Violencia institucional: una deuda pendiente que cumple 40 años

Institutional violence: an outstanding debt that is 40 years old

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.

En el presente trabajo nos proponemos caracterizar al fenómeno conocido como violencia institucional y trazar un recorrido histórico que nos permita situarlo, en Argentina, en estrecha vinculación con las militancias por la Memoria, Verdad y Justicia a causa de los graves crímenes y vejaciones cometidas durante la Dictadura Cívico-Militar (1976-1983), así como indagar en los factores y condiciones que la posibilitan.

Nos proponemos realizar una revisión de la bibliografía más destacada sobre este fenómeno. Este escrito se desarrolla, entonces, dos apartados Primero, exploraremos la categoría de violencia institucional desde una mirada histórica. A continuación, traeremos algunos de los aportes más relevantes de este campo de estudios en torno a la concepción de la institución policial y su rol en nuestras sociedades.

Las organizaciones por los derechos humanos irrumpieron en el escenario social y político durante la última Dictadura Cívico-Militar, buscando visibilizar los graves crímenes cometidos por el Gobierno de facto. Posteriormente, agrupaciones de sobrevivientes y familiares, tales como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, se empeñaron, luego del retorno de la democracia, en buscar el enjuiciamiento y castigo a las cúpulas militares que orquestaron el Terrorismo de Estado. En ese sentido, se fueron tejiendo redes que posibilitaron transformar las experiencias del pasado reciente en acción colectiva. Según Sondereguer (2001): “Los testimonios sobre el pasado reciente desarrollan estrategias de construcción de la memoria que son el resultado de pactos ideológico-políticos y en consecuencia expresan las luchas, victorias o derrotas que se suscitan en el presente.” (p.1)

Con el retroceso que representaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (1987) y los indultos otorgados por el presidente Carlos Menem (1990-1998), aparecieron no sólo nuevas estrategias sino también nuevos actores en el ámbito de la militancia por la Memoria, la Verdad y la Justicia. El caso más resonante es el de H.I.J.O.S (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), cuya forma de organización interna, perspectivas en torno a la historia reciente y nuevas metodologías de protesta, como el escrache a genocidas, provocan un giro pronunciado en las formas de manifestación de estos sectores (Bravo, 2012).

Según Bravo (2012), con el surgimiento de H.I.J.O.S, el concepto de impunidad guía y concentra la relación entre la sociedad y las instituciones estatales no sólo con respecto al Terrorismo de Estado, sino en lo concerniente a los casos de gatillo fácil y violencias policiales. Asimismo, según el autor, nacen en esta década CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) y COFAVI (Comisión de Familiares de Víctimas Indefensas de la Violencia Social), en respuesta a nuevas demandas que comienzan a elaborarse a partir de estas disputas.

La categoría de violencia institucional nace, entonces, estrechamente ligada a la lucha contra la impunidad. Cuando hablamos de violencia institucional hacemos referencia, siguiendo esta línea, a una categoría que engloba múltiples prácticas perpetradas por agentes del Estado. Según Perelman y Tufró (2017), inicialmente se la comprendió como excesos cometidos por las Fuerzas de Seguridad (FF.SS.) – particularmente, la policía – y agentes del Sistema Penitenciario. El autor y la autora señalan que, si bien algunas de las prácticas abusivas encuentran su origen en los crímenes de la Dictadura, muchas de ellas existieron a lo largo del siglo XX y no encuentran una explicación sobre sus inicios únicamente en este último período. Hoy, sugieren, quienes perpetran estas violencias no se reducen sólo a estos grupos: se comenzó a incluir a integrantes del Poder Judicial, por ejemplo, así como otros y otras integrantes del Estado. Asimismo, se diversificaron las posibles víctimas de violencia institucional, “que involucran formas diferentes de señalar y denunciar la responsabilidad estatal en abusos médicos (violencia obstétrica o psiquiátrica) o agresiones de bandas con poder territorial, entre otros” (Perelman y Tufró, 2017, p. 2). En este escrito no abordaremos estas últimas caracterizaciones, y nos centraremos en las violencias policiales por ser la fuerza que más reflexión ha suscitado luego de las Fuerzas Armadas, en tanto deseamos comprender el devenir de los estudios acerca de este fenómeno en relación con las cuatro décadas de democracia ininterrumpida. Mencionaremos algunos casos vinculados al accionar de Gendarmería Nacional en tanto son parte de lo que comprendemos como Fuerzas de Seguridad, aunque no indagaremos en las particularidades de esta institución.

Según el informe titulado “Antirrepresivo 2022”, elaborado por la Coordinadora Contra la Represión Policial (CORREPI) con motivo de los 40 años de democracia ininterrumpidos, se estiman casi 9.000 personas asesinadas, entre diciembre de 1983 y diciembre de 2022, en manos de las Fuerzas de Seguridad en distintas modalidades. Según la organización, se destacan “picos” de casos en los períodos de crisis más profundos, como el período de hiperinflación (1989-1991), el estallido social del 2001, los efectos de la crisis económica global de 2008 (2009-2010), el período de la “Doctrina Chocobar” (2016-2019) y la pandemia (2020-2021). A cada uno de estos períodos podríamos adjudicarle un caso a modo de “hito”, como sucede con el caso Garrido y Baigorria (los primeros detenidos-desaparecidos en democracia por la Policía en 1990 en Mendoza)^[1] y la muerte de Walter Bulacio (en 1991 luego de una razia policial antes de un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota)^[2]para el primer período, en el que, como bien mencionamos, comienzan a vislumbrarse las primeras estrategias de protesta y demanda de justicia en torno a estos eventos.

Por otro lado, el estallido de diciembre de 2001 desató un importante clima de rebelión popular al que las Fuerzas de Seguridad respondieron recrudeciendo sus prácticas; ejemplo claro de ello fue lo sucedido en la denominada “Masacre de Avellaneda” (donde fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Kosteki durante una represión en 2002)^[3]. Siguiendo a Filippini (2002), este período de profunda crisis financiera y social dio lugar a una serie de múltiples casos de violencia institucional bien documentados.

Según Casullo (2019) es en 2003, de la mano del ascenso de Néstor Kirchner al poder (2003-2007), que la agenda de derechos humanos se incorpora a las políticas de Estado impulsadas por el ex mandatario y por quien le sucedió en la presidencia, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). En este período iniciaron los Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad a nivel nacional, por un lado, y se buscó redefinir la relación entre las Fuerzas de Seguridad con el Gobierno, por otro. Sin embargo, ello no implicó el cese de casos de violencia institucional en sus distintas formas: podemos nombrar el crimen de Carlos Fuentealba (muerto durante una represión en 2007^[4] en manos de Gendarmería Nacional durante una manifestación docente) y el asesinato de Luciano Arruga^[5](desaparecido por la Policía Bonaerense en 2009, cuyo cuerpo fue hallado en 2014 como NN). Ambos casos dan cuenta de dos dimensiones de esta problemática: el primero, de que la prevalencia de las prácticas abusivas perpetradas por las Fuerzas de Seguridad exceden, muchas veces, las voluntades políticas de los gobiernos de turno (sobre esto ahondaremos en el próximo apartado), y el segundo, de la correlación entre los períodos de crisis económica con las condiciones de vida de los sectores más postergados, y cómo ello impacta en su relación con la policía.

Por su parte, la desaparición de Santiago Maldonado (en agosto de 2017, durante un operativo de Gendarmería Nacional)^[6] fue producto de la “Doctrina Chocobar” que tuvo lugar durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), denominación otorgada a la serie de medidas tomadas por la ex Ministra de Seguridad de este período, Patricia Bullrich, a raíz del caso de Luis Chocobar, un policía de la Ciudad de Buenos Aires que cometió excesos con un delincuente en 2017. La impronta de la gestión de Bullrich estuvo marcada por el otorgamiento de facultades discrecionales a la Policía a través de resoluciones ministeriales.

Por último, la desaparición de Facundo Astudillo Castro (en 2020 en manos de la Policía Bonaerense, durante la cuarentena provocada por la pandemia por COVID-19)^[7] sucedió en el punto más álgido de la crisis sanitaria, durante la gestión de Alberto Fernández (2019-2023) y en el contexto de profunda crisis que implicó la pandemia. La desaparición y posterior muerte de Astudillo Castro fueron facilitadas porque el cumplimiento de una medida como la cuarentena estricta (denominada ASPO – Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio – en Argentina) dio lugar a la creación de “normas de pobre técnica legislativa” que otorgaron “la excusa perfecta para que la fuerza, so pretexto de estar combatiendo conductas que provocarían transmisión del virus, cometiera flagrantes actos de violencia institucional” (Lecour y Machuca, 2021, p.144).

Todos estos casos dan cuenta no sólo de las características puntuales correspondientes a los períodos históricos consignados, sino también de las diversas prácticas abusivas que se engloban dentro de lo que denominamos violencia institucional y que trascienden las gestiones políticas. Este abanico de excesos, según la Comisión Provincial por la Memoria (localizada en Buenos Aires, según sus siglas, CPM), incluye detenciones ilegales, hostigamientos, allanamientos irregulares, “cacheos”^[8] en la vía pública, registros fotográficos, golpes, “gatillo fácil”^[9], insultos y/o agresiones verbales, entre otros, constituyen formas de violencia policial. Es de destacar, según la CPM, que muchos de estos actos excesivos se cometen a través del abuso de procedimientos corrientes e incluso de rutina, como lo son por ejemplo las detenciones por averiguación de antecedentes (que sólo puede hacerse cuando existe un motivo para hacerlo en pos de la “prevención del delito” o cuando la persona no se identifica), o el “cacheo” en la vía pública (solamente pueden palpar armas, no revisar bolsillos o pertenencias personales; para ello se requiere una orden judicial, excepto que peligre el orden público).

Ahora, ¿Cómo se conciben estos hechos cuando están inscritos en el comportamiento de agentes de la fuerza pública? Retomamos los aportes de Perelman y Tufró (2017) que explican:

La noción de violencia institucional implica un cierto posicionamiento frente al Estado coherente con el paradigma de los derechos humanos. Si bien son actores estatales los responsables primarios de la violencia institucional, se considera que el Estado es también quien debe dar respuesta en términos de prevención, detección, y castigo de los fenómenos de violencia institucional. (p.5)

La autora y el autor también destacan que existen otras perspectivas en torno a la concepción misma de violencia institucional: algunos sectores ven al aparato policial como inherentemente violento, por lo que no conciben que la salida sea a través de reformas o cambios efectuados desde el Estado. Al respecto, el siguiente extracto lo define con claridad:

La violencia institucional no es un exceso, no son errores de la agencia que se resuelven descabezando a la cúpula de turno o haciendo una purga al interior de la fuerza policial. La violencia institucional es la mano derecha del Estado, la manera que eligió el ‘Estado de Malestar’ para estar en una sociedad cada vez más polarizada, segregada y compartimentada; pero también son las prácticas represivas que nunca se desandaron en la democracia (Rodríguez Alzueta, 2007, p.68)

La discusión sobre cómo concebir a las Fuerzas de Seguridad, en general, y a la Policía, en particular, no está saldada. Las perspectivas que problematizan este asunto divergen en distintos puntos. Sin embargo, coinciden en entender que las prácticas abusivas perpetradas por estos y estas agentes del Estado son perjudiciales en términos de políticas de seguridad, por un lado, y que representan un flagelo a los derechos humanos, por otro. Existen diferentes ideas sobre la institución policial en el ámbito de los estudios cercanos o acerca de la violencia institucional. En este apartado exploraremos algunas de ellas.

En términos generales, Frederic (2008) explica que la relación del campo de las ciencias sociales y las Fuerzas de Seguridad ha sido siempre conflictiva. Ello se debe a un primer motivo: a lo largo del siglo XX, la represión policial fue la respuesta que recibían grupos de intelectuales en manifestaciones y eventos políticos. De esta forma, el vínculo entre estos dos sectores se forjó desde la oposición de unos con otros, a raíz de que las Fuerzas de Seguridad tuvieron la función de encarnar una suerte de militancia contrarrevolucionaria, lo que “animó en distintos períodos históricos a las fuerzas políticas que buscaban contrarrestar todo aquel movimiento social y político revolucionario que atentaba contra las jerarquías y valores establecidos” (Frederic, 2008, p.8). Según la autora esto explicaría ,en parte, la existencia de un supuesto común en el ámbito académico y político en torno a las causas que explicarían los comportamientos excesivos de la policía: el carácter “militarizado” de la misma, y su estatus de órgano cerrado, independiente y hermético que acarrea una cierta “cultura policial”, compuesta de diversas prácticas y pactos.

Queremos destacar que ha existido un acuerdo estructural entre el modo en que la policía es pensaba por cientistas y expertos y el modo como es tratada políticamente, aunque haya diferencias entre algunos políticos y algunos expertos. En ambos casos, se la entiende e instituye como un cuerpo social extraño, separado, desviado, aislado, ajeno y cerrado al concierto social democrático (Frederic, 2008, p.58)

La autora se muestra crítica de esta concepción común de las Fuerzas de Seguridad, en tanto sostiene que los factores que permiten la existencia de prácticas violentas no tienen que ver solamente con una determinada “cultura policial”. Para Frederic (2008) es importante indagar con mayor profundidad en las trayectorias de vida, motivaciones y condiciones laborales de las policías para poder entender el devenir de esta fuerza.

Nos interesa resaltar otro punto importante de los aportes de Frederic (2008). La autora identifica que la voluntad de democratización de las Fuerzas de Seguridad es lo que guía las concepciones imperantes desde 1983 acerca de estas fuerzas: finalizada la Dictadura, la despolitización de las Fuerzas Armadas y la democratización de las Fuerzas de Seguridad fueron los dos senderos que eligieron dirigentes políticos en las décadas siguientes. Ello implicaría, por consiguiente, la profesionalización de las fuerzas y su desmilitarización. Esta voluntad de democratización y control de las fuerzas “desde afuera” también es visible en el rol y postura sobre el tema de las organizaciones de la sociedad civil como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Tiscornia (2004) –hoy, actual presidenta del CELS- concibe el poder de la policía como “puramente policial”, es decir, en cierto sentido autónomo y desligado de la Justicia; según la autora, tiene una función moral y una violenta, correctiva, que se manifiesta a través de diversas tácticas, algunas de ellas nombradas en párrafos anteriores. Las medidas administrativas reemplazarían, a su vez, la primacía de las leyes, y otorgarían a las policías más facultades de potencial uso discrecional. Lo que argumenta Tiscornia (2004) podría vincularse estrechamente con la caracterización del uso de la fuerza policial que hacen José Garriga Zucal (2020) y Esteban Rodríguez Alzueta (2018).

Según Garriga Zucal (2020) las prácticas policiales están regidas por diferentes parámetros y lógicas, vinculadas éstas también con las funciones que los gobiernos delegan a estas fuerzas. El respeto de la ciudadanía a la policía es considerado por integrantes de la fuerza, siguiendo al autor, como una condición fundamental para evitar el uso de la violencia. El irrespeto, entonces, implica un consecuente correctivo. Las faltas de respeto son valoradas, a su vez, según quien las cometa (aquí entran en juego clase social, género y edad, entre otros factores). El respeto no implica la generación de condiciones de igualdad entre la policía y la ciudadanía, sino, por el contrario, una suerte de materialización de las diferencias jerárquicas entre un grupo y otro. Garriga Zucal (2020) sostiene, siguiendo esta línea, que “la violencia policial como recurso se usa principalmente sobre los jóvenes de sectores populares” (p.10). Asimismo, agrega:

Es necesario señalar que las formas del hacer policial, sus lógicas de acción, se configuran en una trama de relaciones que supera, desborda, a la institución policial. Las interpretaciones belicistas como solución para el problema de la inseguridad, producidas y reproducidas en distintos discursos sociales, son parte del repertorio policial (…) De la misma manera, al igual que el resto de sus familiares, vecinos/as y amigos/as, muchos policías poseen representaciones de ciertos espacios y de algunos sectores como peligrosos. Lugares y personas aparecen como los objetivos de la guerra contra la inseguridad. (Garriga Zucal, 2020, p.10)

De lo anterior se desprende la noción de que, para controlar y gestionar el territorio, el uso de la violencia se torna una herramienta corriente. Esto último es visible en las prácticas de hostigamiento que se ven frecuentemente en barrios populares (como detenciones arbitrarias, por ejemplo) y es posible, según el autor, gracias a la complicidad en el interior de las fuerzas para legitimar estas prácticas.

Rodríguez Alzueta (2018) habla de la corporativización de la policía. Según el autor, en Argentina, no sería fácil para los gobiernos imponerles su autoridad: como agencia, esta fuerza ha logrado independencia. La autonomización de esta institución implica una competencia con la dirigencia política por la gestión de los territorios, lo que explica cómo los gobiernos han perdido la capacidad de establecer políticas de seguridad por sí mismos, teniendo que negociar y comprometer programas securitarios en pos de la relación con la corporación policial. El autor añade algunas nociones importantes sobre otro aspecto de esta independización, que es la politización de la policía producto del desgobierno de la misma, alegando que algunas prácticas aprendidas en períodos como la última dictadura (como las desapariciones forzadas, secuestros, torturas, entre otros) son resignificadas y aplicadas no sólo para el manejo de conflictos en el seno social, sino también para una suerte de “autopreservación” de la fuerza, “en función de los intereses de la corporación y las necesidades de los mercados ilegales e informales que regulan” (Rodríguez Alzueta, 2018, p. 5)

Si hablamos de los trabajos más destacados en el campo de estudio de la violencia institucional, es inevitable considerar el rol de los movimientos de víctimas, objeto de estudio de autores y autoras como María Victoria Pita y Sebastián Pereyra (2022). Según la autora y el autor, estos grupos han tenido un protagonismo fundamental desde el regreso de la democracia en 1983. Como bien dijimos al inicio de este trabajo, no puede desligarse el origen de los colectivos de víctimas y sobrevivientes de violencia institucional de los organismos de derechos humanos que lucharon y luchan por la Memoria, Verdad y Justicia. Los movimientos de víctimas se posicionan en favor de la obtención de justicia, tomando distancia de los espacios político-partidarios e incluso, muchas veces, antagonizando con el mismo Estado. El rol que tienen estos grupos en la visibilización y acción en torno a la lucha contra la violencia institucional es esencial.

Otros estudiosos de este amplio campo – y más ligados a la investigación sobre delito y seguridad - son Marcelo Saín (2003) y Máximo Sozzo (2005). Sus perspectivas difieren de las esbozadas anteriormente, y “para estas posturas, la fuerza y la violencia no son ni buenas ni malas: son parte misma del modo en que se regulan –imperfectamente, claro- las sociedades contemporáneas” (Frederic, 2008, p.55). Saín (2003) argumenta que la complejización de los delitos obliga a los gobiernos a tomar medidas en pos de abordar esta problemática, pero que estas soluciones terminan propiciando comportamientos autoritarios. Agrega:

Frente a ello, algunas perspectivas críticas a esta visión autoritaria denunciaron tal alternativa como intolerable y postularon la necesidad de introducir profundos cambios en el sistema de seguridad pública y policial sobre la base del desarrollo de un sistema integral de control interno de los abusos y la corrupción policiales (…) Sin embargo, tales orientaciones - la autoritaria y la crítica – no dan cuenta ni abordan el núcleo central del problema institucional, esto es, las formas y los estilos políticos de administración de los asuntos de seguridad pública y los defectos orgánico-funcionales que portan las agencias policiales para prevenir e investigar delitos (p.27)

En un sentido similar, Sozzo también propone la revisión de las prácticas policiales en pos de una fuerza más democrática. Según Frederic, este optimismo (como lo califica la autora) tiene que ver con la perspectiva de ”minimizar el sufrimiento que la actividad policial produce, generando alternativas que estén siempre dispuestas a revisarse” (Sozzo, 2005, citado en Frederic, 2008, p.56).

La violencia institucional es una categoría que continúa siendo terreno de disputas, aunque existe un consenso: se constituye como un desafío para la Argentina democrática. El impacto de estas prácticas en el tejido social es perjudicial por el debilitamento de las instituciones del Estado que produce, por su rol en la imposibilidad de establecer políticas de seguridad eficientes y, en especial, por la amenaza que representan para las vidas y el acceso a derechos de los sectores más vulnerabilizados de nuestro país.

Hoy, nuevas aristas del fenómeno cobran relevancia: el reconocimiento del racismo institucionalizado, por ejemplo, que no sólo moviliza en el norte global (a través de movimientos como #BlackLivesMatter - las vidas negras importan -) sino también en el sur^[10]. Los rostros racializados son sospechosos. En los sectores populares de las grandes urbes eso es evidente. Se vincula a ello de forma estrecha la violencia de la que son víctimas los pueblos indígenas a la hora de reclamar por sus derechos. Podemos pensar también que la represión de las protestas, incluso, recrudece dependiendo de qué cuerpos tomen las calles. Estos planteos entran en tensión con la radicalización de las derechas y las medidas excluyentes y de “mano dura” que suelen acompañarlas. La violencia perpetrada desde el Estado corre el peligro, en estas circunstancias, de dejar de ser un problema y convertirse en una herramienta legítima para gestionar o más bien suprimir la conflictividad social.

Si bien sabemos que el origen del comportamiento excesivo de la Policía podría hallarse a lo largo del siglo XX, y que no sólo sería causado por lo sucedido en la última Dictadura, debemos decir que se torna imposible comprender la existencia de desapariciones forzadas, gatillo fácil, detenciones arbitrarias y torturas sin comprender el rol del mismo Estado en prácticas semejantes durante las horas más oscuras de nuestra historia. Otorgarle a la violencia institucional el lugar que le corresponde como problemática implica reconocerla como una deuda pendiente desde 1983 y el pacto democrático que posibilitó dejar atrás gobiernos de facto.