La monarquía constitucional fue a lo largo del siglo XIX la forma institucional que permitió, en la mayor parte de estados europeos, la transición hacia el sistema liberal desde el marco del absolutismo, sustentado por “la vieja ficción” del derecho divino, que como afirma Morgan, tuvo una duración mucho más prolongada “que la alcanzada hasta ahora por la soberanía del pueblo” (2006: 16). Estamos ante una institución que había sido la clave de bóveda del antiguo régimen y que debía enfrentarse al futuro demostrando su “ductilidad” para “acomodarse a las diversas circunstancias histórico-políticas” derivadas del Estado de Derecho (Oliver, 2002: 17). Norberto Bobbio llega a calificar el resultado de esta evolución como “una forma mixta, mitad monarquía, mitad república” (1995: 125 y 149) para explicar un complejo proceso de relegitimación que buscaba representar a la nación en el marco de la soberanía nacional. No todas las casas reales sobrevivieron a la ruptura liberal pero las que lo hicieron salieron reforzadas, aún a costa de asumir el nuevo papel que el entramado constitucional atribuía a la jefatura del Estado: “porque la monarquía encarnaba la continuidad y la legitimidad fundada en la tradición -escribe Emilio La Parra-, esta institución pudo salvar la convulsión revolucionaria, convirtiéndose en el nexo de unión entre lo viejo y lo nuevo” (2011: 14). Un papel que además ofrecía a la corona la posibilidad de llenar de sentido el concepto de nación a través de una narrativa “coherente y poderosa” (Radcliff, 1997: 306-308) destinada a consolidarla como primer referente de una identidad nacional en construcción.

La relación de todo proceso de cambio sociopolítico con la tradición siempre es conflictiva, máxime si la monarquía debe encarnarlo a partir de los efectos derivados de la revolución. Aunque como señala el propio Marx, todas las revoluciones burguesas están atadas de alguna forma al pasado y por ello recurren al “ropaje” o al “disfraz de vejez venerable” para proyectar su limitada visión del cambio social (1975: 250-254), hablamos de una institución ligada desde el origen de los tiempos al poder. Así pues, la incompatibilidad con los planteamientos políticos de la modernidad resulta a primera vista irrebatible y evidentemente constituye la argamasa argumental para el discurso republicano en sus diversas versiones. Ante la incertidumbre posrevolucionaria la opción monárquica precisaba superar el reto de construir un horizonte de expectativa unido a la idea de continuidad en un discurso verosímil. Indudablemente resultaba muy complejo simbolizar “lo viejo” y al mismo tiempo apelar a un nuevo orden político basado en el reconocimiento de los derechos naturales del individuo. Mucho más, frente a un discurso republicano armado con un poderoso arsenal ideológico y simbólico, que en un principio no necesitaba de mayores abstracciones políticas para conseguir la adhesión popular en una sociedad escasamente politizada. Las diversas culturas republicanas no representaban solo la expresión de un propósito de ruptura con el Antiguo Régimen de alcance más radical del que ofrecían las diferentes familias del liberalismo. Además, constituían una alternativa global de organización social sobre bases opuestas a las que guiaron la construcción del Estado Liberal. Aunque los republicanos no constituían un bloque homogéneo, como evidencian las propuestas que abarcan desde el unitarismo hasta el federalismo con tintes socialistas, tenían en la monarquía al “adversario permanente” (Koselleck, 1993: 83) como elemento que les otorgaba compacidad.

El proyecto nacionalizador que pretendía proyectar la monarquía constitucional descansaba en la centralización del poder, la tradición, la herencia y la propiedad, pero también en la modernidad y la idea de progreso. Encajada en sistemas parlamentarios cuyo objetivo era la armonización entre orden y libertad, la corona se erigía en garante de estabilidad. Aunque muchos discursos monárquicos difundían la imagen del hombre-rey como motor del desarrollo económico y social, e incluso como actor político comprometido con un proyecto regenerador (Hall, 2003: 62-64), en realidad el sistema liberal concebía el papel de la institución como dique de contención, capaz de mitigar el riesgo de desbordamiento social. El ideal de modernización combinado junto al legado histórico y al “alto grado de fijeza y permanencia” inherente a la monarquía (Pérez Ledesma, 2008: 23), impreso en el imaginario colectivo, permitió erradicar la imagen de una institución obsoleta y estática. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por legitimar esa nueva imagen es fácil constatar que cualquier avance democratizador, dentro de los cauces descritos, representó para los monarcas una dura prueba de supervivencia ante unas realidades sociopolíticas emergentes que exigían un reajuste constante de sus poderes. La sociedad de masas y el crecimiento de los medios de comunicación supusieron, desde esa perspectiva, la posibilidad de ampliar la figura del rey moderno, pero también posibilitaron un mayor eco de los discursos antimonárquicos, hasta el punto que finalizada la Primera Guerra Mundial, la monarquía se convirtió en una forma de gobierno minoritaria en Europa. El caso de Portugal, convertida en república tras la Revolución de Octubre de 1910, o España, cuya corona logró sobrevivir a duras penas hasta 1931, constituyen un ejemplo claro en este sentido.

El propósito de este dossier consiste precisamente en una aproximación a las diversas vías de transformación, exitosas o fracasadas, de las monarquías peninsulares ante el reto de la democratización y el desarrollo de la sociedad de masas, en el tránsito del siglo XIX al XX. Los resultados son diversos, puesto que como veremos en los trabajos que lo integran, la institución logró en algunos casos encabezar el cambio político pero en otros supuso un obstáculo para la modernización. Junto a las implicaciones políticas, el dossier no descuida las distintas estrategias de proyección pública desarrolladas por la corona. En este sentido, la perspectiva de análisis se sitúa en el plano de las culturas monárquicas pero también en el de las republicanas, en la medida en que estas fueron determinantes en el deterioro de la legitimidad regia. El estudio de los discursos monárquicos y su evolución nos permite comprender las tensiones del proceso. Especialmente interesante resulta la observación de las variaciones semánticas en torno al propio concepto de monarquía, que remiten a los límites de su mencionada ductilidad. El discurso monárquico amplió progresivamente su espacio semántico original (Foucault, 1968: 125-146) para integrar nuevos elementos que a priori no podían encajar en un marco originado en el Antiguo Régimen, demostrando así la mayor o menor capacidad de la institución para actualizar el proyecto político que a través de ella se pretendía materializar.

De manera algo convencional, se ha caracterizado el reinado de Amadeo de Saboya como el primer ensayo de la monarquía democrática en España. Desde la crítica republicana, por supuesto, no podía haber nada de democrático en una monarquía. Sin embargo, la profundidad de los cambios respecto al modelo que había representado Isabel II es evidente, hasta el punto de que para la nobleza española esas mutaciones resultaron intolerables. La oposición de la aristocracia alfonsina -al fin y al cabo, el alfonsismo era mayoritario entre las grandes casas de la noblezase sumó a los importantes escollos que lastraron la implantación de la dinastía de Saboya. Las clases aristocráticas entendieron que la imagen burguesa de la nueva monarquía era la expresión de los fundamentos sociales de un trono que había salido del sufragio universal. Ese giro implicaba también una reformulación del tradicional papel de la aristocracia. Raquel Sánchez analiza en detalle las estrategias y las prácticas simbólicas de oposición a la monarquía democrática, con especial atención al conocido “motín de las mantillas”, en el que puede además percibirse el protagonismo de las mujeres de la nobleza en las movilizaciones antiamadeístas.

Por otra parte, resulta problemático hablar de fuerzas dinásticas en el contexto de la monarquía de Amadeo de Saboya. Con frecuencia se ha afirmado que el fracaso del reinado del duque de Aosta debió mucho a la debilidad de sus apoyos sociales. La hostilidad de la aristocracia alfonsina, de un lado, y el amplio respaldo popular al federalismo y al carlismo, dejaban un escueto margen sobre el que prestigiar la institución. De igual manera, se argumenta que las fracturas en el seno de las fuerzas políticas que dieron su apoyo al monarca italiano hicieron que su reinado fuera inviable. Sin embargo, apenas se ha profundizado en los modelos de monarquía que dichas agrupaciones defendieron, ni se ha evaluado en qué medida el monarca italiano se ajustó a ellas. Eduardo Higueras, en este sentido, propone un análisis del proyecto de monarquía democrática que los radicales esbozaron desde su irrupción como sensibilidad política reconocible durante los debates a las Cortes Constituyentes de 1869. En dicho proyecto, la corona quedaba reformulada como una magistratura electiva e incluso revocable, estrictamente subordinada a la concepción de los derechos naturales que la Constitución recogía. El trono, de este modo, quedaba arrinconado en el espacio simbólico de la política, salvo en un aspecto fundamental: el rey debía garantizar la primacía de los derechos naturales y actuar como motor de la revolución democrática.

No parece claro que Amadeo I estuviera dispuesto a ser un rey demócrata en el sentido que le demandaban una parte de sus partidarios. Sí resulta más evidente que el intento de lograr la plena parlamentarización de la monarquía en el marco de una Constitución democrática naufragó con la proclamación de la Primera República en febrero de 1873, y más todavía con la restauración de los Borbones el año siguiente. El propósito de llegar a la democracia por la vía de la monarquía quedó prácticamente descartada. El trono, desde entonces, fue en España un freno para la democratización, como lo era en Portugal. Su pervivencia, ligada a las funciones que desempeñaba dentro del sistema político, estuvo permanentemente a prueba. Por ello, es claro que las mutaciones sociales ligadas al cambio de siglo testaron la capacidad de adaptación de la monarquía constitucional, sobre todo porque el marco institucional en el que cobraba sentido comenzaba a hacer aguas.

Isabel Correa replantea la crisis de la monarquía liberal en Portugal a través del estudio de los fundamentos políticos, sociales y simbólicos del reinado de Carlos I. El regicidio de 1908, sin duda, fue una de las claves en el desmoronamiento institucional del régimen y en la proclamación de la República en 1910, pero ni el asesinato del rey ni la caída de la monarquía eran el desenlace o el destino inevitable de un reinado habitualmente caracterizado por la debilidad del titular de la corona, tal como ha sido planteado por una larga tradición historiográfica. La monarquía portuguesa, argumenta la autora, contaba con “los dispositivos de adaptación necesarios para no sucumbir frente a los avances de la sociedad de masas”. Diversas coyunturas, sin embargo, se conjugaron para desgastar el basamento de la institución. En un contexto en el que la imagen de la realeza jugaba un papel fundamental para la reproducción del sistema, el rey no supo impulsar una estrategia de prestigio que reafirmara el trono y frenara la erosión de su popularidad. Por el contrario, sus decisiones y su propio carácter, entre otros factores, ahondaron el progresivo aislamiento de la monarquía respecto a la sociedad portuguesa, agravando el déficit de legitimidad que adolecía.

Sin duda, la crisis del “rotativismo” afectó a la corona, que al fin y al cabo era el eje del sistema político. Con el fin de evitar que el desgaste le alcanzara, el rey se replegó en la corte. El pequeño grupo de aristócratas que recibió su favor debía actuar como una especie de cordón sanitario frente al desprestigio de los políticos liberales. Pero ese repliegue no solucionaba el hiato abierto frente a una sociedad civil sobre la cual el discurso republicano, pese a sus fracturas internas, no dejaba de ganar terreno. Tanto la crisis de los partidos del turno como la evolución del republicanismo portugués son analizados por Teresa Nunes. El objetivo de su aportación es medir el impacto de la propaganda democrática en la erosión de la imagen de la monarquía durante el reinado de Manuel II (1908-1910). Con este fin, centra su atención en desentrañar las claves de la crítica republicana en un momento especialmente significativo: la entrevista del joven monarca portugués con Alfonso XIII en Vila Viçosa en febrero de 1909. Ese encuentro propició la posibilidad de comparar los perfiles de ambos monarcas. Su juventud, en ambos casos, era presentada por el discurso antimonárquico como inexperiencia y debilidad. Desde esa misma posición los dos reyes encarnaban el clericalismo, el autoritarismo y el sometimiento internacional a los designios de las potencias extranjeras. Eran, en definitiva, dos caras de la misma moneda.

En pleno auge del imperialismo, tanto la monarquía portuguesa como la española acusaron el desgaste de las crisis coloniales. Probablemente, la erosión provocada por el ultimátum británico de 1890 afectó mucho más a la corona lusa que el desastre de 1898 a la casa real de España que, no obstante, se vio obligada a hacer frente a sucesivas coyunturas críticas derivadas de la política colonial que terminarían comprometiendo la continuidad de la propia institución. Evidentemente, el escenario de tensión se trasladó de América y el Pacífico al norte de África. Merece la pena, por ello, desplazar el foco de este dossier al Marruecos colonial. De ello se ocupa Irene González. Su artículo analiza los dispositivos de poder establecidos en el Protectorado franco-español desde 1912 para asegurar el control sobre la población. La estructura institucional del Imperio Jerifiano, naturalmente, se vio profundamente alterada por la subordinación colonial. Las autoridades franco españolas trataron de asegurarse el dominio sobre el territorio mediante la continuación formal de las instituciones tradicionales y, sobre todo, a partir de un teórico respeto al islam. Por ello, el sultán, residente en el Marruecos francés, mantuvo unas atribuciones políticas ficticias a la vez que se subrayaba su autoridad religiosa. El régimen de “subarriendo” pactado entre Francia y España implicaba una estructura de poder simétrica para el protectorado español en la que el jalifa, vinculado dinásticamente al sultán, cumplía funciones equivalentes bajo una legitimidad delegada por aquel. Por ello, con el fin de “elevar el estatus de una colonización subordinada a Francia”, las autoridades españolas trataron de potenciar “su dimensión como líder religioso” hasta una altura similar a la del propio sultán.

La desaparición de las instituciones monárquicas con la proclamación de la Segunda República no implicó, por supuesto, la extinción de los imaginarios monárquicos que se vieron, eso sí, obligados a evolucionar. José Luis Agudín profundiza en las transformaciones de la cultura contrarrevolucionaria en el marco democrático. Un contexto que, por otra parte, favorecía la reunificación de las diferentes ramas de la familia tradicionalista. El autor se centra concretamente en la construcción de la imagen pública del nuevo pretendiente, el anciano Alfonso Carlos. Estas representaciones respondían, lógicamente, al radical antagonismo con las culturas republicanas y socialistas, pero también a la rivalidad con el monarquismo alfonsista. El análisis, basado en un exhaustivo trabajo hemerográfico, se extiende desde la biografía del pretendiente al examen de la iconografía contrarrevolucionaria o el análisis de las novedades en el calendario conmemorativo del carlismo. De ello dan cuenta la invención de nuevas festividades como la del Triunfo de la Santa Cruz, el 3 de mayo, o la fiesta de los Mártires de la Tradición, el 10 de marzo. De forma paralela al complejo debate sucesorio, los carlistas se plantearon un esfuerzo de actualización ideológica que, durante la dictadura franquista, terminaría alimentando los planteamientos nacionalcatólicos.

Como es sabido, la superación de las dictaduras en el sur de Europa en lo que se ha denominado la “ola democrática” de la década de 1970, no discurrió conforme a un único modelo de transición. En España la ruptura fue menos visible que en países como Portugal o Grecia, en la medida que la continuidad de la forma monárquica del estado fue una cuestión innegociable, por más que se tratase de una monarquía originada en el seno de las leyes orgánicas franquistas.

Por tanto, su encaje en el engranaje político diseñado por la Constitución de 1978 presentó una gran complejidad. Los partidos republicanos no fueron legalizados antes de las elecciones de 1977, de modo que no tuvieron la opción de tener representación en unas Cortes que devinieron constituyentes. Sin embargo, la dicotomía entre monarquía y república, así como el debate sobre las funciones concretas que correspondían a la corona en una monarquía democrática, entraron en el debate parlamentario por la vía de las enmiendas al proyecto constitucional. Ángeles Lario centra su atención en esos debates realizando un análisis de largo recorrido que parte de las coordenadas teóricas de la monarquía parlamentaria e identifica sus líneas de evolución a lo largo del siglo XIX. Su reflexión cierra un conjunto de aproximaciones sobre las posibilidades de adaptación de la monarquía a la democracia en una cronología amplia y sobre un marco geográfico transnacional. Serán necesarios, por supuesto, nuevas investigaciones que desarrollen, maticen o completen las conclusiones recogidas en este dossier.

Notas de autor

Información adicional

1: Este dossier se enmarca en el proyecto de investigación "Las monarquías en la Europa meridional (siglos XIX y XX). Culturas y prácticas de la realeza" (HAR2016-75954P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Es, asimismo, resultado de la colaboración con integrantes del proyecto “Corte, monarquía y nación liberal. En torno al Rey y la modernización política de España (1833-1885)” (HAR-2015-66532-P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.