Introducción

“La multitud sobre el puente”. Experiencias de ambientalismo social en defensa del territorio de islas y río

“Obnoxius affectuum viribus: Arrastrado por la fuerza de los afectos”. Fórmula spinozista

Fuente: (Tatián, 2019, p. 20)

Partimos de la idea de que, en cada situación de conflicto social, sea este territorial, laboral, de disputas de usos y sentidos sobre la vida social en general - como una huelga en las puertas de una fábrica, una movilización ante un recorte de asistencias sociales, un piquete en rutas para reclamar recursos al Estado o para la restitución de puestos laborales a una empresa privada, etc.- se enuncian modos diversos de percibir problemas y soluciones sobre un espacio social e histórico. En tales situaciones, puede ser posible identificar actores y posicionamientos sociopolíticos que exponen sentidos particulares sobre las necesidades y percepciones colectivas del presente y el futuro. Tales sentidos, se expresan a través de identidades colectivas que se articulan en la pugna de poderes en una sociedad. ¿Cómo podemos caracterizar al sujeto político emergente en los incendios de islas del río Paraná?

Vale aclarar que para el presente artículo nos hemos basado en trabajo de campo antropológico realizado en las movilizaciones socioambientales desplegadas en la Ciudad de Rosario durante los años 2020 y 2021 en conjunto con entrevistas realizadas tanto a autoconvocades como a participantes de ONG’s ambientalistas. También se ha asistido a asambleas, acampes, marchas y cortes del puente “Nuestra Señora del Rosario”, en función de recopilar información respecto de los ambientalismos sociales de la Ciudad de Rosario y alrededores, que se desplegaron en torno del conflicto por el fuego en las islas del Delta. El trabajo de investigación se enmarca en un trabajo doctoral para la obtención del título de Doctor en Antropología en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario.

El conflicto ambiental por la presencia del fuego en el territorio de islas del Delta del Río Paraná a lo largo del año 2020 y 2021, ha generado un gran debate público sobre la relación entre el ser humano y el territorio. El cuestionamiento y el ambientalismo social (Gutiérrez y Usuani, 2014) configurado entorno de este conflicto presenta características emergentes aunque una buena parte de las organizaciones sociales preexistían al conflicto. El cuestionamiento social a la presencia del fuego en las islas del Delta no es reciente pero sí ha cobrado proporciones mayores a partir del año 2020 en donde podemos inferir que el contexto de pandemia por el COVID -19 contribuyó a una percepción mayor del daño respiratorio y el riesgo para la salud humana. El cuestionamiento social entorno de este caso derivó en grandes movilizaciones de hasta 5 mil personas sobre el puente “Nuestra Señora del Rosario” [2] impulsadas por diversas ONG’s y autoconvocades. En los años 2004 [3] y 2008[4] se registran también grandes incendios forestales en la zona de islas del Delta.

La construcción geográfica del Delta por parte de la comunidad científica ha sido establecida, vale agregar, en términos de una geografía y frontera imaginaria (Truillot, 2011 y Escobar, 1999) de la siguiente manera:

Se considera que la región del Delta puede dividirse en tres grandes sectores o ecosecciones: el Delta Superior, el Delta Medio y el Delta Inferior (Burkart 1957, Malvárez 1995). El Delta Superior abarca la porción que se extiende desde el inicio de la región, en la ciudad de Diamante (Entre Ríos), hasta una línea imaginaria que cruza la planicie aluvial en sentido este-oeste y une, de un modo aproximado, las ciudades de Victoria (Entre Ríos) y Rosario (Santa Fe). El Delta Medio se extiende desde esta línea imaginaria hasta el nacimiento del Río Paraná de las Palmas, ubicado al sur de otra línea imaginaria que une las localidades de Baradero (Buenos Aires) e Ibicuy (Entre Ríos). El Delta Inferior abarca la porción terminal de la región (Vizia et. al, 2010, p. 7)

En gran medida, por parte tanto de expertos (antropólogos, biólogos, ecólogos, etc.) como de actores de la sociedad civil (ONG’s, autoconvocadxs), se atribuyen los incendios en el Delta a transformaciones socio productivas acuciadas en las últimas décadas en la región del Delta vinculadas fundamentalmente, a la expansión de la ganadería extensiva en islas producto de la profundización del modelo agroexportador y el corrimiento de la frontera agraria (Galaffasi, 2001; Prol y Arach, 2015; Vizia et. al. 2010). También, en las discursividades ambientalistas de la región (Rosario y alrededores) se han cuestionado la expansión de otras actividades socioproductivas en el Delta como la especulación inmobiliaria, la forestación, el turismo, la agricultura, la pesca y la caza.

Las movilizaciones han puesto en discusión tales modelos de producción y las racionalidades hegemónicas sobre los modos de reproducción social de la existencia, cuestionando las formas en que el ser humano gestiona y se vincula con el territorio. Ante los eventos, se ha imputado la mercantilización de la naturaleza (Leff, 2003; 2004), por ejemplo a través del lema “No es una hidrovía, es un río”, discusión ampliamente visibilizada en las movilizaciones por el fuego en el Delta[5]. Se ha debatido sobre la relación humano ambiental en donde emergen lenguajes de valoración como “ecocidio”; “bienes comunes”; “extractivismo”, etc. dando cuenta de una inscripción de estos fenómenos dentro de lo que Svampa (2013) denomina giro eco territorial: “…el surgimiento de nuevas formas de movilización y participación ciudadana, centradas en la defensa de los bienes naturales, la biodiversidad y el ambiente” (Svampa, 2013, p. 4). En tal sentido, se han manifestado materias vinculadas al uso de ‘agrotóxicos’, la soberanía alimentaria y la producción industrial de los alimentos. “Agrotóxicos”, “ecocidio”, llevan explícitas una forma de cuestionamiento, disidencia y contestación de los valores globales que se instalan por la fuerza de las respuestas sociotécnicas del Estado, el desarrollo económico y el predominio de una razón económico racional, una razón indolente como le llama Sousa Santos (2000; 2007). En el sentido el “consenso de los commodities” (Svampa, 2013) y la reprimerización de las economías latinoamericanas son el contexto amplio de los procesos de ambientalización de las luchas sociales. Ahora bien: ¿Por qué es adecuado considerar este acontecimiento como un conflicto sociopolítico y territorial?

El debate que suscitó la presencia del fuego en las islas, ha sido puesto en el papel en artículos académicos, Cartas Abiertas [6], notas periodísticas, proyectos de ley para la preservación de los humedales, denuncias a propietarios y decretos de urgencia, y a su vez, el debate se ha desarrollado en plazas, en cortes de rutas y puentes con asambleas generales y multitudinarias. Esta querella discursiva y social otorga al acontecimiento el carácter de disputa social en donde aparecen en la agenda pública, las multitudes y heterogeneidades que cortaron el Puente “Nuestra Señora del Rosario” a lo largo de la segunda mitad del año 2020. La conformación de un heterogéneo ambientalismo social, compuesto de sujetos colectivos, que se organizaron sobre y debajo del puente, mediante asambleas, discusiones, negociaciones, consensos y votaciones, para nosotros, termina por conferir al fenómeno un estado de conflicto político y territorial. Es territorial porque involucra lenguajes de valoración (Svampa, 2013) mediante los cuales se resemantizan objetos y relaciones cosmológicas entre actantes humanos y no humanos (Latour, 2001) del entorno ambiental.

La multitud que se organizó sobre y debajo del puente la podemos comprender como “…la forma de existencia social y política de los muchos en tanto muchos: forma permanente, no episódica o intersticial (…) y aún más, (…) para Spinoza, la multitud es la base de las libertades civiles”. (Virno, 2003, p. 22). Nos resulta así ‘multitud’, una forma de nominar al sujeto político que se configuró en función del conflicto por el fuego en las islas, ofreciendo un nombre a la multiplicidad de potencias que se erigieron sobre el puente. Las multitudes y formas de ambientalismo social demandaron, mediante su organización y cooperación social, al Estado en sus diferentes escalas, pero también pusieron en tela de juicio las actividades socioproductivas de la región. Así es que se difundieron nociones como “extractivismo”, “ecocidio”, “bienes comunes”, etc. Trataremos de explicar por qué es interesante poner en juego esta conceptualización de sujeto político. Veamos una forma en que precisa a la multitud Spinoza, como condición democrática:

Este derecho que se define por el poder de la multitud, suele denominarse Estado. Posee este derecho, sin restricción alguna, quien, por unánime acuerdo está encargado de los asuntos públicos, es decir, de establecer, interpretar y abolir los derechos, de fortificar las ciudades, de decidir sobre la guerra y la paz, etc. Si esta función incumbe a un Consejo que está formado por toda la multitud, entonces el Estado se llama democracia” (Spinoza, 1986, pp.93-94).

Vemos que Spinoza resguarda la pluralidad en el pasaje del derecho natural a la comunidad. No obstante, la multitud no aspira a ejercer un poder soberano, sino más bien la podemos entender como un sujeto que se personifica en la experiencia plural de una democracia no representativa, en la forma de un “Consejo formado por toda la multitud” es decir, se encarna en formas locales, concretas y plurales. La multitud genera su organización social desde la cooperación social sin confluir en un centro ni anular singularidades: “los muchos están siempre abiertos a la colaboración de otros muchos”[7].

El estado asambleario, los acampes y cortes por parte de les autoconvocades sobre el puente y Plaza San Martin son la personificación de un consejo formado por la multitud, son su actualización concreta y coexisten junto la institucionalidad del Estado, pueden dialogar e incluso optar por no negociar con él.

La voz de los muchos y la afirmación del común

La relación entre el ser humano y su territorio no resulta fácil de definir, y su caracterización tampoco puede ser asincrónica ni estática, sino más bien epocal y contextual. Hasta ahora, podemos identificar que la coyuntura de pandemia mundial, el ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) y la instauración de una cotidianeidad dislocada a comienzo del año 2020, se vio atravesada por una emergente disputa de usos y representaciones sobre el ambiente [8].

Entendemos por conflictos socioambientales aquellos ligados al acceso y control de los recursos naturales y el territorio, que suponen por parte de los actores enfrentados, intereses y valores divergentes en torno de los mismos, en un contexto de gran asimetría de poder (Svampa, 2013, p. 4).

Es importante recordar que el conflicto territorial que desencadenó el fuego tiene algunos antecedentes como los incendios del 2004 y del 2008[9] en los cuales no obstante no hubo movilizaciones sociales como las que emergieron en el 2020. O entre 2013 y en 2021, cuando a nivel legislativo pierden estado parlamentario, proyectos de ley concernientes a la gestión de los humedales. Esta acumulación de eventos llevó a sectores de la sociedad a articularse entre sí y a cuestionar diferentes dimensiones de la vida social, material y simbólica de su presente. Agrupó una serie de actores que desempeñaron un papel en el escenario social como formas de la ‘multitud’. Ahora bien, para nosotros, el acontecimiento puede ser abordado, no sólo en términos de “multitud” desde una perspectiva spinozista, sino también en articulación con el concepto del ‘común’ (Hardt y Mezzadra, 2013). Veamos por qué.

Como forma de crítica a todo tipo de propiedad, privada o pública, ubicado más allá de lo estatal o del mercado, el ‘común’ aparece a partir del planteo disruptivo de una gestión de bienes materiales e inmateriales (en este caso interpretamos que la naturaleza y los glosarios que se configuran sobre ella y la sociedad son dimensiones de la irrupción del común en la arenga pública), mediante un acceso abierto y compartido de decisiones colectivas sobre el territorio.

Una discusión al respecto del común inmaterial aparece en las entrevistas cuando un referente ambientalista proclama que “no es pastizal lo que se quema, como dicen los medios de comunicación, sino que es monte nativo” (Entrevista a AM de la Multisectorial Humedales, 02/06/2020). Creemos que esta disputa conceptual y nominal por la biodiversidad, tiene que ver con la gestión de un bien inmaterial, como son los repertorios lexicales mediante los cuales significamos el mundo en la instancia misma de su transmisión (Charaedeau, 1988).

A su vez, es interesante observar las formas de organización del común en la movilización social y en su relación con los procesos de gobierno: “…cuando hablamos del común hay que definirlo así: algo sobre lo cual tenemos libre acceso y también una estructura para tomar decisiones de manera colectiva y democrática”. (Hardt y Mezzadra, 2013, p. 46).

El ambientalismo social que se desplegó en el caso que proponemos abordar está constituido de diversas organizaciones y sujetos de la sociedad civil como ONG’s ecologistas y ambientalistas con trayectoria en la región, otras emergentes de este caso en particular como la Multisectorial Humedales y Autoconvocadxs Humedales. También encontramos en las movilizaciones socioambientales movimientos artísticos, agrupaciones universitarias, profesionales, académicos, activistas y autoconvocados, algunas preexistentes al conflicto y otras emergentes de la coyuntura. Por otro lado, los medios de comunicación locales y regionales dieron tratamiento al tema instalando en la agenda pública la problemática de los incendios en el Delta[10]. Podemos identificar a otros actores como el Estado, representado a través de los estamentos nacionales, provinciales y municipales, sus efectores técnicos como el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y entes administrativos como el Ministerio de Ambiente, etc.; bomberos y voluntarios; académicos y expertos en el tema; etc. Todos ellos forman parte de una orquesta social cuya ejecución del instrumento es, fundamentalmente, la toma de la palabra pública y las intervenciones sociales. Esta palabra pública es para nosotros, colectiva y performativa. Una movilización es una toma de la palabra pública por una parte de la sociedad, una noticia, un discurso de inauguración de un “faro de conservación” por parte de autoridades locales, provinciales y nacionales o un paper científico también lo son. No obstante, no todas las voces son escuchadas del mismo modo, y algunas se sobre ponen a otras. Además las fronteras discursivas, remisiones y recuperaciones del sentido entre las distintas escenas genéricas (Maingueneau, 2004) son un hecho ineludible. Lo particular del caso que abordamos es que “los muchos”, transformaron “su ruido en voz”, a través de la sistematicidad de la lucha, de los vocabularios emergentes, de los cortes y acampes del puente y en plazas, de las notas a periodistas, de sus incursiones para apagar el fuego y a través de una construcción colectiva de lazos con las poblaciones locales[11]. Simultáneamente, todo ello, fue transformado en contenido y presencia en redes sociales y medios digitales. A través del ‘ruido’, de la ‘distorsión’ (Rancière, 2000) que representa la multitud sobre el puente, en donde los actores, sus cuerpos y vocabularios disputan los modos canónicos del hacer y el decir, muchas de las propuestas y visiones procedentes de las movilizaciones socio ambientales fueron y son reapropiadas por otros enunciadores como los representantes políticos, los medios de comunicación. Esto sucede en la recirculación de un vocabulario emergente: “humedal”, “ecocidio” se instalan en el repertorio de la comunidad hablante. Podríamos decir que, a través de estos modos de lucha, se hace inteligible la ‘expresión’ de la multitud. Otro ejemplo se percibe en los discursos sobre la biodiversidad (Escobar, 1999) y sus múltiples derivaciones y desplazamientos ya sean, dentro del discurso científico y técnico, como del ambientalismo social o el discurso de los políticos[12].

Spinoza no postula pues una libertad ya dada (anterior, natural, inmediata) en los individuos, sino que más bien parte de un sometimiento a la adversidad y al infortunio que las existencias deberán revertir para construir una libertad cuya irrupción presupone lo común, la composición, la comunidad (Tatián, 2019, p. 21).

La fórmula “los muchos en tanto muchos” que declara Virno (2003), en espíritu spinozista, no sólo señala una forma de ponderar la heterogeneidad de un movimiento social que se articula ante una amenaza, sino que además permite observar que en su heterogeneidad hay un modo de organización de las potencias, latente y posible ante un fenómeno que es percibido por una buena parte de la sociedad como adversidad. La multitud se rige a sí misma, se muestra indomesticable, no armónica, pero se organiza y actúa a partir de lo común.

Esta organización posible de la multitud, se consagra y es posible a través de la lengua (¿qué es más compartido por una comunidad sino su lengua?) y habita en los glosarios que se ‘hacen mundo’, es decir, en los léxicos que se han recreados para definir los problemas y soluciones posibles (los nombres “Multisectorial”, “autoconvocades” como “ecocidio”, “somos humedal”, “humedales”, son un buen ejemplo de ello)[13]. Pero aparece también en las acciones al interior de los movimientos sociales y este es un punto importante para entender los procesos políticos de afirmación del común.

Escisiones en los procesos organizacionales del común

A través del trabajo de campo y de las entrevistas realizadas en el marco de la presente investigación sobre movilizaciones socioambientales en torno del fuego en el Delta, puede evidenciarse una búsqueda, en la toma de decisiones por parte de las organizaciones y personas en y debajo del puente de procesos democráticos y horizontales. No obstante, en los procesos de decisión colectiva, al mismo tiempo que se sostuvieron las heterogeneidades que componían la multitud, sucedieron escisiones internas que generaron la conformación de distintas identidades socioambientales. Hipotetizamos que las escisiones al interior del ambientalismo social emergente, se debieron fundamentalmente a divergencias en los métodos de lucha, a diferentes concepciones de Estado y movimiento y a las (im)posibilidades de articulación con otras institucionalidades[14]. Los momentos críticos de tales escisiones del frente ambientalista fueron, por ejemplo, frente a convocatorias de acampes y cortes de puente. Las mayores diferencias partieron de sectores más radicalizados cuya concepción de Estado y lucha social no ofrecía formas de institucionalidades intermedias ni de convivencia, sino que para ellos la lucha era más bien “contra el sistema”[15]. Así se expresa un referente del movimiento Autoconvocadxs Humedales al referirse en contraposición con partidos tradicionales de izquierda de la Ciudad de Rosario.

“…como sucede en esa forma de hacer política, violentas, verticalistas y patriarcales en algún punto. Entonces, nosotros somos una organización que es feminista, anti-patriarcal, anti-colonial, anti-capitalista. Entonces, bueno, nuestra forma es dar ciertas bases y acuerdos con los cuales vamos a todos lados. Entonces, cuando nos encontramos con los partidos que tienen esa política vertical, que es un partido, justamente, está partido, hay una base, hay una dirigencia que baja línea a las bases para que actúen de cierta manea. Y también muchas veces entendemos que, como que no se renueva la forma de hacer política, no se critica” (Entrevista realizada a miembrx de Colectivo Amaranto y Autoconvocadxs por los Humedales, en “La Toma”, Ciudad de Rosario el 17/02/22, p. 8).

Estas diferencias llevaron a la conformación de los “Autoconvocades por los humedales” (AH) por fuera de la organización inicial llamada “Multisectorial Humedales” (MH). Los primeros llevaron a cabo intervenciones como el “Rosariazo ambiental” en un acampe frente a la casa de gobierno provincial de 34 días, mientras que la MH convocó a movilizaciones y cortes del puente, dando notas a periodistas locales, generando contenido en redes sociales, confiriendo visibilidad de sus actividades. AH modificó su titulación a ‘Colectivo Amaranto’ a comienzos del año 2021; la MH aún sostiene su organización y su nombre.

De esta breve descripción un tanto esquemática, pueden extraerse, no obstante, dos inferencias. La primera es que el pronunciamiento de la sociedad frente a una amenaza común – “el infortunio que las existencias deberán revertir” (Tatián, 2019) -, incitó a la puesta en escena de identidades que, para la toma de la palabra pública y expresar su opinión, tuvieron que presentarse o definirse de tal o cual manera. Estas son instancias de afirmación del común (Hardt y Mezzadra, 2013, p. 49) donde resulta “…fundamental hacer común el proceso político” (ídem). Tal proceso político e identitario, se dio hacia su interior, es decir, cuando “la multitud está mirándose a sí misma”, en una ronda de oradores o en una asamblea general. Y también se dio ante un exterior constituido más bien por las autoridades políticas, los medios de comunicación o las fuerzas policiales que custodiaron las intervenciones urbanas que hubo y a quienes había que pedir permiso de acampe o corte. Vemos de este modo, que las necesidades de auto-adscripción colectiva, de definirse en comunidades, organizaciones nominales, se presentan tanto en la organización interna como cuando aparecen otros externos a quienes comunicar una acción o un reclamo.

Entendemos que una instancia importante en esta viñeta que presentamos ha sido la experiencia colectiva mediante la cual se ponderó el proceso político de toma de decisiones que genera la lucha por el común y no así los objetos en disputa o los objetivos alcanzados. Es decir, que más allá de las escisiones descriptas al interior del ‘frente ambientalista’ y sus diferencias conceptuales y metodológicas, pensamos que el proceso de decisiones colectivas, acuerdos y desacuerdos son, en definitiva, el proceso que instaura ‘el común’. Entonces es importante considerar en este caso, que la lucha por la gestión de una naturaleza, de un territorio en disputa, en el plano político y social, “…busca hacer comunes esa situación política y la decisión democrática” (Hardt y Mezzadra, 2013, p. 48).

El Estado en relación a la lucha socio ambiental

Primero hagamos una digresión sobre la relación entre lucha social y Estado. Analizar el accionar del Estado ante conflictos territoriales como fueron el fuego y las movilizaciones socio ambientales que se desenvolvieron durante el 2020 en Rosario, es un modo de analizar el funcionamiento democrático y las formas de gestionar el disenso en un momento dado, por parte de quienes detentan el monopolio de la decisión y acción. Ningún poder puede “callar” la contienda política pues “…nadie es capaz de renunciar a su libertad de opinión y pensamiento, por lo que atenta contra sí mismo un Estado que busca imponer obligaciones y prohibiciones sobre el habla civil” (Tatián, 2019, p. 31). La tracción existente entre la lucha social y las acciones e instituciones del gobierno es para nosotros una dimensión mediante la cual podemos percibir, y hasta cierto punto ‘medir’ el estado de democratización de las instituciones en la sociedad y sus formas de gobiernos.

Por un lado, escuchamos por parte del frente ambientalista un constante juicio peyorativo al accionar del Estado. El Estado es “ecocida”, “cómplice”, “ausente” y/o “responsable”. Cabe preguntarse entonces: ¿Qué es y qué cualidades tiene el Estado en el imaginario social? ¿Y qué posibilidades de articulación entre lucha social y las instituciones consolidadas del Estado posibilita proyectar tal conceptualización?

En este sentido, nos preguntamos: ¿Por qué se configura un antagonismo entre movimientos sociales y Estado?, considerando como una vía de gestión democrática la posibilidad de una articulación conflictual pero no irreconciliable (Mouffe, 2015) entre diversas institucionalidades en torno de la gestión del ‘común’. Será relevante en función de sostener “estructuras para tomar decisiones colectivamente de manera democrática” (Hardt y Mezzadra, 2013). Elaborar - o partir de - tal antagonismo entre multitud y Estado, significa reciclar aquel temor hobbesiano por las heterogeneidades que configuran a la sociedad. “Los muchos en tanto muchos”, por el contrario, no atentan contra la libertad ni contra la soberanía, sino más bien se perciben como una condición negada (por las fuerzas dominantes) cuyas libertades se potencian en el existir social. Esta cuestión resulta importante si uno considera la continuidad de las luchas, aquel carácter “no episódico” de la multitud expresado por Virno (2003).

Asumir este problema significa para nosotros, por un lado, pensar en la posibilidad de la producción de instituciones comunes desde adentro de los movimientos sociales y, por otro lado, asume también la posibilidad de una relación nueva entre movimientos sociales y estructuras estatales capaces de abrirse, debido a su presión, hacia las luchas y los movimientos sociales, y por ende, de poner en marcha un proceso de transformación de la institucionalidad misma” (Hardt y Mezzadra, 2013, 54)

Pensamos que tal articulación entre movimientos sociales y Estado permite una mayor interacción local y situacional sobre tal conflicto que si es, por el contrario, “vigilado desde fuera” (considerando las intromisiones imperialistas que tal visión posibilita), como se planteó en la disputa socio ambiental de las papeleras desde el año 2003, un caso paradigmático por “…la magnitud de la oposición ciudadana y el carácter binacional del problema” (Cortassa, Wursten, Andrés, 2013 p. 85). Es interesante recordar un punto de inflexión sobre aquel conflicto que, entre otras cuestiones, también involucró a multitudes sobre un puente, disputas por distintas visiones del ambiente e instituciones ‘comunes’. La importancia de considerar este tipo de experiencias histórico ambientales radica también en el mojonamiento de formas de evaluar y reconocer la participación ciudadana en conflictos socio ambientales para el diseño de políticas públicas que se orienten a promoverla (Cortassa, Wursten, Andrés, 2013).

Un antecedente cercano: el conflicto por las pasteras en el Río Uruguay.

Partiendo de Merlinsky (2014), las manifestaciones locales en oposición a la instalación de plantas de celulosa en la ribera oriental del Río Uruguay, en la localidad de Fray Bentos datan de los años 2002 - 2003 cuando grupos ambientalistas de Uruguay alertaron a diversas organizaciones vecinales de la localidad de Gualeguaychú en Argentina, expresando su descontento ante un proyecto de la Empresa ENCE (capitales españoles) que impactaría directamente sobre ambas márgenes del río. Consideramos importante traer este antecedente en tanto constituye un evento destacado en el ambientalismo social y estatal argentino al mismo tiempo que por las formas de protesta es posible vincularlo al caso que trabajamos en este artículo.

Tanto en el caso de las pasteras como en múltiples protestas contra la minería a cielo abierto (Svampa, Sola Álvarez y Bottaro, 2009; Christel, 2012), el derecho al ambiente sano y el aparato legal a él asociado se convirtieron en marco de referencia y en herramientas que las nuevas organizaciones de base utilizaron para construir y expresar sus reivindicaciones”. (Gutiérrez y Usuani, 2014, p. 312)

En el año 2005 el presidente saliente de Uruguay (Jorge Batlle), en su retirada aprobó la construcción de otra pastera de gran porte[16] a pocos kilómetros de la proyectada por la empresa ENCE. A pesar del pedido de revisión de permisos ambientales por parte del electo presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, la empresa Botnia inició las obras en el año 2005.

Ante estos eventos, el movimiento socioambiental en Gualeguaychú, en conjunto con el estamento municipal amplió su convocatoria y difundió su preocupación alcanzando un mayor número de vecinos, demandando acciones al gobierno provincial y exigiendo información al estamento nacional.

Para Cortassa, Wursten, Andrés, (2013) fue sumamente particular en este acontecimiento:

“La emergencia y consolidación de un colectivo con una fuerte capacidad de movilización social y cultural, persistencia en el tiempo y aptitud para alinear bajo su reclamo no solo a la mayoría de actores relevantes de la comunidad regional sino también – en principio – al Estado argentino”

El 30 de abril de 2005 se nuclean entre treinta y cuarenta mil personas sobre el puente Internacional General San Martín durante 5 horas, otorgando al conflicto una trascendencia nacional en los medios de comunicación y constituyéndose en un hito de la movilización ciudadana por temas socio ambientales en la región.

“Con posterioridad a la marcha de abril de 2005, las diferentes organizaciones locales realizaron una convocatoria a una “asamblea popular” en los galpones del puerto de Gualeguaychú. De ese modo se constituyó la “Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú”, que tuvo al intendente de la ciudad como presidente honorario. Desde esa fecha hasta el presente, la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú (ACAG) se fue transformando en un espacio importante de articulación de los diferentes actores sociales, políticos y económicos de la ciudad y en un ámbito de monitoreo y seguimiento de las formas y tiempos de protesta” (Merlinsky, 2014, p. 89)

A partir de estos eventos, durante la coyuntura se desenvuelve una lucha continua con acampes y cortes de ruta, como modalidades de intervención y protesta. Los “cortes de rutas” herencia de los ‘piquetes’ difundidos en la resistencia social de la Crisis Argentina del 2001 tuvieron su apogeo entre los años 2005 y 2007 para atenuarse considerablemente hacia el 2010. Finalmente, para terminar de bosquejar el “conflicto por las pasteras” que se considera como un evento destacado en la interrelación entre la agenda estatal ambiental y el ambientalismo social (Gutiérrez y Usuani, 2014), el acontecimiento en la escena pública nacional argentina lo tiene como portavoz, al gobierno del presidente Néstor Kirchner, declarándose que “el ambiente es una cuestión de Estado”. En su discurso fusiona un posicionamiento ‘ambientalizado’ en favor del paradigma del desarrollo sostenible, con “luces” de progreso decimonónico:“…transformemos nuestro atraso relativo en una ventaja para la adopción de innovaciones tecnológicas que permitan el desarrollo y el cuidado del medio ambiente”[17] (Néstor Kirchner en la X Conferencia Internacional sobre Cambio Climático, 15 de diciembre de 2004, SAyDS)[18]; “nuestro país ubica hoy en el centro de sus políticas públicas el cuidado del ambiente” (Néstor Kirchner en la ONU, 2007[19]). En este punto, la estrategia del gobierno es llevar el conflicto a una Corte Internacional de Justicia “…con competencia en el cumplimiento del Tratado del río Uruguay (marco jurídico en vigencia que regula la competencia de los dos Estados por la gestión compartida del curso de agua) (Merlinsky, 2014, p. 89).

A partir de allí, la autora considera que la opinión pública argentina se divide, y crece la tensión en el ámbito público y hacia el interior del Movimiento Ciudadano Ambiental de Gualeguaychú en torno de las formas de lucha. El debate se expresó de la siguiente manera: había quienes postulaban que se debía apelar a la Corte Internacional de Justicia como la vía legal más efectiva, mientras que otros apoyaban la idea de que se podría insistir en que el Estado Argentino demande al Estado vecino de Uruguay una revisión de los informes ambientales de tales enclaves industriales, vía que se presentaba como legítima por formalmente ilegal.

Vamos a destacar dos puntos en la breve caracterización realizada del conflicto en torno de las pasteras.

Por un lado, rescatamos la construcción de una forma de lucha institucionalizada en una asamblea popular - con el intendente como presidente honorífico, (aunque pueda resultar anecdótico es interesante notarlo) – cuya búsqueda de articulación entre diferentes sectores políticos y sociales de la ciudad expresa la horizontalidad y una forma democrática en la toma de decisiones. Esta articulación, que procura el “monitoreo y seguimiento de las formas y tiempos de protesta”, está en sintonía con la existencia de formas intermedias de instituciones más allá del dualismo Estado y Sociedad.

El debate en torno de la intervención de la Corte Internacional de Justicia de La Haya – en este punto, el litigio pasa a definirse a través del Derecho Internacional (Cortassa, Wursten, Andrés, 2013)- para dirimir el conflicto por las pasteras y las implicancias de ello para el sostenimiento de la lucha, es para nosotros un tema más complejo. Es interesante notar cómo la legitimidad de la intervención de un actor externo es producto de que el Río Uruguay, considerado como un recurso natural compartido, tiene su propio Estatuto. Al considerarse un bien ‘común’, cobra legitimidad la intervención de agente externo más allá de las decisiones soberanas de cada país involucrado.

Concretamente, la Corte definió, en base al Estatuto del Río Uruguay (1975), que permanezca la instalación de la empresa Botnia, con informes ambientales periódicos emitidos a través de la creación de un equipo binacional de monitoreo. La apelación a una Corte Internacional para arbitrar este conflicto territorial, si bien resulta en un terceridad, en la sociedad local, pareciera que “divide las aguas”, desgastando las articulaciones internas y las posibilidades de erigir institucionalidades nuevas, además de ponderar el saber experto técnico científico como abordaje del problema. De hecho, para los autores (Cortassa, Wursten, Andrés, 2013) “…el proceso de negociación diplomática, fue oscureciéndose a medida que a un lado y al otro del río se profundizaban sentimientos y actitudes nacionalistas” (ídem, p. 88). Tampoco fue posible llevar adelante el Estudio de Impacto Ambiental propuesto, frustrándose en el año 2006, -entre otros abordajes técnicos-científicos presentados desde universidades y consultoras de ambos países- por un “sistemático rechazo de la contraparte” (ídem)[20]. Esto, más bien condujo a una radicalización de las posiciones adoptadas por la ACAG.

Esta experiencia, tan cercana en espacio y tiempo como en forma y contenido, es traída para consignar una investigación de mayor profundidad, que se interrogue por las formas de gestión de los conflictos socioambientales en la región.

Ahora bien, volvamos al debate inicial y demos un cierre a lo que se ha reflexionado en este artículo.

Conclusiones

La libertad del común y la continuidad de las luchas sociales.

La libertad, significantes amplios si los hay en la arena política, en la filosofía de Spinoza es un aspecto que no se contrapone a la institucionalidad y a la cooperación social. En sentido inverso al Homo economicus y la libertad individual, el hombre para Spinoza potencia sus libertades y capacidades a través de la colectivización para la satisfacción de sus necesidades. “Los hombres se convienen entre sí, porque eso aumenta su potencia”[21].

La libertad originaria se concreta en un régimen donde la constitución, las leyes y los procedimientos son instituciones forjadas por la vida popular, por las luchas sociales y la experiencia colectiva, que de este modo es siempre “autoinstitución ininterrumpida”. Comprendida como inmanencia de lo instituyente en las instituciones, democracia nunca presupone la desconfianza de la potencia común” (Tatián, 2019, p. 35)

La libertad se presenta como una práctica potenciada por lo común y la multitud, como categoría sociológica, acobija en su definición la expresión de ese proceso de ‘lo común’ y la libertad. ¿Por qué tomamos el concepto de multitud y no de pueblo? Ante la dualidad que se expresa en posiciones diferentes en el pensamiento teórico político del S. XVII, nos quedamos con la noción de multitud porque creemos que retrata con mayor fidelidad la irrupción política de lo común, de la multiplicidad de las potencias deseantes que se reúnen ante el malestar, la ‘adversidad originaria’ que significó el fuego en las islas y el humo en la ciudad. Los referentes causales, el humo, el fuego y las cenizas, para unos representan un modelo socioproductivo que genera desigualdad y empobrecimiento, aludiendo a la especulación financiera y a la ganadería extensiva en islas, mientras para otros, representan “la destrucción de la naturaleza”, del “pulmón de la ciudad”; para posturas más entendidas en términos ecológicos, biológicos, nos vimos situados ante una “pérdida del monte nativo” y la biodiversidad. Difícilmente podríamos decir que hay unicidad entre tales cuestionamientos, no obstante, las intervenciones y manifestaciones sociales fueron multitudinarios, irrumpieron en la esfera pública y la agenda estatal, se consolidaron actores políticos como la MH o AH que mencionamos y los cortes y acampes sistemáticos se tradujeron en una serie de problemáticas visibilizadas en la esfera pública a través de los medios de comunicación con el eco de acciones de mitigación y control por parte del Estado. Quizá la aprobación de una Ley de Humedales no es un objetivo cumplido, pero bajo su égida se logra articular un sujeto colectivo que se sostiene desde la cooperación social y la producción colectiva de conocimiento e información.

Si pensamos a una porción del territorio de islas y a todas las cosas que están en él, no como elementos posibles de apropiación, sino más bien como un ensamblaje de entidades humanas y no humanas (Latour, 2001) cuya existencia es común y compete a un bienestar recíproco ¿qué rol juegan las instituciones comunes? A través de la lucha por el común ¿podremos ampliar la estructura de la toma de decisiones y acciones más allá de la racionalidad del Estado o del mercado?; En este sentido nos preguntamos, ¿a quién corresponde la gestión, administración u organización del territorio?; ¿sólo el Estado es responsable o sólo los propietarios?, ¿el control, “monitoreo” y sanción penal es la única forma de territorialidad que puede proveer y estimular un Estado?

A través de este conflicto particular, la multitud resignifica lo universal (la relación humano territorial o la sociedad y el poder soberano) ya que desde allí es donde parte como sujeto que habita el mundo contemporáneo. La multitud lleva en sí la potencia de cuestionar el monopolio de la decisión y la acción en cualquiera de sus formas, siempre y cuando el problema sea común. Su emancipación también adopta la forma de un álgido debate colectivo público más allá de lo estatal y lo público. No para alcanzar un consenso absoluto, sino más bien para el sostenimiento de una lucha agonista (Mouffe, 2015) que posibilite el despliegue de una estructura social renovando las institucionalidades habituales, con la mayor horizontalidad posible y sostenida en el tiempo. En este sentido, una característica fundamental para la gestión de las naturalezas[22] podrá ser la continuidad de las luchas sociales y de la visibilización de sus percepciones sobre los problemas y soluciones sobre un territorio dado, en una contienda legítima y visible[23] por el conjunto de la sociedad. Pensamos que la continuidad de las luchas sociales en torno de los “bienes comunes”, cobra relevancia al reconocer, no sólo la capacidad de los movimientos sociales como poder destituyente, sino su participación en “…la construcción social para ser un poder constituyente” (Hardt y Mezzadra, 2013, p. 53). La lucha social representa la potencia de las libertades originarias y posibilita la emergencia de instituciones alternativas que puedan coexistir con el Estado y el capital. Y éstas sí podrán oficiar como una terceridad regulando, reavivando las pujas genuinas en la vida democrática de la sociedad.

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Notas