Conviene que el que está ƒuera de la desgracia ponga su vista en las desdichas; y que cuando uno vive ƒeliz, medite entonces lo que es la vida para no arruinarse sin darse cuenta.

Sófocles, Filoctetes, 409 a.C.

Las incógnitas que pretende responder este breve ensayo, son; primero, ¿Si existen o no en Panamá las condiciones sociodemográficas y estructurales necesarias para pensar la situación del viejo? segundo, ¿En qué medida estas condiciones o procesos han producido que se generen situaciones concretas de interés sociológico? y, tercero, ¿En qué medida la academia panameña se encuentra preparada para el estudio de estos fenómenos relacionados al envejecimiento y la vejez? Se espera que las respuestas a estas interrogantes determinará primero, si es necesario o no investigar desde la academia, toda la gama de constelaciones sociales, económicas, políticas y culturales vinculadas y relacionadas con el binomio vejez-sociedad y, segundo, pueden entenderse las respuestas tentativas a las preguntas de este ensayo, como referentes empíricos básico y exploratorios para robustecer el posible advenimiento de una sociología de la vejez en Panamá

A manera de introducción: Envejecimiento poblacional

El envejecimiento poblacional en Panamá es una realidad demográfica incuestionable, al igual que en muchas otras partes del mundo. Este hecho demográfico, único en la historia de la humanidad, fue casi del dominio exclusivo de la Europa y Norteamérica de finales del siglo XX. En la contemporaneidad del siglo XXI, parece haberle llegado el momento histórico a Latinoamérica, por lo menos, en cuanto al envejecimiento poblacional se refiere. Así, sociedades iberoamericanas como, Cuba y Puerto Rico, en el Caribe; Uruguay, Argentina, Chile y Brasil, en Sudamérica; México, en Norteamérica y, Costa Rica y Panamá, en Centroamérica. Así, todos estos países de América Latina se encuentran actualmente, en pleno o avanzado proceso de envejecimiento poblacional.¹

Ahora bien, el caso panameño muestra las siguientes características demográficas. Primero, continuo aumento de la esperanza de vida;2 segundo, disminución sistemática de la tasa de natalidad; tercero, cierto estancamiento de la tasa de mortalidad (ver gráfica Nº 1).

gráfica Nº 1
Gráfica elaborado por el investigador, con base en datos de la Contraloría General de la República de Panamá.

Según la socióloga española Elena Robles González (2011), aspectos como el aumento en la esperanza de vida, la baja en la tasa de natalidad y la disminución en la tasa de mortalidad son indicadores poderosos para identificar que una sociedad empieza un proceso de transición demográfica hacia el envejecimiento. No obstante, para determinar el envejecimiento población de una sociedad es necesario aún de otros criterios demográficos, como lo son la disminución del índice de fertilidad³ y, el mismo crecimiento de la población adulta mayor.

Algunos demógrafos y sociólogos utilizan el criterio de edad cronológica de los países desarrollados, los cuales se encuentran estructurados análogamente a la edad de jubilación; por esta razón, en muchas sociedades capitalistas se privilegia la edad de 65 años para denominar y definir, en términos etarios, al adulto mayor. En el caso de los análisis demográficos realizados en este ensayo, se ha utilizado el criterio cronológico de 60 años de edad, como parámetro para definir que un individuo es adulto.

La razón de esta decisión metodológica, consiste en tres premisas fundamentales. Primero, las Naciones Unidas consideran que la vejez es una etapa natural en los seres humanos, la cual empieza, aproximadamente, a los 60 años de edad. Por ende, un individuo debe considerarse biológica y cronológicamente viejo a dicha edad. Todo criterio arbitrario, basado en la edad de jubilación refleja la racionalidad particular de una sociedad; lo que significa, que no es un criterio adecuado en miras de intentar universalizar a esta población en términos cronológicos. Segundo, la misma organización internacional (Naciones Unidas), sostiene que, para los países en vías de desarrollo⁴ el parámetro etario para el análisis de su población envejecida debe ser de 60 años y, para los países desarrollados de 65 años de edad. Y, tercero, según la Ley 14 de 22 de enero de 2003: “Que define el término tercera edad y dicta otras disposiciones”, la tercera edad empieza a los 60 años.

En cuanto al envejecimiento poblacional del istmo, este ha ido creciendo desde 1990 hasta el 2010. En contraste, el índice de fertilidad ha ido disminuyendo sistemáticamente. Ambos aspectos, como se ha mencionado, son fundamentales para determinar el envejecimiento poblacional de una sociedad. Actualmente, Panamá tiene un 10,60 por ciento de población mayor de 60 años, lo cual, en términos demográficos sugiere que es una sociedad en avanzado⁵ proceso de envejecimiento demográfico (Ver gráfica Nº 2).

gráfica Nº 2
Gráfica elaborado por el investigador, con base en datos de la Contraloría General de la República de Panamá.

Por otra parte, la evidencia demográfica refleja que la sociedad panameña ha entrado en un período de envejecimiento poblacional importante. Lo que implica, que de alguna manera, el crecimiento de esta población mayor podría generar en los próximos años algunas problemáticas estructurales. Según algunos demógrafos, una de las posibles consecuencia del envejecimiento poblacional sería el recorte presupuestario en educación, en miras de generar mayores programas y servicios en materia de salud geriátrica, protección y seguridad social y, mejorar el sistema de pensiones (Popolo, 2001). Otra de las posibles consecuencias de una sociedad envejecida son, las crecientes demandas de este grupo etario, las cuales afectan el grado de dependencia demográfica, en cuanto a la pobreza, la estructura familiar y el empleo (Chackiel, 2000).

Según las premisas esbozadas por la primera y la segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, los Estados con un proceso de envejecimiento poblacional deben tomar cartas en el asunto, creando políticas sociales que vayan en el mejor interés de estas personas; lo que en otras palabras significa, crear políticas sociales en miras del bienestar y la inclusión social de este grupo etario.

Ahora bien, ¿En qué medida Panamá ha seguido esas directrices?

Ciudadanía vulnerada: Exclusión social de los adultos mayores

Sostener, en pleno siglo XXI, la premisa de que una sociedad democrática y capitalista puede generar inclusión social, en cuanto a su población adulta mayor, sin la necesidad de políticas sociales; no solo es una falacia argumentativa, sino un claro signo de ingenuidad. Por irónico que parezca, casi todas las sociedades actuales comparten, en diferente grado, las premisas sistémicas del capitalismo global. Lo que significa, en pocas palabras, que el mundo, al igual que muchas sociedades que lo componen, se encuentra sujetas al mercado; que la norma social de relación productiva, es la explotación del hombre por el hombre y que el principio rector de todo fundamento es la propiedad privada.

En este orden de cosas, el cual se destaca por el economicismo más salvaje y despiadado, la persona adulta mayor aparece como residual o parasitaria. De esta forma, se evidencia que su rol en la sociedad capitalista es un rol sin rol, lo que significa, no solo que no se encuentra contemplado dentro de la estructura social, como agente productivo o generador de consumo;⁶ sino que además, no representa, en términos sociopolíticos un actor de relevancia estructural, o, lo que es lo mismo, no es un grupo etario que aparentemente pudiera generar algún cambio social.⁷

De esta manera, la mayoría de las sociedades capitalistas son sociedades de (des)protección social; ya que es una necesidad estructural, constituir alguna forma de medio de sobrevivencia en un sistema social que no valora lo social y humano, por encima de lo económico y técnico. Así, aparecen los Estados benefactores⁸ del siglo XX, los cuales ejercen la función estructural de mecanismos de seguridad social, al tiempo que legitiman el orden social y, alienan a los hombres de su realidad social e histórica.

Podría argumentarse, que Ios individuos que no se encuentran insertos en estos sistemas de seguridad sociaI están, de una manera u otra, excIuidos de Ia estructura sociaI. Por ende, de Ios mismos beneficios y oportunidades de Ia modernidad. En este sentido, Ia excIusión sociaI podría definirse como:

(…) Con la expresión exclusión social nos referiremos a una manera de estar en la sociedad que tiene una especificidad propia y cuya definición implica una concepción del orden social –en término de debe serque se encuentra asociada a una determinada interpretación del devenir social. (Tezanos, 2005: 141)

Bajo estas premisas, todos los adultos mayores que no son jubilados, pensionados o, beneficiarios, se encuentran totalmente excluidos de su sociedad; lo cual, en términos del paradigma de la solidaridad social,⁹ vendría a ser un quiebre entre ciudadanos envejecidos y sociedad. No obstante, ¿Qué sucede cuando la seguridad social no es suficiente para proporcionarles cierto nivel de bienestar y oportunidades a los adultos mayores que sí se encuentran insertos en esta lógica estructural? En este caso, también se encuentran excluidos del sistema o, por lo menos, sus derechos ciudadanos están siendo en alguna medida vulnerados.

Estos argumentos llevan a considerar el aparato legal o político constituido por el Estado para el bienestar social de estas personas mayores. De más está decir, que cuando en una sociedad existe una Ley integral para las personas adultas mayores y, un órgano rector para la elaboración y aplicación de políticas gerontológicas; existe un orden de cosas que, aun siendo inefectivo e ineficaz, siempre puede reestructurar sus políticas sociales y, regenerar sus programas y servicios para esta población.¹⁰ No obstante, ¿Qué sucede cuando no hay una Ley que propicie la elaboración de políticas gerontológicas integrales y, menos aún, un órgano rector que las elabore, las aplique y, vigile su cumplimiento?

Este es el caso de Panamá, en donde no hay ley integral o, política gerontológica, ni tampoco órgano rector. En este escenario sombrío, en términos de bienestar social, la sociedad panameña estaría no solo lesionando los derechos ciudadanos¹¹ de las personas mayores, sino creando una suerte de inestabilidad estructural en la sociedad.

Ahora bien, en una investigación realizada en el 2010, sobre las políticas sociales dirigidas a esta población envejecida en Panamá,¹² se identificaron los siguientes decretos, leyes, programas y servicios para estas personas:

• Decretos ejecutivos: N° 57, de 1978, establece la semana del anciano; N° 3, de 1999, establece las normas para la apertura de centros de atención diurna, hogares o albergues para personas mayores; N° 23, de 1999, crea el Consejo Nacional para el Adulto Mayor (CONAM).

• Leyes: Nº 6, de 1987, dicta los beneficios para jubilados, pensionados y la tercera edad; Nº 14, de 2003, define el término tercera edad; Nº 44, de 2009, crea el programa especial de asistencia económica para adultos mayores de setenta años o más sin jubilación ni pensión.

• Programas y servicios: El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), cuenta con un Centro de Orientación y Atención Integral (COAI), con un programa de alfabetización “Muévete por Panamá” y la “Red de Oportunidades”; no obstante, ni el centro, ni estos dos programas son exclusivos para personas adultas mayores. El Ministerio de Salud (MINSA), cuenta con el programa de salud de adultos, mas este no es exclusivo para este grupo etario. La Caja de Seguro Social (CSS), cuenta con un pequeño hospital geriátrico denominado 31 de Marzo, también tiene algunos programas relacionados con el ocio y la recreación del adulto mayor, además, de que es organizador de los “Juegos Florales”. La Universidad de Panamá (UP), cuenta con una Universidad de Trabajo y de la Tercera Edad, la cual ofrece algunos programas educativos para personas mayores; sin embargo, esta universidad y sus programas no son exclusivos para este grupo etario.

El siguiente cuadro pretende sintetizar y abstraer las dimensión del bienestar social que pudieran estar protegidas o no, por el Estado panameño (Valdés Tola, 2011).

Como se evidencia en el cuadro Nº 2, con la excepción de las dimensiones relacionadas a la vivienda y al trabajo; pareciera que el adulto mayor panameño contara con un cuerpo legal e institucional importante, el cual generaría las condiciones para el bienestar social de esta población. No obstante, este no solo no es el caso, sino la gran mayoría de estas leyes y decretos han caído en letra muerta. Por ende, algunos de estos estatutos no tienen injerencia alguna en la realidad social de estas personas (Valdés Tola, 2011). Por otra parte, vale la pena reflexionar analíticamente respecto a las dimensiones sociales supuestamente protegidas. Así, las que tienen carácter exclusivo para las personas mayores son aquellas referenciadas por la gerontología clásica, por ende, representan la visión estructurada del capitalismo avanzado, en donde los viejos no tienen otra preocupación que la salud y, la seguridad social (jubilación o pensión) o los subsidios económicos (para adultos mayores no asegurados); además, del interés particular por el ocio y la participación social. Aspectos todos, de carácter pasivo.

Esta comprensión de la vejez como una etapa de reposo e inactividad, está siendo actualmente revisada en sociedades de renta alta. La razón fundamental de este cambio de perspectiva se debe, principalmente, a que en muchas sociedades postindustriales, el adulto mayor no solo vive más años, sino que ha empezado a negar la hegemonía de la estructuración de la vida a base de la edad cronológica. Ahora bien, esta estructuración etaria, basada en el Estados de bienestar, el cual determinaba cada estadio del ciclo vital humano; creando la concepción de que la infancia estaba destinada para el estudio o la escolarización de los individuos; mientras que la etapa de adultez, se constituía en el momento propicio para crear una familia nuclear y dedicarse al mundo del trabajo; y, relegando a la vejez, como una etapa aparentemente sin roles sociales.

Así, los viejos de estas sociedades postindustriales, no se concibe como seres residuales o carentes de agencia; al contrario, luchan por crear las condiciones necesarias para su inclusión social. De esta forma, el siglo XXI se ha constituido en el escenario propicio para el desmantelamiento de la edad cronológica como criterio único y determinante de la vida en sociedad; en cambio, se empieza a revivir la concepción de tiempo social, el cual está determinado, por así decirlo, por los deseos, capacidades y la voluntad de cada viejo dentro de la estructura social (Gastron y Oddone, 2008). Por ende, para estos adultos mayores, las dimensiones del bienestar social relacionadas a la educación, la familia, la vivienda y el trabajo, son de gran significatividad, ya que las mismas representan aspectos fundamentales de la vida en sociedad.

En síntesis, las evidencias demuestran que, a pesar de que en Panamá ha habido algunos esfuerzos legales e institucionales relacionados, directa o indirectamente, con la promoción del bienestar social de las personas mayores; aún queda mucho por hacer en esta materia. No obstante, el asunto de la exclusión social se agrava, cuando se contempla el posible alcance de estos referentes, ya que los mismos están estructurados, en cierta forma, bajo el binomio asegurado/no asegurado. Lo que suscita, irremediablemente, la siguiente interrogante ¿En qué medida se diferencia la situación socioeconómica de los asegurados, con respecto a los no asegurados?

Jubilados y pensionados vs no asegurados: Situación socioeconómica

Los adultos mayores en Panamá, aunque muy heterogéneos en términos sociológicos, lo que impide poder denominarlos en sí y para sí como un grupo social; si es posible, en cambio, dividirlos en dos fracciones sociales mutuamente excluyentes: asegurados/no asegurados. Esta dicotomía analítica, aunque irrisoria para describir las complejidades y problemáticas de este grupo etario en su conjunto, tiene la virtud de suponer una condición estructural, en donde los jubilados y pensionados se encuentran integrados a la estructura social, mientras que los no asegurados se encuentran fuera de esta última. No obstante, como se observó en el apartado anterior, la evidencia referente a la existencia o no de políticas sociales para la inclusión de las personas mayores, en materia de bienestar social, demostró que ambas fracciones se encuentran, de una manera u otra, en condiciones de vulnerabilidad o, peor aún, exclusión social.

Ahora bien, antes de abordar el punto sobre la situación socioeconómica de los viejos asegurados y no asegurados en Panamá, debe hacerse la siguiente reflexión. Es hipotéticamente deducible, que la situación del adulto mayor jubilado o pensionado debe ser mejor, en todos los términos, que la del no asegurado; ya que, 1). Como ya se mencionó, estos se encuentran incluidos dentro de la estructura social de su sociedad; 2). Poseen algún tipo de protección socioeconómica formal, llámese pensión o jubilación; y, 3). Más allá de cualquiera otra consideración, el viejo asegurado tiene la posibilidad de acceder libremente a la dimensión social de la salud; aspecto este, que es casi imposible adquirir, sin algún tipo de problema, para el que no está asegurado. De esta forma, este último requiere, de que un hijo cotizante lo ponga como beneficiario; o, de cierta capacidad económica para hacerle frente al pago de la consulta médica y los medicamentos. Así, se podría describir, diferencialmente, a los asegurados y pensionados, como un grupo de individuos que se encuentran, de una manera u otra, insertos en la estructura social, que reciben una jubilación o pensión y, que tienen acceso a la salud. Por otro lado, los no asegurados no tienen ninguno de estos beneficios; salvo quizás, por el programa 120 a los 70, el cual es un subsidio económico para las personas mayores no aseguradas.

Según el censo de población y vivienda del 2010, solo un 33,73 por ciento de las personas adultas mayores en Panamá, tenían una jubilación o pensión por vejez; un 22,82 por ciento era beneficiaria; y, un alarmante 28,91 por ciento eran no asegurados (Valdés Tola, 2014).

Por otra parte, vale mencionar que un 32,61 por ciento de las personas mayores, sean estas aseguradas o no aseguradas, subsisten con menos de $100 dólares mensuales; un 29,48 por ciento sobreviven con $100 a $249 dólares mensuales; y, un 10,28 por ciento viven con $250 a $399 dólares mensuales. Ahora bien, si se afinan aún más estas observaciones, se puede identificar, que el 15,79 por ciento de los asegurados reciben una jubilación o pensión de $250 a $399 dólares mensuales; mientras que un 14,23 por ciento reciben de $400 a $599 dólares (Valdés Tola, 2014).

Aunque estos datos no son del todo concluyentes, ya que puede existir la posibilidad de otras constelaciones económicas¹³ que, de una manera u otra, podrían afectar positiva o negativamente la situación socioeconómica del viejo en Panamá; estas evidencias socioeconómicas reflejan que, a pesar de que los asegurados reciben jubilaciones y pensiones, estas no son lo suficientemente generosas para poder hacerle frente al alto costo de la vida o a la canasta básica familiar.¹⁴ En el caso de los no asegurados, su subsidio económico es aún más irrisorio.

El poder gris: Manifestaciones y protesta

Si se especula un poco, al igual que hacían los organicistas en el siglo XIX, en donde todo hecho o fenómeno que se escapaba a su comprensión era considerado como una suerte de patología social; muy bien, se pudiera concebir, a todo acto de protesta como un síntoma, inequívoco, de que la estructura social de la sociedad se encuentra, en alguna medida, enferma. Ahora bien, se creía que estas patologías o disidencias sociales debían ser intervenidas o aplastadas por el Estado, como se hacen con las epidemias y las plagas. En aquellas épocas, el síntoma de un mal social era tratado con el simple razonamiento de que el mismo, lejos de ser el producto de las fuerzas sociales y la estructura de la sociedad, las cuales eran de por sí, antagónicas con la vida misma y las esperanza progresista de los hombres; eran entendidas como amenazas contra el orden establecido (status quo); por ende, en términos sociológicos, toda participación política no convencional o no institucionalizada (como las protestas), era vista como un intento de desestructuración del orden social.¹⁵

Afortunadamente, en el siglo XXI, esta concepción normativa de la participación política ha sido considerada obsoleta, por lo menos desde la óptica académica y de algunos Estados democráticos; ya que se parte del supuesto, de que toda protesta o movimiento social reivindicativo, pretende hacer oír públicamente las voces silenciadas, ya sea por la pobreza, la discriminación o, por la misma exclusión social, de algunos grupos humanos y sociales.

En este punto, vale recordar que las personas adultas mayores jubiladas y pensionadas, cuyas condiciones existenciales se ven muy lesionadas por los avatares socioeconómicos impuestos por el orden social, casi imposibles de franquear más allá de la posible caridad de un Estado que, no solo desconoce su deber como generador de bienestar social por medio de políticas sociales; sino que además, es el promotor principal, que constituye las bases estructurales para la desigualdad y la exclusión social de estas personas mayores.

Así, en este escenario, enmarcado por la inhumanidad y las premisas del capitalismo avanzado, algunos jubilados y pensionados se constituyen en un grupo social, basado en una subcultura¹⁶ beligerante, organizada como grupo de presión, en miras de generar, algo muy parecido, a un poder gris. Este es el caso de la Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados, los cuales se han constituido en los últimos años en un movimiento social de protesta. No así, la Confederación de Jubilados y Pensionados de la Caja del Seguro Social y, la Federación de la Tercera Edad; las cuales se han mantenido al margen.

Ahora bien, según la sociología política, cuando se habla de participación política de las personas adultas mayores, siempre se parte hipotéticamente de que estas personas privilegian tipos de participación institucionalizadas, como por ejemplo ir a votar o, afiliarse a un partido político o asociación. Por ende, la misma idea de que los viejos protesten es, en cierta forma, atípica teóricamente hablando. No obstante, sociólogos como Enrique Gil Calvo (2004a; 200b), sostienen la premisa de que, en alguna medida, los viejos del siglo XXI no solo son más beligerantes políticamente, sino además, están más dispuestos a exigir sus derechos ciudadanos. Para Gil Calvo, la propuesta teórica de Sidney Tarrow, para el estudio de los movimientos sociales, sobre la base del modelo teórico de la Estructura de las Oportunidades Políticas (EOP) es clave para entender este nuevo fenómeno sociológico, relacionado al empoderamiento político del viejo.

Sin embargo, otros pensadores consideran que, más que hablar de un concepto de poder gris, que implicaría necesariamente, partir de la complicada premisa de que los adultos mayores constituyen un grupo social (Vrancken, 2006); en cambio, se debería pensar que las cohortes generacionales de viejos, en la actualidad, son el producto de cambios históricos como la segunda guerra mundial, la gran depresión económica de los años treinta, la revolución cultural del 68, etc. (Kam, 2000; Pérez Ortiz, 2000; Durán, 2007; Takao, 2009; Mishler y Rose, 2007); por ende, según esta perspectiva, las personas mayores que protestan hoy por hoy, representan realmente los ideales, valores y creencias socializadas de un período socio-histórico particular, el cual ha sido internalizado por medio de la experiencia y los agentes socializadores; no así, los intereses de un grupo social, basado en una identidad política particular, como lo sugiere un poder gris.

Independientemente del prisma, por medio del cual se pretenda analizar las protesta del viejo en la sociedad panameña; la realidad es que algunos grupos de adultos mayores se están organizando social y políticamente. Sus reivindicaciones, más allá de cualquier otro criterio, se constituyen bajo la necesidad impostergable de mejorar su precaria situación socioeconómica actual. Por ende, se evidencia que en la realidad social panameña, el problema del adulto mayor empieza a manifestarse cada vez más y con mayor fuerza en la cotidianidad. Lo que pudiera significar, que los hechos y fenómenos sociales relacionados al envejecimiento y la vejez, tienen en el presente, una fundamentación inexpugnable, que exige de la academia, una posición intelectual respecto a esta temática sociológica.

Aunque lo socioeconómico y lo político parecen ser las temáticas de mayor relevancia en la esfera pública panameña, por lo menos desde la relación vejez-sociedad; estas no son las únicas dimensiones temáticas del envejecimiento. Cada dimensión del bienestar social puede y debe ser problematizada y complejizada desde la óptica de una sociología de la vejez. En miras de constituir un cuerpo de conocimientos sociológicos que sirvan, no solo como estado de la cuestión, sino que además, pretendan ser prerrogativas científicas para la toma de decisiones públicas, en cuanto a la elaboración de políticas sociales para estas personas mayores; y, en cuento a socializar y sensibilizar, desde la academia, a la población en general sobre las complejidades del envejecimiento y la vejez en Panamá. Lo que lleva a la siguiente interrogante ¿En qué medida la academia panameña está preparada para el estudio de los hechos y fenómenos del envejecimiento y la vejez?

La apuesta: Sociología de la vejez

Aunque en Panamá, desde hace algunas décadas, existe en la Universidad Especializada de las América (UDELAS) una carrera de gerontología, la cual, se dedica, no precisamente al estudio del envejecimiento y la vejez, sino más bien a aplicar conocimientos prácticos para la atención directa a ancianos; al tiempo que, por medio de su pragmatismo disciplinario, legitima el orden social establecido para estas personas; identificándolos como seres residuales, dependientes y enfermos. Ahora bien, esta óptica clínica, lejos de ser el producto exclusivo, de una disciplina híbrida como lo es la gerontología, que basa sus saberes en el conocimiento médico, biológico, psicológico y sociológico; creando al final una suerte de trabajo socio-terapéutico; es verdaderamente, el caballo de Troya que sustenta la medicalización del viejo y, todas las posibles constelaciones de exclusión social que se pueda imaginar. La razón de que la gerontología, queriendo hacer un bien a estas personas, produzca y legitime finalmente un mal estructural, se debe en gran parte, a que sus argumentos teóricos, están anclados en explicaciones propuestas, en la década de 1960, por el funcionalismo-estructural y el interaccionismo simbólico.

La teoría funcionalista de la separación, de Elaine Cummings y William Henry, sostenía que los viejos, voluntariamente se separan de la sociedad, en miras de dar lugar en el mundo público a las nuevas generaciones. Argumentos que no pasan de ser más que una explicación ideal, por parte de un sistema que necesita refrescar su fuerza laboral. Por otra parte, la teoría interaccionista de la actividad, de Robert Havighurst, sostenía que los adultos mayores requieren la realización de muchas actividades, en miras de preservar para ellos y los demás, una imagen social positiva de sí mismos. Esta teoría, al final de cuentas, no es más que un artificio intelectual, en miras de que las personas mayores acepten los argumentos del sistema, mediante una alienación socializada, en donde los viejos solo tienen el rol sin rol de esperar pasivamente la muerte, sin intervenir, de ninguna manera, en su sociedad.¹⁷

En cierta forma, la vejez como fenómeno sociológico ha sido el producto directo de una evolución intelectual, en donde, la realidad sociodemográfica obligó al Estado y a la academia a prestar atención a las problemáticas y complejidades del envejecimiento y la vejez.¹⁸ Por esta razón, fue en EEUU y Europa donde se empezaron a constituir los primeros cuerpos teóricos explicativos sobre la relación vejez-sociedad. Generando finalmente, lo que se conoce actualmente como sociología de la vejez. Esta rama de la sociología general, no pretende alejarse de los cánones disciplinarios o hacer extravagantes sus premisas clásicas, sino en cambio, formalizar toda una line temática de investigación relacionada a los avatares sociales, económicos, políticos y culturales del viejo en la sociedad.

Aunque aún persisten, en alguna medida, las viejas perspectivas teóricas de la gerontología, ya que después de todo, todas las teorías de esta última han tenido un carácter sociológico incuestionable; en la contemporaneidad, la sociología de la vejez cuenta con una gama amplia de perspectivas analíticas, como lo son: la Economía política de la vejez, proveniente del marxismo; la teoría del intercambio, basada en la teoría de la acción racional; y, la teoría del curso o de las trayectorias de vida, que contempla aspectos demográficos, históricos y biográficos; entre otras teorías.

Independientemente del enfoque que se decida adoptar, es necesario asumir una posición académica de comunidad científica; lo que implica, el reconocimiento, no solo de las condiciones demográficas, económicas y sociopolíticas que abogan por la necesidad de más investigaciones sobre la temática del envejecimiento y la vejez; sino además, la misma constitución de una nueva línea de investigación, que se encargue, específicamente, de las complejidades de la relación vejez-sociedad; o, lo que es lo mismo, una sociología de la vejez.

Epílogo

En el presente, esta sociología de la vejez aún no ha calado en el universo académico panameño, a pesar de las evidencias sociodemográficas, respecto al envejecimiento poblacional y, la exclusión social de estas personas mayores, en cuanto a sus derechos ciudadanos. Posiblemente, no sea tanto el escenario demográfico e histórico en que vivimos, lo que determine la aparición o no de una sociología de la vejez en la academia panameña, sino más bien la voluntad intelectual e ilustrada, de un grupo selecto de científicos sociales humanistas, preocupados, no tanto por el ámbito académico en sí, sino sobre las mismas vicisitudes sociales, económicas, políticas y culturales que han generado, generan y, podrían seguir generar el desconocimiento de las consecuencias de un envejecimiento poblacional, dentro de una estructura social caracterizada por la inhumanidad del capitalismo avanzado y, la carencia de políticas sociales reformistas que sirvan como auxilio, no solo a los adultos mayores, sino a toda una sociedad, Estado y comunidad científica; que podrían, muy bien, llegar a ver las consecuencias de su desidia.

De esta forma, no solo se enmarca a la sociología de la vejez como una rama más de la sociología general, sino como un cuerpo teórico e investigativo necesario, para intervenir, de una manera u otra, en las decisiones públicas respecto a esta población, al tiempo que permite develar (ya que el mismo sistema capitalista tiende a invisibilizar sus demandas), las complejidades y problemáticas cotidianas y estructurales de esta población envejecida de una manera sistemática y científica.

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Notas