Hacia finales de la década de 1950, el descontento social se manifestará en la resistencia del movimiento de masas, expresada a partir de la reorganización y reanimación de ciertos sectores, los cuales abren un nuevo período de luchas y ascenso de la protesta social. Manifestaciones destacadas de ello son la huelga estudiantil de 1958, la marcha del hambre desde la ciudad de Colón,¹ los diversos incidentes y enfrentamientos con las autoridades del enclave colonial canalero y el levantamiento armado del cerro Tute, todos en 1959. La huelga bananera de 1960², y su réplica en 1963, marca un momento fundamental del ascenso de la conflicti-vidad social, por su significado de clase, ya que se trataba, en la época, del más importante sector del proletariado panameño³-dados los elementos sociales e ideológicos que históricamente han neutralizado a los trabajadores canaleros.

Todo esto en un proceso que, con sus inevitables flujos y reflujos, alcanzará su punto más alto en enero de 1964, año en que, tras una demostración estudiantil por la reivindicación de la soberanía panameña sobre la Zona del Canal, veintiún jóvenes panameños mueren a manos del Ejército norteamericano, enfrentamiento que deja, además, cerca de 500 heridos de diversa gravedad. Durante los días 9, 10 y 11 de aquel mes de enero, el país vive un verdadero levantamiento popular en el cual miles de panameños se manifiestan por la recuperación de la soberanía nacional sobre el territorio de la vía de tránsito y por el abandono inmediato y total del país de las fuerzas militares de EEUU.

Se trata, pues, de uno de esos eventos espectaculares que marcan la vida sociopolítica de un país. Después de enero de 1964, tanto para el gobierno norteamericano como para el oligárquico poder político panameño, se hace imposible desconocer el carácter inevitablemente anacrónico tanto del tratado de 1903, como del enclave colonial ‘zonian’ en las riberas de la vía interoceánica. El potencial desestabilizador de este estado de cosas había finalmente alcanzado niveles claramente fuera de control. Como dice Beluche: "las reclamaciones nacionales del pueblo panameño contra la presencia norteamericana habían adquirido un carácter insurreccional y no eran canalizadas por ningún sector burgués"⁴.

El hecho es que estos dramáticos días funcionarán como un verdadero parteaguas histórico, colocaran la cuestión nacional en el primer plano y en el centro de la vida política del país, influyendo de manera significativa sobre su evolución ulterior en el transcurso de la década⁵.

La activa presencia de los sectores sociales subordinados continuará desarrollándose a lo largo de la década de 1960 a través de las grandes luchas magisteriales, las movilizaciones y la organización campesinas del período y las acciones populares urbanas, como la nueva marcha del hambre colonense y el siempre activo y crecientemente radicalizado ideológicamente movimiento estudiantil.

El generalizado repudio y derrota del proyecto de tratados canaleros Johnson-Robles, también conocidos como los ‘3 en 1’⁶, en 1967, adquiere un peso particular en el curso del proceso de desestabilización del sistema político panameño, en tanto que impide la normalización de las relaciones con EEUU, sumiendo además en un profundo descrédito al gobierno de turno y a un relevante sector de la élite política.

Paralelamente, y tan importante como lo anterior, las clases dominantes, tras el período de férrea compactación política impuesto por Remón Cantera⁷, en la década de 1950, entran en un curso de atomización política que debilita progresiv amente los mecanismos de medi ación que caracterizan a la poliarquía y sobre los cuales se asienta, en parte, su funcionalidad política. Fragmentación condicionada justamente por la incompetencia demostrada para contener y reducir la conflictividad social, pero también y, principalmente, por la renovación de la competencia no funcional por el control del aparato del Estado, palanca fundamental para la distribución de la masa de ganancias y la definición y dinamización del modelo de acumulación.

Los conflictos originados por los encontrados intereses de fracción se expresan y, en un sólo movimiento, son velados por medio de los violentos enfrentamientos entre las diversas camarillas y clanes políticos, ligados a visibles grupos de la élite social. De esta manera, fenómenos como la atomización del sistema de partidos y su transformación en instrumentos de pequeños clanes económicos, la reiteración del fraude electoral, hasta su conversión en mecanismo permanente del sistema⁸ y, particularmente, la incapacidad de la fracción liberal para promover la incorporación de los nuevos sectores de capas medias al sistema político, brindándoles perspectivas de ascenso social a través del aparato del Estado y fortaleciendo así su propia base de sustentación social como fracción modernizadora, frente a los sectores más conserva-dores del bloque dominante; todo ello incide en la descalifi-cación e ilegitimación progresivas de la estructura político-institucional, de la forma de ejercer la dominación política.

4. Contradicciones metrópoli-burguesía local

La mediatización histórica del Estado panameño, en el momento mismo de su nacimiento, por la intervención norteamericana, se manifiesta para la clase dominante en términos de su marginación del usufructo directo de la vía de tránsito, principal fuente de la acumulación interna.

En este marco, sus relaciones con la metrópoli van a tener, entonces, un carácter profundamente contradictorio. De un lado, como clase dominante de un país sujeto a una situación semicolonial extrema, que no sólo cuestiona la efectividad de su independencia política formal, sino incluso la legitimidad de su condición de entidad estatal, las clases poseedoras locales ejercen su papel social en condiciones de un alto nivel de marginación económica y de una subordinación política casi total. Se trata de una situación que incluso ha conseguido obstaculizar la conformación de una identidad colectiva en tanto que pueblo o comunidad estatal políticamente autónoma. Su resultado histórico es lo que se ha denominado como ‘nacionalidad inconclusa’.

En lo que a la burguesía se refiere, esto se refuerza socialmente por el gran peso de un importante sector extranjero, de origen o culturalmente, básicamente vinculado al sector servicios, que desde el siglo pasado ha controlado buena parte de los sectores más rentables de la economía⁹. Grupo social que resulta problemático calificar como ‘inmigrante’, en el sentido acostumbrado del término, en la medida que no arraiga ni se identifica con los rasgos socioculturales de la sociedad panameña, manteniéndose esencialmente aislado de la misma y desarrollando su vida social a lo interno de sus respectivas ‘colonias’. El efecto desagregador provocado, objetivamente, por este sector de la burguesía local, es un hecho de carácter no sólo histórico general, sino inmediatamente político.

Es esta realidad sociocultural, en el marco determinante de las características de la estructura económica del país, el ‘transitismo’, lo que produjo la denominada ‘psicología del enclave’, nota distintiva de la llamada ‘oligarquía antipatria’.

El otro polo de la contradicción está dado por el hecho de que esta misma burguesía, por la propia lógica de su naturaleza en cuanto entidad social, se ve impelida a presionar por el cambio de la ecuación de distribución de los beneficios generados por la vía de tránsito, pugnando por la elevación de su cuota de participación. Tal es pues el contenido básico del conflicto burguesía local- burguesía metropolitana. Superarlo favorablemente y despejar el terreno para lograr un tipo de relación que bajo condiciones ‘normales’ tendería a ser particularmente estrecha, ha sido un móvil central en el comportamiento político de las clases poseedoras panameñas en el siglo XX (hasta antes del golpe de Estado). Y en este sentido demandó, negoció y celebró los convenios canaleros de 1936 y 1955, que le significaron beneficios decididamente importantes, pero que representaron verdaderas frustraciones desde el punto de vista de la reivindicación nacional soberana.

No obstante, en en la década de 1960, y muy a pesar de los gestos y esfuerzos de Remón Cantera, su parte del negocio canalero continuaba siendo poco más que migajas. Peor aún, el peso del capital extranjero directamente colocado en las finanzas, banca, industria y agroindustria, no solo seguía siendo abrumador y determinante, sino que aumentaba¹⁰.

Estos elementos particulares deben colocarse además en el contexto más general del problema del deterioro de los términos de intercambio y de la nueva fase de incremento de la exacción de recursos, verdadero saqueo del mundo semicolonial, por la vía del flujo negativo de capitales.

Es esta contradictoria situación inherente a las clases poseedoras locales la que explica, a la vez, la debilidad y el rápido agotamiento de todo proyecto nacionalista burgués en la historia política del país, así como las agudas manifestaciones periódicas de la inestabilidad permanente de las relaciones con EEUU.

5. Fortalecimiento de los militares

Respetados analistas han establecido con claridad el papel de árbitro político, asumido por el ocupante norteamericano en las interminables disputas de los diversos clanes oligárquicos por el control del aparato del Estado, durante las primeras décadas de la república.¹¹ A mediados de la década de 1930, una particular combinación de factores favorece una importante modificación de la situación.¹²

Dos aspectos resaltan a la hora de clarificar la cuestión. En primer lugar, en la década de 1920, la entrada en escena de los trabajadores y sectores burgueses medios y bajos con sus aspiraciones económicas y democráticas, su organización y luchas efectivas, obliga al ejército norteamericano, columna vertebral del régimen político y en última instancia detentor del poder real, de ahí la definición de ‘protectorado de hecho’, a ejercer un no deseado rol de gendarme del orden público, viéndose involucrado en la represión directa de las movilizaciones populares. Tal situación conlleva un doble peligro. De un lado, la desestabilización de su propia posición interna al contribuir a la extensión del sentimiento de repudio de la población dirigido contra el complejo político-militar norteamericano en el Istmo, cada vez más identificado por los sectores subordinados como un enemigo directo. De otro y tal vez más importante que lo anterior, tal situación compromete y descalifica la imagen internacional, laboriosamente construida por los norteamericanos, de representantes y defensores de la democracia y la libertad.

En segundo lugar, y vinculado con lo último, está la situación internacional del período. Ante el acelerado rearme alemán, bajo la conducción nazi, la nueva guerra en Europa es, ya a fines del primer lustro de la década de 1930, una perspectiva crecientemente probable. La preparación general norteamericana incluye el asegurarse a toda costa el alineamiento latinoamericano, ante cualquier eventualidad. La ambigüedad del carácter de su posición en el istmo, con sus evidentes rasgos coloniales, constituye un elemento perturbador en sus relaciones con los países del área -tal como lo evidencian pronunciamientos de dignatarios latinoamericanos en diversos cónclaves regionales- no contribuyendo al objetivo de política exterior perseguido.

Así las cosas, se puede ver con claridad en qué medida las concesiones arrancadas por la burguesía criolla en el tratado Arias-Roosevelt¹³, de 1936, están determinadas por el espectro de la segunda guerra mundial y las prioridades de la política exterior norteamericana.

Estas son, pues, las razones generales que permiten entender la disposición norteamericana a aceptar la revisión del estatuto semicolonial en 1936, suprimiéndose así la situación de ‘protectorado de hecho’ hasta entonces existente.

Para cubrir su retiro, particularmente en el terreno del control de los conflictos sociales y del sostenimiento de la estabilidad institucional, "Estados Unidos y la incipiente burguesía nacional concibieron una fuerza armada al servicio del orden interno"¹⁴. De este modo se inicia, alrededor de 1933, el fortalecimiento y profesionalización del cuerpo policial¹⁵. En en la década de 1940, los mismos intereses promoverán su militarización, como respuesta al nuevo ascenso de la organización y las luchas populares, política que, desde el punto de vista institucional, culmina con el surgimiento de la Guardia Nacional, especie de policía militarizada, colocada desde el primer momento bajo control técnico, financiero e ideológico del ejército norteamericano.

Sin embargo, la nueva institución no asume solo la función represiva, dejada vacante por los norteamericanos. Con relativa rapidez supera la condición de instrumento al servicio de la sustentación del poder de la fracción burguesa vinculada a Acción Comunal¹⁶, (década de 1930), pasando a incorporar también la función de árbitro de los conflictos interburgueses. Y esto, justamente porque tal función no constituye un elemento artificial, externo y extraño al sistema o impuesto por el poder extranjero, sino que es internamente generada como necesidad por las propias características y condiciones del desarrollo social y político.

Con más precisión, lo que justifica e impone la necesidad del árbitro es la inestabilidad política crónica, la cual, por su parte, es un resultado de la combinación de las particularidades de la formación económica y social que por sí misma genera todo tipo de contradicciones, entre ellas, la tendencia a la parasitación del Estado y la correspondiente feroz disputa por su control con la profunda deformación histórica provocada por la mediatización del Estado y la continuada presencia político-militar norteamericana en el país.

Los hechos que documentan el ejercicio por el cuerpo armado del papel mediador entre las diversas fracciones burguesas y de árbitro de los conflictos políticos, han sido ya debidamente expuestos por distintos investigadores¹⁷. Desde su papel en las elecciones de 1940, garantizando las maniobras que llevan al candidato oficialista Arnulfo Arias por primera vez a la Presidencia de la República, hasta su negativa a desconocer los resultados electorales en 1968, esta vez en beneficio del mismo Arias, la influencia de la Guardia Nacional en la vida política del país no hace más que avanzar.

Pero lo que nos interesa destacar, sobre todo, es el hecho de que justamente esta función arbitral, en la cúspide de la pirámide social, su prolongación y consolidación a lo largo de casi treinta años, constituye el principal antecedente histórico del comportamiento político del cuerpo armado respecto de las clases dominantes en 1968. Es la condición de árbitro político la que da pie a una práctica política concreta de los militares, les concede un status privilegiado en los círculos de poder, permitiéndoles percibir con toda claridad las crecientes insuficiencias de los partidos-clanes económicos; la función arbitral prepara a los militares, al transformarlos en institución deliberante/actores destacados de la escena política del país. De ahí que, como guardián último del poder, el árbitro político se convierta, en situaciones extremas, en fuerza de interdicción del aparato de Estado, a fin de garantizar la estabilidad institucional y la preservación del orden social.

No obstante, hasta 1968, esta situación se encuentra mediada por la presencia de Remón Cantera, primero, y de B. Vallarino, después, en la comandancia del cuerpo, ambos miembros orgánicos de las clases poseedoras locales. El proceso de autonomización (no de independencia o ruptura) política respecto de las clases dominantes y sus aparatosempresas políticas, de la cúpula de la Guardia Nacional, se desarrolla dando saltos hacia adelante tras el golpe, alcanzando a ampliarse en una medida significativa, lo cual resulta decisivo para entender las distintas fases en la evolución del fenómeno político autoritario.

6. En conclusión: Las razones del golpe

En lo que va de este trabajo, hemos intentado establecer el marco de la situación general en que se da el golpe, fuera del cual, en mi opinión, se torna imposible tratar de construir una interpretación válida del mismo, así como de los principales factores causales directamente intervinientes. Ahora se trata justamente de precisar la articulación concreta y dinámica del conjunto de determinantes.

Ya hemos visto cómo la década de 1960 se caracteriza por la profundización y generalización de la crisis política crónica del país. La desestabilización del régimen electoral es un proceso que combina un avance paulatino y constante con momentos críticos que se constituyen en saltos hacia adelante. El ascenso de masas, "la gran movilización social de las clases populares"¹⁸, constituye el factor central, la razón principal de la desestabilización. No sólo porque abre un proceso de polarización social y tiende al desquiciamiento de la institucionalidad imperante, sino porque, además, incide sobre la fragmentación política de la burguesía, profundizando su división al no lograr ésta acuerdos firmes respecto de la mejor forma de enfrentarlo.

Por otro lado, es un hecho que a partir de enero de 1964 todo el proceso pega un salto. Después de esa fecha ya no es sólo el régimen político el que se ve amenazado, sino las mismas bases del sistema capitalista semicolonial. El impresionante levantamiento popular decide la inviabilidad del enclave colonial ‘zonian’, liquidándolo en su pretensión de perpetuidad y abriendo la fase histórica de su retirada. De modo que es la acción de los sectores subordinados, su potencialidad desestabilizadora, lo que obliga al gobierno de EEUU y a las élites políticas panameñas a negociar una adecuación del estatuto semicolonial.

El otro proceso general que incide sobre la crisis del régimen, la división política de la élite social local, está, como ya se ha dicho, condicionado por el ascenso de la conflictividad social; pero además es permanentemente alimentado por las constantes tensiones y episódica violencia por el control del aparato del Estado, clave en los procesos de acumulación de capital (la riqueza y el poder se producen recíprocamente, decía Locke). Esto se ve con claridad en el año y medio previo al golpe. El rechazo del tratado Robles-Johnson confirma que la crítica situación abierta en 1964 no se ha cerrado. Particularmente, ilustra el desprestigio y creciente aislamiento de la importante fracción liberal, históricamente la principal institución partidaria del régimen, inhabilitada por la espectacular derrota sufrida en la crucial cuestión de la redefinición, dentro del marco de los intereses dominantes, de las relaciones con EEUU.

La necesaria y algo desesperada búsqueda de una alternativa de recambio, en los marcos institucionales del régimen electoral, pasará, primero, por el golpe legislativo contra el presidente Robles (1964-68), frustrado por la dirección del cuerpo armado. Y, después, por el intento de colocar el prestigio de un viejo caudillo populista-conservador, Arnulfo Arias, al servicio de la neutralización de las masas y la estabilización política del país. Esta es la verdadera razón por la que la absoluta mayoría de las clases dominantes, y no su ‘sector más atrasado’ o retrógrado, como han pretendido diversos analistas, se organice electoralmente en torno a un adversario político histórico, mientras desechaba la maniobra electoral, pretendidamente reformista, formulada por el liberalismo para las elecciones de 1968, apoyado en la alta burocracia estatal. Por los antecedentes, se trata, a no dudarlo, de un movimiento (el apoyo a Arias) concebido por los sectores mayoritarios de la oligarquía como riesgoso, pero a partir de determinado momento tenido como necesario a fin de conjurar el caos amenazante y crear condiciones para una eficaz concertación del nuevo pacto canalero. De ahí el apoyo del gobierno norteamericano a la candidatura de A. Arias¹⁹.

El intento, por algunos comentaristas, de mostrar al torneo electoral de 1968 como una confrontación entre modernizadores y conservadores, o, aún, entre elitismo oligárquico y populismo, además de revelar una apreciación unilateral de la realidad, al apoyar en elementos parciales y subordinados el análisis, comporta el peligroso inconveniente de presentar un carácter valorativo, dividiendo explícitamente el campo de las fuerzas burguesas en bandos ‘progresivoreaccionario’. Nada más infundado, si se tiene como referencia no las trivialidades epifenoménicas del economismo desarrollista o de la más superficial ciencia política, sino las cuestiones de fondo, subyacentes, colocadas para la burguesía local y el gobierno norteamericano, en la situación política del momento, a saber: la estabilización política del país y la resolución eficiente de la cuestión canalera (recordar que el país atraviesa una fase de gran crecimiento económico y modernización de la estructura social).

De cualquier manera, el resultado general de las maniobras mencionadas no será otro que la profundización de las divisiones y la generalización de la desconfianza entre las élites políticas. Hechos como el intento, a comienzos de 1968, de desplazamiento pretendidamente legal del presidente Robles, el violento trámite de la campaña electoral, la recomposición favorable a Arias del Tribunal Electoral, a pocos meses del torneo electoral, un claro intento de fraude por la parte oficialista, en el transcurso del conteo de votos, la resistencia a aceptar el triunfo de la lista opositora y el llamado de reconocidos elementos y medios liberales al golpe de Estado, el acuerdo tejido por la comandancia de la Guardia Nacional mediante el cual reconoce y acuerpa el triunfo de Arias, la manipulación por parte de este último de la distribución de escaños, incluso en perjuicio de fuerzas políticas integrantes de la coalición que le había respaldado, etc.; todo ello contribuye en los ocho meses previos al golpe de Estado a descalificar al conjunto de las élites políticas, llevando la deslegitimación del sistema político a niveles sin precedente.

En la base de todo este desarrollo de los acontecimientos, como una de sus condiciones centrales, se encuentra, efectivamente, el desacuerdo elitario respecto de la forma más adecuada de hacer frente al desafío del ascenso de la conflictividad social y de la radicalización política de sectores de los movimientos sociales. Con otras palabras, la incapacidad de la gran burguesía para enfrentar y resolver con éxito, a través de los mecanismos institucionales de la forma de dominación imperante, la situación abierta por las luchas obreras y populares por reivindicaciones económicas, democráticas y, sobre todo, por la liquidación definitiva del enclave colonial. Y este fracaso en los intentos de lograr el control y estabilización política de la situación, contribuye decisivamente a la dispersión política y al debilitamiento de las clases dominantes, lo que por su vez actúa de retorno sobre el conjunto de la crisis, extendiéndola y profundizándola.

Una vez puesto lo anterior, para completar el cuadro se hace necesario agregar que el fraccionamiento de la burguesía, en su génesis y autodesarrollo, constituye un proceso interno al propio sujeto social dominante. Esto es, se explica fundamentalmente por las contradicciones (conflictos de interés) surgidas respecto del modelo económico vigente -por sí mismo fuente de tensiones, en tanto que representa una relativa alteración del tradicional carácter terciario del país- y su expresión en el seno del bloque de clases dominantes como agudización de los choques entre las diversas fracciones por el control del Estado, como herramienta decisiva para privilegiar una u otra forma de acumulación, o, lo que es lo mismo, para dirimir la cuestión de la distribución de los beneficios. El modelo de acumulación y desarrollo de inspiración desarrollista, y sus efectos tanto al nivel de las formas que tiende a asumir el Estado -redistribuidor de ingresos, intervencionista- como de la predominancia de los intereses del sector industrial -proteccionismo-, chocan con los intereses del sector más ligado a la economía de servicios, globalmente vinculados en forma tradicional a modelos librecambistas. De modo que el verdadero conflicto se da entre un sector que pretende preservar y profundizar el modelo de desarrollo y acumulación basado en el impulso de los sectores productivos, profundizando el recurso a la transferencia de renta desde las actividades terciarias (mercantiles y de servicio), a través del Estado; y otro cuyo ‘proyecto’ consiste en la ‘hongkonización de Panamá’, como dice Manduley²⁰.

La forma cada vez más violenta de las confrontaciones y la no resolución de las disputas, va anulando progresivamente el funcionamiento de los mecanismos de intermediación de intereses, regularmente utilizados por la burguesía como clase social, en el marco del régimen electoral, la poliarquía, para procesar los intereses contrapuestos de sus diversas fracciones, correspondientes estos a los diversos niveles y sectores del sistema económico. Sin duda, el ascenso de las luchas sociales agrava este proceso de deterioro de la unidad de clase de los sectores dominantes, llevando al extremo sus consecuencias, pero no lo determina absolutamente, ni es su principal condición²¹.

El año 1968, finalmente, marca el colapso del régimen electoral, totalmente desquiciado por la acción combinada de estos dos procesos (el ascenso de masas y la fragmentación del sujeto dominante), en el marco general desfavorable definido por la situación internacional y los restantes factores internos ya apuntados. De modo que la abigarrada composición de acontecimientos, grupos políticos, individualidades, ideologías, así como ocurrencias anecdóticas varias, lejos de representar un obstáculo, es justamente lo que nos permite discernir los procesos fundamentales subyacentes, ya que constituyen justamente su manera de expresarse, su forma de existencia en el plano de lo cotidiano, de lo inmediato.

En este sentido, por ejemplo, el voto masivo a A. Arias, en buena medida no es más que una expresión del colosal repudio popular al gobierno y la candidatura oficialista. Expresión deformada, ya que electoral²² y encausada mediante un vehículo absolutamente antagónico con los verdaderos intereses y aspiraciones de los trabajadores y el pueblo, pero expresión al fin.

Finalmente, y sobre la base de todo lo anterior, se puede afirmar que el 11 de octubre de 1968, más allá de todo elemento circunstancial²³ , simples detonantes de los grandes acontecimientos históricos, los militares toman el poder para cerrar una crisis política que, con el desborde de los conflictos interelitarios, se había ya tornado aguda, defendiendo así las bases del orden capitalista semicolonial, enfrentando y conteniendo el fortalecimiento del movimiento de masas y expropiando políticamente al grueso de las clases dominantes. En otras palabras, más allá de toda particularidad, un típico golpe bonapartista en un país atrasado.

A esta definición se opone el argumento de las motivaciones inmediatas. En mi opinión, sucede que no se comprende que el reflejo golpista del cuerpo armado en defensa de las posiciones de la alta oficialidad y de la autonomía institucional del proceso de sucesión jerárquica interna, constituye objetivamente una acción de preservación de la Guardia Nacional contra la avanzada anarquización del conjunto del Estado.

En 1968, la Guardia Nacional, pese a incorporar progresivamente en su interior todos los conflictos que convulsionan a la sociedad, particularmente la reproducción en el interior de la oficialidad de las principales facciones políticas burguesas enfrentadas, representa la institución más sólida del sistema político²⁴, el único aparato del Estado que aún mantiene una relativa coherencia interna, que ha conseguido mantener en su seno la disciplina jerárquica y, por tanto, un margen de cohesión y una capacidad de actuación que justamente le permiten emerger como fuerza política decisiva, por encima de la bancarrota del personal político tradicional.

Dicho de otro modo, el orden institucional interno constituye el límite infranqueable, desde el punto de vista de la oficialidad, entre los cuales se cuentan adeptos del presidente Arias, del creciente caos político general. Su defensa se presenta así como el primer paso en el proceso de recomposición del orden social y de restablecimiento de la estabilidad política. Todo esto, siempre, en la percepción de oficiales educados en la doctrina de la seguridad nacional y de la defensa del orden público.

Tras largos años de ejercer, en forma subordinada e informal, de guardián del poder y mediador de los conflictos interoligárquicos, ahora el cuerpo armado simplemente debe dar ‘un paso al frente’, hacia el centro del trastornado escenario político, y representar de manera autónoma, directa, tales papeles.

El nuevo poder, inicialmente autoconcebido como salida extrema y absolutamente transitoria a la crisis, pasará rápidamente a expresar la magnitud de la quiebra sufrida por el régimen electoral y la necesidad de proceder a una reorganización en profundidad de la forma de la dominación, dando a luz un nuevo régimen político, sobre la base del cual poder enfrentar no sólo la tarea de la estabilización política del país, sino incluso intentar la resolución de los dos problemas centrales del sistema semicolonial. Primero, la modernización capitalista de la economía, promoviendo su reinserción en el mercado mundial y la reformulación correspondiente del modelo de desarrollo y acumulación. Lo que igualmente significa operar sobre la alteración de las relaciones de fuerza en el interior del bloque de clases dominantes, buscando despejar el camino a los sectores más dinámicos en el marco del nuevo modelo, permitiéndoles así establecer su preeminencia política. Se resuelve de esta manera, al menos parcialmente, y por una vía autoritaria, la disputa interburguesa, lográndose un nuevo reacomodo, el cual termina asegurando en este terreno un razonable marco de estabilidad por más de 10 años.

Y, después, la cuestión del replanteamiento de la relación con EEUU en lo relativo a la cuestión canalera, por la vía de la liquidación del enclave colonial y de la recuperación ‘nacional’, es decir, para la burguesía criolla, del derecho a usufructuar, sin mediaciones extraeconómicas, la zona de tránsito. Esto es, sobre la base del reconocimiento de los nuevos términos en que la acción de los sectores sociales subalternos había colocado la cuestión a lo largo de la década de 1960.

De esta manera, en unos pocos días, el ‘putch’ de un grupo de oficiales pasa a convertirse en la ‘revolución sin dictadura y la libertad con orden’. Esto es, de manera casi imperceptible, comienza a tomar forma todo un proyecto político, con objetivos definidos y pretensiones de permanencia, que responde a una lógica político-social muy superior a la de los hechos que actuaron como simples detonantes.

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Notas