Resumen: Este texto pretende abordar el tema de la ciudadanía desde la perspectiva de la psicología crítica. Para ello, primero se problematiza los alcances y las limitaciones de los acercamientos disciplinares de la psicología a esta categoría en la actualidad, para luego reflexionar sobre algunos atisbos teórico-epistemológicos que puedan servir de insumo para la elaboración de un aparataje teórico que atienda desde una mirada psicopolítica el problema de la ciudadanía.
Palabras clave:CiudadaníaCiudadanía,subjetivación políticasubjetivación política,tecnología de gobiernotecnología de gobierno.
Abstract: The current article intends to approach the process of citizenship from the perspective of critical psychology (more specifically, liberation psychology of second generation). In order to achieve this, it is firstly necessary to problematize the current scopes and limitations of psychology disciplinary approaches to this field. Secondly, we will reflect on new epistemological and theoretical views which may be useful in the construction of a theoretical framework that addresses the citizenship problem from a psycho-political perspective.
Keywords: Citizenship, political subjectivity, government technologies.
Estado y Movimientos Sociales en Nuestra América
Procesos de ciudadanización en la construcción de subjetividades políticas: Una aproximación teórica.
Citizenship processes in the construction of political subjectivities: a theoretical approach
Recepción: 25 Febrero 2019
Aprobación: 26 Septiembre 2019
Ciertamente, la ciudadanía es una palabra ya trillada para la vida política común de las democracias liberales occidentales, suele ser la forma con la que los gobernantes eufemizan a sus gobernados1, también piedra angular con la que el proyecto neoliberal ha cimentado su “crisis de gobernanza” y por si fuera poco, una palabra a recurrir para cualquier proyecto civilizatorio cuando de colonizar subjetividades “salvajes e indómitas” se trata2. En (nuestra) América Latina, un trozo de continente marcado por la desigualdad y el despojo bajo la investidura de gobiernos neoliberales, la ciudadanía parece señalar la cartografía de la exclusión material y la supresión simbólica de millones de cuerpos y subjetividades en la región.
Siendo así, la ciudadanía en su acepción convencional es la forma que tiene el Estado-nación para definir a su comunidad política dentro de un territorio determinado (Marshall, Thomas, 1964; Bottomore, Tom, 2007). Como se analizará más adelante, esta acepción definitoria lleva consigo prácticas de normalización, disciplinamiento y sujeción, además de ser un mecanismo tabulador de privilegios (y exclusiones) de raza, clase, género, entre otros. Pero, sobre todo, puede ser entendida como un dispositivo mediante el cual se produce un tipo particular de “subjetividad ciudadana”, es decir, una forma se subjetivación dentro del orden del Estado-nación.
Es en este panorama, en el que una visión psicosocial y primordialmente psicopolítica del vínculo entre ciudadanía y subjetividad constituye una necesidad central para entender las formas en que los individuos son sujetados y producidos como ciudadanos. Por lo tanto, en este texto se pretende abordar el tema de la ciudadanía desde una perspectiva psicológica crítica. Para ello, primero se problematiza los alcances y las limitaciones de los acercamientos disciplinares de la psicología a esta categoría en la actualidad, para luego reflexionar sobre algunos atisbos teórico-epistemológicos que puedan servir de insumo para la elaboración de un aparataje teórico que atienda desde una mirada psicopolítica, el problema de la ciudadanía.
De fuerte tradición político-jurídica, la ciudanía podría entenderse tradicionalmente (sin recurrir a una genealogía griega del civitas) como al conjunto de derechos ejercidos por los individuos (los titulares de tales derechos), y que son distribuidos universalmente y equitativamente dentro de una comunidad política. También incorpora el conjunto de instituciones garantes del ejercicio de tales derechos (Marshall, Thomas, 1964; Rainer Bauböck, 2006). Como se puede apreciar en la definición anterior, la ciudadanía designa un estatuto político de los individuos, además de una característica particular de un determinado sistema político (Rainer Bauböck, 2006).
De esta forma, la ciudadanía ha evolucionado de una noción exclusivamente relacionada a la membresía de un individuo adscrito voluntariamente a una comunidad política determinada (civitas tradicional) hacia lo que Tom Bottomore (2007) llamó la “ciudadanía sustantiva”. Este tipo de ciudadanía supone el reconocimiento de los derechos fundamentales de los sujetos, así como su ejercicio pleno en la esfera pública del Estado y no únicamente la inscripción personal a un Estado-nación (Bottomore,2007).
No obstante, las elaboraciones anteriores sobre ciudadanía –si bien es cierto cada vez menos reduccionistas–, se sieguen articulando desde un estado de “inmanencia de la ley” (iusnaturalismo) como forma de producir sociabilidades políticas particulares en las personas ciudadanas. Esta perspectiva, que se basa en una premisa jurídico-normativa, tiene como funcionalidad ideológica la de legitimar los aparatos del Estado-nación desde un racionalismo político e identitario que presupone “la bondad” (o al menos el beneficio) de los sistemas políticos prestablecidos. Asimismo, tiene como críticas fundamentales la de ignorar la construcción social de la ciudadanía (es decir, que atiende a contextos históricos determinados) y la de no valorar cómo la ciudadanía en las sociedades modernas produce, trasmite y reproduce la razón de Estado3 del sistema neoliberal en los individuos.
A estas críticas han tratado de responder algunas teorías relativamente recientes, para ello han recurrido a una mirada sociopolítica de la ciudadanía. De esta forma, la construcción social de ciudadanía se convierte así también en un mecanismo para la producción de identidades. En este sentido, afirma Chantal Mouffe (1997:52): “La ciudadanía (...), concierne a nuestra identidad política en tanto que nos identificamos con la comunidad política y con sus valores constitutivos”.
Bajo este enfoque, la ciudadanía se transforma en un concepto, relacionado a la configuración identitaria, que surge a partir de la interacción con un sistema de referencias, significados y sentidos otorgados por una comunidad política.
De igual forma, como lo afirma Jürgen Habermas, la ciudadanía se transforma efectivamente en un constructo indentitario portador de la integración cultural y social: “...los ciudadanos están integrados en la comunidad política como partes de un todo, esto es, de una forma tal que solo pueden constituir su identidad personal y social en un horizonte de tradiciones compartidas y de reconocimiento institucional intersubjetivo” (1994: 25).
Este proceso de identificación política, en articulación con el estatus de comunidad, representa también un mecanismo de legitimación de unos sobre los otros, ya sean individuos o grupos dentro del seno del sistema comunitario-político. Es decir, existen unos más ciudadanos que la otredad externa o interna. Se plasma así una lucha de grupos pertenecientes a una comunidad mayor en el reclamo por sus demandas e intereses como sujetos legítimos (García Canclini, 1995; Chantal Mouffe, 1997). Este aspecto resulta fundamental, puesto que esta dinámica confrontativa de legitimación (y deslegitimación) política por parte de grupos particulares marca sensiblemente la vivencia de la ciudadanía. Sin embargo, sobre este punto se ahondará más adelante.
A continuación, se hace una somera revisión de lo que podría denominarse las dos más grandes tradiciones científicas a la hora de abordar el tema de la ciudadanía. Se debe aclarar que debido a que el interés general que persigue el texto es la pregunta de la subjetividad en la ciudadanía, se toma la ciencia psicológica como principal disciplina de entrada al estado de la cuestión.
Se inscriben en este lugar los estudios relacionados con las creencias, ideas, concepciones, percepciones e imaginarios sobre ciudadanía y el ejercicio de ésta. En esta línea temática, se parte de una visión socio-jurídica de la ciudadanía, en la que se enfatiza el papel del Estado y las políticas públicas como entidades encargadas de sostener dinámicas de discriminación estructural de la población (Fadel, Adriana; Molina, Ayelén; Trigo María José, 2012) (Echavarría, Carlos, 2011) (Presti, Alicia; Mazzoni, María Claudia, 2007). Otra tendencia importante en este subapartado son los estudios vinculados al ejercicio de la ciudadanía y la interrelación de los sujetos con los mecanismos democráticos de participación (Imhoff, Débora; Gutiérrez, Yael; Brussino Silvina, 2011).
Aquí están delimitados los estudios que relacionan al sujeto y a la ciudadanía a través de los procesos identitarios. De esta forma, se deja entrever un sujeto que construye su identidad (y sus atribuciones simbólicas) a partir de la diferenciación con el otro y como consecuencia de la interacción de él con los dispositivos políticos formales de representación y participación política por parte del Estado
De esta forma, este subapartado lo constituye los trabajos direccionados al entendimiento más construccionista de la temática de ciudadanía en personas migrantes (Alfonso, Cruz; María Teresa, Yurén, 2011). Los estudios aquí citados toman el ámbito psicológico y el social como elementos imprescindibles en la comprensión del fenómeno.
Por otra parte, es importante resaltar las investigaciones de Nick Hopkins, Sthepen Reicher y Wendy van Rijswijk (2015) y Matteo Antonini, Michael Hogg, Lucia Mannetti; Barbara Barbieri y Joseph Wagoner (2015) que están adscritas a una tradición de desarrollo anglosajón que defiende una psicología de la ciudadanía con estatus propio y relativa autonomía. Desde un abordaje de carácter cuantitativo, vinculan a los sujetos con los aparatos formales del Estado. De manera que la vivencia de lo político se encuentra estrechamente asociada a los procesos identificatorios y de pertenencia (en su condición de ciudadanía) a nivel Estado-individuo o individuo-comunidad. Esta tradición representa un esfuerzo por consolidar todo un cuerpo teórico-metodológico especializado en cuanto al acercamiento de la psicología a la ciudadanía. No obstante, la mayoría de los estudios gravitan en torno al tratamiento empírico de los procesos grupales de pertenencia e identidad asociados a la ciudadanía.
Ahora bien, a modo de balance, si se hace un cruce entre la concepción de ciudadanía y de individuo que subyace en la mayoría de las investigaciones sociales encontraremos dos estadios básicos. El primero referido a los estudios que relacionan una ciudadanía de corte legalista y normativa a través de percepciones o representaciones de los individuos (a esta noción la llamo “el individuo de la percepción”). Un segundo estadio estaría formado por la superposición entre una noción de la ciudadanía como construcción identitaria en el individuo. Lo anterior podría representarse de la siguiente manera:
Se desprende de los apartados anteriores que la ciudadanía ha quedado circunscrita a una perspectiva del sujeto que a lo sumo representa un addendum de su subjetividad. Un adjetivo con el que se podría calificar (clasificar) a una comunidad política. Es decir, algo que porta el sujeto pero que no lo constituye, ni mucho menos lo configura.
Estos acercamientos dejan entrever un tratamiento académico de la ciudadanía como sustancia, como entidad a la que se le puede adherir cualquier sujeto concreto, dejando de lado las formas discursivas y de producción política que entrecruzan y construyen a las subjetividades ciudadanas.
Es por esto que se puede entender cómo, hasta ahora, los enfoques de ciudadanía operan dentro de un marco de poder que Martín Baró llamó “paradigma jurídico”. Según este enfoque, el poder se concibe como una especie de propiedad u objeto que el Estado designa a ciertos actores sociales. Éste se comporta como una fuerza centrífuga que irradia desde su centro, es decir, del Estado, y aparece revestido en forma de ley, estructurado a través del lenguaje del derecho (Mario, Solano, 1999).
La ciudadanía, desde este panorama, estaría constituida estrictamente por todas aquellas formas normativas exteriores al sujeto, que lo incorporan (de manera volitiva u obligatoria) a los entramados de poder del Estado-nación. Es decir, el mecanismo por el cual los sujetos establecen relaciones contractuales con el Estado, como derivación del poder descendiente que emana del propio Estado-nación.
En este sentido, la invención de la ciudadanía, como apunta Beatriz González Stephan (1995), sería el correlato político-identitario necesario para la construcción de los incipientes Estado-nación de los siglos XIX y XX en América Latina. Transformar el heterogéneo pueblo en una unidad ciudadana e insertarla en la gramática del proyecto moderno serían prerrequisitos para que los recientes ciudadanos se convierten en sujetos de derecho, es decir, en personas susceptibles a dialogar con las matrices de poder formadas por el Estado moderno. Por supuesto, esto significa asimismo, el despliegue de toda una maquinaria disciplinaria de ciudadanización que inherentemente construya en su interior una alterirdad, un otro excluido del horizonte del Estado moderno.
Ahora bien, esta cualidad prescriptiva de las conductas de lo ciudadano, por la cual los sujetos son adscritos a las lógicas institucionales del Estado, representan únicamente un vector de fuerza en la construcción de ciudadanía. Paralelo a esta dinámica de normativización y regularización del cuerpo ciudadano, existe un proceso de ciudadanización que opera en calidad de tecnología de gobierno y que está encargada de la producción de las subjetividades ciudadanas. Dicho de otra manera, subjetivizar el discurso ciudadano. De esta forma, sí lo ciudadano constituye un espacio delimitado y ordenado, en el cual se deposita las pretensiones del proyecto Estado moderno, son los procesos de ciudadanización el vector de fuerza que hace posible su materialización en cuerpos concretos.
Para atender está ultima dimensión (vector), es necesario articular los procesos de ciudadanización con un paradigma del poder que posibilite su comprensión desde la capacidad de la ciudadanía para producir un tipo particular de subjetividad. Para esto es menester la perspectiva estratégica y descentralizada del poder elaborada por Foucault. En contraposición al enfoque jurídico mencionado anteriormente, para Foucault el poder sería coextensivo a todo el cuerpo social (omnipresente), atravesaría lo molar y lo molecular, de composición heteromorfa, múltiple y explicado a través de la asimetría de los actores en situaciones estratégicas del poder: “El poder no es algo que se adquiera, arranque, comparta, algo que se conserve o se deje escapar, el poder se ejerce a partir de innumerables puntos y en el juego de relaciones móviles y no igualitarias” (Michel Foucault, 1984:114).
No obstante, como lo demuestra Santiago Castro-Gómez en Historia de la Gubernamentalidad (2010), a partir de la segunda mitad de los años setenta, el mismo Foucault se iba ocupar del poder no exclusivamente bajo su articulación con los dispositivos de saber en la producción de verdad, sino más bien, en el poder constituido como forma de gobierno. De esta forma, se desplaza su analítica de poder del modelo bélico, es decir, el poder entendido como un sistema de fuerzas de signos contrarios (el poder que se ejerce versus el poder que resiste), hacia un modelo en el que lo que está en juego es primordialmente la gestión de las conductas, esta vez por vía de la administración de la libertad. En consecuencia, el sujeto intervenido y reprimido de otrora, en esta nueva “grilla de inteligibilidad” llamada gubernamentalidad, se transforma en el sujeto producido y gobernado.
De este modo, el poder no es únicamente una fuerza exterior que ejercida sobre el sujeto lo subordina y lo domina, sino también es la condición de posibilidad misma para su propio devenir como sujeto. El poder, dicho de esta manera, da forma y habilita a la subjetividad. En palabras de Ruth Amanda Cortés (2013:218), el sujeto es “una forma producida por un efecto de gobierno que se constituye bien sea a través de instancias de poder como sujeto político; de objetivación de un saber como sujeto de conocimiento; o a través de un trabajo ético como sujeto moral”.
Es en esta dirección en el que la ciudadanía es susceptible de ser estudiada a través de una lectura psicopolítica. Explorando los procesos de ciudadanización en tanto constructores de subjetividades políticas como consecuencia de su efecto de poder (que es condición de posibilidad para la producción de ciudadanos). O mejor dicho, de sujetos ciudadanizados por este mismo efecto de gobierno.
Dado que los procesos de ciudadanización obedecen consustancialmente a racionalidades políticas determinadas, es decir, que como dispositivo articulador de un “régimen de prácticas” funcionan en el interior de un ensamblaje de poder histórico, es que es necesario profundizar en la naturaleza de doble vínculo que tienen las tecnologías de gobierno. La noción de tecnologías refiere inmediatamente en la teoría foucaultiana, a la “dimensión estratégica de las prácticas” (Castro-Gómez, Santiago; 2010:35), dicho de otro forma, al modo en que el estatus de tecnología le ofrece a cierto sistema de prácticas sociopolíticas, una coherencia interna que les posibilita ser leídas como un conjunto de relaciones orientadas para alcanzar ciertos propósitos.
Así, las tecnologías de gobierno pueden ser entendidas como un pernio que entrecruza dos tipos distintos de tecnologías. Por un lado las tecnologías de poder: aquellas referidas a la reproducción de los estados de dominación mediante el sometimiento por la fuerza de los cuerpos; y por otro las tecnologías del yo: operaciones que permiten la intervención y modificación del alma propia. De acuerdo con Santiago Castro-Gómez (2010:39): “Se ubican en una zona de contacto entre dos familias tecnológicas distintas: aquellas que determinan la conducta de los sujetos (sujeción) y aquellas que permiten a los sujetos dirigir autónomamente su propia conducta (subjetivación)”.
Las tecnologías de gobierno aparecen entonces a partir de la necesidad de entender las relaciones de poder, no ya únicamente desde las formas disciplinarias del poder en las que se somete primordialmente la composición orgánica del cuerpo (anatopolítica), sino también desde una perspectiva que dé cuenta de los estados de dominación constituidos esencialmente a través de la gestión de la libertad, esto es en el surgimiento del liberalismo.
La ciudadanía puede ser metaforizada, por tanto, como el dispositivo de una tecnológica de gobierno. Por cuanto es normativa, significa una forma de dominación en la cual se prescriben las conductas ciudadanas (sujeción) mediante la suscripción a un marco normativo que regula y funcionaliza los cuerpos de acuerdo al ordenamiento (productivo) del Estado, y también por cuanto se dirige desde la voluntad propia (subjetivación) de un sujeto político inscrito en la gramática del proyecto ciudadano moderno. Es decir, el sujeto es ciudadanizado para que opere en el juego de la libertad (de las relaciones y campos de poder) dentro de la lógica de la racionalidad política hegemónica, a saber, el Estado-nación del sistema capitalista neoliberal.
Es esta última bisagra de la subjetivación la que inaugura los procesos de ciudadanización en el campo de las relaciones de fuerza del capitalismo (neo)liberal. Como se ha dicho anteriormente, con el surgimiento del liberalismo4 no se trata exclusivamente de la sujeción por la fuerza de los sujetos, sino en la producción de consentimiento (en tanto resultado de la propia libertad) por parte de los gobernados. El liberalismo es, por lo tanto, aquella tecnología de gobierno que hace coincidir, a través de la conducción de las conductas, la voluntad de los gobernados con la racionalidad política dominante. En palabras de Foucault (2001: 253-254): “El ejercicio del poder consiste en guiar las posibilidades de conducta y disponerlas con el propósito de obtener posibles resultados (…) Gobernar, en este sentido, es estructurar un campo posible de acción de los otros”.
En este sentido, los procesos de ciudadanización realizan un despliegue de técnicas encargadas de alterar la molecularidad de los sujetos. Su preocupación fundamental será la intervención sobre los deseos, motivaciones, anhelos, la autoestima, la atención, la voluntad, en general, la construcción de un sujeto cívico que entienda como producto de su voluntad la inscripción de sus posibilidades políticas en la gramática de lo ciudadano. La ciudadanización debe presentarse para estos fines como digna, honorable, beneficiosa, en resumen, reforzar las condiciones de aceptabilidad de la hegemonía neoliberal. Si bien es cierto, la construcción del Estado elaboró el ciudadano como sujeto político en el cual reproducir su proyecto moderno, la ciudadanía debía interiorizarse como sinónimo de protección, de desarrollo y de avance histórico. Es así que los procesos de ciudadanización constituyen una relación recíproca entre la subjetividad política y la racionalidad de Estado en comunidades políticas determinadas.
Asimismo, las prácticas de ciudadanización se transforman también en un mecanismo de subjetivación política. De acuerdo con Ruth Amanda Cortés (2013: 228), las prácticas de ciudadanización pueden ser entendidas:
…como una estrategia que produce sujetos en condición de ciudadanos. Prácticas que operan en el ámbito de las relaciones entre la individualidad –lo moral– de los sujetos (individuales o colectivos) y lo político (lo estatal, lo público, lo común, que no siempre son sinónimos, y su delimitación mutua es objeto de luchas).
La ciudadanización, por consecuencia, es un dispositivo de gobierno que subordina, por cuanto no solo es ejercida contra (sobre) el sujeto sí no también, por ser asumida (hecha condición de sí) por lo individuos. Por lo tanto, se puede afirmar que las tecnologías de gobierno son estrategias ontológicas, es decir: un individuo simbólicamente referenciado por una comunidad política deviene ontológicamente sujeto ciudadano una vez atravesado por las tecnologías de ciudadanización. De acuerdo con Judith Butler (2001: 22): “Ningún individuo deviene sujeto sin antes padecer sujeción o experimentar subjetivación”.
La reflexión expuesta en el texto señala la insuficiencia teórica de los abordajes tradicionales para entender la relación entre los procesos de ciudadanización y la construcción de subjetividades políticas. Se defiende que cualquier perspectiva disciplinar que allane el terreno de la configuración simbólica de lo subjetivo, únicamente bajo el monopolio de la adjetivación y de lo que faculta una descripción de las propiedades identitarias, ineludiblemente deja por lado cualquier análisis psicopolítico profundo de las prácticas de ciudadanización. En resumen, la ciudadanía no es solamente una acreditación jurídico-legal o identitaria que funcione a modo de ropaje subjetivo, es sobretodo un dispositivo productor de configuraciones epidérmicas, de realidades subjetivas en torno al cuerpo ciudadano.
En este sentido, las conceptualizaciones de corte legalista que asumen la ciudadanía como un estatus de legitimidad en torno el territorio o la identidad familiar, por ejemplo las expresiones jurídicas ius soli (derecho al suelo) y ius sanguinis(derecho de la sangre) respectivamente, deben ser revisitadas a luz de la capacidad de la las prácticas de ciudadanización para instalar subjetividades políticas en el discurso oficial del Estado-nación. Es decir, la nacionalidad y la ciudadanía no son credenciales prestablecidas a la construcción identitaria y subjetiva, son más bien producciones sociohistóricas que obedecen a sistemas de poder en constante cambio y sedimentación.
Ahora bien, el texto tiene la pretensión de mostrar esencialmente los fundamentos teórico-espistemológicos con los que tradicionalmente se ha mirado el tema de la ciudadanía y la subjetividad, por lo tanto, no se preocupa por señalar las dinámicas ni los discursos específicos con las que ciertos grupos son subordinados. La pregunta sobre la forma en que las pretensiones de homogenización y universalización de la ciudadanía han gobernado sobre grupos particulares de poblaciones en América Latina es una derivación nacida a partir del texto. Como se ha dicho, la ciudadanización ha sido una precondición para el programa moderno en América Latina, por su capacidad de construir otredades e incrustarlas en marcos categoriales de jerarquización de los cuerpos. Es decir, por la facultad de diferenciación política que brinda la producción de ciudadanía.
En esta dirección, la innegable matriz racista-colonial, y los niveles de supresión simbólica y explotación económica que trajo consigo la construcción del sujeto ciudadano en los Estados modernos (particularmente en la periferia del sistema-mundo), es un cuestionamiento esencial para seguir estudiando las formas históricas de ciudadanización.
Otra deriva es sobre la naturaleza de la relación de la ciudadanía con el Estado moderno. El Estado ha sido tratado en este texto como un locus –contingente e histórico– desde el cual convergen y se codifican ciertas racionalidades políticas, no como una instancia con el monopolio en los procesos de ciudadanización5. De modo que los procesos de ciudadanización, al interpelar necesariamente los aparatos formales de reconocimiento y diferenciación del Estado-nación, suelen ser un espacio donde se escenifica el poder estatal.
Esto tiene perfecta sincronía con la noción de Estado como “instancia central” del proyecto moderno (Santiago Castro-Gómez, 2000:147): “El Estado moderno no solamente adquiere el monopolio de la violencia, sino que usa de ella para dirigir racionalmente las actividades de los ciudadanos”. Por lo tanto, es imposible dotar de materialidad histórica a los procesos de ciudadanización sin entender ésta como un producto histórico en la invención y desarrollo de los Estado-nación. De hecho, se podría argumentar en consonancia con las teorías de la modernidad/colonialidad, que la construcción y subordinación de otredades que supone las prácticas históricas de ciudadanización en América Latina es el correlato de la implementación –hacia dentro– de una estructura colonial mundial expresada en términos de dominio del centro sobre la periferia” (Santiago Castro-Gómez, 2000).
Lo anterior sugiere preguntarse sobre el complejo vínculo del Estado moderno con la globalización: ¿Qué lugar tiene la ciudadanía en tiempos de globalización?, ¿bajo cuales mecanismos se sostienen los procesos de anclaje subjetivo al Estado-nación en el marco transnacional de identificaciones deslocalizadas? ¿Es posible hablar de una ciudadanía global como lo postulan algunos relatos posmodernos? Estos son algunos cuestionamientos que deben ser profundizados a fin de dar cuenta de qué manera se reproduce la subjetivación ciudadana, al tiempo que el Estado es apuntalado a ciertos ordenamientos supranacionales en el que las arquitecturas multilaterales y los organismos internacionales adquieren cada día más las antiguas potestades de Estado.
De igual forma, conviene aclarar que pensar la ciudadanía en tanto dispositivo productor de subjetividades políticas no sugiere que es en el campo de las relaciones ciudadanas y sus modos de sujeción y subjetivación el que agota las posibilidades simbólicas en la estructuración política de los sujetos. Cómo afirma Guattari (1996), no existe una “causalidad univoca” en el devenir ontológico de los sujetos. A menudo, es imposible trazar una continuidad entre las lógicas estructurales del poder que forman a los sujetos, y las posibilidades políticas con las que éstos se inauguran como tales. En palabras de Judith Butler, “el poder no siempre produce de acuerdo a un propósito… su producción es tal que a menudo desborda o altera los propósitos para los cual produce” (2001: 29).
Por lo tanto, si la ciudadanía tiene importancia teórica desde la psicología crítica, es por cuanto el Estado –y sus aparatos ideológicos– siguen siendo un marco de referencia fundamental en la construcción identificatoria y simbólica de los sujetos, no porque lo ciudadano atraviese con absoluta totalidad la subjetividad política de las personas. En consecuencia, un acercamiento crítico de la ciudadanía debe situarse allí donde se hallen las fracturas y deslices de los procesos de subjetivación ciudadana, en aquellos lugares y dinámicas que no constituyen una adscripción automatizada ni transparente por parte de los individuos, sino más bien un reflejo de sus negociaciones y renuncias con los dispositivos de gobierno que intentan fijarlo y atarlo a unas coordenadas políticas –en principio– inmovibles.
Si partimos de la premisa que las formas de subjetivación política provocada por las prácticas de ciudadanización desbordan las categorías previas con las que se intenta constituir al sujeto, es necesario plantearse formas de disputa política en el terreno de lo ciudadano. En otras palabras, de construir ciudadanías otras que den contestación directa a las interpelaciones del poder de Estado.
En este sentido, la construcción de nuevas ciudadanías podría revelarse en el horizonte de inéditas relaciones entre subjetividad y Estado. Para ello, resultaría fructífero la búsqueda de formas ciudadanas en el que lo común esté significado por encima de las instancias que nominalizan el Estado, sin ficciones identitarias cerradas y sin pretensiones universalistas. Promover los desplazamientos y desdoblamientos de la subjetivación ciudadana que produzcan cierta impugnación plebeya, desde abajo, podría dar cabida a procesos de horizontalidad, democratización y ampliación de ciudadanía.