Las contradicciones del archivo de la ucez: de particular a institucional

The contradictions of the ucez archive: from personal to institutional

El objetivo principal del presente texto es problematizar el proceso de formación e institucionalización del archivo de la Unión de Comuneros Emiliano Zapata (UCEZ) al ser resguardado por El Colegio de Michoacán (ColMich). De manera interrelacionada e hipotética propongo la existencia de ausencias y omisiones en los documentos de este archivo que han influido de manera importante en las narrativas académicas escritas sobre la UCEZ y de sus comunidades. Dicha propuesta la elaboro a partir de las diferencias que encontré al comparar la información contenida en estos documentos con las narrativas que los sujetos de estudio me compartieron en trabajo de campo.

Tengo la intención de explorar dos ideas, la primera es particular y la segunda es general: A) los documentos que contiene el archivo de la UCEZ se han considerado como una huella del pasado y gracias al saber profesional de los investigadores del ColMich podrían contribuir a reconstruir la historia de las comunidades, y de la UCEZ misma; B) aportar a un debate más general de la formación del archivo y de su importancia política en los proyectos del Estado-nación en constante producción donde, sostengo, las narrativas históricas juegan un papel fundamental.

Para lograr lo antes mencionado, analizo: los silencios y las ausencias en el archivo; la transformación institucional e historiográfica como “producción de evidencia” que sufrió el archivo al ser resguardado por ColMich; su relación con el porvenir y la muerte; la figura de arconte; y pongo en diálogo todos estos aspectos. A partir de los argumentos que Jacques Derrida nos comparte en su texto Mal de archivo [1994].

Primero hablo del contexto donde me enteré de la existencia del archivo de la UCEZ y a su entonces arkhé, arconte, que más adelante explico; también hablo de cómo Eva Castañeda influyó para que me fuera posible tener acceso al acervo y posteriormente fuera resguardado por el ColMich; segundo, desarrollo dos retos etnográficos que me permiten problematizar los propósitos antes mencionados; tercero, reflexiono sobre el propósito del texto y aclaro qué entiendo por archivo, documento y arconte, nociones centrales en esta discusión; cuarto, me ocupo de los silencios y las ausencias que, con base en mi propuesta, condicionan las narrativas, proyectadas por los documentos resguardados en este archivo; quinto, analizo la transformación institucional e historiográfica del acervo al ser resguardado por el ColMich, además de la paulatina transformación del arconte; sexto, problematizo la relación del archivo con el por-venir, la muerte y las formas en que está unido a la institucionalidad y la historiografía. Una vez desarrollados los aspectos antes mencionados, en el penúltimo apartado los pongo en diálogo para tratar de ofrecer una interpretación propia. Finalmente, ofrezco las conclusiones; en ellas me tomo la libertad de dejar algunas interrogantes abiertas con el sincero ánimo de continuar debatiendo y dejo en claro cuáles son mis intenciones al ofrecer este análisis.

Antes de continuar con el desarrollo del presente escrito, es importante aclarar que mi intención no es juzgar la acción de los distintos arcontes —tanto políticos como académicos— del archivo que nos ocupa, sino problematizar la elaboración de un acervo a partir de la oportunidad que tuve de participar en su producción y de poder comparar la información que contenía éste con lo que los comuneros me compartieron en trabajo in situ.

La primera vez que supe del acervo de la UCEZ fue en el año 2007 cuando le comenté a la abogada Eva Castañeda —Evita, como le decían de cariño— mi interés sobre la posibilidad de escribir una tesis para obtener el grado de licenciada en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), que le fuera de utilidad a la UCEZ en sus reivindicaciones étnicas y agrarias.

Esta Unión fue la organización indígena-campesina más importante del Estado de Michoacán entre 1980 y 2010; Castañeda, desde el 2005 hasta el 2016, año de su muerte, fue su coordinadora. Antes de ella, dicha función la desempeñó su fallecido esposo, Efrén Capiz Villegas, desde la creación de la UCEZ, en 1979, hasta su muerte en 2005.

Por recomendación de la licenciada Evita, comencé a investigar la historia de una de las comunidades fundadoras de la UCEZ, Zirahuén, ubicada en una de las zonas purépechas de Michoacán, México. Sin embargo, fue hasta que ingresé como estudiante de maestría en el ColMich cuando tuve acceso directo a este archivo. Mi objetivo principal era continuar escribiendo la historia de la comunidad antes mencionada, así que, al realizar la primera estancia de trabajo de campo, escribí a Evita solicitando permiso para acceder a este acervo. Ella aprobó mi solicitud y acordamos que me correspondía ayudarle a ordenar y limpiar los documentos; a cambio podría tomar fotografías de la información sobre Zirahuén.

Cuando llegué a su casa, en agosto del 2011, Evita me mostró el archivo ubicado en dos cuartos del primer piso de su casa —ésta estaba construida en dos niveles—- llenos de expedientes desordenados y otras cosas. A partir de ese día y durante el siguiente mes y medio empleaba buena parte del tiempo en las actividades acordadas.

Fotografías 1 y 2
Archivo particular de la Unión de Comuneros Emiliano Zapata, tomadas por Brenda Griselda Guevara Sánchez, agosto de 2012, Morelia, Michoacán.
Fuente: Acervo fotográfico personal.

Hasta ese momento este archivo cumplía la función de resguardar los documentos legales agrarios de las más de 100 comunidades ubicadas a lo largo y ancho de la República, que en distintos momentos integraron esta Unión. La mayoría de expedientes eran litigios legales, hechos por los mismos Capiz y Castañeda, el resto eran documentos que ellos u otros integrantes de la UCEZ obtuvieron de distintos acervos históricos institucionales, además de fotografías y un número importante de periódicos en los que aparecían noticias de la Unión.

A pesar del gran auge que tuvo esta Unión, debido a circunstancias políticas y personales, cuando yo estaba limpiando el acervo sólo la componían de manera intermitente los miembros de aproximadamente cinco comunidades, entre ellas Zirahuén, mismas que Evita continuaba representando de forma legal. Por tanto, el acervo seguía siendo un archivo vivo no institucional. En resumen, su función era política y jurídica.

Un día por la tarde Evita me externó su preocupación por el futuro del archivo. Esta inquietud era originada por su avanzada edad —tenía poco más de 70 años— y porque a la persona que heredaría la casa no le interesaba conservar esos documentos. Me preguntó sobre la posibilidad de que el ColMich tuviera interés en resguardarlo. Ese día escribí a Martín Sánchez, presidente de dicha institución educativa (2009-2015) y en una pronta respuesta mostró su sincero interés en la encomienda. Me alegró su contestación, pero no me sorprendió debido al interés que las autoridades y demás académicos del ColMich habían mostrado —desde su fundación en 1979— por investigar el devenir histórico de las localidades al interior de la República Mexicana.

Lo explico de manera breve. La apertura del ColMich se llevó a cabo bajo el liderazgo de Luis González y González, egresado de El Colegio de México (COLMEX) y originario de San José de Gracia, una pequeña localidad del estado de Michoacán. Uno de los legados más importantes de este historiador fue su preocupación por entender la historia matria a partir de la microhistoria. Ejemplo de ello es su emblemático libro Pueblo en Vilo [1968], mismo que escribió en y sobre su lugar natal. También fue significativo que desde la fundación de esta institución sus protagonistas decidieran dedicar una sexta parte de los recursos iniciales a la construcción de la biblioteca, además de un arduo trabajo diplomático para adquirir la donación de importante material bibliográfico, documental, fonético y fotográfico [Campos 2022: 162-164, 168].

Por su parte, Martín Sánchez estudió la maestría en el ColMich y el doctorado en el COLMEX para posteriormente regresar al ColMich como profesor- investigador. Así pues, Sánchez fue formado bajo la premisa de la historia matria, la microhistoria e implementó esta forma de hacer investigación en sus trabajos que, de manera muy general, tienen relación con los usos del agua en la región centro del país.¹ Durante su administración una de sus preocupaciones y acciones más significativas fue ampliar la biblioteca de el Colegio, tanto en espacio como en material bibliográfico y documental, lugar donde fue clasificado y actualmente ubicado el archivo de la UCEZ.

Es decir, ya existían las condiciones institucionales propicias para el res- guardo de un acervo de esta naturaleza. Además, seguramente Sánchez con- taba con alguna idea del contenido de este acervo debido a la importancia significativa que tuvo la UCEZ y su principal líder, Efrén Capiz, en los movimientos indígenas y campesinos de Michoacán y México. Cabe destacar que el contenido de estos documentos es parte de la historia agraria, organizativa, política y étnica de un número muy significativo de comunidades indígenas. Es decir, es una fuente valiosa para estudiar desde la microhistoria.

A partir de la solicitud de Evita y la aceptación de Martín Sánchez, mi responsabilidad con el manejo del archivo cambió. La dinámica era la siguiente: durante el día clasificaba los documentos en dos tipos, los que estaban repetidos y otros los que no se dedicaban; en un lugar aparte colocaba la documentación sobre Zirahuén para sacar fotografías. Por lo regular los documentos repetidos terminaban en la basura y los documentos no repetidos no tenían garantizado su traslado, esto lo problematizaré más adelante. Por las tardes, cuando Evita regresaba de los distintos juzgados, le mostraba la división del material que había sacado de los cuartos poniendo especial énfasis en los que podrían ser detonadores de ricas conversaciones sobre distintos momentos significativos de la UCEZ.

En una de estas conversaciones le mostré una fotografía. En ella estaba Capiz junto con otra persona, parecía que se encontraban en una manifestación política en el centro de la Ciudad de México. Evita observó la fotografía y me dijo: “Éste no porque fue un traidor”, la rompió en varios pedazos y la colocó en su sesto de basura. ¿Por qué Evita cometió tal acción?, ¿será que Didi-Huberman tiene razón al asegurar que en el momento cuando las imágenes desaparecen, también lo hacen las palabras y los sentimientos, la transmisión misma o por lo menos esa era la intención de Evita? [Didi-Huberman 2004: s/p].

Después de terminar de limpiar y hacer la selección del material, partí a Zirahuén para realizar trabajo de campo. En esa ocasión me enteré de un movimiento social localmente conocido como la “Recuperación de la tierra”. En 1975, un grupo de comuneros de Zirahuén, liderados por su compañero Antonio Alcántara,² se apoderó de fracciones de tierra que en ese momento estaban en posesión de propietarios particulares y las recuperó como parte de sus bienes comunales. Dicha acción la respaldó con el amparo de posesión virreinal que la Real Audiencia de la Nueva España expidió en favor de la Comunidad Indígena de Santa María de Zirahuén en 1733.

Para varios comuneros ése era el “principio de la comunidad” porque—aunque existía una resolución de 1963 donde fueron reconocidas en favor de la comunidad 604 hectáreas por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA)— las hectáreas se componían de tierras boscosas. Para ellos fue a partir de la “recuperación” cuando contaron con tierra para sembrar o construir una casa. Debido a la importancia que el movimiento tenía en las narraciones de varios comuneros y comuneras, un aspecto llamó mi atención: ninguno de los documentos ubicados en el archivo de la UCEZ contenía información sobre dicho movimiento ni de Alcántara. ¿Fueron descartados del acervo o simplemente nunca formaron parte de éste?, ¿por qué?, ¿cuáles son los límites de lo narrado en los documentos?

A decir de varios comuneros —entre ellos Salvador Alcántara, hermano menor de Antonio y partícipe de la “Recuperación de la tierra”, cuando Capiz comenzó a representar legalmente a la comunidad en 1977 hubo varios desacuerdos entre él y Antonio en relación con las acciones políticas que deberían emprender para lograr el reconocimiento legal de las tierras recién ocupadas y recuperar otras.

Después de este movimiento político, Antonio dejó de ir a Zirahuén. Sobre las razones de la ausencia hay distintas versiones, a decir de Jesús Maldonado, protagonista de la “Recuperación de la tierra”— Antonio “traicionó a la comunidad” y “comenzó a agarrar tierras para venderlas”, por eso ya no lo quisieron en Zirahuén. En contraparte, Salvador aseguró que Antonio, junto con los integrantes del Movimiento Armado Revolucionario (MAR), fundado en Morelia en 1963, los apoyó en la “recuperación”, se fue a otras partes a “seguir recuperando tierras para la gente” como Uruapan y Pátzcuaro, Michoacán. Además, sostuvo que debido a estas acciones a Antonio lo secuestraron, posiblemente judiciales; por eso duró meses sin ir a Zirahuén y “otros caciques tomaron la dirección”, quienes aseguraron que “Antonio había traicionado a la comunidad”, pero, a decir de Salvador, este argumento sólo era para intentar desplazar a su hermano de la dirigencia comunal. Con “otros caciques” Salvador se refería a Efrén Capiz y a Marcos Martínez, uno de los comuneros más activos en la UCEZ y cercanos a Capiz, líder de la comunidad de Zirahuén por poco más de tres décadas hasta su muerte en 2011. Entonces, ¿debido a que Antonio “traicionó” a la comunidad, no le fue permitido ser parte de este archivo, igual que a la persona que aparecía en la fotografía que mencioné anteriormente?

Cuando regresé a Zirahuén en 2015 para continuar con mi trabajo de campo, me encontré con una abierta disputa por el liderazgo de la comunidad entre dos grupos: uno encabezado por los hermanos de Antonio Alcántara, quienes reclamaban sus derechos de membresía y el lugar que, a su decir, le correspondía a su hermano en la historia de la comunidad como su fundador. El segundo grupo estaba encabezado por los hijos, esposa y allegados de Marcos Martínez, quienes seguían defendiendo el protagonismo de Efrén Capiz y de la UCEZ en la conservación y fortalecimiento de la comunidad. En las narrativas de los comuneros en pugna, el sujeto que era clasificado bajo el calificativo de “traidor” cambiaba según los intereses y posicionamientos de quien narraba.

Derrida asegura que una existencia puede recibir, registrar y archivar un acontecimiento en la sola medida cuando la estructura de dicha existencia y de su temporalización haga esta archivación posible [Derrida 1994: 45]. Siguiendo estos argumentos me pregunto: ¿será que la existencia del “traidor” no encajaba en el tipo de narrativa que su arconte deseaba proyectar y su archivación no era posible?, ¿será que la selección de los documentos que eran parte de este archivo comenzó antes de que la figura del ColMich entrara en escena, pensando en los públicos a los que se desplazarían estos documentos: activistas y burócratas principalmente?, ¿esta selección es exclusiva del acervo que nos ocupa o es uno de los aspectos fundamentales de la producción de cualquier archivo y por ello es necesario problematizarla? Posibles respuestas a estas interrogantes tejen el análisis y reflexiones que ofrezco en las siguientes páginas.

A partir de los ejemplos etnográficos que expuse y siguiendo los planteamientos de Derrida, me propongo explorar la idea de que el archivo es el guardián de la memoria, pero también puede ser su alter ego “más traicionero ocultando todo aquello que fue hecho fracasar, lo que fue preciso excluir de las muertes que nos pertenecen” y se resguarda en la obsesión por encontrar el origen por donde del archivo se puede regresar. Para romper con esta idea ontológica, Derrida nos invita a preguntarnos por lo que quedó fuera del archivo —en la basura y en la no presencia— el “mal de archivo”, “lo que ha podido arder en sus pasiones secretas” [Derrida 1994: 48] que en este caso podían concretar en el término “traición”. A esto último volveré a lo largo del texto.

Para indagar en estas inquietudes es necesario hacer un análisis de la producción de esos documentos, adentrarnos en la ambigüedad que los constituye, los silencios que los atraviesan [Rufer 2016a:165-166, 176-177 y 182-183] y preguntarnos por los cambios en los procesos de institucionalización [Murgía 2011: 17]. Con este objetivo propongo que analicemos los documentos que conforman el archivo como una huella del pasado, cuando se producía autoridad por medio de una forma artefactual, la escritura [Rufer 2016a: 163]. Entonces, exploro la idea de que los creadores de este archivo estaban tratando de producir legitimidad ante públicos específicos, entre ellos el Estado. Me pregunto, con base en Gorbach [2016], ¿cuál es la voz o voces que se escuchan en estos documentos y cuáles no?

Esta inquietud me lleva a retomar los planteamientos que Derrida propone en su texto Mal de archivo, donde se pregunta sobre el concepto de “archivo” y de “archivación”. Para él “no hay archivo sin un lugar de consignación, sin una técnica de repetición y sin afuera” que asegure la memoria, “indisociable de la pulsión de muerte” [Derrida 1994: 5 y 8]. La Historia plantea la muerte para separar pasado y presente, pero, de manera paradójica, por medio del archivo se niega la pérdida y para ello se recurre a las instancias de poder y de autoridad [Rufer 2016a: 175]; allí se presenta la importancia de borrar al “traidor”.

Para problematizar esta aporía considero necesario preguntarnos por quiénes y para quiénes habla el archivo, qué voces legitima y cuáles silencia. Será que Derrida tiene razón cuando asegura que “la archivación produce tanto como registra el acontecimiento” al ser aval y codeterminar el porvenir; siendo una cuestión de promesa. Por ello, es el tiempo por-venir el que tenemos que problematizar [Derrida 1994: 11-12, 15, 17 y 20]; ¿cuál era el por-venir que Evita buscaba al hacer la selección de los documentos que serían resguardados por el ColMich?, ¿se pensaba que mediante esta acción contrarrestaría las narrativas gubernamentales en relación con los movimientos agrarios y étnicos?, sin embargo, al ser parte de esta institución ¿dicho acervo entra en los registros nacionales? [Didi-Huberman 2004: s/p]. Para proponer posibles respuestas, seguiré los planteamientos de Derrida que consisten en entender al archivo como una puesta en obra topográfica de una técnica de consignación, constitución de una instancia, de un lugar y acción de autoridad [1994: 1-2 y 19],³ que lleva el nombre de Historia⁴ y en la cual los documentos juegan un papel fundamental como exterioridades que marcan y validan la narración del pasado. En ellos descansa la materialidad, el poder y la reconstrucción de la memoria, pero —y esto es de suma importancia— sólo si está respaldada por el archivo como sinónimo del origen o fuente de verdad [Rufer 2016b: 104; Murgía 2011: 22-23].

Etimológicamente el término “archivo” se relaciona con el comienzo (el origen) y con la autoridad y la custodia [Rufer 2016a: 164-165]. Para el mantenimiento de estos elementos el arconte es fundamental, pues en el sentido nomológico remite al archivo, al mandato. En su sentido latino el archivo deviene del griego: en primer lugar, una casa, una dirección, los que mandaban, poder político y se les reconocía el derecho de hacer o de representar la ley, al igual que la competencia hermenéutica. Tenían el poder de “interpretar” los archivos. Así, ἀrcἡ o arconte designa el comienzo y el mandato, es el principio de la historia y de la ley [Derrida 1994: 3]. Por ello, el arconte es fundamental; esto lo desarrollo más adelante.

En esta sintonía, entiendo al documento como una fuente material de indagación que nos permite reflexionar sobre las relaciones de poder, ubicándolo en los contextos políticos de su producción [Pierini 2019: 245]. Dicha materialidad la asumo como efectos de sistemas sociales que persiguen una explicación de las operaciones temporales, posibles de dar lugar a los efectos impresos de un orden cultural. Así, problematicemos:

1. 1) Los silencios y las ausencias en el archivo.

Pierini⁵ asegura que el cruzamiento de experiencias de la memoria colectiva es esencial para la construcción de lazos políticos y comunitarios que permitan cohesionar las identidades subjetivas en una pertenencia común. En estos procesos productivos, la escritura es necesaria como fetiche para transformar el testimonio de la comunidad sobre su pasado en una herramienta fundamental, para relacionarse con el Estado y su burocracia. De esta manera, se lograría contrarrestar la planificación de la narrativa imperialista hegemónica que se ha entendido como historia [Pierini 2019: 136-137, 236, 243-244, 257-258 y 260].

Para Ojeda, Rodríguez y Heredia, con base en la propuesta de Hartog, una forma en la que algunos investigadores han intentado contrarrestar dichas hegemonías ha sido apostando a reconstruir “archivos indígenas” para analizar “el proceso de fragmentación de historias y tramas colectivas a las que se han visto sometidos” [Ojeda et al. 2019: 11]. Para ello, es necesario interrelacionar las fuentes de archivo con trabajo de campo que contribuya a conocer detalles del proceso histórico [Rodríguez 2019: 117, 130-131]. Pero, ¿qué tipo de análisis es necesario cuando estas dos fuentes no son complementarias sino contradictorias? Más aún cuando no hay una memoria única colectiva de la comunidad.

En mi caso, cuando me percaté que posiblemente había silencios importantes en el archivo de la UCEZ, la información que contenía me dejó de parecer clara y comenzó a ser una parte de la imagen del otro que se acercaba más a la extrañeza.⁶. Entonces, ¿no se suponía que conociendo los hechos del pasado de la comunidad de Zirahuén podía yo aclarar la historia de ésta?, pero, ¿cómo seguir esta premisa cuando había silencios tan importantes como la “Recuperación de la tierra”? Para reflexionar sobre esta problemática, al igual que Chakravorty, es necesario preguntarnos “¿quién es el archivo?”. En este nivel, el significado/conocimiento se cruza con el poder [Chakravorty 1985: 255-256].

1. 2) La transformación institucional e historiográfica.

Una de las intenciones prácticas que Castañeda perseguía con la donación de los documentos al ColMich era que no terminaran en la basura, pero también —desde mi juicio, más importante aún— que los miembros de las comunidades, quienes alguna vez integraron la UCEZ, pudieran seguir teniendo acceso a estos documentos para usarlos en los distintos litigios agrarios-jurídicos que continuaban en contra de diversos sujetos por la defensa del territorio y bienes naturales que estos comuneros reivindicaban como propios y para que los académicos pudieran continuar o comenzar a escribir sobre la UCEZ. Ante la muerte de sus fundadores y de la eminente disolución de esta organización, propongo que con el traslado del acervo, Evita pretendía que la significación de la ucez y de algunos de sus miembros transitara a otros tiempos, espacios y registros.

Como mencioné en la introducción, de manera general dos fueron los criterios para decidir cuáles serían los documentos resguardados por el ColMich y cuáles serían prescindibles: por una parte, la repetición y el aporte que el documento haría a la narrativa que la UCEZ, y en particular Evita, pretendía transmitir al público que accediera a esos documentos; por otra parte, la conjuración de los documentos en que los “traidores” no tenían cabida. Este objetivo estaba directamente relacionado con la idea del por-venir y de la institucionalidad. De la primera me ocupo en el siguiente subapartado, a continuación, problematizo la segunda.

A decir de Castro, la Historia debería de comprenderse como el resultado de un lugar institucional, según la conexión del cuerpo social, por lo que la historiografía se vincula con un lugar de producción social que introduce determinaciones, presiones o privilegios decisivos para la organización de los métodos, intereses y modos de interrogar los documentos. Para él la escritura de la historia se desliza entre la relación de lo excluido con la autoridad y la institución [Castro 2010: 110-111 y 119].

A partir de estos planteamientos, cuando Evita decidió que el ColMich resguardara el archivo y Martín Sánchez aceptó la propuesta, considero que ambos estaban dialogando desde la posible producción historiográfica futura que los académicos de dicha institución podían crear gracias su bagaje teórico de la información que los documentos contenían y de la postura política adoptada por algunos académicos en favor del derecho de las comunidades indígenas.

Lo esperado por realizar es lo que Michel Certeau [1993, citado por Gorbach 2016], llama “operación historiográfica”: la separación e interpretación de los datos que transforma el pasado en pasado histórico. En esta operación, el archivo “permite que el historiador produzca evidencia”; para ello es necesario poner fuera del relato las condiciones de producción y de poder que se inscriben en las instituciones a las que el archivo ha servido [Gorbach 2016: 194].

En este acervo el arconte fue cambiando junto con la función del archivo; en un primer momento fue Capiz y los objetivos eran básicamente jurídicos y políticos, con cierto recelo de su custodio, pues no permitió a ningún académico acceder a dichos documentos. Cuando limpié y ordené el archivo, encontré varias cartas de investigadores solicitando a Capiz que les permitieran revisar algunos de los documentos. En palabras de Evita, él ni siquiera se molestaba en contestarles porque pensaba que no aportarían a la causa —tal vez tenía razón.

Capiz murió y Evita se convirtió en el arconte. En esta nueva etapa, la función del archivo seguía siendo básicamente la misma, pero con una diferencia, por primera vez dio acceso a una persona con intereses académicos. Mediante esa acción los documentos adquirieron otro sentido, como investigadora buscaba que formaran parte de un texto académico, por tanto, institucional, pero, no dejaban de tener su sentido político y jurídico. Sin embargo, la transformación más significativa fue cuando Evita solicitó que el archivo fuera resguardado por el ColMich. Con esta acción, el “poder de consignación”, la unión y clasificación de los signos también cambiaron en la búsqueda de la creación de narrativas historiográficas y el arconte ahora es el Colegio [Derrida 1994: 13-14].

Un número importante de los académicos formados en esta institución han estado políticamente comprometidos con las causas de las comunidades indígenas; algunos de los egresados se emplearon después como profesores-investigadores en el mismo Colegio, por ejemplo la profesora que apoyó en la gestión y traslado físico del archivo al ColMich.

Entre los temas de interés de la investigadora está la historia agraria, territorio, patrimonio cultural, perspectiva política del desarrollo rural y, por supuesto, los movimientos sociales; además, su posicionamiento político ha sido abiertamente en favor de las causas que los miembros de las comunidades indígenas defienden como justas: su derecho agrario, étnico y en los últimos años,⁷. el derecho a demandar y regirse bajo usos y costumbres por medio de un gobierno autónomo. De igual manera, la profesora ya se había acercado años atrás a la organización para conocer su causa y escribir sobre ello.

Es decir, es importante también analizar al ColMich como un destacado actor que ha contribuido en la producción de estas narrativas con sus docentes y egresados. Ello habla de su gran labor en el constante “estira y afloja” frente a la formación del llamado Estado-nación, siempre como un proyecto que no termina de concluir.

Con este nuevo guardián, el archivo sería abierto a la consulta, pero con ciertos requerimientos. Me interesa poner atención a uno: precisar la ubicación del documento que se consultó, es decir, reconocer el derecho institucional sobre esa información. Como lo asegura Derrida: “No existe archivo sin firma del aparato, sin un código performativo” que haga cumplir la ley [Derrida 1994: 12-13 y 64]. Continuemos con esta idea.

1. 3) La relación del archivo con el porvenir y la muerte.

Junto con el personal de la biblioteca y una profesora del Centro de Estudios Rurales (CER) de la misma institución —quien mencioné anteriormente— trasladamos al ColMich la documentación del archivo de la UCEZ. En esa ocasión la profesora comenzó a llorar y me comentó que le daba mucha emoción que fuera el Colegio donde se resguardaran estos documentos; no conversamos más, pero, con base en la biografía de la académica y sus posicionamientos políticos, en ese momento me pareció entender las razones de su emotividad.

La actitud de la profesora, sugiero, se debía a las futuras acciones que podían ser consecuencia de que estos documentos se salvaran, por tanto, destaco tres: 1) que el legado de la UCEZ subsistiera, 2) las escrituras futuras serían posibles de producir gracias a esos documentos; 3) era el porvenir del mismo ColMich como detentor de la verdad de una de las organizacio- nes indígenas más importantes de Michoacán que se estaba gestando.

Como sugiere Chakravorty, es en el proceso de resguardo y ordenamiento de los documentos en un archivo donde hay intentos de producir “efectos de lo real”, para dar como resultado una historia única, condicionada por las expectativas futuras;⁸ es en el vaivén entre el analista y lo analizado donde ambos ocupan una posición de sujeto; se construye una historia y se marca el deseo de poder del intelectual académico [Chakravorty 1985: 250]. En tal sentido, la historiografía no sería lo que llega a “nosotros” desde el pasado, sino aquello que precisamente comienza con “nosotros” y que es condicionado por la perspectiva, la promesa, el porvenir [Castro 2010: 111].

Para ello es necesario una conjura de la verdad y la ficción que tiene que ver con el porvenir como condición de toda esperanza y de toda performatividad; impulsar allí la posibilidad de la muerte, la violencia del olvido, “la sobre-supresión”, la posibilidad de matar aquello mismo que porta la ley de su tradición, el arconte, el sujeto de la ley. En esta lógica argumentativa, la figura del “traidor” se debía anular, ocasionarle la muerte junto con sus acciones, para que su influencia no trascendiera y pusiera en peligro la validación de la narrativa que los arcontes del archivo trataban de validar como verdadera y legítima. Sin embargo, para Derrida, el archivo debería de poner en tela de juicio el porvenir [1994: 18, 33, 39 y 45]. A esta idea vuelvo en las conclusiones.

Durante la elaboración de mi tesis de licenciatura (2009) y el primer año de maestría (2011), la investigación fue realizada con un objetivo claro, dotar a la comunidad de Zirahuén y a la UCEZ de una narrativa histórica que contribuyera a demostrar la legitimidad de sus demandas agrarias e identitarias a partir de usar documentos de archivos estatales: agrario, ejecutivo y judicial, todos ubicados en Morelia, Michoacán. Así que era necesario reposicionar a los muertos, es decir, la lucha agraria e indígena de Efrén Capiz, de Marcos Martínez y de otros integrantes de la UCEZ, donde allí fijar a un lugar a los vivos. Me refiero a los comuneros que aún seguían siendo parte de esta organización y a su causa. Siguiendo a Castro, propongo que la escritura se convirtió en evidencia de una función ritual y simbólica que consistió en “exorcizar la muerte al introducirla en el discurso” para tratar de legitimar las causas y acciones políticas de los vivos, desde las certezas que los documentos de los archivos parecían darme [Castro 2010: 115].

Sin embargo, tiempo después de haber hecho la selección de los documentos, de apoyar en el traslado del archivo al ColMich y de comparar lo encontrado en campo con la información que contenía, es decir, frente a la computadora tratando de producir una narrativa coherente en pro de la reivindicación de la lucha agraria de la comunidad de Zirahuén, mis memorias se comenzaban a modificar, lo conocido cobró otra forma y por un momento perdí la certeza de lo que estaba investigando, dejé de creer que estaba, en lo que Didi-Huberman llama “el lugar del testigo” y asistí a mi propia ausencia, lo cual hacía necesario no sólo una reflexión cognoscitiva sino también ética [2004: s/p].

Debido a estas incertidumbres, estoy de acuerdo con Dosse cuando asegura que la escritura histórica es espejo que remite al presente como ficción y verdad al mismo tiempo; que permite mantener la memoria al reactivar la parte creativa del acontecimiento fundador de la identidad colectiva, cuya contribución está dirigida a la reconstrucción del discurso [2009: 31, 72-73 y 79], sin olvidar su relación con la institución que la produce. Para ello es necesario una teoría de la institucionalización, es decir, del derecho que autoriza los límites de una historia deconstruible, una vez que problematizamos su clasificación o puesta en orden [Derrida 1994: 4]. Es decir, analizar la producción del archivo y el procedimiento para su consulta, que se decidió en el ColMich.

Así pues, hay que tomar en cuenta la relación de dependencia que tiene la historia como escritura con respecto a una institución social, cuya tarea es reunir significados que se puedan interpretar como hechos del pasado, “dar vida a la muerte”. Para problematizar esta aporía, es necesario analizar las instancias de poder/saber como economías de significado. Por ello, he propuesto que al archivo lo debemos de problematizar no sólo como el sitio donde se expresa el poder del Estado, sino como un campo de fuerzas del pasado y del presente [Rufer 2016a: 180 y 182], donde existe una heterogeneidad de perspectivas, siempre en movimiento y cuya finalidad equivale a restituir la pluralidad de las miradas posibles [Dosse 2009: 93-95].

En esta producción la huella del archivo siempre es una posibilidad, pero sólo se puede soñar con ella en la medida de la interabilidad, que se le asedia desde el origen. Por lo tanto, la memoria fiel sólo puede estar en el secreto que forma parte de las cenizas del mismo archivo, “es el lugar en donde ya ni siquiera tiene sentido buscar el secreto” [Derrida 1994: 48]. Pero, ¿qué pasa cuando el propio secreto, los silencios, hacen necesario mover las cenizas porque pareciera que a partir de ello algunas narrativas pueden cobrar sentido? Por ejemplo, el reclamo que los Alcántara hacían en relación con el reconocimiento que merecía su hermano en la historia de la comunidad como su fundador.

Ante estas diásporas comprendí que la imagen del archivo está sujeta a un doble ritmo que redefine su valor de uso y la verdad que resplandece es pasajera. Es en este vaivén de girones de saber donde se genera la memoria [Didi-Huberman 2004: s/p]. En este juego también el archivo pierde autoridad absoluta pues siempre está abierto al porvenir y sujeto al registro de su presente de producción y poder. Sin embargo, de manera paradójica, asegura Derrida, no habrá porvenir sin el aspecto de la violencia edípica “que inscribe la sobre supresión en la institución arcóntica del archivo, en la posición, la auto-posición o la hetero-posición de lo Uno y de lo Único, en el arkhé nomológico [1994]”. Allí está el “mal de archivo”, que es la pulsión de la muerte en la ley de la institución y que se abraza de manera compleja de la idea de futuro.

Es a partir de la pulsión de muerte del otro y de uno mismo que se direcciona el deseo y el “mal de archivo” se apertura al porvenir, a todo lo que vincula el saber, la memoria y a la promesa [Derrida 1994: 17, 44-46]. Por ello, es necesario que en la propia formación del archivo exista una doble pulsación: permanecer y destruir, retener y silenciar, “hay un deseo perverso del olvido en la propia lógica del archivo” [Rufer 2016a: 167].

Uno de los objetivos más importantes al ofrecer esta reflexión y ponerla a la mesa para debatir sobre ella fue aprovechar la oportunidad de problematizar los distintos pliegues de la producción de un archivo desde un estudio de caso específico. Este ejercicio reflexivo no es para demeritar la importancia del archivo que nos ocupó ni cuestionar las decisiones y acciones de sus distintos arcontes, sino para problematizar el acervo documental en general y el de la UCEZ en particular como pieza fundamental en la producción de los discursos, especialmente políticos e identitarios, que están en constante formación y disputa en y entre distintos grupos dentro de una relación compleja, con la construcción perenne del Estado-nación y cómo ello contribuye a modelar las narrativas históricas.

He propuesto que en esta compleja interacción y conflicto, el tiempo del porvenir está en disputa y desde allí las narrativas sobre lo acontecido también viven en constante transformación, al igual que la clasificación e interpretación que hacemos de dichas narrativas. Es en este proceso cuando el archivo reafirma su lugar de autoridad como marco de referencia específico, es decir, el pasado histórico no existe per se sino que experimenta una formación perenne a partir de los objetivos que sus productores ubiquen en el porvenir. No argumento una relación mecánica pues también se va transformando y el azar es parte de sus condicionamientos pero la elaboración, clasificación y el uso de los documentos se basa en la relación del pasado con el porvenir —me atrevo a decir— casi siempre política.

Para sostener este argumento, volveré a la foto que Evita rompió y echó a la basura porque en ella aparecía un “traidor”. Propongo que mediante esa acción ella estaba intentando evitar que los personajes clasificados como “traidores” formaran parte de los futuros escritos que elaborarían los académicos del ColMich y de otras instituciones que consultarían el archivo.

Una vez más me pregunto: ¿fue debido al objetivo de borrar al “traidor” que Antonio Alcántara y la “Recuperación de la tierra” no aparecen en los documentos del archivo ni en los discursos orales de quienes representaron de manera política y legal a la comunidad de Zirahuén entre 1980 y 2010? No lo sé, no tengo la información necesaria para asegurarlo, lo que sí se puede constatar es que el comunero y el movimiento antes mencionados tampoco fueron parte de los escritos que algunos académicos [Cuello 1986; Zárate 1998; Dosil, 2014] elaboraron sobre la comunidad —incluyéndome, por lo menos en mi tesis de licenciatura [2009]. Estoy convencida que esta reflexión es útil para cuestionar de forma cercana las maneras en cómo las ausencias en las distintas fuentes condicionan nuestros escritos académicos, por lo tanto, la producción de la historia misma.

Me tomo la libertad de ponerme de ejemplo. Gracias a que tuve la oportunidad de comparar las narrativas que los comuneros me compartieron, en las cuales la “Recuperación de la tierra” era central, con el contenido del acervo documental que nos ocupa, inevitablemente la idea de ausencia, de cuestionar lo que no estaba presente, se convirtió en un elemento fundamental que condicionó la lectura de los documentos, mi investigación y la escritura futura que elaboraría sobre la historia de la comunidad de Zirahuén y, hasta cierto punto, de la UCEZ. Las garantías de verosimilitud que tanto buscamos los historiadores ya no me fueron tan claras y lo que entendía como evidencia de los muertos ya no satisfizo mis necesidades analíticas; la fisura de la diferencia predominó, se hizo evidente.

Por ello sostengo que aunque la narrativa histórica surge como una forma de ficción, pues es la separación respecto del otro, el pasado en un constante retorno del continuo problematizador de lo que “ya fue” [Castro 2010: 116], también es una separación en la disputa por la historia en dos aspectos interrelacionados: 1) entre los que tienen derecho a formar parte de ella y los que no; y 2) los que tienen la autoridad, la información y las herramientas para escribirlas. Los grupos detentores de dicha autoridad no están preestablecidos; se encuentra en constante transformación y disputa, proceso que responde a la diversidad de las memorias hegemónicas y contrahegemónicas.

Finalmente, como lo señala Ricoeur, citado por Dosse, los documentos y otras fuentes son objetos que nos apropiamos para convertirlos en correlatos de la subjetividad histórica que desemboca en una intersubjetividad siempre abierta a nuevas interpretaciones, donde es necesario exaltar el yo de la investigación desde una dimensión ética, destacando que el régimen de historicidad está siempre abierto hacia el futuro y su propia lógica de acción mantiene abierto el campo de las posibilidades [Dosse 2009: 16, 20, 74-75].

Ante las complejidades que he puesto en la mesa para futuros debates, quiero terminar defendiendo la necesidad de problematizar la relación del archivo con los principios de poder y de origen. Con base en Derrida, citado por Murgía, están relacionados con el propio poder institucionalizado y materializado en un lugar y de manera simultánea en la imaginación del porvenir que habilita la producción de un pasado. Para ello, es necesario encuadrar las posibilidades de la memoria; así, el archivo está en una constante producción de sentidos y de respuestas, las cuales pueden ser institucionalizadas y manipuladas, éste es el lugar complejo de la memoria [Murgía 2011: 29-30 y 33].

Con los documentos del archivo de la UCEZ podemos reinterpretar las huellas y los sentidos del pasado, por tanto, los discursos de los integrantes de esta unión pueden seguir viviendo, aun después de su desaparición —claro que con distintas reinterpretaciones— y haciendo respetar la ley, lo nomológico [Derrida 1994]. Estos procedimientos pueden dar como resultado una historia uniforme, condicionada por las expectativas futuras en relación con las aspiraciones comunales y étnicas que han sido significativas en la reconfiguración del discurso nacional y los posicionamientos académicos de algunos de los investigadores del ColMich.

Cierro este texto “a contra corriente” al introducir las dudas de las ausencias y silencios para reflexionar sobre la producción de este acervo. Además, he tratado que problematicemos no sólo las disputas entre las comunidades y el llamado Estado-nación, sino al interior de estos colectivos; entre ellos se puede producir una conflictiva relación donde el poder, el saber y la escritura juegan un papel fundamental. Lo que quiero decir es que debemos entender a estos grupos también como sujetos políticos, no hay nada más sesgado que presentarlos de manera homogénea.