I. Introducción

a. Presentación

Las organizaciones armadas de la izquierda revolucionaria argentina de los años setenta incluyeron, en el amplio abanico de sus prácticas político-militares, los secuestros extorsivos y las ejecuciones selectivas de personas. Ambas prácticas fueron expresión de una “justicia revolucionaria” o “popular”, de carácter sustantivo antes que procedimental, desplegada, fundamentalmente, hacia el afuera de aquella izquierda.

En estricta correspondencia con las representaciones del “enemigo” que habitaba el imaginario de estas organizaciones -representaciones coaguladas en torno a las figuras del explotador y del represor/torturador- se constata que fueron los ejecutivos de empresas nacionales y extranjeras y los integrantes de las fuerzas represivas los blancos privilegiados de aquellas prácticas.

Las escasas investigaciones provenientes del campo académico que tuvieron a la “justicia revolucionaria” como objeto, se han ceñido o bien al estudio de sus dispositivos normativos y sentidos disciplinarios en la vida interna de Montoneros (Lenci 2008, Slipak 2015), o bien al relevamiento y análisis de las ejecuciones selectivas llevadas a cabo por el conjunto de estas organizaciones (Carnovale 2007, Carnovale 2016).

En contraste, los secuestros extorsivos, en tanto práctica, no han sido estudiados, constituyendo esta temática particular, un verdadero vacío historiográfico, atenuado, sólo parcialmente, por eventuales menciones a casos puntuales en artículos y tesis (Yurkievich 2012, Ducid 2017, Stavale 2018), y por la reconstrucción en clave periodística de casos resonantes (O’Donnell 2016, Larraquy 2017).

Atendiendo al impacto mediático y a la gravitación política que la “justicia revolucionaria” alcanzó en el período estudiado -así como el lugar que ocupa en los distintos relatos y memorias que desde entonces han circulado por el espacio social- el presente artículo se propone comenzar a revertir aquel vació historiográfico.

Con ese objetivo, se ha confeccionado un relevamiento exhaustivo de los secuestros extorsivos llevados a cabo por las organizaciones revolucionarias armadas. En él se ha consignado el nombre de la persona secuestrada, su ocupación y/o condición social (empresario, militar, etc.), fecha y autoría del secuestro; exigencias y circunstancias de liberación. Es éste un relevamiento original y, sin pretenderlo definitivo -ya que está sujeto a nuevos avances y ajustes propios de todo proceso de investigación- puede considerárselo, dado el punto de saturación alcanzado, como una muestra representativa de un conjunto probablemente algo mayor¹.

A partir de la información allí ofrecida, y su puesta en diálogo con fuentes epocales y bibliográficas, el artículo se centra en el análisis de estos secuestros, en sus sentidos, objetivos inmediatos, particularidades y contextos de realización. El lugar particular que le cupo a la “justicia revolucionaria” o “popular” en la compleja trama política que culminó en la derrota de la apuesta revolucionaria es, a su vez, uno de los principales interrogantes a pensar.

b. Datos del relevamiento

El relevamiento de secuestros llevados a cabo por las organizaciones armadas que aquí se presenta, ofrece un total de 65 personas secuestradas entre 1970 y 1977 (no se han registrado secuestros con anterioridad y posteridad a esas fechas límites). De este total, 48 corresponden a empresarios, 7 a miembros de las FF.AA.y de seguridad, y 10 corresponden a otras categorías no representadas en las anteriores (2 familiares de empresarios, 3 diplomáticos extranjeros, 1 médico psiquiatra, 1 médico sanitarista, 1 periodista, 1 dirigente sindical y 1 persona cuya condición social no ha sido identificada).

Poniendo en diálogo este primer dato con las investigaciones centradas en las ejecuciones selectivas, puede afirmarse, en principio, que los secuestros extorsivos registran una cifra notoriamente menor a la de las ejecuciones selectivas (representando aquéllos, aproximadamente, una quinta parte de éstas); y que, si fueron los integrantes de las fuerzas represivas los blancos privilegiados de las ejecuciones selectivas, los empresarios lo fueron de los secuestros extorsivos. Por su parte, la distribución temporal de la totalidad de secuestros registrados revela una notoria regularidad durante el período analizado, con un leve incremento en el período mayo de 1973-marzo de 1976. Así:

- 27 de aquellos 65 secuestros fueron realizados entre el 24 de marzo de 1970 y el 25 de mayo de 1973, es decir, durante la dictadura militar de los generales Onganía, Levingston, Lanusse; - 32 se llevaron a cabo entre el 25 de mayo 1973 y el 24 de marzo de 1976, es decir durante el tercer gobierno peronista, y - 6 entre marzo de 1976 y 1977, durante los primeros dos años de la dictadura militar encabeza por el general Jorge Rafael Videla.

En cuanto a su autoría, la organización más activa parece ser el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), seguida de Montoneros y Fuerzas Argentinas de Liberación (FAL). Sin dejar de advertir respecto del margen de error plausible que registren las fuentes, puede postularse que de un total de 65 secuestros:

- 24 fueron realizados por el PRT-ERP - 12 por Montoneros - 1 por las FAL, tres de los cuales fueron realizados en conjunto con el Grupo Obrero Revolucionario (GOR) - 5 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) - 3 por el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML) - 2 por la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO) - 2 por las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), uno de los cuales fue efectuado por una auto-identificada como fracción de FAP en ruptura con Montoneros - 2 por la Fracción Roja del ERP, uno de los cuales, en conjunto con el GOR - 4 en los que no se ha podido establecer autoría.

En tanto, como se ha señalado, fueron los empresarios los blancos privilegiados de los secuestros (48 sobre 65, es decir, el 73,8%), el presente artículo estará centrado, fundamentalmente, en el análisis de los secuestros de empresarios².

II. Los secuestros extorsivos: entre la propaganda armada, la intervención política y el financiamiento interno.

Los sentidos que confluyeron en los secuestros que aquí se analizan fueron variados y reconocen, también, variadas dimensiones, aunque no siempre nítidamente diferenciables. Algunos secuestros formaron parte de los dispositivos de propaganda armada, tan propios de las guerrillas latinoamericanas. Otros, sumaron al sentido propagandístico el de constituir una estrategia efectiva de intervención en conflictos gremiales o sindicales específicos. Y, por último, estuvieron aquellos motivados, fundamentalmente, por la necesidad de financiamiento de estas organizaciones.

Aunque rara vez un secuestro estuviera determinado pura y exclusivamente por uno de estos sentidos (es difícil suponer, por ejemplo, que alguno de ellos prescindiera del de la propaganda), es posible agruparlos, con fines analíticos, a partir de aquel sentido u objetivo que haya predominado, para luego intentar una ponderación de conjunto de esta práctica y su gravitación en la escena política.

a. Propaganda armada

Por la retórica que caracterizó la inscripción de este tipo de secuestros en la escena pública -generalmente a través de proclamas-, por la inclusión en el pliego de condiciones para la liberación del secuestrado de repartos de alimentos y bienes de primera necesidad en villas y barrios pobres; mejoras en las condiciones laborales de la empresa que representaba el empresario; reincorporación de cesantes, etc., estos secuestros deben ser inscriptos en el orden de un imaginario justiciero en tanto ofrecían la posibilidad de hacer efectiva la reparación -al menos parcial, y en alguna medida particularizada- de un daño cometido. Al mismo tiempo, les permitían a las organizaciones revolucionarias que los protagonizaban cierto grado de capitalización política al erigirse ante las masas como autoras y referentes de pequeños actos de reversión de injusticias.

En este punto, los secuestros extorsivos de empresarios se emparentaban fundamentalmente con otras mucho más numerosas acciones de propaganda armada de la guerrilla, como la toma de camiones repartidores de alimentos o la apropiación de stocks de alimentos y bienes de primera necesidad con vistas a su reparto en villas y barrios humildes. Ahí radicaba el carácter ejemplar de estas acciones: a través de sus proclamas y exigencias, los revolucionarios venían a demostrar en qué consistía un orden social más justo. Por añadidura, salvo excepciones no deseadas o imprevistas, la mayoría de estas acciones resultaban muy efectivas, logísticamente sencillas, y “limpias”, es decir, sin hechos de sangre. La audacia y la moral revolucionarias confluían así, en la estampa de la escena.

El primer secuestro de este tipo, de enorme repercusión pública, fue el de Stanley Sylvester, cónsul honorario británico y gerente de frigorífico Swift. Sylvester fue secuestrado el 23 de mayo de 1971 en Rosario, por el PRT-ERP. En sus comunicados “al pueblo”, la organización explicaba:

El señor Sylvester representa a los intereses de los enemigos del pueblo, el imperialismo británico y el poderoso monopolio yanqui (…) Desde principios de siglo, el frigorífico Swift amasó sumas fabulosas de dinero que, producidas por trabajadores argentinos, engrosaron los bolsillos del imperialismo³.

El comunicado continuaba denunciando los vínculos del frigorífico con la dictadura militar y las “maniobras” acordadas entre empresarios, propietarios de hacienda y funcionarios para restructurar y maximizar las ganancias de la industria de la carne, para finalmente advertir: “pero donde más claramente se ve el carácter de pulpo chupasangre de esta empresa es en las condiciones de vida y de trabajo a que son sometidos los obreros de la carne, los peor pagados de la industria”⁴.

Un régimen de producción inhumano e insalubre, topes de producción inalcanzables, altos índices de accidentes, amenazas de suspensión y despidos, son algunas de las penurias obreras listadas por el PRT-ERP a las que se le sumaba otra de fundamental importancia y que, en definitiva, no sólo daba razón de ser a la entrada en acción de la justicia revolucionaria sino que, además, abría las puertas a la capitalización política: la “traición” de la burocracia sindical, “el hecho de que los dirigentes sindicales no convoquen a la lucha no se debe a la falta de conflictos sino a su papel de traidores a los obreros y cómplices de los explotadores”⁵.

A ellos, la advertencia de una justicia revolucionaria que, al igual que se manifestaba en el caso de las ejecuciones, albergaba una voluntad normativa: “dirigentes como Cabrera y otros, que prefieren defender los intereses imperialistas, deben reflexionar seriamente sobre las consecuencias que tendrán para ellos su traición”⁶.

El 27 de mayo, el PRT-ERP dio a conocer sus exigencias para la liberación de Sylvester: una serie de medidas tanto de tipo gremial, relativas al mundo del trabajo dentro del frigorífico, como otras de carácter más bien “robinhoodescas” cuyos beneficiarios fueron no sólo los trabajadores de la empresa, sino, también, los pobladores de barrios humildes:

- reincorporación y pago de lo adeudado de los trabajadores cesantes - cese del trato policial por parte de los jefes internos - reducción del tope de producción -disminución del frío en las secciones que ya han afectado la salud de numerosos compañeros (…) - [distribución de] 25 millones de pesos en alimentos en barrio a determinar⁷.

El viernes 28, al finalizar el turno mañana, la prensa televisaba la entrega acordada de provisiones a aproximadamente 3.600 trabajadores del frigorífico. Un funcionario de la empresa aclaraba que aún no habían llegado a Rosario las frazadas exigidas pero prometía tener por lo menos la mitad de ellas para el día siguiente. Según explicaba el periodista, de las 10.000 frazadas que la empresa hacía traer desde Buenos Aires, 7.500 aproximadamente serían entregadas a los trabajadores de Swift mientras que las restantes se repartirían en las villas de emergencia de la ciudad.

Según Julio Santucho, ex integrante de la organización, un hecho destacable de este secuestro fue que la organización condujo las negociaciones en permanente consulta con las asambleas de la fábrica y del barrio. Así, el PRT-ERP ponía en acto su opción por la democracia directa y su eventual potencialidad (Santucho 1995). Tras ser aprobada en dichas asambleas la última oferta del consejo de administración de Swift, Sylvester recobró su libertad.

Finalmente, ni la cobertura periodística ni los comunicados posteriores del PRT-ERP informaban respecto de las exigencias relativas a las condiciones de trabajo en el frigorífico, pero claramente no radicaba allí el sentido último de la acción. Para la organización, su valor político radicaba, antes bien, en su capacidad de propaganda, en su efecto conscientizador y en su esperado poder movilizador. En este sentido, no es azarosa la existencia de un documental, el de Raymundo Gleizer, que oficiaría de gran relato del acontecimiento.

Fue necesario un acto de violencia revolucionaria para dejar al desnudo la violencia de los opresores, la de todos los días. Sabemos que con esta acción no vamos a solucionar los problemas que están padeciendo la clase obrera. Sabemos que, con las frazadas, los alimentos y los útiles escolares no va a terminar la miseria de los trabajadores argentinos. Sabemos que pronto el frigorífico volverá a las andadas, como cuadra a toda empresa explotadora. Pero esta acción de justicia popular ha servido para mostrar que las conquistas para el pueblo no se mendigan, se arrancan mediante la violencia (…) Compañeros: queremos contribuir a la organización y movilización revolucionaria de los trabajadores (…) La potencia del pueblo debe desplegarse con total intensidad, y su columna vertebral será el ERP junto a las demás organizaciones armadas. Por encima de los dirigentes traidores deben surgir nuevas formas de lucha y organización⁸.

“Dejar al desnudo la violencia” de la opresión, de la explotación, del contraste entre las ganancias del capital y las condiciones laborales de los trabajadores, etc.: esa será una constante fundamental de la retórica revolucionaria que acompañó la práctica de los secuestros de empresarios a lo largo de todo el período. Esta función “concientizadora” de la propaganda armada, se complementaba, dentro y fuera del escenario configurado por los secuestros de empresarios, con una voluntad normativa que -al igual que la otra gran expresión de la justicia revolucionaria, esto es, las ejecuciones- reconocía el objetivo de erigirse frente al movimiento de masas no sólo como referente político sino también como autoridad moral.

De carácter ciertamente excepcional, pero en perfecta concordancia con los sentidos propios de la propaganda armada y la voluntad normativizadora revolucionaria, fueron los dos secuestros llevados a cabo conjuntamente por la Columna “América en Armas” de las Fuerzas Argentinas de Liberación (FAL) y el Grupo Obrero Revolucionario (GOR): el de Hugo N. D’Aquila, médico psiquiatra, ocurrido el 12 de enero de 1973; y el de Daniel Lafont, médico sanitarista, ocurrido a comienzos de marzo de 1973. Aunque no se tratara de empresarios, vale la pena considerarlos.

Pocos meses antes del primero de estos secuestros, había tenido lugar la fuga de 25 presos políticos del penal de Rawson y el fusilamiento de 19 de ellos, hecho conocido con el nombre de la Masacre de Trelew. Si, fuera de las cárceles, el fusilamiento causó un enorme impacto público y contribuyó a acrecentar el ya vertiginoso desprestigio de una dictadura en retirada, detrás de las rejas, el régimen penitenciario se endureció. Con fecha 3 de octubre de 1972, se decretó la Ley 19863 que establecía el reglamento interno para los considerados prisioneros de “máxima peligrosidad”, en su mayoría, prisioneros de las organizaciones revolucionadas armadas. El nuevo reglamento prolongaba los períodos de aislamiento; limitaba al máximo las actividades “recreativas”; acortaba en tiempo y regularidad las visitas, etc⁹.

En este contexto, un comando conjunto de FAL y GOR secuestró a Hugo D’Aquila, jefe de Psiquiatría de la cárcel de Villa Devoto.

Con la detención del Doctor H. N. D’Aquila no se ha perseguido la obtención de rescate alguno. A través de esta acción nos proponemos esclarecer y denunciar públicamente las aniquilantes condiciones a que están sometidos los presos políticos en las cárceles del país” […] Hugo Norberto D’Aquila, una pieza del engranaje represivo, pasa a ser, irónicamente, un prisionero de sus cotidianos “pacientes” […] Esta vez, un profesional, un científico de la opresión, prestará declaración como testimonio de un régimen que, para defender lo perimido, torna el horror en método, lo monstruoso en cotidiano”¹⁰.

Durante los tres días que permaneció en la “cárcel del pueblo” el médico fue sometido a un extenso interrogatorio que luego se editaría bajo el título de Máxima Peligrosidad¹¹. El intercambio de preguntas y respuestas entre secuestrador y secuestrado giró en torno a las tareas cotidianas de este último, a su conocimiento y constatación de las secuelas psíquicas del régimen de “máxima peligrosidad”, de las torturas, de la masacre de Trelew; y buscaba, fundamentalmente, poner en evidencia su inacción ante tales hechos.

Los que tienen la comprobación “científica” de las torturas son los médicos forenses, pero lamentablemente esta cuestión “está fuera de la jurisdicción nuestra” y por lo tanto “no me corresponde a mí”. El reglamento de máxima peligrosidad es perjudicial desde el punto de vista médico… pero claro, si se aplica por razones de seguridad, el Dr. D’Aquila no puede tener ninguna intervención y tampoco le corresponde (…) La angustia de los torturados, él la registra como síntoma, el régimen de máxima peligrosidad “produce reacciones”, la secuela de todo este maltrato integra la casuística de su investigación. Convive y se integra con todo un rosario de aberraciones, del cual ha hecho -por un módico sueldo- su medio de vida, y más aún, su conciencia está tranquila (…) Es que se siente normal, vive en una sociedad en la cual toda normatividad, toda práctica habitual, lo justifica y avala. Él no es un monstruo, sino un monstruo más, parte de una sociedad que lo engendra porque le es indispensable¹².

La publicación del testimonio del psiquiatra secuestrado fue concebida, así, como una verdadera acción de propaganda armada que no sólo denunciaba el crimen de la dictadura, sino que, también, obligaba a “tomar conciencia” al poner al descubierto los innumerables eslabones y dispositivos cotidianos -personales e institucionales- que lo hacían posible.

Dos meses más tarde, con los mismos objetivos y también en una operación conjunta, las FAL y el GOR secuestraron a Daniel Lafont, médico sanitarista del frigorífico Tres Cruces de Villa Devoto, Buenos Aires. Lafont era el encargado de la atención de las obreras del frigorífico y estaba acusado de no conceder permisos médicos aun en situaciones de enfermedad comprobada y de descuidar groseramente las situaciones de salubridad laboral; incluso, de maltrato y humillaciones a las obreras a quienes hacía desnudar innecesariamente en las consultas. Tras su secuestro, en los baños de mujeres del frigorífico, podía leerse en las paredes “mátenlo”. Pero el objetivo no era matarlo. Interrogado, presumiblemente a partir de las mismas coordenadas que D’Aquila, fue condenado a renunciar a su empleo y, en una puesta en escena de alta connotación justiciera, a pedir perdón públicamente a todas las trabajadoras del frigorífico reunidas en asamblea. Lafont fue liberado diez días después y, según el testimonio de un ex militante de las FAL, al igual que en el caso de D’Aquila, se editó un libro centrado en el secuestro de Lafont que se repartió entre las obreras del frigorífico y entre los vecinos del barrio donde el médico tenía su consultorio¹³.

b. La intervención en conflictos laborales

El período comprendido entre el secuestro de Sylvester (mayo de 1971) y las masivas movilizaciones obreras de julio y agosto de 1975 -tras las cuales se hizo evidente el cierre del ciclo de protesta en la Argentina y el inicio de un período que las organizaciones revolucionarias denominaron “reflujo”- estuvo caracterizado, entre otras cosas, por una gran cantidad de conflictos entre el capital y el trabajo y una cada vez más creciente combatividad de los trabajadores. Movilizaciones, huelgas, tomas de plantas, ollas populares, por un lado, sanciones, despidos y represión, por el otro, fueron tan sólo las manifestaciones más visibles de aquellos conflictos; y entrelazada a éstos, la lucha entre los componentes más democráticos y clasistas del movimiento obrero contra la burocracia sindical¹⁴.

En este escenario, varios de los secuestros de empresarios que conforman la muestra que aquí se presenta, a la par de su sentido propagandístico -a través del cual “la justicia revolucionaria” denunciaba no sólo la explotación sino también, las estrategias fraudulentas de acumulación económica, las complicidades de las empresas con el gobierno y, principalmente a partir de 1974, con la burocracia sindical y las fuerzas represivas- obedecían al objetivo de intervenir en conflictos gremiales específicos torciendo las negociaciones a favor de los trabajadores.

A continuación, algunos casos que nos permiten reconstruir las fuentes disponibles. El 29 de abril de 1973, por ejemplo, las FAR liberaron a Enrique Fridman, Gerente General de Cromo de Hojalatería Mecánica Lanin S.A., “previo compromiso de reincorporar a los obreros cesanteados”¹⁵. Al año siguiente, el 27 de febrero, el Sr. A. Valocchi, Jefe de Personal del Frigorífico Swift, era secuestrado por el PRT-ERP Rosario. Así explicaba la organización su determinación y su exigencia:

El Swift es todo un pilar de la explotación en nuestro país. Desde hace muchos años ha acumulado enormes ganancias, a costa de los sufrimientos y la miseria de los obreros argentinos. Últimamente, esta situación de continua explotación llevó a los obreros [a] realizar una serie de paros. La patronal despidió entonces a un gran número de compañeros. Ante esta situación, el ERP secuestro al Jefe de Personal, A. Valocchi, y exigió a cambio de su liberación la reincorporación de todos los cesantes, el retiro de la policía de puerta de fábrica, y otras mejoras. La aceptación por parte de la empresa de la mayoría de estas exigencias, (…) es un gran triunfo de los compañeros de Swift¹⁶.

Cinco meses más tarde, el 22 de julio de 1974, la misma organización secuestraba a Erich Breuss, Gerente General de la empresa metalúrgica Acindar, Villa Constitución, provincia de Santa Fe, en el marco de un largo conflicto que involucraba no sólo a la empresa, sino, también, a la burocracia sindical representada por las 62 Organizaciones y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). En marzo de ese año, los obreros habían protagonizado una toma de las plantas de Metcon, Marathon y Acindar exigiendo, entre otras cosas, aumentos salariales y la normalización del sindicato. La toma motorizó el célebre “Villazo”, una movilización de la población y un paro solidario de los comercios y las industrias de la zona en apoyo a los trabajadores metalúrgicos. Tras el “Villazo”, la burocracia sindical se comprometió a convocar a elecciones y esa promesa comenzaba a prolongarse demasiado en el tiempo. Fue entonces que tuvo lugar el secuestro de Breuss; sin duda, un “medio para garantizar la limpieza y la realización de los comicios del gremio” pero también para exigir el cese de una vieja práctica que padecía el movimiento obrero organizado y que en lo sucesivo no haría más que recrudecerse¹⁷.

El secuestro de Breuss contaba, además, con un componente clave a la hora de captar las simpatías populares y que mencionáramos más arriba: la astucia guerrillera que, a través de una hazaña ingeniosa y “limpia” ridiculizaba al empresario o, cuanto menos, ponía al descubierto su vulnerabilidad, revirtiendo, así, el sentido de la humillación de clase. En efecto, el día del secuestro, el engañado fue Breuss: los guerrilleros, vestidos con uniformes de la Policía policial, fingieron estar realizando una “pinza” en la ruta por donde transitaba el auto Torino en el que viajaba Breuss:

se lo detiene (…) Uno de los compañeros convence a Breuss para que lo “acompañe a la comisaría ya que se tiene información de que más adelante un grupo guerrillero lo espera para secuestrarlo”. Erich Breuss totalmente confiado sube junto a su custodio al auto operativo. El custodio entrega su arma a nuestros compañeros¹⁸.

Casi en simultáneo, los trabajadores de Propulsora Siderúrgica de la localidad de La Plata, provincia de Buenos Aires, mantenían, desde mayo de 1974, un intenso conflicto con la empresa que incluyó, por un lado, paros, asambleas, toma de planta y quita de colaboración; y, por el otro, las consabidas estrategias y represalias patronales (despidos, desconocimiento de la Comisión Interna y alianza con la burocracia de la UOM, juicios penales a delegados, lock-outs patronales, entre otras).

La intervención de la “justicia revolucionaria”, esta vez de la mano de Montoneros, parece haber sido clave para la resolución del conflicto:

A los compañeros de Propulsora: A las 08.20 del día martes 3 de Setiembre de 1974 el comando Horacio Chávez de nuestra organización, procedió a la detención del Ingeniero Mascardi, miembro del directorio de Propulsora Siderúrgica. Posteriormente se procedió a comunicarle a la empresa las condiciones que debe cumplir para lograr su libertad. Las mismas son planteadas por el conjunto de los trabajadores en conflicto, a saber: 1) Reincorporación de todos los trabajadores despedidos a partir del 23 de Mayo de 1974, cualquiera hayan sido las causas del despido. 2) Aumento de $100.000 mensuales a todos los trabajadores en base a la creación de nuevas categorías internas, con retroactividad al 23 de mayo de 1974. 3) Pago de los días caídos a la totalidad del personal afectado al conflicto. 4) Retiro de todas las fuerzas represivas y de seguridad de la planta. 5) Retiro del juicio penal contra 11 trabajadores radicado en la secretaría del Dr. Silva Pelossi. 6) Reconocimiento y movilidad dentro de la planta de la Comisión Interna designada por los trabajadores, en lugar de los traidores de la UOM. De no cumplir la empresa con estos requerimientos, el Ingeniero Mascardi será pasado por las armas, siendo la empresa la única responsable de su suerte. Ensenada, 5 de Septiembre de 1974. Montoneros¹⁹

El 10 de septiembre, ante una asamblea de 700 operarios, Omar Cherri, delegado y militante de la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), agrupación de superficie de Montoneros, leía el comunicado en el que la empresa accedía a la totalidad de los puntos exigidos. El conflicto llegaba a su fin y Mascardi recuperaba su libertad.

Al año siguiente, el 8 de enero, Montoneros secuestraba a R. Saunier, empresario de Casa de las Juntas “Corchoflex” de Villa Elías. Su secuestro fue publicitado a través de Evita Montonera. En el “parte de guerra” allí publicado en esa misma página se anunciaba que la organización había capturado al “chupasangre R. Saunier (…) conocido enemigo de la clase trabajadora de La Plata”. A continuación, se denunciaba las precarias condiciones de trabajo en la empresa: salarios escandalosamente bajos, índices extraordinarios de accidentes de trabajo, insalubridad y malas condiciones de higiene, y, también, un encuadre sindical fraudulento. A raíz de este escenario de “injusticia insoportable”, se explicaba,

se pone en marcha un petitorio de 14 puntos que es rechazado de plano por la patronal. A partir de ese momento, los trabajadores iniciaron medidas de fuerza. Estalla el conflicto y, durante todo su transcurso, se ve claramente cómo la acción de la patronal, la burocracia y el gobierno, se coordinan perfectamente para perjudicar a los trabajadores.

Se detallaba, luego, la acción de cada uno de estos tres actores en el transcurso del último mes y medio: despidos, reincorporaciones selectivas que excluyen a la comisión interna, complicidad de la burocracia sindical en la “limpieza de elementos indeseables”, represión y persecución policial de los delegados. Y entonces, cuando

se agotaron todas las instancias legales, se intentaron todos los caminos, se fue al Ministerio, al Sindicato (…) se comprueba que este gobierno ya de popular y peronista no tiene nada, a esta altura del partido es igual o peor que los anteriores. Y cuando la justicia del gobierno es sólo para reprimir a los trabajadores, es necesaria una Justicia Popular²⁰ .

Finalmente, como muestra de la efectividad de la “Justicia Popular”, y bajo un sello impreso en diagonal con la leyenda “Montoneros cumple”, Evita Montonera, órgano oficial de la organización, reproducía el comunicado de la empresa en el que se anunciaba, entre otras resoluciones, un aumento salarial; un premio por asistencia acordado con la Comisión Interna; un plus por antigüedad; un reajuste de categorías; “plena libertad a los delegados de la Comisión Interna”; el fin de las medidas de carácter represivo; mejores condiciones de ducha e higiene. Saunier fue finalmente liberado los primeros días del mes de febrero.

Días antes de la liberación de Saunier, el 29 de enero, Montoneros había secuestrado al ingeniero Carlos Dazeo, miembro del directorio de la empresa constructora Nicolás Dazeo S.A. En Evita Montonera, la organización explicaba que durante su detención en una cárcel del pueblo, Dazeo fue sometido a “juicio popular a causa de los delitos cometidos contra los obreros de la construcción en Chapadmalal, los que se encuentran en conflicto con la empresa” y a continuación agregaba que diez días después de su detención “la empresa publicó solicitadas en todos los diarios anunciando que cumpliría con las exigencias de nuestra Organización de que los obreros en conflicto recibieran todas sus reivindicaciones”²¹.

Estas reivindicaciones incluían: continuidad en los puestos de trabajo; la recuperación del salario (caído a partir de descuentos unilateralmente decididos por la empresa); libre elección de delegados; reconocimiento y permanencia de la Comisión Interna y un conjunto de medidas relativas a las condiciones de trabajo (horarios corridos, duchas y baños “acordes a nuestra dignidad de trabajadores”, ropa de trabajo). Finalmente, en la misma publicación, y compartiendo espacio con recuadros y consignas de oposición a Isabel Perón y su gobierno (“Este gobierno no es popular y mucho menos peronista”; “Al contrario de Evita que llamaba a sus descamisados para combatir a la oligarquía, Isabel trenza con la Marina para atacar y perseguir a los trabajadores”; “Isabel veranea, a 100 metros nos hambrean”) se reproducía la solicitada de la empresa en la que comunicaba oficialmente la concesión casi total de aquellas reivindicaciones.

Prácticamente en simultáneo con la liberación de Saunier y el secuestro de Dazeo, el 7 de febrero de 1975 dos “pelotones de combate” de Montoneros secuestraba a Carlos Gagey, miembro del Directorio de la firma RHEEM-SAIAR. En su declaración dirigida a los trabajadores, Montoneros explicaba que la empresa estaba “al servicio de los intereses monopólicos nacionales y extranjeros” y que, ante el avance del imperialismo, y siguiendo el mandato de Perón del 12 de junio, de identificar y castigar a los enemigos de la liberación nacional, la organización “identifica a SAIAR y reitera que Gagey está detenido como garantía del cumplimiento de las exigencias de los trabajadores”²². Carlos Gagey fue finalmente liberado. En la presente investigación no se han podido identificar aún las circunstancias de su liberación.

c. Financiamiento interno

“-¿De dónde provienen los fondos que sostienen económicamente al ERP?”, le preguntaba un periodista probablemente imaginario a “S”, un combatiente del ERP, en un reportaje de tono pedagógico, quizás también imaginario, publicado en Estrella Roja, bajo el título “Las finanzas en unidades guerrilleras”²³. “-Digamos, de dos lugares fundamentales: las expropiaciones y la colaboración del pueblo”, respondía “S”, sin ofrecer mayores especificaciones respecto de las primeras.

Según todas las evidencias disponibles, las organizaciones armadas argentinas se financiaron, fundamentalmente, a partir de esas dos fuentes, entendiendo por “colaboración del pueblo”, el aporte de los propios militantes, y por “expropiaciones”, asaltos a bancos y secuestros extorsivos de empresarios. Ambos tipos de operaciones requerían un enorme esfuerzo de logística, de inteligencia y, en el caso de los secuestros, de infraestructura donde mantener a la persona cautiva durante el tiempo que durasen las negociaciones. Pero, en términos comparativos, rápidamente se advirtió que los secuestros a empresarios podían garantizar montos más altos de dinero a través de acciones más sencillas y menos riesgosas. Y, en efecto, las cifras percibidas en concepto de rescate permiten afirmar que fueron los secuestros extorsivos la fuente de financiamiento por excelencia de las organizaciones revolucionarias armadas²⁴.

El primero de ellos, fue el de Jorge Vázquez Iglesias, empresario automotor y socio del Banco Galicia. Fue secuestrado el 7 de octubre de 1971 por las FAL. La operación fue relativamente sencilla: Vázquez fue emboscado en la calle y, con técnicas elementales de “antiseguimiento”, fue conducido a una “cárcel del pueblo” en el barrio porteño de Caballito. En menos de una semana, el empresario fue liberado y la organización obtuvo 900.000 dólares. La operación, no se propagandizó (Larraquy 2017: 88-89).

A diferencia del de Vázquez Iglesias, el secuestro de Oberdan Sallustro, segundo secuestro extorsivo en el que se pidió rescate en dinero, adquirió una resonancia pública extraordinaria y un desenlace inesperado para sus protagonistas, pero, en perspectiva, previsible. El secuestro, llevado a cabo por el PRT-ERP el 21 de marzo de 1972, culminó el 10 de abril de ese mismo año con la ejecución del empresario, cuando fue descubierta la “cárcel del pueblo” donde permanecía secuestrado. Se trató, sin duda, de un caso excepcional, pero por los muchos sentidos propios de la justicia revolucionaria que en él concurrieron -tanto en relación con los secuestros como en relación con las ejecuciones- merece una particular atención.

Sallustro era el Director General de la empresa FIAT-Concord en Argentina con plantas en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Al momento de su secuestro la empresa y los trabajadores venían protagonizando un intenso conflicto político y gremial desde hace meses, especialmente en Córdoba. En septiembre de 1971, la dictadura militar había disuelto los sindicatos clasistas Sitrac-Sitram²⁵ que nucleaban a los trabajadores de las filiales de Fiat, Concord y Materfer, respectivamente. La medida incluyó la suspensión de sus personerías gremiales y jurídicas. Por su parte, la empresa no reconoció la representatividad de los delegados y abrió el camino para despidos masivos y encarcelamientos. Alrededor de 500 obreros, delegados de fábrica, la totalidad de la comisión interna e incluso los abogados de Sitrac-Sitram fueron detenidos por la vigencia del estado de sitio.

Fue en este marco de alta conflictividad que tuvo lugar el secuestro de Sallustro por parte del PRT-ERP. Al publicitar el secuestro, denunciando a la empresa y exigiendo el reparto de alimentos y útiles escolares, el accionar de la “justicia revolucionaria” quedaba inscripto en la escena pública, al igual que el caso de Sylvester un año atrás. Paralelamente, al incorporar en el pliego de condiciones para la liberación de Sallustro las reivindicaciones propias de los trabajadores, constituía la primera intervención de la “justicia revolucionaria” en un conflicto específico entre capital y trabajo. Fue, además, la primera vez que el PRT-ERP exigía un rescate en dinero para la organización. Pero la novedad más importante y que tendría relación directa con el desenlace de la acción, es que esta vez, la “justicia revolucionaria” no sólo condenaba a muerte al prisionero, sino que, para la conmutación de dicha pena, exigía condiciones cuyas posibilidades de negociación y concesión excedían a la empresa FIAT en particular y, probablemente, al capital en general.

En efecto, en la “cárcel del pueblo”, el PRT-ERP declaró a Sallustro:

culpable y autor responsable de maniobras monopolistas perpetuadas por Fiat en perjuicio de la República Argentina, culpable e instigador responsable de la represión efectuada (...) a la planta industrial de Córdoba en septiembre de 1971 y culpable y autor responsable de la desocupación y miseria ocasionada por los despidos de más de 500 trabajadores de la planta Fiat Córdoba... La pena que le corresponde en razón de su culpa es la pena de muerte²⁶.

A diferencia de la pena de muerte que, a partir de ese año, comenzaría a pesar sobre integrantes de las fuerzas represivas, especialmente por su responsabilidad en la tortura y el asesinato de militantes populares, la de Sallustro podía quedar sin efecto si se cumplían las siete condiciones expuestas por el PRT-ERP: reincorporación de obreros despedidos y cesanteados; retiro de las fuerzas de seguridad de las fábricas; publicación de los comunicados del PRT-ERP; indemnización “al pueblo” en forma de reparto de víveres, útiles escolares y ropa en barrios humildes por un valor de un millón de dólares; otra indemnización en dinero, de igual valor, al PRT-ERP; la libertad de los trabajadores y dirigentes de SITRAC-SITRAM detenidos durante el conflicto y la liberación y traslado al exterior de 50 guerrilleros presos, varios de ellos miembros de la dirección partidaria, entre ellos, Santucho²⁷.

Si el cumplimiento de gran parte de estas exigencias estaba en manos de la empresa -que aparentemente se mostró dispuesta a concederlas- la liberación de los presos políticos era una decisión que sólo la dictadura de Lanusse podía tomar pero que en ese punto se mostró inflexible y así lo hizo saber a través de comunicados públicos. Por su parte, era precisamente ésa la condición primordial para el PRT-ERP que, pasando por alto la disparidad de intereses, posiciones y eventuales costos de unos y otros, aguardó a que Estado y capital respondieran conjuntamente ante la “justicia popular”. No lo hicieron; la dictadura de Lanusse lo había advertido claramente. Más aún, un grupo de presos políticos (entre los que se encontraba Santucho) fue trasladado de la cárcel de Villa Devoto (Buenos Aires) al Penal de máxima seguridad de Rawson, al sur del país. Señal inequívoca. Fracasadas las negociaciones y en momentos en que las fuerzas represivas detectaron y rodearon la “cárcel del pueblo” donde permanecía secuestrado, Sallustro fue ejecutado el 10 de abril de 1972.

En el transcurso de los siguientes ocho meses, la guerrilla secuestró -siempre atendiendo a la muestra que aquí se presenta- a 7 empresarios. En 5 de esos secuestros, se pidieron rescates que oscilaron entre los 500.000 y los 20.000.000 de dólares²⁸.

Ahora bien, si los pedidos de rescate en dinero obedecían al objetivo primordial del financiamiento interno, no puede obviarse el hecho de que estas acciones, atendiendo a la retórica que las acompañó, también ofrecían la oportunidad de reforzar el lazo simbólico entre “el pueblo” y “su vanguardia”: si el dinero acumulado por las empresas -monopólicas y/o imperialistas, las más de las veces- había sido “amasado con el sudor” de los trabajadores, si era producto de “la explotación del pueblo”, a través de estas expropiaciones, “el largo brazo de la justicia popular” se lo restituía, ya fuera en forma directa (reparto de bienes y alimentos, por ejemplo) o indirecta, al destinar el dinero “recuperado” a las necesidades logísticas de las organizaciones armadas, autoasumidas vanguardias de las luchas populares.

En el anuncio de la liberación de Roland Grove, ejecutivo de frigoríficos Anglo, que había sido secuestrado el 10 de diciembre de 1972, el PRT-ERP explicaba:

Una vez más, el pueblo ha recuperado una mínima parte de lo que le es arrancado día a día por la burguesía y el imperialismo. Esta vez han sido mil millones de pesos, sólo una gota de sudor de lo que le pertenece, de lo que le adeuda el sistema de explotación más feroz que ha visto la historia (…) Este hecho, ya bien conocido por todos, queda aún más en evidencia cuando comparamos los sueldos de hambre y miseria que cobran los obreros de Anglo, sus condiciones inhumanas de trabajo en las cámaras frías, donde sus vidas y las de sus familias no valen nada frente a los mil millones con que la burguesía valora y no duda en pagar por uno de sus insignes representantes²⁹.

Un año más tarde, el 3 de diciembre de 1973, Víctor Samuelson, ejecutivo de la ESSO, también era secuestrado por el PRT-ERP. Tras haberlo sometido a juicio en una “cárcel del pueblo”, la organización declaraba, bajo el título “Recuperando algo de lo mucho que ESSO roba al pueblo”:

El pueblo trabajador conoce (…) cómo le roban las empresas imperialistas (…) El EJÉRCITO REVOLUCIONARIO DE PUEBLO, brazo armado del pueblo, ha decidido obligar a estos piratas a devolver una parte de los mucho que roban a pueblo. Para ello, ha secuestrado al ejecutivo Víctor Samuelson³⁰.

Publicitaba, a su vez, las condiciones del rescate:

La empresa imperialista ESSO (…) deberá entregar en los barrios y ciudades que se le indiquen 10.000 millones de pesos [moneda nacional] en alimentos, vestido, etc., para ser distribuidos entre la población necesitada; de esta forma se logrará que esta empresa explotadora de nuestro pueblo y de nuestro país devuelva, aunque sea una mínima parte de las fabulosas ganancias que obtiene explotando a los obreros argentinos³¹.

Finalmente, el reparto de los bienes exigidos se vio dificultado por cuestiones de logística, de modo que la empresa y la organización pactaron el rescate en efectivo. Samuelson fue liberado el 29 de abril de 1974 tras un rescate que alcanzó un total aproximado de 14.200.000 dólares.

Unos meses más tarde, el 14 de septiembre de 1974, con el nombre de Operación Mellizas, la organización Montoneros protagonizaba el secuestro extorsivo más prolongado, el de mayor repercusión pública y el del monto de rescate más alto de la historia guerrillera: el de los hermanos Juan y Jorge Born, directivos de la empresa Bunge & Born. Pocos meses después del secuestro, la prensa de la organización ofrecía sus razones:

En las cárceles del pueblo la organización Montoneros está procediendo al interrogatorio de los hermanos Born. Estos dos exponentes del imperialismo y la oligarquía en la Argentina han sido puestos bajo la justicia popular a los efectos de que devuelvan al pueblo parte de lo que han saqueado al país durante tantos años y luego de que este gobierno pasara por alto las maniobras de acaparamiento, evasión de impuestos y explotación a los trabajadores de sus fábricas (…) La historia de Bunge & Born es la historia de la explotación de nuestro pueblo, de maniobras monopólicas, de un poder económico al servicio de la dependencia (…) Bunge & Born, la burocracia vandorista, López Rega e Isabel, forman parte de una misma política, la sojuzgación [sic] del pueblo al servicio del imperialismo…”³².

El interrogatorio al que fueron sometidos los prisioneros giraba, fundamentalmente, en torno a las actividades económicas del grupo y sus vínculos, negociaciones y “favores” en el tablero político. El resumen del interrogatorio fue publicado por la prensa partidaria, acompañado por fotos de los hermanos en la “cárcel del pueblo” en las que se veía a un relajado Jorge Born en cueros y ojotas y a un no tan relajado Juan Born, aparentemente “haciendo gimnasia”. Organizado a partir de subtítulos que daban cuenta de aquellos vínculos, negociaciones y “favores”, el tono del resumen era, claramente, el de la denuncia de los mecanismos de la empresa en el urdido de su poder: los diálogos y “favores” con los políticos que eventualmente aseguraban permisos y leyes favorables al grupo; las “coimas” a altos funcionarios, la triangulación con banqueros; con las relaciones con los militares, con los sindicatos, etc³³. Finalmente, tras el desarrollo del juicio revolucionario Montoneros hacía pública las exigencias para la liberación de los hermanos:

La empresa Bunge & Born debe aceptar, luego de largas negociaciones que se prolongaron por espacio de varios meses, las siguientes condiciones que le impuso MONTONEROS: a. Entregar al Pueblo la suma de 61 millones de dólares, de los que 60 millones […] utilizará la Organización Político-Militar MONTONEROS para la organización popular, y el millón restante será entregado a diversos sectores populares, propuestos por MONTONEROS, mercaderías producidas por la empresa por valor de un millón de dólares, tomadas las mercaderías en su precio de costo. b. Atender la resolución de los conflictos gremiales existentes en las fábricas que controla Bunge & Born³⁴.

Si la disparidad entre el monto que se destinaría a la organización y el que se entregaría a los sectores populares “propuestos por Montoneros” podía resultar excesiva, la prensa partidaria compensaría aquella distancia entre beneficiarios resaltando la importancia política de la “resolución de conflictos gremiales”:

Conceder a sus obreros las reivindicaciones planteadas fue una de las partes del rescate por los hermanos Born que más les costó pagar a Bunge & Born (…) Este hecho es de los menos conocidos respecto del conjunto de las cosas que debió pagar Bunge & Born. El pago de los 60 millones de dólares, (…) las solicitadas en diarios del país y del exterior fueron ampliamente difundidas. Lo que aquí relatamos a los compañeros es la nómina de las reivindicaciones que Bunge & Born debió satisfacer en cada una de sus empresas³⁵.

Y a continuación detallaba una extensa lista de reivindicaciones gremiales específicas dentro de cada empresa del grupo, por ejemplo: el pago del 100% de las horas extras, servicio de comedor y cafetería gratuitos en Molinos Río de La Plata; en Sulfacid, la reducción de la jornada laboral de 8 a 6 horas por razones de salud; en Grafa, incorporar al salario el premio a la asistencia, la reducción de los topes de producción, limpieza de baños dos veces por turno, días femeninos, eliminación de gases tóxicos y entubamiento de ácidos; entre otras. Al final del listado se les advertía a todas las empresas del grupo que, con independencia de las reivindicaciones específicas, debían cumplir un paquete de disposiciones vigentes, principalmente en relación a la salud y la higiene laborales³⁶.

Debe considerarse, además, que estas exigencias gremiales podían leerse en línea con aquellas reclamadas por la liberación de Mascardi, Saunier, Dazeo y Gagey, secuestrados por la organización durante el mismo período, de modo que el componente económico del rescate podía, eventualmente, quedar subsumido al sentido de la intervención en conflictos laborales. Quizás haya sido una variable considerada; pero difícilmente lograda: los 60 millones de dólares constituían el monto más alto exigido por la historia de la guerrilla y quedarían grabados hasta el presente en las memorias sociales y políticas de aquellos años. Los hermanos Born fueron liberados: Juan, anticipadamente, el 23 de marzo de 1975 debido a un estado depresivo que aceleró las negociaciones; y Jorge el 22 de noviembre de ese mismo año. Treinta millones por cada uno.

Un mes antes de la liberación de Jorge Born, Montoneros secuestraba al ingeniero Enrique Metz, gerente de producción y accionista de la empresa Mercedes Benz. El secuestro tuvo lugar en condiciones de alto grado de conflictividad entre los trabajadores y la patronal:

El monopolio imperialista había despedido a los obreros que reclamaban salarios y condiciones de trabajo dignas y dirigentes representativos. La detención del ingeniero Metz, un experto en la represión de conflictos laborales de la fábrica, se produjo en un momento en que los 4000 trabajadores de Mercedes enfrentaron unidos la acción conjunta de la patronal, la burocracia y el gobierno de Isabel Martínez…³⁷

En efecto, a comienzos de agosto de 1975, los trabajadores de Mercedes habían decidido elegir sus propios representantes, desplazando a la burocracia de SMATA (Sindicato de Mecánicos y afines del Transporte Automotor) y exigir a la empresa un conjunto abultado de reivindicaciones postergadas. La decisión fue acompañada por un paro y el paro fue respondido por la empresa con despidos masivos (aproximadamente 117 trabajadores) y el envío de telegramas intimidatorios. En este contexto tuvo lugar el secuestro de Metz, para cuya liberación, la organización exigió la reincorporación de los cesanteados; el reconocimiento de la conducción gremial votada por los obreros y el de la comisión de reclamos; y “el pago de una multa de 4.000.000 de dólares a nuestra Organización, destinados a la construcción del poder popular”³⁸. El 24 de diciembre de 1975, dos meses después de su secuestro, y luego de que la empresa diera cumplimiento a todas sus exigencias, Montoneros dejaba a Metz en libertad. Fue éste el último secuestro registrado en el contexto de un conflicto laboral.

III. Justicia revolucionaria: un balance posible

No resulta simple ponderar el accionar de la justicia revolucionaria en términos de recepción y capitalización política. Es evidente que las condenas a la violencia insurgente en general y a las prácticas de los secuestros y ejecuciones en particular -ya sean éstas en clave ética o política- emergen de un amplio abanico de actores, entre los que se destacan: Perón, a partir de su regreso definitivo al país en 1973; la prensa (también especialmente a partir de 1973 con la asunción del gobierno peronista); la jerarquía eclesiástica; los partidos políticos tradicionales y las izquierdas no armadas. Pero si atendemos al hecho de que las organizaciones revolucionarias armadas se conformaron al calor de la protesta social y fueron parte inseparable del proceso de movilización de masas desencadenado a partir del Cordobazo (1969), pareciera más pertinente confrontar los propios sentidos y objetivos de la justicia revolucionaria en relación con los así llamados “frentes de masas”.

Los pocos estudios de caso e investigaciones sistemáticas en este terreno impiden juicios terminantes. Pero a partir de los indicios disponibles, es posible realizar algunas inferencias y elucubraciones. En principio, es probable que algunos secuestros de empresarios acompañados por exigencias de tipo “robinhoodescas” y aquella retórica en clave moral señalada más arriba hayan generado simpatías en algunos sectores de la sociedad, especialmente los populares, que a través de aquellas exigencias podrían haberse considerado modestamente beneficiados en términos materiales o, aunque más no sea, reivindicados en términos simbólicos.

Puede inferirse, a su vez, que hayan generado algún grado de simpatía o aprobación por parte de los trabajadores de empresas en conflicto, al menos cuando esos secuestros lograban torcer las negociaciones en favor de los trabajadores. Pero en contraposición, es por demás plausible que hayan generado rispideces y condenas allí donde entorpecían el diálogo entre los trabajadores y la patronal o, más corrientemente, al obtener como respuesta -no sólo los secuestros sino las acciones de la guerrilla en general- reacciones represivas que, conforme avanza el período estudiado, se tornaron cada vez más cruentas asumiendo, notablemente, la lógica de la represalia (Gillespie 1987, Calveiro 2005, Carnovale 2007 y 2016, Lorenz 2011, Franco 2012).

Volviendo al caso del secuestro de Breuss durante los conflictos en Acindar del año 1974, por ejemplo, contamos con algunos testimonios de trabajadores que protagonizaron la protesta y movilización durante el período 1973-1975 y que dan clara cuenta de aquella tensión. Uno de ellos es el de Zenón, activista gremial y, también, militante del PRT-ERP:

Aquí ocurre un hecho fundamental que es la aparición del PRT en la vida interna nuestra. Que crea muchos conflictos, vamos a decir la verdad. La aparición del PRT viene a conmover muchas cosas acá (…) El momento del 16 de marzo se firma un acta tripartita entre la patronal, la burocracia y la parte obrera en donde vienen las elecciones (…) Y entonces el ERP secuestra a Erich Breuss como garantía ¿te das cuenta? Lo secuestra y dice “si la patronal, si la burocracia no cumple el pacto, nosotros no vamos a cumplir ningún pacto con la seguridad de este señor”. Pero el mismo día que secuestran a Erich Breuss estalla una bomba en el local donde funcionaba la Lista Marrón. Eso pone en peligro la vida de toda una familia y se produce una movilización popular de gran envergadura (…) Entonces viene todo el proceso en donde ganamos las elecciones, limpias y todo³⁹. Entonces el ERP cumple su palabra y libera a Erich Breuss. Ahora, la presencia del PRT en Acindar no hubiese conflictuado si se hubieran cumplido con las normas y las reglas que debe cumplir un partido revolucionario en la gente ¿no? Se hizo conflictivo por toda una serie de cosas, un concepto ideológico, ideologista diría yo, de intensificar la lucha armada a cualquier precio, de forzar situaciones a cualquier precio (…) En un momento llegó una orden de arriba [se refiere a la dirección del PRT] de que había que intensificar la lucha armada. Acá en Villa sólo se había hecho lo de Breuss, que no lo habíamos hecho nosotros [se refiere a los obreros de la fábrica que eran militantes del PRT]... Que para elevar el nivel de combatividad de los compañeros acá había que hacer una cosa grande (…) Y nada mejor que cometer un magnicidio (…) La táctica era cuanto peor mejor. De la fábrica al monte…⁴⁰.

En dirección similar puede leerse el testimonio de Luis Rave, delegado de Propulsora Siderúrgica y militante de Peronismo de Base. En relación con el intenso conflicto que tuvo lugar en la empresa entre mayo y septiembre de 1974, y en el contexto del cual, Montoneros secuestró al Ingeniero Mascardi, recuerda:

el gran conflicto que se resuelve con el secuestro de Mascardi, que el Turco lee en una asamblea el comunicado de los Montos (…) eso no cayó [bien]. Porque la gente decía: “fuimos nosotros los que ganamos el conflicto, fuimos nosotros los que ganamos el conflicto” y “¿dónde estaban los Montoneros?” (…) Eso yo lo escuché bastante ahí…⁴¹.

Si las organizaciones revolucionarias armadas definían su línea política a partir de lo que entendían debía ser su ligazón con las masas, resulta significativo que en ambos testimonios se advierta cierta noción de exterioridad, de ajenidad, de la acción armada respecto del espacio fabril. No se trata de afirmar aquí una exterioridad real u orgánica: fueron muchos los delegados y dirigentes que integraron aquellas organizaciones, y también las agrupaciones de superficie que las representaban en el movimiento obrero. Pero entre las necesidades determinadas por la autoproclamada vanguardia armada (“intensificar la lucha armada a cualquier precio (…) para elevar el nivel de combatividad”) y los tiempos y modalidades de la lucha gremial -que incluía a la autonomía como valor y fuente de dignidad (“fuimos nosotros los que ganamos el conflicto”)- no puede desconocerse una zona de tensión.

En su estudio sobre la militancia sindical y los trabajadores de los astilleros de Astarsa, Federico Lorenz, por ejemplo, se propone pensar la relación entre lucha armada y militancia sindical “más que como un espacio de contradicción (…) como un espacio de articulación de experiencias y prácticas de lucha política” (Lorenz 2011: 198). Pero incluso dicho enfoque, no puede soslayar los “conflictos y contradicciones”, en el interior de la Agrupación que estudia (la Agrupación Alesia de la Juventud Trabajadora Peronista), sobre todo cuando, tras el pase a la clandestinidad, Montoneros comenzó a presionar para subordinar la política gremial a sus propias directrices, lógicas y necesidades. Los testimonios allí recogidos iluminan bien esa zona difusa que comunicaba y distanciaba, a la vez, la línea de las organizaciones armadas de las prácticas sindicales. Así, las disyuntivas planteadas para los militantes de la Agrupación se tradujeron en la disputa entre las dos facciones en que se había dividido: la que se volcaba más directamente a seguir la línea de Montoneros y la otra que pugnaba por continuar privilegiando la práctica sindical. La dinámica de los acontecimientos, concluye Lorenz, no sólo alimentó estos conflictos internos entre los militantes de la Agrupación sino, más importante aún, comenzó a alejar a sus integrantes de las propias bases que representaban.

Es desde esta última perspectiva que interesa recordar aquí tanto los balances críticos como aquellos autocríticos de la experiencia armada que, tras la derrota del proyecto revolucionario, coincidieron en señalar que, fundamentalmente a partir de 1974, un progresivo “proceso de militarización” de la guerrilla -producto, en parte, del avance las fuerzas represivas, en parte, de sus propias concepciones políticas- le valió a aquella un también progresivo “aislamiento de las masas” (El Kadri y Rulli 1984, Brocato 1985, Gillespie 1987, Seoane 1991, Santucho 1995, Mattini 1996, Amorín 2006: Calveiro 2005, Plis-Steremberg 2003, Tortti 2008 y 2018).

¿Qué rol le cupo al ejercicio de la justicia revolucionaria en aquel aislamiento? Volvamos a los secuestros. Como ha sido señalado, confluían allí varios sentidos: el de la propaganda armada, el de la intervención en conflictos laborales y el del financiamiento interno. Pero si atendemos al hecho de que, de los 48 casos de empresarios secuestrados, solamente en 8 no se pidió rescate monetario alguno -es decir que reconocen exclusivamente los sentidos de la propaganda y la intervención en los conflictos laborales- mientras que, por lo menos, en 29 casos se han exigido grandes montos dinero⁴², debe inferirse que fue, en definitiva, el financiamiento interno el sentido que primó en esta práctica de la justicia revolucionaria. Y no hay motivos para suponer que en el movimiento obrero se haya percibido ese financiamiento como beneficio para los trabajadores o para “el pueblo” o como algo que redundara a su favor. De ahí que las prensas partidarias explicaran, una y otra vez, que el dinero acumulado por la vanguardia estaba destinado a las luchas populares.

Ahora bien, si a los secuestros de empresarios, se les suma los de miembros de las FF.AA:, cuyo objetivo principal era el intercambio de prisioneros y se pone el conjunto de secuestros en línea con las ejecuciones selectivas -la otra práctica de envergadura de la justicia revolucionaria, también intensificada a partir de 1974 y sustentada, fundamentalmente, en el sentido de la venganza por la tortura y el asesinato de compañeros (Carnovale 2016)- decanta la figura de una justicia revolucionaria “sobredeterminada por la lógica y las necesidades internas”. Dicho en otras palabras, si bien proyectado con claros fines de capitalización política, el despliegue de la justicia revolucionaria en su conjunto, lejos de determinarse a partir de las demandas y/o estrategias emanadas de los movimientos de masas (o aun de sus sectores más radicalizados) quedó capturado por los imperativos, los lineamientos de acción política y las necesidades de supervivencia de las organizaciones armadas. Fue, en definitiva, la manifestación en el espacio público del “ensimismamiento” de estas organizaciones. Y entonces es posible concluir -si atenemos a los testimonios citados- que fue esa justicia revolucionaria, sobredeterminada por la lógica interna, uno de los factores -el de mayor repercusión pública y, también, de condena política- que confluyó en el tantas veces evocado “aislamiento” de las organizaciones armadas; fenómeno éste último claramente visible cuando el ciclo de la protesta social y la movilización de masas comenzó a agotarse.

A modo de conclusión

La actuación pública de las organizaciones revolucionarias armadas de los años setenta incluyeron, como expresión de la justicia revolucionaria, la práctica de los secuestros extorsivos, fundamentalmente de empresarios. Entre 1970 y 1977, se registraron por lo menos 65 secuestros, de los cuales 48 corresponden a ejecutivos de empresas nacionales o extranjeras. Eran varios y no excluyentes los sentidos que confluían en esa práctica: en parte, eran una de las tantas estrategias de propaganda armada; en parte, eran, también, un método de intervención en conflictos laborales; y eran, finalmente, un modo exitoso de financiamiento interno. Un posible balance de la justicia revolucionaria en términos de recepción y capitalización política busca iluminar, principalmente, las tensiones generadas por esta práctica armada en el movimiento obrero, al tiempo que pone en evidencia la primacía de la lógica y de las necesidades internas de las organizaciones armadas en su determinación. Así, se concluye que la justicia revolucionaria fue la manifestación quizás más resonante en el espacio público del “ensimismamiento” de estas organizaciones, ensimismamiento que estaría en el origen de su progresivo aislamiento.

Bibliografía

Amorín, J. (2006) Montoneros: la buena historia, Buenos Aires, Catálogos.

Brocato, C. (1985) La Argentina que quisieron, Buenos Aires, Sudamericana-Planeta.

Calveiro, P. (2005) Política y/o violencia. Una aproximación a la guerrilla de los años ’70, Buenos Aires, Grupo Editorial Norma.

Carnovale, V. (2007) “En la mira perretista. Las ejecuciones del largo brazo de la justicia popular” en Revista Lucha armada en la Argentina, Año 3, N° 8, Buenos Aires.

Carnovale, V. (2016) “Matar al enemigo: algo más que un acto de venganza”, en Martín, Lucas y Enrique Andriotti Romanin (comps.) El pasado es hoy. Estudios sobre el mal en política, Mar del Plata, EUDEM.

Cortina, E. (2007) Grupo Obrero Revolucionario: el trotskismo armado en la Argentina, 2007, en http://www.cedema.org/ver.php?id=1941.

Ducid, D. (2017) La lucha obrera, conflicto sindical y organización armada: el caso de la Juventud Trabajadora Peronista de propulsora Siderúrgica (1973-1976), Tesis de Licenciatura, UNLP.

El Kadri, E; y J, Rulli (1984) Diálogos en el exilio, Buenos Aires, Foro Sur.

Franco, M. (2012) Un enemigo para la Nación. Orden interno, violencia y subversión, 1973-1976, Buenos Aires, FCE.

Gillespie, R. (1987) Soldados de Perón. Los Montoneros, Buenos Aires, Grijalbo.

Gorriarán Merlo, E. (2003) Memoria de Enrique Gorriarán Merlo. De los Setenta a La Tablada, Buenos Aires, Planeta/Catálogos.

Larraquy, M. (2017) Primavera sangrienta: Argentina 1970-1973 un país a punto de explotar. Guerrilla, presos políticos y represión ilegal, Buenos Aires, Sudamericana.

Lenci L. (2008) “Justicia, política y violencia. Un análisis de los cuerpos normativos montoneros (1972-1975)”, II Jornada Académica sobre Partidos Armados en la Argentina de los Setenta “Revisiones, balances y problemas”, CEHP-UNSAM, disponible en: http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/2j_lenci.pdf.

Lorenz, F. (2011) “‘Por la buena o por la mala’. Militancia sindical y violencia política entre los trabajadores navales de la zona Norte, 1973-1975”, en Basualdo, Victoria, (coord.) La clase trabajadora argentina en el siglo XX: experiencias de lucha y organización, Buenos Aires, Cara o ceca.

Mattini, L. (1996) Hombres y mujeres del PRT-ERP. De Tucumán a la Tablada, Buenos Aires, Editorial de la Campana.

O’Donnell, M. (2016) El secuestro de los hermanos Born, Buenos Aires, Debate.

Plis-Sterenberg, G. (2003) Monte Chingolo. La mayor batalla de la guerrilla argentina, Buenos Aires, Planeta.

Santucho, J. (1995) Los últimos guevaristas. La guerrilla marxista en la Argentina, Buenos Aires, Vergara.

Seoane, M. (1991) Todo o nada. La historia secreta y la historia pública del jefe guerrillero Mario Roberto Santucho, Buenos Aires, Planeta .

Slipak, D. (2015) Las Revistas Montoneras. Cómo la organización construyó su identidad a través de sus publicaciones, Buenos Aires, Siglo XXI.

Stavale, S. (2018) “Perros” en las fábricas: La política sindical del PRT-ERP, sus prácticas y la experiencia de sus militantes en fábricas del Gran Buenos Aires, 1973-1976, Tesis Doctoral, UNLP.

Tarcus, H. (2007) “Notas para una crítica de la razón instrumental. A propósito del debate en torno a la carta de Oscar del Barco”, en Políticas de la Memoria. Anuario de investigación e información del CeDInCI, Nº 6, Buenos Aires.

Tortti, M. C. (1998) “Protesta social y Nueva Izquierda en la Argentina del Gran Acuerdo Nacional” en Taller. Revista de Sociedad, Cultura y Política, Vol. 3, Nº 6.

Tortti, M. C. (2018) “Voces en Controversia: la revisión de la experiencia revolucionaria argentina en la revista mexicana (1979-1981)”, en Revista de Historia Social y de las Mentalidades, Vol. 22, Nº 2.

Vezzetti, H. (2009) Sobre la violencia revolucionaria. Memorias y olvidos, Buenos Aires, Siglo XXI .

Yurkievich, G. (2012) “Entre el hielo y el fuego. Hechos armados en la industria pesquera marplatense durante la década del 70”, Historia Regional, N° 30.

Anexo

La confección de un listado de las personas secuestradas por las organizaciones revolucionarias armadas requiere una ardua y artesanal labor de búsqueda, recopilación y entrecruzamiento de datos. La información se encuentra casi en su totalidad dispersa y fragmentada: bien porque no todas las organizaciones publicaban a través de sus órganos o estrategias de difusión cada una de estas acciones; bien porque en caso de las que sí lo hacían gran parte de esa documentación se encuentra inhallable, bien porque no todos los datos de cada operación se han hecho públicos. Por añadidura, no todos los secuestros fueron reportados por sus víctimas y los que sí lo fueron no lo han sido necesariamente durante el período estudiado ni ante los mismos agentes. Por su parte, la información ofrecida en la prensa es muchas veces incompleta, equívoca y/o confusa.

Así, el relevamiento exige un entrecruzamiento entre fuentes de diversa naturaleza, primarias y secundarias; cada una de las cuales aporta fragmentos de información que deben contrastarse y “completarse” con otros fragmentos provenientes de las otras fuentes. El cuadro que aquí se presenta ha sido confeccionado a partir de los datos extraídos de las siguientes fuentes primarias:

- El terrorismo en Argentina, libro producido en 1979 por el Poder Ejecutivo Nacional. El mismo constituye, fundamentalmente, un compendio de fuentes originales de las organizaciones revolucionarias armadas (“partes de guerra”, volantes, declaraciones públicas, etc.) y de recortes de prensa de los principales hechos consignados. - Publicaciones periódicas de organizaciones revolucionarias (El Combatiente, órgano de difusión del PRT; Estrella Roja, órgano de difusión del ERP; Evita Montonera, órgano de difusión de Montoneros; Militancia peronista para la Liberación, órgano de difusión del Peronismo de Base [Archivo CeDInCI]. - Publicaciones y producciones no periódicas de organizaciones revolucionarias armadas: FAL-GOR (1973) Máxima Peligrosidad, Buenos Aires, Candela; Volantes y folletos. [Archivos CeDInCI] y Raymundo Gleyzer, Comunicado Swift, 1971, en: https://www.youtube.com/watch?v=lCO2otu9XZM - Diarios nacionales y provinciales: Clarín; El Dia (La Plata); La Capital (Rosario); La Opinión; La Nación; La Razón. - Testimonios de ex militantes de las organizaciones revolucionarias armadas: Ángel Abus, 2 de abril de 2008 [Archivo Oral de Memoria Abierta]; Sergio Bufano, 12 de agosto de 2017 [intercambio epistolar]; Daniel De Santis, 23 de junio de 2008 [Archivo Oral de Memoria Abierta]; Castro, Raúl, 14 de abril de 2019 [entrevista personal]; Luis Mattini, 23 de noviembre de 2017 [entrevista personal]; Eduardo Menajovsky, 30 de octubre de 2007 [Archivo Oral de Memoria Abierta]; Zenón Sánchez, 10 de marzo de 2007. [Archivo Oral de Memoria Abierta]

La información ofrecida en las fuentes mencionadas ha sido contrastada con aquella proporcionada en las fuentes secundarias detalladas en la bibliografía.

A continuación se presenta un cuadro con el relevamiento confeccionado durante la investigación y considerado en el presente artículo. Se han numerado los casos siguiendo un orden cronológico. Para cada uno, se consigna nombre y apellido de la persona secuestrada; fecha de secuestro; condición social; organización actuante; fecha y circunstancias de la resolución del secuestro.

Cuadro I

Fuente: Elaboración propia

Notas