Introducción

Desde hace casi medio siglo, Internet pasó a ser una herramienta central en las comunicaciones cotidianas gubernamentales, del mercado y para la ciudadanía en general. Su irrupción en el ecosistema mediático ha transformando prácticas y relaciones sociales a nivel global, modelos de negocios, modos de expresión pública y acceso a la información. Asimismo, internet constituye hoy una herramienta para el acceso y cumplimiento de otros derechos humanos como la comunicación, cultura, salud, educación y el acceso a asistencia y beneficios sociales (Segura y Bizberge, 2020; UNESCO, 2020).

Si bien en Argentina las distintas gestiones de gobierno vienen trabajando en la extensión del servicio, como veremos, las desigualdades persisten en todo el territorio nacional, tanto entre provincias como dentro de cada una de ellas. El presente artículo tiene como objetivo general analizar el acceso a internet fija¹ en relación a las políticas públicas que promueven la ampliación de la red en la provincia de Mendoza², donde encontramos un incipiente desarrollo de experiencias público privadas que nos ayudan a reflexionar en torno al ejercicio del derecho humano a la conectividad, en particular, y a la comunicación, en general.

Para alcanzar nuestro objetivo, revisaremos la oferta de los servicios de internet en vínculo con la pluralidad de actores y los derechos digitales y propondremos un primer análisis que articule los principios de Derechos Humanos, acceso y participación recomendados por la UNESCO (2017). Para ello, tomamos como período de estudio octubre de 2019 a octubre de 2020, en el cual se registra un cambio de gestión de gobierno nacional y por lo tanto de dirección en el Ente Nacional de Comunicaciones en diciembre de 2019, organismo que direcciona las políticas de telecomunicaciones en todo el país. En consecuencia, en marzo de 2020, se adoptaron una serie de medidas a fin de extender y ampliar el acceso a los servicios de internet lo más rápidamente posible debido a que el aislamiento social implementado para prevenir la extensión de la pandemia por Covid-19, tornó a la red imprescindible para realizar actividades sociales, sanitarias, culturales y económicas desde los hogares³. Este contexto agudizó y puso en evidencia, la desigualdad en el acceso a internet en todo el país y, en particular, en la provincia caso que tomamos para este estudio.

Algunas preguntas que guiaron esta investigación son: ¿Qué actores posibilitan la conectividad en Mendoza? ¿Qué políticas promueven el acceso en zonas no rentables para el mercado? ¿Qué propuestas tienen las organizaciones en relación a los servicios y derechos digitales en la provincia? Los primeros datos arrojan un mapa de acceso a internet fija donde la desigualdad persiste, aunque las nuevas políticas públicas abren la posibilidad a nuevos actores, algunos de los cuales proponen debatir el ejercicio de los derechos digitales más allá del mero acceso. A fin de desarrollar lo investigado, organizaremos el trabajo en tres apartados. En primer lugar, reflexionaremos sobre las definiciones de internet como derecho humano fundamental y la problemática de la brecha digital, tomando como referencia autores especializados y documentos de organismos internacionales. En segundo lugar, relevaremos los servicios de internet disponibles en la provincia de Mendoza y analizaremos el acceso en la provincia; asimismo, recuperaremos políticas públicas y acciones de la sociedad civil que desde hace poco tiempo se proponen como opción para ampliar el acceso. Finalmente, ensayaremos algunas conclusiones en función de los conceptos de universalidad y derechos digitales en vínculo con la situación de la provincia.

Definiciones y contextualización

En su Declaración Conjunta del 16 de mayo del 2011, Frank La Rue, Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y Expresión, junto a otras organizaciones reconocieron el valor de internet para aumentar la transparencia en la conducta de los poderosos, acceder a la información y facilitar la participación activa de los ciudadanos en la construcción de sociedades democráticas (ONU, 2011). Además, emitieron principios generales y recomendaciones sobre el acceso a internet y la libertad de expresión. Ocho años más tarde, en julio 2019, el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), emitieron un comunicado conjunto en el que reconocieron “el derecho al acceso y el uso de internet como derecho humano y condición esencial para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión” (OEA, 2019). En ese mismo documento reconocieron la necesidad de trabajar sobre la universalidad y el acceso a la infraestructura digital, respetar el principio de neutralidad de la red y rechazar la violencia y censura en el ciberespacio.

En función de ello, para la presente investigación, consideraremos internet como un derecho humano fundamental que permite el acceso y el cumplimiento de otros derechos, como el derecho a la comunicación como superador del de libertad de prensa y del derecho a la información (Mastrini y De Charras, 2004). Y tomaremos como referencia el concepto de universalidad, propuesto por la UNESCO en la Asamblea General de 2015. Para alcanzarla, dicho organismo propone revisar cuatro principios fundamentales, los DAAP: D) una internet respetuosa de y que promueva los Derechos Humanos; A) Abierta a todas las personas; A) Accesible en relación a aspectos técnicos, económicos y sociales, es decir, que sea asequible; P) que promueva la Participación de múltiples partes interesadas, gobierno, sector privado y sociedad civil (UNESCO, 2018).

Estas dimensiones ayudan a analizar y evaluar la desigualdad en el acceso a internet, problemática que aún sigue siendo central en varios países de América Latina (OEA, 31 de agosto de 2020). De acuerdo a lo publicado por la UNESCO (2017), las dificultades de conectividad en la región se relacionan con la oferta -en muchos casos, en manos de pocas empresas-, la infraestructura de las telecomunicaciones, los marcos regulatorios y los bajos niveles de ingresos familiares que impiden el pago de los costos de los servicios. Todos estos componentes ensanchan y complejizan la brecha digital, es decir, el problema no es sólo quienes acceden a las nuevas tecnologías y quienes no, sino que las desigualdades se dan también entre quienes sí tienen acceso (Becerra, 4 de julio de 2019). Asimismo, de acuerdo al análisis de Segura (1 de octubre de 2020), este fenómeno tiene relación directa con diferencias sociodemográficas de la población (educación, género, ubicación geográfica, zona rural, zona urbana, franja etaria).

En Argentina se registró un 57.3% de la población con acceso a internet fija en 2019, posicionándose el país como uno de los que mayor acceso a internet brinda en la región (CABASE, 1er semestre de 2020). Esta posibilidad de tener servicios se ha ido construyendo de a poco y con diversas políticas públicas de extensión del sistema de internet. Una de ellas fue la Ley Argentina Digital núm. 27.078 sancionada en 2014 que permitió la extensión de la red de fibra óptica en todo el territorio y declaró tanto a internet como a las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y la Comunicación como servicios de interés público, esenciales y estratégicos (Ley 27.078/2014). Sin embargo, el acceso a estos servicios es desigual en diversas zonas de nuestro país. Si bien en los últimos años el Estado Nacional desarrolló políticas públicas para reducir la brecha digital, en el contexto de pandemia por Covid-19 se puso de manifiesto que las políticas vigentes no fueron suficientes para garantizar los derechos digitales.

Algunas de las causas de la brecha digital se relacionan con las características sociodemográficas en el país, pero, como veremos en el caso de la provincia de Mendoza, también se relacionan con la oferta y el criterio de rentabilidad que persigue el sector privado. En este sentido, la concentración de empresas de internet ha impedido el desarrollo de servicios competitivos y de calidad, principalmente en el servicio por fibra óptica (Becerra y Mastrini, 2017). A las dificultades de acceso, se suma la ineficiencia de los servicios: frente al aumento de consumo de internet para trabajar, estudiar, entretenerse y comunicarse, la distribución de internet ha sido insuficiente y se acrecentaron los problemas de la llamada última milla (Bizberge, 2020; Califano, 2020).

Frente a esto, desde el inicio de las medidas de aislamiento social obligatorio para disminuir los contagios por Covid-19, el gobierno nacional tomó una serie de disposiciones que promueven el acceso internet en Argentina. En primer lugar, se decretó la prohibición de la suspensión de los servicios de telefonía fija o móvil e Internet -además de los servicios básicos- por 180 días, por considerarlos fundamentales para el ejercicio de otros derechos (Decretos 426 y 311/2020). A su vez, se promulgó otro decreto (690/2020) que incorpora a la Ley Argentina Digital la declaración de “carácter de servicio público en competencia” a los servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), entre ellas internet, telefonía celular y servicio de tv paga o cable. Lo novedoso de esta normativa es que otorga de mayores facultades al Ente Nacional de Comunicaciones para fijar precios máximos y controlar la calidad de los servicios que ofrecen las empresas. Por otro lado, se lanzó el Plan Nacional de Conectividad “Conectar 2020-2030” a través del cual se destinaron treinta y siete millones de pesos con el objetivo de universalizar el acceso a los servicios TIC y los servicios de banda ancha, el cual incluye la ampliación de la Red Federal de Fibra Óptica en todo el país (Poder Ejecutivo Nacional, 2020); y dos programas para brindar servicios en barrios populares y zonas desatendidas (OBSERVACOM, 2020). Estas nuevas políticas incluyen a las organizaciones sociales como una opción sin fin de lucro, muchas de las cuales promueven el uso de tecnologías alternativas basadas en el respeto al derecho a la comunicación y a los derechos digitales de la ciudadanía (Binder y Gago, 2020).

Si bien algunas políticas fueron reconocidas internacionalmente, la Organización de Estados Americanos en su documento del 31 de agosto de 2020, manifestó su preocupación por la falta de acceso a internet, alertó sobre la ineficiente infraestructura para enfrentar la “nueva normalidad” y advirtió sobre cómo la falta de acceso a la red limita el ejercicio de otros derechos fundamentales principalmente en poblaciones vulnerables, comunidades indígenas, afrodescendientes, mujeres, niños y niñas y adultos mayores (OEA, 31 de agosto de 2020, s/r).

Abordaje metodológico

A fin de relevar la información presentada recurrimos a una metodología cualitativa y utilizamos diversas técnicas de investigación como el análisis documental para artículos periodísticos, decretos, leyes y mensajes gubernamentales oficiales nacionales y documentos de organismos internacionales y organismos públicos nacionales; lectura y consulta de artículos académicos vinculados a la temática., informes publicados en revistas académicas. Asimismo, si bien el Ente Nacional de Comunicaciones actualizó su base de datos de servicios TIC en abril de 2020, a fin de incluir datos recientes y problemáticas locales, empleamos la observación simple (audicionado y visionado de noticias en medios de comunicación hegemónicos y populares) y técnicas conversacionales con actores claves de organismos públicos, el sector privado y de la sociedad civil (entrevista, comunicaciones telefónicas y participación en el Congreso Virtual “Conectividad como Derecho Humano” realizado entre el 12 de agosto y el 15 de octubre de 2020 por la agrupación Agenda Mendoza y el Ente Nacional de Comunicaciones, delegación Mendoza).

Resultados y discusión

El acceso a internet en Mendoza: problemas estructurales, soluciones parciales

Con el objetivo de extender el Servicio Universal (Ley 27.078/2014), en 2010 el gobierno argentino creó el Plan Nacional De Telecomunicaciones Argentina Conectada (Decreto 1552/2010) y habilitó a la empresa Ar-Sat, a construir la Red Federal de Fibra Óptica (ReFeFO). Bajo este Plan se establecieron en Mendoza 35 puntos de conexión a la Red Federal a la que tienen acceso las empresas que ofrecen servicios de internet y están ubicados de norte a sur de la provincia, aunque sólo en nueve de los dieciocho departamentos que la componen (Malargüe, San Rafael, General Alvear, San Carlos, Las Heras, Santa Rosa, Capital, Tunuyán, Lavalle) (Datos ARSAT, 2020).

Si bien la oferta en el servicio ha crecido en los últimos años, de acuerdo a los datos brindados por CABASE (2020) y que se muestran en el Gráfico 1, Mendoza es la provincia de la región que verifica menor crecimiento en el acceso a internet entre 2019 y 2020. Los números dan cuenta de que sólo el 36,25% de los hogares de la provincia se conecta a la red fija cuando en el promedio nacional es de 62,86% (CABASE, 1er semestre de 2020).

De acuerdo a lo explicado por Valentín González, delegado del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) de Mendoza (período 2016 – 2019), cuando inició su gestión los prestadores “se podían contar con los dedos de una mano” y ofrecían sus servicios principalmente en las zonas urbanas de la provincia (González, 31 de octubre de 2019)⁴.

Gráfico 1
Variación en el acceso a internet en la región de Cuyo, Argentina
CABASE, 1er semestre de 2020

Actualmente, los grupos empresariales que principalmente ofertan servicios de internet son Movistar, Arlink-Supercanal, Direct-TV y Claro y operan en la zona de mayor población, el Gran Mendoza. Dichas empresas no ofrecen solamente internet sino también servicio de telefonía o tv por cable o satelital, lo que da cuenta del “carácter conglomeral” del sector y la extensión de los negocios en las telecomunicaciones en diferentes zonas y mercados (Becerra y Mastrini, 2017, p.63). Por ejemplo, Arlink-Supercanal posee el 7% de los clientes de internet fijo en las 14 provincias en las que opera (CABASE, 1er semestre de 2020). Asimismo, estas empresas son las que ofrecen los costos más bajos de los servicios debido a su carácter de empresa multinacional y a la tecnología con la que operan. Sin embargo, son las que más denuncias han recibido en Defensa del Consumidor de Mendoza por la incoherencia entre la oferta y el servicio que llega a los domicilios (Zalazar, 2015).

En relación a la competencia, podemos afirmar que el desarrollo de nuevas empresas es muy reciente. Las medianas empresas locales más reconocidas son Wesnet, Aerofiber y Avelot⁵, tienen desarrollo principalmente en el Gran Mendoza, San Martín, Lavalle y Luján de Cuyo. Para mediados de 2020 en Mendoza pudimos contabilizar 35 prestadores de pequeñas y medianas empresas (PyMes) de internet con licencia o licencia en trámite, una perteneciente a una cooperativa y el resto a título de particulares (ENACOM, 2020). No obstante, según Juan Pablo Raimondo (2020), Copropietario ITPro Argentina y presidente de la Cámara de Informática de Mendoza, este número asciende al doble de prestadores, pero no todos están registrados por el Ente Nacional de Comunicaciones ya que aún no logran tramitar sus licencias TIC, en muchos casos debido a problemas económicos y administrativos.

Estos nuevos actores crecieron gracias a los Aportes No Reembolsables del Fondo de Servicio Universal (Ley 27.078/2014, art. 21), un programa de financiamiento para ofertar servicio de internet en zonas de 2mil, 5 mil y 10mil habitantes. Esta modalidad de promoción se basa en el fomento al sector privado con fondos del Estado. Dichos aportes promovieron el desarrollo de empresas nuevas y más pequeñas, como Itpro, Infotec, Red Internet, Mendoza Sur, Net Sanrafael, Eco Wifi, entre otras (Zalazar 2015; Catalano 2020).

Aunque estas inversiones fomentaron la creación de PyMes, no solucionaron otros problemas del servicio en la provincia. De acuerdo a lo explicado por González (31 de octubre de 2019), la velocidad promedio en Mendoza es de 9 megas y la posibilidad de descarga era de 6,05 megas de descarga en 2019 y de 8 en 2020, cuando el promedio nacional es de 15 megas (Enacom, 2020). Esta variación y desigualdad en la oferta del servicio se complejiza teniendo en cuenta el conflicto por el tendido aéreo de la fibra óptica: existen ordenanzas municipales que establecen que los postes son de uso de la operadora del servicio de luz (EDEMSA), la cual firmó “un contrato de exclusividad para el uso de los postes con una sola empresa de internet, Arlink” (González, 31 de octubre de 2019). Es por ello que los nuevos proveedores deben competir ofreciendo servicios inalámbricos con algunas desventajas, tanto en zonas urbanas como periurbanas y rurales. Por un lado, el sistema de Wireless utiliza una tecnología que permite transportar menor cantidad de megas que la fibra óptica. Por el otro, el servicio es inestable frente a las inclemencias climáticas (tormentas, granizo, viento zonda) y más costoso para los usuarios debido a la tecnología que implica conectarse a ello (una antena que las empresas concesionan a los clientes, a diferencia de la fibra óptica que requiere de cableado y su costo de instalación es menor) (Catalano, 2020)⁶.

Este último punto representa un condicionamiento en el acceso a internet si lo consideramos un servicio básico y esencial ya que muchas familias no cuentan con ingresos suficientes para abonar la prestación en su barrio. Según los datos publicados por CABASE (2020), para el 27% de los hogares de la Argentina el costo del servicio de internet representa una carga significativa en relación a sus ingresos y en la Ciudad de Mendoza, el gasto representa un 3% del ingreso promedio familiar. En septiembre de 2020 -aún en contexto de ASPO- un servicio de Wireless doméstico de entre 5 y 10 megas va desde los $1800 a los $3.200 mensuales (entre 18 y 32 dólares), aproximadamente, cuando empresas como Supercanal-Arlink ofertan servicio de internet por fibra óptica de 12 megas por $1200 (unos 12 dólares aproximadamente). La diferencia se amplía si se tiene en cuenta la estabilidad del servicio y que la fibra óptica -en general- no tiene costo de instalación. Además, si tenemos en cuenta que este porcentaje en la provincia se focaliza únicamente en la ciudad capital donde existe un mayor desarrollo de la fibra óptica y no contempla los departamentos o barrios donde sólo hay servicio de internet vía Wireless -que, como dijimos es más costoso-, veremos que para muchas familias que viven fuera del Gran Mendoza el gasto de internet puede ser superior.

Este fenómeno tiene lugar en varias provincias del país por lo que la Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencias TICS (denominada “Ley Corta”) dispuso -sin éxito- la obligatoriedad en el uso compartido de la infraestructura pasiva de las telecomunicaciones (Rossi, 2018). Por lo tanto, afirmamos que existen dificultades en acceso a internet fija y en la implementación de políticas que proponen su universalización, principalmente en respecta a los servicios de la denomina la última milla. Asimismo, evaluamos que estas acciones tienden a evitar el colapso de la red y garantizar el acceso al servicio, pero no ponen en cuestión el modelo comercial del sistema ni trabajan sobre el respeto a los derechos digitales (Rossi, 2020).

Acciones para la universalización de internet y derechos digitales

Como mencionamos anteriormente, pese a las políticas públicas implementadas, persisten desigualdades en la cobertura de internet entre los centros urbanos y las zonas alejadas o no atractivas -en términos de rentabilidad económica para el sector privado. Por lo que aún quedan digitalmente excluidas muchas localidades y comunidades en la provincia. A fin de abordar esta problemática, recuperamos dos casos de acciones que articulan el sector público y privado y que promueven la universalización en el acceso a la red.

El primer caso que recuperamos refiere a una acción de un estado local, más allá de que las políticas comunicacionales estén direccionadas en nuestro país por el Estado nacional. Por ello, resulta de particular interés conocer a InterLuz, una empresa creada entre 2016 y 2017 que oferta servicio de internet por fibra óptica, y pertenece a Proyectos Lavalle Sociedad Anónima, una empresa mixta con Participación Mayoritaria Estatal (SAPEM). La misma está compuesta en un 90% por capital municipal y un 10% de capital privado. La propuesta fue lanzada por el municipio de Lavalle, donde el problema del acceso a internet -entre otros servicios- es central debido a que el departamento está ubicado a 30km de la Ciudad de Mendoza y presenta una extensión geográfica de 10.212 km², con zonas y clima semidesérticos y población principalmente rural. En base a experiencias similares desarrolladas en las provincias de La Rioja y La Pampa, en octubre de 2019 Interluz inauguró sus primeras 30 manzanas con servicio de internet por fibra óptica en Villa Tulumaya (cabecera de departamento) y desde entonces se ha ido extendiendo hacia la zona periurbana y rural, aunque esta última aún cuenta con muchos barrios sin cobertura (Municipalidad de Lavalle octubre de 2019). Según lo comentado por Gerardo Vaquer, presidente de la empresa para Nuestra TV (2019) la iniciativa surgió a partir de una demanda que decide atender el municipio y de este modo, “analizando las necesidades del departamento se priorizó este servicio que es tan elemental para los tiempos que corren, como es el servicio de internet” (Vaquer en Nuestra TV, 2019). Esta iniciativa es un principio de solución al problema de ofertas, precio y calidad de la conexión en la provincia.

Otras de las experiencias que recuperaremos están vinculadas a programas del ENACOM puestos en marcha en el segundo semestre del 2020 en contexto de pandemia: “Desarrollo De Infraestructura Para Internet Destinado a villas y asentamientos inscriptos en el Registro Nacional De Barrios Populares En Proceso De Integración Urbana (RENABAP)” (ENACOM, Resol. 726, 30 de junio 2020) y el “Programa de acceso a Servicios TIC a poblaciones de zonas adversas y desatendidas para el despliegue de Redes” (ENACOM, Resol. 727/2020, 30 de junio 2020)⁷. Ambos proponen de modo innovador que nuevos actores de la sociedad civil -entre ellos asociaciones de redes de internet comunitarias y medios sin fines de lucro comunitarios- se consoliden como licenciatarios TIC y brinden servicios de internet en sus territorios.

Con respecto al programa de conectividad en barrios populares, el ENACOM destinó mil millones de pesos al armado de redes de internet en barrios registrados en el RENABAP. Desde la Subdirección de Proyectos Especiales de la Dirección de Fomento y Desarrollo, a cargo de la Dra. Natalia Vinelli⁸, promueven una perspectiva de derechos fortaleciendo el vínculo con las organizaciones de los barrios populares como protagonistas para alcanzar la universalidad en la conectividad (Barricada TV, 2020). El programa apunta a ponderar el trabajo social de las organizaciones que decidan prestar internet en estos barrios y contempla la bonificación del servicio para comedores comunitarios, bibliotecas populares, centros culturales, escuelas, y la creación de estaciones de conectividad a donde podrán asistir quienes no tengan acceso doméstico.

En Mendoza, hasta la fecha de cierre de este artículo⁹, solo dos medios audiovisuales comunitarios iniciarnos sus trámites de registro para obtener una licencia TIC y ofrecer servicio de internet. Uno de ellos es Radio Comunitaria Cuyum ubicada en el barrio La Gloria, departamento de Godoy Cruz, que se presentó para el programa destinado a barrios populares. Esta radio es la comunitaria más antigua de la provincia. Desde hace más de 30 años está al aire y realiza un trabajo social y educativo fundamental en La Gloria, un barrio conformado por el traslado de asentamientos populares y villas inestables entre los años ´70 y ´90, y es una zona urbana caracterizada por la desocupación, el hacinamiento y el acceso desigual a los servicios (Tosoni, 2013).

A su vez, para el Programa de Acceso a Servicios TIC para Zonas Adversas y Desatendidas, se presentó Radio Tierra Campesina de Jocolí, departamento de Lavalle, un medio de comunicación sin fin de lucro comunitario que es parte de la organización social Unión de Trabajadores Sin Tierra (UST Campesina y Territorial). La radio lleva más de diez años brindando servicios de comunicación audiovisual y generando espacios de participación y derecho a la comunicación de comunidades campesinas en una de las zonas rurales del departamento de Lavalle. En los últimos meses, el grupo de gestión de la radio inició los trámites para montar un servicio alternativo de internet desde prácticas y lógicas que cuestionen el negocio de la red y promuevan el uso de tecnologías libres y de copyleft (Gisbert, 2020) .

Además de Radio Tierra Campesina y Radio Cuyum, otros medios sin fines de lucro comunitarios reconocidos por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nro. 26.522 (Ley SCA) pueden brindar servicios de telecomunicaciones, pero desde una perspectiva alternativa. Sin embargo, de acuerdo a lo investigado para este artículo, los medios comunitarios de la provincia de Mendoza que podrían convertirse en proveedores de internet, enfrentan un problema en el servicio audiovisual por no contar con licencia definitiva para emitir su señal. Esto complejiza la sostenibilidad de su proyecto central y optan por no gestionar otro proyecto en el sector de las telecomunicaciones.

A más de cincuenta años de su nacimiento y en un contexto de creciente convergencia y concentración de las telecomunicaciones, los medios audiovisuales comunitarios siguen representando una oportunidad para dinamizar “el ecosistema de comunicación en la Argentina a partir de prácticas alternativas a las estatales y a las comerciales y, aunque navegan contra la corriente o a pesar de la corriente, tienen inserción social, capacidad productiva y vocación de futuro” (Beltrán y Becerra, 2017, pág. 8). En este sentido, el hecho de que puedan ofrecer servicios de internet con respaldo estatal representa una oportunidad para cuestionar todo el sistema infocomunicacional, incidir en políticas públicas y problematizar sentidos y prácticas en torno a la tecnología hegemónica (Binder y Gago, 2020).

Para estas organizaciones, la elección entre una y otro modelo de tecnología no es meramente técnica, sino que su fundamento es profundamente ético y político. Desde un abordaje alternativo, las radios aquí nombradas vienen indagando e implementando software libre y no lucrativo para sus medios, lo que podría trasladarse a la lógica de construcción de una red de internet donde el uso de programas de código abierto y el trabajo colaborativo y autogestivo sean un eje fundamental para garantizar los derechos digitales no sólo de cada medio sino de la ciudadanía que se suma a esta propuesta¹⁰. Para ello, promueven uno de los principios de la UNESCO (2018) que al inicio de este artículo hacíamos referencia: el acceso en relación al uso y la apropiación de las nuevas tecnologías, lo que implica un proceso de enseñanza y aprendizaje, tiempo y trabajo extra. Desde esta perspectiva las tecnologías no son neutrales, sus diseños y contenidos involucran intenciones y perspectivas sociales, “encarnan elecciones concretas con distintas consecuencias que, de forma explícita o no, pueden favorecer determinados comportamientos o inhibir la capacidad de algunos sectores de la sociedad para beneficiarse de ellas” (UNESCO, 2013, p. s/r). Es por ello que las organizaciones generan estrategias de acceso e inclusión para profundizar abordajes alternativos que velan por los derechos digitales. Lo que implica considerar el acceso y la gestión de una red hasta la protección de datos privados, la no discriminación, la neutralidad de la red, la libertad de expresión por medio de ella, y la falta de acceso a páginas o sitios por razones políticas o discriminatorias (Segura, 2019; OEA, 2020).

Este camino tiene ya más de una década recorrido y diversas organizaciones sociales en todo el mundo diseñan estrategias para poner en marcha sistemas de internet y telefonía móvil libre y comunitaria. En 2008 se desarrollaron experiencias de redes de internet libre en Córdoba, Buenos Aires y Mendoza (Vera, 2008). En todas ellas, la misma comunidad arma, sostiene y es usuaria de la red, y las tecnologías que implementan son al mismo tiempo libres y sin fines de lucro: no persiguen fines comerciales, son autosustentables y promueven el principio de protección de datos personales y la neutralidad de internet (Binder y Gago, 2020). Actualmente están en zonas donde ni el mercado ni el Estado ofertan servicios de telecomunicaciones¹¹. Si bien como nombramos anteriormente en Mendoza relevamos la puesta en marcha de una experiencia de red de internet libre años anteriores, esta no prosperó y actualmente las dos radios comunitarias nombradas se proponen constituirse como una opción alternativa en los servicios de internet ya sea en un barrio popular o en una zona rural.

Conclusiones

De acuerdo a lo que hemos indagado y analizado para el presente artículo, las políticas públicas han promovido y ampliado el acceso a internet fijo en toda la Argentina, incluyendo la provincia de Mendoza con una amplia cobertura de la Red Federal de Fibra Óptica a lo largo y ancho de su territorio. En este proceso, se verificó un crecimiento en los prestadores locales gracias a acciones impulsadas a partir de la sanción de la Ley Argentina Digital y normativas modificatorias que consideran internet como un servicio esencial (Ley 27.078/2014) y de interés público en competencia (Decreto 690/2020). Varias de estas acciones fueron implementadas sobre la urgencia del contexto de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia de Covid-19 y teniendo en cuenta la preexistencia problemas en el acceso y distribución del servicio. En este sentido, el surgimiento y desarrollo de nuevos prestadores locales logró extender los servicios de internet y diversificar la oferta. No obstante, podemos afirmar que no promovió la igualdad de condiciones en la competencia. Por el contrario, puso en evidencia dificultades estructurales que, en su documento del 31 agosto de 2020, la OEA advirtió como centrales para enfrentar la “nueva normalidad”: el monopolio de la infraestructura común, el desarrollo de tecnologías menos estables y la falta de accesibilidad y asequibilidad de las tecnologías en las zonas adversas y/o económicamente no rentables para el sector privado. Esto tiene como consecuencia el acceso discriminatorio y desigual a la red, con costos y servicios muy variables para las distintas zonas geográficas de la provincia. A ello se incluye la problemática de las tarifas y la calidad del servicio: varían ampliamente, son diferenciales y representan un porcentaje significativo en los ingresos de los hogares.

Como desarrollamos a lo largo del trabajo, la no universalidad de internet vulnera el acceso a otros derechos como a la información, a la expresión, a la salud, a beneficios sociales y a la educación, entre otros. Siguiendo los análisis de Segura (2020), estas brechas representan “una injusticia, una desigualdad, que refuerza otro tipo de inequidad” (Segura, 1 de octubre de 2020).

En función de ello, en un segundo apartado, relevamos y analizamos acciones locales en vínculo con políticas nacionales que promueven el acceso universal a la red y, como hemos visto, la propuesta de algunas organizaciones de la sociedad civil -medios audiovisuales comunitarios- de ir un poco más allá del acceso y cuestionar el control corporativo de la red y sus objetivos lucrativos. Si bien podemos decir que se han abierto espacios de participación en la oferta de los servicios de internet incluyendo organizaciones de la sociedad civil, el proceso de apropiación de estos espacios y de las tecnologías tiene lugar de modo desigual y más lento que en el sector privado lucrativo, por lo que es aún necesario que el Estado acompañe y respalde las propuestas de internet no lucrativas. Desde el ENACOM Mendoza se han realizado charlas virtuales a fin de promover las políticas de desarrollo de la red en barrios populares y zonas adversas (Agenda Mendoza, 2020) pero, en línea con lo que afirma Natalia Vinelli, Subdirectora de Proyectos Especiales de la Dirección de Fomento y Desarrollo, estas acciones “evidentemente no alcanzan. Hay que pensarlo en el marco de políticas más amplias” (Vinelli en Barricada TV, 2020). En ese sentido, consideramos que aún restan abrir espacios donde la diversidad de actores pueda incidir en políticas públicas para el cumplimiento de otros derechos digitales como el respeto del principio de neutralidad de la red, la no discriminación ni censura en el tráfico de datos y la protección de datos personales (Bizberge y Segura, 2020). El desafío entonces para el sector sin fines de lucro es prestar servicios de telecomunicaciones con respaldo del Estado, pero no como subsidiarios sino como una opción que promueva la soberanía tecnológica. Y ello implica invertir y desarrollar en tecnologías alternativas como fundamento político que considere no sólo el manejo de software libre colaborativo, abierto y no lucrativo sino la inclusión y capacitación de la comunidad, de mujeres y disidencias en la técnica (como el hackathon feminista), que cuestione el sistema infocomunicacional y garantice los derechos digitales de la ciudadanía.

Para finallizar, afirmamos siguiendo a la UNESCO (2018) que “Internet es también una red de interacciones y relaciones sociales y económicas que va mucho más allá de la tecnología, ya que posee potencial para defender los derechos humanos, empoderar individuos y comunidades, y para facilitar el desarrollo sostenible” (UNESCO, 2018, p. 18). Es por ello que consideramos que, para ampliar y universalizar el derecho a internet en Mendoza, las políticas existentes deben ampliar su perspectiva sobre la conectividad, y generar acciones que promuevan la comunicación como un derecho humano fundamental, extendiéndose hacia la libertad de expresión y el acceso a la información con más voces y actores que promuevan la participación social en la producción de mensajes y formas de vinculación social. Para ello, como dijimos, hacen falta políticas que incluyan alfabetización digital y asequibilidad de internet vinculados a dimensiones políticas y éticas de la técnica.

Agradecimientos y reconocimientos

Se agradecen las sugerencias y los aportes del Equipo de Investigación Sociedad Civil y democratización de la comunicación y la cultura, dirigido por la Dra. María Soledad Segura, de la Universidad Nacional de Córdoba. También a la Dra. Ana Bizbergue, de la Universidad Nacional de Buenos Aires y Universidad Nacional de Quilmes, y al Lic. Federico Agüero de la Universidad Nacional de San Juan por sus recomendaciones para la investigación.

Referencias bibliográficas

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Barricada TV (20 de septiembre, 2020). Se lanzó el Programa de Conectividad para Barrios Populares. Videoinforme. https://www.youtube.com/watch?v=T_gunKCMkoo&ab_channel=VideoinformesBarricadaTV

Becerra, Martín (4 de julio, 2019) Exposición “Brecha Digital en Argentina”, Universidad Nacional de Quilmes, jornada “Argentina conectada”, organizada por la Fundación Telefónica en Buenos Aires el 12 de junio de 2019. También participaron Pablo Bello (director de Asiet) y María Inés Baqué (secretaria de Gobierno de Modernización). https://www.youtube.com/watch?v=nUTZmUy-usY&ab_channel=MartinBecerra

Becerra, Martín y Mastrini, Guillermo (2017). La concentración infocomunicacional en América Latina (2000 - 2015). Nuevos medios y tecnologías, menos actores. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes Editorial - OBSERVACOM (Obervatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia).

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Notas