Introducción

A lo largo de los más de doscientos años de historia del capitalismo occidental la coexistencia de democracia y capitalismo ha sido problemática en virtud de las contradicciones inherentes entre la autonomía sistémica de acumulación de capital y las acciones regulatorias estatales surgidas de la voluntad popular (Meiksins Wood, 2000). Consecuentemente, resulta clave ubicar las expresiones de indiferencia y descontento que conforman parte del repertorio cultural de las amenazas y desafíos a nuestra democracia, en el marco de las limitaciones sistémicas y estructurales que tiene el poder político que surge de la voluntad democrática frente a la lógica totalizadora del capitalismo (Meiksins Wood, 2000; Fraser, 2023). Es decir, creo imprescindible situar la problemática de la desconfianza popular en los logros del funcionamiento democrático vinculada con el debilitamiento de las regulaciones estatales a los imperativos de acumulación capitalista que pone en discusión la continuidad misma de las democracias en los países capitalistas centrales (Streeck, 2016; Przeworski, 2022). El “pacto de clase democrático” (Przeworski, 2019) que estabilizó estas contradicciones intrínsecas durante las tres décadas posteriores a la segunda guerra mundial en los países capitalistas centrales – y que en la actualidad se encuentra profundamente debilitado - tuvo enormes dificultades de implementación en las economías periféricas en virtud de la también inherente lógica de expansión imperial del capitalismo (Meiksins Wood, 2000; Frazer, 2023).

Dado lo anterior, resulta relevante comprender a la economía argentina – y en consecuencia a los modelos de acumulación desplegados en las diferentes etapas de su historia como nación políticamente independiente - subordinadamente inserta a un centro capitalista mundial que la ha relegado en su rol de proveedora de materias primas formando parte de “la periferia residual” (Ferrer, 2012). Esto permitirá analizar las especificidades de las conflictivas relaciones entre el funcionamiento pleno del sistema democrático y los intereses de las clases dominantes en los diferentes modelos de acumulación implementados a lo largo de la historia económica y política nacional. Para ejemplificar estas dificultosas relaciones voy a apelar a presentar algunos hechos singulares que permiten revelar las principales particularidades de esta relación. El devenir histórico de la dificultosa relación entre capitalismo – periférico – y democracia en nuestras tierras, se anuda y amplifica con la decepción generalizada en nuestros días respecto del funcionamiento y desarrollo del régimen democrático que emergió luego de la noche dictatorial con promesas y expectativas de mejoramiento de las condiciones de vida para las amplias mayorías: “Con la democracia se come, se cura y se educa” fue la potente consigna de Raúl Alfonsín preanunciando un futuro promisorio que no parece ser el que atraviesan las grandes mayorías a cuarenta años de su planteamiento. En virtud entonces de las limitaciones estructurales mencionadas, el “descontento e indiferencia democrática” del presente debe ser comprendido en el marco de la impotencia revelada por los cuarenta años de democracia en la consecución de mejores niveles de vida para el conjunto de la sociedad. Paradójicamente (¿o no?), las actuales condiciones en las que no dejamos de regocijarnos por el mantenimiento ininterrumpido de 40 años de funcionamiento del sistema democrático nos encuentran enfrentados a dilemas y amenazas sobre su sostenimiento y vigencia en presencia de una sociedad mayoritariamente empobrecida y descreída de su futuro.

Teniendo entonces presente el particular derrotero histórico de nuestro sistema político-institucional hasta arribar a las nuevas condiciones globales del capitalismo postindustrial del presente siglo propongo, adicionalmente, vincular los fenómenos locales de descreimiento democrático con las grandes tendencias de cuestionamiento a las intervenciones estatales y el clima de desafección con la democracia que se vienen consolidando desde hace varias décadas a nivel global alimentados por la “racionalidad neoliberal” (Lewkowicz, 2008; Brown, 2015; Przeworski, 2022, Frazer, 2023). Entiendo que la presencia hegemónica de estas valoraciones en coexistencia con variables económicas que profundizan el deterioro de las condiciones de vida de las clases asalariadas plantea, a cuarenta años de la recuperación democrática en la Argentina, un desafío de magnitudes considerables si se pretende sostener la institucionalidad democrática en consonancia con algún tipo de bienestar social para las grandes mayorías.

El creciente “malestar” con el funcionamiento de la democracia en los países centrales.

En buena parte de su obra y especialmente en sus últimos trabajos, el reconocido teórico institucionalista Adam Przeworski (2010, 2019, 2022) se ha dedicado a alertar sobre los niveles crecientes de insatisfacción con la democracia representativa que crece cuando ésta “no logra proporcionar lo que más le importa a los individuos, ya sea seguridad material, orden público o la concreción de valores culturales y normas” (Przeworski, 2022: 217).

Sin dejar de mencionar “la tensión congénita en la democracia” (2010: 50) entre desigualdad económica e igualdad política, nos recuerda que los principios de soberanía popular y autogobierno del pueblo, basados en el mito contractualista (Rousseau), despertaron enormes temores en las clases propietarias. Lo anterior condujo a los “padres fundadores” (Montesquieu, Madison, entre otros) a la construcción de ordenamientos institucionales que limitaran las potencialidades de la voluntad popular a partir de la lenta evolución de los sistemas representativos “que nacieron bajo el miedo de la participación de las masas” (Przeworski, 2019: 25). Las instituciones políticas cuyos miembros eran electos de forma representativa se complementaron con numerosas instituciones – “las trincheras que protegen a la propiedad” (Przeworski, 2019: 48) - (cámaras altas, poder judicial, tribunales constitucionales), cuya conformación alejada de la voluntad popular servía (sirve) de resguardo a la inviolabilidad de la propiedad y los privilegios económicos. Precauciones que también afectaron a los republicanos franceses cuando comenzaban a preocuparse de las potenciales derivaciones de la aplicación absoluta de la soberanía popular y, ensayaban, después de 1848, las restricciones al voto popular.

Tanta suficiencia en la pretensión de defender el principio del derecho en contra de los desbordes populares no sería más que una coartada para un uso restrictivo del derecho, una máscara liberal para encubrir de hecho una nueva aristocracia financiera e industrial más que de toga y terrateniente, pero tan dura como la anterior en defensa de sus privilegios (Donzelot, 2007: 20).

Es decir que la histórica y especifica separación de las esferas “económicas” y “políticas”, la “privatización de la economía” (Meiksins Wood, 2000), condujo a la trabajosa y controvertida instalación en el capitalismo de una democracia “formal” y su identificación con el liberalismo político, lo que hubiera sido “imposible en la práctica y literalmente impensable en teoría en cualquier otro contexto que no fuesen las relaciones sociales muy específicas del capitalismo” (Ibidem: 20).

En este sentido entonces, la diferenciación de lo económico y lo político en el capitalismo es, para ser más precisos, una diferenciación de las funciones políticas mismas y su asignación separada a la esfera privada económica y a la esfera pública del estado. Esta asignación separa las funciones políticas que tienen que ver más inmediatamente con la extracción y la apropiación de excedentes de aquellas con un propósito comunitario más general (Meiksins Wood, 2000: 39).

Sin perder de vista lo anterior que resulta clave a la hora de comprender la redefinición de la democracia clásica en democracia representativa en el marco del capitalismo liberal (Meiksins Wood, 2000), es posible pensar en las capacidades contingentes de los sistemas democráticos representativos que habilitarían a sostener la posibilidad de una convivencia inestable y dificultosa entre derechos políticos y sociales y privilegios económicos (Przeworski, 2019). Esta “capacidad contingente” de los sistemas democráticos para estabilizar la coexistencia entre acumulación capitalista y derechos políticos y sociales fue puesta en práctica, conflictiva y trabajosamente, desde fines del siglo XIX en los países del norte de Europa. Había transcurrido más de un siglo desde que la “gran transformación” (Polanyi, 2003) del capitalismo industrial modificara radicalmente las estructuras y relaciones sociales de la antigua sociedad feudal dando paso a la nueva configuración social del capitalismo industrial en la que emergía la irresoluble cuestión social (Aguiló, 2023). Ante la amenaza revolucionaria de las masas obreras, la respuesta reformista de fines del siglo XIX que consistió en “una gestión regulada de las desigualdades” (Castel, 2010: 18) a través de la técnica del aseguramiento logró estabilizar durante buena parte del siglo XX la dificultosa coexistencia entre la democracia y el capitalismo a partir de “un compromiso de clase democrático” entre el capital y el trabajo (Przeworski, 2022: 12). Estabilización dificultosa e inestable de las esferas “económicas” y “políticas” artificialmente separadas por el modo de producción capitalista y sustentadas teóricamente por los economistas liberales clásicos^[1], en la que han podido convivir la democracia liberal sin cuestionar los parámetros centrales de la acumulación del capital (Meiksins Wood, 2000).

El “matrimonio forzoso” (Streeck, 2016) que pareció sostener una convivencia estable entre capitalismo y democracia merced a las herramientas keynesianas y las intervenciones sociales de los Estados de Bienestar europeos comenzó a ser cuestionado por las figuras relevantes de la “ofensiva neoliberal” (Przeworski, 2022: 13) a fines de la década del setenta y principios de los ochenta del siglo pasado, en el marco de la ofensiva desregulatoria neoliberal que ha conducido a la creciente pérdida de participación de los asalariados en las riquezas nacionales.

La modificación del equilibrio económico y político entre capital y trabajo, combinada con la relajación del control sobre los flujos de capital y la desregulación financiera, redundaron en el estancamiento secular de los ingresos de los asalariados de los estratos más bajos, acentuado por la crisis de 2008 (Przeworski, 2022: 159).

Al mismo tiempo Przeworski se detiene específicamente a analizar lo que denomina la “desconsolidación de la democracia” como un “proceso de erosión gradual de las instituciones y las normas democráticas” (2022: 192). Sin dejar de llamar la atención -como ya se ha mencionado- que “las formas particulares de nuestras instituciones representativas tuvieron como objetivo proteger el statu quo, cualquiera llegase a ser, pero fundamentalmente las relaciones de propiedad frente a las mayorías temporarias” (Przeworski, 2022: 219), enfoca el análisis en los aspectos procedimentales e institucionales que están siendo manipulados por las elites en las últimas décadas para que, junto al cuestionamiento a los partidos políticos y sindicatos, estemos en presencia de un gradual proceso de “autocratización de la democracia” que profundiza el tenor aristocrático inherente a las instituciones representativas (Przeworski, 2022). Lo anterior resulta destacable porque ya había planteado en obras anteriores (2010, 2019) que lejos de las ficciones originarias presentes en el pensamiento contractualista respecto al “autogobierno del pueblo”, lo que ha sido posible de concretar en determinados periodos históricos es un sistema de gobierno en el que “una colectividad se gobierna a sí misma cuando las decisiones implementadas en su nombre reflejan las preferencias de sus miembros” (Przeworski, 2010: 56). Es decir, que en estricto sentido, la democracia “se trata del mejor autogobierno posible, con la restricción de que algunas personas tendrán que vivir bajo leyes que no son de su preferencia porque son las preferidas” (Ibidem: 56) por otras mayorías transitorias y contingentes que podrán ser revertidas en elecciones razonablemente limpias cuyos resultados serán respetados por los distintos partidos políticos participantes (Przeworski, 2019).

Este es el acotado y restrictivo funcionamiento democrático de los países centrales que, sin perjuicio que lograron etapas de bienestar para las clases asalariadas, enfrenta en la actualidad un debilitamiento creciente de sus capacidades regulatorias frente a la acumulación del capital (Streeck, 2016). Al mismo tiempo, es acompañado por una cultura hegemónica celebratoria de la meritocracia, la competencia, la exaltación de la autogestión y las incertidumbres del mercado (Sennet, 2006). Es decir que, las desregulaciones neoliberales implementadas en esta etapa capitalista posindustrial de servicios convive, en los países centrales, con las degradaciones institucionales y las tendencias autocráticas presentadas por Przeworski (2022) configurando una suerte de resignación popular que “protege al capitalismo de la democracia y consolida el giro neoliberal” (Streeck, 2016: 63) Resignación, descreimiento, apatía, rechazo a lo estatal y lo político que son constitutivos de un individualismo que acrecienta sus rasgos “asocietales” y difícilmente contribuya al involucramiento político en los temas públicos y amenaza, en muchos casos, a ser funcional con una “regresión autoritaria” de inesperadas consecuencias (Brown, 2019; Przeworski, 2022).

¿Cómo ha sido este devenir histórico teniendo en cuenta la inserción subordinada a la globalización capitalista de un país periférico como Argentina? ¿Cuánto ha influido la inserción primarizada a la economía global en el desarrollo del Estado y las instituciones democráticas? ¿Hasta qué punto pudieron desplegarse capacidades regulatorias eficaces a lo largo de todo el territorio nacional como ya ha sido advertido en los clásicos trabajos de Guillermo O’Donnell (1993)? ¿Han tenido las instituciones democráticas la capacidad de llevar adelante el procesamiento de conflictos distributivos^[2]?¿Cuánto, cómo y en cuáles períodos pudo desarrollarse un periodo distribucionista dentro de los acotados márgenes para una economía capitalista periférica? El intento de responder a estas preguntas tiene como objeto el de configurar, a partir del abordaje teórico planteado, los condicionamientos y oportunidades que han signado a la historia económica y política nacional y, en especial, el de reconocer las raíces históricas de las restricciones que ha tenido que afrontar el periodo democrático que se encuentra próximo a cumplir su cuarenta aniversario.

La conflictiva e interrumpida convivencia entre la democracia y los diferentes modelos de acumulación capitalistas a lo largo de la historia argentina.

La democracia restringida en el marco del modelo agroexportador.

Son ampliamente conocidas las particularidades de la inserción de la economía pampeano-portuaria en la segunda mitad del siglo XIX a la primera globalización del sistema capitalista (Basualdo y Manzanelli, 2022; Ferrer, 2012). Este fue un proceso en el que las intervenciones estatales que fueron desarrollando lenta y conflictivamente en la segunda mitad del siglo, generaron las condiciones regulatorias para el concreto despliegue del modelo de acumulación basado en la exportación de bienes primarios de origen pampeano perfilando uno de los ejes centrales de la economía nacional que perdura hasta nuestros días (Oszlak, 1997; Ferrer, 2012). Este modelo de acumulación fue acompañado por una agresiva política de aliento a la inmigración europea y de la inversión extranjera^[3] - particularmente inglesa - que se situó en los servicios públicos y financieros generando una economía profundamente dependiente de los vaivenes del mercado internacional (Ferrer, 2012; Schorr, 2021).

En el marco de estas transformaciones estructurales de la naciente sociedad argentina en la que se instaló definitivamente la “cuestión social”, la elite liberal terrateniente apelaba a la represión frente a las manifestaciones promovidas por las organizaciones obreras de tendencias anarquistas y socialistas y suponía que con las intervenciones asistenciales o filantrópicas lograría alejar a las masas de las tentaciones revolucionarias (Aguilo, 2023). Al mismo tiempo, comenzaban a aparecer las primeras acciones de un “reformismo liberal” que débilmente intentó regular las condiciones de trabajo y abordar algunas de las manifestaciones de la cuestión social que “afeaban” el paisaje de una Buenos Aires que pretendía asemejarse a Paris, pero en la cual no se podían ocultar la pobreza y el hacinamiento de las clases trabajadoras (Golbert y Roca, 2010).

En el plano estrictamente político y luego de largas décadas de abstencionismo y luchas contra las prácticas electorales fraudulentas llevadas a cabo por los partidos tradicionales, se concreta en 1916 el acceso a la presidencia de la Nación de Hipólito Yrigoyen en virtud de la reforma electoral de la Ley Sáenz Peña (Torre, 2012). Si bien este triunfo electoral significó la primer derrota de los partidos políticos conservadores ligados a los intereses económicos de la oligarquía, el modelo económico por ésta sostenida no fue cuestionado por el yrigoyenismo gobernante dado que continuaron vigente “el librecambio, el predominio de la riqueza agraria y la decidida participación del capital extranjero en la actividad económica y las finanzas” (Ferrer, 2012: 277). En consonancia con lo anterior es necesario afirmar también que presentaron ambigüedades a la hora de reconocer los derechos laborales de la clase trabajadora en virtud de que no plantearon un cuestionamiento de “las bases del modelo de acumulación vigente en la época” (Falcón, 2000: 119). En el marco de la crisis económica mundial que afectaba profundamente a la economía nacional generando mayores niveles de empobrecimiento de las clases trabajadoras, ocurre el golpe militar de 1930 con el cual Uriburu derroca a Yrigoyen iniciando el nefasto ciclo de intervenciones militares golpistas a los gobiernos democráticos que caracterizó a la Argentina durante el siglo XX (Peralta Ramos, 2007; Ferrer, 2012; Horowicz, 2012). Posteriormente, se celebraron en 1931 las elecciones más fraudulentas de la historia nacional de las que surgió la presidencia de Agustín Pedro Justo dando comienzo a la denominada “década infame” (Horowics, 2012). Frente al enorme impacto que significó para la economía argentina la crisis mundial de 1929-30, una nueva alianza de clases bajo la conducción oligárquica llevó adelantes medidas proteccionistas e intervencionistas que permitieron la consolidación de un incipiente proceso de industrialización sustitutiva de importaciones sin que esto redundara tampoco en mejoras salariales para las clases trabajadoras (Murmis y Portantiero, 2004; Peralta Ramos, 2007; Ferrer, 2012).

A partir de la apretada síntesis de algunos de los episodios políticos más relevantes de esta crucial etapa de la historia del país es posible verificar que las clases dominantes argentinas, la oligarquía agropecuaria pampeana y sus correlatos provinciales, optaron por la restricción democrática para desplegar su lógica de acumulación subordinada al capital imperial de la metrópoli inglesa. La conquista del sufragio universal – restringido a los adultos varones – que tuvo vigencia en el corto periodo de los gobiernos radicales no pudo ser sostenida más allá de 1930 y la década en la que se comenzaban a esbozar las primeras señales del nuevo patrón de acumulación industrialista transcurrió bajo un sistema político fraudulento. Es clave destacar que durante este largo y crucial periodo de la historia nacional emerge como núcleo central de la economía nacional - en virtud de su inserción internacional y la consecuente disponibilidad de divisas - la burguesía terrateniente pampeana que constituirá y consolidará en adelante su poder de veto frente pretensiones de desarrollistas y distribucionistas intentadas en las siguientes etapas de la historia nacional.

Argentina: la excepcionalidad bienestarista basada en la industrialización inconclusa.

Recapitulando lo expuesto en el punto anterior, es plausible afirmar que, al igual que en otros países de la región latinoamericana y sin dejar de sostenerse en procedimientos antidemocráticos, el Estado argentino fue capturado por la elite oligárquicas para ponerlo al servicio de una economía nacional transformada en un eslabón de provisión de productos primarios al centro capitalista mundial. Esta “relación subordinada a los intereses foráneos…que generó un estilo periférico de inserción internacional” (Ferrer, 2012: 209) conformando un modelo de acumulación sustentado en las actividades agroexportadoras de la pampa húmeda, no fue modificada durante el periodo yrigoyenista y fue altamente vulnerable al agotamiento del orden mundial con centro Inglaterra sucedido a partir de la crisis mundial de 1929 (Peralta Ramos, 2007; Ferrer, 2012). Aun cuando “la política económica de la década de 1930 tendió a preservar la posición de los grupos dominantes de la época” (Ferrer, 2012: 287), las restricciones internacionales forzaron a la elite conservadora a la implementación de medidas de corte keynesiano como la creación del Banco Central en 1935 y el Banco de Crédito Industrial (Ferrer, 2012).

Las condiciones internacionales generadas por la Segunda Guerra Mundial dieron el marco para la implementación, a partir de 1946, de la etapa clásica de sustitución de importaciones en las que se tomaron las acciones para implementar un nuevo modelo de acumulación basado en la industrialización sobre la base de una alianza de clases entre la pequeña y mediana burguesía industrial y la clase trabajadora (Peralta Ramos, 2007). En consecuencia, el nuevo modelo de industrialización coexistió con el despliegue de políticas de redistribución del ingreso que produjeron un aumento notable de la participación de los asalariados en el ingreso nacional (Ferrer, 2012). Este Estado regulador-interventor-distribucionista que amplió su base de legitimidad popular en las elecciones de 1952, en la cual las mujeres acceden por primera vez al sufragio, se enfrenta a partir de ese año a una crisis económica que alimenta a las fuerzas políticas que lo cuestionan. Sin perjuicio de las volatilidades económicas que debió enfrentar el gobierno peronista, es importante rescatar que “el uso del lenguaje de derechos del primer peronismo representó un quiebre con aquel lenguaje liberal de derechos individuales” (Barros, 2013: 24) hegemónico en el país hasta 1943. Ruptura discursiva que fue acompañada por un crecimiento indiscutido del poder adquisitivo de los salarios con su consecuente incremento de participación en el ingreso nacional (Ferrer, 2012) y por el despliegue de un particular entramado de políticas sociales centradas en la figura del trabajador asalariado formal. La nacionalización del Banco Central y del comercio exterior a través del IAPI, las regulaciones a la inversión extranjera impuestas por la ley 14.122/53^[4], el Estatuto del Peón Rural entre algunas de las medidas destacables en términos de regulación estatal de la acumulación capitalista, permiten comprender la orientación política y económica del gobierno peronista y, por lo tanto, sus adversarios. “La nacionalización de capitales extranjeros y las medidas destinadas a disminuir el poderío económico y la influencia de las fracciones más poderosas de los sectores agropecuario e industrial definieron claramente a los enemigos del proyecto oficial” (Peralta Ramos, 2007: 108). Para muchos/as por estos logros y para otros/as por sus deficiencias institucionales y las dificultades económicas que el gobierno no logró revertir, el gobierno constitucional se enfrentó a la asonada golpista en la cual la iglesia, los sectores medios y los representantes de la oligarquía no dudaron en concretar el golpe de estado llevado a cabo por una parte de las fuerzas armadas el 16 de septiembre de 1955 (Ferrer, 2012; Horowicz, 2012). Es ampliamente conocido que la autodenominada “Revolución Libertadora” rápidamente adoptó un conjunto de medidas “orientadas a debilitar el poder sindical, redistribuir el ingreso en beneficio de los grupos afectados por la política peronista, vincular al país con los círculos financieros y económicos internacionales y desmantelar una parte importante del aparato intervencionista montado por el peronismo” (Ferrer, 2012: 297) destacándose la incorporación al Fondo Monetario Internacional y al Club de Paris como decisiones trascendentes (Ibidem: 298). Con el inmediato regreso a la Constitución Nacional de 1853, la “era de la proscripción popular – que el radicalismo había conocido durante 16 años- retornaba” con la prohibición del peronismo (Horowicz, 2012: 294). No sería inexacto afirmar que en los 20 años posteriores a 1955 algunos de los rasgos del modelo de acumulación industrialista fueron sostenidos a pesar de la proscripción electoral del peronismo y las recurrentes interrupciones golpistas militares (Sidicaro, 2002).

El modelo de acumulación financiera vigente desde 1976 y las frustradas intenciones “neodesarrollistas”.

La “industrialización inconclusa” o “economía semiindustrial dependiente” (Ferrer, 2012) que permitió, no sin altibajos y disputas, una distribución más equitativa del ingreso nacional fue interrumpida definitiva y brutalmente con el golpe cívico-militar de 1976 que reinstaló en el país la matriz económica primarizante de la mano de la hegemonía neoliberal imperante a nivel internacional (Peralta Ramos, 2007). La particular experiencia “criolla” en términos de desarrollo económico y social tuvo su momento de disciplinamiento y reversión con la implementación forzada del “modelo de acumulación de valorización financiera” (Basualdo y Manzanelli, 2022) llevado adelante por la dictadura cívico-militar de 1976. En el marco del terrorismo de Estado y de la persecución y cancelación de las organizaciones sindicales se produce un congelamiento de salarios como ejemplificación del disciplinamiento a las clases asalariadas. Al mismo tiempo y en el contexto de las disputas entre las fracciones de la clase dominante, las medidas del gobierno de facto tendieron a privilegiar y restituir el poder del sector agroexportador en detrimento del empresariado industrial (Peralta Ramos, 2007: 169). A esta reposición del poder de veto del complejo agroexportador sobre el resto de la economía es imprescindible sumarle los efectos decisivos y actualmente vigentes de la Reforma financiera implementada por la dictadura cívico-militar en 1977. En efecto, con ésta se inauguró el periodo de prevalencia de la especulación financiera por sobre las actividades productivas de la economía argentina que mantiene su vigencia hasta nuestros días (Peralta Ramos, 2007; Ferrer, 2012; Basualdo, 2017; Basualdo y Manzanelli, 2022).

La transformación llevada adelante por la dictadura cívico-militar fue estructural, ya que se sostuvo en la transformación de una economía basada en la producción a una basada centralmente en la especulación financiera y en la consolidación de un sector productivo altamente concentrado y extranjerizado (Peralta Ramos, 2007; Ferrer, 2012). Resulta importante recordar también el legado de la estatización de la deuda privada concretada en las postrimerías del régimen que contribuyó a identificar otra de las variables centrales de la economía argentina actual: el endeudamiento externo (Peralta Ramos, 2007; Ferrer, 2012). Los efectos de la transformación radical implementada por el régimen militar condujeron a un proceso de reconfiguración de la estructura de clases de la sociedad argentina que dejó en este caso de ser la “excepcionalidad” de América Latina en términos de logros sociales y acompañó, con sus particularidades, el proceso de empobrecimiento y exclusión que atravesaron el resto de los países de la región latinoamericana (Svampa, 2005; Merklen, 2010).

El primer gobierno democrático heredó condicionantes estructurales de tal magnitud que restringieron enormemente sus supuestas intenciones distribucionistas y el poder económico condicionó sin miramientos los inestables años de la recuperación democrática (Peralta Ramos, 2007). A merced de las diferentes fracciones del poder económico concentrado, el primer gobierno democrático “debió convocar a elecciones anticipadas en un contexto hiperinflacionario y de desmadre de numerosas variables económicas y sociales” (Ortiz y Schorr, 2021: 119). Si bien el frágil sistema institucional resistió “el test democrático” (Przeworski, 2022) y el presidente Alfonsín logró transmitir el mando al electo presidente Menem, el papel disciplinador que la hiperinflanción de 1989 tuvo sobre el conjunto de la sociedad argentina generó las condiciones para la implementación definitiva de las recomendaciones del “Consenso de Washington” imperante a nivel global (Gaggero y Wainer, 2021). Además de la consolidación de una elite empresarial extranjerizada e internacionalizada, la aplicación de las políticas económicas y sociales de corte neoliberal conllevaron, a principios del siglo XXI, a que las inéditas condiciones de pobreza, marginalidad y desempleo condujeran a la crisis política y social más grave que haya vivido la sociedad argentina (Gaggero y Wainer, 2021). Sin embargo, y al igual que en 1989, el sistema político logró encontrarle una salida institucional a la crisis y ante el descontento popular encontró las formas de canalizar por la vía democrática una situación de extrema gravedad.

Más allá de la subsistencia del sistema institucional democrático, lo que emerge del modelo de acumulación neoliberal de valorización financiera, iniciado en 1976 y profundizado en la década del noventa, es una nueva estructura social y un nuevo tipo de Estado (Peralta Ramos, 2007; Basualdo y Manzanelli, 2022). Junto al histórico poder de veto de la burguesía agroexportadora, se consolidan las posiciones oligopólicas en la producción de bienes y servicios básicos detentadas en su gran mayoría por capitales extranjeros y el elevado nivel de endeudamiento externo. Esto se transformó a tal punto en el “talón de Aquiles” de la economía nacional que, en muchos años, los requerimientos de pagos de servicios de la deuda externa esterilizaron los saldos comerciales positivos que pudo presentar la economía (Peralta Ramos, 2007). Al mismo tiempo, es crucial recordar que la contracara del endeudamiento externo vigente en el modelo de valorización financiera ha sido la fuga de capitales que “han signado, de una forma u otra, el comportamiento económico, social y político en las últimas cuatro décadas en nuestro país” (Basualdo, 2017: 11).

En el marco de esta profunda transformación económica, la fragmentación y polarización de la sociedad fueron los fenómenos que caracterizaron a este período y estas tendencias regresivas “dieron lugar a una estructura de clases fragmentada, producto del incremento de las desigualdades sociales entre clases y dentro de cada una de ellas” (Benza, 2016: 132). Consecuentemente, y agravado por el retraimiento de las políticas estatales de protección social, los sectores populares (asalariados formales, informales y desocupados) vieron degradarse sus condiciones de vida en términos de servicios públicos esenciales, acceso a la vivienda y posibilidades de consumo. Al mismo tiempo, el clima cultural hegemónico, de la mano del cuestionamiento de la capacidad regulatoria del Estado, entronizó a la empresa y el emprendedorismo como los nuevos modelos sociales a seguir y reasignó a la beneficencia y la caridad las funciones de la asistencia focalizada de los “excluidos” en una suerte de neo-filantropía para los inempleables y desafiliados (Aguiló, 2023).

A la década del noventa debemos remontarnos también para encontrar las raíces de la creciente “farandulización” de la escena política, como contracara de la desvalorización y cuestionamiento a los partidos políticos, que se sumó al proceso de cuestionamientos y deslegitimación de las acciones estatales inaugurados por la dictadura en el marco del proceso de “privatización autoritaria de la escena pública” (Oszlak, 1983). Por el otro, y tan grave como lo anterior, el progresivo incremento de la injerencia del poder judicial arbitrando en los conflictos que deberían ser resueltos por la institucionalidad democrática (Przeworski, 2022). Estos procesos desplegados en el plano cultural contribuyeron a profundizar el cuestionamiento de los roles distributivos del Estado y aportaron a debilitar su rol “como un agente legitimado del interés común” (O’Donnell, 1993: 70)^[5] lo cual resultó clave para disputar por parte de las clases dominantes las intenciones distribucionistas del período 2003-2015.

Casi con unanimidad, estudios recientes sostienen que las medidas económicas tomadas a partir de 2003 en cuanto a la recuperación del rol del Estado en la regulación de las variables centrales de la economía y el despliegue de políticas públicas tendientes al reconocimiento de derechos y mejorar las condiciones de inclusión social intentaron revertir las tendencias estructurales descriptas (Schorr, 2021). Las mejoras en las condiciones laborales y salariales generales del período 2003-2015 de la mano de la recuperación del rol regulatorio del Estado son indiscutibles y permitieron cierta reconstrucción del tejido social dado que “hay signos de que en esta etapa se revirtieron en cierta medida los altos niveles de fragmentación y desigualdad entre clases que fueron característicos de la última década del siglo XX” (Benza, 2016: 136). Esto, que fue producto del crecimiento del empleo formal y la consecuente reducción de la desocupación, condujo a la reducción de la pobreza y la indigencia sin desconocer que “los grupos no calificados y marginales de sectores populares, continuaron teniendo un peso considerable” (Ibidem: 138). Las acciones de recuperación de empresas estatales y del privatizado sistema jubilatorio que habilitó la posibilidad de las moratorias previsionales y el lanzamiento de la AUH, entre otras políticas de recuperación del rol activo del Estado en la economía y la recuperación del poder adquisitivo del salario, no dejaron de estar sometidas al ataque y bloqueo constante de las patronales agropecuarios que protegían sus privilegios frente a las regulaciones estatales (Trujillo, 2017). Merecen también una mención especial, por un lado, los avances logrados a través de las reformas igualitarias respecto a las temáticas de identidad de género y las regulaciones contra la violencia de género entre otros logros en términos de derechos civiles del periodo 2003-2015 (Lamm, 2020). Y, por el otro, la ruptura con los precedentes gobiernos de la democracia en materia de política de Estado en relación con los reclamos de memoria, verdad y justicia frente a los delitos de lesa humanidad perpetrados por el terrorismo de Estado de la dictadura cívico-militar (Sarrabayrouse Oliveira y Martínez, 2021).

No obstante los alcances mencionados, los esfuerzos públicos por revertir la herencia de una sociedad desigual, fragmentada y polarizada no alcanzaron para reducir el elevado nivel de concentración y oligopolización de la oferta de los principales bienes y servicios de la economía ni para alterar con profundidad el patrón de acumulación financiera vigente en el país (Schorr, 2021; Manzanelli, 2022). La involución económica y social generada por las acciones tomadas en el periodo 2015-2019 reprodujeron – en una escala más concentrada de tiempo – buena parte de las medidas tomadas en el período neoliberal de 1976 a 2001: “con el gobierno iniciado en diciembre de 2015 la acumulación financiera se erigió como el centro rector de la dinámica económica a partir de una amplia valorización del sector (Cassini, Zanotti y Schorr, 2021: 201).

No es posible eludir mencionar que además de los poderes facticos clásicos de una sociedad capitalista, en el caso argentino y en consonancia con el resto de los países de la región, han cumplido un rol protagónico los medios de comunicación concentrados como vehículos privilegiados de la transmisión de los principios centrales de la “racionalidad neoliberal” dado que la “concentración mediática y ahora de las telecomunicaciones es una característica de los países de América Latina y el Caribe” (Sosa Plata, 2016: 195). Al mismo tiempo han adquirido una dimensión inédita las intervenciones y restricciones por parte del Poder Judicial a las decisiones provenientes del poder político democrático. Esta judicialización de la política es una muestra clara del proceso de “autocratización de la democracia” (Przeworski, 2022) dado que el menos democrático de los poderes del Estado explota sin tapujos su capacidad de veto de las decisiones emergentes de los poderes democráticos cuando se ha tratado de intentos regulatorios de la acumulación capitalista. “No debemos olvidar que el derecho más básico, aparte de la protección contra el encarcelamiento arbitrario, ha sido y es el derecho a la propiedad” (Przeworski, 2019: 63).

En el contexto anteriormente descripto, el gobierno democrático electo a fines de 2019 tuvo que hacerse cargo de abordar el peso de un endeudamiento externo desmesurado como factor determinante de una economía bimonetaria que pulverizó los logros alcanzados en el periodo 2003-2015 (Basualdo y Manzanelli, 2022). Al mismo tiempo, no es posible soslayar los fenómenos externos internacionales – Pandemia COVID 19 y la Guerra en Ucrania – que obviamente lo exceden, y limitaron su escasa capacidad de maniobra. Sin embargo, este abordaje “neodesarrollista heterodoxo” (Cantamutto y Schorr, 2021) que se ha intentado aplicar desde 2019, se ha resignado a aceptar la estructura dominante de los sectores exportadores y proveedores de divisas para la economía nacional debilitando las posibilidades de un desarrollo más equitativo (Cantamutto y Schorr, 2021). Esto ha llevado a que en los momentos en que nos disponemos a evaluar logros y limitaciones de los 40 años de democracia nos encuentre con un proceso inflacionario que debilita constantemente el poder adquisitivo del salario de trabajadores formales y pulveriza los ingresos de los amplios sectores de la población insertos en la economía informal lo que ha conducido a volver a presentar en el país elevados niveles de pobreza (Auyero y Servián, 2023). En este contexto, aparecen como una extraña mezcla de inocencia política y desconocimiento teórico las apelaciones al dialogo y la comprensión hacia los sectores concentrados del país que en diferentes momentos ha intentado llevar adelante la actual administración. O, en otras palabras,

Cómo espera el neodesarrollismo convencer por la vía del consenso a los poderes fácticos legados por el neoliberalismo de que lo mejor es que moderen sus pretensiones y se permitan perder poder estructural es un misterio. Y mientras no lo hagan, las posibilidades de desarrollo del país quedarán atrapadas en vetos constantes (Cantamutto y Schorr, 2021: 96).

He optado por denominar impotencia democrática a este funcionamiento del sistema democrático argentino de los últimos 40 años en el que las condiciones de pobreza y desigualdad que afectan a las mayorías nacionales como contracara de la concentración de la riqueza y los patrimonios de pocos sectores se han agudizados hasta límites intolerables. No es desconociendo los limites estructurales de las “capacidades contingentes” del sistema democrático frente a la lógica de acumulación capitalista que propongo esta calificación, sino particularmente sorprendido frente a algunos abordajes que suponen posible llegar a una convergencia de intereses con el poder concentrado nacional. Son irreductibles e ineludibles los conflictos que hay que enfrentar con los sectores dominantes si realmente se pretende mejorar las condiciones de vida de las mayorías populares. Parece evidente a la altura de las circunstancias, que en el actual gobierno ha prevalecido una orientación basada en el mito de la concepción de la sociedad “armoniosa por naturaleza – en la que el pueblo está unido como un todo orgánico – y que la meta de la política debería ser mantener armonía y cooperación” (Przeworski, 2019: 105). Esta opción tomada en los últimos cuatro años de evitar la confrontación con los intereses hegemónicos es la que nos ha conducido a este presente en el que el gobierno electo democráticamente se encuentra con escaso margen de acción frente a las acciones extorsivas de los poderes fácticos.

Argentina: la impotencia democrática. ¿Son compatibles los actuales niveles de pobreza y desigualdad con el funcionamiento democrático?

Espero a esta altura del presente trabajo haber logrado mostrar las dificultades que ha enfrentado la democracia argentina desde 1916 para dar respuesta a las demandas populares en el marco de las restricciones que le impone los imperativos de la acumulación capitalista dado su rol de economía subordinada. La mirada histórica y estructural que permite comprender los elevados niveles de desigualdad económica y social – en consonancia con el resto de los países de la región – habilita la posibilidad de la comprensión sistémica del periodo desarrollista clásico en nuestro país (“la industrialización inconclusa”) como aquel en el cual se alcanzaron los mayores niveles de bienestar para las clases populares aun cuando, en largos períodos de esta etapa, las instituciones democráticas se encontraban canceladas o funcionaban con el peronismo proscripto.

A partir de estas premisas, es posible también comprender el acoplamiento del modelo de acumulación de valoración financiera iniciado por la última dictadura cívico-militar con las recomendaciones neoliberales que comenzaron a hegemonizar el pensamiento económico en los países centrales en la segunda mitad de la década del setenta. El periodo bienestarista de posguerra implementado por el Estado keynesiano daba paso al “período hayekiano” (Streeck, 2016) en el que el debilitamiento de la capacidad regulatoria de los estados y el cuestionamiento a la política y los sindicatos permitieron que el capital se “soltara las ataduras” (Ibidem) generando una “revancha de clase” que ha conducido al mundo a los niveles actuales de concentración de la riqueza e inequidad (Przeworski, 2022). Es en el marco de la nueva fase del capitalismo financiero y posindustrial que hay que ubicar los fracasados intentos de renovar el sendero del crecimiento económico con distribución de la riqueza intentado por el primer gobierno democrático luego de la larga noche dictatorial. El peso insostenible de la deuda externa heredada, en combinación con una economía fuertemente concentrada y extranjerizada, son algunos de los condicionamientos que tuvo que soportar el gobierno de Alfonsín hasta que, con el disciplinamiento adicional de la hiperinflación de 1989, transmitió el mandato constitucional al nuevo presidente democráticamente electo. El tándem Menem-Cavallo implementó las transformaciones definitivas para un Estado que ya había comenzado a demonizarse desde el periodo dictatorial y profundizó la apertura a la especulación financiera que continuó con la espiralización de la deuda externa hasta la debacle económica y social de diciembre de 2001. La sociedad argentina no volvería a ser aquella del bienestar para la clase trabajadora y las capas medias que conociera su apogeo en la década del cincuenta y sesenta del siglo XX; una sociedad desigualdad con una estructura social fragmentada como contracara de una clase dominante altamente extranjerizada y concentrada fue también el producto del experimento de ajuste estructural llevado a cabo por el neoliberalismo desde 1976 hasta 2001. Pareció que la institucionalidad democrática no resistiría el descontento popular generado por las medidas económicas de diciembre de 2001, sin embargo, una clase política duramente cuestionada por la mayoría de la sociedad logró operar entre los vericuetos del sistema democrático y encontrar una salida institucional concertada para una situación que pareció terminal. Las mayorías populares y los sectores medios expresaron su repudio a la clase política y descubrieron que la potente consigna “con la democracia se come, se cura y se educa” había quedado lejos de concretarse. La nueva morfología de clases de la sociedad argentina se combinó con un clima cultural devenido hegemónico desde fines de los noventa calificado como una racionalidad neoliberal al servicio de los “imperativos sistémicos del capitalismo” (Brown, 2015: 97). Racionalidad neoliberal que acoplada al individualismo antiestatal y antipolítico presente en vastos sectores de la sociedad tiende a generar un creciente desapego y desinterés por la participación democrática (Brown, 2020).

Estas afirmaciones y argumentos, anudados con los que promueven una suerte de “empresarialización” de la vida personal (Brown, 2020), que conforman el habitus de los sujetos (Bourdieu, 1997) configuran los marcos de legitimidad^[6] para las intervenciones estatales presentes en el sentido común hegemónico. En el contexto del gobierno neoliberal de la Alianza Cambiemos (2015-2019) pudo observarse adicionalmente una apología de la meritocracia basada en el esfuerzo que permite, como contracara del mismo proceso de autovalidación de los sujetos, la discriminación y estigmatización de quienes son “dependientes” de políticas estatales y supuestamente viven sin trabajar (Grassi, 2018). Estos mecanismos discursivos contribuyen la despolitización de la cuestión social^[7] (Grassi, 2018) y se complementan con el proceso general de deshistorización de la vida colectiva que propone el ideario neoliberal desde hace más de cuatro décadas. En otras palabras, el “orden de razón normativo neoliberal” (Brown, 2015: 60) constituye el “campo de fuerzas” (Bourdieu, 1997) en el que despliegan sus prácticas materiales y simbólicas las/os sujetos (agentes) en las específicas condiciones actuales de la Argentina. Es esperable entonces que el “repertorio simbólico” (Bourdieu, 1997) que las/os agentes portan tienda a adecuarse a los argumentos de la antipolítica neoliberal y expresen escasa adhesión a los valores imprescindibles para el funcionamiento de la democracia.

La puesta en dialogo del abordaje materialista e histórico de la conflictiva relación entre democracia y modelos de acumulación con “la acción estructurante de los habitus de clase que le dan unidad y sentido objetivo a la transmutación simbólica de la desigualdad en cada una de las posiciones del espacio social” (Gutiérrez, Mansilla, Assusa, 2021: 169) permite comprender las formas en las que las/os sujetos experimentan y significan las desigualdades económicas, las escasas perspectivas de futuro o las severas condiciones de exclusión. Esto contribuye a pensar la relevancia del campo político y cultural si lo que se pretende es abordar las principales restricciones que plantea el poder económico para la posibilidad de un despliegue de un modelo de desarrollo económico con distribución equitativa de la riqueza. Es decir, el apretado repaso por los eventos históricos que ponen en evidencia los imperativos estructurales con sus correspondientes fracciones de clase beneficiarias resultaría incompleto sin enriquecerlo con el mapa cognitivo cultural con el que hegemónicamente significan sus prácticas las/os sujetos sociales.

No hay historia “material”, concreta, económica, política o militar sin ideas inextricables, puestas en discurso, que informan las convicciones, las decisiones, las prácticas y las instituciones, a las que a menudo se subordinan los intereses “concretos” y que procuran a la vez a los actores un mandato de vida y el sentido de sus acciones (Angenot, 2010: 16).

Comprendiendo entonces la organización social no de manera reduccionista a sus relaciones de producción que sin perjuicio de su determinación “no reducen la experiencia humana^[8] a lo económico o incluso a lo político-económico” (Kaye, 1989: 150) se puede apreciar la relevancia de la disputa cultural en el marco de las sociedades capitalistas. Es por esto que, como ya se ha mencionado, resulta sorprendente que desde un gobierno surgido de las expectativas de bienestar de las mayorías populares se apele a un dialoguismo inocente con los factores de poder concentrados cuyas raíces se remontan a los inicios de la vida independiente de la Nación. Eludir la confrontación con los poderes facticos debilita las escasas capacidades regulatorias del Estado en una economía periférica y dependiente transformándose en una “impotencia” democrática que termina profundizando la apatía y el descreimiento de muchos sectores en las “bondades” del sistema democrático y, aún más preocupante, alimenta las búsquedas de alternativas rupturistas antisistema que cuestionan los valores centrales dificultosamente construidos en los cuarenta años ininterrumpidos de democracia.

Conclusiones

En estas graves condiciones económicas que implican privaciones y desesperanzas para las clases populares nos disponemos a enfrentar una nueva elección presidencial que, de retornar a la senda de la aplicación sin concesiones de la valorización capitalista dependiente, podría conducir definitivamente a la Argentina a transformarse en un ejemplo más de una economía periférica residual relegada al rol de provisión de materias primas. Resulta difícil imaginar posibilidades de redistribución de la riqueza hacia las grandes mayorías asalariadas en el marco de una vía de ese tipo y, al mismo tiempo, suponer que el efecto corrosivo de la desigualdad económica sobre las subjetivades populares no termine generando un descreimiento más pronunciado sobre los valores democráticos conquistados en estos últimos 40 años.

Es posible que este descreimiento y desesperanza se canalice en el ausentismo electoral al que estamos asistiendo en estos días en nuestro país o derive en el apoyo a opciones políticas que, apelando en muchos casos a metodologías violentas y antidemocráticos, pugnan por la instalación de un orden de absoluta libertad de funcionamiento de los mercados en extraña simbiosis con la apelación a un tradicionalismo moral. No deberíamos sorprendernos, si este fuera el caso, con la aparición de discursos y acciones misóginas, xenófobas, homofóbicas y racistas de quienes, en muchos casos en nombre de la libertad de expresión y los valores democráticos, tienen como proyecto político el debilitamiento y asfixia de la democracia. Estas amenazas, que también expresan su negacionismo a los crímenes del terrorismo de estado, resultan inadmisibles y deberían motivarnos a redoblar nuestros esfuerzos personales en pos de un compromiso teórico crítico y una militancia práctica que esté a la altura de todas/os las mujeres y hombres que lucharon por una vida democrática con bienestar social para las grandes mayorías nacionales.

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Notas