La invasión militar de EEUU a Panamá en 1989 representó un quiebre en la formación social que fue mucho más allá del orden político. Los sectores dominantes tradicionales del país, concentrados en la fracción rentista, que perdió su control del gobierno, después del golpe militar en 1968, recuperó su hegemonía. Las políticas nacionalistas y reivindicativas, introducidas por los militares panameños en la década de 1970, en el marco de las negociaciones sobre el Canal con EEUU, fueron desplazadas por el nuevo discurso neoliberal. Este implicó cambios en la correlación de fuerzas sociales y una pérdida sistemática de poder a nivel de las organizaciones populares (sindicales, gremiales, estudiantiles e, incluso, empresariales vinculados al sector productivo).

La dinámica política de Panamá en el siglo XX fue atravesada por la construcción y operación del Canal de Panamá y las luchas por la recuperación de la soberanía nacional. (Soler, 2008) La democracia sólo apareció en la agenda de los sectores nacionalistas de las capas medias a mediados del siglo que entendieron que la soberanía (vista como una reivindicación económica) sólo tendría validez si se combinaba con una forma de participación política incluyente. Estas fuerzas emergentes chocaron con la oligarquía panameña que mantenía una democracia restringida con el apoyo de EEUU. (Gandásegui, 1998) Los mejores dirigentes de las capas medias fueron cooptados e integrados a los partidos políticos tradicionales. Después de la segunda guerra mundial, producto de los cambios en la estructura social – industrialización sobre la base de la sustitución de importaciones – apareció una extensa clase obrera cuya agitación tendía a desestabilizar el orden político creado a principios del siglo XX. (Herrera, 1974)

Los tres sectores sociales - la oligarquía, las capas medias y la clase obrera - compartían una agenda que no era la democracia. La misma se centraba en la cuestión de la soberanía. A pesar de que compartían la agenda, cada sector la percibía de manera muy distinta. La presencia neo-colonial de EEUU en la Zona del Canal de Panamá, con su régimen militarizado y segregacionista, constituía una barrera que todas las clases sociales panameñas querían desmantelar. Urgía resolver la cuestión de la soberanía. (de la Rosa, 1977)

Veremos brevemente cómo durante el largo período de la ‘democracia restringida’ (1903-1968), las fuerzas sociales enfrentadas evolucionaron a tal grado que finalmente no pudieron llegar a entendimientos políticos. Incluso, las diferentes visiones relacionadas con el problema de la soberanía comenzaron a contradecirse. Las demandas por un nuevo orden político y el proyecto de desarrollo económico, que se sintetizaban en el proyecto de Nación, agotaron el viejo orden. (Manduley, 2014)

Veremos en un segundo aparte cómo el problema se intentó resolver mediante la intervención militar de la Guardia Nacional (1968-1989). El ‘populismo militar’ colocó - como mediador entre las tres fracciones enfrentadas - a una institución armada. Los militares, bajo el liderazgo del general Omar Torrijos, lograron trabajar sobre la agenda que le era común a las distintas fracciones: La soberanía. (Escobar, 1981) Sus esfuerzos en el campo de la democracia, sin embargo, no progresaron de manera significativa. La participación política era subordinada a los logros que el ‘populismo militar’ generaba en el campo de las negociaciones por la soberanía.

La derrota de las Fuerzas de Defensa de Panamá (FDP) con motivo de la invasión norteamericana en 1989 le permitió a la fracción dominante recuperar su hegemonía perdida, también destruyó la institución armada que había creado (junto a EEUU) en la década de 1930. La institución armada había evolucionado a tal grado que logró arrebatarle el liderazgo ideológico de sectores importantes del país. El populismo militar que sostenía la alianza interclasista (oligarquía, capas medias y clase obrera) se desplomó al convertirse en Fuerzas de Defensa (FDP) a partir de 1983. (Beluche, 1990)

En una tercera sección abordamos la emergencia de una democracia excluyente. La oligarquía volvió a dividirse y la clase rentista desplazó a la ‘burguesía nacional’ blindando a la nueva democracia, excluyendo a las capas medias y a la clase obrera. Veremos cómo los gobiernos de turno que perfeccionan la ‘democracia excluyente’, a partir de 1990, instauraron políticas neoliberales y convocaron a elecciones cada cinco años creando la percepción de la ‘alternabilidad’. A su vez, pone en práctica políticas de flexibilización, que debilita a la clase obrera y de desregulación, que empobrece a las capas medias. (1990-2015). Igualmente, se analizarán las elecciones de 2014.

1. Un proyecto de democracia restringida

Panamá tiene un sistema político que desde 1904 celebra elecciones periódicas para escoger a sus mandatarios y legisladores. De igual manera, el sistema sirve para la escogencia de autoridades municipales. Entre 1920 y 1968 las elecciones se realizaban cada cuatro años y en forma directa. El voto popular proclamaba al Presidente de la República. En las elecciones correspondientes a 1904, 1908, 1912 y 1916 la votación de primer mandatario se hizo por medio de un colegio electoral. Las elecciones de Presidente en 1972 y 1978 se hicieron en forma representativa a través de una Asamblea Nacional de (505) Representantes de Corregimiento. En 1984 se regresó al sistema de votación popular y directa.

Antes de 1990, la historia política panameña registra sólo una experiencia donde la oposición triunfa en elecciones presidenciales y el poder es transferido sin conflicto al ganador. Es el caso de las elecciones de 1960 cuando el candidato liberal derrota al candidato oficial de la Coalición Patriótica Nacional. En la gran mayoría de los casos, en el siglo XX, los candidatos opositores se retiraban de la contienda bajo el pretexto de no existir condiciones para la realización del torneo electoral. En otros su contrincante se quejaba de abusos y fraudes. (Gandásegui, 1998)

En gran parte del siglo XX, la discusión en torno a la noción de la democracia se reducía en Panamá, al igual que en el resto del mundo, fundamentalmente a los grupos con ideas progresistas o partidarios de una de las variantes del socialismo. La burguesía panameña, en sus diversas manifestaciones, le dedicaba poca o ninguna atención al problema de la democracia. Incluso, en el siglo XIX, caracterizado por las luchas por la autonomía frente al centralismo de Bogotá, las ideas democráticas no formaban parte del núcleo central de los planteamientos políticos. No existía un cuestionamiento sobre las estructuras de representación o sobre la participación política de las mayorías excluidas. (A.E. Porras, 2014; Morales, 1977)

En el siglo XX, la aparición de un movimiento social popular como consecuencia del desarrollo capitalista promovió una creciente crítica a las estructuras políticas. Tanto desde arriba, como desde abajo, se cuestionaba la estructura de representación y se exigía una participación política más equitativa. De arriba, las expresiones democráticas aparecieron en los partidos políticos que pugnaban por introducir cambios en las relaciones sociales. El discurso democrático gana cierto espacio entre los ideólogos de las fracciones liberales comprometidas con las reformas: Porras, Mendoza, Arias Paredes, E. de la Guardia y otros. (1977, De la Guardia) Más adelante trataremos de demostrar cómo el agotamiento del discurso democrático de la burguesía en la década de 1960 contribuyó a la aparición del régimen militar populista. El general Omar Torrijos retomó el discurso ‘liberal renovador reformista’ y desde el cuartel militar intentó promover una alternativa democrática. Por razones que más adelante analizaremos sus intentos fracasaron.

Desde abajo, el movimiento popular - ya activo desde mediados del siglo XIX - no logró estructurar un discurso democrático propio hasta la aparición de los dirigentes socialistas, anarquistas y comunistas a principios del siglo XX. La reivindicación económica que dominó al movimiento obrero hasta la primera guerra mundial, es complementada en la década de 1920 por el discurso político. Los ideólogos asociados con las organizaciones como el Sindicato General de Trabajadores, la Liga Inquilinaria y Acción Comunal – todas muy activas en aquella década – propugnaban por una sociedad más democrática donde los trabajadores tuvieran mayor participación. En la década siguiente aparecieron los partidos Comunista y Socialista cuyos discursos revolucionarios anunciaban la democracia sólo después de la destrucción del régimen burgués dominante. (Turner, 2000; D. Porras, 1946)

La década de 1940 posiblemente marca el período más intenso desde el punto de vista de las diversas propuestas democráticas que surgieron. La guerra por la reacción anticomunista que desata EEUU, después de la segunda guerra mundial. El discurso democrático es suprimido y pasa prácticamente a la clandestinidad. (Ricord, 1983)

Solo la juventud y el movimiento estudiantil logran mantener viva la inquietad política por reformas y nuevas formas de participación. Mientras tanto, los movimientos obrero y campesino son sometidos a la represión más violenta conocida hasta esa época. Respondía a la política de acumulación capitalista impuesta por la Coalición Patriótica Nacional cuya racionalidad descansaba en la idea de que el desarrollo económico, crearía condiciones para el florecimiento de la democracia. Durante este período – 1948 a 1968 - los partidos Socialista y Comunista hacen incursiones en los movimientos sindical, estudiantil, campesino, magisterial e, incluso, entre los sectores profesionales. El discurso democrático, empero, es reemplazado por el revolucionario: El régimen burgués no tiene capacidad de ofrecer alternativas de participación democrática y es cuestionado desde abajo por fuerzas revolucionarias. (Ricord, 1983; MLN, 1971)

2. El populismo militar y la democracia

Obviamente, en octubre de 1968 la Guardia Nacional – al momento de ejecutar el golpe de Estado militar - no tenía un proyecto democrático. Sin embargo, la fuerza de las circunstancias la obligó a desarrollar un proyecto que le permitiera a la institución alcanzar la legitimidad necesaria para gobernar. Los objetivos que perseguían los militares eran explícitos. En primer lugar, pretendían alcanzar un nivel de estabilidad política que le permitiera al nuevo régimen garantizar la gobernabilidad del país. Para ello se concibió una táctica triple. Por un lado, promover la participación de sectores populares organizados a nivel de las diversas instancias políticas: sindicatos, partidos, asociaciones, etc. Por el otro, fortalecer la infraestructura requerida para impulsar las inversiones nacionales y extrajeras que contribuyeran al proyecto de desarrollo capitalista. Segundo, proponer como tareas inmediatas, y prioritarias, el perfeccionamiento de la soberanía nacional por medio de la recuperación del territorio llamado Zona del Canal bajo jurisdicción norteamericana desde 1904. Tercero, sentar las bases ideológicas para consolidar la concepción nacional de desarrollo.

En 1970, el gobierno militar comenzó a plantear su proyecto, en el cual apareció su visión de la democracia. El mismo podía dividirse en dos grandes tendencias. Por un lado, el proyecto que concebía la democracia como resultado de la organización de los partidos políticos con capacidad de ofrecer dirección y orientación. Por el otro, el proyecto que planteaba la democracia directa expresada a través de mecanismos no partidistas. La discusión terminó favoreciendo la segunda alternativa. Se impuso un proyecto con características corporativas, en el cual todos los sectores sociales organizados tendrían un espacio en el nuevo régimen. (R.D. Herrera, 1974)

Formalmente, el cuerpo que expresaría directamente la voluntad popular fue creado por la Constitución de 1972 con el nombre de Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento. La misma reunía a 505 representantes de las unidades político-administrativas más pequeñas del país, en su gran mayoría de población de extracción rural. La Asamblea delegaba sus funciones legislativas en el jefe de Gobierno quien, según la misma Constitución, era el general Torrijos.

Según José de Jesús Martínez, “Torrijos (creó) una estructura parlamentaria que pone el poder político y legislativo en manos populares. En el lugar de los politiqueros corruptos, se sentaron en los curules los representantes de corregimiento, hombres sencillos que representaban a su comunidad, no a un partido oligárquico”. El mismo autor planteó que “Torrijos (creó) las juntas comunales, unidades políticas y de producción, a nivel de la comunidad. Las juntas locales, todavía más reducidas y, por ende, más cerca del vecino, del inquilino, del problema concreto y con poder político concreto para resolverlo”. (Martínez, 1987)

Martínez consideraba que el proyecto de democracia popular concebido por Torrijos había fracasado. El general Torrijos no alcanzó a enraizar las estructuras revolucionarias en un movimiento popular. No pudo evitar que las estructuras revolucionarias “no se vayan a la porra en cuanto sople un mal viento.”

Otra visión de proyecto democrático del periodo de populismo militar, es expuesta en el Plan Nacional de Desarrollo (1976-1980), preparado a mediados de aquella década. El documento señalaba como logro de gran importancia,

La estructuración de un sistema de gobierno de amplia participación popular en el cual, por primera vez, todas las áreas del país, hasta sus más alejadas e inaccesibles rincones, cuentan con una decidida participación política y social en las decisiones nacionales a través del contacto directo de sus representantes con los más altos dirigentes del gobierno. (MIPPE, 1976)

La concepción del Ministerio de Planificación y Política Económica (MIPPE, 1976), contrasta con la citada más arriba. Esta concebía la participación política y los logros democráticos en forma instrumental. Es decir, los representantes políticos locales tendrían acceso a quienes dirigen el país pero no serían quienes deciden quiénes serían los dirigentes o cómo llegaban a esas posiciones.

3. La democracia excluyente

A finales de la década de 1980, la oposición al gobierno militar se trasformó significativamente. Se vio ampliada por el desgajamiento del sector ‘financista’ que encabezaba el frente empresarial del torrijismo. Este se sumó a la oposición dirigida por la ‘Cruzada Civilista’, que marcaría el ‘cambio de régimen’, sometida a los intereses de EEUU y la fracción rentista de la oligarquía. Este cambio no tuvo sólo importancia cuantitativa. Por el contrario, es de gran importancia cualitativa puesto que la oposición se reforzó así con la fracción del capital panameño que más rápidamente creció en los años de auge de la década de 1970 y siguió creciendo en medio de la depresión de la década de 1980. (2011, Jované)

La fracción financiera de la burguesía optó por romper sus lazos con la alianza que le dio oxígeno para su desarrollo como consecuencia del golpe militar de 1968. Todo indica, además, que la fracción financiera no se sumó a la cola de la oposición, sino que asumió la cabeza del proyecto que exigió una renovación total de la estrategia de acumulación.

Este sector, representado por figuras conocidas como Gabriel Lewis Galindo, Nicolás Ardito Barletta, Jaime Arias C. y otras, contaba con el apoyo del Departamento de Estado de EEUU. Es sintomático que la elección de 1984, avalada por EEUU en aquella fecha, fue cuestionada tres años después. La flamante alianza opositora entre sectores con una amplia base social (el panameñismo) y una ideología modernizante (la democracia cristiana), sumó un proyecto de acumulación representado en una nueva fracción financiera de la burguesía y un poderoso padrino en el Departamento de Estado.

Más adelante examinaremos el proyecto de la fracción financiera de la burguesía. No reñía con los objetivos económicos que perseguía el torrijismo en la década de 1970. En aquella fecha, su fuente de acumulación era la especulación capitalista basada en las operaciones financieras nacionales e internacionales: El centro bancario internacional, la Zona Libre de Colón, el oleoducto e, inclusive, las operaciones de ensamblaje para la reexportación, también conocida por maquilas.

Sin embargo, los compromisos adquiridos por el torrijismo con los sectores productivos nacionales y los trabajadores organizados representaban un obstáculo para que el proyecto neoliberal se ejecutara con la fluidez deseada. Las contradicciones generaron episodios folclóricos, pero entendibles, como la candidatura fracasada de un general, el ascenso y posterior caída de Ardito Barletta y las confesiones de un coronel arrepentido. Finalmente, éstas últimas sirvieron de acelerador de las transformaciones y catalizador de las fuerzas de oposición.

El Departamento de Estado conocía la situación panameña y su principal interés político fue mantener la estabilidad necesaria para asegurar sus enormes inversiones en el Istmo. Para EEUU, Torrijos representaba estabilidad y lo toleraban a lo largo de la década de 1970. La situación cambiante de la década de 1980 modificó sustancialmente la situación. Este período se caracterizó por la inestabilidad política. Según EEUU, el factor estabilizador lo constituyó – única y exclusivamente – el papel político de las FDP. Sin embargo, fueron los militares los que impidieron que el proyecto transnacionalizador se impusiera sin contrapeso. La interpretación norteamericana de la situación, le permitió a los sectores más reaccionarios del congreso de ese país (Helms y otros) coincidir con los llamados liberales (Kennedy y otros). (Lindsay-Poland, 2003; Sánchez, 2007)

La oposición encabezada por la fracción financiera optó por cuestionar a fondo el discurso de democratización esbozado por los torrijistas y plantear en nombre de la democracia un retorno al régimen político oligarca. EEUU acogió el discurso y procedió rápidamente a cumplir dos objetivos: Por un lado, desestabilizar y posteriormente destruir las FDP. Por el otro, permitirle a la oligarquía que recuperara su ‘hegemonía perdida’. Con este fin invadió militarmente Panamá el 20 de diciembre de 1989 dejando una secuela de muerte y desolación. (Beluche, 1990)

Políticas neoliberales y estructura política

Las políticas neoliberales diseñadas para rearmar el patrón de acumulación, tanto a escala mundial como en lo relativo a la economía panameña, tuvieron efectos inmediatos sobre la estructura política del país. El populismo militar que predominó en la década de 1970 fue reemplazado en la década siguiente por un militarismo abierto a las políticas de ajuste y en mejores condiciones de establecer puentes de contacto con los sectores de la oposición. El populismo militar encabezado por el general Torrijos promovía una alianza de clases entre capital nacional y trabajadores organizados, mediada por la institución militar. En la década de 1980, el proyecto fue modificado para convertir a la institución militar en la alianza como protagonista (no mediadora). La propuesta fracasó y le allanó el camino a EEUU para invadir militarmente el país.

El régimen político que reemplazó a los militares se proclamó una democracia electoral con amplias libertades para la organización de partidos políticos y con una política económica neoliberal explícita. El discurso oficial proclamaba la democracia de mercado, al igual que una economía de mercado democrática. A partir de 1990, las reformas neoliberales le permitieron a los sectores del capital especulativo organizar sus partidos políticos y enfrentar al gobierno de turno encabezado por el Partido Panameñista en las elecciones de 1994.

La división de los partidos que respondían a los intereses del capital especulativo, le permitió al PRD, fundado por Torrijos en 1978, ganar las elecciones con una mayoría relativa muy pequeña (33 por ciento del electorado). El triunfo del “partido de los militares” sorprendió a todos los observadores. Sin embargo, el candidato triunfador, Ernesto Pérez Balladares, es un financista (que asesoró a Torrijos en la década de 1970) y su programa estaba en línea con las políticas neoliberales iniciadas 10 años antes cuando fue ministro de Hacienda. Además, Pérez Balladares contaba con una ventaja: El PRD tenía apoyo popular en los sectores urbanos y rurales, golpeados precisamente por las políticas neoliberales que paradójicamente el nuevo presidente iba a profundizar.

El triunfo de Pérez Balladares en 1994, que en su momento se consideró un accidente electoral, por la animosidad existente en el país a todo lo que tuviera relación con el pasado militar, anunciaba la nueva fórmula de legitimidad política neoliberal del futuro. Según los teóricos neoliberales, la legitimidad de la democracia electoral descansa sobre tres elementos.

En primer lugar, la institucionalidad del sistema de partidos políticos. Segundo, la convocatoria regular a elecciones. Tercero, la alternabilidad en el poder de los partidos políticos.

Partidos políticos y alternabilidad en Panamá

En el caso de Panamá, desde 1990 la estructura política se acercó cada vez más a los objetivos planteados por la ciencia política norteamericana. En los últimos 25 años, después de 20 años de régimen militar, se han institucionalizado un conjunto de partidos que se alternan en el poder. Según los estudios más recientes de las democracias latinoamericanas, sólo cuatro países han logrado alcanzar estos objetivos. Además de Panamá, se encuentran Costa Rica, Uruguay y Chile. Sin embargo, sólo Panamá y Costa Rica han logrado poner en práctica la alternabilidad en el poder de los partidos políticos. Tanto Colombia como Venezuela se encontraban en esta categoría.

El primero ha sido sometido a una nueva variedad de democracia, que podrá llamarse de “seguridad nacional”. En el caso de Venezuela, la alternabilidad pactada a fines de la década de 1950 colapsó después del “caracazo” de marzo de 1989.

Al igual que en otros países latinoamericanos, pareciera que la estabilidad de la estructura política depende de la capacidad que tienen los partidos políticos de administrar la política neoliberal presentada en forma clara por el “consenso de Washington”. En los cinco últimos lustros, países que tuvieron gobiernos militares entre la década de 1960 y 1980, como Panamá, Chile, Brasil y Uruguay han logrado un equilibrio político delicado entre políticas de ajuste neoliberales y creciente pauperización. Las instituciones financieras internacionales y organismos de las Naciones Unidas celebran estos logros. Argentina, México y República Dominicana parecieran encaminarse, con más dificultades, en la dirección recomendada por el “consenso”. No es el caso de los países andinos y de la mayor parte de los países de Centro América que continúan siendo objeto de una intervención foránea muy fuerte. Un ejemplo emblemático del fracaso de las políticas neoliberales es la estructura política de Haití que colapsó bajo la presión de las políticas de ajuste.

A partir de 1990 el Departamento de Estado se preocupó de guiar al nuevo gobierno por el sendero del “Consenso de Washington”. Se preocupó de ofrecerle seminarios a los gobernantes junto con periodistas, académicos y activistas. Los encuentros de Bambito y Coronado sirvieron para establecer un puente entre los dirigentes políticos y la ‘sociedad civil’. (Pérez) Igualmente, trabajó en la formación de lo que denominó una sociedad civil que financiaba mediante la creación de organizaciones no gubernamentales (ONG). A pesar de las reuniones y conferencias, la coalición favorable a las políticas norteamericanas no logró aprobar las primeras enmiendas a la Constitución propuestas por el Ejecutivo. Ante el fracaso, optó por aprobar un conjunto de acuerdos militares con EEUU mediante decretos gubernamentales a lo largo de varios años. (Nelson, 2003)

A pesar de las frustraciones, en 2006 logró aprobar un referéndum que le dio luz verde para la ampliación del Canal de Panamá. El proyecto que en principio comprometería una inversión de US$5,25 mil millones culminaría en 2014. Sin embargo, se atrasó hasta 2016.

Los dos partidos políticos que dominaron el escenario panameño entre 1990 y 2009 contaron con apoyo en la base social de la estructura política. El PRD tenía una red significativa en las áreas más urbanizadas. La mayor parte de las cúpulas organizadas de los trabajadores y gremios, tenía – y aún tiene – vínculos con el PRD. En cambio, el Partido Panameñista cuenta con numerosos cuadros y agitadores en los sectores rurales y menos organizados. Ambos partidos aún cuentan con una presencia significativa de cuadros militantes en las capas medias. Tanto el PRD como el Partido Panameñista sirven de mediadores entre las políticas de ajuste de las fracciones financieras y los sectores populares de país.

En 2009 Ricardo Martinelli triunfó en las elecciones logrando establecer a última hora una alianza con el Partido Panameñista. La dupleta de Ricardo Martinelli y Juan C. Varela (vicepresidente) derrotó cómodamente, con el apoyo de EEUU, a la candidata del PRD. El éxito de la campaña de Martinelli se basó en explotar el cansancio del electorado (especialmente los sectores que controlan las políticas financieras) con la incapacidad de los partidos políticos ‘tradicionales’.

Martinelli y su Partido Cambio Democrático (CD) se deshizo en 2011 de la alianza electoral forjada con el panameñismo e introdujo un nuevo estilo de gobierno. Las políticas neoliberales fueron complementadas con el despojo de riquezas, tierras e instituciones del país.

El “consenso de Washington” que promovió la consolidación en Panamá de un pacto entre el capital financiero y sus aliados de las clases más débiles, por un lado, las capas medias, por el otro, y los sectores populares (encabezados por los trabajadores organizados) fracasó. Esta alianza tripartita, con escasas posibilidades de realizarse, pretendió legitimar las políticas neoliberales y acelerar los ajustes económicos. Martinelli introdujo en gran escala el despojo y el clientelismo. El proyecto de continuidad en 2014 fracasó en las urnas.

El triunfo de Varela en 2014

Las elecciones de 2014 fueron la quinta experiencia en que se enfrentaron los partidos políticos desde la invasión militar norteamericana en diciembre de 1989.

Juan Carlos Varela (Partido Panameñista) logró formar una alianza con el Partido Popular (ex Democracia Cristina) y simpatizantes del MOLINERA. Estos fueron los mismos tres partidos que apoyaron la invasión norteamericana en 1989. En los últimos 25 años se han separado, dividido y enfrentado en múltiples ocasiones. Cuando se unen, sin embargo, triunfan en las urnas. Cuentan con el apoyo irrestricto de Washington y el apoyo es reciprocado por sus gobiernos en alianzas militares, tratados de libre comercio y votos en organizaciones internacionales.

Los resultados de las elecciones de 2014, que ungieron a Juan Carlos Varela, cumplieron con la política de alternabilidad. Sin embargo, favoreció al candidato de los partidos tradicionales más débil. No cuadraron con los análisis realizados con anterioridad a las elecciones. ¿A qué podría deberse esta confusión generalizada?

La campaña electoral de 2014 presenció, además, por primera vez en 30 años (desde 1984) la postulación de candidatos de la izquierda panameña. El candidato independiente, Juan Jované, quien logró introducir los problemas del país en los debates presidenciales, obtuvo algo menos del uno por ciento de los votos. A su vez, el candidato del Frente Amplio por la Democracia (FAD), el dirigente sindicalista, Genaro López, no obtuvo los votos esperados.

Jované desarrolló su campaña sin apoyo financiero, pero logró encontrar apoyo en sectores importantes de la sociedad panameña. Su discurso se dirigió a las causas de los problemas que tiene el país y que el pueblo está sufriendo. Denunció el saqueo de las arcas fiscales por la oligarquía financiera, que apoya económicamente a los tres partidos mayoritarios del país. Prometió poner fin a la corrupción que lleva al país al borde del colapso tanto moral como material. También señaló que la única manera de rescatar de la bancarrota a los sectores productivos de la economía – el agro y la industria – era denunciando y saliéndose del Tratado de Libre Comercio con EEUU. Su campaña hizo énfasis en el estado ruinoso en que se encuentran los programas educativos y de salud del país. Las escuelas están literalmente colapsadas y los centros de salud no cuentan con equipos o materiales de trabajo.

Genaro López, dirigente obrero de la construcción, obtuvo muchos menos votos de los esperados. Se calculaba que capturaría por lo menos el 4 por ciento del electorado, para poder consolidar el partido Frente Amplio por la Democracia (FAD) y elegir por lo menos un diputado a la Asamblea Nacional. Es probable que el discurso que buscó un equilibrio en sus propuestas terminó perjudicando las aspiraciones electorales de López. Siguiendo los ejemplos de Lula, Sánchez Cerén y Mojica no se pronunció abiertamente de izquierda y partidario de cambios radicales. Quienes podrían haber votado por una alternativa, prefirieron inclinarse a favor del ‘voto castigo’. Había que asegurar que Martinelli no regresara a la Presidencia, sobre las espaldas de su pupilo o de la mano de su señora, candidata a la Vice-presidencia.

Según Manuel Zárate, “cuando se contrasta el número de miembros inscritos en el Partido Panameñista con el de votantes a favor, no es difícil concluir, al ver doblar la cifra, que la inmensa mayoría de los independientes contrarios a la autocracia le dieron su voto al actual presidente Varela. Fue un voto por el que se optó en las últimas semanas antes de las elecciones, con aguda intuición y sopesada conciencia”. El activista y ambientalista agrega que “se optó sencillamente por el candidato que pareció ser el más legítimo de la oposición: El candidato víctima de la patraña facinerosa, el más sosegado. Además, el que presentó un programa con cierta coherencia, firmeza y algo de sentido social, con ligero aroma a los renovados vientos socialcristianos (del papa) Francisco. No fue así un voto clientelista, ni gratuito, ni utilitario, lo cual significó ser un voto ciudadano de quien espera cambios y queda vigilante. Neutralizado el fraude, la opción ganadora fue así un asunto de aritmética”. (Zárate, 2014)

A pesar de los pronósticos de Zárate, en menos de dos años de ejercicio del cargo, el presidente Varela ha mostrado una política muy parecida si no idéntica a la de Martinelli. Contrasta, sin embargo, el estilo que hasta ahora ha presentado al país. Pero Varela está sujeto a las políticas que emanan de EEUU en materia económica, social y militar. Incluso, su militancia en el Opus Dei, una orden conservadora de la Iglesia católica, es bien vista por Washington. El triunfo de Varela fue el resultado de la simpatía que su figura despertó en los sectores menos organizados de la clase trabajadora, así como en las provincias agropecuarias.

El filósofo, Abdiel Rodríguez, plantea que “a la falta de propuestas alternativas reales-alcanzables en la arena política - hemos cambiado para quedar en lo mismo. Estas elecciones estuvieron llenas de contradicciones a lo interno de la élite política nacional”. El gatopardismo implícito en los procesos electorales panameños lo conduce a afirmar que “para muchos estaba en juego la “institucionalidad democrática”, debido a la excesiva concentración de poder del saliente presidente Ricardo Martinelli”.

“El triunfo de Varela continúa con la costumbre electoral de la alternancia en el poder, sin buscar una alternativa real. Esta práctica se ha convertido en la forma de frenar el continuismo y cederle el poder a la oposición”. (Rodríguez, 2014)

La política represiva de los últimos gobiernos no ha sido alterada por Varela. El control social sigue siendo un elemento importante en la estrategia de ‘seguridad nacional’ esbozada por el actual gobierno. Sólo queda por ver con qué fuerza pretende suprimir los movimientos sociales que luchan por los de derechos de los trabajadores, campesinos, indígenas, jóvenes y mujeres del país. Los trabajadores exigen mejores condiciones de trabajo y salarios más justos. Varela parece no tener un plan para enfrentar estas demandas.

Igualmente, en el campo, Varela ha señalado que no pretende introducir cambios a las actuales políticas que están arrasando con los productores. Los pueblos indígenas que están luchando para conservar sus tierras, tampoco han recibido señales del nuevo gobernante.

En las alianzas políticas que se avecinan, Varela buscará la forma de sumar a su gobierno a los sectores empresariales. Todo indica que no tiene en sus planes incorporar figuras de la oposición tradicional que promuevan programas sociales y económicos que puedan beneficiar a los sectores populares. Varela llegó a la Presidencia tras un triunfo sorpresivo en las urnas. Es improbable que su trayectoria política se altere y le dé otra sorpresa al país impulsando políticas que beneficien al pueblo panameño.

Confunde lo que debería ser una política de seguridad ciudadana con la estrategia de la llamada ‘seguridad nacional’. Esta última consiste – según los asesores de EEUU – en la compra de más armamentos, el control militar de áreas geográficas cada vez más extensas e intromisión en instituciones académicas.

La propuesta parece salir de un manual del Comando Sur de EEUU que promueve la ‘guerra contra las drogas’. Para complementar la política de seguridad, el presidente Varela declaró que “el Gobierno ha tomado control de las cárceles del país y se está construyendo un centro de detención de máxima seguridad para aislar a los principales jefes de las bandas criminales”. El sistema penitenciario panameño tiene una lógica que responde a los negocios y a intereses mercantiles. Igual que en otros sistemas en el norte y en el sur del hemisferio, las cárceles son negocios muy lucrativos en manos de autoridades y representantes del crimen organizado (tanto dentro como fuera de los establecimientos). La única manera de ‘tomar control’ del sistema es poner fin al lucro que representa cada cárcel.

La corrupción siempre ha traído prosperidad para unos pocos y pobreza para muchos. En el caso de ciudades como Colón, los gobernantes panameños no han administrado la Zona Libre (emporio comercial en la boca norte del Canal de Panamá) para que contribuya al desarrollo de la ciudad. Cada gobernante y su corte ven Colón como una ‘vaca’ que es ordeñada y descartada. Un gobierno interesado en la gente, tendría que – para comenzar - regular los flujos de mercancías y controlar las ganancias. Segundo, establecer reglas que le garanticen a los trabajadores salarios dignos. Tercero, quizás lo más importante, tiene que acabar con la corrupción que ha convertido a Colón en una lacra, sometida al clientelismo político de quienes están en el poder.

En el torneo electoral de 2014 el movimiento social de los pueblos indígenas apareció con más fuerza y beligerancia. Según Arysteides Turpana, “para las naciones originarias es menester la liquidación del colonialismo interno y de toda relación asimétrica con el Estado. Ello quiere decir que demandamos el respeto para con la estructura sociopolítica tradicional y milenaria de nuestros pueblos y con ello la misma cortesía para los congresos generales y a sus propias autoridades”. El poeta y profesor de Español subraya que “es fundamental que el nuevo gobierno respete nuestros derechos consignados en la Carta Magna, en materia de inalienabilidad a cualquier título de la propiedad colectiva de la tierra y, en este sentido, la demanda más inmediata, urgente y terminante es paralizar el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, que tantos conflictos causa, tantos sinsabores y hasta mártires nos ha traído”. En el plano político, para Turpana, la democracia implica que los gobernantes “lleguen a un acuerdo decente con la nación Ngäbe-Bugle, a un acuerdo donde todos los involucrados salgan ganando y no sea como tradicionalmente ha sido que el pueblo originario siempre ha salido perdiendo. Así mismo, propugnamos por una política de verdadera defensa de los recursos naturales y de los ecosistemas existentes en nuestros territorios”. (Turpana, 2015)

Varela también tiene que soportar la presión norteamericana para que Panamá sirva como plataforma militar de EEUU en su política de dominación en la región latinoamericana. En apenas cinco años (2007-2011) EEUU asesoró y financió la construcción de 11 bases aeronavales en ambas costas panameñas. Las bases son administradas por el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), un aparato militar panameño que no cumple con lo planteado por la Constitución Política de Panamá: La República no contará con institución militar ni fuerzas armadas. (Ver Cuadro Nº2)

Una visión hacia el futuro

Los trabajadores del país han logrado soportar los embates de las políticas neoliberales aplicadas durante los últimos 25 años, gracias a las contribuciones realizadas por la incorporación del Canal de Panamá a la economía nacional. El empobrecimiento de la población y, muy especialmente, de los trabajadores ha sido mitigado por los ingresos crecientes de la operación de la vía acuática.

El crecimiento económico con tasas del 10 por ciento anual entre 2008 y 2012 es el resultado de las grandes inversiones (ampliación del Canal, los proyectos inmobiliarios especulativos y el lavado de dinero). Desde 2014, sin embargo, el ritmo de crecimiento económico ha disminuido en forma significativa agudizando los conflictos sociales. La estabilidad social depende de los ingresos tributarios para desarrollar una política clientelista. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) tiene ingresos anuales provenientes de los peajes que pagan las naves de la marina mercante mundial que superan los US$2 mil millones. Casi la mitad de esos fondos son destinados al fisco para su incorporación en el presupuesto de la Nación. Desde 2000 estos ingresos han crecido significativamente. Sin embargo, a partir de 2012 el incremento ha comenzado a disminuir.

Abdiel Rodríguez, en 2014 ya pronosticaba, que “el próximo quinquenio será un escenario interesante para negociaciones y alianzas tácticas entre las bancadas de los distintos partidos, signada por intereses ajenos a la colectividad. Por un lado, si los diputados del PRD apoyan la agenda de Gobierno serán mayoría. Si se abstienen o hay diferencias a lo interno, el Partido Cambio Democrático, llevará el control del hemiciclo legislativo. En 2015 se produjo la alianza entre el Partido Panameñista, del presidente de la República, con una fracción del PRD y varios votos del CD, para controlar la Asamblea Nacional de Diputados. Es difícil, sin embargo, señalar si este tipo de maniobras partidistas frágiles y sin bases sólidas le permitirá al presidente Varela llegar a terminar su período en 2019. (Rodríguez, 2014)

La falta de un proyecto nacional de desarrollo sigue siendo el “talón de Aquiles” del país que se traduce en inestabilidad política. La política de ajustes y la creciente proporción de trabajadores obligada a refugiarse en el sector informal y la disminución de los servicios sociales que se le proporciona a los sectores populares, representan “bombas de tiempo” que pueden estallar en cualquier momento. Sólo una revisión radical de las políticas neoliberales puede contribuir a resolver los problemas que se avecinan en el futuro. Una revisión que implicaría, entre otras cosas, el rescate del proyecto de desarrollo nacional sobre la base de la recuperación del usufructo de la posición geográfica del país (que incluye el Canal de Panamá).

Las elecciones del 4 de mayo de 2014 marcaron claramente la coyuntura: La izquierda panameña tiene que elaborar una plataforma electoral, sobre la base de una teoría que le permita entender y manejar la lógica partidista de los sectores dominantes. En 2014 sólo obtuvo 22 mil votos de un total de más de 2 millones. Un poco más del uno por ciento del total. Los comicios dejaron como lección que los sectores progresistas tienen que estudiar con los instrumentos adecuados el “desarrollo de la clase representada”. La izquierda tiene dos años para poner a prueba las lecciones del 4 de mayo y socavar la hegemonía de la burguesía rentista y enfrentarla como han hecho las organizaciones de las comarcas de los pueblos aborígenes, de las ciudades y del campo. Esa es la tarea de todos, especialmente de la juventud. Hay que elaborar la teoría política y desarrollar la capacidad práctica.

Bibliografía

Olmedo Beluche, 1990, La verdad sobre la invasión, Panamá, CELA.

Ernesto de la Guardia, 1977, Pensamiento y acción, Panamá, INAC.

Diógenes de la Rosa, 1997, Textos y contextos, (edición a cargo de P.L. Prados), Panamá, Universidad de Panamá.

Rómulo Escobar B., 1981, Torrijos: ¡Colonia americana no!, Bogotá, Carlos Valencia ed.

Marco A. Gandásegui, hijo, 1998, La democracia en Panamá, Panamá, CELA.

Simeón González, 2001, Los dilemas de la transición, Panamá, IEPI.

Rubén D. Herrera, 1974, La necesidad de cambios sociales en el desarrollo económico de Panamá, Panamá, Asamblea de Representantes de Corregimiento.

Juan Jované, 2011, “Acumulación por desposesión”, Panamá, (revista) Tareas Nº137.

John Lindsay-Poland, 2003, Emperors in the Jungle, Durham, Duke University Press.

Julio Manduley, 2014, “La política económica de Omar Torrijos”, Panamá, (revista) Tareas Nº146.

José de Jesús Martínez, 1987, Mi general Torrijos, Panamá, Ed. Legado.

Eusebio A. Morales, 1977, Ensayos, documentos y discursos, Panamá: Colección Kiwanis.

MIPPE, 1976, Plan Nacional de Desarrollo, Panamá, Ministerio de Planificación y Política Económica.

MLN 29.11, 1971, La declaración de Panamá, México, D.F., Ed. Diógenes.

Herbert Nelson, 2003, Historia de las relaciones entre EEUU y Panamá (1995-2003), Panamá: CIDPA.

Orlando J. Pérez, (2011), Political Culture in Panama: Democracy after Invasion, New York: Palgrave-Macmillan.

Ana Elena Porras, (2014), “La narrativa de la colonialidad y Belisario Porras”, (revista) Tareas Nº146, pp.75-96.

Demetrio Porras, (1946), Veinte años de lucha, Buenos Aires: Américalee ed.

Humberto Ricord, (1983), Los clanes de la oligarquía panameña y el golpe militar de 1968, Panamá: Colección Política y Sociedad (Nº5).

Abdiel Rodríguez R., (2014), “Gatopardismo: alianzas, derrota y elección 2014”, Las elecciones de 2014, Panamá: CELA y FES.

Peter Sánchez, (2007), Panama Lost? US Hegemony, Democracy, and the Canal, Tallahassee: University Press of Florida.

Ricaurte Soler, (2008) “Panamá, nación y oligarquía”, en Las clases sociales de Panamá, Panamá: CELA.

Anayansi Turner, (2000), Domingo H. Turner en el alma del pueblo, Panamá: Editorial Universitaria.

Arysteides Turpana, 2014, "Balance de las elecciones 2014 y perspectivas de las fuerzas progresistas”, Las elecciones de 2014, Panamá: CELA y FES.

Manuel Zárate, 2014, “Las elecciones de mayo de 2014, entre sorpresas y sorprendidos…”; Las elecciones de 2014, Panamá: CELA y FES.