados adquieren un estatus civil y consiguen un empleo e ingreso económico de manera sostenible. La reintegración se lleva a cabo primordialmente a nivel local, hace parte del desarrollo general de un país y constituye una responsabilidad nacional que puede ser complementada con apoyo internacional” (Consejo Nacional de Política Económica y Social Conpes, 2008, p.7).

Cabe resaltar la trascendencia de los procesos de reintegración, ya que su acción colectiva aumenta las posibilidades de interacción con la comunidad, donde los beneficios sean generalizados para aumentar la aceptación de la población desmovilizada dentro de la sociedad, Astrom considera que

El programa de reintegración puede entenderse como un puente que permite el tránsito de los combatientes de la guerra a su incorporación en la vida civil, y es necesario para evitar la reincidencia y conseguir la estabilidad en la legalidad. Antes el enfoque de los programas de reintegración era individual, se concentraba en cada excombatiente, pero ahora incluye también trabajo colectivo con las comunidades, teniendo como eje central la idea de que si la sociedad civil no recibe beneficios puede reavivarse el conflicto (Astrom, 2016, p.17).

En síntesis, se hace necesaria la corresponsabilidad de los distintos actores sociales como agentes indispensables en los procesos de reintegración de las personas desmovilizadas, posibilitándoles la inclusión social y donde el factor económico se convierte en la base de su estabilidad y bienestar. En esta labor, el compromiso de empresas tanto públicas como privadas contribuye a tal propósito, aunque se reconoce que la fragilidad del mercado laboral nacional sigue siendo un factor fundamental para asegurar un proceso de reincorporación integral. Por su parte, el Estado debe adquirir mayor compromiso como garante en este proceso, que deberá incluir dentro de sus programas y proyectos un componente de sensibilización y educación que disminuya el estigma y la discriminación social hacia estas personas, promoviendo su inclusión, además de destacar el beneficio que generan este tipo de procesos para la sociedad en general, en el marco de la búsqueda de la paz y la reconciliación nacional.

Metodología

La metodología utilizada en la investigación fue cualitativa de tipo descriptiva y analítica. La población entrevistada debía cumplir una serie de criterios de inclusión, entre ellos: personas desmovilizadas de grupos al margen de la ley que se encontraran laborando en la ciudad de Medellín y su Área Metropolitana en el momento de la entrevista, se incluyeron personas de ambos sexos y solamente mayores de edad. Además, se entrevistaron personas responsables de realizar el acompañamiento en las diferentes empresas que vinculaban a la población desmovilizada, y se entrevistó a un microempresario.

La entrevista estaba estructurada en cuatro apartados, el primero de ellos indagaba sobre los datos sociodemográficos de las personas desmovilizadas, el segundo sobre los aspectos referidos al proceso de desmovilización, un tercer componente cuestionaba sobre la incorporación a los programas de reinserción social y finalmente, un cuarto apartado sobre las cuestiones referidas a la inserción laboral.

En total, se realizaron ocho entrevistas semiestructuradas, seis de ellas dirigidas a los desmovilizados, todos ellos provenientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una entrevista al coordinador de emprendimiento del Programa Paz y Reconciliación que hace acompañamiento a la población en la ciudad de Medellín y finalmente una entrevista a un microempresario.

El análisis de la información se realizó con la ayuda del software Atlas.TI, el cual permitió establecer una relación entre los conceptos teóricos y los datos empíricos para su posterior interpretación y análisis. Es importante resaltar la dificultad que se presentó para acceder a un número mayor de entrevistados, debido a razones de seguridad, ya que la información de los desmovilizados es restringida para velar por su seguridad. Así mismo, no fue posible tener acceso a población femenina dado el bajo porcentaje de mujeres desmovilizadas. Cabe mencionar, finalmente que la identidad de los participantes se mantuvo en anonimato a través de la utilización de seudónimos y cada uno de los entrevistados firmó un consentimiento informado para participar en la investigación.

Resultados

Los desmovilizados entrevistados indicaron que al momento de ingresar al grupo ilegal tenían un nivel educativo que no sobrepasaba el sexto grado, ya que se incorporaron a estos a edades tempranas, como en el caso de un joven que se integró siendo menor de edad, exactamente a los trece años. De ahí que la escolaridad de los desmovilizados no superaba la educación media, sin embargo al iniciar el proceso de reintegración algunos lograron alcanzar un nivel educativo correspondiente a tecnólogo, en áreas como la regencia de farmacia y la seguridad industrial, mientras que otros no lograron concluir el bachillerato. Por tanto, el nivel escolar se constituye en una barrera considerable para acceder al mercado laboral en el marco de la legalidad, tal como lo sostiene el documento Conpes:

Los desmovilizados entrevistados indicaron que al momento de ingresar al grupo ilegal tenían un nivel educativo que no sobrepasaba el sexto grado, ya que se incorporaron a estos a edades tempranas, como en el caso de un joven que se integró siendo menor de edad, exactamente a los trece años. De ahí que la escolaridad de los desmovilizados no superaba la educación media, sin embargo al iniciar el proceso de reintegración algunos lograron alcanzar un nivel educativo correspondiente a tecnólogo, en áreas como la regencia de farmacia y la seguridad industrial, mientras que otros no lograron concluir el bachillerato. Por tanto, el nivel escolar se constituye en una barrera considerable para acceder al mercado laboral en el marco de la legalidad, tal como lo sostiene el documento Conpes:

Gran parte de la población en proceso de reintegración abandonó las aulas a muy temprana edad y nunca volvió a ingresar a un proceso de formación académica, por lo cual aplica a la mayoría de los casos al concepto de analfabetas funcionales. En general, los bajos niveles educativos constituyen una característica fundamental de esta población. (Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES, 2008, p.21).

Los entrevistados hacen parte de la población económicamente activa, ya que estos se encuentran entre los 30 y 44 años de edad, lo cual corresponde con los datos que maneja el gobierno colombiano, en este sentido

La mayoría de las personas en proceso de reintegración se encuentran en los rangos de edad económicamente activa. El 63.8% de los adultos desmovilizados registra edades entre los 26 y 40 años; el 26.6% se encuentra entre 18 y 26 años. El restante 9.6% corresponde a mayores de 40 años. (CONPES, 2008, p.15).

Con relación al sexo, el porcentaje de hombres que se han desmovilizado corresponde al 91%, frente al 9% que son mujeres según el informe del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES, 2008, p.15), es así como el trabajo de campo realizado para este artículo puede dar cuenta de ello, ya que las seis entrevistas realizadas corresponden a varones, siendo difícil contactar a alguna mujer.

Por otra parte, los desmovilizados entrevistados ingresaron mayoritariamente de manera voluntaria a los grupos ilegales, solo dos de ellos fueron incorporados de manera forzada. Con referencia a su desmovilización todos lo hicieron colectivamente, siendo un proceso estipulado en los programas de reintegración del gobierno nacional, tal como lo sostiene Mejía, “en Colombia el mayor porcentaje de los excombatientes de las AUC se desarmaron de manera colectiva” (Mejía, 2014, pp.59-60) acogiéndose al programa de la Agencia Colombiana para la Reintegración Paz y Reconciliación, y al Acuerdo 71 de 2006.

En cuanto al contexto social del cual provenían los desmovilizados, estos ponen de manifiesto que vivían en entornos vulnerables con grandes desigualdades sociales y abandono estatal. Donde existía una presencia constante de grupos ilegales quienes suplantaban en algunas ocasiones la presencia del Estado; debido a estas circunstancias algunos entrevistados tomaron la decisión de ingresar a estos grupos, pero sin ningún tipo de identidad ideológica con respecto a este, así se evidencia en una de las entrevistas:

“Antes de ingresar en los grupos armados, hice parte de una de las catástrofes más grandes que ha sucedido en la ciudad de Medellín, la catástrofe de Villatina; donde ahí, quedamos huérfanos, quedamos solos y a nosotros no nos ampara un Bienestar Familiar ni un Estado, sino que lastimosamente nos amparan los grupos armados, que tomaron ese rol con nosotros como si fueran los papás que se nos habían muerto en la catástrofe de Villatina; entonces, por instinto de supervivencia fue que entramos a los grupos” (Simón, 44 años).

En este sentido, Mejía (2014) sostiene que

Como parte del análisis realizado en el campo de los estudios de DDR existe una clara tendencia a abordar aquellos factores que inciden tanto en la formación de los grupos armados ilegales como en su posterior desarrollo y desarticulación. Frente a este tema, la literatura muestra análisis de elementos como la pobreza, la destrucción de las estructuras sociales, la ausencia de oportunidades, la proliferación de la ilegalidad, el narcotráfico, el abandono estatal (Mejía, 2014, pp.39-40).

Esta situación pone en evidencia como los factores sociales y económicos de la población han condicionado en buena medida el surgimiento y consolidación de los grupos armados al margen de la ley, de manera tal que la desprotección por parte del Estado colombiano ha motivado en algunos casos la vinculación de diversas personas a las filas de estos grupos como única forma de subsistencia.

Con relación al grupo de procedencia, todos los desmovilizados que fueron entrevistados hicieron parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aunque la investigación estaba abierta a personas procedentes de cualquier grupo armado al margen de la ley, solo se pudieron contactar exmilitantes de dicho grupo. Esta situación posiblemente se dio por dos razones fundamentales; la primera de ellas que la población desmovilizada de los diferentes grupos guerrilleros es restringida por razones de seguridad, pues, en su mayoría prefieren estar en el anonimato y las bases de datos no son de fácil acceso. En segunda medida, al hecho de que en la ciudad de Medellín se produjo la mayor desmovilización del país correspondiente a combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Además, si se tienen en cuenta las estadísticas sobre desmovilización en Colombia, se puede entender que existe una mayor posibilidad de contactar con personas provenientes de las AUC que de otros grupos al margen de la ley, ya que entre 1990 y 2016 se han desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) 35442 militantes, seguido de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con 18616 y en tercer lugar el Ejército Popular de Liberación (EPL) con 2000 (El Tiempo, 2016).

En cuanto al lugar de residencia de los entrevistados, estos residen en la ciudad de Medellín, pero es importante aclarar que algunos nacieron en otros municipios del departamento de Antioquia y en otros departamentos de Colombia.

Finalmente, es importante mencionar el tiempo de permanencia de los entrevistados en el grupo armado, el cual está entre los dos y los veinte años, periodo de tiempo en el cual los desmovilizados desempeñaron diferentes actividades, generalmente como soldados rasos, sin embargo, dos de los entrevistados fueron comandantes de frente, lo que les permitió recorrer varias zonas del país durante su permanencia en la ilegalidad. Por otra parte, los entrevistados expresaron su temor de regresar a la vida civil, debido a la incertidumbre que les genera el proceso de reintegración, aunque la legislación establece que este proceso es integral, según el Decreto 3043

Estos procesos contemplan de manera particular la vinculación y aceptación de estas personas en la comunidad que los recibe, además de la participación activa de la sociedad en general en su proceso de inclusión a la vida civil y legal del país. (Decreto 3043, 2006 Parágrafo 1: 2).

Factores sociales y culturales que inciden en la inclusión laboral de la población desmovilizada

Dentro de los factores identificados que influyen de manera directa en los procesos de inclusión laboral de la población desmovilizada están los sociales y culturales, estos determinan la manera como la sociedad se convierte en parte fundamental para el éxito o fracaso del proceso de reintegración del desmovilizado, ya sea con su aceptación o rechazo.

Es relevante indicar, que algunos de los desmovilizados no buscan oportunidades laborales debido al temor que sienten por el señalamiento social, razón que los obliga a permanecer invisibilizados, de esta manera “los excombatientes perciben un amplio rechazo y estigmatización de la sociedad en general, que es un factor agravante a sus problemas de seguridad y desempleo” (IEGAP, 2013, p.44), en palabras de uno de los entrevistados:

“La gente nos veía como la escoria de la sociedad, nosotros donde entrabamos a estudiar a la gente de daba temor, y se salía la gente, o sea, el rechazo era impresionante” (Andrés, 30 años).

Al mismo tiempo, se presenta un factor de riesgo adicional referido al contexto social donde residen los desmovilizados, ya que persiste la presencia de grupos ilegales en las zonas donde estos habitan, ya sean derivados del grupo al margen de la ley al que pertenecían o de otros grupos que han ido surgiendo con el paso del tiempo. Esta situación ha originado que la comunidad se abstenga de acogerlos e integrarlos socialmente, debido al temor que les genera las posibles represalias que puedan tomar los militantes de estas organizaciones. Este mismo escenario ya ha sido evidenciado en otros contextos:

Por parte de las comunidades receptoras; el miedo y temor que éstas puedan tener, dado que muchos desmovilizados cometieron y participaron en violaciones a los DDHH y al DIH, o por la posibilidad que pueda haber represalias por parte de GAI activos por el hecho de acogerlos. (CONPES, 2008, p.23).

Resulta claro que la inclusión laboral se convierte en un aspecto ineludible para la transformación social, pensado como un aporte para disminuir las problemáticas existentes en los contextos donde interactúa la población desmovilizada, reconociendo que en dichos espacios prevalece la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Es así como, a través de los procesos de inclusión laboral en que los desmovilizados participan les permiten la construcción de sus proyectos de vida, logrando su adaptación a los entornos laborales sin tener que reincidir en actividades ilegales. Sin embargo, los factores sociales vinculados al estigma y la discriminación, así como a la influencia de contextos inseguros, pueden condicionar el éxito de dicho proceso.

Por tanto, este tipo de acciones no solo debe involucrar a la persona desmovilizada, sino que debe incluir de manera integral a toda la sociedad a través de procesos de sensibilización y educación que permitan eliminar los imaginarios y prejuicios sociales, además de proporcionar entornos seguros para los desmovilizados.

Factores personales que inciden en la inclusión laboral de la población desmovilizada

Uno de los impedimentos para lograr una efectiva inclusión laboral de la población desmovilizada es la falta de experiencia de estos y su dificultad para interactuar en la sociedad. Situaciones que crean tensión en el proceso de adaptación al medio laboral, el cual prioriza acatar normas, cumplimiento de horarios y responsabilidades, para los cuales en algunos casos los desmovilizados no están preparados. Este escenario evidencia la necesidad de realizar procesos flexibles por parte de las empresas, pues resulta inapropiado comparar la manera en la cual se desenvuelve socialmente un individuo que ha estado permanentemente involucrado en el conflicto armado, con la de quienes no han vivido la guerra de manera directa. Esta situación es reconocida por parte del gobierno colombiano;

En su gran mayoría, los desmovilizados poseen atributos psicosociales y valores que limitan su posibilidad de interacción social; en otras palabras, no se encuentran preparados para vivir dentro de un conjunto de reglas sociales en coordinación con el presupuesto de la legalidad (CONPES, 2008, p.20).

Es importante subrayar, la esperanza que les genera la oportunidad de encontrar un trabajo que les garantice estabilidad económica y contribuya a mejorar su calidad de vida y la de sus familias, puesto que ello es sinónimo de tranquilidad para permanecer en la legalidad. En este sentido, “la experiencia vivida por algunos desmovilizados frente a su regreso a la sociedad civil se llena de expectativas, pues espera que ese regreso a la comunidad, le dé garantías individuales y laborales que permitan una sobrevivencia digna” (Vélez, 2012, p.63).

De hecho, la dificultad para hallar opciones laborales les incita a retornar a los grupos ilegales, tal como se evidencia en las entrevistas realizadas, donde algunos declararon haber recibido ofertas por parte de uno o varios grupos ilegales, quienes les prometían la posibilidad de recibir una considerable remuneración económica dada la experiencia en dichas actividades al margen de la ley. Así mismo, los testimonios hicieron mención de compañeros que ante la imposibilidad para obtener empleo ingresaron nuevamente a estos grupos. En palabras de uno de los entrevistados:

“¡Ya nos pasó!, ¡a nosotros ya nos ha tocado, imagínese que yo soy desmovilizado del 2003 y del 2003 a la fecha han pasado 5 grupos armados!” (Simón, 44 años).

Sin embargo, es necesario considerar la nueva visión del mundo que adquieren los desmovilizados en la legalidad, puesto que las motivaciones y las expectativas personales con las cuales estos llegan al proceso resultan ser muy positivas, pero al enfrentarse a un sinnúmero de problemas pueden originar el cambio en su manera de pensar, la cual cierra o amplía el horizonte frente a su reintegración a la vida civil. Por tanto, todos los procesos de reintegración deben incorporar un componente psico-social que les aliente a perseverar pese a las dificultades, es decir, “el asumir la calidad de vida como la estabilidad y tranquilidad que se genera cuando se hace parte una nueva vida” (Caballero y Villa, 2014, pp.26-27). En palabras de los entrevistados:

“Soy un persona totalmente diferente, ya no me importa nada de armas, ya no quiero saber nada de eso” (Marcos, 35 años).

“Mi finalidad es sembrar semillas para las nuevas generaciones, estoy trabajando en el desarrollo directo de la paz, construyo con mucho amor, compromiso, pasión y entrega” (Simón, 44 años).

De manera general, se evidencian tanto aspectos positivos como negativos propios de los desmovilizados que influyen en sus procesos de integración laboral, por una parte aquellos que se refieren al acatamiento de normas y reglas sociales que los limitarían para acceder al mercado laboral, pero en contraposición a esto se encuentra su disposición a mejorar su calidad de vida, asumiendo nuevos retos en la búsqueda de la estabilidad y la tranquilidad personal y familiar.

Factores económicos que inciden en la inclusión laboral de la población desmovilizada

Encontrar empleo es una de las mayores expectativas que tienen las personas en proceso de reintegración, sin embargo, se convierte en un obstáculo que deben enfrentar; como resultado de la ausencia del compromiso estatal frente a la sensibilización del sector empresarial, y debido a la inestabilidad del mercado laboral en Colombia, cuya tasa de desempleo se situó en junio del 2017 en el 8,7% según datos del Departamento Nacional de Estadística (DANE), para el caso de Medellín y su Área Metropolitana está cifra se ubicó en el 10,0%.

Para hacer frente a esta situación, la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) ha generado una estrategia mediante la cual busca fomentar el emprendimiento de las personas desmovilizadas. Dicho programa consiste en la entrega de un capital semilla para la implementación de proyectos productivos para aquellos desmovilizados que tienen la visión de emprendimiento, sin embargo, los beneficiarios de este programa manifiestan que después de dicha entrega el acompañamiento por parte de la ACR no es constante, lo que dificulta el éxito de los proyectos.

Por otra parte, se hace evidente que existe un enfoque que no responde a los intereses de los beneficiarios del programa de inclusión laboral de la ACR, ya que la agencia desarrolla acciones encaminadas a la inclusión laboral individual, mientras que la población desmovilizada manifiesta un interés en participar de forma colectiva en el aspecto. Por tanto, es necesario reconocer y entender las dinámicas de la población desmovilizada de manera tal que se asegure el éxito de su integración al mercado laboral, situación que ya ha sido evidenciada por algunos autores, según los cuales “existen mayores niveles de eficacia respecto a los procesos de formación para el trabajo y en el sostenimiento de las unidades productivas de los desmovilizados y en menor grado en la vinculación laboral” (Castillo y Moreno, 2013, p.88).

Los entrevistados tienen como principal fuente de ingresos económicos el trabajo independiente, puesto que después de desmovilizarse tardaron varios años para acceder a un empleo formal. Esto debido a los múltiples factores antes mencionados, tales como la inconsistencia del mercado laboral, la falta de experiencia y capacitación, además del estigma y la discriminación al cual se enfrentan estas personas. En palabras de un entrevistado:

“Duré por ahí cinco años, no conseguí trabajo por parte de los programas de la ACR, es independiente que trabajo” (Andrés, 30 años).

Se podría afirmar entonces, que el proceso de reintegración social por el que pasaron los entrevistados no dio los resultados esperados, pues estos se encuentran en la informalidad laboral, situación que los sigue colocando en una alta vulnerabilidad social.

Finalmente, es necesario mencionar que el programa de Paz y Reconciliación de la Agencia Colombiana para la Reintegración realiza el contacto con los empleadores que estén interesados en vincular en su organización a la población desmovilizada, sin embargo, este proceso no se puede quedar solo en el contacto institucional y en la voluntad de los empresarios, sino que debe incluir un componente de educación y sensibilización que vincule a la empresa, la sociedad y el Estado como entes dinamizadores de los procesos de integración e inclusión social de las personas desmovilizadas.

Factores institucionales que inciden en la inclusión laboral de la población desmovilizada

Según lo manifestado por los entrevistados se ha observado que los programas de reintegración social presentan falencias con relación a los procesos de desmovilización, lo cual ha impedido que haya una inclusión laboral efectiva; tal situación se ve reflejada en la falta de estrategias de inclusión laboral que identifiquen las necesidades propias de la población desmovilizada, así como la ausencia de compromiso institucional y la incapacidad para dar cobertura ante la magnitud del fenómeno de la desmovilización, entre otros aspectos.

Por tal razón, surge como tarea prioritaria la concertación y comunicación asertiva entre el gobierno y el sector privado que exponga y coordine aspectos fundamentales sobre los compromisos que las empresas deberían adquirir a la hora de contratar esta población; donde la responsabilidad social empresarial juegue un papel importante, conducido más que a una práctica del modelo neoliberal a un compromiso real con la integración de la población para la construcción de la paz.

En este orden de ideas, es importante mencionar la política Nacional de Reintegración Social y Económica, donde el Estado debe fomentar el desarrollo para que la población desmovilizada pueda vincularse de manera integral al campo laboral, sin embargo

Se evidencia un estado que no se constituye en un ente regulador y garante efectivo de la reintegración; en este sentido, deberían realizarse gestiones desde el gobierno central, promoviendo en el país el establecimiento de una política de reintegración que no sea del gobierno de turno, sino una política de excepción pública. (Castillo y Moreno, 2013, p.85).

Por su parte, la Agencia Colombiana para la Reintegración tiene el compromiso de gestionar los aspectos relacionados con una formación técnica o profesional que posibilite al desmovilizado incorporarse en el mundo laboral. Es decir, materializar en el ámbito local las políticas públicas de manera eficaz y eficiente para el bienestar del desmovilizado. La ACR maneja varias dimensiones para la intervención con las personas desmovilizadas, estas son: personal, seguridad, ciudadanía, educativa, salud, habitabilidad, familiar y productiva.

Dentro de estas dimensiones se destaca la productiva, la cual corresponde al componente de reintegración económica, es en esta etapa cuando los desmovilizados dejan de recibir todas las ayudas del proceso, según explica el coordinador de la ACR:

“Es necesario que por su propia voluntad, y por sus propios medios generen ingresos desde la legalidad, entonces, hay dos líneas en este componente: una que es empleabilidad y otra que es emprendimiento” (Areiza, 2017).

De igual manera, (Areiza 2017) manifiesta que en el componente de emprendimiento de las Personas en Proceso de Reintegración (PPR), estas tienen por ley el derecho a un Beneficio Inserción Económica (BIE), conocido como capital semilla; por medio del cual se realiza la entrega de ocho millones de pesos a quienes se desmovilizan individualmente, y de dos millones para las personas que se desmovilizan de manera colectiva. El dinero se desembolsa representado en materia prima para el desarrollo de los planes de negocio propuestos por los excombatientes. Sin embargo, y como ya se mencionó, los desmovilizados sostienen que al no existir un proceso continuo de seguimiento y evaluación de los proyectos productivos por parte de la ACR, estos tienden al fracaso.

Por otra parte, existe un componente de empleabilidad, el cual integra toda la parte psicosocial, donde a través de un proceso de acompañamiento profesional se desarrollan acciones denominadas: camino a la empleabilidad. Este proceso se realiza bajo la responsabilidad de psicólogos y reintegradores, quienes a través de actividades lúdicas ejecutan la simulación de jornadas laborales, talleres de servicio al cliente, actividades sobre el clima organizacional, asesorías sobre el manejo de la hoja de vida, talleres sobre comunicación asertiva, búsqueda efectiva de empleo y finalmente, realizan la simulación de una entrevista, para que los desmovilizados puedan comprender el proceso de selección laboral dentro de las empresas.

Sin embargo, se hace necesario que la Agencia Colombiana para la Reintegración realice una evaluación detallada de los procesos que ha desarrollado hasta el momento que le permitan fortalecer aquellos aspectos que han ocasionado deficiencias en la atención a los desmovilizados. Este proceso de evaluación y mejora les permitirá hacer frente al proceso de reintegración social de los desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes son los próximos a vincularse a la vida civil, ya que

Con la aprobación del Marco Legal para la Paz se abre una nueva puerta para la desmovilización colectiva de las FARC y el ELN, reto para el cual la ACR debe comenzar a prepararse en cuanto a la adaptación de la ruta y el fortalecimiento de temas como la reintegración política, así como la capacidad institucional para estar preparados (Herrera y González, 2013, p.296).

Figura 1
Percepciones de los desmovilizados y empresarios frente al proceso de inclusión laboral
Autores