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Estas reflexiones, deudoras de los aportes de la comunicación-decolonialidad, de estudios poscoloniales, antropológicos y sociológicos, del análisis del discurso y de la semiótica analizan el discurso oficial y las políticas de exclusión del actual gobierno argentino por un lado y por otro, el impacto sobre uno de los sectores de la ciudadanía históricamente vulnerados: los pueblos nación indígenas. Se trata de una minoría heterogénea la cual, pese a todo, lucha por hacer oír su voz en el espacio público con el fin de obtener los derechos de ciudadanía e, inclusive, los derechos humanos más elementales. Desde el punto de vista político, se puede interpretar este esfuerzo por alcanzar los ideales de una justicia social de la cual fueron y son excluidos.

Si bien en Argentina la noción está emparentada con el peronismo histórico y con el kirchnerismo, se analizará los alcances de la misma entendida como como distribución, como reconocimiento y como participación (Murillo Torrecilla, Javier y Hernández Castilla, Reyes: 2011). Desde acá se propone la hipótesis de que, en realidad, la posibilidad de superación de una marginalidad -que está en un más allá de la frontera cultural extrema (Cebrelli, Alejandra: 2022)- es alcanzar una justicia del reconocimiento que incluya una ética capaz de aceptar los derechos de las diferencias, anclada en el concepto de dignidad humana y en una sociedad pluritópica y flexible (Kristeva, Julia, 1991); todo lo cual, como se tratará de demostrar, es una utopía opuesta al discurso y a la práctica de la extrema derecha mileísta.

Estado de situación

Hacia una noción de justicia social en Argentina

En el país, la noción de justicia social está estrechamente relacionada con el ideario del peronismo histórico (1043-1955) y actualizada por los doce años de gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015)^[1].

El peronismo histórico^[2] se identifica a tal punto con la justicia social que el movimiento cambiaría su nombre a justicialismo. Esta identificación entiende la justicia social como el instrumento privilegiado del dispositivo de identificación a partir del cual fue posible integrar a sectores sociales antes excluidos. Es posible definirla, entonces, como proceso de subjetivación que significó una ruptura del orden institucional y el nacimiento de un nuevo sujeto político: el obrero y los trabajadores en general (Toniello, Emilse, 2024).

Desde otro punto de vista, puede considerarse que esta noción de justicia social abarca las tres concepciones más actuales: como distribución, como reconocimiento y como participación (Murillo Torrecilla, Javier y Hernández Castilla, Reyes, 2011), en tanto el gobierno de Juan Domingo Perón realizó una importante redistribución de bienes hacia los sectores más vulnerables, en particular, a los y las obreras, se les reconoció sus identidades y derechos (entre ellos, derechos laborales, a la educación, vacaciones, salud y vivienda) y se le dio participación y voz en el gobierno a través de los sindicatos y, a la vez, mediante la implementación del voto femenino.

El kirchnerismo, si bien se orientó a la recreación de un estado de bienestar, dio una vuelta de tuerca a la noción justicia social, volcándola hacia políticas de derechos humanos, de género y de inclusión de los pueblos indígenas, aunque estos últimos no la alcanzaron en plenitud. De este modo, se podría sostener que se centró, por un lado, en una justicia social del reconocimiento en tanto se implementaron políticas de identidad de género, casamiento igualitario, comunicación con identidad en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por citar algunas, y, por otro lado, en la justicia participativa, en tanto las voces antes silenciadas, como las de las diversidades o las de las mujeres indígenas (entre otras), pudieron adquirir protagonismo en el espacio público (Cebrelli, Alejandra, 2020).

Desde esta doble perspectiva peronista, la justicia social peronista implica un proceso de subjetivación que consiste no solo en tomar la palabra sino también en la necesidad de un otro que escuche el reclamo y, finalmente, se lo reconozca como derecho. Así, se verá que la justicia social peronista también es un movimiento trifásico de hablar, de escuchar y de reconocer. En ese sentido, se trató de un giro al problema de la justicia del reconocimiento en tanto considera la figura del humano como portador del derecho a la enunciación, cuyo horizonte ético es ese reconocimiento y el derecho a la dignidad (Bhabha, Homi, 2013).

En síntesis, el peronismo entrecruza las tres concepciones de justicia social, ya que no sólo considera la redistribución de bienes y recursos de sectores estructuralmente puestos en situación de alteridad, pues reconstruyó subjetividades antes invisibilizadas o negadas (mujeres, diversidades, amas de casa, niños, desocupados, entre otros). En líneas generales, aseguró un acceso, a veces mínimo, a los bienes indispensables para una vida digna que incluye el movimiento trifásico arriba mencionado, la visibilidad, la toma de la palabra y de la voz en el espacio público. Este anclaje en derecho al reconocimiento en sentido amplio significó garantizar la inclusión de las minorías (en realidad, mayorías) en los espacios de toma de decisión y la intervención en las políticas públicas.

El cambio de época

Desde el 2018, con el acceso de Mauricio Macri a la presidencia se reinstaló una hegemonía de matriz neoliberal cuyo impacto no desapareció durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernandez de Kirchner y se llevó a extremos inimaginables cuando accedió Javier Milei al poder e instaló un discurso que denomina como libertario, pero que, en realidad, responde a una democracia iliberal (Ipar, Ezquiel, 2024). Esta se define como una democracia que permite la libertad de comercio y las elecciones libres al precio de la destrucción de los derechos civiles y humanos de la población. A la vez, legaliza la discriminación, lo cual afecta a grupos históricamente vulnerables, en especial a los que accedieron tardíamente o de modo parcial a la igualdad jurídica como es el caso de los pueblos originarios.

Este discurso y sus políticas de exclusión tienen protagonismo notable en el ecosistema mediático concentrado. A la vez, su circulación y viralización notables no sólo depende de un batallón de trolls activos en todo tipo de redes, sino también de periodistas y conductores que son totalmente funcionales a la figura de Javier Milei, a sus decisiones y palabras^[3].

La violencia comunicacional que caracteriza el discurso y la narrativa presidencial ha construido un relato político de la exacerbación del odio, utilizando un lenguaje procaz siempre orientado a la estigmatización de todo aquel cuya ideología o posición política considere opuesta, construyendo un ‘nosotros, los argentinos de bien’ que es extremadamente excluyente para quienes no sean sus paradestinatarios (partidarios) y grupos de ‘aplaudidores’ compulsivos.

Quienes quedan fuera -legisladores y partidos políticos opositores (en particular, el kirchnerismo y la izquierda), gremialistas, referentes y militantes de DDHH y de organizaciones sociales, científicos, académicos- constituye una otredad ampliada y heterogénea que se define según las contingencias y se ubica en capas concéntricas, en las cuales, las posiciones centrales se ocupan según jerarquías sociales que vienen de larga data. La centralidad la ocupan Milei y sus ministros y funcionarios, seguida de los economistas y empresarios liberales, sus partidarios y periodistas afines que no son numerosos y pueden considerarse como ultraortodoxos. Las capas menos excluyentes pero marcadas por estigmas del discurso mileísta la ocupan los propios legisladores o ministros libertarios en el momento en que se oponen a alguna medida del presidente. En las capas más alejadas se sitúa una la oposición política criminalizada, ridiculizada y despreciada por el discurso oficial (izquierda, parte del peronismo, kirchnerismo) o las organizaciones sociales y sindicales. Ya en el círculo rojo, objeto de criminalización y de construcción de representaciones teratológicas (Foucault, Michel, 2006) son colocados los jóvenes que delinquen de grupos vulnerables^[4]. Estas capas de construcción de alteridades son fronteras socioculturales fluidas y contingentes.

Un caso extremo lo constituyen los pueblos indígenas cuya existencia se negó por siglos mientras el estado y/o parte de la ciudadanía aplican formas de violencia simbólica y empírica hasta nuestros días, por lo que ese desconocimiento llevó a que tengan una distancia a veces raigal entre sus cosmovisiones y lenguajes respecto del resto de los argentinos, con diferencias según sea su tipo de contacto con el estado nacional y su grado de occidentalización. Estos pueblos ya estaban transitando una frontera cultural extrema, esto es, una territorialidad en la cual la distancia sociocultural con la ciudadanía constituye un borde, un espacio intersticial cuyo tránsito implica esfuerzo, obstáculos y procesos de traducción complejos que obligan a una comunicación incompleta y, a veces, imposible (Cebrelli, Alejandra, 2018). El discurso mileísta los expulsa más allá de esta última frontera, es decir, del territorio nacional al negarles identidad y existencia de modo explícito o no, atribuyéndoles calificativos teratológicos y condenándolos a la nuda vida(Agamben, Giorgio, 2003),

Esa otredad diversa, variada y fluida recibe insultos procaces, amenazas o burlas siempre estigmatizantes, tendientes a la construcción de monstruosidades en diferentes grados según las posiciones que ocupen en cada coyuntura. Quienes no son mencionados con tanta frecuencia (comunidades y pueblos indígenas, mujeres, grupos LGTBI+, discapacitados, entre otros), sufren una tachadura en el relato oficial que opera a modo de justificación de lo que casi no se dice en el ecosistema mediático: el retroceso permanente de los derechos adquiridos y las formas de violencia contra el cuerpo social que ello implica, operativizado mediante la desaparición de las instituciones y la desfinanciación de las políticas públicas que los sostenían, en tanto prácticas violentas orientadas a la destrucción del estado mismo, en tanto el presidente declara: “Amo. Amo ser el topo dentro del Estado. Soy el que destruye el Estado desde adentro”^[5].

Se trata de una forma de colonialidad no vista antes en la Argentina desde la última dictadura militar: del poder (Quijano, Aníbal, 1992), del ser (Maldonado-Torres, Nelson, 2020), del saber (Castro-Gómez, Santiago y Grosfoguel, Ramón, 2007), de la in-comunicación (Torrico Villanueva, 2020) que no sólo se sostiene en la raza y en el género sino también anula o pretende anular cualquier forma de expresión de la disidencia o de la protesta, derechos constitucionales por excelencia. La herida colonial se abre, se actualiza en una matriz neoliberal que lleva al extremo las variadas formas de extractivismo cultural, social y medioambiental, mediante la exacerbación del individualismo, el elogio del egoísmo y la desintegración de las redes vinculares de carácter comunitario, salvo las que sostienen al presidente y a su grupo de apoyo que, en realidad, son vínculos estrechos y extremadamente jerárquicos. De allí que se postula un modelo donde la justicia social en cualquiera de sus versiones, en particular, las del peronismo o del kirchnerismo, no tengan ninguna cabida y, por el contrario, queden en las antípodas del discurso mileísta, como se verá a continuación.

Desde otro punto de vista, se trata de un renovado proyecto político y moderno-colonial cuyo ese patrón se evidencia en políticas de des-existencia (Castro Lara, 2024) y racialización/racismo, sostenido en prácticas jurídicas y en el ecosistema mediático concentrado que pretende solidificar y perpetuar las relaciones asimétricas de poder, tanto las nuevas como las actualizadas por este gobierno de ultraderecha.

El discurso mileísta: retóricas de la antítesis y demonización de la justicia social

Paradojas y figuras de la antítesis

La paradoja es una de las figuras retóricas de la lógica que consiste en utilizar términos que envuelven una contradicción. En este caso, responde al orden de la verdad, dicha a medias pues oculta, deforma y retuerce gran parte de la ilocución, es decir la intención, de cada acto de habla del presidente y de sus adláteres. En el discurso mileísta, ésta y otras relacionadas con la antítesis -tales como el oxímoron- representan la versión local del discurso de la derecha radical que pone el foco en las problemáticas de la economía y deja en un cono de sombras el índice creciente de pobreza e indigencia, de desocupación, el congelamiento de los sueldos estatales y la pérdida del poder adquisitivo de la mayoría de la población. A la vez, oculta la revitalización y actualización de formas de colonialidad que recuerdan al gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil por un lado y por otro, a la última dictadura cívico-militar argentina, todo lo cual deja a la democracia en una situación liminar (Grimson, Alejandro, 2024) que amenaza con su desaparición.

La primera paradoja es el mismo nombre del partido al poder, La Libertad Avanza (LLA), y la autodenominación de libertarios de los partidarios. Es evidente que el discurso oficial se sostiene sobre algunos principios ultraliberales que, aún en sus versiones más extremas -como la de Ayn Rand- defensora del egoísmo como valor, los entienden como un modo de alcanzar la propia felicidad y libertad sin perjudicar al otro^[6], es decir, al ciudadano. Como veremos, la trampa de la paradoja consiste en reducir al mínimo el espacio de la ciudadanía (‘los argentinos de bien’), una agregación de individuos autónomos cuya libertad se sostiene en la propiedad privada, excluyendo de modo absoluto de la ciudadanía al resto, los heterogéneos y numerosos Otros que ocupan las capas concéntricas aludidas, con la finalidad de convalidar y legitimar cualquier tipo de políticas deshumanizantes que se aplique sobre la(s) diferencia(s). Esas otredades son mencionadas como “los que piden”, “los que reclaman”, “los ñoquis”, “los zurdos” y reciben descalificaciones morales del tipo “corruptos”, ”débiles”, “holgazanes”, “violentos”. En esa heterogénea bolsa de estigmatizaciones ingresan piqueteros, planeros, trabajadores sindicalizados, indígenas (en particular, los mapuches) y, muy recientemente, los jubilados. Un caso especial son los docentes y los científicos acusados de incompetencia, corrupción y adoctrinamiento.

Los reclamos de estas protestas desaparecen del espacio público, se aminoran o criminalizan; de hecho, si la masividad de las movilizaciones las visibiliza, reciben una violenta represión estatal, sus dirigentes son encarcelados y/o caratulados como “golpistas”, “terroristas”, “corruptos”, “mentirosos”. Los medios y las redes pueden ir más allá todavía, llegando a límites que rozan la monstruosidad o la parodia. Esta violencia política se oculta en el oxímoron libertad opresiva; el adjetivo queda invisibilizado detrás de la bandera de las libertades individuales a costa de las colectivas.

Por otro lado, la posición de outsider de la política, posibilita a Milei y a su partido construir una narrativa donde los errores, la criminalidad e, inclusive formas de teratología se atribuyen a gobiernos del pasado reciente y, por contraste, toda acción positiva se traslada al futuro. En este juego temporal se ancla el andamiaje esperanza vs. pasado intolerable, con el foco del discurso oficial y del ecosistema mediático en el primer lexema. La promesa de ‘esperanza’ legitima políticas de despojo y deja en un cono de sombra las demandas populares vinculadas al trabajo, la vivienda, la jubilación, la educación, la salud y los salarios legibles en las marchas, dirigida por sindicatos, partidos de centroizquierda, organizaciones sociales, de DDHH y civiles, feministas/LGTBI+, indigenistas y ambientalistas.

Otra de las paradojas es la negación del pasado de gobiernos progresistas o populistas y la exacerbación de ciertos ‘valores’ que fundaron la nación argentina liberal en el siglo XIX pasadas por el tamiz de esta democracia iliberal. Así son elogiadas el racismo, el patriarcado, el eurocentrismo y el centralismo porteño como así también el genocidio indígena conocido como ‘Campaña del Desierto’ que caracterizó la fundación de la nación mientras se criminalizan las verdaderas banderas de nuestros próceres: la construcción del estado nacional que Milei pretende destruir, ciertas libertades individuales y colectivas que se reprimen o regulan como el derecho a la protesta y las huelgas, la construcción y defensa de la soberanía nacional pues se entregan territorios y recursos naturales a los inversionistas extranjeros, actualizando un patrón del poder colonial que responde al eurocentrismo de los tiempos medios de la organización del país y a una dependencia económica cada vez más marcada, haciendo resonar espectralmente los ecos de la colonia española de los tiempos largos de nuestra historia.

Resulta evidente, entonces, que el discurso mileísta, audible también en la boca de su vocero, sus ministros (en especial, Patricia Bulrich), legisladores, asesores y periodistas ortodoxos, se caracteriza por la violencia discursiva, el uso de la parodia, la ironía y el sarcasmo orientado a la estigmatización de cualquier tipo de diferencia y sobre todo la incitación al odio hacia la “casta”, otra paradoja pues Milei sostiene su gobierno se sostiene gracias a la alianza parcial con parte del PRO/CAMBIEMOS (los denominados “halcones”, liderados por la citada ministra), partido de derecha más moderada que atrajo con habilidad a su redil, llevando su ideología al extremo.

Para los medios mainstream, las prácticas comunicacionales violentas son cuestiones de estilo personal o un rasgo de importancia menor, estrategia utilizada para atenuar la innegable intencionalidad de expulsión de los Otros del espacio público, llevándolos -en casos extremos- a una situación de inaudibilidad, invisibilidad y silenciamiento. La libertad de expresión, uno de los derechos más valiosos del liberalismo clásico, se estrecha bajo el gobierno de La Libertad Avanza. Uno puede preguntarse, entonces, ¿de qué libertad está hablando? Sin embargo, habilitado por el ecosistema mediático y aplaudido por representantes globales de esa ideología, naturaliza una comunicación orientada a la desintegración de toda forma de vínculo y exacerbación del individualismo.

Por otro lado, tanto las paradojas como el oxímoron encubierto ya aludido, pueden considerarse estrategias para implementar la posverdad en los discursos oficiales, en tanto ocultan o retuercen con evidente intencionalidad política e ideológica el impacto negativo sobre las prácticas democráticas y comunitarias. Como resultado, se construye un juego discursivo de luces y de sombras, se crea una realidad confusa, donde reinan las fakes news, las noticias falsas, la desinformación, se pierden las utopías aglutinantes, se desintegran vincularidades, organizaciones sociales y partidos políticos colocando la misma democracia en un riesgo, en una liminalidad (Gimson, 2024) que amenaza con su propia destrucción.

Demonización de la Justicia Social

Agustín Laje Arrigoni, uno de los ideólogos de la LLA, califica como “estupidez (…) la justicia social y la redistribución de la riqueza” (Caggiano, Sergio, 2024, 107), haciendo uso de un calificativo despectivo, otra característica del discurso de la ultraderecha argentina. Por su parte, Javier Milei, va más allá y la calificó como el “foco de los males” durante su campaña.

"La justicia social es /tiene como origen/ la envidia, el odio y el resentimiento. Originariamente, la envidia era un pecado capital. La justicia social es un robo y va contra los mandamientos. Es una aberración. Los estados encargados de ponerla en práctica son una invención del maligno." (Nada personal, Canal 9, 10 de noviembre de 2020, en Caggiano, 2024, 108)

La innegable apelación al discurso religioso de base judeo-cristiana le permitió por un lado demonizar cualquier tipo de justicia social; además, considerando el contexto de la política nacional, es evidente que alude al ideario peronista en general y kirchnerista particular. Por otra parte y en tanto la mayoría de la población argentina es católica o cristiana, le posibilitó captar a un paradestinatario algo difuso que finalmente lo votó masivamente gracias a estas estrategias discursivas, entre otras cuestiones.

La demonización funciona sobre los temores más ancestrales, por lo tanto, no resiste ningún tipo de crítica racional ya que se sostiene sobre valores de creencia y no sobre los valores de verdad. Resulta, por tanto, un argumento que apela a las emociones, a los temores más profundos, por lo que su impacto performativo es mayor y no se sujeta a análisis alguno. Pertenece, además, a la construcción de representaciones de lo monstruoso, del mal absoluto, por lo cual la justicia social en cualquiera de sus variantes no podría tener lugar entre “los argentinos de bien”, ese /nosotros/ del discurso mileísta estrecho y expulsivo. Hay, también una apelación a la moral ultraderechista, tan angosta y ceñida como el colectivo de identificación (Verón, Eliseo, 1987) aludido.

En febrero del 2024, en el Día de la Justicia Social, Javier Milei, ya ocupando el rol de máximo representante del gobierno argentino, acude al discurso político, jurídico y sanitario para dinamitarla.

"Estamos ante el fin del modelo de la casta, basado en esa atrocidad de que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvidan de que alguien lo tiene que pagar. Cuya máxima aberración es la justicia social, pero se olvidan de que es injusto que la paguen solo algunos.(…) Es la idea de la justicia social materializada en un artículo" y por ello, dicha norma es “parte del cáncer argentino"^[7]. (…) Estoy a favor de la igualdad ante la ley. Considero que robar está mal. Por lo tanto, estoy en contra de la justicia social. (…) La igualdad ante la ley con seres distintos implica resultados diferentes. La justicia social es jugar a ser Dios pero con criterio humano" (El Destape, 20.02, 2024)[8]

Cabe aclarar que la justicia social es una bandera no sólo del peronismo y del kirchnerismo sino que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Asamblea de las Naciones Unidas la consideran desde 2008 como un requisito indispensable para el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad global, enfatizando la necesidad de un compromiso continuo para integrar estos principios en la práctica política y económica a todos los niveles. Sin embargo, como la oposición política y el gobierno anterior son representados con estigmas teratológicos, idéntica estrategia se utiliza para referir a la justicia social como “robo”, “aberración”, “parte del cáncer argentino”.

A la vez, inscribe el discurso moral y el religioso, al sostener que quienes aplican este tipo de políticas “juegan a ser Dios”, refiriéndose de forma peyorativa nuevamente a lo que considera la arrogancia de la “casta”. Por otro lado, deja fuera de lo humano este tipo de justicia, con lo cual, sería imposible aplicarla sin caer en una apropiación irrespetuosa de un poder que se supone divino.

Con ese gesto, se derrumban no sólo los valores de los gobiernos anteriores progresistas sino que se vuelve impensable e irrepresentable cualquier forma de política orientada a la justicia social. En palabras de Sergio Caggiano (2024, 105) se trata de un discurso que ”se estructura en los valores morales de la producción, distribución y consumo del mercado y que configura una sensibilidad (…) neoliberal que pone al individuo en el centro” y que deja fuera cualquier tipo de solidaridad social. De este modo invita a desentenderse del Otro, de sus derechos, de sus libertades, de sus necesidades y -como se verá- inclusive, a suprimirlo.

En síntesis, la libertad más bien retrocede salvo para unos pocos, la inflación (objeto de los desvelos presidenciales) baja mediante una caída brutal del consumo, cierre de empresas, pymes y comercios, suba desmesurada de impuestos y servicios, congelamiento de sueldos, es decir, mediante un costo social muy alto y una violencia en ascenso, naturalizada por los discursos y las prácticas políticas del gobierno. Tanto el discurso oficial como las políticas implementadas no sólo ahondan la famosa ‘grieta’ en Argentina, sino que construyen fronteras internas día a día más extremas entre “los argentinos de bien” y el resto de la ciudadanía, llevando a la expulsión total a quienes ocuparon históricamente esa frontera, los pueblos indígenas del país.

Más allá de la frontera cultural más extrema. Los pueblos nación indígenas

Se utiliza acá la noción de frontera cultural, de base semiótica lotmaniana pero desde una perspectiva transdisciplinaria, entendida como una noción geográfica y territorial que funciona hacia adentro y hacia afuera de un recorte geocultural y geopolítico; a la vez, como una sinécdoque de nación estrechamente relacionada tanto con el estado como con la irrupción del otro en el discurso oficial por lo que funciona como un índice de procesos de diferenciación sociocultural. Por ello, interpela las certezas acerca de la identidad, de la cultura y las pertenencias territoriales y significa un quiebre de la representación homogénea deseada, imaginada y, a veces, impuesta desde las hegemonías porque las fronteras proponen representaciones otras por lo que se consideran bordes o periferias estigmatizadas. Desde el punto de vista comunicacional, constituyen un obstáculo cuya travesía significa trabajo, esfuerzo, riesgos y requiere proceso de traducción lingüística y/o cultural (Cebrelli, Alejandra, 2023a). Cuando se identifica una situación alteridad entre dos culturas cuya diferencia (cosmovisión, lenguajes) es raigal y suman siglos de opresión y de violencia de una sobre otra, funciona una frontera interna o externa extrema pues se trata de territorios y habitantes que apenas subsisten colonialidad opresiva y son víctimas de diversas formas de genocidio. Desde el punto de vista comunicacional, las certezas vacilan, se quiebran, se diseminan y, a veces, hasta desaparecen; los lenguajes culturales y naturales se desconocen y la comunicación se vuelve un complejo proceso de traducciones vacilantes e incompletas que pueden dejar mensajes enteros en un cono de sombra (Cebrelli, Alejandra, 2012). Se trata de una condena a la des-existencia. Es el caso de la mayoría de los pueblos indígenas argentinos, con diferencias según cosmovisiones, territorialidad, lenguajes y grados de occidentalización.

No sólo el racismo sino la disputa por el poder y el territorio está a la base de los conflictos propios de una frontera cultural extrema. Pues, el territorio es un vehículo identitario, relacionado con la concepción espacio-temporal de los cuerpos, así como la representación visual, simbólica y material del ethos, del lenguaje y de los saberes. Su posesión, entonces, significa la posibilidad de la concreción de un relato ya sea de quienes la habitaron históricamente o de quienes se la apropian. Su pérdida para los más débiles significa la actualización de la colonialidad del poder en todas sus variantes.

Hasta acá hemos visto un conjunto de estrategias discursivas des-subjetivantes que, como sostiene Eloína Castro Lara, ¨pueden resumirse en pocas palabras: destitución de la singularidad, pérdida de la identidad, aberrante maltrato, humillación” (2024, 53), a lo que agregaría, pérdida de la territorialidad, del estatuto de ciudadanía e, inclusive, de humanidad. En otras palabras, se trata una reactualización de las heridas coloniales y, como ya se adelantó, de la re-institucionalidad del patrón del poder de la colonialidad en todos sus matices lo cual, para los pueblos indígenas, se ve agravada por el racismo encubierto y la disputa por su territorio que caracteriza a Argentina desde su fundación (Cebrelli, Alejandra, 2023a).

En estos últimos meses, la situación de invisibilidad y silenciamiento históricos de los pueblos nación argentinos se ha agravado. Rara vez, las noticias de sus reclamos llegan a la agenda mediática y, si lo hacen, es porque las características del hecho posibilitan un tratamiento de la información con tintes amarillistas (violaciones, muertes por desnutrición) o posibilitan justificar la represión estatal, criminalizándolos y quitando cualquier legitimidad a sus voces. Si bien, en los últimos 20 años se había visto un incremento de visibilidad en los medios tradicionales y una ampliación de sus voces en el ecosistema mediático, muy cambiante según los gobiernos de turno y los encuadres mediáticos (Cebrelli, Alejandra, 2020), desde mediados de 2023 a la fecha, el retroceso ha sido notable, según territorios y pueblos nación implicados.

Cabe aclarar que las elecciones nacionales y provinciales del año pasado ocuparon la agenda en un casi 90%, con un progresivo protagonismo de Javier Milei como precandidato y candidato presidencial, desplazando las noticias sobre estos pueblos a los medios tradicionalmente comprometidos con los DDHH (Página 12, en particular) y a los alternativos (artículos publicados por Agencia Presentes, La Otra Voz Digital, El Ciudadano Web, o programas como Voces del Territorio de Radio Caput, entre otras). Un caso particular es el de los medios sostenidos y producidos por los mismos Pueblos Nación indígenas, tales como la Radio Comunitaria La voz indígena (Tartagal, Salta), de escasa circulación, o a sus propias redes o sitios web, casi desconocidos para los usuarios de Internet.

Desde la asunción del nuevo gobierno a la fecha, casi ninguna noticia sobre estos pueblos llega a los portales y, menos aún a medios de referencia e impacto nacional o regional, quedando restringidas casi con exclusividad a los espacios medios y redes ya citados^[9]. De este modo, los escasos consumidores de estos sitios de Internet se enteran de reclamos y denuncias que rara vez ingresan en la agenda mediática, salvo las excepciones mencionadas y con una visibilidad en franca disminución. Otra de las explicaciones, relacionada con los líderes y las lideresas originarias, es la necesidad de autoprotección de líderes y lideresas de pueblos indígenas en general y mapuche en particular, cuya estigmatización, criminalización y persecución no cesa.

Cabe aclarar que la toma de la palabra en la escena pública, o al decir de Julia Kristeva (1991) de transformarse en sujeto parlante, en tanto transforma al individuo en portador del derecho a la enunciación, lo humaniza y le otorga el estatuto de agente ético del reconocimiento y del derecho a la igualdad. De esta manera, encarna al destinatario de todo tipo de justicia social. El silenciamiento, la invisibilidad o la inaudibilidad producida por la criminalización y la teratología de los indígenas por parte del discurso oficial deja a estos pueblos fuera de la justicia social a la cual, por otra parte, el mileísmo niega cualquier tipo de valor positivo. De este modo, fueron y son excluidos en función del racismo, de los estereotipos representacionales de larga data que de allí provienen y que se fueron actualizando a lo largo del tiempo en sucesivas coyunturas (/sin alma/, /animales/, /antropófagos/, /forasteros/, /ladrones/, /viciosos/, /sucios/, /bárbaros/, /extranjeros/ -chilenos, bolivianos-, /criminales/, /incendiarios/, /terroristas/, /falsos/, /mentirosos/), como así también, en función de los procesos de desigualdad que implican diversas condenas a la indignidad.

Un caso particular lo constituye la situación del pueblo mapuche, en el sur de Argentina. Ya desde los gobiernos anteriores, tanto del de Mauricio Macri como el de Alberto Fernández, se venía reprimiendo a las comunidades que habían recuperado tierras ancestrales, las cuales les habían sido confiscadas para convertirlas en territorios fiscales y más tarde, en parques nacionales o en terrenos privados. Por citar algunos hitos, en 2017, fuerzas de la Prefectura asesinaron al líder Rafael Nahuel por la espalda, caso de resonancia mediática que puso en el tapete una situación más o menos habitual. En 2022, la Prefectura, la Gendarmería, el Ejército y la Policía desalojaron con violencia a las comunidades mapuches que habían recuperado su territorio en los alrededores del Lago Mascardi, encarcelando a varias mujeres, algunas de las cuales estaban embarazadas y tuvieron a sus hijos privadas de su libertad.

Recientemente, el vocero presidencial, Juan Manuel Adorni, sostuvo que:

"Este operativo se suma a otras medidas que la administración del presidente Milei realizó para asegurar el orden del país. Para proteger los dueños tomados, la administración de Parques Nacionales se presentó como querellante en todas y cada una de las causas de usurpación de tierras, se terminó con la propagación de banderas y simbolismos pseudo mapuches, se revisaron todos los acuerdos de la gestión anterior con falsas comunidades mapuches para cederles áreas protegidas en un claro ataque a la soberanía nacional /…/ En este sentido, desde el viernes pasado, el lago Acigami -es un nombre aborigen que significa “bolsa alargada”- se volvió a llamar lago Roca, como lo hizo hasta 2008, en honor al prócer, expresidente de la República y artífice de la consolidación Estado-nación. Bajo la administración de Javier Milei, la patria no se vende." (Adorni, 11 de junio de 2024)

La prohibición de la identidad y de sus simbologías sumadas a la quita del territorio ancestral son formas extremas de colonialidad del poder, ser y saber. El discurso oficial, en la voz de Manuel Adorni, utiliza el sarcasmo propio del discurso mileísta (“vaya a saber lo que tenía que ver”) para aludir a su lengua (mapudungun) y ubica a los mapuches en una exterioridad absoluta: “seudo-mapuches”, “falsas comunidades mapuches” cuya presencia atentaría contra “la soberanía nacional”.

Esta negación de su existencia, por lo mismo, de su condición de ciudadanía se suma a una progresiva criminalización de sus líderes, acusados de pertenecer a organizaciones terroristas y de incendiar bosques nativos; cuestiones improbables, sobre todo, porque precisamente sus mujeres militan por la paz y denuncian formas de terricidio -categoría propia para aludir al exterminio de la naturaleza y de la vida humana (Cebrelli, Alejandra: 2023b)- que resultan de la implementación de políticas empresariales extractivistas en su territorio ancestral.

Este paquete de discursos y políticas son contrarias a cualquier tipo de inclusión, equidad y justicia social. De este modo, se anclan en la historia más oscura del país y del continente al actualizar y recrudecer el racismo estructural, base del genocidio y etnocidio indígena que acompañó la organización del país a finales del siglo XIX. De hecho, como se lee más arriba, el discurso y las prácticas oficiales relegitiman la figura del general Julio Argentino Roca, uno de los mentores de la Campaña del Desierto[10].

En el norte, la existencia en los bordes de la frontera cultural extrema no es menos crudo. En 2024, las comunidades diaguitas de la provincia de Catamarca fueron sacadas de sus casas a golpes por la policía por negarse a la implementación de empresas mineras extractivistas y contaminantes en su territorio por la implementación del RIGI^[11]. En Jujuy, las comunidades coyas están luchando para que no cierren las escuelas bilingües desde el inicio del gobierno de Milei. Mientras tanto, en la provincia de Salta se han realizado marchas de pueblos indígenas del Chaco Salteño (wichis, guaraníes, qom, chané, entre otros) para reclamar por los niños que mueren por desnutrición, por los estragos que produce la droga entre sus jóvenes, por la violación en banda a niñas y adolescentes a manos de criollos, conocida como chineo (Cebrelli, 2022) pero, fundamentalmente, por la falta de agua, comida y vivienda^[12]. De hecho, estas comunidades están sufriendo un genocidio por goteo cuya crueldad no parece movilizar a la ciudadanía y, menos aún, al estado nacional.

Casi ninguna de estas noticias llega a los medios. Durante este gobierno, salvo en Página 12 Salta, en los medios alternativos y comunitarios o en sus propias redes, sus voces, reclamos y potencias han sido prácticamente invisibilizados y acallados. Nada se dice, nada se sabe y, si se llega a conocer, la noticia llega a los medios de referencia e impacto contaminada por el discurso libertario, intencionalmente colonialista, con el racismo interseccional cada vez más activo. La nota atraviesa con dificultad esa frontera cultural, política y comunicacional que día a día se hace más y más extrema. Entonces, para la mayoría de la ciudadanía sus voces resultan intraducibles, inaudibles y se establece un diálogo de sordos (Angenot, Marc, 2008): no importa lo que se diga, cómo se diga o dónde. Si son las palabras de estos pueblos, a través del extrañamiento que suele producirse entre los interlocutores de una frontera cultural extrema, se transforman en ruidos insignificantes y, si se filtran, resultan los objetivos de las prácticas comunicacionales más violentas y crueles.

La forma de colonialidad más grave, es la condena a la in-comunicación pues ¿qué apoyo, qué política pública se puede implementar sobre lo que no se escucha y, por ende, no existe para la ciudadanía? Como se adelantó, ese silenciamiento funciona como una prohibición a la asunción de su rol de sujeto parlante (Kristeva, Julia, 1991) y, por lo mismo, a la posibilidad de alcanzar una justicia social de reconocimiento, de participación y obviamente, de cualquier modalidad de justicia distributiva.

En este punto, resulta oportuno recordar las reflexiones de Rita Segato sobre la pedagogía de la crueldad que ejercen los medios sobre cuerpos que quedan en los márgenes de la cultura (2018). Si bien ella se refiere a los cuerpos violentados de las mujeres, en particular sobre las víctimas de los femicidios de Ciudad Juárez (2008), resulta interesante acudir a sus palabras. Para ella, estas prácticas crueles dejan marcas “extrañas” pues se las oculta pero, cuando adquieren valores de noticiabilidad, se las hipervisibiliza en los medios -y, agregaría, en las redes, exhibiendo sus rasgos macabros. Precisamente, pensando -por ejemplo- en las fotografías de las comunidades wichis, sobre todo las de los cuerpos las criaturas desnutridas y esqueléticas o de sus viviendas extremadamente precarias y desnudas, se puede leer una escritura vertical, capaz de reinstalar y poner de relieve las jerarquías sociales, y otra escritura horizontal que, en este caso, está orientada a naturalizar la exclusión y la crueldad contra estos pueblos. De allí que la comunicación pública adquiera rasgos perversos y se transforme en una pedagogía de la crueldad. Entonces, ya no queda cabida alguna para la supervivencia o para la libertad y, menos aún, para la justicia social.

Las voces de la esperanza. Hacia una comunidad paradójica

"Somos un movimiento que acompaña, abraza las luchas, a los territorios, recupera identidades, recupera cosmovisión y no tiene miedo a nada."

Romina Noelia Naporichi, lideresa qom (Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir)

Como se ha tratado de mostrar, este discurso oficial utiliza la paradoja como figura retórica para ocultar los costos sociales y los riesgos democráticos detrás del grito: “Viva la libertad, carajo” con que Milei cierra cualquier intervención pública, recolonizando las formas de comunicación política pero también cotidiana. El impacto performativo del mismo es la naturalización y viralización del individualismo, la desinformación y toda forma de violencia sobre una ciudadanía confundida, en desintegración (Grimson, Alejandro, 2023) que siente una indiferencia cada vez más marcada hacia transformaciones sociales profundas de las estructuras comunales y, por lo tanto, resulta totalmente incapaz de rechazar las políticas libertarias aunque no las comparta en absoluto.

En contraste con esta ciudadanía decepcionada y abrumada, las voces de los pueblos-nación se levantan esperanzadoras. Refugiadas en sus propias redes y en algunos programas de medios alternativos, filtran relatos y opiniones orientadas a la lucha por la recuperación de territorios, identidades y cosmovisiones sin “tener miedo a nada”. A veces en forma de susurros, de rumores o con plenitud, esas voces se filtran en las grietas de la opinión pública, buscando interlocutores aliados para reafirmar su identidad colectiva y hacer llegar sus reclamos, es decir, lograr -al menos- algún tipo de reconocimiento social.

Desde una exterioridad casi absoluta, desde un más allá de la frontera cultural extrema, mantienen su disputa por la visibilidad, la autorrepresentación y la defensa de saberes y haceres que responden a patrones muy ajenos a la matriz moderno-colonial del poder. Son esfuerzos que no cesan en su intento de tomar la palabra por asalto en el espacio público. Se trata de enunciaciones que, al decir de Homi Bhabha (2013) atraviesan el borde, se instalan en un espacio intersticial, y se filtran, traduciéndose arbitrariamente entre la propia palabra y las escasas aperturas de los órdenes regulatorios y representacionales del discurso oficial, buscando el reconocimiento como inicio del logro de la ansiada equidad y justicia social.

De este modo, se establece una comunicación cuyos escasos puntos nodales articulan un diálogo fugaz y siempre contingente pero que aspira al derecho a la igualdad en la diferencia, posibilitando un horizonte utópico donde la comunidad sea paradójica (Homi Bhabha, 2013), es decir, que asegure la igualdad de oportunidades, sin obliterar la diferencia, instalando formas de justicia social equitativa pero situada, es decir, capaz de responder a la singularidad de territorios, culturas, sociedades y lenguajes.

Tal vez esas voces resistentes y resilientes, capaces de quebrar -apenas por un instante- la ilusión de la hegemonía discursiva del discurso mileísta, nos señalen uno de los caminos posibles hacia la equidad y la justicia social. Precisamente, sus paradigmas alejados de toda occidentalidad, disruptivos y casi ajenos, nos abren un horizonte esperanzador, capaz de albergar un mundo pluritópico y más inclusivo.

Referencias bibliográficas

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Notas