Introducción

Uno de los grandes desafíos del presente y del futuro tanto para América Latina como para el resto de la humanidad se encuentra en el hallazgo de caminos que hagan viable las respuestas a las demandas de una población cuyo ingente crecimiento está llevando al planeta al límite de su capacidad como, entre otros numerosos y esenciales roles, proveedor de los recursos naturales que hacen posible el modelo de crecimiento actual. Ante esta tesitura se encontraron los gobiernos que conformaron el ciclo progresista latinoamericano del siglo XXI al heredar severas crisis sociopolíticas tras el fracaso de los gobiernos neoliberales que aplicaron las recetas del Consenso de Washington. La ola progresista coincidió a su vez con un aumento del precio de las materias primas que otorgaba la posibilidad a un Estado presente de redistribuir los beneficios y mejorar las condiciones heredadas.

Sin embargo, la focalización en los problemas urgentes dejó de lado el impacto medioambiental producido por los mecanismos que permitieron el fuerte crecimiento económico, a la vez que se estigmatizaron las luchas ambientales y en defensa de los territorios produciendo, en consecuencia, fricciones y resistencias desde sectores que, inicialmente, fueron afines a estos gobiernos. La República Argentina, dada su variada riqueza en recursos naturales, se ha convertido en un punto de continuas disputas. En consecuencia, tanto el extractivismo como sus resistencias han despertado un gran interés en la academia. Ejemplo de lo anterior son las numerosas publicaciones sobre el rol del Estado argentino ante el extractivismo y los proyectos de las corporaciones, así como las consecuencias medioambientales del modelo impulsado (Acosta, 2009; Gudinas, 2009, 2012; Comelli, Hadad y Petz, 2010; Svampa 2011 y 2012; Giarraca y Teubal, 2013; 2014; Svampa y Viale, 2014, Fornillo, 2018, Gómez-Lende, 2019)

La insostenibilidad de estas prácticas dio paso a lo que se ha denominado como un giro ecoterritorial de los movimientos sociales, es decir, su conversión en actores de resistencia a los proyectos extractivos y la exportación masiva de recursos naturales (Svampa 2011 y 2012;Rodríguez y Romano, 2018). En este contexto, existe una amplia bibliografía dedica al estudio de la movilización social contra las diversas variantes del extractivismo, como el minero en Neuquén (Commelli, Haddad y Petz, 2010; Hadad, 2017), Catamarca (Lamalice y Klein, 2016) o San Juan y Jujuy (Carrizo, Forget y Denoel, 2016). También se ha abordado la movilización contra las represas en Misiones (Castro Buzón, 2016) o la que compete al sector agrario en Salta (Flores Klarik, 2019) o Buenos Aires (Guirado, 2013; Barzola, 2019). El fracking, por su parte, ha sido estudiado por autores como Gutiérrez Ríos (2014), Svampa y Acacio (2017) o Christel y Novas (2018).

Este ensayo, de carácter exploratorio y descriptivo, pretende ser un punto de inicio para el desarrollo y apertura de posibles líneas de investigación sobre un caso no estudiado. Se trata de la disputa sobre la aplicación del fracking en Benito Juárez, capital del partido del mismo nombre en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Para ello, se aborda el rol de los gobiernos progresistas, la empresa semiestatal Yacimientos Pretrolíferos Fiscales (YPF), la oposición y los movimientos sociales de resistencia en cuanto al fenómeno del fracking, así como las dinámicas y relaciones producidas entre los actores a partir de sus posiciones y acciones frente al mismo. Los actores abordados serán el movimiento vecinal Benito Juárez SIN Fracking (BJSF), la intendencia de Julio Marini del Frente para la Victoria (FPV), la oposición encarnada en la Unión Cívica Radical (UCR) e YPF. Tanto las acciones vecinales como las institucionales y las de la empresa fueron seguidas con atención por la prensa local y regional, en consecuencia, nuestras fuentes primarias serán, teniendo en cuenta sus limitaciones, artículos periodísticos y crónicas, especialmente de El Fénix Digital, periódico juarense que siguió con gran interés las acciones de los actores involucrados. Además, se entrevista a una activista de BJSF a la que llamaremos Liliana¹.

Las preguntas a responder son las siguientes: ¿Qué posturas adoptaron los actores implicados respecto del fracking en Benito Juárez?, ¿por qué?, ¿qué objetivos tenían?, ¿qué acciones y mecanismos utilizaron para conseguirlos?, ¿qué consecuencias e influencia tuvo la resolución del conflicto en las problemáticas sociales y medioambientales posteriores?

La relevancia del tema se encuentra en diversos elementos. Primero, en la necesidad de entender las razones que llevan a gobiernos considerados progresistas a persistir en la aplicación del modelo extractivista, en este caso, a nivel municipal. Segundo, en la urgente necesidad de visibilizar las problemáticas medioambientales de las pequeñas poblaciones que, como en el caso de Benito Juárez, no han sido abordadas desde la academia. Tercero, en la relevancia del surgimiento de exitosos movimientos de resistencia desde abajo como ejemplos estratégicos y metodológicos útiles en conflictos similares. Y cuarto, en la utilidad de visibilizar las estrategias adoptadas por el sector extractivista, en este caso YPF, para defender su imagen e intereses ante la efectividad de la movilización ciudadana.

El cuerpo del ensayo se divide en tres bloques atendiendo al tipo de actor abordado. El primero se centra en Benito Juárez SIN Fracking como el actor representante de la resistencia de la sociedad civil ante el fracking. El segundo se encarga de la respuesta de YPF ante la efectividad del reclamo ciudadano y el daño que el mismo estaba causando a su imagen y, en consecuencia, al gobierno en el poder del Estado como propietario mayoritario. Finalmente, el tercero se ocupa de los actores políticos, es decir, del FPV como ente oficialista y de la Unión Cívica Radical como oposición.

Extractivismo y actores sociales

Los movimientos sociales latinoamericanos han concentrado gran parte de su atención en las cuestiones medioambientales, especialmente contra lo que se ha denominado el modelo extractivo:

Se trata de un modelo vinculado al recurso natural e impulsado con gran ahínco por grandes empresas transnacionales que dominan sectores claves de la producción y comercialización, así como las tecnologías utilizadas en estos procesos. Si bien constituye un modelo remitido originalmente a la extracción de minerales […] también tiene que ver con la extracción del petróleo y con cierto tipo de agricultura como el modelo sojero y otros identificados como agronegocio (Giarraca, Norma y Teubal,Miguel, 2013: 20).

El extractivismo se caracteriza, a su vez, por ser insostenible. En algunos casos, como el de la minería, se debe a que los materiales extraídos y utilizados no pueden ser reproducidos. Por su parte, en lo referente al agro, la insostenibilidad del extractivismo se debe a su dependencia de recursos escasos como el agua, la tierra fértil o la biodiversidad (Giarraca y Teubal, 2013: 21).

Este artículo se centra en el caso concreto del fracking, en castellano fractura hidráulica, que es una técnica extractiva que permite acceder tanto al shale oil como al shale gas, hidrocarburos no convencionales que se encuentran en capas de roca ubicadas a gran profundidad. Una vez que la perforación alcanza la roca de esquisto se procede a inyectar enormes cantidades de agua con arena y químicos que, al chocar a gran presión, fracturan la roca liberando, entre otras sustancias, el gas metano, que regresa junto al fluido (Martins, Alejandra, 2014).

Un informe conjunto de Concerned Health Professionals of New York (CHPofNY) y Physicians for Social Responsibility (PSR) concluía que diversas investigaciones desde los más variados ámbitos “demuestran que el fracking plantea importantes amenazas para el aire, el agua, la salud, la seguridad pública, la estabilidad climática, la estabilidad sísmica, la cohesión comunitaria y la viabilidad económica a largo plazo” (Concerned Health Professionals of New York y Physicians for Social Responsibility, 2017).

Para comprender tanto las acciones de BJSF como las de la política municipal, se debe tener en cuenta la toma de control de YPF por parte del Estado argentino el 3 de mayo de 2012 al poseer el 51% de sus acciones, suceso que Gutiérrez Ríos describe, en referencia a los hidrocarburos, como “el principal giro político […] desde el período neoliberal” (Gutiérrez Ríos, Felipe, 2014: 39). Bajo argumentaciones acerca del incumplimiento de inversión pactadas y a favor de la soberanía energética, la necesidad de autoabastecimiento energético y un potencial impacto positivo para la economía argentina, el giro supuso también un daño directo a las comunidades locales, sus derechos y la discusión democrática, siendo el fracking un elemento central. De esta manera, se identifica el rol de la YPF mixta como el “puente entre la política pública y las demandas corporativas” dando lugar a lo que Cabrera definió como el “Estado empresario” (Gutiérrez Ríos, Felipe, 2014: 40).

Con el objetivo de completar su proceso de hallazgo de hidrocarburos, la empresa YPF presentó en 2013 su Plan Exploratorio Argentina, el cual consistía en una revisión integral de cuencas sedimentarias, análisis de 24 cuencas a nivel regional, la visualización de áreas de interés prospectivo, el reconocimiento de áreas en 14 provincias, perforación de 25 pozos de estudio en provincias no petroleras y el registro sísmico en 2D y 3D (Colo, Carlos, 2013: 5). Pero el interés de YPF en la zona no se limita al gas de esquistos, como declaró Galuccio en agosto del 2012, la Cuenca de Claromecó también cuenta con un potencial de gas de manto (YPF y la Cuenca, 2014).

Para comprender las lógicas de funcionamiento de los dos principales actores políticos de Benito Juárez ante el conflicto del fracking, el FPV en el gobierno y la UCR en la oposición, es necesario entender el contexto nacional y provincial, así como su impacto en la realidad municipal. Por una parte, el control de YPF por parte del Estado convirtió a la empresa en un símbolo del gobierno de la presidenta Cristina Fernández, haciendo de su éxito o fracaso un elemento fundamental de la disputa política y un medidor relevante a nivel mediático y social del desempeño de su gestión. Esta realidad, sumada a los efectos y dificultades en la obtención de inversión extranjera debido a lo que Gutiérrez Ríos describe como un “boicot internacional” (2014: 47) en respuesta a la expropiación de YPF y las necesidades energéticas estatales, fue abordada por el Estado argentino mediante el fomento y el máximo apoyo a las metodologías no convencionales, sin tener en consideración los costos medioambientales ni sociales para las zonas donde estas se aplicaban.

Similar es el caso de la provincia de Buenos Aires, gobernada por Daniel Scioli del FPV (2007-2015). Siguiendo la línea del gobierno nacional, el gobernador bonaerense apoyó los proyectos de YPF a pesar de la fuerte oposición ciudadana en los municipios. Esto se puede explicar a través de la reconocida inviabilidad de la provincia de Buenos Aires en términos de financiación y también en el artículo 124 de la Constitución nacional de 1994, donde se establece que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”, si bien el Estado puede regular las actividades como de hecho ha sucedido con los hidrocarburos (ECYT-AR, 2017). La potencialidad de obtener estos recursos y el consecuente aumento de ingresos para la provincia explican en buena medida la posición de la gobernación.

Vecinos en movimiento: Benito Juárez SIN Fracking

La gente común parece haber intuido con claridad la situación. Aunque no pueda articular esa intuición en términos teóricos, expresa en comportamiento sus percepciones y anticipaciones. Muchos millones, quizá miles de millones de personas, están en movimiento para enfrentar con ánimo renovado la turbulencia actual.

Fuente: Gustavo Esteva, 2012

Benito Juárez SIN Fracking se autodefine como un “movimiento independiente de juarenses autoconvocados por la conciencia socio-ambiental” (Benito Juárez SIN Fracking, 2012). El movimiento surge en Benito Juárez en 2012, coordinado por Sofía Itthurrart, Fernanda Bastul, Sonia Campos y Ricardo Rodríguez, quienes convocaron las asambleas en la plaza Independencia, punto clave de la ciudad al estar situada frente al palacio municipal. Si bien las asambleas eran organizadas por los coordinadores, las decisiones se tomaban de forma asamblearia al ser votadas por los asistentes. El movimiento no se identifica con ningún color político concreto. El origen de sus miembros es variado y tienen en común la preocupación por la situación medioambiental juarense, por lo que se trata de un proyecto transversal (Liliana, comunicación personal, 26 de enero de 2020).

Guiado por el reglamento de la Unión de Asambleas Ciudadanas, el objetivo principal de BJSF fue conseguir la declaración del municipio como libre de fracking (Liliana, comunicación personal, 26 de enero de 2020). El hecho clave fue el anuncio, por parte de la empresa YPF, de la existencia de convenios con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, al incluir en su Plan Exploratorio 2013-2017 a la Cuenca de Claromecó (Núñez, Victoria, y Ricci Liajovetzky, Gabriel, 2014). De este hecho fueron alertados los coordinadores por parte de María Argeri, profesora de la Universidad de Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, quien los contactó por redes sociales y se desplazó a Benito Juárez, junto a otros académicos, para informar a los vecinos en la biblioteca pública de la ciudad (Liliana, comunicación personal, 26 de enero de 2020).

En un contexto de preocupación a nivel provincial y ante la percepción de una inminente aplicación del fracking en la Cuenca de Claromecó, BJSF comenzó sus actividades en colaboración y comunicación con los otros 14 municipios de la cuenca (Laprida, San Cayetano, General La Madrid, Tres Arroyos, Saavedra, Coronel Suárez, Coronel Pringles, Monte Hermoso, Gonzáles Chaves, Coronel Dorrego, Tandil, Bahía Blanca, Coronel Rosales y Tornquist). Además, tejió redes colaborativas a la vez que se inspiró en las formas organizacionales y de acción colectiva de los movimientos propios de provincias donde el fracking es una realidad, como Entre Ríos, Río Negro y Neuquén. Esto se debe a que el colectivo considera que “la consolidación del poder popular en todos los municipios de la Cuenca de Claromecó nos permitirá hacer frente a las medidas antipopulares que, como el fracking, diseña el poder económico privado asociado al Estado” (La asamblea, 2014). Los lazos con la asamblea de Neuquén y el Observatorio Petróleo Sur se consolidaron a través de formación a los activistas y charlas a los vecinos juarenses (Liliana, comunicación personal, 26 de enero de 2020). Si bien ningún miembro del movimiento tenía formación especializada en temáticas medioambientales, sí existió un gran esfuerzo en formarse, también de forma autodidáctica. En este caso fue relevante, señala Liliana, el asesoramiento de Maristella Svampa, reconocida especialista y académica de la Universidad Nacional de Córdoba (Liliana, comunicación personal, 26 de enero de 2020).

Otra influencia relevante de BJSF son los movimientos populares europeos como el búlgaro y el francés. Sin embargo, los referentes más destacados son nacionales, especialmente los de Guaminí, Coronel Dorrego, Tornquist o Coronel Suárez que señalaron el camino al conseguir la declaración de sus municipios como “libres de exploración y/o explotación de gas no convencional mediante fracking” ("El tema del fracking”, 2014).

Como ejemplo del accionar del movimiento, tomaremos la cuarta asamblea vecinal acaecida en la plaza Independencia el 11 de enero de 2014, debido a su condición de exponente máximo de la transversalidad y alcance que caracterizó al movimiento. Los cronistas señalan que la misma contó con la presencia de referentes de organizaciones no gubernamentales, instituciones privadas, docentes, miembros de la oposición y vecinos, destacando el número e implicación de la población joven. En la misma se informó al público general sobre la metodología de extracción a la vez que se comunicaba el avance de la exploración de la Cuenca de Claromecó, así como las victorias conseguidas en 4 de los 15 municipios vecinos. El carácter de la asamblea es abierto y comunicativo, como demostró la disponibilidad del uso de la palabra a unos concurrentes que aportaron tanto sus opiniones sobre el desempeño del movimiento como propuestas estratégicas para acciones futuras. Finalmente, se leyó un acta de registro y se procedió a la votación a mano alzada de las mociones propuestas (No al fracking, 2014), reflejando su modelo “horizontal y pluralista” (La asamblea, 2014) cuyas decisiones se toman a través de la democracia directa y participativa.

Las líneas de acción fundamentales establecidas por el movimiento tenían dos públicos diferenciados. Por una parte, la comunidad juarense, hacia la cual se diseñó una estrategia comunicacional con el objetivo de sumar a los vecinos a la causa y aumentar su poder de presión. Para aumentar el atractivo de las asambleas y fomentar el caudal vecinal se contó con la presencia de reconocidas figuras regionales y nacionales, como fue el caso de Félix Herrero, conocido por su participación en un documental de gran impacto en el movimiento, como el documental de Pino Solanas La guerra del fracking (2013) (No al fracking, 2014). La estrategia comunicacional no se limitó a las asambleas locales en plazas públicas, también se procedió al reparto de folletos informativos y a la realización de juntas de firmas por los domicilios del municipio y se ocuparon espacios como bibliotecas y escuelas donde, además de debates y charlas, se organizaron conciertos, se realizaron programas radiofónicos y se proyectaron películas y documentales sobre el fracking, lo que llevó el mensaje a una multiplicidad de sectores. Efectivo fue también el uso de las redes sociales. Algunas de las actividades del movimiento fueron grabadas y difundidas mediante plataformas digitales como YouTube, convirtiéndose en herramientas de difusión junto a los comunicados presentados en su página de Facebook, elemento fundamental al permitir no solo el fácil acceso a la información tanto dentro como fuera del municipio, sino también debido a su capacidad de facilitar la interacción y el debate entre participantes, vecinos y figuras de la política local y regional.

El segundo público al que las acciones se dirigían fue el poder político, hacia el cual se estableció una estrategia de presión continua sin confrontación directa (No al fracking, 2014). En consecuencia, BJSF utilizó una fuerte presión al gobierno municipal y a los integrantes del concejo deliberante con el objetivo de que sacaran adelante una ordenanza prohibiendo el fracking, lo que se llevó a cabo mediante numerosas movilizaciones, ingresos al pleno y reuniones con representantes institucionales. Ejemplo de esto último fue la reunión del 6 de enero de 2014 en el Salón Dorado, con presencia del oficialismo, el Frente para la Victoria, y de todos los grupos de la oposición: la Unión Cívica Radical, el Frente Renovador y Unión con Fe. En un debate medioambiental de más de dos horas donde se trataron temáticas variadas con el foco principal puesto en el fracking, se urgía al oficialismo a tomar una posición clara ante el avance de prospecciones en la zona cercana de Bunge. El movimiento transformó la reunión en una asamblea y utilizó consignas como “se está a favor de la vida o se está en contra” y declaró que de no responder a la demanda “las consecuencias a la salud y a la vida, la sentirán ellos mismos y toda la población” (El debate, 2014).

Tanto las campañas de concienciación y adhesión, que llegaron a reunir a más de 200 personas en las plazas, como las presiones al gobierno dieron sus frutos, y el 11 de junio de 2014 se firmaba la ordenanza, aunque sin unanimidad, que establecía la prohibición de la utilización de agua para fracking (no el fracking per se) en Benito Juárez, convirtiéndolo en el octavo municipio de la cuenca en conseguirlo. Como explica Liliana, “presentamos ese segundo proyecto sabiendo que para crear los pozos se usan muchísimos litros de agua y, al no poder extraerla de nuestras napas, iba a resultar imposible realizar las explotaciones” (Liliana, comunicación personal, 28 de enero de 2020).

Los participantes del movimiento encuentran las razones de la consecución del objetivo en la capacidad aglutinadora del movimiento, lo que proviene de su dinamismo, especialmente de la participación de los jóvenes, fundadores de la asamblea, y su capacidad de movilizar a sus padres y madres, así como a las generaciones mayores (Vecinos, 2014).

La consecución del objetivo central del movimiento no significó su disolución inmediata ni la desaparición de su influencia. Esto se debe a su constitución como un ejemplo de movimiento social a seguir en la metodología comunicacional y en la presión a los gobiernos locales, tanto dentro como fuera del municipio, así como a su participación en otras demandas medioambientales. En referencia a lo primero, el éxito de Benito Juárez SIN Fracking dio lugar a la formación de nuevas plataformas en el municipio. Claro ejemplo de lo anterior es el caso del Movimiento de Desocupados de Benito Juárez (MDBJ), cuyo representante, Diego Gedes Merlino, denominó a BJSF, en los medios locales, como un ejemplo para “cambiar la realidad” a través de la reunión y la acción (Realidad social, 2014).

Como indica Touraine “los movimientos sociales no se limitan a un objeto particular sino que constituyen una mirada general sobre la vida social” (1993, 24). El caso de BJSF no fue diferente. En cuanto al medioambiente, si bien el foco central de BJSF estuvo siempre en la fractura hidráulica, también incluyó en sus actos y debates con los representantes de la política institucional temáticas como los agrotóxicos y los transgénicos (Vecinos, 2014), asuntos en los que centraría su accionar informativo a partir del fin de la amenaza del fracking. Lo anterior se explica en el despertar de una conciencia medioambiental en la comunidad. La experiencia personal y continua de la disputa contra el fracking hizo más receptivo, empático y consciente al movimiento, y también a la población, de los diferentes desafíos que afronta tanto la región como el país. Los diferentes talleres y asambleas informativas jugaron un papel fundamental en la formación de una comunidad interesada en profundizar su conocimiento sobre el extractivismo.

Finalmente, cabe destacar las acciones de resistencia en lo referente a la instalación de una central termoeléctrica en Barker y la planta fabril Kioshi Stone SA. Como es de relieve y afirmaba una vecina a través del diario local “Benito Juárez SIN Fracking […] sacudió la comodidad de una democracia delegativa” poniendo de manifiesto que “los representantes son nuestros interlocutores, no solo intérpretes de nuestros intereses; que podemos intervenir, y que las puertas del palacio municipal deben estar abiertas también para los vecinos” (Núñez, Victoria, y Ricci Liajovetzky, Gabriel, 2014). Pero el camino a la consecución del objetivo no fue corto ni fácil debido tanto al rol desempeñado por el gobierno municipal como a la interferencia de YPF. El movimiento dejó de reunirse y cesó sus actividades en 2019.

La reacción de YPF a la presión ciudadana

Ante el efecto dominó que amenazaba con llevar a una prohibición del fracking en toda la región, YPF decidió intervenir en Benito Juárez para evitar que el creciente apoyo social a BJSF y la efectiva presión sobre los concejales municipales diera sus frutos. En consecuencia, YPF envió representantes al municipio a explicar el proyecto. En primer lugar, mantuvieron un encuentro con la prensa, después con los concejales y, finalmente, con representantes de instituciones, empresas, ambientalistas, el funcionariado encargado de la gestión y público en general. Ahora bien, tanto el objetivo real como el público que importaba estaba claro: convencer a los concejales de no firmar la ordenanza de prohibición. El ingeniero y gerente de relaciones institucionales de YPF, Gonzalo López Nardone, fue categórico: “No existe ningún proyecto de fracking o búsqueda de hidrocarburos en la provincia”, contradiciendo tanto el anuncio del gobernador Daniel Scioli como el contenido del Plan Exploratorio Argentina o sus propias declaraciones en otros municipios, donde afirmó lo contrario (Proyecto de fracking, 2014).

Los representantes de YPF fueron acompañados por miembros del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), descrito por el geógrafo Roberto Ochandio como una “empresa publicitaria organizada y financiada por las compañías petroleras” cuya función es “presentar al gobierno y al público en general una cara amable y positiva de la explotación de hidrocarburos y ocultar expresamente cualquier efecto colateral que puedan producir estas explotaciones” (YPF y la Cuenca, 2014). Sean estas conclusiones exageradas o no, atendiendo estrictamente a sus declaraciones en la reunión con los concejales de Benito Juárez, su veracidad no parece descartable. Esto se debe a la defensa de falsedades como la inexistencia de pruebas de que la fractura hidráulica contamine en los Estados Unidos, desmontado por numerosos estudios como el de la United States Environmental Protection Agency (2016). También se afirmó que la seguridad de una potencial aplicación en la zona se basa en una mayor profundidad de los yacimientos provinciales e, incluso, en el hallazgo por parte de técnicos argentinos de mejoras en las metodologías importadas de los Estados Unidos, las cuales no supieron explicar (YPF y la Cuenca, 2014). Continuamente asesorados por los especialistas, los activistas de BJSF fueron conscientes de las contradicciones e inexactitudes presentes en las argumentaciones del oficialismo.

Finalmente, el movimiento de YPF no fue efectivo y fracasó en el intento de reducir tanto el impacto de las estrategias comunicacionales como el accionar de los movimientos provinciales que iban consiguiendo la prohibición del fracking y, en consecuencia, la inviabilidad de los proyectos empresariales y estatales. Ante el creciente, fuerte y ya consolidado rechazo popular a la actividad extractiva, los representantes de YPF se vieron obligados no solo al intento de desinformar a la sociedad, sino también a negar la existencia de proyectos ya aprobados, defendidos y publicitados por el gobierno provincial. Ahora bien, aunque las explicaciones no fueron efectivas en la sociedad, sí fueron esgrimidas por el oficialismo para justificar la negativa a firmar la ordenanza, y si bien solo alcanzó para ganar tiempo, el fracking no fue prohibido tras la intervención de la empresa.

La política institucional ante el conflicto del fracking en la Cuenca de Claromecó

Las necesidades económicas y políticas tanto del gobierno provincial como del nacional son elementos fundamentales para entender el comportamiento de la intendencia de Julio Marini. Alineado políticamente con el gobierno nacional y con un gobierno provincial del que es directamente dependiente para la financiación del municipio, el FPV se mostró inicialmente reacio a la prohibición del fracking en Benito Juárez, debido sobre todo a que lo propio hubiese supuesto un enfrentamiento con instancias superiores y posibles represalias en financiamiento. Ante los reclamos de BJSF, el FPV “encaraba nuestros reclamos con dilaciones, chicanas y descalificaciones permanentes (entre otras miserias naturalizadas de la política)” (Oliver, Sebastián, 2014). Por su parte, la oposición liderada por la UCR se posicionó en contra del fracking desde el comienzo, esto se ve reflejado en la sesión del Concejo Deliberante del 11 de octubre de 2013, donde pasó a comisión el “proyecto de Ordenanza del bloque de la UCR para la prohibición de la explotación petrolera por el sistema fracking”. De esta manera, la UCR aprovechó de forma efectiva el creciente apoyo social a las demandas de BJSF, a lo que hay que sumar su continua comunicación con el colectivo y la presencia recurrente de sus representantes en los actos públicos organizados por el movimiento.

El segundo gran efecto de la presión popular sobre los representantes políticos se manifestó con la convocatoria del debate del 6 de enero de 2014 y la toma de posición de todos los partidos de la oposición a favor de la prohibición con la suma del Frente Renovador y Unión con Fe, así como el compromiso por parte del oficialismo de presentar la suya el 27 de enero del mismo mes (El debate, 2014). Presionado por la demanda popular y su necesidad de no confrontar con el gobierno provincial, el FPV encontró en la ya mencionada visita de los representantes de YPF el bálsamo de oxígeno que necesitaba. A pesar de que las argumentaciones de la empresa no fueron bien recibidas por el movimiento vecinal, sí sirvieron al FPV para sostener su posición, lo que se vio reflejado en las declaraciones de Ramiro Peón al afirmar que “las explicaciones de YPF fueron claras, objetivas en sus conceptos, y dejaron bien claro que YPF no tiene en este momento un proyecto de explotación de hidrocarburos en la Cuenca” (Las explicaciones, 2013).

Por su parte, la oposición utilizó el descontento de la población con las respuestas de YPF para fortalecer su posición de que la única manera de garantizar la no aplicación de fracking en la Cuenca, según Juan Manuel Pérez, era la legislación (Las explicaciones, 2013). Tras sendas reuniones con los reconocidos geógrafos y especialistas en fracking Roberto Ochandio y Eduardo Scardapane respectivamente, el FPV decidiría si firmar o no la ordenanza (Bloque oficialista, 2014). Finalmente, sin argumentos para negar la idoneidad de la prohibición, el oficialismo jugó su última carta al argumentar que la normativa sobre hidrocarburos es competencia provincial por lo que la firma de la ordenanza no sería viable y, el 13 de febrero, votó en contra de la misma. Consciente de esta situación, la UCR presentó, el 27 de enero, una ordenanza para prohibir la utilización de agua para fracking ya que este recurso sí es competencia municipal (El radicalismo, 2014). De esta manera, un FPV cuya gestión se enfrentó a una continua y desgastante presión vecinal, vio desarticulado su último argumento para impedir la aplicación de la fractura hidráulica. Por tanto, la combinación de las insistentes acciones de concienciación y de presión de BJSF y del trabajo institucional de la UCR dio sus frutos. El 11 de junio de 2014 el FPV presentaba una ordenanza copiada literalmente de la presentada por la UCR y ésta era votada favorablemente (El radicalismo, 2014).

El cambio de postura del FPV no significó un punto de inflexión, ya que no acompaño las disputas de BJSF sobre los agroquímicos ni impidió la instalación de la termoeléctrica en Barker por parte de MSU Energy. Más compleja fue la situación de la UCR tras los cambios de gobierno a nivel nacional y provincial ocurridos en 2015, donde accedió al poder formando parte del frente Cambiemos, que también se conformó en Benito Juárez. Las posturas medioambientalistas de varios concejales chocaron de lleno tanto con las del gobierno nacional de Mauricio Macri y el provincial de María Eugenia Vidal, que impulsaron la instalación de termoeléctricas (HCD, 2015), resultando en posturas diversas y enfrentadas dentro de la coalición. El ejemplo más claro del cambio fue la votación, del Cambiemos juarense, contra la propuesta del FPV de prohibir la fumigación de la planta urbana.

Conclusiones

Como pudimos observar, el movimiento Benito Juárez SIN Fracking encarnó en el municipio la resistencia ciudadana a la metodología extractivista no convencional, siendo su objetivo fundacional conseguir la prohibición de su aplicación en la Cuenca de Claromecó. Su nacimiento y carácter pluralista y horizontal fueron inspirados por movimientos medioambientalistas nacionales e internacionales. Con los primeros colaboró activamente poniendo el foco en dos actores diferenciados. Por una parte, la población, hacia la cual se dirigieron potentes campañas comunicacionales con el fin de sumar apoyos para ganar influencia y capacidad de presión sobre el segundo actor, el poder político, poseedor de las facultades para ejecutar la prohibición. El apoyo popular a su causa se consiguió mediante acciones sobre el terreno como asambleas, programas de radio, debates, conferencias, reparto de folletos informativos o conciertos, así como de una gran actividad en las redes sociales, utilizadas tanto para difundir material audiovisual informativo como para convocar actos o dialogar con otros movimientos, vecinos o representantes institucionales.

Por otra parte, la capacidad de presión sobre el poder político cosechada mediante estas acciones se utilizó de forma visible y simbólica con la presencia de representantes de BJSF en los plenos del Honorable Concejo Deliberante. Si bien la consecución de la declaración de Benito Juárez como municipio libre de fracking no fue hecha ley, sí se consiguió la firma de una ordenanza prohibiendo el uso de agua para tal actividad el 11 de junio de 2014, siendo su resultado la imposibilidad de la ejecución del fracking. Si bien BJSF había cumplido su principal objetivo, su actividad no cesó inmediatamente y tanto antes como después de la prohibición entró en un proceso de diversificación de acciones, como demuestran sus campañas informativas y reclamos sobre agroquímicos, transgénicos o la instalación de la central termoeléctrica en Barker. BJSF representa un ejemplo, entre tantos de la Cuenca de Claromecó, de la capacidad de cambio latente en un pueblo movilizado, convirtiéndose en un ejemplo empoderador para otras causas sociales como las de los desempleados.

BJSF contó como aliado con la Unión Cívica Radical, principal partido de la oposición, lo que se vio reflejado en la presencia de sus concejales en los actos de BJSF pero, más importante aún, en su actividad en el concejo deliberante siendo el partido que promulgó la proposición de las ordenanzas para prohibir el fracking primero, así como la de la prohibición de utilizar el agua para la actividad después. Si bien durante el conflicto el compromiso con el medioambiente parecía claro, la suma a un movimiento con fuerte apoyo vecinal no puede desligarse de un intento de rédito político y electoral, como pudo observarse en la división de posturas una vez fue el frente Cambiemos, del que la UCR forma parte, quien pasó a ostentar el poder provincial y nacional a partir del 2015, con el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal como entusiastas y promotores de la instalación de centrales termoeléctricas.

El apoyo y defensa de las virtudes del fracking y, por tanto, los rivales de BJSF en el conflicto fueron con claridad el FPV y la empresa semiestatal YPF. Ante el aumento del rechazo juarense a la fractura hidráulica y la creciente presión en favor de su prohibición, el FPV pasó de ignorar las demandas a intentar revertir la postura ciudadana. Su socio en esta empresa fue YPF, que mantuvo charlas con prensa, ciudadanía y concejales muy poco efectivas, negando la existencia de planes exploratorios previamente anunciados por el gobierno primero, y defendiendo la seguridad del fracking después. Este apoyo no consiguió revertir la mala imagen de la empresa o el rechazo al fracking, provocando el efecto contrario, sin embargo, sí dio un respiro al FPV y un elemento al que agarrarse para justificar su votación en contra de las ordenanzas anti-fracking.

La postura del FPV juarense debe entenderse atendiendo al contexto nacional y provincial. Por una parte, la semiestatización de YPF la convertía en un símbolo de la gestión de la presidenta Cristina Fernández, haciendo su éxito fundamental para la valoración de su gobierno, así como para el objetivo de autoabastecimiento nacional. Por otra parte, la exploración de potenciales yacimientos y su explotación mediante el fracking resultaban atractivos para la gobernación de Daniel Scioli, que enfrentaba problemas económicos estructurales. De esta manera, la postura del FPV con Marini a la cabeza puede explicarse tanto en su voluntad de acompañar el proyecto nacional y provincial del partido, como en su relación de dependencia económica y política del gobierno de Scioli.

El análisis del caso de Benito Juárez pone de relieve no solo el poder de la movilización popular en el ámbito municipal y provincial, sino la encrucijada en la que se encuentran los partidos progresistas latinoamericanos y mundiales en un mundo cada vez más desigual y con cada vez más escasez de recursos. En este caso se optó por dar prioridad a necesidades que se consideraban urgentes, lo que llevó a los diferentes niveles de gobernanza del FPV a ignorar, inicialmente, las consecuencias del daño medioambiental del fracking.

La exploración de este caso particular ayuda a dar visibilidad a los conflictos y resistencias presentes en un partido ignorado por la academia como es el caso de Benito Juárez, a la vez que permite sugerir algunas líneas de investigación para los ámbitos del extractivismo, los movimientos sociales y la política. En primer lugar, cabe preguntarse, tomando en cuenta el caso de la UCR, en qué manera son capaces las estructuras políticas locales opositoras de navegar las contradicciones y tensiones que surgen cuando pertenecen y dependen de estructuras provinciales y nacionales que están en el poder. En este caso, en un contexto de ideologías no solo diversas sino contrapuestas en el terreno medioambiental, como ocurrió tras su inclusión en la coalición Cambiemos.

De interés es también la reacción y reorganización, así como el nuevo accionar colectivo de BJSF al perder a su aliado institucional. Es también relevante preguntarse si, ostentando todavía el poder local pero sin la necesidad de acompañar políticamente al gobierno nacional ni al provincial, el FPV construyó un nuevo discurso en relación con la cuestión medioambiental y se acercó a BJSF intentando ocupar el hueco dejado por la UCR, así como los efectos que la producción o no de estos cambios tuvo en la cuestión medioambiental juarense.

El tiempo histórico para la protección medioambiental no es otro que ahora y, en el caso de Benito Juárez, quienes defienden esta tesis consiguieron lo que es apenas una pequeña victoria en el contexto mundial, pero de valor incalculable para sus generaciones futuras.

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Notas