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Un hecho marginal y desconocido

Desde hace algún tiempo trabajo en una hipótesis que se puede resumir así: la invasión de Panamá de 1989 constituyó la expresión regional del fin de la Guerra Fría, replanteando el predominio estadounidense en las Américas, y específicamente en Panamá, a través de una política exterior de seguridad articulada en torno a un imaginario y a una estrategia militar conocida como la “guerra contra las drogas”, cuyo origen se remonta a 1971.

Esta nueva coyuntura regional se abrió faltando poco tiempo para el 31 de diciembre de 1999, fecha en que debía cumplirse la entrega del Canal a la jurisdicción panameña de acuerdo a lo establecido en el Tratado Torrijos-Carter firmado en 1977. La invasión de Panamá, sin embargo, va más allá de ser un mero hecho regional. A mi juicio, fue un eslabón de la transformación global del inicio del cambio de época que se vivió entonces entre la moribunda Guerra Fría y el nuevo tiempo que nacía conocido como Posguerra Fría.

No obstante lo anterior, la invasión norteamericana a nuestro país es un acontecimiento que ha sido prácticamente borrado de la historia de la política internacional de aquel momento trascendental. Se trata de un acontecimiento escasamente investigado, estudiado y confrontado como un acontecimiento complejo y brutal que tiene todas las trazas de ser parte de las transformaciones profundas del sistema internacional en aquel momento. En las escasísimas ocasiones en que se hace alguna breve mención a la invasión en algún análisis sobre política internacional o regional, ese hecho político-militar aparece siempre desconectado del contexto internacional que caracterizó a aquel diciembre de 1989, y se aborda principalmente como el resultado de las acciones de un individuo, el entonces general Manuel Antonio Noriega.

Desde una perspectiva local, la invasión de Panamá sigue siendo un suceso en gran medida desconocido. Muy cerca de que se cumplan 30 años de la agresión militar sufrida aquella madrugada decembrina de 1989, ni siquiera se tiene una cifra oficial de cuántos panameños y panameñas murieron en medio de aquellas circunstancias terribles.

Desde esta perspectiva, la invasión se ha convertido en una especie de acontecimiento paria, un fantasma pobre que “no tiene quien le escriba”, paseante sin huella en cúmulos de análisis acerca del sistema internacional que empezó a emerger ese año 1989 de los escombros aún humeantes de un Berlín de espaldas a las penurias que azotaban otras realidades.

Estrecha mirada del mundo

Magnus Linton (2015: 69), un reconocido estudioso sueco de los estupefacientes, sostiene que “Si bien el momento exacto en que comenzó la guerra contra [las drogas] puede rastrearse hasta diferentes años dependiendo de la perspectiva, su desarrollo está claramente asociado a dos años muy decisivos: 1989 y 2001”, esto es, la caída del Muro de Berlín y los atentados de Nueva York del 11-9.

Como se puede apreciar, el estudio de Linton tiene como base una perspectiva exclusivamente occidental-noratlántica de ese año emblemático de 1989, perspectiva que desconoce acontecimientos relevantes que tuvieron lugar en otras partes del sistema internacional, entre ellas, las Américas, y específicamente, Panamá.

Esta situación no debe sorprendernos en la medida en que aceptemos que la fisonomía de la disciplina ‘Relaciones Internacionales’ posee un marcado carácter occidentalocéntrico de la realidad internacional, en virtud de lo que algunos autores apuntan como una posición hegemónica y un canon de pensamiento científico-social dominado por la academia europea y estadounidense que lo construye a través de las agendas de investigación, de las categorías, de los debates y de las teorías y metodologías predominantes, respondiendo en gran medida al nexo históricamente estrecho entre el poder político internacional occidental y la producción de conocimientos.

De ahí que encontremos una evidente marginalización o invisibilización de ciertas partes del sistema internacional y con el lo de un conjunto de Estados moderno-coloniales que de manera reiterada los teóricos más reconocidos de las Relaciones Internacionales no incorporan en sus análisis de la política internacional.

Una perspectiva nuestroamericana

Si bien es imposible desconocer los acontecimientos europeos relacionados directa o indirectamente con la caída del muro de Berlín, entiendo 1989 desde una perspectiva nuestroamericana y en ese sentido estimo que la invasión de Panamá por EEUU representa la otra cara de la moneda que no solemos ver con respecto a los acontecimientos en el antiguo espacio de influencia soviética.

Ya en septiembre de 1989 el secretario de Defensa Richard Cheney, había establecido que el combate contra las drogas pasaba a ser una misión de seguridad prioritaria para el Pentágono, lo que implicó que las fuerzas armadas asumieran el liderazgo en tareas de detección y monitoreo del tráfico de drogas hacia EEUU, así como el apoyo a la Agencia Federal Antidrogas (DEA) y al Departamento de Estado (Tokatlian: 2010).

Tres meses después, el 20 de diciembre de 1989, Washington ordenó la Operación Causa Justa con el objetivo de intervenir militarmente en Panamá, cuyo resultado in-mediato fue que el general Manuel Noriega se entregara a las fuerzas de ocupación estadounidenses, fuese llevado a EEUU y terminara condenado por narcotraficante. De este modo, la invasión de nuestro país en 1989 probablemente sea el primer caso en que EEUU haya acumulado buena parte de su poderío militar para invadir otro Estado teniendo como motivo el narcotráfico.

Invasión y acuerdos firmados de 1990-2004

Veinte días después de la acción militar, el 10 de enero de 1990, Panamá y EEUU firmaron el Memorándum de Entendimiento Lima-Levitsky, dando lugar a una serie de nuevos compromisos, con el propósito de combatir la producción y tráfico ilícito de drogas y otras actividades delictivas internacionales. De este modo, a pocos años del traspaso de la vía interoceánica a Panamá los acuerdos post-invasión de 1990-2004 abrieron una nueva etapa en las relaciones entre los dos países y establecieron un marco jurídico inédito y sustancialmente diferente a los Tratados Torrijos-Carter y a toda la historia de tratados anteriores.

Principales acuerdos post invasión 1989 firmados por Panamá y Estados Unidos, 1990-2004 (IDEN-UP 2007)

1. Enero 10, 1990, Acuerdo Lima-Levitsky: Acuerdo de Cooperación Mutua para reducir la demanda, impedir el consumo ilícito y combatir la producción y el tráfico ilícito de estupefacientes.

2. Junio 25, 1990, Ley N° 5, aprueba el Convenio Linares- Baker III: Medidas para impedir en Panamá el desvío (transacciones internacionales) de productos químicos esenciales que puedan emplearse en la elaboración, fabricación, extracción, transformación o preparación de estupefacientes o substancias psicotrópicas.

3. . Diciembre 28, 1990, Arreglo Arias-Lang: Asistencia para el establecimiento de instituciones civiles para mantenimiento del orden público (creación de la Policía Nacional).

4. Marzo 18, 1991, Arreglo Arias-Hinton: Apoyo y asistencia por parte del Servicio de Guardacostas de EEUU, al Servicio Marítimo Nacional del Ministerio de Gobierno y Justicia, para la realización de operaciones policiales marítimas bilaterales dentro de las aguas territoriales de Panamá para impedir actividades ilícitas, como tráfico internacional de estupefacientes, la pesca ilícita y el transporte de contrabando.

5. Julio 22, 1991, Ley N° 20, aprueba el Tratado Linares- Hinton: Asistencia Mutua en Asuntos Penales para establecer una cooperación más efectiva entre ambos Estados, en la investigación, enjuiciamiento y supresión de delitos graves como el tráfico de narcóticos.

6. Septiembre 6, 1995, Acuerdo Montenegro-Helbard: Memorándum de Entendimiento para el uso de helicópteros UH-1H, con el propósito de combatir la producción y tráfico ilícitos de drogas y otras actividades delictivas internacionales.

7. Octubre 15, 1998, Ley N°63, aprueba Acuerdo Fábrega- Hughes, acuerdo de transporte aéreo.

8. Septiembre 23, 1999, Carta de Entendimiento Sossa- Ferro: Mejorar la capacidad de Panamá para la interdicción de narcóticos en las fronteras, muelles y aero puertos nacionales; incrementar los procesos a traficantes de narcóticos y delitos conexos; incrementar la capacidad de intercambio de información de la Fiscalía de Drogas, la PTJ con agencias de orden público y el Centro para la Información y Coordinación Conjunta del Ministerio de Gobierno y Justicia, y para incrementar la cooperación entre EEUU y Panamá en el campo del orden público antinarcóticos.

9. Septiembre 24, 1999, Carta de Entendimiento Juliao- Ferro: Contrarrestar el tráfico internacional de drogas a través de Panamá; incrementar la habilidad del Ministerio de Economía y Finanzas de investigar e interdictar a los traficantes de narcóticos de precursores químicos ilícitos y delitos conexos y extranjeros que entren a Panamá con documentos de identidad falsificados y otras actividades conexas.

10. Agosto 30, 2000, Carta de Entendimiento Sossa-Ferro N°2: Mejorar la cooperación antinarcóticos y de aplicación de la ley en las áreas de antinarcóticos, crimen y reducción del abuso de drogas.

11. Agosto 31, 2000, Carta de Entendimiento Spadafora- Ferro: Mejorar la cooperación antinarcóticos y de aplicación de la ley en las áreas de interdicción marítima de narcóticos, recopilación e intercambio de información e inteligencia antinarcóticos y de aplicación de la ley, recopilación y análisis de estadística criminal y disuasión de falsificación de documentos y tráficos de ilegales.

12. Sept. 5, 2000, Carta de Entendimiento Young-Ferro: Mejorar la cooperación antinarcóticos y aplicación de la ley en el área de lavado de dinero.

13. Nota Verbal N° 0631, dic. 2001, Canje de Notas entre Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá y la Embajada de EEUU: Autoriza 16 agencias federales de EEUU, para atender incidentes de contaminación ambiental y accidentes en el área del Canal de Panamá.

14. Febrero 5, 2002, Arreglo Complementario Salas- Becker: Continuación y ampliación de actividades contra el tráfico ilícito marítimo y aéreo de estupefa-cientes en el territorio, aguas y espacio aéreo de Panamá.

15. Abril 1, 2002, Acuerdo Zubieta-Becker, entre la Autoridad del Canal de Panamá, el Depto. de Estado de EEUU, y el Servicio de Guardacostas de EEUU: Facilitar la prestación de asistencia cuando ocurran incidentes significativos de contaminación que puedan afectar el área del Canal de Panamá.

16. Junio 23, 2003, Acuerdo Watt-Arias Cerjak: Relativo a la entrega de personas a la Corte Penal Internacional. Se entiende por “personas” a los funcionarios públicos, los empleados (incluidos los contratistas), el personal militar o los nacionales de una Parte, actuales o antiguos.

17. Mayo 12, 2004, Enmienda Escalona-Bolton al Arreglo Complementario del 5 de febrero de 2002: Profundiza la cooperación entre las Partes, a fin de prevenir el tráfico ilícito que incluye la proliferación por mar de Armas de Destrucción en Masa (ADM), sistemas vectores de lanzamiento y de materiales conexos, hacia y desde los Estados y actores no estatales sospechosos de proliferación y terrorismo.

Como es fácil constatar, tales acuerdos post invasión firmados por Panamá en los años 1990-2004, obligan a precisar el término de “guerra contra las drogas”, el cual debe entenderse como las políticas y medidas antidrogas de EEUU que tienen una orientación hacia diversos objetivos de dominación geoestratégica en la región, por lo que no se limitan al control del trasiego de drogas ilegales hacia ese país.

La clave de esta nueva etapa y su impacto en Panamá, la apuntó ya en 1985 el desaparecido sociólogo Raúl Leis en su libro Comando sur, poder hostil, en donde premonitoriamente sostenía que, si bien los tratados canaleros de 1977 recortaron propiedades y extensiones del enclave colonial, lo cierto es que no afectaron sustantivamente el enclave militar. “Por el contrario –escribía Leis- la situación regional y mundial ha hecho que sean reforzadas las instalaciones del Comando Sur y se prepara el camino (en una alianza entre imperio y herodianos locales) para asegurar la permanencia de este ejército interventor, más allá del año dos mil, pese a que la amenaza de la intervención permanente pende a perpetuidad sobre los panameños.”

Tras años de enfrentamientos militarizados de EEUU en la región, el agravamiento de los problemas de producción, trasiego y consumo han incrementado la criminalidad y la violencia en los países más afectados de América Latina y el Caribe, todo ello en un clima de debilidad político-institucional que fractura el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática como lo muestran los tres escenarios de ‘guerra contra las drogas’ en Las América que se bosquejan seguidamente.

La guerra contra las drogas en tres escenarios de nuestra América

Honduras, mayo 2012. Hilda Lezama estaba llevando de vuelta a pasajeros, río arriba, en la comunidad de Paptalya, municipio de Ahúas, departamento de Gracias a Dios, en el noreste de Honduras después de una expedición de pesca en una zona remota de la Costa Mosquito, en Honduras. En la oscuridad que se produce antes del amanecer, podía escuchar los helicópteros zumbando por encima de su cabeza, pero al principio no les dio importancia. De repente, las balas – disparadas desde helicópteros del Departamento de Estado de Estados Unidos con agentes de la DEA y la policía de Honduras a bordo– le penetraron ambas piernas. “Me tiré al río para que no me volvieran a disparar”, dijo. Se quedó allí, aferrándose a una rama y manteniendo sólo la nariz por encima del agua, para evitar la lluvia de balas. Más tarde, en conferencia de prensa, Lezama habló por el teléfono celular de su hija desde una cama de hospital en La Ceiba, y manifestó que esa mañana del 11 de mayo nunca imaginó que los helicópteros dispararían sobre su pequeño bote, cuya carga eran pescadores, mujeres y niños. Juana Jackson y Candelaria Pratt -ambas embarazadas- fueron asesinadas a balazos, junto con Hasked Brooks y Emerson Martínez de 14 años de edad, quedando gravemente heridos otros tres pobladores de Mosquito. Los helicópteros del Departamento de Estado llevaban a cabo una operación contra el narcotráfico en conjunto con una unidad de la policía hondureña entrenada por el gobierno de EEUU y un Delegado Extranjero de Asesoría (FAST, por sus siglas en inglés) de la Agencia de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés). Su versión de la historia es que el barco había recibido un cargamento de droga ilegal desde un pequeño avión que ellos habían seguido en la selva cercana. Las breves declaraciones que hizo la embajadora de EEUU, Lisa Kubiskie y el Departamento de Estado, insisten en que las personas asesinadas eran narcotraficantes que dispararon contra los helicópteros, y no conceden el beneficio de cualquier tipo de investigación. El asesinato de los pobladores de la Costa Mosquito, puso sobre la mesa el debate acerca de la participación indebida en operaciones letales contra mujeres y niños.

En marzo de este año 2017, Clara Wood, Marlen Zelaya y Brendi Martínez Pratt, familiares de los fallecidos en la masacre dijeron que aún esperan por justicia y que el Gobierno de Honduras cumpla con resarcir los daños causados. En todo caso, la masacre de Ahuas puso al desnudo la ficción del “nuevo” enfoque de seguridad y demuestra los costos humanos de la estrategia militar contra las drogas en Honduras.

— México, septiembre 2014. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), consideran que existe una base razonable para creer que se han cometido en México, crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional, específicamente en Baja California, durante el mandato de Felipe Calderón (2006-2012). La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que aglutina a 172 organizaciones de un centenar de países, ha pedido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que examine la posible comisión de crimen de lesa humanidad en México, principalmente asesinato, tortura, violación sexual, privación grave de la libertad y desaparición forzada en consonancia con el artículo 7 del Estatuto de Roma. Estas asociaciones consideran que en ese período, en el que el Gobierno mexicano lanzó una durísima ofensiva contra el narcotráfico, las instituciones de seguridad del Estado (militares y policías federales, estatales y municipales) llevaron a cabo torturas y desapariciones forzadas, de forma sistemática y dentro de un esquema organizado. El objetivo de este plan, según el documento presentado a la Corte Penal, era conseguir condenas a través de “confesiones arrancadas mediante torturas y fabricación de pruebas”. En favor de la intervención de la fiscalía internacional, los demandantes sostienen que en México no se ha investigado ni juzgado penalmente a ningún alto mando militar o de policía implicado en estos actos. La base del escrito son 32 casos de presuntos abusos en Baja California, uno de los lugares donde primero y con más dureza se aplicó la estrategia de seguridad. “No quisimos ser exhaustivos, sino presentar expedientes claros y representativos de lo que aquí se puede encontrar la Corte Penal si abre una investigación. Por eso lo centramos en ese Estado [Baja California]”, señala Paulina Vega, vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Los autores de la petición esperan que, si el tribunal con sede en La Haya (Holanda) abra un expediente, los jueces nacionales reaccionen poniendo en marcha investigaciones serias. “No estamos en contra de que se combata al narcotráfico, al contrario, lo apoyamos completamente, pero desde el respeto a los derechos humanos”, reitera la vicepresidenta de la Federación. Mientras tanto, los múltiples casos aterradores de personas desaparecidas y asesinadas en el contexto mexicano de la guerra contra las drogas siguen los procesos judiciales respectivos y hasta cumplirlos no pueden ser parte de una denuncia penal internacional.

—En un artículo publicado en Harper’s Magazine el periodista Dan Baum da cuenta de “una conversación que tuvo con el asesor político de Richard Nixon, John Ehrlichman, quien le dijo que la guerra contra las drogas fue ideada en 1968 para mermar a las comunidades afroamericanas y a los grupos que se oponían a la Guerra de Vietnam. La conversación ocurrió en 1994, pero ahora, en un tiempo en el que la polémica sobre la política contra las drogas ha crecido, el contenido de la conversación generó una ola de discusión y reflexión...” El artículo publicado en Harper’s Magazine es una importante revelación que además argumenta en torno a los usos políticos y la manipulación ideológica en el trasfondo de este teatro de guerra que es la lucha contra las drogas, que afecta a múltiples países en el mundo, afirmando que tal “guerra” tiene un origen racista y de control de la población por una élite.

Esta referencia recuerda el llamado “Escándalo Irán- Contra”, también conocido como “Irangate” el cual des-cubrió cómo el financiamiento de la guerra interna en Nicaragua en los años 80s provenía de tres fuentes: la CIA, el tráfico de armas a Irán y el tráfico de drogas, fondos gestionados mediante un entramado de cuentas bancarias en Suiza. Tanto la venta de armas a Irán como la financiación de la Contra, estaban prohibidas por el Senado estadounidense. Es más, según documentos hechos públicos recientemente por el gobierno norteamericano, en esa estructura ilícita transnacional “Los traficantes de droga colombianos y mexicanos apoyaban económicamente a la Contra a cambio de facilidades para introducir drogas en Estados Unidos.”

Los escenarios brevemente descritos en los que se despliega la guerra contra las drogas en la región, son de tal implacable ferocidad que convierte esas descripciones en “textos grotescos” como diría Michel Foucault. Es decir, que la realidad internacional interpretada a través de esos textos sería expresión de lo que el mismo Foucault calificaba como “mecánica grotesca del poder”, como “engranaje de lo grotesco en la mecánica del poder”, lo que de acuerdo al propio Foucault, es un tema “muy antiguo en las estructuras” y “en el funcionamiento político de nuestras sociedades” (2001: 25).

Aunque la lucha antidroga evidenció cambios importantes durante la Administración de Barack Obama (2009-2017), lo cierto es que los matices en la forma de desarrollar esta cruzada no han dado lugar necesariamente a un planteamiento diferente de las políticas antinarcóticos. Por el contrario, estas reformas se orientan más bien a encubrir la impunidad y la violencia generada por las fuerzas militares, policiales y privadas, que actúan en los países más afectados de América Latina y el Caribe.

Siguiendo la política guerrerista contra las drogas se perciben como consecuencias más lamentables: el manifiesto fracaso respecto a la reducción del narcotráfico y la penetración político, militar y diplomática. Los mayores afectados con la sostenida militarización de la guerra contra las drogas siguen siendo los países de la región y su población más carenciadaque con el transcurso de los años no sólo amplían sus vínculos en el mercado de estupefacientes estadounidense, sino que también amplían las rutas y el consumo de drogas ilegales por toda la región.

En este sentido, la extensión del tráfico y el consumo de drogas en la mayoría de los países de la región, da lugar a nuevos re-ajustes en la proyección exterior y de seguridad de EEUU, lo que puede conllevar a nuevas amenazas para la región, en medio del surgimiento de tímidas oportunidades para colaborar y plantear alternativas más autónomas en la lucha contra este flagelo.

Referencias

Instituto de Estudios Nacionales (IDEN), 2007, Compendio de Tratados entre Panamá y Estados Unidos de América (1990-2004), documento especial, Universidad de Panamá.

Foucault, M., 2001, Los anormales, Madrid, Akal.

Leis, Raúl A., 1986, “El comando sur, poder hostil”, Revista Nueva Sociedad N°81, enero-febrero, en: http://nuso.org/media/articles/downloads/1352_1.pdf

Linton, M., 2015, “La guerra contra las drogas: de Richard Nixon a Barack Obama”, Revista Nueva Sociedad 255, enero-febrero, en: http://nuso.org/autor/magnus-linton/

Tokatlian, J. G., 2010, “Droga y dogmas”, El País, 24 de diciembre, en: https://elpais.com/diario/2010/12/24/opinion/12931-45205_-8-5-0-2-5.html

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