Fuerzas del capitalismo neoliberal, disputa hegemónica y construcción de alternativas en América Latina. Logros y limitaciones de los gobiernos posneoliberales y los movimientos sociales

Neoliberal capitalist forces, hegemonic dispute and the construction of alternatives in Latin America. Achievements and limitations of the post-neoliberal governments and social movements

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El presente trabajo se propone como objetivo principal analizar los vínculos entre las fuerzas del capitalismo neoliberal, la disputa hegemónica y su impacto social en América Latina. Los objetivos específicos consisten en (a) Analizar los principales ejes de la operación hegemónica neoliberal y sus transformaciones fenoménicas en nuestra región; y (b) Examinar el impacto hegemónico del neoliberalismo, a través del análisis discursivo de los grados de avance y las limitaciones de los movimientos sociales y los gobiernos posneoliberales y de (centro)izquierda latinoamericana para estructurar un modelo de acumulación alternativo ¿Cómo se construyó el consenso neoliberal en nuestra América durante los años noventa?, ¿En qué medida los movimientos sociales y los gobiernos posneoliberales de las últimas dos décadas lograron oponer una alternativa política consistente y viable al orden neoliberal? Para responder a estos interrogantes, el texto se estructura en tres partes. En la primera parte, se examinan las principales características de la construcción de la hegemonía neoliberal en Latinoamérica. Se coloca el foco en dos aspectos, sobredeterminados por el orden significante. Por un lado, los cambios discursivos en la relación Estado-sociedad, a partir de la expansión a nivel estatal de las políticas públicas de ajuste y reforma estructural del modelo de acumulación neoliberal, y sus efectos sobre la estructura económica, los modos de socialización política y la estratificación social. Por el otro, las estrategias retóricas que encadenaron equivalencialmente al neoliberalismo con el fenómeno de la globalización, las ideas individualistas y la defensa del régimen formal democrático, y la delimitación de una frontera de exclusión contra las diferentes variantes del Estado Benefactor-Social y el socialismo. En la segunda parte, se analizan las modalidades e intensidades graduales de resistencia y la construcción de alternativas al orden neoliberal en los movimientos sociales y sindicales, las rebeliones populares y los estallidos de protesta social en América Latina de los años noventa y comienzos del 2000. En la tercera parte, se examinan los grados de avance y los límites fenoménicos de los gobiernos posneoliberales de nuestra región para disputar poder a las fuerzas de la derecha neoliberal y estructurar un modelo económico y social alternativo.

El neoliberalismo constituye un significante polisémico y motivo de intensas disputas y controversias sobre sus características teóricas, onto-epistemológicas y conceptuales (Ezcurra, 1998; Anderson, 1999; Bourdieu, 1999, Harvey, 2007, entre otras/os). Como señala Morresi (2008), se debe tener en cuenta que existen una multiplicidad heterogénea de escuelas neoliberales (Escuela de Chicago, Escuela de Viena, Escuela de Virginia, libertarianismo, Economía Social de Mercado, entre otras). A pesar de sus diferencias, todas ellas comparten un lenguaje en común que converge en una visión instrumental de la democracia (como régimen político) y una concepción formal de la igualdad (como igualdad ante la ley) y la libertad (como libertad negativa), que rechaza a las políticas distributivas y reguladoras del Estado Benefactor y la justicia social, y lo contrapone al modelo de libre mercado (Morresi, 2008: 17-37). Las políticas neo-liberales, además, tuvieron diferentes aplicaciones históricas a nivel estatal, que avanzaron con diversos ritmos y grados fenoménicos de profundidad, tanto en los países centrales, como en los periféricos (Torre, 1998; Estrada, 2006; Harvey, 2007; Duárez Mendoza y Munguía Galeana, 2013, entre muchas/os otras/os).

En este trabajo se define al neoliberalismo como un concepto (polisémico) y analítico que concierne a dos fenómenos entrelazados, sobredeterminados por el orden significante. Por un lado, el neoliberalismo representa un modelo o patrón de acumulación del capital que incluye un determinado modo de producción y organización del trabajo (posfordista) y un conjunto de políticas públicas a favor del libre mercado y la iniciativa privada (principalmente, ajustes macroeconómicos -monetarios y fiscales- a través de recortes del gasto público en salud, educación, vivienda y seguridad social, apertura comercial y financiera, desregulación de la economía, flexibilización del mercado laboral, privatización de las empresas públicas, políticas focalizadas y de descentralización administrativa). Por el otro, constituye una concepción del mundo, una racionalidad de gobierno y una ideología política de la nueva derecha, basada en el individualismo egoísta, la privatización de los bienes públicos y comunes, la financiarización económica y la mercantilización general de las sociedades, al servicio de los intereses económicos del capital concentrado (en particular, del capital financiero internacional) (Fair, 2019).

La hegemonía también constituye un significante polisémico (Gramsci, Poulantzas, Sartori, Cox). En este trabajo se la define, a partir de los aportes de la teoría posgramsciana de la hegemonía, como un tipo de dominación social de carácter básicamente consensual, que se expresa a través del lenguaje. Desde la Teoría Política del Discurso de la Escuela de Essex, la hegemonía constituye una operación discursiva que universaliza (tendencialmente) ciertos contenidos y demandas particulares para representar simbólicamente el orden comunitario ausente y constituir un sentido común (Laclau, 1993, 2005, 2014). Sin embargo, para el análisis del discurso político, resulta importante distinguir metodológicamente entre la dimensión de la construcción hegemónica y la dimensión del impacto hegemónico o la eficacia de la operación hegemónica (Fair, 2014, 2016, 2017). La dimensión de la construcción hegemónica se enfoca en la producción y difusión en el espacio público de ciertas interpelaciones retóricas con pretensiones performativas, por parte de determinadas figuras de elevado poder político e institucional. La dimensión del impacto hegemónico examina los efectos sociales de ciertas interpelaciones y significados (valores, intereses) particulares difundidos por los principales representantes políticos. La operación hegemónica es exitosa cuando logra (tendencialmente) universalizarse y que sus ejes discursivos sean en gran medida internalizados como legítimos y naturalizados por los representados (en particular, entre los grupos subalternos). La eficacia hegemónica se expresa, a través de la sobredeterminación significante, en la edificación de un orden político y un sentido común con un fuerte grado de sedimentación y objetivación social y en la imposibilidad de estructurar y oponer una alternativa política consistente.

A partir de un abordaje de Análisis Político del Discurso (APD) que se basa en los postulados onto-epistemológicos y las herramientas analíticas de la Teoría del Discurso de Essex (Buenfil Burgos, 2019; Laclau, 1993, 2005, 2014), el presente trabajo examina la construcción discursiva y el impacto hegemónico del neoliberalismo en América Latina. Para ello, se enfoca en un análisis óntico-fenoménico de conceptualización (discursiva) de los aspectos parcialmente sedimentados en la dinámica política, las principales estrategias retóricas de articulación equivalencial y universalización de sus contenidos particulares y las políticas económicas y sociales implementadas e institucionalizadas desde el Estado durante los años noventa. En la segunda parte, se examina la dimensión del impacto hegemónico, a través del análisis relacional de las formas e intensidades graduales de resistencia social (discursiva) al neo-liberalismo y la construcción de alternativas en las últimas dos décadas, para lo cual se emplean fuentes documentales, discursos oficiales y bibliografía de referencia.

Durante los años ochenta y comienzos de los noventa del siglo pasado, el orden internacional asistió a una serie de intensas y vertiginosas transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales, signadas por la aceleración de la crisis de acumulación y de legitimación del Estado de Bienestar y del modo de producción fordista-keynesiano, profundos cambios en la organización del trabajo, derrumbe del bloque soviético y de los gobiernos burocrático-autoritarios, fin de la Guerra Fría, expansión del poder estadounidense y de los regímenes liberal-democráticos, revolución tecnológica y telecomunicacional, y a un creciente y acelerado proceso de interdependencia e interconexión mundial entre los Estados, los mercados, las sociedades y las culturas, conocido corrientemente como globalización¹ (García Canclini, 1990; Giddens, 1993; Lipovetsky, 1994; Rosanvallon, 1995; Castells, 1997; Lash, 1997; Ferry y Wolton, 1998; Harvey, 1998, 2007; Hobsbawm, 2002, Jameson, 2003; Bauman, 2005; Dejours, 2006; Ferrer, 2006, entre muchas/os otras/os).

Estos fenómenos parcialmente sedimentados fueron usados y readaptados ideológicamente por los exponentes neoliberales para construir en América Latina un nuevo orden político y social y un exitoso sentido común. En términos de la Teoría Política del Discurso de Laclau, los ideólogos, difusores y voceros de poder predominante del neoliberalismo construyeron una operación hegemónica, a través de cadenas equivalenciales (que encadenan entre sí a dos o más significantes de un modo equivalente) y fronteras políticas (que contraponen a dos o más significantes en términos antagónicos), condicionadas por elementos discursivos no meramente lingüísticos de la coyuntura que se hallaban relativamente estructurados.

Desde un Análisis Político del Discurso, la operación hegemónica del neoliberalismo se condensó principalmente en tres estrategias retóricas, durante los años noventa:

1) Un encadenamiento equivalencial de las políticas neoliberales con la libertad y la eficiencia del mercado y su articulación extensiva a un futuro de estabilidad económica perpetua, crecimiento sostenido, eficiencia en la asignación de recursos, libertad de elegir y bienestar social. A esta cadena de equivalencias del lado interno del sistema la ideología neoliberal le opuso una frontera de exclusión que encadenó al demonizado Estado Benefactor-Social (ya sea en su versión nacional-popular o socialdemócrata) con un pasado de hiperinflación, estancamiento económico, ineficiencia y autoritarismo estatal.

2) Un encadenamiento equivalencial en el orden internacional entre las políticas neoliberales y el fenómeno de la globalización, redefinido metafóricamente como una “aldea global”, y acentuado (Volóshinov, 1990) con una valencia positiva que reenviaba a un futuro de inserción al mundo moderno, acceso a los nuevos avances de la tecnología, consumo ilimitado de productos mercantiles, cooperación pacífica y armoniosa entre los países y progreso evolutivo de las sociedades y del planeta. Al mismo tiempo, la ideología neoliberal edificó una frontera política contra lo que negativizó como un pasado ya superado de estatismo, proteccionismo a ultranza, economía cerrada, aislamiento internacional, atraso y decadencia.

3) Un encadenamiento equivalencial del neoliberalismo con el fenómeno de la democracia (en su versión procedimental-liberal) y con la democratización (formal) de las sociedades, adosado al respeto a las libertades individuales, la felicidad plena y la paz social. Al mismo tiempo, la ideología neoliberal construyó una frontera de exclusión contra lo que negativizó como un pasado ya superado de autoritarismos, violencia política y opresión social, que englobaba a los modelos de intervención del Estado Benefactor-Social (en todas sus variantes), a las dictaduras militares y a los totalitarismos.

De este modo, los ideólogos, difusores y voceros del neoliberalismo realizaron un triple encadenamiento retórico de las políticas neoliberales con la democracia (como mero régimen político formal) y la libertad individual (en un sentido negativo), con el capitalismo de libre mercado y su promesa de crecimiento económico y bienestar social para todos y con el fenómeno de la globalización y sus imaginarios de modernización, progreso evolutivo, paz social y acceso ilimitado a los productos tecnológicos de los países centrales. Posiblemente, el significante libertad represente el significante Amo que actuó como punto nodal del macrodiscurso neoliberal. Al mismo tiempo, la ideología neoliberal construyó una frontera de exclusión que relacionó al modelo de socialismo real del bloque soviético con los diferentes gobiernos nacional-populares, socialistas, socialdemócratas y desarrollistas de América Latina (y sus aliados políticos) y los encadenó como conjunto a un pasado de estatismo, autoritarismo y opresión sobre los individuos, atraso y aislamiento internacional (Fair, 2014).

La operación hegemónica neoliberal fue reforzada por una serie de estrategias discursivas complementarias:

a) Apelación a una supuesta ausencia de alternativas a las reformas y ajustes pro-mercado, luego de la crisis del modelo keynesiano, el derrumbe del bloque soviético y el triunfo mundial del capitalismo liberal.

b) Difusión de una retórica de la inevitabilidad histórica de los cambios en el orden internacional, a partir del fenómeno de la globalización.

c) Difusión de un relato tendiente a generar un temor social generalizado ante el retorno al caos hiperinflacionario o devaluatorio, o frente al aislamiento internacional.

d) Difusión de nuevas pautas de sociabilidad política centradas en el individualismo egoísta, el privatismo, la hipermercantilización y la competencia.

e) Expansión de nuevas estrategias manageriales tendientes a la competencia feroz entre los trabajadores, la fragmentación, individualización y disciplinamiento social de la fuerza de trabajo, en condiciones de elevados índices de desempleo.

Durante los años noventa, la difusión pública de estas estrategias retóricas desde el Estado contribuyó -junto con la represión física de las protestas y movilizaciones sociales opositoras- a desarticular, desmoralizar y abatir a las clases subalternas, y a cimentar un discurso de sentido común y un nuevo orden político y social de matriz neoliberal (Fair, 2019).

En América Latina la construcción hegemónica del paradigma neoliberal generó intensas transformaciones históricas en el modo de producción, acumulación y consumo y en las formas de socialización política y estratificación social. Si bien cada país contó con sus propias especificidades y sus propios gradientes y ritmos de neoliberalización efectiva a nivel estatal, durante los noventa estas transformaciones fenoménico-discursivas se tradujeron en profundos cambios en el rol del Estado, la organización del trabajo, el modo de inserción internacional, la morfología de la estructura económica y social y las identidades políticas y sociales, que a continuación se sintetizan sucintamente²:

Fuerte y acelerado incremento en el grado, el ritmo y la intensidad de la interdependencia e interconexión entre los países, mercados y sociedades y pérdida gradual de soberanía de los Estados-Nación: el fin de la Guerra Fría y el incipiente avance de la mundialización económica, la revolución tecnológica y la expansión de la sociedad de la información y el incremento exponencial de la interconexión e interdependencia a nivel global, redujo considerablemente el grado de soberanía política de los Estados-Nación, tanto a nivel interno como externo. En condiciones de creciente y acelerada liberalización económica e inserción dependiente de los países periféricos en el sistema-mundo, el Estado fuerte de posguerra cedió una parte de la soberanía nacional a las empresas multinacionales y transnacionales, organismos multilaterales, entidades supranacionales y fondos privados de inversión.

Vertiginoso aumento en el grado de liberalización y transnacionalización económica, fuerte reducción de las funciones protectoras-sociales del Estado y profundización de un modelo de internacionalización y valorización financiera, economía reprimarizada y de servicios, que intensifican la concentración y centralización del capital: en los años noventa los países de nuestra región erosionaron, con diversos grados y matices, el Estado Benefactor-Social y desarmaron el modelo fordista-keynesiano (ya sea en su versión nacional-popular o socialdemócrata). Este modelo de acumulación se centraba en la intervención activa del Estado, a través de una política universalista de sostenida inversión pública en salud, educación, vivienda y seguridad social, elevados salarios y beneficios sociolaborales para los trabajadores y la garantía de pleno empleo, junto con una fuerte regulación del mercado para dinamizar el mercado interno, promover la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) en los países periféricos y el desarrollo de la producción nacional. Con el avance de la ortodoxia neoliberal, el Estado dejó de lado las políticas de fuerte protección social y redistribución del ingreso en favor de los trabajadores asalariados, mutando -con diversos ritmos y grados de profundidad en caso país- hacia la implementación de políticas económicas de flexibilización laboral, liberalización, privatización y apertura del comercio y las finanzas, ajustes macroeconómicos y reducción o focalización del gasto público y social. En América Latina el impacto de estas políticas neoliberales fue el predominio de una estructura económica crecientemente desindustrializada, reprimarizada, extranjerizada, en manos de unas pocas empresas oligopólicas del capital concentrado transnacional y con eje en la valorización financiera del capital y la expansión de una economía de servicios. A nivel social, los ajustes macroeconómicos (fiscales y monetarios) y las reformas estructurales del paradigma neoliberal potenciaron en las clases subalternas los niveles de precarización e informalidad laboral, pobreza, indigencia, desempleo, subempleo, marginalidad y exclusión social.

Acelerada revolución tecnológica y telecomunicacional, debilitamiento de los lazos de solidaridad social y creciente grado de extensión y profundización de una cultura política individualista-egoísta, mercantilista, utilitarista y consumista: en condiciones de revolución en la tecnología informática y en las telecomunicaciones, acelerado y vertiginoso aumento de los flujos de información, exponencial incremento de la interdependencia mundial, fuerte crítica (neo)liberal a las concepciones movimientistas y comunitaristas y expansión de las ideas posmodernas, las sociedades latinoamericanas se fragmentaron, heterogeneizaron e hibridizaron de un modo creciente, y se extendió y profundizó en amplios sectores de la ciudadanía una cultura política individualista, hedónica, apática, utilitarista, centrada en la fugacidad de la imagen y el consumo de mercancías innecesarias como signos de distinción y status personal³. Ello se tradujo en un debilitamiento de los lazos de solidaridad social entre las clases subalternas y el predominio de identidades más volátiles, líquidas y pragmáticas, ligadas al consumo hedónico de tecnología y la cosificación de lo social. Estas transformaciones se potenciaron a partir del derrumbe del socialismo soviético, la creciente liberalización de los mercados y la fuerte internacionalización y expansión de los medios de comunicación, convertidos en conglomerados capitalistas funcionales al patrón neoliberal.

Fuerte incremento en el grado de fragmentación, heterogeneización, segmentación y polarización de la estructura social y de las identidades: la implementación de los ajustes y reformas estructurales de matriz neoliberal contribuyeron a transformar las pautas de socialización política que predominaban durante el modelo fordista-keynesiano, basadas en la solidaridad colectiva, la conciencia del rol central del Estado Social en la regulación del mercado y la redistribución progresiva de la riqueza y la organización política de los trabajadores en defensa de sus derechos sociales fundamentales. La hegemonía del paradigma neoliberal incentivó la competencia extrema y el individualismo egoísta, debilitó los lazos de solidaridad social entre las/os trabajadoras/es y provocó una creciente fragmentación, segmentación y polarización de la estructura social. Al mismo tiempo, la aplicación de las políticas neoliberales -condensadas en el llamado Consenso de Washington- generó niveles inéditos de desocupación, subocupación, pobreza y marginalidad social, en particular en los países subdesarrollados. En el marco de estos cambios regresivos, las políticas de “flexibilización” laboral y reestructuración productiva de los años noventa -que incluyeron medidas manageriales tendientes a la diferenciación salarial, la tercerización, la subcontratación y la polivalencia- ahondaron los niveles de explotación social, precarización y marginalidad de la clase trabajadora. A su vez, intensificaron la concentración y centralización del capital en los estratos sociales más altos, que se hicieron cada vez son más ricos y aumentaron la brecha de ingresos con los sectores populares. De modo simultáneo, las políticas de “flexplotación” laboral potenciaron la competencia entre los propios trabajadores y dificultaron la toma de consciencia de clase. Estas transformaciones en la estructura social y en las pautas de socialización política -sumados al desarrollo de los nuevos movimientos sociales en defensa de las minorías culturales- coadyuvaron a generar una fuerte fragmentación de las identidades y restringieron la posibilidad de organizar una alternativa política para enfrentar con éxito al orden neoliberal.

Creciente sedimentación del régimen formal democrático, profundización de la crisis de representatividad política y aumento gradual de la apatía ciudadana: durante los noventa se fue sedimentando gradualmente en América Latina la aceptación del régimen formal democrático. Al mismo tiempo, la expansión del discurso neoliberal contra el Estado Benefactor, los derechos sociales de las/los trabajadoras/es y las organizaciones sindicales -junto con los límites de los proyectos heterodoxos para cumplir con la promesa de un mayor bienestar social y las denuncias de corrupción de la dirigencia política latinoamericana- coadyuvaron a generar un fenómeno de crisis de representatividad política. Esta crisis del lazo político-institucional se expresó en un descreimiento de amplios sectores sociales hacia los dirigentes y partidos políticos tradicionales, sindicatos y otras instituciones representativas, aunque sin poner en cuestión al régimen democrático. Los conglomerados de medios de comunicación, en particular a través de la televisión, contribuyeron a profundizar la crisis de representatividad, al hacer prevalecer una lógica de la política como si fuera un show, incentivar una primacía de la imagen superflua por sobre los contenidos sustantivos y simplificar los problemas socioeconómicos. La crisis de representatividad derivó en la tendencia a una crisis de la palabra política y de la propia actividad política. Estas transformaciones coadyuvaron a generar resignación y apatía política, funcional a la aceptación del tecnocratismo neoliberal.

Desde finales de los años ochenta, se desarrollaron en América Latina una pluralidad heterogénea de luchas sociales frente al orden capitalista neoliberal y sus efectos económicos y sociales regresivos para las clases subalternas. Entre las diversas modalidades de resistencia social al neoliberalismo, se destacan las tempranas manifestaciones, movilizaciones populares y protestas sociales en Venezuela (Caracazo, 1989 y protestas sindicales, 1989-1992) y en la Argentina (protestas anti-privatizadoras, 1990-1991), que condujeron a la sublevación anti-imperialista comandada por Hugo Chávez (1992) y a la creación de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) (1992), la marcha indígena por el Territorio y la Dignidad en Bolivia (1990), las luchas regionales de los movimientos sociales y sindicales contra la privatización de la empresa petrolera estatal y de los campesinos contra la liberalización económica en México (1992-1994) y la emergencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1 de enero de 1994), el levantamiento popular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) (1990) y la creación del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik en Ecuador (1995), los estallidos regionales de protesta social contra el ajuste neoliberal (1993-1994) y la lucha del movimiento de trabajadores desocupados (piqueteros) en la Argentina (que adquirió relevancia a partir de los cortes de ruta de Cutral-Co en 1996 y Plaza Huincul en 1997), la Guerra del Agua (Cochabamba, 2000) y del Gas (El Alto, 2003) de los movimientos cocaleros, mineros y campesinos en Bolivia, la lucha de los huelguistas en Perú y el bloque indígena en Ecuador (2003), las protestas sociales contra los planes de ajuste neoliberal (2001) y la rebelión popular de diciembre del 2001 en la Argentina y el rechazo social en Paraguay a la profundización de las reformas neoliberales (2002) y las protestas sociales de los pequeños productores rurales y sectores campesinos en Colombia, los trabajadores rurales Sin Tierra en Brasil y las comunidades indígenas en México y Chile (2001). En América Latina también hubo diversas movilizaciones y protestas sociales coordinadas a escala regional para resistir a la globalización neoliberal, como el Foro de San Pablo (creado en 1990), la Alianza Social Continental (creada en 1997 en Belo Horizonte), el Foro social mundial de Porto Alegre (2001) y la Cumbre de los Pueblos que se inició en Santiago de Chile (1998) y le dijo No al proyecto estadounidense de crear un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en la Cumbre de Mar del Plata (2005). Estas formas de resistencia social mostraron -junto con la creación de órganos regionales como la ALBA (2004), la UNASUR (2008) y la CELAC (2010) y la creación del Banco del Sur (2009)- los límites del intento de expansión neoliberal en nuestra región (Iñigo Carrera y Cotarelo, 2000; Seoane, Taddei y Algranati, 2001; Aguilar Sánchez, 2009; Piva, 2009; Thwaites Rey, 2010; Fernández y Puente, 2012; Coraggio, 2014; Santana Rodríguez, 2014; Klachko y Arkonada, 2016; López Segrera, 2016, entre otras/os).

Además, durante la década de los noventa y comienzos del 2000 se extendieron en América Latina diversas experiencias de economía social y solidaria, formas de agricultura familiar, cooperativas sociales y asociaciones autogestionarias, fábricas recuperadas por los trabajadores, así como otras formas de asociacionismo, organización comunitaria y acción colectiva de las clases subalternas (incluyendo el movimiento internacional de la Vía Campesina y su expresión en la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo) que resistieron en los márgenes al poder neoliberal (Seoane, Taddei y Algranati, 2001; Lattuada, 2006; Aguilar Sánchez, 2009; Coraggio, 2014, entre otras/os). Dentro de estas formas de resistencia social se incluye también a una pluralidad de organizaciones y redes auto-organizativas nacionales y regionales de carácter ambiental, que lideraron los conflictos socio-ambientales y eco-territoriales contra el modelo de agronegocios y la megaminería a cielo abierto (Svampa, 2007, 2012; Toledo, Garrido y Barrera-Basols, 2013; Bolados García, 2016, entre otras/os).

Durante los noventa el neoliberalismo se expandió a nivel estatal a partir de la implementación de las políticas de reforma y ajuste estructural condensadas en el Consenso de Washington, si bien cada país realizó su propio proceso de readaptación ideológica. En América Latina, los movimientos sociales de base lideraron en esta fase la resistencia contra la nueva derecha neoliberal. Sin embargo, la mayor parte de las movilizaciones de protesta y lucha social asumieron una forma defensiva, particularista e inorgánica, que priorizó una estrategia de negatividad contra el modelo y no logró oponer un proyecto alternativo al neoliberalismo que fuera viable políticamente.

La mayoría de los movimientos sociales latinoamericanos adoptaron como herramienta de lucha generalizada la acción directa no convencional y disruptiva a escala territorial (Svampa, 2007). En algunos casos, como en el movimiento de Zapatistas en México, la resistencia al neoliberalismo adoptó una estrategia autonomista y anti-estatista. Estos movimientos sociales críticos del neoliberalismo asumieron la forma de identidades particularistas, sin una pretensión de lucha hegemónica a través de la competencia electoral.

La estrategia de completa autonomía frente a los partidos políticos y los canales de negociación institucional con el Estado-Nación, contribuyó a preservar espacios y dinámicas de decisión propias y a reconstruir lazos sociales erosionados por las políticas neoliberales y su lógica individualista y competitiva, a partir de la persistencia de formas de vida comunitarias y prácticas autogestionarias de democracia directa (Modonesi y Iglesias, 2016: 105). Sin embargo, al priorizar una estrategia anti-estatista y ultraparticularista con un escaso dialogismo, la valiosa resistencia del zapatismo (que en 2005 abandonó la vía revolucionaria insurreccional) tuvo fuertes limitaciones ónticas para modificar la correlación de fuerzas sociales y viabilizar los reclamos históricos de las clases subalternas.

En la Argentina -mientras una parte de la CGT se subordinaba al modelo de sindicalismo de negocios del menemismo neoliberal- las protestas sociales más combativas (lideradas por los trabajadores estatales de ATE y CTERA) y los estallidos provinciales (entre los que se destaca el “Santiagueñazo” de diciembre de 1993) también asumieron una modalidad de resistencia defensiva, con un predominio de la crítica a aspectos puntuales del modelo, en desmedro de la construcción de alternativas programáticas. En la segunda mitad de los noventa, con la emergencia del movimiento de trabajadores desocupados (piqueteros) y los nuevos métodos de corte de calles y rutas, la combatividad y el grado de organización política y social de las clases subalternas se intensificó, aunque con escaso éxito para estructurar un programa alternativo al modelo neoliberal asentado en la Convertibilidad (Piva, 2009).

La misma estrategia de lucha defensiva se produjo en Brasil con el Movimiento de los Sin Tierra (MST), cuya resistencia a las privatizaciones se desarticuló del sindicalismo de la Central Única de Trabajadores (CUT) y del PT. También el Foro Social Mundial se centró en la denuncia del modelo neoliberal, en ambos casos soslayando la construcción de proyectos alternativos (Sader, 2009: 95, 115, 163-165).

Como señala Thwaites Rey, la corriente autonomista liderada por el zapatismo -con ramificaciones en los movimientos por la reforma agraria en Brasil y en algunos emprendimientos autónomos de trabajadores desocupados en la Argentina- subestimó las luchas políticas y sociales que se pueden desarrollar dentro de los límites de los espacios jurídico-territoriales de los Estados realmente existentes, así como las formas de materialización de conquistas populares en la trama estatal (Thwaites Rey, 2010). Al priorizar la lógica de resistencia defensiva al capital global y rechazar la construcción de alianzas políticas e institucionales dentro del territorio nacional para amalgamar solidariamente las luchas radicalizadas de las clases subalternas y oponer una alternativa consistente, estas identidades democrático-populares no lograron modificar la correlación de fuerzas sociales para derrotar al capitalismo neoliberal. Tanto la elección presidencial de De la Rúa en la Argentina en octubre de 1999 (con su promesa de continuidad del modelo de Convertibilidad de Menem), como la elección de Fox en México durante el 2000, ponen de manifiesto la continuidad gatopardista del proyecto neoliberal y el fracaso de las clases subalternas para construir una alternativa contra-hegemónica. En la Argentina, además, las protestas sociales del 2001, junto con las Asambleas barriales y los clubes de trueque (2002), también tuvieron un carácter defensivo y no construyeron un proyecto político propio (Katz, 2008: 130-131).

En las últimas dos décadas se estructuraron en América Latina un conjunto de gobiernos democrático-populares y de (centro)izquierda críticos del orden neoliberal y las calamitosas consecuencias de sus políticas económicas y sociales para las clases subalternas⁴. La ola de gobiernos críticos del neoliberalismo se inició en Venezuela con el acceso a la presidencia de Hugo Chávez y se expandió, con diversos ritmos y grados de profundidad, a Brasil con Luiz Inácio “Lula” Da Silva y Dilma Rousseff, la Argentina con Néstor Kirchner y Cristina Fernández, Uruguay con Tabaré Vázquez y José “Pepe” Mujica, Bolivia con Evo Morales, Ecuador con Rafael Correa, Paraguay con Fernando Lugo, a los que podría sumarse el caso de Chile con Michelle Bachelet, así como los gobiernos centroamericanos de Honduras (Manuel Zelaya), El Salvador (Mauricio Funes y luego Sánchez Cerén) y Nicaragua (Daniel Ortega).

Más allá de sus diferencias específicas, estos gobiernos democrático-populares plantearon, principalmente a través de políticas públicas fácticas, un fortalecimiento del rol del Estado como interventor activo en la regulación del mercado y la tendencia a una inclusión social de los sectores más desprotegidos de la comunidad, e históricamente estigmatizados y discriminados por las elites dominantes. Además -con sus propias especificidades- criticaron las directrices ideológicas del paradigma neoliberal y su lógica de hipermercantilización, privatización, financiarización e individualización social. En líneas generales, estas experiencias regionales democratizadoras promovieron la recuperación de mayores grados de soberanía (más libertad como autonomía) política y económica (incluyendo en algunos casos la soberanía alimentaria) de los pueblos, una concepción de resguardo de los bienes públicos y comunes y del patrimonio nacional, la defensa de los derechos sociales y humanos básicos y el valor de la justicia social, la unidad de nuestra América contra los proyectos colonialistas e imperialistas, la igualdad social y la solidaridad. Los cuestionamientos a la ideología neoliberal contribuyeron a generar una creciente toma de consciencia social, repolitización y organización colectiva de una parte considerable de las clases subalternas de los países periféricos en defensa de sus derechos sociales fundamentales.

Sin embargo, cada uno de los gobiernos democrático-populares avanzó con diferentes ritmos y grados relativos de profundidad en su crítica al neoliberalismo, en función de la correlación de fuerzas sociales, las restricciones económicas (discursivas) a nivel nacional e internacional y las tradiciones históricas sedimentadas. En el marco de sus limitaciones graduales para radicalizar la crítica y construir una alternativa consistente al modelo de acumulación neoliberal, Emir Sader (2009) definió como “posneoliberales” a estas heterogéneas experiencias políticas de nuestra región. El concepto de posneoliberalismo hace referencia a “una categoría descriptiva que designa diferentes grados de negación del modelo, pero todavía no un nuevo modelo” y, a su vez, a “un conjunto híbrido de fuerzas que componen alianzas sobre los cuales se basan los nuevos proyectos” (Sader, 2009: 74). Los gobiernos posneoliberales de América Latina se caracterizan por cuestionar los valores, ideas e intereses del capitalismo neoliberal y promover, con sus propios ritmos y especificidades nacionales, la sanción de políticas públicas heterodoxas y la construcción de alianzas sociales alternativas a las defendidas por el orden neoliberal, aunque sin asumir una ruptura general con este paradigma.

Dentro de la pluralidad de gobiernos posneoliberales y de (centro)izquierda de la región, Klachko y Arkonada (2016: 107) diferencian entre los “países más avanzados” del “núcleo duro bolivariano” (Venezuela, Bolivia y Ecuador) y un “segundo anillo progresista” que “acompaña con algunas reformas” (Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Honduras). Borón distingue entre los gobiernos de “izquierda” de Venezuela, Bolivia y Ecuador, del resto de los gobiernos de “centroizquierda” (Borón, 2014: 68). De Sousa Santos (2010) distingue gradientes de radicalidad más profundos y consistentes en las experiencias de la izquierda socialista en la región andina (Bolivia y Ecuador), en relación a los gobiernos más moderados del Cono sur. Coraggio (2014: 67-70), por su parte, diferencia entre los gobiernos “nacional-populares” de Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, y los gobiernos “socialdemócratas” de Brasil, Uruguay y Chile.

Más allá de las diferencias conceptuales para definir a los gobiernos emergentes, existe consenso en la literatura en considerar a Bolivia, Ecuador y Venezuela como los países más radicalizados en su oposición a las directrices del paradigma neoliberal. Únicamente en estos países de nuestra América se combinaron políticas de fuerte desmercantilización social, con la convocatoria a Asambleas Constituyentes y la institucionalización y puesta en marcha de diversos mecanismos de democracia participativa, autogestión comunal y socialización (parcial) de los medios de producción.

Bolivia y Ecuador, en particular, han sido definidos como dos ejemplos cabales del entrecruzamiento entre los movimientos indígenas y campesinos andinos y el Estado, en un sentido socialmente emancipador (Thwaites Rey, 2010). En estos países los movimientos sociales y plurinacionales de base que lideraron la resistencia social al neoliberalismo durante los años noventa y comienzos del 2000, se amalgamaron desde abajo con los gobiernos populares, obtuvieron un rol protagónico en los procesos emergentes y priorizaron la lucha hegemónica a través de una estrategia negociadora, articulatoria y más universalista, para enfrentarse a las poderosas fuerzas del orden neoliberal. El elemento principal que caracterizó a las Asambleas Constituyentes en dichos países fue el reconocimiento de sus estructuras de gobierno y la autoidentificación como comunidad indígena originaria y campesina -en el caso de Bolivia- y como nacionalidades y pueblos indígenas -en el caso del Ecuador- (Fernández y Puente, 2012: 63).

Los gobiernos de izquierda democrática de Bolivia y Ecuador, a su vez, se distinguieron de otras experiencias radicalizadas por reconocer e institucionalizar los derechos interculturales de los pueblos originarios y el carácter plurinacional de los Estados y por promover una filosofía de vida alternativa al capitalismo neoliberal. En ambos países los textos constitucionales reconocieron las demandas históricas de los movimientos indígenas y campesinos contra el colonialismo y el racismo y en defensa de la plurinacionalidad, la interculturalidad, el respeto a la “Pachamama” y el principio del “Buen Vivir o “Vivir Bien” (“Sumak-Kawsay”), basado en la preservación de los derechos de la naturaleza, la soberanía alimentaria y los derechos del agua (De Sousa Santos, 2010; Fernández y Puente, 2012, Acosta, 2014). Las nuevas constituciones de Bolivia (2009) y Ecuador (2008) han sido consideradas por algunos autores como los textos constitucionales más radicales del mundo con respecto a la provisión de protección legal de la naturaleza (Ospina y Peralta y Lalander, 2012: 120).

Veamos ahora cada caso en particular. En Bolivia el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por Evo Morales, nacionalizó los hidrocarburos en 2006, a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en una lógica antagónica al modelo de mercantilización de los bienes públicos y comunes del neoliberalismo. Luego, amplió el control estatal hacia la minería, la electricidad, los ferrocarriles, las fábricas de cemento y las telecomunicaciones (Katz, 2008: 22; López Segrera, 2016: 54). Morales utilizó dichos recursos para aumentar la inversión pública y social, que creció de 629 millones de dólares en 2005 a 6.179 millones de dólares en 2015. En particular, se destaca la implementación de un conjunto de políticas públicas de inclusión social para los sectores más vulnerables, a través de bonos de ayuda a alumnos de escuelas primarias públicas, mujeres embarazadas y discapacitados (Bonosol, Bono Juancito Pinto, Bono Juana Azurduy). También mediante programas de ayuda social a discapacitados, operaciones gratuitas de la vista y políticas sociales de combate a la desnutrición (Stefanoni, 2012: 57-60). El gobierno de Evo Morales, además, redujo la edad jubilatoria a 58 años y reemplazó el régimen de administradoras de fondos de pensiones (afp) privadas por una suerte de gran afp estatal y la constitución de un fondo solidario mediante aportes laborales y patronales para sostener una renta mínima (Stefanoni, 2012: 59). A su vez, estableció rebajas en las tarifas eléctricas y telefónicas y realizó una reforma agraria, que entregó títulos de propiedad de tierras del Estado a campesinos pobres (López Segrera, 2016: 54). Estas medidas contrarias al paradigma neoliberal tuvieron un rotundo éxito. Por un lado, el PBI creció a un promedio del 5% entre 2005 y 2015, con una inflación controlada y reservas internacionales netas que aumentaron de 1.724 en 2005 a 15.123 millones de dólares en 2014 (López Segrera, 2016: 54). Por el otro, el Gobierno logró reducir fuertemente la tasa de pobreza extrema de 38,2% a 17,8%, la diferencia de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre de 128 veces a 42 y el índice de desempleo de 8,1% a 3,5%, entre 2005 y 2015 (Klachko y Arkonada, 2016: 140).

En Ecuador el gobierno de Alianza País, liderado por Correa, dispuso una moratoria en el pago de la deuda externa en 2007, aprobó una reforma impositiva progresiva y aplicó un conjunto de políticas públicas de transferencia de renta, principalmente a través de la ampliación del Bono de Desarrollo Humano, un programa de ayuda social para hogares pobres y extremadamente pobres que incluyó créditos para vivienda, pequeños emprendimientos productivos y educación. Además, creó un bono para quienes se ocupan del cuidado de personas discapacitadas, fijó un subsidio universal al gas doméstico y a la gasolina, promulgó tarifas diferenciadas en los servicios públicos, estableció subsidios directos a algunos productos e insumos (harina de trigo, agroquímicos, urea), reguló el precio de productos de fuerte incidencia en la canasta básica de alimentos (arroz, maíz, leche y pan) y acordó con el sector privado descuentos en precios al consumidor. En el campo de la salud, el Gobierno dispuso la eliminación de los costos de las consultas médicas y amplió el acceso a medicamentos esenciales gratuitos (Stefanoni, 2012: 62). El correísmo utilizó los recursos provenientes de la moratoria de la deuda para expandir fuertemente la inversión pública en infraestructura, educación y salud, área en el que logró duplicar el presupuesto entre 2008 y 2011. Como consecuencia de la intervención activa del Estado, se logró reducir los índices de pobreza de 37,6% a 25,3% de la población y la pobreza extrema de 16,9% a 9,4%, entre 2006 y 2012. Al mismo tiempo, se achicaron los niveles de desigualdad social -medida por el índice Gini- de 0,54 a 0,47- y la brecha de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población de 27,7% a 17,8% (Klachko y Arkonada, 2016: 159-160).

En Venezuela, el gobierno de Chávez reconoció las demandas radicalmente democratizadoras de los movimientos sociales y las canalizó a través de la convocatoria a una Asamblea Constituyente, mediante un referéndum que tuvo una amplia participación popular. Junto con la tipificación de nuevas formas de democracia participativa (referendos populares, asambleas de ciudadanos, consejos comunales), la Constitución Bolivariana de 1999 reafirmó a nivel institucional la centralidad del Estado como regulador y supervisor de las actividades económicas, estableció la universalidad de los derechos sociales, así como el deber del Estado de crear las condiciones para garantizarlos. También reasentó la propiedad estatal del recurso petrolero (Artículo 303), deteniendo las tendencias privatizadoras abiertas por la política de apertura petrolera de los años noventa; e impulsó la economía social y el reconocimiento de formas de propiedad colectiva. Además, la nueva Constitución amplió los Derechos Humanos para incluir los derechos de los pueblos indígenas a su autodeterminación y al respeto a sus culturas (Capítulo 8), los derechos ambientales (Capítulo 9), el reconocimiento del trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y el derecho de las amas de casa a la seguridad social (Artículo 88). En materia internacional, tipificó principios orientadores, como la democratización del orden internacional, la integración latinoamericana y la “solidaridad entre los pueblos en la lucha por su emancipación y el bienestar de la humanidad” (Artículos 152 y 153) (López Maya, 2010: 199-200).

En consonancia con la nueva orientación hacia una democracia participativa y protagónica, el chavismo creó gerencias comunitarias en las empresas públicas de agua con la participación de las comunidades organizadas, estableció la propiedad social como base del modelo productivo socialista y desarrolló e institucionalizó diversos mecanismos de poder popular, que permitieron la existencia de 45.327 Consejos Comunales y 1.389 Comunas (Klachko y Arkonada, 2016: 173). También impulsó formas de economía social, como las cooperativas y los núcleos de desarrollo endógeno (NUDES), dentro de su propósito de transitar hacia un régimen de democratización de los medios de producción (López Maya, 2010: 207).

Además, en el marco de una fuerte crítica al “paradigma fundamentalista del neoliberalismo” (Chávez, 2001: 688) -centrado en un discurso latinoamericanista de impronta anti-imperialista (Arnoux, 2008)- el gobierno chavista aplicó un conjunto de políticas económicas y sociales alternativas al paradigma neoliberal. Entre las políticas económicas, se destacan las expropiaciones y nacionalizaciones de empresas privadas estratégicas y el desarrollo de formas de control obrero o cogestión asamblearia entre el Estado y los trabajadores (Katz, 2008: 22; Klachko y Arkonada, 2016: 175-180). En el plano social resultaron cruciales las Misiones Bolivarianas. Las Misiones Robinson I y II fueron dirigidas a superar el analfabetismo y permitirle a la población adulta culminar la educación básica. Las Misiones Ribas y Sucre se encargaron de promover y garantizar el acceso a la educación secundaria y universitaria, la alfabetización y la continuidad educativa. Las Misiones Barrio Adentro y Milagro (con la colaboración de médicos cubanos) buscaron resolver carencias y garantizar el derecho de los pobres a la salud mediante cobertura médica gratuita y servicios de atención preventiva y primaria a los sectores más carenciados. Entre otros éxitos, permitieron devolver la vista a miles de personas mediante operaciones de cataratas. La Misión Mercal proveyó y distribuyó amplios bolsones de alimentos subsidiados y a bajo precio a sectores vulnerables para satisfacer la necesidad básica de alimentación. La Misión Identidad contribuyó a garantizar un documento de identidad a todos los venezolanos. La Misión Guaicaipuro estableció el acceso de los indígenas a sus derechos. La Misión Hábitat se ocupó de la vivienda urbana, y la Misión Vuelvan Caras, de la capacitación laboral (López Maya, 2010: 208; Stefanoni, 2012). Todas estas misiones sociales tuvieron un fuerte impacto en las barriadas populares. Para 2007, el 48% de la población era beneficiaria de al menos una de las misiones sociales (Stefanoni, 2012: 56-57). Como consecuencia de las políticas económicas y sociales del chavismo, la pobreza disminuyó del 48% al 27%, la extrema pobreza de un 28% a un 6% y la tasa de desnutrición descendió del 21% en 1998 al 3% en 2012 (López Segrera, 2012: 42).

A pesar de sus importantes avances, cada uno de los gobiernos críticos del orden neoliberal tuvo -en diversos grados- límites fenoménicos para profundizar la oposición al neoliberalismo en una dirección socialista y anti-neoliberal (Peralta Ramos, 2007; Svampa, 2007, 2012, 2019; Katz, 2008; Sader, 2009; López Maya, 2010; Thwaites Rey, 2010; De Sena y Chahbenderian, 2011; Féliz, 2011; Ospina Peralta y Lalander, 2012; Stefanoni, 2012; Acosta, 2014; Belloni y Wainer, 2014; Borón, 2014; Coraggio, 2014; Gaggero, Schorr y Wainer, 2014; Wainer y Schorr, 2014; López Segrera, 2016, Svampa y Viale Trazar, 2018, entre otras/os). Mientras que en Ecuador y Bolivia hubo fuertes tensiones con los movimientos plurinacionales indígenas y campesinos que pretendían radicalizar la crítica a la sociedad capitalista y la lógica de horizontalidad en la toma de decisiones, en Venezuela la retórica del “socialismo del siglo XXI” y el intento de generar un nuevo tipo de organización comunal y participación popular democrático, horizontal y desde abajo, chocó con concepciones y tendencias fácticas hacia la centralización y concentración gubernamental del poder, a partir de prácticas burocráticas y clientelistas y una lógica de planificación y gestión estatal verticalista y desde arriba (López Maya, 2010; Thwaites Rey, 2010; Goldfrank, 2011).

Los límites, tensiones y contradicciones creativas (García Linera, 2012) para avanzar en una construcción contrahegemónica fueron relacionalmente más pronunciados en los gobiernos posneoliberales de América del Sur. Como señalan Belloni y Wainer (2014), en Bolivia, Ecuador y Venezuela predominaron -aunque no sin contradicciones- proyectos más radicales de retórica antineoliberal y antiimperialista, que plantearon, con matices, una mayor participación popular y objetivos de largo plazo socialistas y anticapitalistas (Belloni y Wainer, 2014: 95). La convocatoria a Asambleas Constituyentes con amplia participación de “los de abajo”, el resguardo de los bienes públicos y comunes, la apelación a valores socialistas y el reconocimiento de los derechos plurinacionales e interculturales de los pueblos originarios, es una muestra de ello. En cambio, en los gobiernos sudamericanos progresistas se priorizó una estrategia “desde arriba” y el posneoliberalismo se asentó en mayor medida “sobre las bases creadas por el neoliberalismo”, entre las que se destacan la “alta concentración del capital”, el predominio del “capital trasnacional” y “una creciente dependencia de la extracción/producción de recursos naturales para la exportación”, asociado a sus ventajas comparativas estáticas (Belloni y Wainer, 2014: 91).

En Brasil el gobierno del PT, liderado por “Lula”, elevó el salario mínimo, estableció un control de precios de los alimentos e implementó una amplia política social de contención de los sectores más vulnerables, a través del Programa Bolsa Familia (Sader, 2009: 97). Bolsa Familia unificó cuatro programas sociales: Bolsa-Escuela, Bolsa-Alimentación, Auxilio-Gas y Tarjeta-Alimentación y ha sido considerado el mayor programa de transferencia de renta y de apoyo financiero y económico a las familias pobres en la historia de Brasil (López Segrera, 2016: 44). Al asumir Lula la presidencia, la pobreza era de 53 millones de personas, 30 de ellos en extrema pobreza. En 2005 la pobreza había bajado a 36 millones de personas y la pobreza extrema a 10 millones. En 2012, con Rousseff, la pobreza era solo del 18% y la pobreza extrema de 5%. El desempleo, por su parte, descendió de 10,5% en 2002 a un 5% en 2014; la desnutrición se redujo en un 73% y la mortalidad infantil un 45% (López Segrera, 2016: 45). Lula, además, lideró con Chávez y Kirchner la lucha social que sepultó en noviembre de 2005 el proyecto estadounidense del ALCA y priorizó la integración regional con los países del Mercosur.

Sin embargo, al mismo tiempo el gobierno mantuvo el predominio del capital financiero (incluso aumentó las tasas de interés), se abrazó al modelo de agronegocios centrado en la soja transgénica, promovió una legislación laboral regresiva, sostuvo políticas sociales asistencialistas y realizó una insuficiente reforma agraria (Katz, 2008: 120-123; Sader, 2009: 81-106; Borón, 2014; Svampa, 2019: 125-126). A partir de estas ambivalencias, Sader define al gobierno de Lula como “híbrido” y “contradictorio” (Sader, 2009: 93-98, 104), que “puede considerarse un buen gestor del neoliberalismo”, pero que “supo complementarlo con políticas sociales y recuperación de la legitimidad del Estado” (Sader, 2009: 102). López Segrera rescata el desarrollo de políticas sociales progresistas y el fortalecimiento del Estado y se refiere a “los intentos de, sino desmontarlo totalmente, sí al menos corregir las desigualdades originadas por el modelo neoliberal” (López Segrera, 2016: 45). En cambio, Coraggio afirma que los gobiernos del PT “Han seguido los lineamientos económicos básicos del programa neoliberal” (Coraggio, 2014: 61). Borón coincide en que los gobiernos petistas “se mantuvieron dentro de los cánones establecidos por el Consenso de Washington” (Borón, 2014: 140).

En la Argentina, el kirchnerismo realizó una crítica radicalizada a la ortodoxia neoliberal, que destacó el rol central del Estado y la decisión política en la ampliación de derechos sociales y la inclusión social, por sobre la lógica del mercado, el modelo de economía financiera y las recetas de la tecnocracia. En el marco de una concepción económica heterodoxa, Kirchner enarboló un discurso en defensa de un Estado “activo” y “planificando” la economía, fomentó la construcción de un “nuevo modelo de desarrollo” que reconoció como “pilares fundamentales la educación, la ciencia y la tecnología” y puso el acento en el “fortalecimiento del mercado interno”, para “promover la demanda de sectores de menores ingresos, con un exitoso efecto multiplicador” (Kirchner, 2007).

Desde el plano (discursivo) de las políticas públicas, el kirchnerismo logró importantes avances frente al proyecto neoliberal, a partir de una política económica heterodoxa de renacionalización del petróleo y de la aerolínea de bandera, estatización del sistema de jubilaciones y pensiones, fuerte regulación comercial, reforma de la Carta Orgánica del Banco Central modelada por la reforma financiera neoliberal de 1977, y el intento de redistribuir parte del excedente de renta del sector agrario a través del aumento de los derechos de exportación (retenciones). Además, en 2005 renegoció la deuda externa en términos favorables para ganar mayores márgenes de autonomía, mantuvo un tipo de cambio competitivo, incrementó fuertemente la inversión pública y social en salud, educación, vivienda, infraestructura, ciencia y tecnología, revitalizó los convenios colectivos de trabajo y realizó sostenidos estímulos a la demanda interna, que favorecieron una dinámica virtuosa de crecimiento hasta el 2011 (Aronskind, 2015; Porta, Santarcángelo y Schteingart, 2017). El gobierno kirchnerista también promovió una política social de ampliación de derechos, que incluyó la sanción del Plan Familias por la Inclusión y el Seguro de Empleo y Capacitación, la promoción a la formación de cooperativas mediante el Plan Ingreso Social con Trabajo (Argentina Trabaja), el Programa de Trabajo Autogestionado y la implementación -en octubre de 2009- de una política de tendencia universalista como la Asignación Universal por Hijo. También se destacan los programas masivos de salud pública, como el Plan Remediar, destinado a proveer medicamentos gratuitos a personas en situación de vulnerabilidad; y el Plan Nacer, que permitió una mayor atención a los niños y las niñas en situación de pobreza (Repetto, 2012). Asimismo, realizó una reforma del sistema previsional que -además de eliminar el régimen de capitalización individual de las administradoras privadas (AFJP) de los años noventa- sancionó sucesivos aumentos de las jubilaciones por encima de la inflación, expandió la cobertura de beneficiarios a través de una amplia moratoria previsional y sancionó una Ley de Movilidad Previsional, que estableció una actualización periódica de los montos de los haberes previsionales en dos momentos del año (Danani y Hintze, 2010). La política económica y social heterodoxa de los K logró elevar los salarios por encima de la tasa de inflación y reducir fuertemente los índices de pobreza, indigencia, desempleo y subempleo⁵. Además, la inversión pública del Estado permitió la incorporación de más de 2 millones de nuevos jubilados y pensionados y logró que la Argentina disponga de una tasa de cobertura en materia de jubilaciones del 90%, la más alta de América Latina (Repetto, 2012: 230 y 233).

Sin embargo, una extensa bibliografía destacó también la persistencia (e incluso, la profundización) de una economía con elevados niveles de extranjerización, oligopolización y transnacionalización, la intensificación de la concentración del ingreso y centralización del capital y la tenue expansión del proceso sustitutivo de importaciones. Además, se ha subrayado la permanencia durante el kirchnerismo de un mercado de trabajo con altos grados de precarización social, informalidad laboral, pobreza, indigencia y desigualdad social, en parte por la dificultad para controlar las tasas de inflación y resolver el histórico problema de la restricción externa, pero también por la persistencia de un sistema impositivo fuertemente regresivo y un esquema de flexibilización laboral de los años noventa que no fue desmontado en su conjunto (Peralta Ramos, 2007: 412-453; Féliz, 2011; Marticorena, 2013: 140 y ss.; Gaggero, Schorr y Wainer, 2014: 41 y ss., Wainer y Schorr, 2014, Aronskind, 2015: 22 y ss., entre otras/os). Otros trabajos destacaron la continuidad durante el kirchnerismo -e incluso, la profundización- del modelo de agronegocios dominante a partir de la segunda mitad de los 90 (principalmente, a través del incremento en la producción, la superficie de cultivo y la exportación de soja transgénica) y la expansión de la megaminería a cielo abierto. Este proceso de ofensiva extractivista potencia la reprimarización económica, la extranjerización y la concentración del capital. Al mismo tiempo, ejerce efectos perniciosos sobre la salud humana (a partir de la utilización masiva del glifosato), conlleva mayor deforestación, destrucción del ambiente, pérdida de biodiversidad, acaparamiento de tierras, expulsión de poblaciones; y condujo a un incremento de la criminalización y asesinatos de campesinos, represiones policiales a los pueblos originarios y desplazamientos compulsivos de comunidades indígenas y sectores campesinos mediante el uso de la violencia física como método de acumulación por desposesión (Teubal, 2008; Seoane, 2012; Comerci, Bertoldi y Chamorro Smircic, 2014; Svampa y Viale Trazar, 2018, entre otras/os). La política social kirchnerista también fue objeto de diversas críticas desde el campo académico, debido a la persistencia de políticas asistencialistas que profundizaron la precarización laboral y no generaron empleo genuino, el alto grado de discrecionalidad aplicado en la distribución fáctica de los programas y su utilización clientelista para conseguir lealtades político-partidarias y cooptar a los beneficiarios y movimientos sociales de base (De Sena y Chahbenderian, 2011).

En la Argentina, en función de estos cambios y continuidades graduales frente al modelo de acumulación neoliberal asentado en la Convertibilidad, Féliz (2011) afirma que el ciclo kirchnerista se caracteriza por una nueva forma de desarrollo que representa la continuidad (dentro de la ruptura) del neoliberalismo. Si bien durante la posconvertibilidad (en particular a partir del 2003) se manifiestan algunos cambios graduales en las formas que asume el proceso de valorización y las políticas públicas del Estado, “el contenido del mismo continúa dentro de los lineamientos establecidos durante el capitalismo en su etapa neoliberal” (básicamente, a través de la superexplotación del trabajo y el saqueo de las riquezas naturales). Wainer y Schorr, por su parte, sostienen que el abandono del régimen de tipo de cambio fijo del modelo de Convertibilidad (1991-2001) implicó “cambios sustantivos” a nivel macroeconómico. Sin embargo, al mismo tiempo señalan que el modelo de posconvertibilidad “no conllevó mayores alteraciones en el perfil de especialización y de inserción del país en la división internacional del trabajo” (Wainer y Schorr, 2014: 104). Aronskind también destaca algunas continuidades con la herencia neoliberal en materia de legislación neoliberal, desregulaciones y privilegios para el capital extranjero. En el plano internacional, pese a los avances, el economista subraya la firma de acuerdos internacionales y tratados de protección de inversiones que “limitan la soberanía económica nacional e impiden políticas autónomas a favor del desarrollo”. En este sentido, sostiene que en este ámbito “se avanzó poco o se careció de una estrategia sistemática” y concluye que “Retomar la plena soberanía requeriría el desmantelamiento de esa institucionalidad impuesta a favor de los intereses multinacionales” (Aronskind, 2015: 22). Autores como Borón, aunque más matizado en su caracterización, también reconocen que en la Argentina kirchnerista “los legados del neoliberalismo persisten” (Borón, 2014: 13).

En el caso más moderado de Chile, en general se ha destacado la persistencia de los ejes rectores del modelo neoliberal instaurado por Pinochet, como el código laboral, la privatización-mercantilización de la educación, la salud y las pensiones, elevados niveles de concentración del ingreso, una distribución del ingreso fuertemente regresiva y altos índices de precariedad laboral (Gaudichaud, 2014). También se han subrayado continuidades en el esquema extractivista minero y agroexportador, centrado en la explotación primaria del cobre, y que incluye la tercerización de los riesgos a través de la subcontratación y nuevas formas de precarización del trabajo (Bolados García, 2016). En este sentido, Coraggio sostiene que en Chile “El modelo de política neoliberal se ha mantenido” (2014: 60), en una posición convergente con la que expresa Borón (2014: 13). Katz coincide en que con la Concertación chilena hubo una “Continuidad del modelo económico pinochetista”, y agrega que el socialismo chileno “perdió todo contacto con la izquierda” (Katz, 2008: 148). Otros autores, en cambio, señalan una tendencia más progresista del socialismo chileno frente a la derecha neoliberal heredera del pinochetismo (simbolizada en el empresario Sebastián Piñera), en particular a partir de un mayor énfasis en las políticas sociales. En esta línea, López Segrera sostiene que el gobierno de Bachelet “no puede ser calificado de posneoliberal, pero tampoco es de derecha” (López Segrera, 2016: 95).

Por último, en Uruguay y Paraguay -los países más pequeños del Mercosur- también se han destacado avances relativos e importantes grados de persistencia del modelo de reprimarización neoliberal (Seoane, 2012). Thwaites Rey (2010) considera que Paraguay y Uruguay tienden a una posición similar a Chile, abrazado al modelo neoliberal (al igual que Colombia, Perú y México, pese a que este país nunca resignó su renta petrolera) y cuya prioridad son los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos. Junto con la posición contradictoria de Brasil, la autora sitúa al complejo caso de la Argentina en un punto intermedio entre los países andinos más radicalizados y los gobiernos más moderados y con mayores grados de persistencia del paradigma neoliberal (Chile, Colombia y Perú).

Otros trabajos, en cambio, destacan los avances progresistas de los gobiernos del Frente Amplio frente a las políticas del paradigma neoliberal. En esta línea, Antía (2018) distingue gradualmente entre las reformas “marginales” y “moderadas” realizadas por los gobiernos de la Concertación en Chile en el sistema de “flexibilización” de las relaciones laborales vigente desde 1979, en relación con el mayor grado de “profundidad” de las políticas laborales progresistas del gobierno de centro-izquierda del Frente Amplio. A diferencia de Chile, en Uruguay el gobierno del Frente Amplio rediseñó los mecanismos de negociación colectiva y sancionó un conjunto de reformas “significativas” que institucionalizaron y extendieron la negociación colectiva tripartita hacia sectores de trabajadores que tradicionalmente no habían sido cubiertos. Además, adoptó normas protectoras de los trabajadores que ampliaron la libertad sindical y extendieron el derecho de huelga (Antía, 2018). López Segrera, por su parte, destaca las políticas sociales activas del gobierno del Frente Amplio, el apoyo a la integración latinoamericana, la elevación de los salarios de los trabajadores y la mejora del nivel de vida de la ciudadanía, lo que se tradujo en un descenso de la pobreza del 18% en 2005 al 5,9% en 2012; y de la indigencia, del 5,9 al 1,1%, en el mismo período (López Segrera, 2016: 52).

En el marco de las limitaciones -con diferenciales graduales en cada caso- para construir un modelo económico alternativo al neoliberalismo y la persistencia de importantes -aunque proporcionalmente variables- continuidades con las políticas públicas del orden neoliberal, diversos autores han definido a los gobiernos posneoliberales de la región (principalmente Argentina, Brasil, Chile y Uruguay) como proyectos extractivistas de matriz “neodesarrollista” (Katz, 2008; Féliz, 2011; Bolados García, 2016). Según Féliz (2011), el neodesarrollismo es la “superación negativa del neoliberalismo” que llegó a ser hegemónico durante la década de los noventa. Sin embargo -enfocándose en el caso argentino durante el período de posconvertibilidad- este autor sostiene que dicha superación no constituye un quiebre de la ofensiva neoliberal sin ningún tipo de continuidad, sino que “involucra permanencias, reapropiaciones y novedades”, condicionadas por el carácter capitalista dependiente y periférico de la economía y del Estado. La nueva forma de desarrollo capitalista se basa en la precarización laboral y la persistencia de una elevada desigualdad social, bajos salarios y un modelo productivo sostenido en la extracción de las riquezas naturales y los bienes comunes (Féliz, 2011). Katz, por su parte, afirma que, principalmente en los gobiernos de centroizquierda de Brasil y la Argentina, se produjo un “giro neodesarrollista” que se basa en la aplicación de políticas industrialistas, pero que al mismo tiempo preservan la ortodoxia fiscal y monetaria y rechazan las políticas distribucionistas (Katz, 2008: 43).

Stefanoni incluye a los gobiernos más radicalizados de Bolivia, Ecuador y Venezuela dentro de un modelo de nuevo extractivismo o “neoextractivismo”, centrado en la extracción y exportación de recursos naturales. El neoextractivismo andino se asienta en la combinación de extractivismo con democratización en el reparto distributivo de la renta hidrocarburífera, mediante políticas sociales redistributivas más o menos universalistas en las áreas de salud, educación, alimentos a bajos costos y bonos de ayuda social (Stefanoni, 2012: 54).

Seoane (2012) ofrece datos que permiten aseverar la magnitud de este modelo “extractivo exportador” en los gobiernos post-neoliberales. En relación a la exploración minera, en Argentina se incrementó casi un 300% entre 2003 y 2008. En el mismo sentido, las exportaciones provenientes de mineras y canteras de los países del MERCOSUR ampliado (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) pasaron del orden de los 20.000 millones de dólares en 2004, a más de 58.000 millones en 2008. En cuanto a la soja transgénica, la producción de cinco países (Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay) concentra casi el 68% de las exportaciones mundiales. Entre 2003 y 2008, la exportación brasileña de porotos de soja creció en volumen casi un 29%. En el mismo período, la exportación de soja aumentó en Argentina un 45% y las exportaciones totales vinculadas al complejo agroexportador (soja, maíz, trigo y girasol) aumentaron casi un 140% (Seoane, 2012).

En esta línea, Maristella Svampa (2012) introdujo el concepto de “Consenso de los commodities” para referirse a la persistencia en los gobiernos posneoliberales latinoamericanos de un modelo centrado en la exportación de productos primarios, con consecuencias negativas sobre el cuidado del ambiente. Según Svampa (2007), si el primer momento de la globalización neoliberal -durante los años noventa- estuvo marcado por las privatizaciones y el ajuste fiscal, este segundo momento generaliza un modelo de producción “extractivo-exportador” que apunta al saqueo de los recursos naturales y la extensión del monocultivo (desde la minería a cielo abierto, a la industria foresto-celulósica, desde los monocultivos transgénicos de la soja y los agrocombustibles, hasta la construcción de mega represas) y genera una contaminación irreversible y la consiguiente pérdida de biodiversidad (Svampa, 2007: 7-10). A diferencia de los años 90, en el actual modelo “neoextractivista” las economías latinoamericanas se vieron favorecidas por los altos precios internacionales de los productos primarios. En esas condiciones, los gobiernos de la región se centraron en las ventajas comparativas del boom de los commodities, negando o minimizando las nuevas desigualdades sociales y la explosión de conflictos socioambientales y territoriales, inherentes a la inflexión extractivista (Svampa y Viale Trazar, 2018: 89).

Belloni y Wainer (2014) también incluyen al conjunto de los países de Sudamérica dentro de este modelo de reprimarización de la estructura productiva, a través de los commodities. Sin embargo, distinguen gradualmente tres tendencias generales. Por un lado, el caso de Chile que (junto con países como Perú y Colombia) fomenta el ingreso de capital extranjero y la explotación total de los recursos naturales, con fuertes continuidades con el paradigma neoliberal. Por el otro, los casos de Brasil, Argentina y Uruguay, que mantienen la explotación dependiente de los recursos naturales en manos de empresas extranjeras, con modestos cambios legales y sin avanzar en un cambio estructural del modelo, pero con una mayor redistribución de una parte de los excedentes generados por las actividades primarias y extractivas. Por último, los casos de Bolivia, Venezuela y, en menor medida, Ecuador que, a través de la re-estatización de sectores clave de la economía -y con regulaciones más estrictas al capital trasnacional- ganaron mayores grados de autonomía y márgenes más amplios de soberanía, apropiándose de una parte más significativa del excedente local por medio de la renta de recursos estratégicos como petróleo y gas. En estos países más radicalizados, el excedente retenido permitió alcanzar un mayor grado de igualdad social mediante transferencias directas e indirectas desde el Estado hacia los sectores más vulnerables, si bien no logró reinvertir significativamente dichos recursos en sectores intensivos en conocimiento para generar un cambio cualitativo en la estructura productiva dependiente (Belloni y Wainer, 2014).

Junto con las continuidades graduales en el régimen de políticas públicas, algunos autores destacan en los gobiernos regionales (principalmente en la Argentina y Brasil) la persistencia de prácticas sociales (entre ellas, el esquema individualista del ciudadano entendido como consumidor y la convalidación de prácticas rentistas y de especulación financiera) típicas de la cultura política neoliberal (Rezende y Goldstein, 2016. 8; López Segrera, 2016: 66). Otros subrayan en estos países sudamericanos la ausencia de un discurso que critique al capitalismo y realice referencias programáticas al socialismo (Katz, 2008: 123).

Los límites fenoménicos de los gobiernos posneoliberales de Latinoamérica para enfrentarse a las poderosas fuerzas del capitalismo neoliberal se intensificaron durante su última etapa. En Brasil, luego del estallido de manifestaciones sociales contra el lulismo iniciadas en junio de 2013, las elecciones presidenciales de 2014 cristalizaron una fuerte polarización social. El nuevo gobierno de Rousseff no logró reactivar la economía (el PBI se redujo un 2.8% en 2015) y se vio forzado a aplicar un plan de ajuste fiscal que generó fuertes protestas sociales y fue percibido como un giro ideológico hacia la derecha (Rezende y Goldstein, 2016). Además, luego de los escándalos de corrupción del Lava Jato de Petrobrás, que salpicaron al PT, en mayo de 2016 se produjo un golpe institucional de Michel Temer que concluyó en la destitución de Dilma y el encarcelamiento de Lula, descabezando políticamente al petismo (López Segrera, 2016: 47, 83-85).

En la Argentina, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015) se mantuvo el prominente grado de concentración del ingreso, la intensa centralización del capital, la fuerte extranjerización económica y la tendencia general a la fuga de capitales (Wainer y Schorr, 2014). Luego de que el ministro Kicillof implementase un severo control a la compra de divisas (popularizado como “cepo cambiario”) para intentar controlar la creciente fuga de utilidades, se abrió un mercado paralelo de divisas que generó una brecha cambiaria. Al mismo tiempo, el Gobierno impuso un estricto control a las importaciones. Estas medidas, sin embargo, no lograron revertir los crecientes desequilibrios a nivel externo y fiscal, la sostenida declinación del nivel de reservas de divisas del Banco Central, la creciente brecha cambiaria, la elevada tasa de inflación y el relativo estancamiento productivo y del empleo privado (Damill y Frenkel, 2015). Comenzó, a partir de entonces, una etapa de estancamiento económico con elevados índices de inflación que perduró hasta el 2015, afectando principalmente a la producción industrial -altamente dependiente de los insumos importados- y a las clases subalternas (Gaggero, Schorr y Wainer, 2014: 66-70 y ss.). De acuerdo a los datos estadísticos del Informe Barómetro de la Deuda Social Argentina de la UCA (2016), entre el 2012 y el 2015 la pobreza medida en términos de personas aumentó del 26,2% al 29% de la población. De ese total, el porcentaje de pobres de la clase trabajadora marginal aumentó de 48,8% a 56,4%; y de la clase obrera integrada de 29,3% a 35,5%. Medido en términos socioeconómicos, el porcentaje de personas pobres en los estratos bajos aumentó de 31,6% a 39,2%, en niveles medios-bajos aumentó de 9,9% a 13,7% y en los muy bajos mermó de 56,2% a 54,1%, en el mismo período. Al mismo tiempo, entre el 2012 y el 2015 el porcentaje de pobreza medido por hogares aumentó del 16,8% al 18,8%, incrementándose de 32,3% al 40,1% en la clase trabajadora marginal y de 20,7% a 25,5% en la clase obrera integrada. Todo ello con un aumento de la pobreza en hogares con ingresos bajos de 20,8% a 26,1% y una merma de 38,7% a 37,9% en hogares muy bajos. Por su parte, la indigencia por hogares se mantuvo en un 3,2% entre 2012 y 2015. Sin embargo, al medirlo por estrato económico ocupacional, aumentó de 3% a 3,6% en la clase obrera integrada y de 8,4% a 10,4% en la clase trabajadora marginal, en el mismo período; y, por nivel socioeconómico, se incrementó de 3,2 y 3,3% en los niveles bajos, mermando de 8,6% a 8,3% en niveles muy bajos. Los niveles de indigencia por personas se redujeron de 5,7% a 5,3%, en similar período, aunque aumentaron de 4,8% a 5,5% en la clase obrera integrada y de 15% a 15,6% en la clase trabajadora marginal. Por su parte, las necesidades básicas insatisfechas por hogares se mantuvieron en un promedio de 11,4% entre 2012 y 2015, aunque aumentaron en la clase trabajadora marginal de 23,0% a 30,1% y de 13% a 13,1% en la clase obrera integrada. Ello se tradujo en un retroceso de 13,3 a 12,9%, al ser medido por nivel socioeconómico en los estratos económicos bajos, junto con un incremento de 26,9 a 28,2% en los estratos muy bajos y un aumento, medido por condición residencial, baja-vulnerable del 17,6% al 20,9%, y de 37,8% a 41,6% en las villas y asentamientos precarios. Finalmente, el coeficiente de Gini, que mide la distribución del ingreso nacional, muestra en el período 2012-2015 una mínima variación de 0,422 a 0,412 (medido por hogares) y de 0,409 a 0,411 (medido por personas). De ese total, la brecha de ingresos per cápita entre el primero y el último quintil se mantuvo en 8,3 y se redujo comparativamente en cada uno de los cinco quintiles, en el mismo período (elaboración propia basada en datos del Informe Barómetro de la Deuda Social Argentina de la UCA, 2016).

Como un indicador de los límites fenoménicos de los gobiernos post-neoliberales de la región, en las elecciones presidenciales de 2015 y 2018 el kirchnerismo y el petismo fueron derrotados democráticamente en las urnas por candidatos de centroderecha (Mauricio Macri y Jair Bolsonaro) que estructuraron su identidad a partir de una fuerte crítica y rechazo a dichas experiencias políticas. Una vez asumidos, ambos gobiernos reaccionarios difundieron una serie de interpelaciones retóricas y aplicaron –no sin contradicciones- un conjunto de políticas públicas de corte neoliberal.

En la Argentina, el gobierno de Macri aplicó de un modo gradualista políticas de desregulación y apertura económica, que eliminaron controles de precios (llamados “precios cuidados”), liberalizó el tipo de cambio, redujo fuertemente los subsidios a las tarifas de servicios públicos, eliminó retenciones a algunos productos primarios, desreguló al sistema financiero y eliminó controles al movimiento de capitales y redujo aranceles y paraarenceles que protegían a la industria nacional de la competencia internacional. Además, realizó un ajuste ortodoxo del sector público en las áreas de salud, educación, ciencia y tecnología y eliminó o desfinanció programas sociales sancionados durante el kirchnerismo. Estas políticas de corte neoliberal fueron acompañadas de medidas punitivistas y de criminalización del derecho a la protesta social. A pesar de la ofensiva neoliberal-conservadora, el discurso anti-kirchnerista del macrismo fue respaldado en las urnas en las elecciones legislativas realizadas en octubre de 2017, en las que obtuvo una cómoda victoria.

A partir de la corrida cambiaria desatada en abril de 2018 y el acuerdo financiero con el FMI firmado en mayo de ese año, comenzó una segunda etapa en la que la Alianza Cambiemos profundizó -no sin contradicciones- el plan de ajuste fiscalista. La nueva fase acentuó el recorte del gasto público y congeló nominalmente la base monetaria, lo que ahondó la recesión económica. En el marco del inicio de un nuevo ciclo del patrón de valorización financiera que -a diferencia del ciclo 1976-2001- se asentó en un festival de letras de corto plazo y elevadas tasas de interés respecto de la variación del tipo de cambio, los datos de CIFRA indican que, durante el gobierno de Macri, la deuda pública en moneda extranjera aumentó en 103.808 millones de dólares y la fuga de capitales alcanzó los 93.667 millones de dólares, entre diciembre de 2015 y septiembre de 2019. La devaluación acumulada fue de 547,8% entre noviembre de 2015 y octubre de 2019. Además, el promedio anual del índice de precios minorista saltó del 27,6% entre 2011-2015 a 38,6% durante el período 2016-2019; el salario de los trabajadores registrados en el sector privado cayó un 12,4% desde noviembre de 2015 hasta agosto de 2019; la tasa de desempleo trepó del 6,6% al 10,6% y la del subempleo del 9% al 13,1% entre el segundo trimestre de 2015 y el mismo período de 2019; y el nivel de pobreza, que había bajado del 59,7% al 29,3% entre 2003 y 2015, subió al 35,4% en el primer semestre de 2019 (Basualdo et. al., 2019: 2-8).

En Brasil, luego de la aprobación de las reformas de “flexibilización” laboral, en noviembre de 2017, y las políticas de Temer de ataque contra las organizaciones sindicales, Bolsonaro asumió la presidencia con un discurso de intensificación de las políticas neoliberales y subordinación a los intereses de los Estados Unidos (Krein y Fregnani, 2019). Sin embargo, en el caso brasileño, este discurso de derecha neoliberal se combinó con un acentuado patriarcalismo, racismo, homofobia y neo-fascismo social, que fue relacionalmente más profundo y radicalizado que en la Argentina de Macri (Svampa, 2019). Además, mientras que en la Argentina el neo-pentecostalismo tiene poca (aunque creciente) influencia política, en Brasil se produjo en los últimos años una proliferación de Iglesias pentecostales que combinan la ética emprendedora e individualista del neoliberalismo, con un acentuado conservadurismo religioso en las costumbres (Rezende y Goldstein, 2016: 11).

En Venezuela, la escasa diversificación de la matriz productiva -dependiente casi en su totalidad de las divisas del petróleo- generó en los últimos años fuertes limitaciones para profundizar la redistribución progresiva del ingreso. El gobierno bolivariano -a partir del 2013 liderado por Nicolás Maduro- tuvo dificultades para disciplinar al capital concentrado, lo que se expresó en un enorme desabastecimiento patronal que potenció los niveles de inflación, con efectos regresivos para las clases subalternas. Junto con el creciente centralismo en la toma de decisiones, generó intensas protestas sociales, que fueron reprimidas por el gobierno. La inflación, que en 2014 era del 62%, alcanzó en junio de 2016 cifras superiores al 200%. El PBI en 2015 arrojó cifras negativas de -7,1. La pobreza aumentó del 25 al 32% entre 2012 y 2013 (López Segrera, 2016: 43). Además, en diciembre de 2015 el gobierno de Maduro fue derrotado popularmente en las elecciones legislativas.

En Ecuador, las intensas luchas contra el neoliberalismo del gobierno de Correa se debilitaron en la última fase de la “revolución ciudadana”, al compás de las tensiones con el movimiento indígena radicalizado por las políticas extractivistas (Klachko y Arkonada, 2016: 163-165). La CONAIE fue distanciándose paulatinamente del gobierno de Alianza PAIS, mientras que una parte del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) y las principales organizaciones sindicales se declararon en abierta oposición al gobierno por su política de minería metálica a gran escala, la represión de la protesta social, los límites del proyecto de redistribución de tierras y las disputas en torno a la autonomía territorial indígena (Ospina Peralta y Lalander, 2012: 119 y ss.). Los avances posneoliberales del correísmo fueron neutralizados a partir del acceso a la presidencia de Lenin Moreno (2017), quien rápidamente giró a la derecha, aplicó un plan de ajuste neoliberal basado en la reducción del tamaño del Estado y la disciplina fiscal y buscó nuevas alianzas políticas con los grandes grupos empresariales y sectores financieros (Dávalos, 2018: 5 y ss.).

En los últimos tiempos también hubo límites en Bolivia, en particular a partir del rechazo a la derrota del referéndum presidencial convocado por Evo Morales (febrero de 2016) y la ruptura de la alianza del evismo con los movimientos sociales más radicalizados (López Segrera, 2016). Aunque con antecedentes en los Golpes de Estado “blandos” en Honduras (2009) y Paraguay (2012) y los fallidos intentos golpistas en Venezuela (2002), Bolivia (2008) y Ecuador (2010), el reciente Golpe de Estado cívico-policial (y luego cívico-militar) de la derecha neoliberal-conservadora en Bolivia es sintomático de estos límites de los gobiernos democrático-populares para enfrentarse al poder real en el capitalismo actual.

Sin embargo, las intensas, masivas y espontáneas protestas sociales en Chile contra el neoliberalismo y las diferentes vías de resistencia social del campo popular en la región (principalmente en Ecuador y Colombia) -junto con la elección popular de Andrés López Obrador en México y el reciente triunfo presidencial del Alberto Fernández en Argentina (más allá de sus tendencias ideológicas centristas y moderadas)- tal vez logren realizar algún tipo de contrabalance relativo de poder.

Pese a sus avances relativos en la disputa hegemónica, los movimientos sociales de base y los gobiernos posneoliberales y de (centro)izquierdas de América Latina han mostrado -con diversos grados de profundidad- importantes limitaciones fenoménicas para enfrentarse a las fuerzas del capitalismo neoliberal y estructurar un modelo económico y social alternativo que sea consistente, viable y deseable para las clases subalternas. En los últimos años, además, se asiste a una nueva ofensiva neoliberal en la región, que adquiere sus propias especificidades. Por un lado, no plantea un giro de ciento ochenta grados en el régimen de políticas públicas para retornar a la etapa previa a los gobiernos posneoliberales. Por el otro, convive -en diverso grado y magnitud- con la intensificación de una cultura política de derecha conservadora y patriarcalista, que se opone a las políticas progresistas de los gobiernos de (centro)izquierda en defensa de las minorías sociales, enarbola un discurso autoritario con tendencias neofascistas y promueve un retorno a los valores de orden patriarcal, respeto a las jerarquías, centralidad de la religión y la familia nuclear. En América Latina la derecha neoliberal y la derecha conservadora tienden a converger -con diversos grados e intensidades de profundidad en cada caso- en una concepción autoritaria, punitivista y de criminalización de la protesta social de las clases subalternas y en ciertos rasgos elitistas, clasistas y racistas. También encuentra algunas afinidades ideológicas en la lógica individualista que caracteriza al neopentecostalismo (un fenómeno con mucha fuerza en Brasil) y el uso político de la religión para oponerse a gobiernos democrático-populares (como ocurrió en Bolivia a partir del Golpe de Estado contra Evo), aunque en otros casos (como ocurre en la Argentina) persisten las tensiones con las visiones seculares de la derecha neoliberal.

Además de estas transformaciones sociales en marcha, la creciente complejidad del mundo actual hace indispensable profundizar la reflexión colectiva sobre algunas ideas parcialmente sedimentadas y sobre ciertas restricciones (sobredeterminadas por el orden significante) que condicionan la disputa hegemónica en América Latina. Uno de los ejes primordiales se vincula con un análisis riguroso de las características de la estructura económica y social actual de la región y de cada país en particular. Los estudios especializados (algunos de ellos, citados en el presente trabajo) muestran, en general, la persistencia de un modelo de acumulación con elevados grados de extranjerización y primarización económica, una alta concentración del ingreso y centralización del capital, enormes grados de inequidad social y un mercado de trabajo fuertemente segmentado y con índices muy elevados de pobreza, precarización e informalidad laboral. El análisis político debe considerar también la existencia de ciertos límites (no deterministas ni causalistas) que impone el modo de inserción económica dependiente de los países periféricos en el sistema mundial capitalista y el histórico problema de la escasez de divisas de los países subdesarrollados de la región (conocido como restricción externa), en condiciones de fuerte transnacionalización económica y escaso dinamismo tecnológico-industrial⁶. A ello se le deben sumar los fuertes condicionantes de la deuda externa del sector público y ciertas restricciones más coyunturales, producto de la estructuración del orden económico internacional, pero que afectan centralmente a los países periféricos y dependientes de nuestra región (por ejemplo, una eventual caída del precio internacional de los commodities).

Un segundo eje se relaciona con la persistencia de una visión simplificada en ciertos sectores del campo popular en torno a la supuesta influencia determinista y causal de los medios tradicionales de comunicación para manipular a voluntad a la ciudadanía, así como sobre los potenciales usos estratégicos de los mass media y las redes sociales para disputar hegemonía en el complejo mundo actual. La acelerada y vertiginosa expansión de las tecnologías de la información (en particular, de Twitter y Facebook) genera nuevas formas de mediatización de lo político que están transformando a pasos agigantados los modos de socialización política (e incluye fenómenos recientes como el uso político de las fakenews y la llamada “posverdad”). Otro fenómeno relativamente estructurado que ha tendido a ser subestimado es el fuerte grado de sedimentación de la crisis de representatividad política, lo que se expresa en intensos niveles de apatía y descreimiento de amplios sectores de la ciudadanía en la “clase política”. Estos fenómenos sociales en parte convergen con la sedimentación relativa de una cultura política individualista-egoísta, que contribuye a debilitar los lazos de solidaridad social entre las/los trabajadoras/es, en pos de una concepción competitiva, utilitarista y hedónica, tiende a generar identidades más lábiles, fluidas y cambiantes y acrecienta el rango de ciudadanos independientes o apartidarios.

En el marco de estas profundas transformaciones en la estructura económica y social y en las identidades políticas, tampoco debería soslayarse una reflexión crítica sobre los estilos de liderazgo de los gobiernos posneoliberales y de (centro)izquierdas de la región. En particular, su tendencia a un excesivo personalismo, centralismo y verticalismo en la toma de decisiones, su insuficiente dialogismo con otros actores sociales y las fuertes tensiones internas que ello generó con los movimientos sociales de base, pero también con estratos medios.

A la luz del reciente Golpe militar en Bolivia contra el gobierno de Evo Morales, también resulta fundamental repensar el papel político de las Fuerzas Armadas y policiales en las democracias latinoamericanas y los modos de enfrentarse geopolíticamente al poder político, económico y militar predominante de los países centrales del sistema mundial (en particular, de superpotencias con capacidad armamentística para destruir el planeta y bases militares en América Latina, como los Estados Unidos, aunque también debería reflexionarse sobre el incipiente poder de China). Por último, teniendo en cuenta que el carisma no se hereda, queda pendiente la reflexión colectiva sobre el problema de una adecuada tramitación institucional de la sucesión de los liderazgos populares de (centro)izquierda latinoamericana para profundizar los procesos emancipatorios de las clases subalternas.

Este trabajo intentó contribuir a complejizar y fortalecer la comprensión y el análisis de los convulsionados fenómenos y procesos políticos y sociales actuales en América Latina y, en particular, a indagar en las limitaciones de los movimientos sociales y los gobiernos de (centro)izquierda para estructurar una alternativa anti-neoliberal y avanzar hacia el objetivo socialista, para tratar de superar las formas de explotación y desigualdad social del sistema capitalista. Al mismo tiempo, intentó contribuir en alguna medida a evitar que los retrocesos graduales sufridos en los últimos años en el campo democrático-popular en varios países de nuestra América, terminen derivando -con las especificidades y particularidades propias de cada caso- en un avance más rápido y profundo de la nueva derecha neoliberal-conservadora, con sus calamitosas consecuencias económicas y sociales para las clases subalternas.