I. La matriz de la discordia (1943-1945)

En la matriz originaria del desencuentro entre peronismo y reformismo latieron dos clivajes que encontraron su catalizador en los gobiernos surgidos a partir de junio de 1943: por una parte el que enfrentó a aliadófilos contra neutralistas simpatizantes de Alemania e Italia; por otra, el que dividió aguas entre el clericalismo conservador y el laicismo. Empero, en las primeras semanas posteriores al golpe militar del 4 de junio de 1943, las líneas de fractura distaban de ser transparentes. El golpe fue percibido, en los momentos iniciales, de modo ambiguo por los dirigentes del movimiento estudiantil. Si bien registraban a contragusto que Alemania, Italia y Japón fueron los primeros países en reconocer al nuevo gobierno, y constataban asimismo el beneplácito de la prensa católica, también podían comprobar que el elenco golpista incluía también militares aliadófilos -como el coronel Elvio Anaya, jefe de la guarnición de Campo de Mayo- e incluso a radicales yrigoyenistas como los oficiales, a la sazón hermanos, Miguel Ángel y Juan Carlos Montes, vinculados al sabattinismo cordobés. De acuerdo con el historiador norteamericano Robert Potash, el teniente coronel Miguel Ángel Montes era, pese a las diferencias ideológicas, amigo íntimo de Perón (Potash 1985: 267-296). Asimismo, contribuía al desconcierto la diplomacia del presidente Ramírez, quien concedía entrevistas a dirigentes de la Federación Universitaria Argentina (Devoto 2014: 177).

El golpe, coincidió con los preparativos de las celebraciones del 25° aniversario de la Reforma Universitaria. El acto central se iba a realizar en Córdoba, con la presencia de los principales oradores de la FUA. El lugar elegido, el popular estadio Córdoba Sport Club -un equivalente del Luna Park de Buenos Aires- permitía anticipar una concurrencia multitudinaria. Empero, conjuntamente, la FUA y la FUC (Federación Universitaria de Córdoba), resolvieron suspender el acto de masas en aras de su contribución a la “pacificación de los espíritus”, para realizar en cambio una modesta ceremonia en el cementerio San Jerónimo, especialmente dedicado a la memoria de Deodoro Roca y Tomás Bordones¹.

Las expectativas de las organizaciones estudiantiles, cedieron pronto paso a una virulenta decepción. El 28 de junio el ministro del Interior, coronel Alberto Gilbert, expresó en una resolución enviada a todos los gobernadores -denominados “comisionados nacionales”- la necesidad que cesen las actividades de asociaciones “con fines públicamente proclamados de ayuda a los países en lucha”, debido a “la infiltración de elementos de ideología comunista, que hacen de las mismas excelentes vehículos para el desarrollo de su prédica disolvente”. Sostenía también “que el derecho de asociación consagrado por la constitución nacional está condicionado a la persecución de un fín útil en sentido moral y legal”; “que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado ilegal el comunismo, no solo cuando él se presenta públicamente como tal, sino cuando en forma indirecta y disimulada trata de llevar a la práctica sus fines esenciales, adaptándose e las circunstancias de lugar, de tiempo y ambiente”, llevando adelante “una obra contraria a la argentinidad”. La resolución asociaba el apoyo a los Aliados en la segunda guerra mundial, con la lucha anticomunista. Por lo tanto, ordenaba a los comisionados nacionales de las provincias y a los gobernadores de los territorios nacionales: que debían proceder “a clausurar los locales e impedir toda actividad pública, cualquiera fuera la forma en que ella se realice, de las actividades comunistas y de toda asociación que, no obstante tener propósitos públicamente proclamados ajenos a la difusión de esa ideología, en los hechas se haya constituido en vehículo para el desarrollo de la misma”².

El 1 de julio el general Alfredo Córdoba, gobernador de la provincia, respondió a un telegrama del ministro Gilbert, expresándole que cumplía “estrictamente” la resolución del 28 de junio. Empero, el 12 de julio el coronel Gilbert envió un telegrama al interventor federal en que le explicitaba que las agrupaciones “Junta de la Victoria, Comisión Sanitaria Argentina de Ayuda a las Democracias, Confederación Democrática Argentina de Solidaridad y Ayuda a los Pueblos Libres” y todas sus filiales en el interior del país, deben considerarse incluidas en lo dispuesto por resolución del Ministerio del Interior, del 28 de junio. En otras palabras, debían clausurarse todos sus locales, impedir sus actividades y detener a sus militantes³. El mecanismo represivo implementado desde el Poder Ejecutivo, preveía un gran número de detenciones, razón por la cual detallaba que en esa primera fase de la represión las personas que fueran “detenidas y puestas a disposición del Gobierno Nacional, en razón de sus ideologías extremas o que en cualquier forma divulgaren o efectuaren propaganda disolvente”, sean mantenidas en las cárceles cordobesas⁴. Al día siguiente, la prohibición alcanzo a la antifascista Junta Juvenil de la Libertad⁵.

En julio, llegó también el turno de la decepción para un importante sector del sindicalismo. El 14 de ese mes, el ministro del Interior envió otro telegrama al gobernador cordobés en el que le informó que la CGT “que se distingue por el aditamento “lista Nº 2” debía considerarse comprendida en lo dispuesto en la resolución del 28 de junio. El gobernador respondió que “se dispusieron las medidas del caso”⁶. Cabe comprender el desconcierto del líder de esa central obrera, Francisco Pérez Leiros, quien el mes anterior al salir de una entrevista con el ministro del Interior había expresado su “alivio” por la caída del gobierno precedente y su predisposición a respaldar al nuevo gobierno en sus propósitos manifiestos: cumplir la constitución, depurar la administración pública, abaratar el costo de vida y el precio de los alquileres⁷.

En ese mismo mes de julio de 1943, se intervino la Universidad Nacional del Litoral, designándose interventor a Jordán Bruno Genta, intelectual nacionalista, católico y militarista, una de cuyas primeras medidas fue disolver el Consejo Superior y declarar caducos los consejos directivos de todas las facultades. En su discurso de asunción cuestionó la orientación modernista, liberal y cosmopolita de la universidad, y postuló la necesidad de imponer una visión jerárquica: “lo inferior se ordena con lo superior” (Salomón 2007). Lo ocurrido en la UNL, fue el laboratorio de ensayo de la posterior intervención de todas las universidades nacionales. En la primavera de 1943 se declaró ilegal a la FUA y se dispuso la disolución de alrededor de cincuenta centros de estudiantes (Pis Diez 2012: 44).

En la Universidad de Buenos Aires fue designado interventor Tomás Casares, abogado de cuño clerical, antiguo colaborador del periódico nacionalista La Nueva República (Barbero y Devoto 1983: 77-78), quien dispuso cesantías de docentes y expulsión de alumnos por motivos políticos (Buchbinder 1997: 156). En Mendoza, fue designado como interventor de la Universidad Nacional de Cuyo, el abogado Carlos Pithod, integrante activo de Acción Católica. Como corolario, los conservadores de cuño liberal fueron desplazados por los sectores nacionalistas e integristas, con las consiguientes renuncias y cesantías de profesores (Fares 2011, Salim 2015). En Tucumán, la universidad fue intervenida de la mano de Santiago de Estrada, fiel exponente del nacionalismo católico, quien actuaba en sintonía con el filósofo Nimio de Anquín (fundador de la Unión Nacional Fascista en 1936), a la sazón, titular del Consejo de Educación de esa provincia (Santos Lepera 2008, Tcach 2008, Pucci 2013).

II. Córdoba: ataque al reformismo en su cuna (1943-45)

El 6 de septiembre de 1943, aniversario del golpe del general Uriburu en 1930, fue celebrado con asueto en la administración pública. En consonancia con la construcción de una memoria de Estado que hacía apología del golpismo militar, el gobierno provincial clausuró el diario “La Idea”, de Cruz del Eje, debido a un artículo titulado “El motín de septiembre: una vergüenza argentina”, que condenaba la interrupción institucional ocurrida trece años antes⁸. La legitimación del golpe de 1930 y su celebratoria continuidad con el de 1943, la persecución de las agrupaciones antifascistas y aliadófilas, y el sesgo que comenzaba a tomar el rumbo de la educación superior, dieron lugar a las primeras expresiones de protesta estudiantil, desde homenajes a Sarmiento con motivo del día del Maestro a ensayos huelguísticos. Pero el punto de inflexión tuvo lugar el 15 de octubre: ese día se dio a conocer la Declaración sobre Democracia Efectiva y Solidaridad Americana, firmada por destacadas personalidades de la cultura, docentes universitarios, políticos e intelectuales, como Arturo Illia, Bernardo Houssay, Alberto Gerchunoff, Pedro Laclau, Américo Ghioldi, Alfredo Orgaz, Reginaldo Manubens Calvet y Pedro Inchauspe. Reclamaba democracia, derechos ciudadanos, libertades públicas y ruptura de relaciones con el Eje.

La originalidad del manifiesto residía en haber reunido a un abanico tan amplio como plural de voces de la cultura y la política argentina. Como consecuencia, fueron declarados cesantes por el Ministro de Justicia e Instrucción Pública, Gustavo Martínez Zuviría (escritor nacionalista de derecha conocido como Hugo Wast) todos los docentes firmantes, incluido el conjunto de profesores de la UNC que suscribieron el documento⁹. Entre ellos, Gregorio Bermann (referente intelectual de la Reforma Universitaria de 1918) y Tomás de Villafañe Lastra (director del hospital Rawson). La renuncia de los decanos de Derecho (Alfredo Orgaz) y de Medicina (León Morra) cedió paso a la intervención de todas las facultades de la UNC. El rector Novillo Saravia -quien había reemplazado al dimitente ingeniero Rodolfo Martínez -por su desacuerdo con las sanciones y exoneraciones- nombró como nuevos decanos a nacionalistas de derecha (Ferrero 2005: 11). Cabe añadir como dato sintomático de los procesos de toma de decisiones en la vida universitaria, que el socialista Alfredo Palacios, presidente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), se negó a dar curso a las cesantías y fue obligado a dimitir (Barbieri 2005).

Las cesantías alcanzaron también -a través de las instancias gubernativas provinciales- a docentes de colegios secundarios. Los despidos eran sin indemnización. Así por ejemplo, a Félix Martín, profesor de castellano de la Escuela Jerónimo Luis de Cabrera -de jurisdicción provincial- se le rechazó la indemnización solicitada, siendo su única razón de cesantía los “acontecimientos de pública notoriedad”. Martín, era integrante del sector más militantemente antifascista de la UCR. La discriminación ideológica y política comenzó a estar a la orden del día¹⁰.

La respuesta estudiantil fue un vibrante manifiesto cuyos ecos permitían evocar el Manifiesto Liminar de 1918. Titulado “Para que todos sepan: hablan los estudiantes de Córdoba”; denunciaba a Hugo Wast “novísimo ministro de justicia e Instrucción Pública” en términos que hacían acordar a la pluma de Deodoro Roca:

Hugo Wast no tiene derecho a hablarnos a nosotros. El pertenece a aquellos transhumantes personajes que se amparan cada etapa bajo el rescoldo de un nuevo dispensador de mercedes. Le falta autoridad moral (…). Difamador profesional y hombrecillo sibilino es el totalitario embozado que ante el apoyo circunstancial de unas bayonetas y de unos gritos cuarteleros, siente revivir su escondida vocación de pequeño dictador (…) No hay cobardes entre nosotros (…) nadie concurrirá a los exámenes. Las aulas, los anfiteatros, los gabinetes, los hospitales, quedarán vacíos. Volcaremos nuestra vocación (…) en defensa de los maestros expulsados (…) El clamor de las calles ahogará la prepotencia de la dictadura. Y junto a nosotros, estarán las compañeras para alentarnos con su sonrisa, para reconfortarnos con su presencia, para fortalecernos con su palabra”.

Nos eliminarán de las universidades, pero no podrán apagar jamás el fuego eterno de nuestras vidas que se nutren en los sublimes ejemplos de los hombres de ayer. No podrán jamás, eliminar la verdad, la justicia, la democracia, porque ese día se habrá convertido la República en un horrible cementerio¹¹.

El documento, fechado el 2 de noviembre de 1943, era suscrito por el “Comando Único de Coordinación Estudiantil”. No fue firmado por la FUC en virtud de las prohibiciones y restricciones legales que cercenaban su accionar. En cada facultad se había formado un comando cuyo entrelazamiento y coordinación dio lugar a la constitución del “comando único”, la mayoría de cuyos integrantes fueron, a la postre, detenidos. (Ferrero 2005:11-34). En ése organismo participaban estudiantes radicales, socialistas, comunistas y anarquistas. El termino resistencia elegido para su denominación evocaba el clima antifascista nutrido por los ejemplos derivados de la segunda guerra mundial. El rector Novillo Saravia, basándose en las informaciones solicitadas a la policía de la provincia, suspendió a 44 estudiantes, entre ellos, Esteban Gorriti, Fernando Nadra, Enrique D. Paso, Maurico Kaufmann, Enrique Schargorodsky, Raúl T. Cuenya y Esteban Conde. En el bienio 1943-44, habrían pasado por las cárceles alrededor de 600 estudiantes universitarios de Córdoba (Ferrero 2005: 13-14). En este contexto, y a efectos de evitar las detenciones, muchos activistas estudiantiles empezaron a foguearse en los avatares de la clandestinidad.

El contenido del documento contra Hugo Wast ponía de manifiesto los valores dominantes en el movimiento estudiantil: antimilitarismo, antifascismo, antiautoritarismo. Y como puede apreciarse -al igual que en 1918- presentaba la intención de incluir a la mujer en el movimiento de protesta, con su “sonrisa” pero también con su presencia y su palabra. La metodología de lucha elegida, suponía una táctica de confrontación global con el gobierno nacional.

En ese mismo mes, el presidente del comité provincial de la UCR, Mauricio Yadarola, quien se desempeñaba como profesor de Derecho Comercial en la Facultad de Derecho de la UNC, renunció a su cátedra. En una nota dirigida al interventor de la universidad, Lisardo Novillo Saravia, justificaba su actitud en la denuncia de las cesantías de muchos y prestigiosos profesores que habían exhortado a la normalización institucional. Expresaba asimismo su desazón por el clima imperante en el mundo universitario, “perturbado por el encono y la maledicencia”¹². La ilegalización de la FUA y la imposición de la enseñanza religiosa obligatoria a fines de 1943 marcaron un punto de no retorno en la relación entre el movimiento reformista y el gobierno nacional.

En 1944 las tensiones se profundizaron. Se introdujo la enseñanza de la religión católica en los colegios universitarios y se dispuso la participación de las universidades en la celebración de las festividades de Corpus Christi (Buchbinder 1997). En agosto, la liberación de París fue celebrada con manifestaciones estudiantiles y populares en el centro de la ciudad de Córdoba: nuevamente hubo represión policial con detenidos y heridos¹³. Fue el prólogo de lo ocurrido al concluir la guerra. Con motivo de la caída de Berlín, en mayo de 1945, miles de estudiantes y militantes antifascistas celebraron jubilosamente en las calles de Córdoba el fin del régimen nazi. La represión de que fueron objeto era descripta por la FUC en estos términos: al desconcentrarse la manifestación, “sorprendentemente (…) cuando hombres, mujeres y niños se aprestaban a llevar a la intimidad de sus hogares la alegría colectiva (…) fueron vandálicamente atropellados y apaleados por las fuerzas policiales”¹⁴.

La nómina de detenidos incluía a uno de los principales referentes intelectuales de la Reforma de 1918, el médico psiquiatra Gregorio Bermann¹⁵. La justicia no hizo lugar a los pedidos de habeas corpus. Entre los policías acusados de torturadores, en esa coyuntura, se encontraba Federico Piana, 2° Jefe de la sección de Orden Político y Social. Los abogados Carlos Fernández Ordoñez y Juan Ricardo Laguinge denunciaron ante el juez Barraco Marmol que la policía realizaba numerosas detenciones ilegales de obreros, estudiantes y profesionales. Empero, el decreto 10.136 del PEN dispuso mantener esas detenciones¹⁶. Como contrapartida, el diario del Arzobispado, Los Principios, celebraba en un editorial el ejercicio de prácticas represivas y adjudicaba el origen de la violencia a la universidad a un acontecimiento y una fecha: 1918¹⁷.

El clima represivo alcanzó a los colegios secundarios. Así, el rector del Colegio Nacional de Villa María, Roberto Díaz, solicitó la colaboración del Tercer Batallón del Regimiento 13 de Infantería debido a la huelga y manifestación dispuesta por la FES (Federación de Estudiantes Secundarios) de esa ciudad¹⁸. El detonante de semejante solicitud fue que los estudiantes desinflaron los neumáticos de su automóvil, situado en las inmediaciones del colegio. Este episodio, lejos de ser meramente anecdótico, bien refleja el clima represivo en que se desenvolvía la vida estudiantil.

A tenor del proceso que hemos descripto, es fácil colegir la simpatía de las agrupaciones estudiantiles con la coalición antiperonista Unión Democrática, pese a que en Córdoba no se pudo concretar debido a la oposición del radicalismo sabattinista -heredero de la intransigencia yrigoyenista- a plasmar alianzas con otros partidos políticos.

III. El duelo peronismo-reformismo en la primera presidencia de Perón (1946-1952)

El 28° aniversario de la Reforma Universitaria, en junio de 1946, se celebró con un importante acto en la Sociedad Española de Socorros Mutuos. La normalidad ritual de su transcurso no anticipó, empero, tiempos de tranquilidad. El bienio 1946-1947 estuvo marcado por el enfrentamiento abierto entre el movimiento estudiantil-docente y el gobierno nacional. Tres ejes de conflicto adquirieron centralidad: la intervención a las universidades, el proyecto de ley universitaria gestado por el oficialismo y los despidos de centenares de docentes en todo el país. En la Universidad Nacional de Córdoba, el año 1946 concluyó con 161 docentes declarados “cesantes”¹⁹.

La primavera de 1946 fue álgida. La FUC declaró un paro el 12 de septiembre y una huelga general de 72 horas en la última semana del mes. La respuesta de las autoridades fue enérgica, se intentó impedir el paro, hubo docentes detenidos y las cesantías no hicieron sino multiplicarse²⁰. La juventud del peronista Partido Único de la Revolución Nacional aplaudió -con una metáfora organicista- “las medidas profilácticas tomadas en la universidad”, es decir, la cesantía de docentes, y solicitaba: “se retire la personalidad jurídica a la Reforma Universitaria, entidad política con disfraz universitario y cuya subsistencia dentro de la universidad solo sirve para desviar al maestro y al alumno de su función específica”²¹.

Un retrato de la situación era dibujado por el anti-reformista diario Los Principios quien admitía: “El orden no se asegura con una superabundancia de agentes a caballo y a pie, de empleados de investigaciones y de compañías de gases lacrimógenos apostados en actitud amenazante”²². El conflicto se extendió a los estudiantes secundarios: en el colegio Jerónimo Luis de Cabrera se declaró una huelga de 48 horas por la cesantía de docentes y un tiempo después el descontento cundió en la Escuela Normal Superior, cuyos estudiantes exigían la reincorporación de docentes y, sobre todo, de su vicedirectora Luz Vieira Méndez, figura relevante de la pedagogía argentina que había impulsado -junto a Antonio Sobral y Adelmo Montenegro- una experiencia de avanzada en esa institución²³. En ella había funcionado (durante el gobierno radical de Santiago del Castillo), el Instituto Pedagógico bajo la orientación de otro destacado intelectual: Saúl Taborda.

Entre noviembre y diciembre de 1946 el conflicto se agudizó. Un hecho fortuito estimuló la rebelión y la protesta satírica: al inaugurar la facultad de Filosofía de la UNC el rector interventor Felipe Pérez incurrió en un plagio del diccionario Espasa y de un libro del Dr. Rafael Bielsa, siendo descubierto in fraganti por estudiantes de la FUC. A partir de entonces el interventor Pérez fue llamado irónicamente “Espasa grande” y sus colaboradores “espasistas de bolsillo”²⁴. La reputación de las autoridades universitarias había bajado hasta el zócalo. Empero, la lucha contra ellas era concebida como parte de un conflicto que trascendía los muros de la universidad. Tanto los análisis de la FUC como los de la Unión Demócrata Cristiana (agrupación católica liberal con base en la facultad de Derecho), estaban permeabilizados por el clima político intelectual derivado de la segunda posguerra mundial. De este modo, la acción gubernamental era interpretada en clave de un atropello “nazi fascista” contra las universidades. Por ello, la FUC llegó a sostener -en un documento dado a conocer el 9 de noviembre de 1946- que la crisis universitaria era “una crisis política de la nación” y convocó -en el lenguaje épico del antifascismo- a “la resistencia”²⁵.

Los incidentes tendieron a multiplicarse. Si por una parte, las autoridades aceptaban gustosas las renuncias de docentes disidentes (entre ellos, Arturo Orgaz) y se exoneraban empleados de la Biblioteca Mayor, por la otra, la FUC elaboraba listados de docentes colaboracionistas en cada facultad²⁶. Los ecos llegaron al interior de la provincia: en Bell Ville, un acto conjunto de la Federación de Estudiantes Secundarios (FES) y de la FUC, fue reprimido por la policía²⁷.

El 2 de diciembre de 1946, una asamblea de alrededor de 1.400 estudiantes celebrada en el Córdoba Sport Club, decidió levantar la huelga. Pero los estudiantes resolvieron hacerse “bochar” (hacerse aplazar con un cero en los exámenes de fin de año) como expresión de protesta²⁸. La dureza de la medida fue extrema y distó de dar buenos réditos a la unidad del movimiento estudiantil. Así, el Partido Socialista expulsó a un afiliado -a la sazón, estudiante de 6° año de Derecho- por no hacerse aplazar en un examen. Se lo acusó de “traidor al Partido Socialista y al movimiento universitario”. Al mismo tiempo, los centros de estudiantes publicaron “listas de desertores”²⁹. De acuerdo a datos oficiales de la UNC sobre concurrencia a los exámenes se constata que asistió el 68 por ciento contra el 79 por ciento del año anterior. Sobre 7.160 inscriptos rindieron 4.910³⁰.

La intransigencia del activismo estudiantil fue respondida con la violencia por elementos civiles adictos al gobierno nacional, quienes al parecer, contaron con complicidad policial. Entre el 10 y el 14 de diciembre de 1946 estallaron bombas (artefactos explosivos caseros) en los domicilios de tres docentes disidentes y de varios estudiantes contestatarios. La más importante estalló en el Comedor Universitario. La FUC señaló a los presuntos culpables: el “aliancismo aristrocrático y nacionalista” es decir, la Alianza Libertadora Nacionalista (extrema derecha) y, en el caso del Comedor Universitario, al comisario de la seccional tercera de policía, sita en el corazón del estudiantil Barrio Clínicas³¹.

El “modus operandi” denunciado por la FUC era el siguiente: las bombas explotan en casas de estudiantes que luego son allanadas por la policía y detenidos sus ocupantes, es decir las víctimas de los atentados. Se denunció la existencia de 12 estudiantes detenidos y se responsabilizó de estas acciones a la policía en colaboración con grupos nazis³².

En junio de 1947, las autoridades universitarias no autorizaron la realización de elecciones de centros de estudiantes en los ámbitos físicos de la UNC. La correspondiente a la renovación del Centro de Estudiantes de Medicina se debió realizar en un baldío existente frente al Hospital de Clínicas, sobre la calle Santa Rosa; la de Ciencias Exactas se hizo en un local del Centro de Ingenieros y la de Derecho en un domicilio particular de la calle Obispo Trejo³³. Esto implicaba, de hecho, desconocer la legitimidad de los centros de estudiantes. Ese mismo mes, se prohibió el acto de conmemoración de la Reforma Universitaria³⁴. Pese a estas restricciones, a principios de julio, la asamblea de delegados de los distintos centros de estudiantes eligieron como secretaria general de la FUC a una mujer: Silvia Bermann (hija de Gregorio); y como presidente por un nuevo período a Celio Bordón, (estudiante de Ciencias Económicas)³⁵.

La Ley 13031 sancionada en la primavera de 1947 estableció que los rectores debían ser designados por el Poder Ejecutivo Nacional y que los consejos superiores de cada universidad debían ser integrados, exclusivamente, por el rector, los decanos y vicedecanos. En los consejos directivos de las facultades se admitió la participación estudiantil, pero esta debía estar limitada a un solo alumno elegido por sorteo entre los diez mejores promedios, con voz pero sin voto. Al año siguiente, al conmemorarse el 30 aniversario de la Reforma Universitaria, Alfredo Palacios graficó la situación: “La universidad renovada ha sido destruida, sólo quedan escombros”³⁶.

A tenor de lo expuesto, cabe formular nuevos interrogantes: ¿la ley peronista aspiraba a despolitizar a las universidades? ¿O, más bien, a politizarlas desde el Estado? Según recordó Gregorio Bermann, en 1946 el presidente Perón sostuvo “en el discurso a la Unión Sindical Universitaria en el teatro municipal de Buenos Aires, en el momento que precedió a la gran purga de profesores universitarios: “quiero que la política desaparezca de las universidades, porque si no hará desaparecer a las universidades”³⁷. El propósito enunciado, empero, distó de tener su correlato con la práctica política del oficialismo en el ámbito universitario. En 1945 había comenzado a gestarse, si bien tímidamente, un “sindicato de estudiantes universitarios” adepto a Perón³⁸. En 1946, ya con el nombre de Sindicato Universitario de Córdoba (SUC) participó de un congreso nacional de estudiantes peronistas cuya agenda de discusiones estaba marcada por la relación entre “la juventud universitaria y la revolución nacional”. Su proceso de organización interna concluyó en mayo de 1947 con la constitución formal del SUC³⁹.

Paralelamente, el Poder Ejecutivo Nacional designó a los docentes que debían ocupar las cátedras vacantes por cesantías o dimisiones. Fue así, que los profesores designados viajaron a Buenos Aires para recibir en sus propias manos los diplomas en los que se acreditaba su nombramiento⁴⁰. De este modo, las designaciones personalizaban el agradecimiento en la figura de Perón. Como corolario y punto de partida de una intensa homogeneización de la universidad en torno a la identidad peronista, el presidente Perón recibió, en febrero de 1948, el doctorado honoris causa de la UNC⁴¹. Se legitimaba, así, un bienio de expulsiones, prohibiciones y sanciones contra la disidencia estudiantil docente.

Cabe señalar que aún en 1947, la unanimidad del peronismo cordobés en torno al perfil ideológico y cultural no era indiscutible. Así por ejemplo, la Agrupación Universitaria de la Federación de Agrupaciones Obreras del Partido Peronista (de matriz laborista) -que estaba presidida por el Dr. Felipe Fox y tenía como secretario general al Dr. Víctor Metzadour- se había sumado a las críticas al rector “Espasa Pérez”, más aún, denunció “el espíritu contra-revolucionario, retrógrado y oligárquico, de quien detenta la alta investidura de interventor en la Casa de Trejo”⁴². De todas maneras, el nuevo rector, José Urrutia, supuso una relación de continuidad con la línea clerical. La titularidad del decanato de la facultad de Derecho, quedó en manos de Lisardo Novillo Saravia, ex rector, figura clave de Acción Católica y antiguo admirador de Mussolini ⁴³.

En 1948 se constituyó Unión Universitaria, agrupación presidida por Oscar Roger. Su autodefinición no dejaba lugar a equívocos: “somos profundamente católicos, eminentemente hispanistas y peronistas de convicción”. Su devoción hispanista iba acompañada de cierto tufillo antisemita, así por ejemplo, acusaron públicamente al estudiante de ingeniería Natalio Keyner de no ser argentino, pese a haber nacido en Argentina, “por insultar de frente o veladamente a la Madre Patria”⁴⁴.

Pese a la vocación hegemónica del oficialismo, los intersticios de resistencia no se diluyeron. Con motivo de la visita de Sánchez Sorondo a la UNC, el prestigioso jurista Carlos Melo, quien tenía la función de presentarlo en el marco de una conferencia, aprovechó esos minutos para cuestionar al gobierno en su intento de reforma constitucional; circunstancia que le valió el pedido de expulsión por parte de la Alianza Libertadora Nacionalista, el Sindicato Universitario de Córdoba y la UNES (Unión Nacional de Estudiantes Secundarios)⁴⁵.

En 1949 el Poder Ejecutivo Nacional suprimió las tasas que regían para la realización de algunas actividades académicas (derechos de examen). El gobierno derogó los aranceles pero luego los restableció parcialmente al imponer una multa de 30 pesos por materia aplazada (Ferrero 2005:180). ¿Cuánto eran 30 pesos al filo de los años 50? Si se considera que el precio de los diarios era de 20 centavos el ejemplar (por ejemplo La Nación o La voz del interior), 30 pesos era el equivalente a comprar el periódico durante cinco meses consecutivos. No es posible saber con certeza el grado de aplicabilidad de esta sanción, pero estaba en consonancia con el criterio meritocrático que redujo la representación estudiantil en los consejos directivos de las facultades al estudiante con el mejor promedio en cada uno de ellas; normativa sancionada, como vimos, por la Ley 13031 del año 1947. En el fondo, latía la idea de una “comunidad organizada” y ella implicaba premios y castigos.

En 1949 se iniciaron los cursos de formación sindical que tenían por objeto uniformizar la universidad en torno al discurso peronista. Paralelamente a la inclusión del tema obrero en el ámbito universitario, se desató una virulenta oleada represiva contra los estudiantes que se movilizaban en solidaridad con la huelga de obreros azucareros tucumanos. Se produjeron numerosos allanamientos y 31 detenciones en Barrio Clínicas, entre ellas, la de José Lasalle, presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería. También se detuvo a numerosos estudiantes de farmacia y bioquímica. El dirigente estudiantil de la facultad de medicina, Samuel “Quichi” Kiezkowski, sufrió tres años de cárcel -puesto a disposición del PEN- a partir de entonces⁴⁶.

En 1950 se reimplantó el examen de ingreso a la universidad. Como puede apreciarse, las medidas destinadas a granjearse la simpatía de los estudiantes eran muchas veces contradictorias y pasaban en gran medida desapercibidas en el marco de una dinámica política marcada por la polarización.

Ese mismo año, se constituyó la peronista Federación Gremial Universitaria, filial cordobesa de la CGU (Confederación General Universitaria): su objetivo era preciso, barrer a la FUC. Realizaba sus propias elecciones -con listas únicas- para elegir sus autoridades en cada facultad. En mayo de 1951 se realizaron las elecciones de sus centros en la UNC: en cada facultad había una sola lista, denominada preferentemente, “azul y blanca”⁴⁷. El afán de unanimidad era dual: interno a su organización y externo en relación al conjunto de las agrupaciones estudiantiles. Así, la Asociación Gremial de Estudiantes de Derecho solicitó al decano que “… en lo sucesivo (…) establezca la prohibición absoluta de exhibir notas, panfletos, apuntes y demás propaganda efectuada por toda agrupación estudiantil que no sea esta Asociación Gremial”⁴⁸.

En 1951, el Consejo Nacional Universitario dispuso el cese de actividades de los centros de estudiantes en locales o espacios universitarios. Asimismo, anuló las autorizaciones de su uso para vender libros u otros materiales de enseñanza. También dispuso la “absoluta prohibición” de perturbar el funcionamiento de las universidades: quienes lo intentasen serían “expulsados”. Estas medidas deberían ser puestas en práctica por las autoridades de cada Casa de Estudios⁴⁹. En esta época, la oposición estudiantil y de izquierda tendió a unirse para hacer frente a la política represiva. Así, la FUC se solidarizó con el Partido Comunista a raíz de las severas medidas restrictivas que se aplicaban a sus militantes en la cárcel de Encausados, así como por la multiplicación de “detenciones arbitrarias”⁵⁰.

IV. El duelo peronismo-reformismo en la segunda presidencia de Perón (1952-1955)

En 1952 el bloque de diputados peronistas de la provincia de Córdoba se negó a rendir homenaje a la Reforma Universitaria de 1918. La fundamentación de la negativa, a cargo de Manuel Quero Matos, expresó que la misma reflejaba “un sentido irreligioso de la vida” y “una total irreverencia a los principios más puros de la jerarquía y la nacionalidad”⁵¹. Afortunadamente, añadió, las universidades habían retomado el sendero de Cristo y de la Patria de la mano de una “juventud viril”.

En ese mismo año, un nuevo paso que reflejaba la continuidad de las políticas coactivas durante la segunda presidencia de Perón fue dado por resoluciones decanales que limitaban el derecho a examen. La Juventud Socialista protestó porque en las facultades de Derecho e Ingeniería se exigía “certificado policial de buena conducta” como requisito indispensable para rendir exámenes a los integrantes de las comisiones de centros de estudiantes⁵². La coacción estaba también al servicio de una construcción de hegemonía cultural. En 1953 una resolución rectoral (Horacio Ahumada había sucedido a José Urrutia a mediados del año anterior) dispuso que en la inauguración oficial de las clases, después del himno nacional debía cantarse la marcha peronista⁵³. Esta, pasó a ser cantada en todos los actos oficiales de la universidad. Asimismo, se dispuso una nueva exigencia para optar al cargo de practicante de hospital para los estudiantes de medicina: ser afiliados a la agrupación peronista, CGU⁵⁴. Ese mismo año, el aval presidencial a la uniformización de la universidad fue explícito: en septiembre de 1953, cuando Perón visitó Córdoba, pronunció un discurso en la sede de la adicta Confederación General Universitaria (CGU). En 1954 se inauguraron en la facultad de Ciencias Económicas los cursos de “formación política y doctrina nacional”, de acuerdo con la ley universitaria N° 14297. Antonio Carreras Allende, vicedecano en ejercicio del decanato de Económicas expresó que se trataba de superar “la posición liberal, neutral y agnóstica de la vieja UNC”⁵⁵.

A tenor de la virulenta dinámica política que hemos expuesto -marcada por la distinción schmittiana amigo/enemigo- el movimiento estudiantil reformista participó de modo activo en el derrocamiento de Perón. Así por ejemplo, el 16 de septiembre de 1955, un comando de estudiantes reformistas -pertenecientes en su mayoría al Partido Reformista de la Facultad de Medicina- ocupó por la fuerza la odiada seccional tercera de policía, situada en el corazón del histórico Barrio Clínicas (Tcach 1991: 267). Paradójicamente, coincidían en sus propósitos desestabilizadores con sus principales adversarios históricos, los estudiantes ligados a la Acción Católica quienes ocuparon por la fuerza el local de la peronista UES (Unión de Estudiantes Secundarios). Solo los estudiantes comunistas, fieles a la línea impuesta por su partido en Córdoba, se abstuvieron de participar en los acontecimientos. En julio de 1955, el comité provincial del Partido Comunista había expresado públicamente en un comunicado su repudio a “todo nuevo golpe de Estado para el cual trabajan activamente los elementos reaccionarios al servicio del imperialismo yanqui y la oligarquía”⁵⁶. Así, pues, los militantes vinculados a la Federación Juvenil Comunista rechazaron confluir en cualquier tipo de unidad de acción con figuras conservadoras, militares, curas y monjas de la Iglesia Católica local.

V. Reflexiones finales: una universidad para la comunidad organizada

El antirreformismo, tanto en su versión clerical conservadora como nacionalista de derecha, encontró su momento de gloria a partir del golpe militar de junio de 1943: desde entonces sus posturas fueron explícitamente legitimadas por la cumbre del poder político. Esa legitimación fue acompañada de una represión sistemática al movimiento estudiantil y a los docentes disidentes. Su corolario fueron centenares de estudiantes presos y docentes cesanteados en la Universidad Nacional de Córdoba. Si bien se trataba de un correlato de lo que ocurría en el plano nacional, la coexistencia en el conflicto de fuertes tradiciones encontradas -particularmente, la reformista y la clerical cordobesas- operó como catalizador y caja de resonancia de los conflictos.

A partir de 1946, el principio de la “comunidad organizada” intentó imponerse en las universidades. Se trataba de afianzar la concepción de la nación como un todo orgánico en que las diversas partes se articulan armoniosamente como las piezas de un rompecabezas. El uso de la expresión “medidas profilácticas” para referirse a la eliminación política de los reformistas en las universidades, ilustra bien este enfoque organicista. Promovido desde el Poder Ejecutivo Nacional, dejaba fuera de sus fronteras al pensamiento crítico y la disidencia política. Suponía la primacía de la unidad sobre la diversidad. Y esa cohesión garantizada por la conducción política de un líder carismático puro (el pueblo encarnado), debía partir de la cima del Estado para extenderse hasta los últimos rincones de las universidades públicas. Esta concepción triunfante en el período estudiado, emergía del clima internacional generado por la segunda guerra mundial, y su traducción en prácticas coactivas y represivas alimentó el error de diagnóstico de la mayor parte del movimiento reformista: su percepción del peronismo como una versión tardía del fascismo europeo.

La “comunidad organizada” traducida en prácticas políticas, liquidaba la participación y representación estudiantil en los órganos de gobierno universitario, y premiaba como “representante” de los estudiantes al alumno con mejor promedio, con voz… pero sin derecho a voto. La jerarquía vinculada al mérito formaba parte de esa concepción. Como hemos visto, llegó a preverse multas o sanciones económicas a los alumnos que no aprobasen las materias de su carrera.

A contraviento del universo cultural de la Reforma, jalonada por vetas radicales, marxistas, anarquistas, liberales y masonas, la cultura política peronista partía del ineludible imperativo de eliminar no solo la autonomía relativa de las universidades en el campo institucional, sino también echar por tierra con la autonomía político-cultural tanto de estudiantes como de docentes. La exigencia de certificado policial de buena conducta para rendir exámenes -denunciada por los socialistas cordobeses- desnudaba fronteras distintas de las económicas. Ponía de manifiesto un control disciplinario que dejaba al descubierto, por ejemplo, los límites políticos de la eliminación de los aranceles para rendir exámenes.

Para comprender la intensidad de esta vocación hegemónica, deben tenerse presente que la idea de comunidad organizada se asociaba a la de movimiento nacional. Éste -como expresión totalizadora del pueblo argentino- debía descansar en un conjunto de actores colectivos organizados, con una indisimulable impronta estatal (Tcach 2016). Las universidades, pues, debían estar encuadradas en un sedicente movimiento nacional cuyo liderazgo político era incuestionable y lo resumía en el plano simbólico. Era este imperativo el que legitimaba la discriminación ideológica y la represión política.

En otras palabras: a tenor de lo expuesto, puede apreciarse que las relaciones conflictivas entre peronismo y reformismo estuvieron marcadas desde los momentos iniciales por dos factores de tensión: la influencia de la Iglesia Católica sobre los militares del 43 y luego sobre el gobierno peronista, y las controversias derivadas de la segunda guerra mundial. Sobre este fondo aspectos propios y específicos de la cultura política peronista -particularmente su mirada sobre el lugar de las universidades en la comunidad organizada- entraban en contradicción con el universo de valores reformista.

Pero este texto muestra también, que desde el manifiesto de los estudiantes cordobeses (“Para que todos sepan: hablan los estudiantes de Córdoba”) contra el ministro Gustavo Martínez Zuviria en 1943, pasando por las huelgas de 1946, la celebración de elecciones de centros de estudiantes fuera del ámbito universitario debido a las prohibiciones en 1947 y la resistencia a la Ley 13031, la construcción de la hegemonía peronista en las universidades distó de ser un paseo triunfal. Por cierto, el enfrentamiento entre peronismo y reformismo no fue óbice, para que los reformistas criticasen luego en duros términos la política universitaria de la “Revolución Libertadora. En 1956, Gustavo Roca -hijo de Deodoro- criticaba al presidente Aramburu: “el Poder Ejecutivo, los interventores de la universidad y los delegados interventores de las facultades poseen omnímodo poder y ejercen facultades extraordinarias. Se ha consagrado por el decreto-ley una especie original de monarquía universitaria”⁵⁷.

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Notas