RICAURTE SOLER Y LAS FUERZAS ARMADAS DE PANAMÁ. El desarrollo de la Doctrina Nacional de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad

Las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad se estructuran para realizar su misión en el marco de una doctrina, que determina los medios específicos a emplearse, la organización estratégica y operacional capaz de ejecutarla y el personal educado y adiestrado para hacerlo. En este sentido, en un caso ideal, la organización, recursos humanos y materiales, así como los medios necesarios para cumplir su misión, se diseñan y escogen en función de esa doctrina y su personal se selecciona, se forma y capacita en función de ella.

Toda doctrina nace de una teoría que contiene una idea sobre el nivel de seguridad a alcanzar, sobre el método y medios empleados para vencer y sobre el modo de prevenir riesgos y neutralizar amenazas de forma que perdure de manera sostenible la plataforma de paz y estabilidad que el país requiere para su desarrollo.1

La doctrina actúa como ‘puente’ entre la teoría que analiza los riesgos y amenazas a la seguridad, la defensa y el logro de los objetivos nacionales y la práctica que define el empleo de los medios y métodos para la neutralización de unos y consecución de otros.

Un componente adicional para considerar es la ‘ideología dominante’ en la sociedad de origen de las Fuerzas Armadas: determinados métodos o procedimientos de seguridad y defensa son posibles o no, en función de la escala de valores, prioridades y metas nacionales de cada sociedad.2

Estando organizadas, equipadas y entrenadas con base en una ‘doctrina’ institucional, que coexiste con la ‘ideología dominante’ de la sociedad a la que pertenecen, las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad dividen su accionar entre ‘Conflictos de Elección’ y ‘Conflictos de Necesidad’.

Los primeros son de carácter opcional, ya que sus consecuencias directas son limitadas para la seguridad pública y la defensa nacional, y no comprometen las metas definidas por los objetivos nacionales o al menos no de forma significativa e inmediata (intervención en crisis humanitarias, cooperación internacional, participación en iniciativas de carácter multilateral o en apoyo bilateral de un Estado anfitrión, asistencia en apoyo a tareas no directamente relacionadas con la misión del Cuerpo Armado, etc.).

En contraposición los ‘Conflictos de Necesidad’ son aquellos cuyo resultado desfavorable podría tener un impacto directo y consecuencias severas e inmediatas para la seguridad pública, la defensa nacional, el desarrollo interno, la proyección geoestratégica, el logro de los objetivos nacionales e, incluso, la existencia y viabilidad futura del proyecto país, en torno al cual se articulan los objetivos nacionales.

Soler incorpora la cuestión nacional al debate sobre el origen y desarrollo de Panamá. Sus ideas llegaron a los claustros militares, primero, para entenderlas como parte de una cosmovisión que se presumía en oposición al status quo imperante y, posteriormente, iniciada la década de 1970, para comprender el papel de las Fuerzas Armadas en el desarrollo de una doctrina de seguridad y defensa que identificaba el perfeccionamiento de la soberanía como paso previo ineludible para el desarrollo nacional de Panamá.

La rigurosidad histórica y profundidad analítica de Soler aporta una visión nacional que le da un sentido ‘evolutivo’ a las luchas por la autonomía. Afirma que “el triunfo de Boyacá de 1819 creó las condiciones necesarias para la independencia de Panamá”3 y califica la Independencia de 1821 como la expresión de un autonomismo localista y regional, que define como destino histórico la realización de la nación panameña.

Las ideas de Soler y sus planteamientos sobre el pensamiento político panameño en los siglos XIX y XX, contribuyeron significativamente al concepto de “Alpinismo Generacional”, que emplearon las Fuerzas Armadas en la década de 1970, para hacer suyas las luchas autonomistas del siglo XIX y los movimientos de afirmación nacional del siglo XX. A partir de este criterio identifican la conquista de la soberanía como parte de un destino nacional a construir, en el que debían tener cabida todos los sectores nacionales, sin exclusiones.

En ese contexto, la búsqueda de la unidad y consenso de todos los panameños pasa a ser percibida por las Fuerzas Armadas como la base fundamental de su capacidad para dar soporte y protección al perfeccionamiento de la soberanía.

Esta realidad se materializa a través del cambio en la doctrina de las Fuerzas Armadas que ubica la lucha por la cuestión nacional como un ‘conflicto de necesidad’, en oposición al concepto que imperó en el periodo 1903-1970, que lo definía como un ‘conflicto de elección’, por visualizar la soberanía como un concepto de jerarquía menor, ante la prioridad de mantener el orden público por medio de la neutralización del ‘enemigo interno’.4

El cambio doctrinal influyó en la organización, el equipamiento, los medios, la estrategia y el adiestramiento del cuerpo armado panameño en la década de 1970, lo que jugó un papel fundamental en la capacidad de éste para materializar una respuesta nacional contundente de tipo militar5 ante la posibilidad de no lograrse la ratificación de los tratados del Canal de Panamá,6 lo que le da a la generación de panameños a cargo del proceso negociador liderado por el general Omar Torrijos Herrera la capacidad de “negociar con una granada en la mano.”7

Un cambio en la ideología dominante de las Fuerzas Armadas, a partir de 1982, distanció el empleo de los medios y estrategia militar, de la doctrina del cuerpo armado, generándose una fractura en la organización y objetivos de las fuerzas armadas con relación a las metas y objetivos nacionales, que polarizó el escenario interno y debilitó el nivel de unidad nacional alcanzado en la década de 1970.

Ese contexto de crisis interna, restó capacidad de prevención y respuesta político-estratégica ante los cambios geoestratégicos globales y los riesgos geopolíticos generados por los intereses internos y externos en el control de la zona de tránsito que rodearon la historia de Panamá, hasta culminar con los trágicos sucesos generados por la invasión de Estados Unidos en diciembre de 1989.

Tal y como señalan los panameños que suscribieron el Acta de Chiriquí, producto de la Junta Popular celebrada en la ciudad de David, el 31 de marzo de 1861, con relación a la protección del Istmo asumida por EEUU mediante el Tratado de 1846: “No falta quien imagine que la protección no puede existir sin mengua de la soberanía del Istmo, y algunos piensan que ella sería excesivamente costosa al Estado”.

Soler señaló que “El Estado Panameño es el resultado de la formación histórica de la nacionalidad”8 y ésta se consolidó con la transferencia del canal interoceánico y la desaparición de la Zona del Canal; dándose inicio a un debate sobre el modelo de seguridad y defensa que debía asumir el país, en atención a sus intereses nacionales, que dio origen a la Resolución 34 del Consejo de Gabinete, del 21 de junio del 2000, como primera aproximación a una concepción político estratégica de la seguridad panameña en el siglo XXI, que contribuye a definir el marco de actuación de los cuerpos armados panameños, así:

A. Constitucional, título XII Fuerza Pública, artículos 310 – 312

Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá.

Mandato del Estado:

1. Defender la independencia nacional y la integridad territorial ante amenaza de agresión externa.

2. Conservar el orden público, la vida, honra, bienes y prevenir hechos delictivos. Subordinación al poder civil.

3. El Canal de Panamá permanecerá abierto y neutral para el tránsito pacífico de todas las naciones en condiciones de igualdad, en tiempo de paz y de guerra. Ámbito de actuación: Seguridad y Defensa

B. Legal, Ley 18 del 3-6-1997 (Policía Nacional), Ley 93 del 7- 11-2013 (Servicio Aeronaval), Decreto Ley Nº 8 del 20-8-2008 (Senafront).

Mandato del Estado:

1. Proteger vida, honra, bienes y demás derechos y libertades;

2. Conservar el orden público, prevenir y reprimir las faltas;

3. Investigar delitos en apoyo de la Procuraduría General de la Nación (PGN). Ámbito de actuación: Orden, Seguridad y Ley.

C. Político– Estratégico, Resolución 34 del Consejo de Gabinete de 21 de junio de 2000.

Mandato del Estado:

1. Garantizar el control y autoridad plena en la operación del Canal.

2. Favorecer el incremento sostenible de la economía.

3. Garantizar la compatibilidad, la consistencia y la coherencia de la política exterior y la seguridad integral Ámbito de actuación: Protección del Canal, infraestructuras críticas, garantizar el comercio y transporte seguro.

El desarrollo de las tareas derivadas de los ámbitos constitucional, legal y político–estratégico, por primera vez, definidos con base en las necesidades panameñas, dio origen a una arquitectura de seguridad y defensa que se articula en torno a tres ejes centrales, dirigidos a materializar las misiones derivadas de los ámbitos de actuación definidos, a saber:

A. Seguridad pública,

B. Seguridad territorial, y

C. Protección de la gobernabilidad democrática y libertades ciudadanas,

Transversalmente a estos tres ejes, hay cuatro líneas de actuación común:

1. Seguridad y protección ambiental

2. Combate al crimen organizado y terrorismo

3. Atención en crisis humanitarias

4. Fortalecer la cooperación para la seguridad nacional y global

El pensamiento de Ricaurte Soler, se constituye en referente ineludible en el proceso de reformulación institucional que se inició posterior al 31 de diciembre de 1999, comprendiendo que “..A la formación nacional, jamás hay que considerar un hecho concluido en el pasado o clausurado en el presente…”,9 sus ideas con relación al origen y evolución del Estado Nacional, sobre las ideas en América e, incluso, su método de análisis y proyección de las ideas, son objeto de consulta y forman parte de la discusión académica en los claustros de enseñanza de nuestros cuerpos armados, que con vocación democrática y subordinados al poder civil, se comprenden parte de una nación que se construye a sí misma y que requiere el concurso de todos.