Los resultados que aquí se presentan forman parte de un estudio explicativo y descriptivo de las grandes variables de la educación destinada a jóvenes y adultos, con foco de análisis en la provincia de Buenos Aires, en un período relativamente largo: de 2001 a 2022. Tangencialmente, se referencia también la evolución desde 1996, cuando se inicia una serie estadística publicada en los Anuarios Estadísticos. Se trabajó con las variables escuelas, estudiantes y docentes, aunque aquí se presenta exhaustivamente la evolución de la matrícula y sus distintas características: edad, sexo y egresos. El estudio analiza y describe las características de la población objetivo de la modalidad a partir de datos censales y de la Encuesta Permanente de Hogares, datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). También se compara el grado de integración e interrelación de la modalidad con la escuela secundaria común, es decir, aquella destinada a adolescentes de entre 12 y 18 años. En otras palabras, se compara la EPJA con la secundaria objeto de la nueva obligatoriedad escolar en el país y en la provincia.

En menor medida, se presentan algunos datos provenientes de encuestas que permiten aproximarse a la dimensión cualitativa del problema para recomponer algunas características de la matrícula.

En la provincia de Buenos Aires, la estructuración de la rama o modalidad se inicia en 1973 y sufre transformaciones en las décadas sucesivas. Por el Decreto 4.626/73, se crea la Dirección de Educación de Adultos, lo que da origen a los Centros de Educación de Adultos, independientes de las direcciones de Primaria y Media. En la década del ochenta se fijaron lineamientos curriculares y formas organizativas para el nivel primario de adultos y, en los noventa, se hizo lo propio para el nivel medio o secundario. En general, se trataba de un formato flexible, abierto y participativo, que contaba con consejos consultivos que reflejaban la participación de los actores del sistema. Estos consejos, hacia fines de los ochenta, se generalizarían para las demás modalidades. También el nivel primario de adultos implementó, durante los años ochenta, una estructura ciclada (no anualizada), graduada y programada de acuerdo con los intereses y las necesidades de los adultos cursantes. En la década del noventa, se implementó en territorio provincial el Programa Bonaerense de Alfabetización y Educación de Adultos, experiencias que posteriormente permitieron el desarrollo de otras propuestas de terminalidad mediante el sistema semipresencial y otros programas de alfabetización. Es decir, se promovieron distintos circuitos para garantizar la escolaridad o la certificación de conocimientos.

Con el cambio de milenio, estas ofertas de ampliación no solo se consolidaron, sino que se multiplicaron. En 2003, se crearon los Centros de Orientación y Apoyo (COA). A partir de 2008, estos espacios articularían directamente con el Plan Fines y con el Plan Provincial de Finalización de Estudios y Vuelta a la Escuela. Los COA desplegarían estrategias para generar instancias de acercamiento de la población excluida del sistema o en “riesgo”, tal como impulsaba la normativa local e internacional de la época.

La Ley de Educación Provincial (Ley n.º 13.688) contiene varios elementos que refieren a la dinámica de la modalidad, la redefinición de sus objetivos y prioridades con un encuadre flexible. Por ejemplo, en los fundamentos se define la educación de manera amplia:

Abarca el conjunto de procesos formativos que se desarrollan en todos los ámbitos sociales de la provincia de Buenos Aires desde los cuales se produce, intercambia, transmite y adquiere cultura: en las instituciones de enseñanza y aprendizaje, en los movimientos e instituciones de la sociedad civil, en el trabajo, en las actividades productivas y culturales y en los medios de comunicación. (Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 2007, Ley 13.688)

Se trata de una definición que amplía la noción de hecho educativo, así como la espacialidad en la que esos procesos pueden llevarse a cabo.

La Ley reconocía que “jóvenes, adultos y adultos mayores” tenían el “derecho al acceso, permanencia y graduación en todos los niveles”. Se mostrará aquí que, en la evolución del período en estudio, las personas adultas mayores conforman un grupo minoritario en la matrícula de la modalidad. Además, la ley bonaerense otorga a la modalidad la potestad de certificar saberes previos. Se debían construir “estrategias de reconocimiento de los saberes adquiridos en otras prácticas no escolarizadas”.

En cuanto al aumento de la obligatoriedad escolar, que ahora alcanza en la Ley Nacional a toda la escuela secundaria, la ley provincial también lo suscribe. Asimismo, se ratifica la pauta de “ingreso, permanencia y egreso” presente en la normativa mayor, así como la necesidad de flexibilizar las estrategias educativas a fin de cumplir tal fin. Se señala que:

El sistema educativo deberá proporcionar los elementos técnicos, financieros e institucionales necesarios, como parte de la política global de inclusión, y las instituciones deberán adecuar sus estrategias para integrar a los excluidos, para garantizar el ingreso, permanencia y graduación en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, de acuerdo con las posibilidades y necesidades de cada uno (Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 2007, Ley 13.688).

Como se observa, se impulsa una mayor individualización del proceso de enseñanza y la incorporación de múltiples actores para complementar el accionar estatal: “los municipios, las confesiones religiosas reconocidas oficialmente y las organizaciones de la sociedad civil” (Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 2007, Ley 13.688, art. 6). Por ello, el artículo 7 de la Ley 13.688 establece que el Estado provincial regula el conjunto de procesos formativos que se producen tanto en el sistema educativo como en “los movimientos e instituciones de la sociedad civil, en el trabajo, en las demás actividades productivas y culturales, en los medios de comunicación y en el conjunto de actividades desde las cuales se transmite, intercambia y adquiere cultura”. Es decir, todos los anteriores pueden ser agentes educativos.

Una definición muy similar aparece en el artículo 28, inciso f), para el nivel secundario. En particular, se promueve la innovación de la mano del cooperativismo y del asociativismo, una presencia que marcará los distintos programas educativos destinados a la población joven y adulta durante la etapa. El artículo 21, que define las modalidades educativas de la provincia, establece que estas pueden ser “permanentes” o “temporales”. La idea de que una modalidad puede tener un carácter temporal, en la práctica, permitió la posterior institucionalización de programas socioeducativos en programas educativos, tal como ocurrió con el Plan Fines, que se integró de manera permanente con la EPJA. Lo cierto es que una de las consecuencias de este proceso fue también la mayor fragmentación del sistema en su conjunto.

La Ley cuenta con un apartado específico para la educación permanente de jóvenes y adultos. En sus artículos 24 y 28, establece que, para el nivel secundario, debía tener una duración y un desarrollo curricular equivalente al de toda la secundaria, aunque esto sería desplegado de manera muy flexible, ya que, a priori, la duración se fija en tres años. En el capítulo X se establece que la modalidad “garantiza el derecho a la educación ‘a lo largo de toda la vida’”. Asimismo, el inciso a) del artículo 41 fijó la flexibilidad y adaptabilidad de la propuesta educativa a las cambiantes necesidades de cada sujeto destinatario. Por ello, la modalidad debía “aportar propuestas curriculares acordes con las aspiraciones, las características y las necesidades de la población destinataria, en relación con el desarrollo local y regional”. También se desarrollarían propuestas de alfabetización escolares, no escolares y a distancia para permitir la certificación de saberes. En general, la ley impulsaba el despliegue territorial de la modalidad al proponer, en su inciso f), la promoción de “proyectos de mejoramiento y fortalecimiento de las instituciones de jóvenes, adultos y adultos mayores, procurando la conformación de redes integradas e integrales de atención a las necesidades educativas en su radio de influencia”.

La normativa sancionada con posterioridad a la ley recupera lo dispuesto por la Resolución n.º 6321/95. En particular, en 1995 se unificaron los distintos planes en un único bachillerato para adultos. Se buscaba que todas las variantes respetaran el tiempo de duración de tres años de los programas, ya que se entendía que “la escolarización excesiva provoca deserción”. En segundo lugar, que las orientaciones en los planes de estudios les permitieran a las personas integrarse a la “realidad productiva”, facilitando la inserción laboral o el acceso a estudios superiores. El nuevo plan estableció cuatro orientaciones: ciencias sociales; gestión y administración; ciencias naturales, salud y ambiente; y, por último, producción de bienes y servicios (Gobierno de Buenos Aires, 1995, Resolución 6.321). Aunque las que tendrán más desarrollo en el período estudiado serán las dos primeras, con especial peso en ciencias sociales. El mantenimiento de la condición de regular requería un 75 % de asistencia anual a cada asignatura y el haber cursado, por lo menos, ocho materias cuatrimestrales al año.

En 2007, la provincia reguló los planes de estudio para la modalidad a distancia. Así, la Resolución n.º 737 aprobó los planes para el Bachillerato para Adultos a Distancia con Orientación en Economía y Gestión de las Organizaciones (Especialidad en Gestión de Microemprendimientos y Especialidad en Gestión de Organizaciones Públicas) y para la Orientación en Humanidades y Ciencias Sociales (Especialidad en Seguridad Pública y Especialidad en Gestión de Políticas Públicas). Como punto de partida, se entendía que la política debía permitir “la creación de mayores oportunidades para que jóvenes y adultos accedan a la certificación de saberes y habilidades adquiridos” (Gobierno de Buenos Aires, 2007, Resolución 737). También, luego de la realización de distintos censos, se verificaba la necesidad de ampliar la oferta destinada a esa población “mediante el desarrollo de modalidades semipresenciales y a distancia”. Entre 2014 y 2019, estas iniciativas tendrán un gran despliegue normativo.

La Resolución n.º 737 fundamentaba la necesidad de esos formatos. Se buscaba facilitar la educación de los mayores de 18 años que estaban imposibilitados de acceder a los servicios presenciales. Para estas personas, la modalidad a distancia o semipresencial era su única alternativa. Además, se entendía que se debía “romper la homogeneidad escolar en todas sus dimensiones, entre ellas el uso del tiempo, para posibilitar un desarrollo personalizado que respete los propios tiempos”.

También se estableció la duración de esos planes de estudios. Para la formación general, se aplicaba una carga de 1400 horas módulo (horas de 40 minutos), para la formación orientada 200 horas y para la especializada 160. Así, la carga horaria total ascendía a 1760 horas y un total de 44 módulos. Apenas un 15 % de las horas serían presenciales, y se establecía como duración total del bachillerato tres años, con diez meses de cursada cada uno.

En el perfil de los destinatarios, además de jóvenes y adultos que quisieran terminar o empezar el secundario, la Resolución mencionaba a beneficiarios del Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, personal de planta permanente y temporaria de la Administración Pública centralizada y descentralizada, organismos y entidades autárquicas, personal de la policía bonaerense dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires con nivel secundario incompleto, personal del Servicio Penitenciario Provincial y personal de Prefectura. Se incluía entonces a receptores de asistencia social por desempleo, así como a empleados estatales. Ese perfil, como se verá luego, se universalizará.

A partir de 2009, se iniciarían cambios fundamentales para la modalidad. Primero, a través de la Resolución n.º 3.536/09 se aprobó el “Plan Provincial de Finalización de Estudios y Vuelta a la Escuela 2009”, suscribiendo así un programa que incorporó para jóvenes y adultos la cursada semipresencial a través de un programa socioeducativo. Previamente, la provincia había suscripto con el Ministerio de Educación de la Nación el convenio marco n.º 299/08 para promover la educación permanente de jóvenes y adultos, a través del “Plan Nacional de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios para Jóvenes y Adultos”. Durante 2010, el Plan Fines articuló su implementación con el Programa “Argentina Trabaja, Ingreso Social con Trabajo” (AT), mediante convenios entre el Ministerio de Educación y Desarrollo Social. Más concretamente, la Resolución n.º 3.520/10 de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) promovió la apertura de sedes y comisiones del plan en instituciones u organizaciones sociales inscritas en los territorios donde las y los cooperativistas de Argentina Trabaja desarrollaban sus tareas. También consideraba necesario ampliar esa propuesta a “entidades gremiales que nucleen a los trabajadores organizados, como parte de una propuesta educativa de aplicación provincial”.

Estas acciones recuperaban lo establecido por la Ley provincial de educación. Por eso, la Resolución 3.520/10 promovía la realización de acciones interministeriales y con asociaciones y organizaciones representativas de la producción, el trabajo, la ciencia y la tecnología, y el Plan de Ingreso Social con Trabajo estaba destinado a “personas de los distritos más excluidos del conurbano bonaerense y tiene por objeto y por sujeto barrios, villas, comunidades, aglomerados urbanos de alta vulnerabilidad social” (Gobierno de Buenos Aires, 2010, Resolución 3.520/10).

Dos años más tarde, el Plan amplió su población beneficiaria en la provincia de Buenos Aires. La Resolución n.º 444/12 incorporó como destinatarios del Plan Fines a todos los jóvenes y adultos mayores de 18 años que no hubieran iniciado los estudios secundarios o no los hubieran concluido. Así, se eliminó el requisito de demostrar ser cooperativistas encuadrados en el Programa Argentina Trabaja. Posteriormente, otros programas también impulsaron la expansión del Fines: el Progresar y el “Ellas Hacen”. Esa articulación y ese viraje provocaron una gran expansión de las sedes del plan en todo el territorio bonaerense. También, la Disposición 99/12 estableció la tabla de correspondencia para el reconocimiento de materias de trayectorias educativas previas. En las equivalencias, se fijaba la inscripción al tercer año del Plan Provincial de Finalización de Estudios Obligatorios para quienes hubieran aprobado el segundo, tercer y cuarto año de la ex Educación Media, lo mismo para los cursantes de noveno de la EGB.

Durante 2017, la provincia sancionó la Resolución n.º 713/17, que ampliaba en el territorio provincial los alcances del Plan Provincial de Finalización de Estudios Obligatorios-Fines para el período 2016-2019. La normativa establecía que la finalización de los estudios secundarios constituía un objetivo social, político y cultural prioritario, y por ello extendía el programa con el objeto de dar cumplimiento a las metas de obligatoriedad fijadas en la Ley Provincial de Educación. Construye así un espacio curricular e institucional específico para aquellos que no hubieran terminado o iniciado sus estudios primarios o secundarios. Como espacios institucionales se habilitaban escuelas primarias de adultos, CENS o “espacios públicos o privados que reúnan las condiciones para el dictado de clases”. Esos espacios alternativos y la evaluación sobre el cumplimiento de requisitos básicos para el funcionamiento eran responsabilidad del inspector de enseñanza de la Modalidad de Adultos. A su vez, la Resolución n.º 713/17 fijó un mínimo de 15 estudiantes en zonas urbanas y 5 en zonas rurales para la apertura de una comisión de Fines o la conformación de grupos. No obstante, la normativa no preveía un número máximo de inscriptos para habilitar un desdoblamiento de cursos, como sí ocurre en la modalidad común. También aumentó la carga horaria de cursada para los alumnos, incorporando un tercer día de cursada presencial optativo mediante el esquema de tutorías.

Finalmente, en 2019 se avanzó con la modificación de los mecanismos de cursada en la modalidad tradicional de adultos, incorporándose el esquema de semipresencialidad.

Como puede verse hasta aquí, en general se observa que la Ley Provincial de Educación y las distintas acciones educativas dirigidas a jóvenes y adultos buscaron flexibilizar la modalidad a fin de impulsar la terminalidad educativa. En el próximo acápite se mostrará cómo evolucionó durante la etapa la educación dirigida a jóvenes y adultos en territorio provincial. De alguna manera, se analizará el grado de éxito de tales disposiciones a partir del examen de estadística educativa.

Para contextualizar los alcances de este trabajo, se recuerdan los datos de la modalidad en todo el país. Entre 2001 y 2019, en Argentina, la matrícula del nivel secundario de la educación permanente de jóvenes y adultos aumentó un 26 %, proceso que se vio interrumpido por la pandemia del COVID-19. En general, se observa una “feminización” de la matrícula, dado que crece la presencia de mujeres en la modalidad, así como la mayor presencia de población joven (menos de 29 años). La cantidad de egresados crece en mayor magnitud que la matrícula. Los egresados de la modalidad crecieron un 129 % entre 2001 y 2022 en todo el país. En el ámbito nacional, la EPJA aporta 1 de cada 5 egresados del nivel secundario. Corresponde entonces mostrar los datos para las jurisdicciones de referencia en este artículo.

En la medida de lo posible, agregaremos algunos datos del programa Fines 2 (o Trayectos), que, como se vio en apartados anteriores, tuvo un gran impulso en el plano normativo.

Si bien nuestro período de análisis refiere al intervalo 2001-2022, conviene revisar la evolución desde 1996, momento en el que se inicia una nueva sistematización de datos, porque muestra el impacto que tuvo la reforma en la duración de los planes, que pasó de cinco a tres años.

Un primer dato para destacar es la mayor presencia estatal que la modalidad tiene en territorio bonaerense en comparación con la media nacional. En 1996, casi un 93 % de la matrícula del nivel secundario estudiaba en escuelas estatales, cifra similar a la observada en 2001. A lo largo de la etapa, se produce una mayor estatización, ya que para 2022 un 95 % de los estudiantes de la EPJA lo hacían en el circuito estatal, que registraba 170 541 estudiantes sobre un total de 179 527 en el nivel.

En segundo lugar, como se ve en la Figura 1, entre 1996 y 2000, la matrícula se multiplica por más de cuatro, al pasar de 44 398 alumnos a 202 525. A partir de 2001, la cantidad de estudiantes en la modalidad disminuye de forma sostenida, contracción que se prolonga hasta 2008, cuando la matrícula de las escuelas secundarias para jóvenes y adultos de la provincia de Buenos Aires registra un total de 162 416 alumnos. Se puede extraer una primera conclusión: el acortamiento de los planes de estudios parece impulsar la incorporación de estudiantes, proceso que también se produce en un contexto de aumento del desempleo, que medido en términos oficiales alcanza casi un 20 % en 2002 y, sumando la subocupación o los “desalentados”, se duplica (Villanova, 2020). La incorporación de población a la modalidad puede ser vista como una forma de mejorar las condiciones de empleabilidad en contextos de crisis, y la posterior contracción hasta 2008 resulta de la relativa mejora económica de esos años.

Coincidiendo con la promulgación de la Ley Provincial de Educación y las primeras medidas orientadas a flexibilizar la modalidad, se produce un nuevo período de crecimiento que rompe con la relativa estabilización en la cantidad de estudiantes de los años previos, en torno a un promedio de 165 000 estudiantes. Con algunas oscilaciones, se inicia una nueva fase de crecimiento que se extiende hasta 2019, momento en el que se registra la mayor cantidad de estudiantes en la modalidad, con un pico de 245 479 estudiantes. El impacto de la pandemia del COVID-19 retrae la matrícula de la modalidad a los niveles de 2009-2010.

Figura 1
Buenos Aires. Cantidad de estudiantes de nivel secundario. Modalidad de jóvenes y adultos, 1996-2022
Fuente: elaboración propia con base en Relevamiento Anual, DINIECE/DINIEE (1996; 2022).

Así, se observa que entre 1996 y 2019 la matrícula crece casi un 440 %, cifra que se reduce a apenas un 22 % si se examina el período 2001-2019. Puede extraerse una primera conclusión: la modalidad crece a medida que los planes se flexibilizan. Debe considerarse, además, que recién en 2017 se excluye a la población de 15 a 17 años con años de deserción como posible población que transita por la EPJA. También se observa que la cantidad de estudiantes en la modalidad se vio sensiblemente afectada por el impacto de la pandemia: la matrícula de 2022 representa un 73 % de la matrícula de 2019, proceso del que, hasta la fecha, no parece haberse recuperado. Los datos pueden observarse en la Figura 1.

Sin embargo, esa evolución global debe analizarse a la luz del impacto de los programas socioeducativos que se desplegaron durante la etapa, ya que, como se mostrará, estos traccionaron matrícula del circuito tradicional de adultos. A continuación, se presenta nuevamente la evolución incorporando dos variables adicionales: los estudiantes en el formato de fortalecimiento/Fines 2 y la cantidad de egresados.

Figura 2
Buenos Aires. Cantidad de alumnos, EPJA, fortalecimiento y egresados. Modalidad de adultos, 1996-2022
Fuente: elaboración propia con base en Relevamiento Anual, DINIECE/DINIEE (1996; 2022).

Antes de iniciar el análisis, se debe mencionar que la sistematización de datos provenientes de programas de fortalecimiento se inicia recién en 2017 en el país, aunque para la provincia contamos con datos desde 2013. En primer lugar, como se registró más arriba, hasta 2012, la evolución en la cantidad de estudiantes muestra un primer impulso hasta el 2000, valores en los que se estabiliza hasta 2002 para luego comenzar una primera contracción en la cantidad de estudiantes, ya que en 2003 la matrícula se ubica en 184 727 estudiantes, descendiendo hasta 2008 cuando toca su piso más bajo con 162 416. Precisamente, la presentación del Plan Fines 2 en el ámbito nacional y provincial permite a la modalidad incorporar matrícula primero de forma más modesta hasta 2012 y luego sí con mayor impulso. Este crecimiento proviene principalmente de la introducción de programas de fortalecimiento y socioeducativos, como el Fines 2. Como muestra la Figura 2, en 2013 la cantidad de estudiantes en programas era de 17 604, y alcanza su pico más alto en 2019, cuando la cantidad de estudiantes sube a 115 504, es decir, un crecimiento de un 656 %.

Se debe destacar que ese impulso podría haber sido mayor, ya que el registro oficial del Fines 2 resulta fragmentario y los datos de distintas fuentes no armonizan. Por ejemplo, mientras que la nación registró en el primer semestre de 2017 un total de 135 300 inscriptos al plan en la provincia de Buenos Aires (Ministerio de Educación de la Nación, 2018, p. 16), las mediciones provinciales contabilizaban en sus estadísticas para el mismo año un total de 149 271 personas inscriptas en secundaria de adultos en todas las variantes. El desglose por tipo de circuito recién aparece en los datos provinciales a partir de 2018, en sintonía con el registro nacional, y la matrícula era de 118 222 estudiantes en secundaria de adultos y 63 285 en Fines (trayectos y deudores), dato que no condice con el del año anterior. Por ello, una deuda pendiente sigue siendo la mejora en la sistematización de datos y su consistencia interna por parte de los organismos oficiales.

Esto se vincula con un segundo aspecto para destacar: la evolución diferenciada entre la matrícula que asiste a la modalidad tradicional de jóvenes y adultos —CENS, bachilleratos para adultos— y la que asiste a programas. Como muestra la Figura 2, mientras la matrícula del circuito tradicional se estanca y cae, la de programas sigue un circuito ascendente entre 2013 y 2019, interrumpido solo por la pandemia de COVID-19. Incluso, podría pensarse que se produce un traspaso de matrícula de un circuito al otro, dadas las trayectorias diferenciadas que se observan en la evolución de la cantidad de estudiantes de cada circuito.

En efecto, no puede comprenderse la dinámica de la modalidad si no se consideran especialmente las condiciones materiales en las que los hogares transitaron este fenómeno.

No se puede resumir aquí el cuadro completo, pero se mencionan dos grandes elementos: el impacto de la pobreza y las dificultades para la continuidad. En relación con el primer punto, según el Indec, en el primer semestre de 2020, un 41 % de la población era pobre, cifra que subía a un 56 % si se medía sobre la población menor de 14 años. Para los fines de este artículo, conviene recordar que la mayor incidencia se registraba en hogares sostenidos por mujeres, ya que la cifra de hogares con niñas, niños y adolescentes subía a un 67 % en el AMBA (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [Unicef], 2021a, p. 22). Para el primer semestre de 2021, la pobreza afectaba al 40,6 % de los hogares, cifra que caería casi tres puntos en el segundo semestre de ese año (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [Indec], 2022, p. 5) para retornar a cifras casi idénticas a las de 2021 dos años más tarde. Ese escenario crea condiciones para el ingreso y la salida de matrícula de la modalidad, en sintonía con el ingreso y la salida al mercado laboral.

Se podrían mencionar muchos aspectos vinculados con el impacto material de la pobreza sobre las condiciones de vida de la población, pero se señalarán solo aquellos directamente vinculados con la posibilidad de continuar estudios de manera remota. Es decir, durante la suspensión de la presencialidad que en la provincia de Buenos Aires fue total en 2020 y mediante un esquema bimodal para todo 2021. En primer lugar, la falta de dispositivos constituyó una barrera que impidió la continuidad escolar: solo la mitad de los hogares encuestados disponían de computadora o tableta para asegurar el vínculo pedagógico (Unicef, 2021b, p. 50). Incluso en la zona del AMBA, un 38 % de las niñas, niños y adolescentes no tenían dispositivos en sus hogares, cifra que en el NEA y NOA subía al 60 %, siendo la media nacional del 45 % (Ministerio de Educación de la Nación, 2022, p. 25). No se trataba únicamente de la falta de herramientas. La falta de pericia también dificultó la continuidad de niñas, niños y adolescentes en edad escolar, así como de quienes transitaban la EPJA. Se recuerda que, en el país, 9 de cada 10 acompañantes pedagógicos de menores de 18 años fueron mujeres, un dato relevante si se considera la mayor presencia de mujeres en la EPJA en el país y, como se verá, también en la jurisdicción. Entonces, ¿qué relataron sobre sus dificultades?

Una encuesta sobre la familiaridad tecnológica mostró que, en los tres meses anteriores a la realización de la encuesta, solo un 41 % había copiado un archivo en el computador, solo un tercio podía hacerlo desde el computador a otro dispositivo, apenas un 23 % había usado una hoja de cálculo y solo un 43 % había enviado un correo electrónico con un archivo adjunto. Lo que evidencian estos números son las enormes dificultades objetivas de estas mujeres para llevar a cabo actividades elementales que garanticen la comunicación con las escuelas o la recepción y el envío de actividades realizadas, ya sea que lo hicieran como acompañantes de sus hijas e hijos o como alumnas, en el caso de que lo fueran. La misma interpretación debe hacerse sobre la falta de dispositivos que garanticen la continuidad escolar también en la EPJA. Como se mostró más arriba, la matrícula de la modalidad se reduce sensiblemente en los años de pandemia. Distintas entrevistas realizadas en 2020 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en una selección de escuelas destinadas a adultos mostraban que, a la hora de priorizar el uso de datos o recursos escasos, las familias priorizaban la educación de los menores en detrimento de la propia. Esta situación podría explicar tentativamente la caída de la matrícula observada durante la pandemia.

Un tercer punto para examinar se refiere a la cantidad de egresados en la jurisdicción durante el período de referencia. En esta variable, se verifica también que la unificación de los planes de estudio en tres años le imprime un gran dinamismo al sector, ya que la cantidad de alumnos que egresan de la modalidad prácticamente se triplica entre 1997 y 2002, al pasar de 9282 egresados por año a 27 642. A partir de allí y hasta 2011, la cantidad de egresados por año no deja de caer, y se ubica ese año en 18 350, el punto más bajo. La implementación de los programas socioeducativos como el Fines 2 en territorio provincial hace que la cantidad de egresos fluctúe entre 23 000 y 25 000 en los dos años siguientes, para estabilizarse hasta 2017 en valores por encima de veintidós mil. En 2018, la cantidad de egresados de la modalidad sube a 26 339, aunque al año siguiente se disminuye a 18 698. Así, la presentación del Fines permite traccionar la suba en la cantidad de egresos, que luego del impulso de los años noventa se derrumba durante el gobierno de Felipe Solá (2002-2007) y la primera gobernación de Scioli (2007-2011 y 2011-2015). Un segundo momento de crecimiento en la cantidad de egresados se observa durante la pandemia.

Como se muestra en la Figura 2, los años de pandemia impulsan de manera significativa la graduación, que, solo entre 2020 y 2022, prácticamente se duplica, al pasar de 22 153 egresados en 2020 a 44 919. Si se compara el crecimiento desde 2018, el salto también resulta exponencial.

Como hipótesis, se sugiere que, dada la mayor deserción ocurrida durante la pandemia en la escuela secundaria común, la EPJA se presenta como una opción de terminalidad para jóvenes que son atraídos al sistema mediante programas socioeducativos. Por lo tanto, es pertinente analizar la evolución etaria de la población que asiste a estas escuelas.

Cabe destacar que la sistematización de las edades de la población que concurre a la EPJA está disponible desde 2008. Un dato relevante es el impacto de la implementación del Plan Fines 2 en la provincia, que incrementó la matrícula en esta modalidad. En efecto, la franja de estudiantes de 16 a 19 años pasó de representar un 29 % en 2011 a 43,6 % en 2017. Sin embargo, en 2018 esta franja disminuyó a un 31,1 % de la matrícula total, tendencia que continuó hasta 2020 —previo a la pandemia—, cuando representó el 19,6 %. Finalmente, en 2022 se mantuvo en niveles similares a los de 2021, con un 17,7 % de la matrícula total.

Esta disminución se explica por la supresión de los bachilleratos de adultos para estudiantes de 15 a 17 años, quienes fueron derivados a las Aulas de Aceleración, quedando la inscripción en CENS limitada a mayores de 18 años, de acuerdo con una resolución del Consejo Federal.

Por su parte, la franja de 20 a 29 años representaba en 2008 un 42,2 % de los inscriptos, al subir a un 45,5 % en 2010, a un 41,4 % en 2015, y alcanzar en 2018 casi la mitad del total de alumnos (48,9 %). Si bien en 2019 esta franja cayó levemente a un 47,5 %, la pandemia no afectó el ingreso de esta población a la modalidad: en 2022, los estudiantes de 20 a 29 años constituían un 49,7 %.

Es importante destacar que, hasta el ascenso durante la pandemia, las franjas de 16 a 29 años representaban 72 de cada 100 estudiantes de la modalidad. En 2022, este porcentaje se redujo a 67 de cada 100, aunque sigue siendo una proporción significativa. Este dato resulta clave para evaluar el perfil poblacional que capta la EPJA, cuestión que se abordará hacia el final del artículo.

Finalmente, al continuar con la descripción de cada grupo etario, se observa que las franjas de 30 a 39 años y más de 40 años se contraen a lo largo del período. La primera disminuyó de un 15 % a un 10,6 % en diez años, aunque en 2019 repuntó hasta un 14,3 % y durante la pandemia aumentó, representando 18 de cada 100 estudiantes. En cuanto a la población mayor de 40 años, esta franja se redujo de un 11,4 % a un 9 % en el mismo período. Sin embargo, a partir de 2019 creció a un 13,6 %, y alcanzó en 2022 un 14,7 %. Los datos detallados pueden observarse en la Figura 3.

Figura 3
Provincia de Buenos Aires. Total de estudiantes por grupo de edad. Nivel secundario. Modalidad adultos. Ambas gestiones, 2008-2022
Fuente: elaboración propia con base en Relevamiento Anual, DINIECE-DINIEE (2008; 2022).

El relativo rejuvenecimiento de la matrícula es mencionado en algunos informes ministeriales, tanto nacionales como locales, y se verifica en el predominio absoluto de la franja de 20 a 29 años en la modalidad, en detrimento de las franjas de 30 años y más. Como se indicó anteriormente, en 2022, 67 de cada 100 estudiantes tenían entre 16 y 29 años. Esto sugiere que la EPJA sigue recibiendo población que deserta de la escuela común obligatoria, situación que se registra desde 2006, pero que se ha agravado por los altos niveles de deserción, es decir, estudiantes que abandonan el nivel sin pase, como lo indica la estadística educativa.

Asimismo, conviene revisar la composición sexo-genérica de la matrícula en esta modalidad. En 2022, un 56 % de las personas que estudiaban en la EPJA eran mujeres (85 744 de un total de 154 348), mientras que en 2001 esta cifra era de un 52 % (sobre un total de 201 678 estudiantes)^[3]. Se constata en la provincia una tendencia hacia la feminización de la matrícula, un fenómeno ya observado en el país (De Luca et al., 2023).

Finalmente, para medir el papel que la educación secundaria de jóvenes y adultos cumple en relación con el sistema educativo en su conjunto, es necesario compararla con el resto del nivel secundario. En particular, tomando dos variables: la incidencia de la matrícula y la de los egresados.

En cuanto a la matrícula, una primera comparación relevante es el porcentaje que representa la matrícula de jóvenes y adultos respecto del total del nivel secundario durante el período de estudio. Se presenta la comparación entre 2001 y 2022, pero también se incluye el período 2001-2019, para eliminar el impacto de la pandemia de COVID-19 en la modalidad, ya que, como se mencionó, fue significativo. En 2001, la matrícula del nivel secundario de jóvenes y adultos representaba un 17 % del total, como muestra la Figura 4, cifra que se sitúa seis puntos por encima de la media nacional.

Para 2019, este porcentaje se redujo un punto, y se ubicó en un 16 %, lo que refleja un mayor dinamismo en el crecimiento de la matrícula de la secundaria común. El impacto de la pandemia redujo aún más la cantidad de estudiantes en la modalidad, de modo que la proporción de la secundaria para jóvenes y adultos cayó seis puntos, y alcanzó valores similares a la media nacional, que se encuentra en torno a un 11 %.

Figura 4
Provincia de Buenos Aires. Porcentaje de la matrícula de la secundaria de jóvenes y adultos con relación a la de la secundaria común, 2001, 2019 y 2022
Fuente: elaboración propia con base en Relevamiento Anual, DINIECE-DINIEE, 2001, 2019 y 2022.

Un segundo elemento para examinar es el papel que cumple la secundaria de jóvenes y adultos en relación con la cantidad de egresados. Tal como muestra la Figura 5, entre 2001 y 2022, la secundaria EPJA sigue aportando un 24 % de los egresados totales del nivel secundario. Esto significa que casi 1 de cada 4 egresados se gradúa en escuelas para jóvenes y adultos, cifra superior a la media nacional, que se ubicaba en 1 de cada 5 (De Luca et al., 2023). Es decir, pese a que la importancia de la modalidad cae 6 puntos en ese mismo período respecto a la secundaria común, como consecuencia de la disminución de su matrícula, la EPJA continúa proporcionando el mismo porcentaje de egresados.

Figura 5
Buenos Aires. Cantidad de egresados de la secundaria de jóvenes y adultos y de la secundaria común y porcentaje de egresados de la EPJA con relación al total, 2001, 2019 y 2022
Fuente: elaboración propia con base en Relevamiento Anual, DINIECE-DINIEE, 2001, 2019 y 2022.

Si se compara la caída de la matrícula y su relativa recuperación en 2022 —también en términos de cantidad de egresos—, puede advertirse la influencia de algunas medidas adoptadas en el país. Entre 2020 y 2021, la EPJA no fue objeto de los estudios de sistematización de información, a diferencia de lo que ocurrió con la modalidad común. Recién en abril de 2022, el Gobierno nacional aprobó la Resolución 1136/2022, que creó los Espacios Progresar para la EPJA. Estos espacios ofrecen funciones y actividades específicas “en territorios y en las instituciones para la revinculación y apoyo pedagógico requerido”, o bien para facilitar la certificación.

En relación con la EPJA, la resolución introdujo la figura del referente para la revinculación y el acompañamiento, con el fin de que las escuelas, a través de sus proyectos institucionales, incluyeran tanto actividades por fuera de la institución, en colaboración con organizaciones territoriales, como trabajos de apoyo pedagógico específico (Ministerio de Educación de la Nación, 2022b, Resolución 1136/22). El énfasis se colocó en la certificación y la mejora de los egresos, los cuales debían ser reportados mediante informes técnicos específicos.

Como evidencia la Figura 5, el aporte de la EPJA en la cantidad de egresados en comparación con la secundaria común en 2022 se ubicó al mismo nivel que en 2001, un valor superior a la media nacional e indicativo de una recuperación respecto del momento previo a la pandemia (2019). Además, como muestra la Figura 2, la modalidad mejora su propio nivel de egresos, y se constituye esta como la variable con mejor evolución en los años estudiados.