Introducción

El objetivo de las presentes reflexiones es aportar algunas ideas básicas que sirvan como marco conceptual para la comprensión e investigación sobre el origen, significado e impacto de los graves problemas de corrupción que sufre Panamá.

Para este fin se parte de una breve discusión en torno a cómo se debe definir la corrupción, haciendo énfasis en su naturaleza y alcance. A partir de ahí, a fin de avanzar en la presentación del marco conceptual propuesto, se exploran varias de las grandes visiones teóricas, las cuales que de alguna manera pueden dar una explicación del origen y el significado de la corrupción.

Para eso se parte de la visión neoclásica, estableciendo su contenido, así como las debilidades que la misma contiene para avanzar en el fin que nos hemos propuesto. A partir de allí se analizan dos visiones que, a nuestro juicio, pueden resultar útiles y complementarias para el análisis. Es así que, en primer lugar, se presenta el contenido de las ideas de la Corriente Institucionalista que, sobre todo en su versión clásica, permite entender la corrupción como un fenómeno que guarda estrecha relación con la estructura institucional de la sociedad. En segundo lugar, se analizan los conceptos derivados de la Economía Política Crítica, los cuales al centrarse en la estructura de relaciones sociales de producción y distribución, permiten entender como los intereses de los sectores dominantes de la sociedad moldean el marco institucional, el cual resulta permisivo para los actos de corrupción. Con el fin de ilustrar la importancia de los conceptos de ambos enfoques, se introducen algunos ejemplos relacionados con el comportamiento corrupto, incluyendo algunos que se refieren al caso de Panamá. Terminada esta presentación finalmente se introducen algunas conclusiones generales.

Definiciones de corrupción

Los recientes hechos que han conmocionado al país, los cuales apenas muestran la punta de un inmenso iceberg de despojo y rapiña de los fondos públicos y de los recursos naturales de la nación, necesitan ser comprendidos en su origen y esencia, a fin de lograr un combate efectivo y decidido contra los factores que generan los actos de corrupción.

El punto de partida obligatorio para cumplir con nuestros objetivos es establecer con claridad a que nos referimos cuando aludimos a la corrupción. A nuestro juicio en términos tradicionales la corrupción está asociada con la decadencia y regresión de algo, que tiene como resultado hacerlo menos capaz, potente y virtuoso.¹ Se trata de una definición que se adecúa a una de las acepciones que hace la Real Academia Española de la palabra corromper: echar a perder, depravar, dañar o pudrir algo. La pregunta inmediata es que es lo que se daña, la respuesta clara será el bien común, entendiendo que la finalidad última de la sociedad es crear las condiciones para que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan desarrollar plenamente todas sus capacidades, en un ambiente de paz, solidario, equitativo y ambientalmente sostenible.²

Una segunda pregunta que puede surgir es la referente a como se produce el proceso de corrupción. A fin de avanzar en la respuesta podemos abrir la discusión recurriendo a la muy tradicional definición de Michael Johnston, quien la entiende como “el abuso del rol o de los recursos públicos o el uso de formas ilegítimas de influencia política por parte de entidades públicas o privadas.”³ Esta definición muestra un punto de interés al llamar la atención hacia la idea de que la corrupción implica abuso de poder, aun cuando la limita al uso del poder público, lo cual como se verá más adelante limita el real campo de análisis.

La definición, entonces, si bien permite incluir la corrupción pública dentro de los fenómenos que analizamos, contiene carencias que deben ser superadas. Una de ellas es que omite cual es la finalidad directa de los actos de corrupción. Se trata de una deficiencia que la definición que ofrecen Transparencia Internacional y la Agencia Danesa de Desarrollo tratan de superar cuando proponen que esta se refiere al “uso indebido del poder con fines de ganancia privada.”⁴ Esta especificación resulta de vital importancia si se toma en cuenta que el tipo de sistema en que vivimos prioriza la ganancia y su acumulación. Vale la pena señalar que, pese a que algunos autores como Hodgson y Jiang, argumentan, utilizando algunos ejemplos, que la corrupción no siempre tiene por finalidad los beneficios privados, ellos aceptan que la mayoría de las veces la motivación es la ganancia personal.⁵

Un defecto del enfoque de Transparencia Internacional está dado por su unilateralidad. Tal como afirma Alberto Acosta, es posible descubrir que “Transparencia Internacional estudia el sector público, sin descubrir la otra cara de la medalla, el ámbito privado, donde la corrupción campea por igual”.⁶ En efecto, como es conocido, la corrupción que implica a los gobiernos no es realizada por entidades públicas o privadas separadamente, tal como se podría entender a partir de la definición de Johnston, sino que la misma implica la acción conjunta de agentes públicos y privados. En estas acciones no solo es cierto que el origen de los actos de corrupción puede motivarse en la iniciativa de los agentes públicos, sino que también pueden generarse en la de los agentes privados, quienes, por ejemplo, hacen de las coimas su cultura básica de acción, tal como lo demuestra el caso de la empresa Odebrecht. Más aún, como se verá más adelante, los regímenes políticos pueden tomar formas en la que los sectores económicamente dominantes y corruptos son exactamente los mismos sectores que dominan con la misma cultura la esfera política y, por tanto, los aparatos administrativos del Estado.

Como lo ha reconocido Pranab Bardham hace ya bastante tiempo, la corrupción se puede dar dentro del propio sector privado, sin que esto implique a los fondos públicos.⁷ Tal es el caso de los abusos que se dan en las llamadas pirámides financieras (esquemas de Ponzi) o, para dar un ejemplo más cercano, en la presencia de las llamadas hipotecas sub-primas y sus efectos que llevaron a la crisis financiera de 2008. Un ejemplo de este tipo de corrupción en Panamá es la utilización del poder de mercado de los oligopolios que se dedican a la intermediación de bienes básicos, los cuales generan precios artificialmente bajos para los productores (poder de monopsonio) y artificialmente elevados para los consumidores (poder de oligopolio) En estos casos, se debe admitir, el papel del sector público puede estar dado por la ausencia de regulación o, en caso de existir, por la falta de la aplicación de la misma.

La definición de corrupción debe, además, expresar el hecho de que la misma puede tomar formas diversas. Esto es lo que hace Pellegrini cuando señala dentro su definición que la misma “incluye comportamientos como soborno (uso de un premio para pervertir el juicio de una persona en una posición de confianza), nepotismo (otorgamiento de patrocinio por razón de la relación de manera más que de mérito) y la apropiación indebida (apropiación ilegal de los recursos públicos para usos privado).”⁸ Nosotros agregaríamos otras formas las cuales tienen que ver con lo que David Harvey llama “acumulación por desposesión”, la que se vincula con el uso del poder del Estado a fin de facilitar la apropiación privada de los recursos naturales, privatizar las empresas y las funciones públicas para abrir nuevos campos de acción para la obtención de ganancias, así como las acciones deliberadas tendientes a limitar los derechos de los trabajadores y la población en general.⁹ Un elemento extendido de este tipo de corrupción está dado por la evasión y elusión del pago de los impuestos y las cuotas de la seguridad social por parte de los agentes privados, en condiciones que esto es tolerado pasivamente por los funcionarios públicos. No menos importante a este respecto es la desregulación financiera, la que permite el libre ejercicio de la especulación que eleva las ganancias financieras, a la vez que termina empobreciendo a la población.

Para completar la idea de lo que debe incluir una adecuada definición de corrupción es útil recoger un importante aporte de Peter Batsis. De acuerdo a este autor la corrupción puede tomar una forma burocrática, la que se refiere a la que se da cuando los funcionarios públicos no aplican adecuadamente e imparcialmente las leyes y reglamentos públicos, así como lo que él llama la forma política, la que se da en la formulación de leyes y reglamentos que claramente están diseñados para favorecer intereses privados muy concretos.¹⁰ Un ejemplo de esta última sería la presencia de una ley destinada a reducir más que sustancialmente los impuestos a pagar por la transacción de compra y venta de un banco.

Neoclásicos

La teoría neoclásica de la economía, la cual constituye la base principal de la llamada corriente principal, resulta sumamente limitada en términos de la comprensión del fenómeno de la corrupción. Para comenzar se trata de una visión de la economía en la que los fenómenos se deben entender a partir del comportamiento individual, el cual se considera a partir de un agente racional, capaz de maximizar su propio bienestar teniendo en cuenta sus restricciones. Como lo señala Ramon Tamames en esta concepción “el hombre es un animal individual, que sabe identificar sus propias aspiraciones y que lucha por conseguirlas”.¹¹ Más aún, dado el nulo papel que juegan las relaciones sociales en el enfoque que analizamos, las preferencias de los agentes económicos se deben tratar como variables exógenas, es decir no explicadas. Es así que Milton Friedman en su Teoría de los Precios señala que “los deseos, en nuestro análisis, serán considerados como datos”.¹²

El primer problema en todo esto reside en el hecho de que, de acuerdo a la doctrina neoclásica, la corrupción sería en gran medida el resultado de la presencia de individuos con una alta propensión al enriquecimiento por la vía ilícita, sin que se dé una clara explicación de cuáles son los factores que generan este tipo de preferencia perversa. El carácter ahistórico de esta posición queda claro en la medida que no puede explicar por qué en la actual fase de desarrollo de la sociedad la corrupción, sin negar que antes también ha existido, aparece como un factor endémico. Se trata, eso sí, de una forma de ver las cosas que propicia la explicación basada en la presencia de “algunas manzanas podridas”, la cual evita atraer la atención sobre la relación entre la lógica del sistema económico y social y la corrupción. En este sentido la visión neoclásica cumple con una función ideológica.

Se puede argumentar que, dado que la visión neoclásica propicia la idea de que los agentes económicos, entre los que se encuentran los corruptos, siempre realizan un cálculo de costo beneficio para tomar sus decisiones, entonces tendrían una alternativa frente a la corrupción. En efecto, siguiendo a Gary Becker, sería posible reducir drásticamente los actos de corrupción elevando las penas, a la vez que se eleva la probabilidad de que los corruptos sean procesados (certeza del castigo).¹³Sin negar la importancia de la certeza del castigo y de la imposición de penas significativas para los corruptos, se pueden detectar varias carencias en la visión de Becker

En primer lugar, en la misma todavía quedaría por explicarse la causa de porque determinados sujetos tienen una alta preferencia por el enriquecimiento ilícito, cosa que, como veremos más adelante, solo puede explicarse a partir de factores que guardan relación con el contexto social.

En segundo lugar, para que pueda existir certeza del castigo y penas adecuadas para la corrupción el Estado y su sistema judicial deben de estar en condiciones de hacerlo. Esto puede verse dificultado por la presencia de un poder económico privado corrupto, el cual termina dominando e imponiendo sus intereses a todo el aparato estatal. Entonces la impunidad tendría una explicación social y no simplemente individual.

En tercer lugar, es cuestionable la idea de que los agentes económicos siempre se guíen por la racionalidad de largo plazo, la cual sería necesaria para que el enfoque de Becker tome un sentido efectivo. Los gobernantes en el poder tienden a sobrestimar sus posibilidades de impunidad.

Instituciones

Para seguir avanzando en el tema, es útil introducir algunas de las ideas contenidas en diversas versiones de la teoría económica que, teniendo en cuenta su contenido, pueden facilitar el análisis del origen de la corrupción teniendo en cuenta el contexto social. Empezamos, entonces, con las ideas del enfoque institucionalista.

Para todas las vertientes del pensamiento institucionalista, las instituciones son, en primer lugar, reglas de juego de la sociedad, que buscan imponer y promover determinadas formas de comportamiento social. Es así que John Commons, desde una visión enraizada en la tradición del institucionalismo clásico, argumenta que las instituciones son reglas de operación, que propician el “mayor o menor control, liberación o expansión de la actividad individual.”¹⁴ Por su parte, Douglas North plantea, desde una visión neo – institucionalista que busca llenar los vacíos de la teoría neoclásica, que “las instituciones son reglas de juego en una sociedad o, más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana”.¹⁵

De lo anterior surge la idea de que los actos extendidos de corrupción no pueden entenderse como el simple resultado de la conducta individual, sino que es indispensable establecer como la estructura institucional vigente en la sociedad los permite, tolera y promueve.

Una idea importante es, entonces, la que se refiere al hecho de que en Panamá existe un importante vacío institucional en términos de la prevención de la corrupción. Este es el caso, para dar un ejemplo, de la ausencia de una ley que busque evitar los problemas vinculados a los conflictos de intereses. A esto, también a manera de ejemplo, se puede citar la debilidad de la legislación vigente en el ámbito de las contrataciones públicas.

Para seguir avanzando en la exposición se puede señalar que, de acuerdo con los institucionalistas, las instituciones contienen una estructura de incentivos, es decir de sanciones, penas y/o premios, que inducen el tipo de comportamientos buscado. Es así que Commons señala que las diversas instituciones se distinguen por el tipo de incentivo que utilizan para influir sobre la acción de los individuos, destacando la diferencia entre sanciones económicas, físicas y morales¹⁶. A su vez Douglas North argumenta que las instituciones “estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social o económico,”¹⁷

Cuando estos incentivos no coinciden, es decir no están alineados, con los objetivos de las instituciones, estas se pueden calificar de perversas. En la literatura más reciente esto está vinculado con la relación agente principal, en el sentido de que los agentes (por ejemplo, los gobernantes y administradores) operan dentro de instituciones que les impulsan a actuar en su propio beneficio y en detrimento de los intereses del principal, es decir de la población y su bien común. Claro está que cuando el interés privado se hace dominante y penetra masivamente toda la sociedad, incluyendo los órganos del Estado, entonces se puede esperar que el fenómeno de las instituciones perversas también se encuentre extendido.

Encontramos aquí otro problema de nuestro sistema institucional el cual, pese a sus formas declarativas, no promueve la democracia, la equidad y la transparencia. Este es el caso del Código Electoral, que permite que por medio de las donaciones privadas se desvirtúe el funcionamiento de la democracia, sembrando así las semillas de las acciones corruptas de los gobernantes y sus contrapartes privadas. A esto se debe agregar la utilización liberal de fondos públicos para fines electorales, dentro de una estructura de asignación que privilegia a los grandes partidos tradicionales, a la vez que margina a quienes practican la libre postulación. En este mismo sentido también se debe incluir la debilidad de las instituciones que deberían asegurar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

El pensamiento institucionalista también propone que las instituciones solo pueden operar adecuadamente si existe un mecanismo que asegure su funcionamiento certero y seguro. Es decir, que siguiendo la terminología de Commons, las haga cumplir (enforcement). Es evidente que una regla de juego social, aun cuando contenga una adecuada estructura de incentivos, no será una verdadera institución en ausencia de un mecanismo que asegure su forzoso cumplimento. De acuerdo con Commons las verdaderas instituciones “son, de hecho, gobiernos, ya que son la acción colectiva en el control de las acciones individuales a través del uso de sanciones”.¹⁸

Aquí aparece otra de las grandes debilidades de nuestra estructura institucional: la carencia de un efectivo régimen de monitoreo gubernamental y un sistema judicial incapaz de servir como mecanismo de forzoso cumplimiento. Se trata de una situación de carencia de una sana gobernabilidad y de impunidad extendida, en la que la corrupción se autorefuerza de manera creciente.

Uno de los mayores aportes de Thorstein Veblen, el más notable pensador de la corriente del institucionalismo norteamericano, es su apreciación de que los hábitos suficientemente repetidos devienen efectivamente en instituciones, aun cuando esta no esté formalizada de manera codificada. Es así que en su obra Teoría de la clase ociosa Veblen afirma que “las instituciones son en sustancia, hábitos mentales predominantes con respecto a relaciones y funciones particulares del individuo y de la comunidad”.¹⁹ Más adelante agrega que “las instituciones – es decir los hábitos mentales – bajo la guía de los cuales viven los hombres, se reciben, pues desde un pasado remoto, más o menos remoto, pero en cualquier caso han sido elaboradas y transmitidas desde el pasado”.²⁰Veblen, vale la pena agregar, también pensaba que el mecanismo por medio del cual se desarrollan las instituciones está constituido por procesos prolongados de habituación, que les dan solidez y perdurabilidad.

Esto lleva a destacar el hecho de que, desgraciadamente, la constante y creciente corrupción observada en el país se acerca, si ya no lo ha hecho, a convertirse en una institución perversa, que genera un muy elevado costo social. La idea de “robaban, pero hacían” muestra el peligro de lo que aquí se está discutiendo. La acción de transformación institucional es, entonces, una tarea sumamente urgente, la cual debe tener la capacidad de romper de manera radical con el pasado.

Todavía en el campo del análisis institucionalista resulta útil comentar las ideas de Jan Teorell, quien sostiene la hipótesis de que la corrupción es un fenómeno institucional, el cual no deber ser analizado exclusivamente como un conflicto entre un principal (la población en general) y los agentes (gobernantes y administradores). Para este autor una necesidad metodológica fundamental es la de entender la corrupción como un problema que se relaciona con la contradicción vinculada a la desigualdad en la distribución de la riqueza y los ingresos.²¹

Teorell, en base a su hipótesis, entiende que la corrupción puede ser descrita como un impuesto regresivo, el que si bien tiende a beneficiar a algunos sectores de altos ingresos, siempre termina por afectar a los sectores medios y de menores ingresos. Esto se puede explicar con dos ejemplos. El primero se refiere al hecho de que la extendida evasión y elusión de impuestos beneficia básicamente a los sectores económicamente dominantes, perjudicando al resto de los sectores de la sociedad de dos maneras: limitando los recursos disponibles para el desarrollo de los servicios públicos, a la vez que genera una presión hacia al incremento de impuestos que recaen sobre las clases medias y los trabajadores. El segundo ejemplo se puede encontrar en las coimas vinculadas a los sobrecostos en los contratos de obras públicas. Como lo muestra la experiencia panameña, quienes se benefician de estas coimas son básicamente personas que hacen parte de los sectores económica y políticamente dominantes del país. Los perjudicados son el resto de la población que contará con menos servicios públicos y tendrá que pagar impuestos para pagar el servicio de la creciente deuda pública.

Las ideas de Teorell son, sin ninguna duda, importantes para comprender la situación actual de Panamá. Sobre todo, llaman la atención sobre la necesidad de realizar un adecuado análisis de economía política, con el fin de aclarar cómo y con qué sectores sociales se puede constituir una fuerza social y política capaz de combatir efectivamente a la corrupción.

Economía Política

La economía política crítica, que analiza la naturaleza del conjunto de las relaciones económicas, políticas e ideológicas que rigen en un determinado momento de la historia y su base material, permite un tipo de análisis que enfatiza en las explicaciones basadas en la existencia y contradicciones entre los diversos intereses económicos. Esto, a su vez, facilita encontrar la causa última del problema de la corrupción: el funcionamiento de un modelo económico controlado por quienes se guían por unos intereses dominantes desprovistos de todo sentido de solidaridad, en el que la dura competencia tiene como finalidad exclusiva la acumulación sin fin de ganancias y riquezas económicas, las cuales deben ser realizados a como dé lugar. Se trata, tal como lo señala Paul Sweezy, de un sistema en el que “el camino al éxito y la elevación social pasa a través de la acumulación, y quien se rehúsa a participar en competencia, está en peligro de perderlo todo.”²²

Es interesante destacar que en el plano ideológico esta forma económica toma una expresión radical, la cual puede ser ejemplificada por el pensamiento de F. A. Hayek, padre indiscutible del neoliberalismo junto a Milton Friedman, quien sostiene que la solidaridad no es otra cosa que un sentimiento atávico, el cual sería un estorbo para el desarrollo actual. “Subrayaremos – dice Hayek – que el orden extenso nunca habría llegado a surgir de no haber sido ignorada la recomendación de que todo semejante sea tratado con el mismo espíritu de solidaridad que se dedica a quienes habitan el entorno más próximo.”²³ Se trata de un pensamiento extremo que llega a asegurar que no todas las vidas tienen la misma importancia. Para Hayek, entonces, resulta que “la exigencia de salvar el mayor número de vidas no significa que todas las vidas deben considerarse igualmente importantes”.²⁴

Es razonable pensar que un sistema como el antes descrito, que pone al frente de toda la dinámica de la sociedad el interés del lucro creciente, tienda, por su propia lógica, a generar formas de corrupción tendientes a potenciar y apoyar la acumulación de capital, dando lugar a lo que James K. Galbraith llama el Estado depredador.²⁵ Aparecen, entonces, los conocidos métodos de la acumulación originaria, es decir de acumulación por desposesión, basados en el despojo y rapiña auspiciada por la fuerza del Estado, entendiendo tal como lo hizo Rosa Luxemburgo, que se trata de una característica permanente del actual sistema económico y no de una simple fase primitiva del mismo.²⁶

Los métodos basados en la utilización corrupta del poder Estatal para asegurar la acumulación de capital y disciplinar a los trabajadores se ha convertido, pese a las ideas mistificadoras del neoliberalismo libre cambista, en una creciente necesidad en la actual fase de la acumulación del capital financiarizado, tal como lo ha destacado David Harvey.²⁷ Las razones son varias.

En primer lugar el actual funcionamiento del sistema, centrado en el capital financiarizado y los oligopolios generalizados, tienden a generar una situación de excedentes crecientes, los cuales tienen dificultad de invertirse rentablemente en los sectores productivos de la economía, por lo que una buena parte de los mismos se dirige hacia la especulación financiera.²⁸ En estas circunstancias las políticas públicas se dirigen no solo hacia las formas más tradicionales de corrupción, como lo son las coimas y los sobornos, sino también hacia aquellas que abren nuevos campos de acumulación de capital por medio de las privatizaciones, desregulan la actividad financiera para permitir la especulación abierta que termina afectando a la población, así como la desposesión muchas veces violenta de la poblaciones, sobre todo las originarias, de sus derechos sobre los recursos naturales, lo que además genera serios problemas medioambientales. Otras vías en que se utiliza son los manejos corruptos que tienen como objetivo limitar y, de ser posible, liquidar los derechos de los trabajadores. Tal es el caso de los derechos consagrados en la legislación laboral y en los sistemas de seguridad social.

Es fácil que el lector reconozca como estas formas de acumulación corrupta, que implican el uso del poder del Estado en favor de los intereses de los sectores económicamente dominantes, han venido siendo desarrolladas sistemáticamente en Panamá. Más aun, también es claro que estos sectores dominantes pretenden profundizar este proceso de acumulación por desposesión, tal como se desprende del hecho de que los mismos están buscando dividir a la Caja de Seguro Social en dos instituciones separadas, con el fin de que, por la vía de la externalización y la privatización de las funciones de capitalización de los fondos, se genere un nuevo campo de acumulación para los capitales dedicados a la salud y a las finanzas, respectivamente.

Un hecho conocido, el cual resulta útil destacar para nuestros fines, es que en los países donde existen recursos naturales importantes, que generan una renta económica significativa, se produce el llamado fenómeno de la maldición de los recursos. Significa que por lo general esta renta es captada privadamente de manera corrupta por los sectores político – económicos dominantes en el país. Esto se refleja en una distribución del ingreso muy desigual, así como por las carencias de la población en términos de los servicios públicos básicos que el Estado tiene responsabilidad de proveer a la población.²⁹

La existencia de una amplia renta proveniente del Canal de Panamá, que es captada en principio por el fisco panameño, la cual en 2016 superó los 1,055.0 millones de balboas, explica una buena parte las pugnas políticas entre las diversas fracciones de los sectores dominantes, las cuales buscan la forma de asegurarse el manejo corrupto de estos recursos con el fin de incrementar sus ganancias. A esto, se debe agregar, el uso con la misma finalidad de la capacidad de endeudamiento del sector público, así como la apropiación corrupta de la renta vinculada a otros recursos naturales, la cual se busca compartir con los capitales foráneos.

Encontramos, entonces, que las debilidades institucionales de nuestro sector público en términos del combate y la prevención de la corrupción no son casuales. Si tenemos en cuenta que las instituciones que actualmente tenemos son el resultado de un proceso político e ideológico plenamente controlado por los sectores económicamente dominantes del país, entonces es claro su sesgo hacia la falta de transparencia, la corrupción y la justicia selectiva.

Esto último, con el fin de completar el análisis, nos lleva a la naturaleza del sistema electoral panameño. Este constituye un sistema en que las condiciones necesarias para la participación, las muy permisivas normas relacionadas con las donaciones privadas para las campañas políticas, así como el financiamiento público preferencial para los grandes partidos y la utilización, ya sea vedada o abierta, de los fondos públicos para promover a los candidatos oficialistas, permiten la captura de los órganos del Estado por parte de los representantes de los intereses económicamente dominantes del país. Se trata de un sistema clientelista, profundamente corrupto, que permite una plena fusión entre el poder económico y el poder político.

Conclusiones

El análisis realizado en el presente ensayo permite afirmar que la corrupción es un fenómeno profundamente estructural, en el que la presencia de instituciones perversas que generan las condiciones que permiten y estimulan los actos de corrupción.

Queda claro, además, que este marco institucional no es un simple resultado de la casualidad. El mismo es producto de la acción política de los sectores económicamente dominantes, quienes lo utilizan para potenciar su acumulación de riqueza y poder.

De todo esto se deprende que resulta urgente generar la suficiente fuerza social con la capacidad de expresarse políticamente y dar lugar a un profundo cambio institucional - estructural en el país. Esta fuerza solo puede constituirse y movilizarse con base en un amplio movimiento organizado de los sectores populares y medios de la sociedad, quienes son los que sufren el grueso de las consecuencias de la corrupción generalizada. Desde el punto de vista de las ideas y la toma de conciencia de la problemática se hace necesario profundizar en el conocimiento de los procesos de corrupción y su vinculación con el actual modelo económico, social y político. El presente trabajo habrá tenido éxito si sirve como un modesto aporte a esta necesidad.

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Notas