El auge mundial de las comunicaciones móviles ha sido bastante abrasador, representando más de un tercio del total de las conexiones telefónicas en el mundo (UIT, 2019). En esta revolución participan tanto países desarrollados como en vías de desarrollo. De acuerdo con el informe de Global Mobile Trends (GSMA, 2020), el número total de abonados en el servicio de telefonía móvil al finalizar 2019 correspondía a cerca de 5200 millones, lo que corresponde a 106 suscripciones a telefonía celular móvil por cada 100 habitantes, tendencia que sigue en aumento en el contexto mundial (Banco Mundial, 2020).

Los datos anteriores proyectan la tendencia representada en un aumento significativo de usuarios de este tipo de servicio alrededor del planeta, con tasas de crecimiento importantes en función del número de habitantes en cada región, especialmente por su gran crecimiento y el valor que representan, donde compañías como la empresa China Telecom ocupa el primer lugar con un valor de mercado de USD 309 160 millones con 194 usuarios de servicios de línea fija, 62,36 millones de usuarios y 113 millones de clientes para los servicios de banda ancha en comparación con la empresa mexicana América Móvil que ocupa el puesto 10 con un valor en el mercado de USD 49 285 dólares, con 281 millones de suscriptores móviles a nivel global (MEMO, 2019).

Figura 2.
Los 10 operadores más importantes de telefonía móvil en el mundo
Elaboración propia con base en MEMO (2019).

Lo anterior demuestra que el mercado de telefonía móvil es uno de los más importantes de la economía mundial, en razón a que factura anualmente USD 1377,335 millones, lo que ha llevado a crear condiciones competitivas entre los operadores, empresas fabricantes de dispositivos y compradores del servicio, situación que permite regular precios por el fenómeno de oferta y demanda, como evitar oligopolios y estados de dominancia (Gutiérrez, 2013).

En concordancia, el número de usuarios de telefonía móvil actualmente presenta tendencias de crecimiento, en la medida que este servicio se ha convertido en una necesidad personal, laboral y profesional por su amplia versatilidad frente a las comunicaciones familiares, de trabajo, transacciones bancarias, aplicaciones, diversión y negocios en general sin requerir el uso de computadoras (Juárez, 2017). En este sentido, la forma en que la población mundial utiliza cada vez más su móvil resulta evidente (figura 3), donde cerca del 75 % lo hacen para operaciones de comercio electrónico, 67 % en smartphone, 57 % consultan Internet, 55 % compras online, 55% en plataformas 5G, 42 % redes sociales y 41 % transacciones bancarias, cifras que demuestran el gran dinamismo de un sector que promueve el crecimiento socioeconómico a nivel global. España es el país líder de usuarios con 88 % de su población superando el 82 % de Estados Unidos y el 78 % de China (Ditrendia, 2019).

Igualmente, la Organización Mundial de Comercio (OMC) (2019) informa que en el ámbito mundial los gobiernos han apostado por cerrar la brecha digital y promover el comercio electrónico transfronterizo ampliando la capacidad de los servicios móviles y utilizando como estrategia la disminución de los costos en la prestación de los servicios, específicamente en lo referente a pagos digitales y transferencia de dineros por dispositivos celulares, lo que ha incrementado los suscriptores, que en la actualidad representan más del doble en comparación a las líneas de telefonía fija. Dada la relevancia y complejidad de este sector, existen diversos organismos reguladores que promueven la creación de criterios normativos para el desarrollo eficiente de los servicios de telefonía móvil, de manera tal que se eviten condiciones de dominancia u oligopolio en el mercado, por lo que autores como Epstein (2005) y Gutiérrez (2013) señalan la necesidad de que los Estados emitan parámetros legales que controlen el correcto actuar de los operadores de este tipo de servicios, a la vez que se garanticen facilidades de acceso, calidad y precios justos para los usuarios, particularmente tras haber sido considerado un servicio de carácter público (Mintic, 2020).

Con base en lo anterior, se hace necesario que existan órganos que regulen y establezcan criterios uniformes en el contexto mundial, regional y local, por lo que a nivel internacional existen organismos que juegan un papel preponderante en este aspecto (tabla 2), siendo la International Telecomunication Union (ITU) el máximo organismo especializado de las Naciones Unidas en tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) (ITU, 2020). Destaca en el ámbito de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), que actúa como agente regulador, mientras que en la Comunidad Andina de Naciones (CAN), esta función recae en el Comité de Autoridades de Telecomunicaciones (Asociación Empresas de telecomunicaciones Comunidad Andina [ASETA], 2020; CITEL, 2020).

Figura 3.
Usos de telefonía móvil alrededor del Mundo
Elaboración propia con base en Ditrendia (2019).

Tabla 2.
Organismos internacionales especializados en el ámbito de la telefonía móvil

Elaboración propia con base en información de cada organismo internacional.

Organismos internacionales especializados en el ámbito de la telefonía móvil

En este sentido, una vez analizado el mercado móvil a nivel mundial y las entidades regulatorias, se observa que las empresas operadoras de este sector se encuentran vigiladas y bajo parámetros internacionales para fomentar la competitividad y prestación adecuada del servicio a sus consumidores. Igualmente, entre las empresas que ocupan el mercado de telefonía móvil mundialmente en comparación con las que ofrecen este servicio en la AL coinciden Telefónica y América móvil (hoy Claro antes Telmex), quienes ocupan el puesto octavo y noveno dentro del top de las diez empresas operadoras a nivel mundial aportando al crecimiento de las economías de cada uno de los países y, sin embargo, la problemática que existe es frente a Claro quien ha ejercido un estado de dominancia en países como Colombia y México en donde el acuerdo de integración AL debe establecer regulaciones para la competencia y el mercado.

El crecimiento del mercado de telefonía móvil en los países que hacen parte de la iniciativa de integración ha venido impactando de manera significativa la forma en que se entiende y participa en las sociedades globales (Observatorio estratégico de la Alianza Pacífico, 2017). Para la Alianza Pacífico, el crecimiento de este mercado ha sido un punto de especial interés, por lo que en su objetivo de beneficiar a la población a través de la libre circulación de mercancías, servicios, capitales y personas. A su vez, propuso, a través del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza, incluir un capítulo sobre telecomunicaciones, abordando cuestiones de importancia como interconectividad, portabilidad numérica, asignación equitativa, uso de recursos escasos, salvaguardias competitivas y facilidades de entrada al mercado (Acuerdo Marco, 2012).

El informe sobre la actualización de estudio sobre la competencia en el mercado de telefonía móvil en Colombia evidencia que el número de suscripciones para 2015 se estaba aproximando al número de habitantes de la tierra (Castro y Benavides, 2015). Las cifras del Banco Mundial así lo corroboran y en el año 2019 dejaron en evidencia un incremento aún mayor en países como Colombia, Perú, México y Chile, lo que ha transformado el concepto de telefonía móvil, generando consecuencias importantes para la libre competencia.

De acuerdo a estas cifras, para 2019 se evidenció un representativo incremento en el número de suscriptores a telefonía celular móvil, encontrándose que en Colombia la tasa del número de suscripciones por cada 100 habitantes es del 132 %, mientras que en Perú, México y Chile las tasas son del 132 %, 95 % y 132 % respectivamente (Banco Mundial, 2019), dejando en evidencia que en la mayoría de los casos existen más líneas celulares móviles que habitantes en el país. En la figura 4 puede verse el número de suscripciones por cada 100 personas en los países que conforman la Alianza Pacífico.

En un contexto similar, el sector de las telecomunicaciones en Colombia es considerado una herramienta para el desarrollo económico y social del país, encaminado a mejorar la calidad de vida de la población (OCDE, 2014) y dentro de este sector, el de la telefonía móvil se ha caracterizado por su alto grado de dinamismo, contando en la actualidad con ocho operadores de telefonía móvil entre los que se encuentran Claro, Movistar, Avantel, Tigo-UNE, Éxito, UFF, ETB, y un número de líneas de telefonía móvil que supera para el segundo trimestre de 2020 los 66,5 millones (Mintic, 2020). Aunque la telefonía móvil en el país exhibe avances en indicadores de cobertura, reportes de CRT (2009); Quintero (2014) y Castro y Benavides (2015) evidencian bajas calidades y niveles competitivos en comparación con el contexto mundial, existiendo una alta concentración del tráfico como número de usuarios en un solo operador que ha ejercido dominio por varios años. Como lo ratifica Mintic (2020), durante el primer trimestre de 2020 algo más de 31,5 millones de líneas estaban abonadas a Claro, mientras que solamente 15,6 millones con Movistar, 11 millones Tigo, 1,5 millones Avantel y 1,8 millones a Éxito móvil.

Figura 4.
Suscripciones en Alianza Pacífico por cada 100 habitantes
Elaboración propia con base en cifras Banco Mundial (2019).

Frente a la dominancia existente en el mercado colombiano, es importante resaltar que la entrada de operadores móviles virtuales (OMV) como Virgin Mobile, Móvil Éxito y Uff Móvil se ha avanzado hacia la desconcentración deeste, aunque el mercado sigue conservando una estructura oligopólica dominada por tres grandes operadores (Claro, Movistar y Tigo), que en el 4.º trimestre de 2020 concentraron cerca del 91 % de los clientes (Mintic, 2021). Teniendo en cuenta las necesidades del sector ante un mercado oligopólico, el marco normativo colombiano incentiva las condiciones de acceso a la sociedad de la información. Esto garantiza los derechos de la población y la prestación de servicios de calidad que generen bienestar general, por lo que las condiciones regulatorias tienen por objetivo promover el crecimiento y fomentar la liberalización del mercado, al tiempo que garantizar la protección de la libre competencia (Portafolio, 2019).

Gracias a la Ley 37 de 1993 y el Decreto 741 de 1993 se reglamentó el servicio de telefonía móvil como un servicio público a cargo de la Nación, brindado por intermedio de concesiones celebradas con sociedades constituidas en Colombia, a través del Ministerio de Comunicaciones (Decreto 2122 de 1992), actualmente Comisión Reguladora de Comunicaciones (CRC) (Ley 142 de 1994). Por otro lado, la Agencia Nacional del Espectro (ANE) coadyuva a definir la libre participación de empresas en la subasta del espectro electromagnético, donde ambos organismos están adscritos al Mintic.

En el caso de México, y pese a que se trata del segundo mercado móvil más grande de América Latina, que cuenta con 104 millones de conexiones móviles totales, 119 millones de suscripciones móviles e ingresos que superaron los 136 mil millones de pesos mexicanos, lo que representa el 3 % del PIB nacional durante el cuarto semestre (IFT, 2019), el sector de las telecomunicaciones y radiodifusión mexicana ha padecido una alta concentración del mercado desde hace varios años. Esto aumenta los precios, así como reduce la oferta en términos de baja penetración de nuevos servicios, deficiente calidad y poca inversión, conllevando a que se realizara una importante reestructuración del sector a través de la reforma constitucional de 2013 en búsqueda de la modernización que impulsara un mercado más competitivo (OCDE, 2017).

En el ámbito de la protección constitucional, la Carta Política de los Estados Unidos Mexicanos (Congreso Estados Unidos Mexicanos, 1917) estableció el marco para asegurar las condiciones competitivas en el sector de telecomunicaciones, que lo define como un servicio público de interés general, lo que obliga al Gobierno a garantizar su prestación en condiciones de calidad, competencia y cobertura universal a través de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como órganos autónomos de vigilancia y control de prácticas anticompetitivas (SICE, 2020). En cuanto al régimen sancionatorio en el sector, el IFT cuenta con facultades para imponer sanciones ante cualquier tipo de infracción a la Ley Federal (IFT, 2016), lo que otorga control a los grupos económicos preponderantes en este mercado son los operadores América Móvil, Telmex, Telnor, Telcel, Grupo Carso y Grupo Inbursa, los cuales deben cumplir con la presentación trimestral de un informe de cumplimiento de obligaciones asimétricas, de desagregación y normas sobre integración de precios y tarifas de servicios de telecomunicaciones en todo el país (IFT, 2017).

Si bien la telefonía móvil ha venido exhibiendo avances importantes en los últimos años, en el sector todavía existen brechas por superar en materia de reducción de los altos niveles de concentración de mercado por la falta de competidores en los servicios de telecomunicaciones, la calidad del servicio y bienestar del consumidor (Dirección de Estudios Económicos, 2017), donde el mercado se encuentra en proceso de expansión con grandes desafíos por resolver y sesgado por la preponderancia de América Móvil (figura 5) con una concentración del 62,44 % como lo certifica el IFT (2019).

Figura 5.
Concentración de mercado de telefonía móvil en México

Nota. Elaboración propia.

Desde otro análisis, en Chile, la situación del mercado de telefonía móvil es importante, caracterizándose por ser un aliado importante para la AP y Latinoamérica, gozar de una economía emergente muy bien valorada, con rápido crecimiento en los últimos diez años (Banco Mundial, 2019). Cuenta con un PIB de 252 035 millones de euros (Datosmacro, 2019) y es el país con mayor representatividad en la AP gracias al PIB de USD 14 897, que genera, a su vez, grandes oportunidades en el sector de telefonía móvil, donde cuenta con cerca de 25 051 668 líneas móviles (Cazallo et al., 2019; Bartesaghi, 2020).

Por su parte, mientras el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ejecuta las políticas y estrategias gubernamentales en el sector de telefonía móvil, apoyándose en la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) y el Servicio Nacional del Consumidor del gobierno chileno (Sernac, 2020), con la finalidad de mantener al sector como impulsador del crecimiento económico y social del país (Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 2020), el marco regulatorio del servicio de telefonía móvil está dado por la Ley General de Telecomunicaciones número 18 168 (Congreso de Chile, 1982), la Ley de Portabilidad numérica 20 471 (2010), el Decreto 379 (Congreso de Chile, 2010), que establece las obligaciones para el adecuado funcionamiento del sistema de portabilidad de números telefónicos, la Ley 20 808 (Congreso de Chile, 2015), que protege la libre elección en los servicios de cable, Internet o telefonía, y la Ley 21/172 (Congreso de Chile, 2019), que modifica la ley general de telecomunicaciones para evitar la crisis del sector que afecte la competitividad, funcionamiento y en la telefonía inalámbrica entre los operadores del servicio.

En cuanto a los operadores más representativos en el mercado, puede observarse que Entel, Movistar, Claro y WOM cuentan con una participación del 31,1 %, 28,1 %, 24 % y 14,1 % respectivamente (figura 6). En este punto el operador Entel tiene la mayor participación, superando en un 3 % a Movistar y 7,1 % a Claro, con tres operadores acumulan un total de 83,2 % de participación representativa en el mercado de telefonía móvil (Subtel, 2019).

Figura 6.
Participación de operadores en el mercado de telefonía móvil de Chile
Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel, 2019).

Figura 7.
Número de líneas móviles por operadores del servicio en Chile
Tomado de Subtel (2019).

Como lo demuestra la figura 7, el operador Entel se ha distinguido por tener el liderazgo con el mayor número de líneas móviles y mayor participación en el mercado de telefonía móvil, superando a Movistar en 1 299 973 líneas y a Claro en 1 883 541 líneas, dejando a WOM y otros operadores en el último puesto, con un total de 5 273 773 líneas móviles (Subtel, 2019).

Finalmente, el sector de la telefonía móvil en Perú se caracteriza por ser uno de los más dinámicos e importantes para la economía nacional, de acuerdo con el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel, 2018) aporta un 4,8 % a su PIB y es considerado uno de los sectores más importantes. En el escenario administrativo, Perú cuenta con el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, creado en 1994, encargado de regular el sector, velar por la protección de los consumidores y la dinámica de la competencia en el mercado de telefonía móvil (Osiptel, 2020).

Después de varias décadas de un mercado con poca competencia y asimetrías en participación de los operadores, el sector ha venido convirtiéndose en uno de los más dinámicos en los últimos tiempos, gracias a numerosas leyes que erosionaron las ventajas competitivas de empresas pioneras como Entel Perú y la Compañía Peruana de Teléfonos (CPT), las cuales fomentaron la competencia. Por esta razón, actualmente el mercado cuenta con seis operadores: Movistar, Claro, Entel, Bitel, Flash y Cuy móvil (Valencia, 2018). Estudios recientes, como el realizado por Osiptel (2020), muestran que dos grandes operadores, Movistar y Claro concentran, por sí solos, el 60% de cuota en el mercado y un bajo porcentaje en cuota del resto de operadores: Entel, Bitel, Flash y Cuy móvil, tal como puede verse en la figura 8, significando cierto grado de equilibrio en la competencia dentro del sector (Osiptel, 2020).

Conforme a D’Eramo (2017), la gobernanza es una respuesta a la crisis de gobernabilidad de los Estados nacionales y su incapacidad para resolver los problemas de desarrollo en un contexto histórico de profundas transformaciones a escala global y local. Como tal, facilita el conjunto de arreglos institucionales que posibilitan la gobernabilidad en un contexto de interdependencia entre gobierno y actores diversos.

Sobre la base de estas cuestiones, la literatura teórica sobre la gobernanza presupone desde el punto de vista tradicional que las regiones se componen de varias unidades políticas locales, por lo que una condición primordial para lograr el desarrollo regional uniforme y continuado consiste en asegurar la colaboración de los gobiernos involucrados, la cual se verifica en la convergencia de políticas e, idealmente, en el establecimiento de procedimientos intergubernamentales por bloques regionales (Porras, 2007, p. 167).

Figura 8.
Participación cuota en el mercado de telefonía móvil Perú
Tomado de Osiptel (2020).

Siendo así, en un mundo globalizado, la integración regional que promueve AP como mecanismo regional y de gobernanza se constituye en un medio útil no solo para alcanzar metas políticas, económicas, sociales y culturales, sino también una vía que debería posibilitar la mejora de las condiciones para la inserción internacional, para fortalecer el desarrollo y promover el bienestar de la población (Fernández y Pérez, 2013). Así, en los últimos años se ha producido en la región una repotencialización del regionalismo, evidenciada en una marcada visión liberal, representada entre otros, por la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la AP y actualmente la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Bajo esta mirada, la AP se ha constituido, desde su surgimiento, en una de las estrategias más importantes para el desarrollo económico de los países miembros, debido a su posición geoestratégica y la institucionalidad bajo un esquema intergubernamental para la toma de decisiones. Este hecho la convierte en un eje clave para todos los sectores económicos, incluyendo el de la telefonía móvil (Vásquez, 2018). Desde el entorno de regionalismo desarrollista, la iniciativa propuesta puede comprenderse como una gobernanza regional del desarrollo (Bruszt y Palestini, 2016), orientada a articular y coordinar las políticas públicas y los recursos y capacidades existentes en contextos regionales concretos (Palestini, 2017).

En este contexto específico y con base en la dinámica de la competencia expuesta entre operadores de los países de AP, la problemática surgida debido a la persistente asimetría de las participaciones de mercado, unido al llamado de los operadores del sector solicitando una intervención que pueda remediar lo que han llamado la crisis del sector, se propone a continuación un mecanismo jurídico-político de intervención de la AP en garantía de la competencia económica sin distorsiones en el mercado de telefonía móvil colombiano, como una aproximación a la idea del fortalecimiento de la institucionalidad y la gobernanza de AP determinándose el importe que desde las estrategias de integración regional pueden contribuir a la superación de este tipo de problemáticas que afectan el bienestar de la región.

Desde los años cincuenta, los gobiernos han reconocido en los modelos de asociación y cooperación entre naciones vecinas una exitosa estrategia para mejorar sus condiciones económicas y sociales, siendo, por ejemplo, el regionalismo una fuente de desarrollo, han mantenido un lazo perdurable que se encamina a suplir los intereses de las naciones (Ocampo, 2015; Palestini, 2017). En este sentido, en el actual entorno de globalización, los mecanismos de integración se perfilan como herramientas para ejercer actividades de gobierno propias de la gobernanza global. Este tipo de instrumentos se convierten en una magnífica herramienta que permite a los países estar mejor preparados para enfrentar los desafíos globales y construir un marco común (Arango, 2015).

Al respecto, resalta que en la gobernanza el Estado ya no es el único actor, aunque, continúa siendo el más importante. Existen múltiples actores dedicados a crear soluciones a las problemáticas de orden mundial, por lo que en tal sentido, es posible ver cómo organizaciones internacionales, ONG, la sociedad civil, los grupos de minorías, los expertos, las multinacionales, entre otros, crean a su vez mecanismos de intervención para auto dirigirse y afrontar las problemáticas mundiales. Para Fernández (2015), la Alianza Pacífico se perfila como uno de los mecanismos de integración más importantes en Latinoamérica, que permite ejercer actividades de gobierno propias de la gobernanza regional, para abordar las tareas pendientes del desarrollo competitivo en sus miembros, las cuales requieren una especial atención con acciones colectivas e instrumentos de carácter regional (OECD, 2020).

Ahora bien, teniendo en cuenta que hasta ahora la organización institucional de la Alianza funciona de manera dinámica, descansando principalmente en la voluntad política de las partes del acuerdo y sus decisiones soberanas, y que no cuenta con estructuras permanentes como una secretaría general, se presenta una propuesta para la intervención de la Alianza en el sector, a partir de un mecanismo jurídico-político que se establece en dos importantes líneas de acción: a) la consolidación de la institucionalidad de la comisión interparlamentaria de seguimiento a la AP, y b) el reconocimiento de las cumbres presidenciales, en garantía de los objetivos propuestos por la integración.

El mecanismo parte del aprovechamiento de su institucionalización a través del Acuerdo Marco, que define la esfera de reglas que rigen la iniciativa, concibiendo un Consejo de Ministros como órgano principal, el Grupo de Alto nivel (GAN) y conformada por los viceministerios de relaciones exteriores y comercio exterior, una presidencia pro tempore para periodos anuales, el establecimiento de cumbres presidenciales y grupos técnicos de trabajo que evalúan avances y rondas de negociación. Siendo así, el mecanismo jurídico-político se presenta en la forma de dos esquemas, como una aproximación a líneas de acción que pueden servir como guía para los orientadores de este importante esfuerzo de integración regional.

Como parte fundamental del mecanismo propuesto, cobra especial importancia el análisis del proceso de toma de decisiones en los sistemas de integración y la eficacia de las decisiones finales con miras a resolver las problemáticas de competencia que surgen en la región, por lo que se hace necesario recalcar su contribución a la gobernanza. Aunque desde 2013 se comenzó a edificar una comisión parlamentaria encargada de dar seguimiento y desarrollar un marco legislativo para los miembros de la AP (Dinero, 2013), no se ha logrado estructurar de manera formal la importancia de su papel, por lo que se hace necesario consolidar formalmente la iniciativa en mejora de su institucionalización, a través de propuestas como:

(1) Crear un protocolo de relacionamiento a través de alianzas empresariales que facilite el diálogo y la participación democrática al interior de la comisión, beneficiando tanto al operador de telefonía móvil como al consumidor interregional, de tal manera que facilite a su vez, el comercio de servicios.

(2) Elaborar estudios sectoriales y mesas de trabajo incluyendo a la academia, actores público-privados y sociedad civil para legitimar las decisiones tomadas, unificar intereses y dar celeridad a los procesos de negociación de los poderes ejecutivos en temas de competitividad en el sector de telefonía móvil.

En conclusión, se requiere un refuerzo de su papel fiscalizador de los logros y acciones de la AP y mayor impulso a los debates políticos al interior del congreso en cada país (sinergia para alcanzar metas trazadas en el sector).

Por largos años, el debate en torno a la gobernanza regional, unida al déficit democrático en los procesos de integración ha girado en torno a la baja participación de los poderes legislativos en la toma de decisiones a nivel regional. Por esta razón, la consolidación de una institución supranacional como lo sería un parlamento regional para la Alianza Pacífico podría llegar a subsanar el déficit democrático en la región, facilitándose un espacio donde la mayor cantidad de actores (sector privado, ONG, agremiaciones de empresarios, entre otros) puedan estar involucrados en la toma de decisiones que los afectan a todos, en garantía de que cada parte participe dando seguimiento a la imposición de medidas adecuadas con el objeto de impedir que los proveedores de servicios de telefonía móvil empleen o sigan empleado prácticas anticompetitivas. Este mecanismo desde lo jurídico permitiría una mayor flexibilidad en las relaciones entre las partes, sometidas a fuertes tensiones por la crisis económico-social representadas en el sector de la telefonía móvil, lo que, a su vez, podría verse reflejado en la resolución de conflictos.

Sin lugar a duda, el mayor reconocimiento a las cumbres presidenciales constituye un refuerzo fundamental en la evolución de las relaciones entre los países miembros de la Alianza, en línea de especial atención hacia la dimensión política de la integración, aspecto favorable en desarrollo de instituciones que contribuyan a alcanzar las metas de integración. Más allá de que la integración en la Alianza pueda quedar relegada al voluntarismo e impulso de los gobiernos nacionales, lo que se busca lograr es la constitución de una institución regional que posibilite la acción colectiva, de tal manera que se generen mecanismos de toma de decisiones que aseguren la gobernabilidad para el conjunto, siempre bajo principios de legalidad y legitimidad. Tal institucionalidad se alcanzaría a través de la consolidación de:

1. 1. (1) Acuerdos que propugnen por estructurar una política común de protección de la competencia al interior de los países (pro-armonización de políticas de protección libre competencia en el sector telefonía móvil); esto es, declaraciones de concertación política para ampliar la cooperación en asuntos de interés, como el que se presenta en el sector de telefonía móvil.

   (2) La creación de un mecanismo automático de reconocimiento de decisiones de la AP.

   (3) El diseño de una política de homogeneización y seguimiento a los esquemas de protección, para evitar distorsiones en la competencia en los países miembros de la AP.

Desde este enfoque y propuestas, la integración desde el plano regional implicaría la capacidad colectiva de atender este tipo de problemas que los afectan, en un escenario donde la sociedad civil y las instituciones público-privadas sean reconocidos como actores políticos importantes. De esta forma, las decisiones en este sentido impactarían hacia mayores niveles de competencia y bienestar para los sujetos que participan en el sector (tanto proveedores como consumidores), en clave de propuestas para la resolución de conflictos interestatales y el compromiso con los valores democráticos en el proceso de integración.