Estudios
La redefinición del mapa político valenciano: las elecciones de abril-mayo de 1931
Redefining the Valencia Political Map: AprilMay 1931 Elections
La redefinición del mapa político valenciano: las elecciones de abril-mayo de 1931
Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, núm. 17, pp. 301-334, 2018
Universidad de Alicante
Recepción: 13 Enero 2018
Aprobación: 11 Abril 2018
Resumen: Las elecciones municipales de abril de 1931, que habían arrojado en la provincia de Valencia un resultado muy igualado entre monárquicos y republicanos, fueron pues tas en entredicho por el nuevo gobierno republicano. Por ello, en las semanas siguientes se procedió a “depurar” los ayuntamientos tanto de concejales que habían sido elegi dos en virtud del artículo 29, como de aquellos que supuestamente se habían valido del fraude para conquistar su acta. Las elecciones de mayo para cubrir las numerosísimas vacantes dieron un vuelco increíble. Los republicanos habían pasado de controlar la mitad de las concejalías, a disponer del ochenta por ciento de las mismas. Ahora bien, ¿como fue posible una alteración tan repentina de los resultados? ¿es que la mayor parte de la población valenciana era realmente republicana? En las siguientes líneas se aborda la campaña de suspensión de ayuntamientos valencianos constituidos tras el 12 de abril, y se analiza si las denuncias de corrupción surgidas tras las elecciones de abril eran sólidas o si por el contrario confirman la tesis de que no eran más que una excusa para preparar el terreno de cara a los transcendentales comicios a Cortes consti tuyentes de junio.
Palabras clave: Elecciones municipales, 1931, Fraude, Valencia, Artículo 29.
Abstract: The April 1931 local election that gave both monarchists and republicans quite simi lar quotes of power in the province of Valencia, were soon questioned by the new republican government. Thus, in the following weeks they started to ‘purge’ every local councillor that had been elected by way of Article 29 of the Electoral Law, and those considered to have obtained their election certificate through fraud. The repeat elections held in May that year to fill the large number of councillor vacancies over turned the control of the city councils. The republicans went from controlling half of the councillorships to a shocking eighty per cent of them. However, how could such an abrupt turn around possible? Was that surprising percentage of republican support real? This article addresses the campaign of dismissals in the city councils of the Valencia province carried out after April 12. It also tries to unveil whether the accusations of vote rigging that arose after the April elections were sound or just an excuse to pre pare the ground for the coming ‘Cortes’ elections of June that would have farreaching impact on the development of a new constitution.
Keywords: Local elections, 1931, Fraud, Valencia, Article 29.
1. Las elecciones municipales de 1931 en la provincia de Valencia
Todavía hoy se carece de una relación completa de los resultados de la votación del 12 de abril de 1931, tanto para la provincia de Valencia como para toda España. Los datos de los que se dispone en el Archivo Histórico Nacional y en el de la Administración no ofrecen la totalidad de concejales, y los del Anuario Estadístico de España no son válidos ya que se basan en una configuración de los ayuntamientos posterior a las elecciones parciales de mayo1. Precisamente esta fuente es la utilizada por Martínez Cuadrado, quien señala que los no mo nárquicos, o lo que es lo mismo, comunistas, socialistas y republicanos, obtuvieron en toda España 39.568 concejales, los monárquicos 19.035, y el resto 15.1982. De todas las investigaciones realizadas hasta la fecha, la que en mayor medida se aproxima a los resultados de esos comicios es la efectuada por Ben Ami. Según este autor, que se nutre de los datos que obraban en poder del Mi nisterio de la Gobernación en el momento de la proclamación de la República, el Gobierno tenía el catorce de abril de 1931 conocimiento de la filiación de 41.917 concejales electos, es decir, poco más de la mitad de los 80.632 tota les. De ellos, 29.953 pertenecían a partidos monárquicos, 8.855 a republicanos, 1.787 a los constitucionales, que no dejaban de ser monárquicos, y 1.322 al resto (católicos, integristas, apolíticos y jaimistas)3. En cuanto a los candida tos elegidos por votación, es decir, excluyendo los designados por el artículo 29, la lista se reduce a 11.552 monárquicos (58 por ciento sobre el total), 6.263 republicanos (32 por ciento), 866 constitucionales (cuatro por ciento) y 1.107 del resto (seis por ciento).
En cuanto a los resultados de los comicios municipales de abril de 1931 en la provincia de Valencia, la realidad resulta todavía más frustrante. Los tra bajos realizados hasta ahora no proporcionan los datos totales y solo ofrecen un pequeño porcentaje del total. En este sentido, Luis Aguiló, en su investi gación sobre las elecciones en Valencia durante la Segunda República, se cen tra únicamente en los datos de la capital, y Vicente Alós en su estudio sobre el final del blasquismo, únicamente aporta los resultados de las veintiuna localidades más importantes, que pese a que en ellas se concentraba el grue so de la población de la provincia, constituían únicamente el ocho por ciento del total de los municipios4. Con el cien por cien de los votos en la capital escru tados, la candidatura más votada resultó ser la republicana, que obtuvo los treinta y dos puestos de la mayoría. Los monárquicos lograron únicamente die ciocho concejalías. Por votos, los republicanos obtuvieron 36.738 por 12.420 de los monárquicos. Y en cuanto a la participación, al ser el censo de 84.854 electores y los votantes 49.158, se concluye que fue del 58 por ciento del elec torado, un porcentaje menor que el de las últimas elecciones generales veri ficadas durante la Restauración5.
Tal y como se aprecia en la tabla con los resultados de la capital, las dife rencias entre los datos expuestos por El Pueblo, un diario republicano, y Las Provincias, uno monárquico, apenas varían. Si se desglosan por facción políti ca, los resultados fueron los siguientes: de los treinta y dos concejales republi canos, veintidós pertenecían al grupo formado por el PURA, cinco de la dere cha republicana, dos socialistas y un nacionalista, y de los dieciocho monárqui cos, seis eran de la DRV, cuatro conservadores, dos demócratas, dos albistas, uno regionalista, uno del UMN, y un ciervista.
Pese a que estos fueron los resultados ofrecidos por los diarios valencianos el día catorce6, el Gobernador envió al Ministro un telegrama en el que sor prendentemente indicaba que los concejales monárquicos eran 19 y no 18, tal
y como se puede ver en la tabla 2. Se da también la circunstancia de que la significación política de los electos tampoco coincide totalmente por la propor cionada unánimemente por la prensa. Resulta difícil explicar este telegrama, ya que es poco probable que las informaciones del Gobernador no fuesen las correctas, y más en una cuestión tan trascendental. Por ello, es posible que el Gobernador señalase Antonio Reina, candidato reformista incluido como inde pendiente en la lista republicana, como monárquico.
Por último, si se comparan los resultados de abril con los de los comicios municipales anteriores se evidencia el deterioro de la causa monárquica. Este distanciamiento de muchos votantes de derechas respecto a Alfonso XIII no hizo más que agrandarse durante la Dictadura. En las elecciones municipales de Valencia de 1922, los monárquicos habían obtenido 17.475 votos, o lo que es lo mismo, el cincuenta y cinco por ciento de los votos, mientras que los republicanos habían logrado 14.119 sufragios, es decir, el 45 por ciento restan te. Sin embargo, en los comicios de 1931 la situación dio un vuelco enorme. Los republicanos alcanzaron los 36.738 votos, mientras que los candidatos monár quicos, a los que muchos de sus seguidores se abstuvieron de votar, lograron tan solo 12.420. En otras palabras, los republicanos habían pasado de caer de rrotados antes del golpe de Estado, a alcanzar tres cuartos del apoyo electoral en los primeros comicios tras el abandono de Primo de Rivera, un vuelco elec
toral como no se había visto en la ciudad en ninguno de los comicios de la Restauración.
Tal y como se ha comentado previamente, no se dispone hoy en día de una relación completa de los resultados electorales en la provincia. Los estudios rea lizados hasta la fecha no los aportan y los datos expuestos en el Anuario Esta dístico de España (AEE) no tienen validez por cuanto fueron recopilados con posterioridad a las elecciones de mayo. Según este cómputo, de las 2.592 con cejalías de la provincia, 595 fueron a parar a los monárquicos, 1.608 a los repu blicanos y 300 a los indeterminados, a los que habría que añadir 89 concejales de los que no dispone de datos7. Los datos más aproximados de los publicados hasta la fecha son los expuestos por BenAmi, quien sobre un total de 898 con cejales proporciona 391 monárquicos, 427 republicanos, 68 constitucionales y 12 sin determinar. Es decir, un cincuenta y uno por ciento monárquicos (cons titucionales incluidos) y un cuarenta y ocho por ciento republicanos. No obs tante, estos datos tienen el inconveniente de no abarcar la totalidad de los municipios, ya que únicamente comprenden un tercio del total8.
Desgraciadamente, conocer los resultados oficiales de las elecciones del doce de abril en la provincia resulta difícil por cuanto la documentación oficial proporciona únicamente los resultados de la capital. Tanto en el Archivo Histó rico Nacional como el de la Administración se encuentran desglosados por pro vincias los resultados de esas elecciones. Sin embargo, en la carpeta de Valencia únicamente se dispone de ciertos telegramas y no de los resultados de la pro vincia. Tampoco se han podido encontrar estos resultados en el Archivo de la Diputación ni en el del Ayuntamiento. Ante esta inconveniencia se ha procura do reconstruir a partir de los datos de la prensa y de los telegramas encontra dos tanto en el Archivo Histórico Nacional como en el de la Administración, los resultados electorales del 12 de abril en el mayor número de municipios posi bles. No es lo ideal en estos casos porque en ellos no se informa del número de votos, sino que únicamente menciona los escaños, pero sin embargo han permi tido reconstruir como quedaron constituidos los consistorios en 143 de las 264 localidades de la provincia. En términos absolutos, esto supone disponer de la afiliación de 1.630 de los 2.637 concejales de la provincia (el 62 por ciento del total). Los resultados completos se pueden consultar en el Anexo I.
La suma de los resultados, que representan el sesenta y dos por ciento del total, proporciona unos porcentajes similares a los indicados por BenAmi para la provincia de Valencia, pero con la diferencia de que aquí la mayoría de concejales recae de lado republicano. Según la relación proporcionada por el mencionado autor, los monárquicos obtuvieron un poco más de la mitad de los ediles (cincuenta y uno por ciento), mientras que en los datos obteni dos en esta investigación, que abarcan un número más alto de consistorios, fueron los republicanos quienes obtuvieron la mayoría en el total de la pro vincia con el cincuenta y tres por ciento, por el cuarenta y siete por ciento de los monárquicos. Esta ventaja aumenta si el análisis se limita a las localidades cuyo alcalde era designado por Real Orden (las mayores de 6.000 habitantes o cabeceras de partido judicial), en cuyo caso el porcentaje de concejales repu blicanos alcanza el sesenta y dos por ciento frente al treinta y ocho por cien to de los monárquicos. Sin embargo, la diferencia disminuye si el análisis se centra en los municipios con menos habitantes. En esta línea, y sin salir del terreno de las hipótesis, no es de extrañar que de disponer de los resultados que faltan en esta tabla, que son precisamente los de los municipios más peque ños de la provincia, el porcentaje de concejales monárquicos fuese ligeramen te superior al obtenido por los republicanos. Sea como fuere, lo cierto es que los concejales quedaron repartidos por mitades.
Por municipios, al consabido triunfo republicano en la ciudad de Valencia hay que añadir el de las principales poblaciones como Játiva, Sagunto, Chiva, Buñol o Cullera, localidades, no hay que olvidar, que ya mostraron durante la Restauración su inclinación hacia opciones más progresistas. Únicamente en los municipios de Real Orden de tradición conservadora como Onteniente, Alboraya, Albaida, Chelva o Enguera, la mayoría monárquica se mantuvo. En esta línea, si se comparan los resultados de las elecciones municipales de 1931 con las anteriores de 1922 (tabla 3), se observa que en las localidades donde un grupo determinado dominó las elecciones durante la Restauración, el voto se mantuvo. Por ejemplo, en Cullera y Buñol, municipios caracterizados por la hegemonía republicanosocialista durante la Restauración, la candidatura antimonárquica en las elecciones de abril arrasó en las urnas. Pero del mismo modo, en Onteniente, Albaida o Alboraya, localidades donde el voto carlista había sido decisivo en los comicios de principios de siglo9, la mayoría de sufra gios en abril de 1931 fueron a parar a los concejales monárquicos.
Esta continuidad del voto con respecto a las elecciones anteriores a 1923 también se dio, aunque de manera diversa, en algunas localidades donde la mayoría de consistorio pasó a manos republicanas. Un ejemplo de esto últi
mo se dio en Utiel, feudo del notable GarcíaBerlanga Pardo. Allí, como se obser va en la tabla 3, los republicanos pasaron de no lograr ni una sola concejalía en las municipales de 1922, a conquistar quince de las dieciocho en lid en las siguientes. No obstante, y pese a las apariencias, los utielanos no habían modi ficado sustancialmente su voto, ya que tanto en 1922 como en las de 1931 ha bían votado mayoritariamente por los candidatos del grupo de GarcíaBerlanga. Sin embargo, la diferencia residía en que en las primeras elecciones los can didatos garcíaberlanguistas representaban al partido demócrata (monárqui co), mientras que en las últimas a los republicanos moderados (DLR). En esta línea, se puede asegurar que en muchos municipios en los que los antiguos representantes políticos locales migraron al republicanismo, arrastraron a sus seguidores también.
La primera conclusión que se extrae de los porcentajes de votos entre 1922 y 1931 de las localidades valencianas mayores de 6.000 habitantes, es que, tal y como se comprueba en la tabla 3, se había producido un vuelco considerable. De un porcentaje del 74 por ciento de concejales electos en 1922, los monár quicos pasaron a un exiguo 38 por ciento pocos años después. Y de manera pro porcionalmente inversa, los republicanos aumentaron del 20, al 62 por ciento del sufragio. En definitiva, se puede concluir que la Dictadura había repercuti do negativamente en el apoyo de los partidos monárquicos. Esto, en definitiva, había determinado que muchos de ellos se abstuviesen de emitir sufragio o que lo hiciesen en clave republicana, lo que motivó en última instancia que los par tidos que apoyaban a la Monarquía perdieran su antigua hegemonía.
La competencia y el alcance del artículo 29.
El artículo 29 de la Ley Electoral de 1907 disponía que si el número de can didatos proclamados no sobrepasaba el de puestos a cubrir se les considera ba automáticamente electos sin necesidad de luchar en los comicios. El uso de esta polémica disposición, derogada con la llegada de la Segunda República10, ha sido a menudo puesto como ejemplo del caciquismo rural imperante en la España de la Restauración. En este sentido, su aplicación se ha relacionado con pervivencia de las redes caciquiles y con la desmovilización del cuerpo elec toral11. Sin embargo, estas interpretaciones no se sostienen si se analiza la aplicación de esta normativa en la provincia de Valencia. Allí, ni los candidatos electos sin votación fueron exclusivamente los candidatos dinásticos “represen tantes del cacique”, ni su aplicación se dio en localidades pequeñas y faltas de dinamismo electoral. Respecto a lo primero, basta con ver la significación de los concejales de artículo 29 surgidos de las elecciones municipales de 1931 para darse cuenta de que benefició a todos los partidos. De hecho, los republicanos, que según la interpretación anterior eran los más susceptibles de verse perjudi cados, proclamaron 154 concejales por esa vía12. Pero lo cierto es que, para ellos, como para los monárquicos, el hecho de que uno de los suyos fuera desig nado de artículo 29 constataba, tal y como presumía la prensa adicta, la enor me superioridad de aquellos candidatos sobre el rival: “En Pedralva. El espíri tu revolucionario ha obtenido un señalado triunfo en esta población. Se han proclamado seis concejales republicanos por el artículo 29, y el domingo se irá a la lucha por la conquista de la totalidad de los puestos”13.
Y en cuanto a la teoría de que su aplicación se daba en los lugares atrasa dos y desmovilizados, basta con un rápido análisis geográfico para concluir que no era necesariamente así. La normativa no solo se aplicó en las localidades rurales más dinámicas políticamente hablando, como Requena, Carlet, Almace ra, Bocairente, Pedralva o Moncada entre otras, sino que también lo hizo en la súper movilizada ciudad de Valencia, en la que dos candidatos lograron sin lucha su acta en las municipales de 192214. Por tanto, no es cierto que su apli cación respondiera a la pervivencia caciquil, sino más bien parece que básica mente se debió, al menos en la provincia de estudio, a la distribución de fuer zas políticas y al pacto entre estas.
Precisamente el pacto entre fuerzas rivales determinó que no se celebraran elecciones en algunas localidades en abril de 1931; concretamente en los muni cipios en los que monárquicos y republicanos acordaron un reparto de actas de manera proporcional al apoyo que estimaban que disponían. En Requena por ejemplo, los republicanos de la DLR acordaron con los monárquicos repar tirse las veintidós candidaturas (diecinueve para los nuevos republicanos, y tres para los monárquicos)15. Un porcentaje similar se acordó en Carlet, donde los monárquicos aceptaron las dos concejalías que les ofrecían los republicanos, que se reservaron las doce restantes. Pero por el contrario, en localidades como Albaida o Algemesí, donde la fuerza de los monárquicos era mayor a la de sus rivales, el porcentaje fue inverso, once de doce candidaturas para los monárqui cos en la primera, y diecisiete de diecinueve en la segunda16.
Ahora bien, en aquellas localidades en las que sus concejales elegidos sin votación eran todos del mismo grupo político, no había habido pacto simple mente porque el grupo rival estaba muy lejos de poder competir, o porque sencillamente no existía. Esto fue lo que ocurrió por poner algún ejemplo en Segard de Albalat, donde la totalidad de los candidatos eran monárquicos, o en Luchente donde por el contrario eran todos republicanos. En ninguna de estas localidades hubo votación17.
El alcance de la aplicación del artículo 29 en la provincia ha sido señala do en los trabajos de Martínez Cuadrado y de BenAmi. Según el primero, el total de candidatos de artículo 29 en la provincia fueron 503, de los que úni camente 112 fueron monárquicos, 293 republicanos y 16 socialistas, además de otros 82 indeterminados o sin datos. Cifras más precisas aporta BenAmi, quien proporciona sobre un total de 464 concejales 280 monárquicos, 154 republicanos y 26 constitucionalistas. En cuanto a los datos suministrados por la prensa, el diario católico Diario de Valencia informó el día 11 de abril que se habían proclamado el domingo anterior un total de 360 candidatos: 248 mo nárquicos y 112 republicanos. Y tres días más tarde y ya acabados los comicios, el diario republicano El Mercantil Valenciano subió la cifra a 417 (280 monár quicos y 137 republicanos)18.
En cuanto a la filiación de los candidatos del artículo 29, un informe enviado al ministro permite verificar que fueron los liberales, seguidos de los conservadores y de los candidatos de la DLR, los más favorecidos. Esta infor mación, cuya fuente es una relación elaborada por el propio Gobernador y que coincide con el número de concejales proporcionados por BenAmi, indica lo siguiente:
Información diferente aporta el Anuario Estadístico de España, que otorga una mayoría de concejales electos sin votación a los republicanos. Estos datos, que no son correctos, dan por el contrario un total de los concejales de artículo 29 más preciso, dejándolos en 512.
Por tanto, tomando como válidos los datos proporcionados por el Go bernador, la suma de los totales proporciona a los monárquicos 310 conceja les (el sesenta y siete por ciento del total), y a los republicanos 154 (el trein ta y tres por ciento). En cuanto a la proporción total de candidatos elegidos de artículo 29 en la provincia de Valencia, el porcentaje varía dependiendo de la fuente. Si se toman los datos totales aportados por el AEE, el porcentaje se quedaría en el veinticuatro por ciento del total (512 candidatos de artículo 29 sobre un total de 2.080), dieciocho puntos porcentuales menos que la media española que alcanzó el 37 por ciento19. Mientras que si se toman los del infor me del Gobernador, el porcentaje baja hasta el 18 por ciento20. En definitiva, son datos que evidencian el dinamismo electoral valenciano, tanto en la capi tal como en el resto de la provincia. La relación de las principales localidades donde se aplicó el artículo 29 en Valencia es la siguiente:
En cuanto a la evolución de candidatos designados por artículo 29 antes y des pués de estos comicios, existe el inconveniente de carecer de datos para la tota lidad de la provincia en las elecciones municipales anteriores, por lo que reali zar esta comparación resulta imposible. De lo que sí que se dispone, es de estos resultados de la ciudad de Valencia en los años inmediatamente anteriores a 1923. Allí todos los candidatos concurrieron a la lucha en los comicios de 1920, pero no en los de 1922, en los que el blasquista José Soler y el mellista Manuel Oller se repartieron sin disputa los escaños del distrito de la Universidad.
Con respecto al resto de la provincia, únicamente es posible comparar la competencia de las elecciones municipales de 1931 con las de Diputados a Cor tes de la Restauración. En estas últimas, la media de elecciones competidas en todos los distritos de la provincia de 1890 a 1923 fue de 68.78 por ciento21. Por tanto, si se comparan los porcentajes de lucha registrados durante la Restauración con los de abril de 1931 (que varían según la fuente entre el 76 y el 82 por ciento del total), se comprobará que los niveles de lucha registra dos en las municipales de 1931 se asemejan a la elevada competencia registra da en el periodo anterior. Parece confirmarse de nuevo que la movilización electoral alcanzada en los años treinta no vino súbitamente, sino que en cier ta medida sigue la tendencia observada en los comicios de la Restauración.
La reconstrucción del mapa político
Durante la Restauración los candidatos republicanos habían a menudo emplea do el término “caciquismo” para denunciar el modo en el que muchos nota bles locales triunfaban en los comicios rurales. Esto mismo fue precisamente lo que denunció el Gobierno surgido de las elecciones municipales de abril una vez se hizo con el poder. Así pues, siguiendo sus instrucciones se procedió a examinar las elecciones verificadas en aquellas localidades donde los candi datos derrotados protestaron el resultado. Y en todos los casos en los que las denuncias se consideraron graves, los comicios se repitieron un mes más tarde. Con todo, el modo que se procedió sugiere que aquello no era sino un pretex to del Gobierno para sustituir a consistorios de mayoría monárquica por otros gobernados por socialistas y los republicanos; todo ello enfocado a cubrir el máximo de consistorios ante las decisivas elecciones generales previstas para junio22. En las siguientes líneas se abordará la campaña de suspensión de ayun tamientos valencianos constituidos tras el 12 de abril, y se analizará si las denuncias de corrupción surgidas tras las elecciones de abril eran sólidas o si por el contrario confirman la tesis de que no eran más que una excusa para pre parar el terreno de cara a los comicios a Cortes constituyentes.
A los pocos días de instaurarse la República se procedió, a instancias del Gobierno, a examinar todas aquellas actas susceptibles de haber sido obtenidas bajo circunstancias fraudulentas. El nuevo Ministro de la Gobernación, Miguel Maura, estableció un periodo de quince días para que los candidatos derrotados pudieran impugnar los resultados electorales. Tras el anuncio, los republica nos se movilizaron para tal efecto y requirieron a sus simpatizantes presentar denuncias en aquellas localidades donde habían obtenido el triunfo las can didaturas monárquicas:
“Como sabemos que en muchos pueblos, tanto el caciquismo monárquico, como la reacción usaron de cuantos medios inmorales pudieron para vencer y como sería injusto que todos estos concejales ilegalmente elegidos, pudiesen disfrutar de sus cargos alcanzados a fuerza de coaccionar y de vejar al pueblo, nuestros correligionarios DEBEN presentar contra aquéllos las correspon dientes protestas a su elección en la Junta Provisional del Censo, situada en la Diputación de Valencia, y se obrará con arreglo a la justicia”23.
Tras expirar el plazo de presentación de solicitudes, la nueva Junta provisio nal del censo suspendió, pese a la aparente escasa gravedad de las denuncias, la friolera de 128 ayuntamientos24, es decir, prácticamente la mitad de la tota lidad de la provincia (264). Se dio además la circunstancia de que, a pesar de la igualdad electoral habida entre monárquicos y republicanos en las eleccio nes de abril, la inmensa mayoría de los comicios anulados correspondieron a localidades en las que habían triunfado los primeros. De hecho, si se analizan los cuarenta y cinco municipios suspendidos de los que se disponen datos, se verifica que únicamente en siete de ellos (Alfahuir, Alfarp, Ayora, Sumacárcel, Señera, Sedaví y San Juan de Enova), había triunfado la mayoría republicana, mientras que en los treinta y ocho restantes la victoria había sido para los mo nárquicos (ver tabla 6).
La siguiente conclusión que se obtiene de los datos expuestos es el cambio de voto, ya que del veintisiete por ciento obtenido en las localidades señaladas en las elecciones de abril, los republicanos pasaron a disponer del noventa por ciento de ellas tras los comicios parciales de mayo: todo un vuelco. Ahora bien, a la hora de analizar la campaña en los municipios donde se repitieron los comicios en mayo, no es difícil imaginar, dado el contexto de efervescencia republicana que se vivía en el país, que muchos de los concejales monárquicos suspendidos no se volviesen a presentar. Los que lo hicieron manteniendo su significación política es probable que perdieran gran parte de los votos obteni dos en abril. Al fin y al cabo, ya no se trataba de votar por la Monarquía por que simplemente esta ya no existía. Dadas las circunstancias descritas, no sor prenden los resultados electorales las elecciones parciales de mayo: en total, los concejales republicanos triunfantes llegaron a 1.142 mientras que los mo nárquicos solo 95, o lo que es lo mismo, el ocho por ciento del total25.
Volviendo a la raíz de los hechos que motivaron las anulaciones, cabe pregun tarse el alcance real de las irregularidades y si estas justificaban tal cantidad de suspensiones. En primer lugar, si se analiza la actuación del Gobierno en Va lencia se verifica que este no intervino a favor de candidatura alguna en la provincia. Es más, se confirmaron las intenciones del Gobernador Civil, seña ladas al comienzo de la campaña, de no hacer política. Y por si hubiera alguna duda, este remitió al fiscal todas las denuncias por coacciones de los alcaldes que recibió durante la campaña26. Tampoco se nombró ningún delegado ni se suspendió ayuntamiento ni alcalde alguno en todo el país27. De hecho, inclu so la prensa de oposición al Gobierno afirmó que este no ejerció presión algu na durante los comicios: “El Gobierno, contra lo que muchos temíamos –con fieso mi error– ha respetado lealmente la libertad de los electores y merece un aplauso que nadie regateará”28.
Por el contrario, sí que se pudieron ver en la prensa, tanto de derechas como de izquierdas, denuncias de fraude relativas a la confección del censo. En este sentido, el diario El Pueblo, en una denuncia que tras los comicios se mostró infundada, afirmó durante la campaña que el censo de la capital era el: “más calamitoso que ha conocido la ciudadanía valenciana, el número de muertos, ausentes y desconocidos sobrepasa a más de quince mil y en cambio a todos nuestros centros acceden los correligionarios y ven con sorpresa se les ha robado el voto”29. Estas protestas contrastan con las del diario albista La Voz Valenciana, que, en contra de los expuesto por el diario republicano, aseguró que este se había confeccionado correctamente: “Lo cierto es que el censo se ha hecho lentamente, pero de un modo perfecto”30. En cuanto a los diarios de derecha, las quejas vivieron por parte del Diario de Valencia y una vez acaba dos los comicios. Este diario, pese a aceptar la victoria republicana, indicó que los errores en la confección del censo les habían perjudicado31. Con todo, no parece, como se mostrará a continuación, que las denuncias de amaño del censo estuvieran fundadas: la prueba más evidente es el hecho de que las lis tas de votantes no se modificaron para las elecciones de mayo de 1931.
En cuanto a los casos de corrupción producidos en la geografía valenciana, si se procede a una recapitulación de los casos aparecidos en la prensa repu blicana (porque las actas no se encuentran), se comprueba que los pocos casos que se denunciaron durante la campaña no acompañaban pruebas y carecían de verdadera importancia. El día ocho El Pueblo denunció el hecho de que en Bonrepós un médico local aconsejara a sus clientes votar por la candidatura rival, sin que este hecho significara por otro lado un acto fuera de la ley: “el medico titular Mateo Hernández se dedica…a conseguir votos para la candi datura monárquica…llamamos la atención del Gobernador para que con su influencia evite estos hechos”. También ese día se acusó a determinados nota bles en Manises y Estivella de bloquear la proclamación de varios aspirantes republicanos sin especificar en qué consistían sus acciones: “En Manises un cacique utilizó una burda patraña, impidiendo la proclamación de los candida tos. En Estivella el cacique coaccionó a dos ex concejales, dejado a los candi datos republicanos sin proponentes”32. El día nueve, en un artículo llamado “La sinceridad electoral”, El Pueblo denunció un intento de compra de votos en Massarotjos: “Allí ha ido Casanova y compañía ofreciendo cubrir el défi cit existente en algunas sociedades y realizando reformas…si les dan los votos”33. El día diez se denunció un intento de compra de votos en Valencia, pero al igual que la del día anterior la denuncia no aportaba pruebas: “sabe mos que en un casino de la Vega –La Colombófila– han ofrecido determina da cantidad por treinta votos”34. El día once, uno antes de los comicios y bajo el titular de Siguen los manejos electorales monárquicos, El Pueblo denunció que un empresario “reunió a los empleados…y luego de obsequiarles cumpli damente les citó…para darles instrucciones acerca de la candidatura que deben votar mañana domingo”. También se denunció que el sacerdote de Beni calap coaccionara la voluntad de los electores “trabajando la candidatura mo nárquica”35, y que el dueño de la fábrica de Moróder en Favara supuestamen te obligara a los obreros a votar la candidatura monárquica. Igualmente infor mó de que varios sus correligionarios en Villanueva de Castellón, Silla, Massa nasa, Oliva, TorresTorres, Castellar, Titaguas y Alfafar enviaron cartas denun ciando, sin entrar en más detalles, “las tropelías que los elementos monárqui cos verifican en los pueblos”. El día doce se acusó a los monárquicos de fal sificar cédulas sin especificar como ni donde, y se denunció que en Cárcer el alcalde y el juez municipal se dedicaron a comprar votos y ejercer coaccio nes, pero de nuevo de una manera difusa: “Atropellan a nuestros electores se dedican a la compra de votos y ejercen coacciones intolerables. Esperamos que el Gobernador Civil advierta hoy a aquellos señores se limiten a cumplir con su deber”.
En los días siguientes a los comicios las referencias a la corrupción en el mencionado diario son escasas y de poca consideración. Se afirmó que en el dis trito de la Audiencia de Valencia un sacerdote intentó votar en falso en un cole gio, que en la calle de Samaniego se concedió el voto a “una infinidad” de estu diantes del Seminario, que en una sección del distrito de la Universidad un elector proporcionó una identidad falsa para poder votar, y que en Chelva unos propietarios intentaron comprar sufragios36.En definitiva, no parece, según se extrae de la prensa, que la suspensión de las elecciones estuviese justificada.
Durante las primeras semanas tras la proclamación de la República el país estaba experimentando un auténtico proceso de “republicanización” política y social. Las filiaciones se reanudaron en la mayoría de los círculos, y los que antes habían apoyado a Dato, Sánchez Guerra o al Conde de Romanones, lo hacían ahora, según el Duque de Maura, por su hermano Miguel o por el viejo Lerroux37. Numerosos ciudadanos se pusieron al lado de las nuevas autorida des acatando así la decisión de Alfonso XIII de marcharse de España y, por tanto, aceptar el nuevo estado de cosas.
En este contexto, no es de extrañar que una gran parte de concejales ele gidos en las urnas como monárquicos decidieran emigrar a filas republicanas. La provincia de Valencia no fue ajena a esta tendencia. De hecho, si se obser va la tabla 7, que ofrece datos de 63 municipios valencianos, se podrá com probar como el 16 por ciento de los concejales electos en abril pasó del monarquismo al republicanismo sin elección por medio38:
Tabla 7. Trasvase de concejales monárquicos al republicanismo
Elaboración propia a partir de los datos de Las Provincias, Diario de Valencia, y El Pueblo, entre el 5 y el 14 de abril de 1931, y del Informe del Gobernador Civil de Valencia, al Ministro Gobernación al Director General de la Administración. 22 de octubre de 1932. AGA, Sección Interior, caja 44/00266, carpeta 2
Como se ha comentado previamente, otra de las medidas de las que se valie ron los republicanos para ampliar su dominio municipal fue la de anular las elecciones en los ayuntamientos monárquicos cuyos concejales hubiesen sido elegidos a través del artículo 29. La “purga” contra estos comenzó una vez que numerosos republicanos y socialistas exigiesen la destitución en bloque de todos ellos. El Ministro de la Gobernación, pese a negarse a ello, no pudo evitar que varios gobernadores civiles comenzaran sin previa consulta a destituir arbitra riamente a numerosos afectados, todos ellos monárquicos. En total, entre abril y mayo de 1931 fueron destituidos en todo el país 6.937 concejales, el 27 por ciento de los 25.921 proclamados por el mencionado artículo39. En la provin cia de Valencia el porcentaje fue todavía mayor, ya que se llegaron a destituir 147, es decir, un 31 por ciento del total.
En definitiva, del análisis de los datos expuestos anteriormente se conclu ye que el fraude en los comicios de abril de 1931 parece haber sido inexisten te, y que la corrupción, aun dando verosimilitud a denuncias genéricas y sin pruebas, escasa. El análisis de los hechos evidencia que la repetición de los comicios en mayo no fue algo que derivara de una supuesta corrupción en los comicios de abril, sino del deseo de los nuevos poderes políticos de controlar los ayuntamientos de cara a las importantísimas elecciones generales de junio. Una necesidad cuyas motivaciones fueron entre otras la de apartar a los mo nárquicos del control de los consistorios, la de evitar altercados o incidentes de orden público, la de dejar el “terrero preparado” para la celebración de las Constituyentes, y la de controlar las instituciones de cara a poner en práctica las reformas republicanas planeadas. Por tanto, y tras analizar estos comicios en la provincia de Valencia, no sería descabellado dar por válidas las tesis de José Manuel Macarro que afirman que las elecciones de mayo se entienden “desde la consolidación de la revolución, y también de la competencia por ad quirir representación política”40. Esto se demuestra también por el modo en el que el poder municipal del republicanismo valenciano avanzó, en los meses siguientes a la proclamación de la República, hasta llegar a controlar en octu bre de 1932 el ochenta por ciento de los ayuntamientos de la provincia41. Pro ceso que se pudo lograr de acuerdo a tres factores: uno, por el trasvase de con cejales monárquicos a filas republicanas, dos, por la destitución de conceja les monárquicos de artículo 29, y tres, por la masiva suspensión de ayuntamien tos monárquicos con el pretexto de la corrupción electoral. Por todo ello, se concluye que lo ocurrido durante los primeros meses de Gobierno republicano no fue sino una planificada redefinición del mapa político dibujado en los co micios municipales del mes de abril.
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Anexo I.
Resultado de las elecciones del 12 de abril de 1931 en la provincia de Valencia
Elaboración propia a partir de los datos de Las Provincias, Diario de Valencia y El Pueblo, entre el 5 y el 14 de abril de 1931, Telegrama del Gobernador Civil de Valencia, al Mi nistro Gobernación del 5IV1931. AHN, Ministerio de Interior, Leg 30A, carpeta 5.
* En Almusafes, el diario El Pueblo proporciona un monárquico y seis republicanos.
** En Ayelo de Malferit, El Pueblo proporciona dos monárquicos y ocho republicanos.
*** En Masanasa, Silla y Benifayó, se suspendieron las elecciones por rotura de urnas.
Notas