El giro ecoterritorial de los movimientos sociales en Mendoza

The eco-territorial turn of social movements in Mendoza

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En el escenario que ha delineado el neoliberalismo en América Latina, caracterizado por la propagación de fuertes conflictos ambientales, se han potenciado las luchas por la tierra de la mano de movimientos indígenas y campesinos, así también han aparecido nuevas formas de movilización centradas en la defensa de los bienes naturales, la biodiversidad y el ambiente. En este contexto algunos autores abocados en el estudio de dichos movimientos destacan elementos comunes para su análisis: la ambientalización de las luchas indígenas y campesinas, la emergencia de un pensamiento ambiental latinoamericano y la aparición de nuevos movimientos socioambientales, tanto en la esfera rural como en la urbana, caracterizados generalmente por un formato asambleario (Leff, Enrique, 2006).

La dinámica de las luchas ambientales en América Latina ha sentado las bases de lo que Maristella Svampa (2012) ha denominado “Giro Ecoterritorial”, entendido como la emergencia de un lenguaje común entre la matriz indígena comunitaria, la defensa del territorio y el discurso ambientalista, que otorgan marcos comunes para la acción colectiva. Esta construcción de marcos comunes funciona como una estructura de significación y como esquemas de interpretación contestatarios o alternativos, que tienden a desarrollar una importante capacidad movilizadora y a instalar nuevos debates en la sociedad. Los tópicos bienes comunes, soberanía alimentaria, justicia ambiental y el buen vivir explican este cruce entre diferentes matrices.

Bajo esta lente se propone analizar algunas organizaciones surgidas en la provincia de Mendoza como manifestaciones concretas de este giro o vuelco de los movimientos campesinos hacia movimientos socioambientales, que en su accionar van a utilizar un lenguaje y discurso común. Para este análisis resulta interesante destacar las acciones desarrolladas por la Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra (UST), quienes hacia fines del año 2002 tomaron una importante visibilidad en la provincia de Mendoza denunciando la mala situación que atravesaba el campesinado de la región y reclamando tierra propia para trabajar. Aparecen también organizaciones más centradas en la defensa del ambiente, como es el caso de la Asamblea Popular por el Agua en Gran Mendoza, defensora del recurso hídrico principalmente, aunque se reconoce que en su camino fueron ampliando su repertorio de demandas.

Retomando los tópicos del giro ecoterritorial, encontramos el de bienes comunes que hace referencia a los recursos naturales, pero ya no desde la visión hegemónica que los entiende en términos de mercancía, sino que se apunta a “mantener fuera del mercado a aquellos bienes que por su carácter natural, social, patrimonial y cultural rebasan cualquier precio” (Svampa, Maristella, 2012:22). Bienes comunes, entonces, aparece ligado a la noción de territorio o territorialidad, que apunta a la protección de “lo común” en el marco de una concepción “fuerte” de sustentabilidad; desde esta visión, las redes y grupos autoorganizativos y los diversos movimientos socioterritoriales han ido generando un lenguaje de valoración acerca de la territorialidad, opuesto o divergente al discurso ecoeficientista y a la visión desarrollista que sostienen gobiernos y grandes corporaciones. “En algunos casos estas redes vienen impulsando la sanción de leyes y normativas, incluso de marcos jurídicos que apuntan a la construcción de una nueva institucionalidad ambiental” (Svampa, Maristella, 2012:21). En esta línea la UST realiza prácticas tendientes a la conservación de dichos bienes, especialmente del agua y de la tierra, evitando así la utilización de agrotóxicos en los cultivos, desarrollando esquemas productivos a pequeña escala, cultivando en chacras destinadas al autoconsumo, e impartiendo este pensamiento en la enseñanza que brinda en su Escuela Campesina de Agroecológica1.

La Asamblea, por su parte, organizada bajo la defensa de uno de los bienes comunes más importante para la supervivencia de los ecosistemas como es el agua, se manifiesta contraria a proyectos megamineros metalíferos y cualquier otra actividad económica que ponga en peligro el recurso hídrico, más allá del valor económico que las mismas generen, siguiendo como lema: “El agua de Mendoza no se negocia”. En este sentido realizaron las más variadas acciones para defenderlo, incluso lograron, en un trabajo junto con otras organizaciones, que se sancionara la Ley provincial N°7722 que prohíbe el uso de determinadas sustancias tóxicas en la actividad minera. Así también actuaron en defensa de dicha ley cuando desde los sectores mineros se buscó declarar su inconstitucionalidad. Aunque es necesario aclarar que la organización no solo ha centrado sus esfuerzos en la defensa del agua, sino que también ha realizado diversas prácticas que incluyen marchas, charlas informativas, juntadas de firmas, presentaciones en organismos oficiales, comunicados de prensa2 y otros tipos de prácticas de resistencia en defensa del paisaje y contra la contaminación del suelo, del aire, entre otros.

Cabe resaltar que la protección del agua ha sido un punto de contacto entre ambas organizaciones, y es además, el eje que más las ha movilizado, logrando también interpelar a una buena parte de la sociedad que se ha hecho presente en las diversas actividades de protesta y resistencia organizadas por estos grupos.

Otro de los puntos que recorre el giro ecoterritorial es el concepto de soberanía alimentaria, que hace referencia al derecho de los pueblos a producir alimentos, a decidir qué consumir, cómo hacerlo y quién debe producirlo (Svampa, Maristella, 2012). Ésta noción fue desarrollada por Vía Campesina3 en la Cumbre Mundial de la Alimentación celebrada en 1996 y desde entonces, la temática atraviesa el debate agrario internacional, en especial, en los países latinoamericanos, donde se consolida cada vez más un paradigma agrario basado en los transgénicos (Svampa, Maristella, 2012). En este sentido la UST pone en el centro de discusión la calidad de los alimentos que se producen, defiende el derecho de los pueblos a alimentos sanos, culturalmente adecuados y producidos mediante métodos sostenibles. También promueve el derecho a definir sus propios sistemas agrícolas y alimentarios, apuntando a un modelo de producción campesina sostenible, que favorezca a las comunidades y a su medio ambiente, priorice las necesidades y formas de vida de aquellos que producen, distribuyen y consumen los alimentos, por encima de las demandas de mercado.

Para lograr la soberanía alimentaria desde la organización se trabaja arduamente para lograr encadenamientos agroalimentarios campesinos, a través de la sistematización del trabajo productivo (producción de materias primas, elaboración de los productos y comercialización), la búsqueda de autonomía y la eliminación de los intermediarios que encarecen los costos de producción.

Por otro lado, el giro ecoterritorial guarda una estrecha relación con los denominados movimientos de justicia ambiental, surgidos originariamente en los 80 en Estados Unidos. Los cuales defendían el “derecho a un ambiente seguro, sano y productivo para todos, donde el medio ambiente es considerado en su totalidad, incluyendo las dimensiones ecológicas, físicas, construidas, sociales, políticas, estéticas y económicas” (Svampa, Maristella, 2011:194). Ponían en relieve la desigualdad de los costos ambientales, la falta de participación y democracia, la deuda ecológica, la exclusión y el despojo a los pueblos originarios de sus territorios.

Svampa plantea que el tópico de justicia ambiental está siendo desplazado por el concepto del buen vivir, que actualmente es un “concepto en construcción” y de disputa, basado en la lógica de diversas comunidades indígenas (2011). Este concepto ha adquirido diversos sentidos a lo largo del continente, ya sea que aparece como propuesta de cambio del modelo de acumulación, más allá del primario exportador, hacia un desarrollo endógeno caracterizado por el aprovechamiento de la biodiversidad, o como otra mirada sobre la naturaleza, basada en la ruptura con la ideología del progreso, pero involucrando una fuerte dimensión ambiental. Siguiendo este lineamiento la UST sostiene como principal bandera de lucha la Reforma Agraria Integral, que apunta a que las tierras queden en manos campesinas y no de las grandes empresas multinacionales; que las mismas posean derecho a riego, y no que éste se otorgue solo a los grandes productores; que se siembren y produzcan con semillas criollas alimentos suficientes para la población y no que el objetivo prioritario sea la exportación de materias primas al resto del mundo. Así se promueve desde la organización el trabajo en el campo, se intentan revitalizar prácticas ancestrales tendientes al cuidado de los recursos escasos y de la tierra.

Por su parte desde la Asamblea aparece como un espacio alternativo de lucha contra la megaminería saqueante y contaminante4, por al sentido que los miembros de la organización dan a estas actividades extractivistas, entendiendo que atentan contra la salud de las personas, los recursos naturales, el paisaje y en definitiva la forma de vida de las comunidades. Puede observarse así que ambas organizaciones intentan crear conciencia en el resto de la sociedad de que otra forma de vida es posible: más conectada con las necesidades humanas básicas, lejos del consumismo y el agotamiento de los bienes comunes, y en más cerca del concepto del buen vivir.

Una última temática que se asocia a lo ecoterritorial son los llamados derechos de la naturaleza, que no solo refieren a la perspectiva jurídica, sino que también incluyen visiones filosóficas basadas en la ecología profunda, desplazando la visión antropocéntrica de la naturaleza a una sociobiocéntrica (Svampa, Maristella, 2012). Y que entiende a la misma como un sujeto de derechos que posee valores intrínsecos. Es menester reconocer que en Argentina este debate aún está lejos de darse, distinto a lo que sucede en países como Ecuador que en su Carta Magna incluye el derecho a que se respete integralmente su existencia, y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Sin embargo pueden visualizarse matices de este paradigma emergente en los discursos de organizaciones como la UST y la Asamblea, que abandona la idea del desarrollo como crecimiento ilimitado y la caracterización de naturaleza simplemente como una canasta de recursos o capital.

Situar a la UST y a la Asamblea como manifestaciones concretas del giro ecoterritorial es visualizar este concepto a través de la historia y experiencias de estas organizaciones y nos permite entender el vuelco o la transformación que los movimientos sociales han dado en la resistencia a la imposición de políticas neoliberales, más centrados en cuestiones ambientales, territoriales y culturales. Más allá de las dificultades que atraviesan en el terreno de lo práctico, ambas organizaciones han sabido posicionarse contra el modelo extractivo exportador, haciendo una lectura propia de la realidad provincial y proponiendo una forma distinta de producción con miras a la protección de los bienes comunes.

Asimismo se advierte que el concepto de giro ecoterritorial es una realidad de nuestra región producto de políticas económicas implementadas por los gobiernos multiplicando como contrapartida los conflictos, las tensiones y las resistencias a proyectos extractivos y a la tantas veces prometida ideología de progreso.