Se concibió y desarrolló en torno a los lineamientos de Hernández et al. (2014), desde la construcción de un marco teórico de los aspectos socioeconómicos de la población, así como del proceso del desminado Humanitario, con la recolección de información de las páginas oficiales y requerimientos de información específica realizados a las instituciones.

Para el análisis documental se utilizó Excel (hojas de cálculo y gráficas), mediante el cual se realizó el análisis descriptivo-comparativo de los datos. De acuerdo con Kalman y Rendón, (2016) “una de las ventajas de las hojas de cálculo es que ponen en juego los datos desde diferentes ángulos y favorecen su triangulación [...] facilitan la realización de búsquedas y agilizan la depuración de las categorías de análisis” (p. 33).

La investigación se desarrolló siguiendo las siguientes fases: (a) se organiza un marco teórico como sustento del origen del proceso del desminado humanitario, su metodología, procedimiento y alcances; (b) se recopiló la información correspondiente al municipio de Sabana de Torres principalmente de su historia; (c) se analizaron los planes de desarrollo 2016-2019 con 2020-2023, buscando diferencias relevantes en los aspectos de desarrollo de la localidad; (d) se realizó el análisis de los índices delictivos 2014-2019. Las condiciones de ruralidad y las medidas tomadas por la pandemia por COVID-19 dificultaron la comunicación directa con las víctimas, por tanto, esta investigación no cuenta con sus voces. Es importante, una vez desarrollado el proceso de desminado, dar continuidad a la construcción de una estrategia integral que permita fortalecer todos los componentes sociales de acuerdo con las características de cada población.

Colombia ha trazado su historia con varios eventos, unos marcados por la violencia y el conflicto armado interno. Además, ha contado con la participación de diferentes actores como el crimen organizado, la delincuencia común, las autodefensas, la guerrilla, así como el narcotráfico (Acevedo y Rojas, 2016; Pecaut, 1997; Restrepo y Aponte, 2009). Estos han dejado una huella profunda en las poblaciones afectadas a lo largo del territorio nacional, algunas con mayor intensidad y con índices de criminalidad muy por encima del promedio.

En el marco del conflicto armado se han evidenciado constantes cambios relacionados directamente con “los planes de expansión, fortalecimiento y adaptación de los grupos guerrilleros” (Prieto et al., 2014, p. 9); así como las actividades de control implementados por el Estado colombiano para restablecimiento del orden, “contrarrestar su accionar, la relación de fuerza entre los actores del conflicto y el desarrollo de diálogos de paz” (Prieto et al., 2014, p. 9). Es imprescindible reconocer en el conflicto armado una dinámica de violencia para ejercer el control sobre la población a través de ataques a la fuerza pública, que involucran directamente a la comunidad, el desplazamiento forzado, secuestros, masacres, extorsiones, homicidios, reclutamiento de menores y víctimas de minas antipersonales, entre otros. Todo deja a su paso un alto impacto humanitario representado en innumerables elementos de afectación en las víctimas, así como los daños y las secuelas de carácter físico, psicológico y económico ocasionados directamente sobre las víctimas. Además, en las pérdidas materiales, el deterioro social y el desvanecimiento de la economía de la población en general. Cabe agregar el alto daño ambiental ocasionado por los atentados contra las zonas de exploración, explotación y transporte petrolero, áreas eléctricas, de comunicaciones, las multinacionales, la explotación minera y la estructura económica. Estos se caracterizan por ser ataques de bajo esfuerzo militar propios del accionar político y militar de los grupos guerrilleros, pero tiene la capacidad de desgastar la fuerza pública.

Las zonas de frontera son, por lejos, las más afectadas por la violencia (Pecaut, 1997, pp. 5-6). Zonas como el Catatumbo, Tumaco y Putumayo, aprovechadas por la facilidad de movilizarse a otras regiones sin ser detectados, brindan importante ventaja para desarrollar actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de armas y de drogas (Prieto et al., 2014, p. 40). La lucha del Estado dirigida a la disminución de la capacidad militar y territorialidad, minimiza el accionar armado ilegal a través de la puesta en marcha de planes y operaciones de la fuerza pública desde el 2003, logrando los más bajos índices en el 2006 (Echandía y Salas, 2008, p. 37). Así, en primera instancia se ha logrado la presencia estatal con el ingreso de la fuerza pública e instituciones locales en las diferentes poblaciones y la disposición para entablar negociaciones, además de implementar el proceso de paz, con la participación de organizaciones internacionales. Actualmente, se atraviesa la etapa del postconflicto como se evidencia.

El conflicto armado se desarrolla con la presencia de tres actores: primero, el Estado a través del trabajo de la fuerza pública en la recuperación del territorio, gobernabilidad y confianza de la población civil; segundo, los grupos guerrilleros, paramilitares y de delincuencia organizada en su estructuración, accionar y reacción ante las dinámicas del Estado, y tercero, la postura de la población civil dirigida a no salir afectada en medio de los enfrentamientos, la polaridad o la vinculación con alguno de los grupos al margen de la ley.

Según información de la base de datos del conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP):

Entre 1999 y 2002, el 57 % de la actividad armada tanto de guerrillas como de la fuerza pública se concentraba en ocho departamentos (Antioquia, Meta, Arauca, Cundinamarca, Caquetá, Cauca, Huila y Putumayo); entre 2003 y 2007 siete departamentos concentraron el 57 % de la actividad y a diferencia del lapso anterior, Cundinamarca, Arauca y Huila dejaron de ser zonas activas mientras que Nariño y Tolima se posicionaron como lugares de confrontación armada. Entre 2008 y 2010, el mismo número de departamentos concentraron el 62 % de las acciones del conflicto armado (Meta, Cauca, Antioquia, Caquetá, Nariño y Arauca); y entre 2011 y 2012 se pasó a cinco departamentos que concentraron el 61 % de la intensidad del conflicto (Cauca, Meta, Antioquia, Caquetá y Nariño). Finalmente, la Base de Datos del Conflicto de la FIP indica que en 2013 el 62 % de la actividad armada se concentró en cinco departamentos Cauca, Putumayo, Antioquia, Nariño y Caquetá. (Prieto et al., 2014, p. 22)

Los programas desarrollados de forma consecutiva desde el gobierno nacional, para el reingreso y fortalecimiento de la fuerza pública, focalizado en las poblaciones con mayor incidencia de enfrentamientos y presencia de los grupos armados, han permitido la recuperación del control de dichos territorios, la reducción paulatina de enfrentamientos y lugares de concentración del conflicto en pocos departamentos. Si bien esto aún significa la presencia de estos grupos y de actividades delictivas asociadas, también reconoce el control asumido en las zonas donde antes era casi imposible su ingreso. Zonas con especiales riquezas naturales sin poder ser aprovechada hasta el momento por sus habitantes para el crecimiento social y económico.

La actividad delincuencial en cualquiera de sus tipologías representa un reto para los entes de control, en la constante búsqueda e implementación de mecanismos que garanticen la seguridad y convivencia ciudadana. Esto contrarresta la permanente mutación del accionar delictivo, los efectos directos a las víctimas y transversales a la comunidad en general.

Dicho lo anterior, el conflicto armado hacia la primera década del siglo XXI dejaba como resultado un contexto de muchos desafíos. Al cierre de la primera década del siglo XXI, “el impacto económico total del cese de la violencia habría sido de 28 billones de dólares estadounidenses para los últimos cuatro años (2006-2009). El 12,9 % del producto mundial bruto” (Schippa, 2010, p. 74). Una cifra cuyo valor económico supera a las que podría dejar las dos experiencias analizadas aquí.

Cuantificar los efectos económicos tanto del desminado humanitario como del conflicto armado se vuelve una tarea necesaria para diversas instituciones estatales y académicas (Álvarez y Rettberg, 2008, p. 32). Sin embargo, exige atender un componente de análisis, “el conflicto armado no ha sido el principal actor del desarrollo económico colombiano” (García y Quiroga, 2017, p. 55); menos en una economía del posconflicto, cuando los autores atribuyen como motor de dicho atraso a la deficiente gestión pública. Esta cuestión no es el caso de las experiencias del desminado humanitario en las zonas examinadas; más bien encaja dentro de cierta confianza de lo que se espera lograr afín a otras experiencias cuando,

Los desminadores reconocen los efectos del impacto social que tiene su labor para el retorno de las comunidades a sus lugares de origen, para que sea posible la devolución y recuperación de tierra productivas que habían sido abandonadas por el riesgo de presencia de MAP y MUSE. (Macías y Corcione, 2020, p. 171)

A través del desarrollo del conflicto armado se ha reconocido el uso de las MAP, como un mecanismo que tiene como fin generar dolor, incertidumbre, terror, zozobra, pérdidas humanas y materiales, impedir el ingreso de los entes del Estado y a la postre erosionan el desarrollo de toda comunidad donde han sido empleadas estas armas. Las zonas de uso de las minas antipersonales se caracterizan por ser generalmente de difícil acceso y en condiciones de atención médica precaria, sin los mecanismos de atención básicos. Los efectos en las víctimas se dan sin distinción alguna, por lo que hacer uso de estos elementos es una clara violación a los Derechos Humanos y una infracción del Derecho Internacional Humanitario (AICMA, 2020d; Convención de Ottawa, 1997). El nivel de efectividad de las minas antipersonales sobre la fuerza pública y la población civil deja a su paso un alto índice de desplazamiento y abandono de tierras en las zonas del conflicto armado.

Las minas antipersonales se encuentran clasificadas como un tipo de armamento terrestre peligrosamente efectivo, cuya activación se hace a presión con un pequeño peso. Tiene como finalidad principal incapacitar al enemigo, causando lesiones de gravedad musculares y de órganos internos, mutilaciones, quemaduras y hasta la muerte. Generando un colapso tanto en los servicios médicos como en la moral de las tropas enemigas, así como en la población civil (AICMA, 2020a; Convención de Ottawa, 1997). Los desafíos enfrentados por las víctimas de los artefactos explosivos son a largo plazo como discapacidad, afectación psicológica o exclusión económica y social (Campaña Colombiana contra Minas, 2014, p. 1).

La mina explosiva cuya activación se realiza al ser pisada directamente por la víctima es la más empleada. Sin embargo, también se emplean –aunque con menor frecuencia– las minas direccionales de fragmentación y las minas saltadoras, con un rango de acción más amplio. Estas logran matar o mutilar no a una sino a grupos enteros de personas ubicadas en radio de acción letal (Cauderay, 1993). Además, se caracterizan por poder ser adquiridas a un bajo costo, pequeñas y livianas; lo que implica facilidad en su transporte, camuflaje y manejo.

Información suministrada en la página web de la Cruz Roja Internacional, plantea que:

Se calcula que hay más de 110 millones de minas repartidas en más de 64 países (la mayoría en África). Cada año más de veintiséis mil personas mueren o sufren traumáticas mutilaciones debido a las explosiones de estas armas. Pueden permanecer activas durante más de cincuenta años después del fin de un conflicto [...] Como resultado de los conflictos armados no internacionales y las guerras presentadas en países como Camboya (10 millones de minas; uno de cada 236 ciudadanos está mutilado), Angola (9 millones de minas; uno de cada 470 habitantes está mutilado) Bosnia-Herzegovina, Afganistán, El Salvador, Nicaragua, Colombia (En 2009 se reportaron un total de 777 víctimas de minas antipersona en Colombia), Perú (en sus fronteras con Ecuador y Chile), Sudán, Mozambique, Somalia, Irak y Sahara Occidental. (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2012)

Lo anterior es razón por la cual diferentes instituciones internacionales se han dado a la tarea de generar controles para el uso de este material, y facilitar la intervención de las zonas afectadas con miras a minimizar los riesgos generados.

Para el caso de Colombia se presentan alrededor de 1000 víctimas por MAP y Artefactos Explosivos (AEI) cada año, superando los índices internacionales. Su uso se agudizó en los enfrentamientos por parte de las FARC y la fuerza pública entre 2011 y 2013 como lo plantea Arango (2010). Los eventos de víctimas por MAP en la actualidad suceden por los cercos instalados a manos de la guerrilla para evitar el ingreso de la fuerza pública e impedir la erradicación manual. Las MAP abandonadas al término del conflicto y en ausencia de una referencia de su ubicación siguen ocasionando daños en la manipulación y activación accidental. Esto es una amenaza latente e impide el uso, la recuperación y la explotación de la tierra, y con ello un constante impedimento del desarrollo económico y social. De esta manera se convierte en un imperativo social y gubernamental realizar el proceso de desminado en las zonas afectadas, un proceso de alto costo y a largo plazo.

En términos del análisis también se generan tareas pendientes para entender y comprender sus alcances en el corto y mediano plazo. Por ejemplo, dentro de los circuitos comerciales y dominio territorial del municipio de Sabana de Torres, se debe caracterizar un antes y después del desminado humanitario en los usos de la tierra, las actividades productivas comprometidas con la guerra, tal como los efectos sobre la economía local y nacional. Esto comporta no solo un examen de los sectores sociales afectados y una variación en la estructura familiar, sino también en esos alcances propicios del desminado humanitario. A saber, podrían gravitar entre redefinir las relaciones de la ciudad con el campo, abrir proyectos productivos y de desarrollo, así como reparar los daños al medioambiente. A fin de cuentas, propender a disminuir los gastos del Estado por indemnizaciones a la población afectada y gastos para destruir las minas antipersonales. Lo anterior comienza por la aplicación de los pactos internacionales.

Los estudios realizados con relación a los daños causados por las minas o artefactos explosivos al medioambiente son escasos. Sin embargo, se han podido determinar los efectos dañinos ocasionados como la erosión por la pérdida de capa del horizonte más productivo; mayores concentraciones de nitrato y nitrógeno amoniacal por encima de los valores requeridos para la actividad agrícola; y generadores de afectaciones a la salud animal y humana. Además, de la destrucción de flora y fauna, alteración y remoción en la composición de las muestras de suelo, los daños ocasionados están directamente relacionados con la tipologías de explosivo, profundidad y cantidad empleada (González et al., 2020, p. 5).

El uso de las minas antipersonal se desarrolló en el ámbito mundial, presentando un alto índice de victimización y de impacto humanitario. En razón de ello se dio origen al Tratado de Ottawa, como mecanismo para la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y trasferencia de minas antipersonales. Y sobre su destrucción, a través del proceso de desminado humanitario a lo largo y ancho de cada Estado afectado por el conflicto armado interno o a nivel internacional con fundamento en el Derecho Internacional Humanitario (DIH). El Tratado de Ottawa en su artículo aclara cómo no incluye las minas contra carro o anti vehículos ni las municiones “detonadas a distancia” (Convención de Ottawa, 1997).

La Convención tiene una característica especial por incluir la provisión de asistencia a las víctimas, logrando así trascender a un Tratado de Desarme Humanitario. La Convención se inauguró a la firma el 3 de diciembre de 1997 en Ottawa y entró en vigor el 1.° de marzo de 1999. El tratado logró tal impacto que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1997. En el caso de Colombia, posterior a su firma y ratificación, entró en vigor el 1.° de marzo de 2001. Se implementó toda la base jurídica a través de la Ley 759 de 2002 y Decretos Reglamentarios para la realización del desminado humanitario, abordando todo el esquema de recopilación de información, educación y atención integral a Víctimas (AICMA, 2020b).

La Ley 1448 (2011), en su artículo 3, determina quienes son considerados como “víctimas” y es importante resaltar varios aspectos: en primer lugar, habla de “individual o colectivamente” reconociendo la injerencia de la problemática, no solo para el individuo, sino comprendiendo el entorno; en segundo lugar, especifica la fecha desde la cual se hace el reconocimiento contemplando “a partir del 1.º de enero de 1985” (Ley 1448, 2011); en tercer lugar, contempla en el parágrafo 1 las condiciones de reconocimiento económico para los miembros de la fuerza pública y en el parágrafo 2 los integrantes de los grupos armados organizados al margen de la ley que no se consideran víctimas, con relación a las consideraciones de la normativa internacional sobre violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (Ley 1448, 2011, p. 2).

El proceso de extracción y destrucción de las MAP implica costos muy elevados y grandes riesgos, bien sea de tipo operacional o humanitario. Desde costos de personal, equipamiento y capacitación, tanto para los encargados de retirar las minas de acuerdo con los protocolos y estándares internacionales para su destrucción, así como para la educación en manejo de situaciones en las cuales estos elementos sean encontrados, dirigidos especialmente a los niños. A pesar de los grandes avances científicos para la ubicación de este material, las condiciones geográficas características del país hacen que la gran mayoría de estos equipos no sean funcionales haciendo más difícil y lenta la reactivación de los territorios.

La finalidad del desminado humanitario va más allá de la destrucción de las MAP: “Los retos del proceso de desminado humanitario incluían entre otros garantizar la seguridad a los habitantes, reparar la infraestructura y la institucionalidad pública destruidas, implementar planes de desarrollo local orientados a reconstruir la economía local e impartir justicia” (Cabrera y Pachón, 2017. p. 81). Esto implica un conglomerado de acciones minuciosas de ubicación, mapeo, recolección de información e identificación de las víctimas y zonas contaminadas. El desarrollo del proceso de ubicación y extracción de las minas antipersonales se puede observar en el vídeo de las Fuerzas Militares de Colombia (2016), el cual relata paso a paso esta actividad.

En Colombia se encuentran diferentes instituciones desplegadas a lo largo y ancho del territorio nacional. Inicialmente se creó y destino la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario n.º 1 del Ejército Nacional y la Agrupación de Explosivos y Desminado de Infantería de Marina (Aedim) de la Armada Nacional. Posteriormente se incluyeron diferentes organizaciones, algunas de carácter no gubernamental e internacional, para el desarrollo de la actividad en observancia de los estándares internacionales y la reglamentación nacional, a la fecha, se cuenta con once organizaciones acreditadas (AICMA, 2020b).

En razón a la complejidad y los riesgos presentados en el proceso de desminado humanitario, Colombia desarrolló un convenio con la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la oficina de MAP-OEA en Colombia para el monitoreo permanente en cumplimiento de los requerimientos y estándares establecidos, capacitación entrenamiento y evaluación del personal, máquinas y caninos detectores de minas, en cada una de las diferentes fases. En la actualidad se encuentra en aplicación el Plan de Operaciones de Desminado Humanitario 2020-2025, que cuenta con la participación de dos organismos internacionales como garantes de la gestión de calidad y la asistencia técnica para facilitar el cumplimento de las metas trazadas. A la fecha se han despejado 6 757 643,27 m² (AICMA, 2020b).

El desarrollo del desminado humanitario se compone de tres fases: (1) Estudio No Técnico (ENT); (2) Estudio Técnico; (3) Despeje. Está ultima es quizás la más compleja y de mayor riesgo: dirigida a remover y destruir todas las MAP y Municiones Sin Explotar (Muse). Se desarrolla a través de varias técnicas, a saber:

• Manual: realizada por los desminadores, personas entrenadas para la inspección manual del terreno, quienes realizan la búsqueda en sendas de despeje para localización y posterior disposición de AE, detector de metales y una sonda o equipo de excavación. Es una labor de alto riesgo por lo que se realiza previamente la selección de personal y su capacitación en acatamiento de los estándares y normas de ejecución del procedimiento.

• Mecánico: empleo de equipos barreminas manipuladas a control remoto lo que permite minimizar los riesgos de afectación y se hace un mayor cubrimiento en menor tiempo. Debido a su peso no son de fácil transporte y acceso en determinadas zonas.

• Canino: se hace el cubrimiento del terreno con caninos entrenados para la detección de los explosivos.

Si bien el proceso técnico del desminado humanitario tiene establecido claramente su desarrollo, no deja de ser una actividad de alto riesgo para el personal comprometido con la tarea de despeje, el evidente daño ambiental justificado en la prevención de daños y afectaciones humanas, es otra de las circunstancias agravantes del uso de las minas antipersonales (AICMA, 2020a).

Toda esta actividad se complementa con la Educación en el Riesgo de Minas (ERM) basada en la pedagogía para la sensibilización y fomento de la cultura de comportamientos seguros, buscando cambios de comportamientos y la gestión del riesgo comunitario.

En aplicación al Tratado de Ottawa se estructura la asistencia a las víctimas a través de la Ruta de Atención, cuya finalidad es articular las entidades responsables en la asistencia integral (Asistencia, Atención y Reparación). Como característica especial contempla una ruta especial para la atención de los niños, niñas y adolescentes víctimas de MAP/Muse.

De acuerdo con Echandía et al. (2002, p. 12), de las múltiples expresiones presentadas en el conflicto armado el departamento de Santander hizo parte de los 11 departamentos con mayor afectación por acciones de los grupos armados ilegales, aportando un 7 %, después de Antioquia (17 %) y Arauca (10 %). Estas condiciones son determinantes en la crisis humanitaria reflejada en altos índices de desplazamientos, abandono de las tierras y el temor a ser víctimas en medio del uso de dichos dispositivos.

El Observatorio de Minas Antipersonal (2003) presenta el registro nacional de población desplazada por la violencia, recopilada por la Red de Solidaridad Social. Señala que:

En Santander, hasta el 15 de diciembre de 2002, se desplazaron 29 561 personas (6554 hogares) hacia otros departamentos; a la misma fecha habían arribado 45 823 personas que equivalen a 10 251 hogares. Entre 1990 y diciembre de 2002 se presentaron en el departamento un total de 374 eventos (277 accidentes, 97 incidentes) causados por minas antipersonal o por explosivos abandonados sin detonar [...] equivalentes al 18,6 % de los 2006 presentados en el mismo período a nivel nacional. (Observatorio de Minas Antipersonal, 2003, p. 2)

En atención a los altos índices presentados, el departamento fue incluido en el desarrollo del Desminado Humanitario, cuya actividad comenzó en el año 2011, declarando 32 municipios libres de sospecha de minas Antipersonales. En 14 municipios se encuentran adelantando dicha actividad (AICMA, 2020b).

Sabana de Torres está ubicado en el corredor del Magdalena Medio, al noroeste del departamento de Santander y a 110 km de Bucaramanga –capital del departamento–. Tiene población con base certificada Nacional (Corte abril 2020. Cuarto Corte Resolución 3912 de 2019): población urbana 19 445; población rural 11 870; para un total de 31 315 en el año 2019. Las actividades económicas y agropecuarias principales del Municipio de Sabana de Torres son del sector primario, entre ellas la agricultura, la ganadería de doble propósito y los cultivos de palma.

En el sector agropecuario los cultivos de arroz, frutales y otros en mediana producción como la yuca y el maíz. El desarrollo de Sabana de Torres se ha dado por la perspectiva de medios de producción e infraestructura como los hidrocarburos, la apertura de la Troncal del Magdalena Medio hoy llamada Ruta del Sol, incrementando la agricultura y la ganadería de doble propósito. En la parte agrícola la Palma Africana productora de Aceite genera el mayor número de áreas sembradas, apoyados por asociaciones como Asopalsat, Empresas particulares como Indupalma, Palmas Bucarelia y Palmeros de Puerto Wilches. (Concejo Municipal Sabana de Torres, 2020, p. 50)

El transporte aéreo no se encuentra habilitado hasta no cumplir con el reglamento Aeronáutico. En materia de transporte terrestre se cuenta con un buen servicio intermunicipal y veredal, cubriendo las rutas de acceso al municipio desde los diferentes lugares del territorio nacional.

El municipio cuenta con el Cabildo Verde Sabana de Torres, una organización reconocida jurídicamente por el Ministerio de Agricultura, de carácter comunitario y sin ánimo de lucro, cuya Misionalidad ha permitido la participación ciudadana y la articulación de todas las autoridades locales en la protección, conservación y recuperación de los recursos naturales renovables y del medioambiente. Genera importantes resultados en la educación ambiental, protección de los ecosistemas y conservación de fuentes hídricas, entre otros (Cabildo Verde de Sabana de Torres, 2020).

Sabana de Torres se vio abocado a una violencia protagonizada por la presencia de guerrilla a finales de 1982. Posteriormente llegaron grupos de autodefensas en cuyos enfrentamientos y persecuciones sembraron terror con el asesinato de simpatizantes de corrientes de oposición política, concejales, integrantes de la Unión de Mujeres Demócratas (UMA), dirigentes sindicales y atentados contra las sedes del Sindicato Agrario. En la década de los noventa se vieron directamente perseguidos los militantes de la Unión Patriótica (UP); en 1987 fue asesinado el alcalde de la localidad Dr. Álvaro Garcés Parra, militante de la UP junto con dos de sus escoltas y una mujer que se encontraba en el mismo lugar. Los funcionarios públicos también fueron víctimas de asesinato y atentados información suministrada por la Alcaldía Municipal de Sabana de Torres.

En 1989 el Comité Regional de Derechos Humanos fue una de las primeras organizaciones en brindar apoyo a las víctimas de los crímenes perpetrados. Las víctimas se siguen presentando con el aumento de los casos de homicidios, desapariciones y desplazamiento de familias completas, quedando casi sola la población aunada al ambiente de toque de queda para minimizar los riesgos de ser víctima de los hechos de violencia.

Debido a la historia de violencia y a la afectación que esto trajo para el desarrollo del Municipio, Sabana de Torres fue declarada según el Decreto Nacional 1650 de 2017 Municipio de Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac), lo que le permite acceder a estímulos a la inversión mediante incentivos tributarios para las empresas y nuevas sociedades que desarrollen allí su actividad económica. (Gobernación de Santander, 2020, p. 74)

De acuerdo con lo manifestado por el comandante del Batallón de Desminado Humanitario n.º 3, para el 2017 “En Sabana de Torres encontramos y destruimos 13 minas antipersonal y una munición sin explosionar, se despejaron manualmente 78.787 metros, correspondiente a 1 428 000 m² liberados de sospecha de minas” (Gobernación de Santander, 2017). La tabla 1 muestra los eventos presentados en el municipio con minas antipersonales, elaborada de acuerdo con la información estadística presentada por la oficina de descontamina Colombia.

Tabla 1
Eventos por minas antipersonales en Sabana de Torres

Nota. Tomado de AICMA (2020c).

La población del municipio de Sabana de Torres presenta una disminución notoria del año 2014 al 2017. En el año 2018 se da el aumento contrastando con la finalización del proceso de desminado humanitario y la declaración de “municipio libre de sospecha”. Continúa su aumento en el 2019 llegando a 31 755 con una diferencia de 5849. Esta condición se debe en gran parte al retorno de las familias a sus hogares.

Las condiciones de seguridad han permitido la construcción y adecuación de las vías terrestres de la ruta del sol y la adecuación de la malla vial con la intervención del gobierno nacional y departamental. Esto generó un alto impacto en el transporte y el turismo, los cuales representan un factor de impulso económico en la generación de nuevos empleos, en el acceso al comercio, además, minimiza los costos de transporte de personas y de carga, no se pierde el activo de producción ni el acceso a la información y la educación; quedando aún por desarrollar las vías terciarias para acceso al sector rural.

El estudio de la competitividad de los municipios de Santander realizado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, et al. (2018) permite evidenciar al municipio de Sabana de Torres con un puntaje de 3,46 quedando en el puesto 11 dentro de 25 municipios, por encima del valor promedio. La evaluación corresponde a tres indicadores estimados por el DANE: el primero es la cantidad de personas con base en el censo 2005; el segundo el valor agregado por habitante; y, por último, el Índice de Pobreza Multidimensional que está construido por 5 dimensiones. Estas son condiciones educativas, condiciones de la niñez, salud, trabajo, condiciones de la vivienda y acceso a los servicios públicos domiciliarios (DANE, 2019). La figura 1 permite observar los valores obtenidos y su posición con referente a los demás municipios quedando en el 10.° puesto subiendo dos puestos en comparación al puesto 12.° obtenido en el año 2018.

Figura 1
Puntaje general y posición ICM 20182019
Nota. Tomado de Cámara de Comercio de Bucaramanga et al. (2019, p. 24).

Es de resaltar que el municipio de Sabana de Torres se encuentra por encima del valor promedio de la tabla general. El índice de valor agregado per cápita presentado por el municipio de Sabana de Torres, pese a que presenta una disminución del año 2011 en 56 a 31, en el año 2015 sigue posicionándose por encima del valor promedio del departamento.

En la figura 2 se muestran los factores de evaluación y los porcentajes alcanzados, mostrando el posicionamiento del municipio dado por los factores de salud, educación básica y media, y la eficiencia en el mercado financiero en 5.°, 7.° y 10.° puesto respectivamente.

El índice de competitividad comparativo 2018-2019, observa el incremento en el puntaje obtenido por el municipio pasando de 3,75 a 3,90, respectivamente. En la evaluación general se observa cómo el municipio presenta el puntaje más alto en el factor salud con un valor de 6,96. De este comparativo se desprenden varios elementos: el primero –aunque leve–, el municipio de Sabana de Torres ha presentado un aumento progresivo en los diferentes factores de evaluación, lo que significa que las condiciones están dadas para la construcción y mejoramiento del ámbito socioeconómico, debiendo fortalecer los aspectos de instituciones, desarrollo del sistema financiero, e investigación y dinámica empresarial en la medida en que son los que presentan puntajes inferiores. También se puede analizar cómo, en 2018, los valores dados como promedio general son inferiores a los actuales, lo que significa un mejoramiento en los estándares y las condiciones a nivel departamental. Estos inciden y soportan directamente las oportunidades de crecimiento de cada municipio. La figura 3 muestra el incremento en porcentaje del año 2018 al 2019 y la ocupación del décimo puesto del municipio de Sabana de Torres.

Figura 2
Índice de competitividad municipal
Nota. Tomado de Cámara de Comercio de Bucaramanga, et al. (2018, p. 51).

Figura 3
Comparativo de la Provincia
Nota. Tomado de Cámara de Comercio de Bucaramanga et al. (2019, p. 17).

Las estadísticas delictivas del municipio de Sabana de Torres del periodo comprendido 2014-2019 fueron aportadas por la Dijin (2020).

En el aspecto de la criminalidad intervienen todo un conjunto de factores característicos de la localidad en estudio. El concepto de seguridad se deriva bien de la percepción de seguridad y satisfacción de las necesidades básicas en consideración de la realización de las actividades diarias de forma tranquila y con altos niveles de confianza.

En la mutación del delito como resultado de los diferentes controles y estrategias dispuestas desde la gestión territorial, la implementación de mecanismo para contrarrestar las diferentes modalidades características observadas como los lugares, horas y forma de ocurrencia, clase de armas empleadas, así como las características de la víctima y del victimario. Esto determina las causas y los factores que inciden en su aumento para la toma de decisiones con relación a las estrategias a través de las cuales se van a mitigar y contrarrestar dichas acciones.

Los factores de incidencia como lo demuestra el modus operandi delictivo actual no solo son internos y atañen a una población específicamente; la cercanía y el contacto con otros ambientes afectan directamente los espacios individuales. Esto permite entender la necesidad de intervenir y participar en la solución de esas problemáticas ajenas, pero cercanas, con el fin de prevenir que dichas circunstancias incidan de forma negativa en la población. Este es el caso del municipio de Sabana de Torres. Al estar ubicado en la región del Magdalena Medio, fue víctima de toda la violencia y las actividades de terrorismo dispuestas por los grupos al margen de la ley, actores en el conflicto armado.

En el panorama situacional, la mitigación del delito se compone de toda una cadena de elementos que se deben trabajar desde la gestión territorial de forma integral y permanente. En estos se visualiza la acción participativa de los diferentes actores desde el ámbito social, político, público y privado, contribuyendo así al afianzamiento de la seguridad y convivencia ciudadana.

A través del análisis se puede observar cómo, después de la realización del proceso del desminado humanitario (Ministerio de Defensa de Colombia, 2017), para el año 2018 se incrementó notablemente la población del municipio, así como el mejoramiento en la evaluación del índice de competitividad. Esto evidenció los factores más débiles sobre los cuales debe trabajar la gestión territorial, así como la disminución de los hechos delictivos en comparación al año 2014. Después de ser declarado libre de sospecha de las minas antipersonales hasta la fecha no se han presentado más eventos de minas antipersonales ni de ataque por la subversión.