América Latina, tres décadas después del comienzo de la neoliberalización capitalista,¹ se mira hoy con su economía estancada, con la más alta tasa de desempleo y con el más alto porcentaje de pobres de su historia,² atravesada de revueltas sociales, sumergida en la inestabilidad política y por primera vez en más de un siglo – es decir, después de la conquista del norte de México a mediados del siglo XIX, y de Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas al fin de ese mismo siglo - con su integridad territorial y su independencia política explícitamente en cuestión.

Al final de la década de 1980, en la región había consenso en denominarla como la década perdida, pues ya en 1982 América Latina sufría la más grave crisis económica en cincuenta años.³ Veinte años después, no hay dificultad en señalar que el proceso ha sido no sólo una pérdida sino una auténtica catástrofe. Ciertamente en primer lugar para los explotados, los dominados, los discriminados. Pero esta vez el proceso ha ampliado largamente el universo de sus víctimas abarcando también a las capas medias urbanas de profesionales y tecnoburócratas y aún a los propios grupos de burguesía dependiente vinculados al mercado interno.

Empero, la creciente marejada de resistencia mundial contra los efectos de la neoliberalización del capitalismo y de la reconcentración del control imperialista de la autoridad estatal, también tiene en América Latina uno de sus espacios más activos. Y la ahora continuada movilización popular contra la situación actual y contra los regímenes políticos responsables de haberla producido, ha llevado a una deslegitimación universal del neoliberalismo, no sólo en su condición de eje de control de las políticas del estado y del movimiento de la economía, sino también como lo que virtualmente había llegado a ser, una suerte de sentido común hegemónico para el conjunto de la existencia social.

Esa deslegitimación ideológica y política del neoliberalismo plantea ahora un debate sobre las opciones de orientación de las políticas económicas, sobre las perspectivas inmediatas y futuras de acción y, para comenzar, por supuesto, respecto de las más graves consecuencias sociales del prolongado dominio del capitalismo neoliberalizado: el creciente desempleo y la expansión del número de pobres y de la extrema pobreza.

Las principales vertientes del debate

Frente a ese panorama, América Latina está siendo empujada de nuevo, después de varias décadas, a un debate en el cual están planteados no ya solamente los problemas inmediatos, graves como son, de pobreza, desempleo, inestabilidad social y política, sino sus opciones históricas. Tres son, a mi juicio, las principales vertientes de opinión y de propuestas en este debate.

La que aparentemente más se extiende es, nada menos, la que había sido antes derrotada sin atenuantes -y eso es sin duda muy expresivo de las características de la crisis– la propuesta de un capitalismo nacional. Según los casos, volver a él (Argentina, sobre todo), organizarlo (por ejemplo, Venezuela) o defender lo que ha sido mantenido (la excepcionalidad de Brasil). Los gobiernos de Chávez, en Venezuela; de Lula, en Brasil y de Kirschner en Argentina, con todas sus diferencias, son por ahora sus más claros representantes.⁴ En la misma tendencia general podría ubicarse al Frente Amplio en Uruguay, al MAS en Bolivia, así como al PRD y quizás ahora inclusive al PRI en México, todos ellos con gravitación importante en la escena política de sus respectivos países.

La segunda vertiente, que se bate a la defensiva en el debate y en algunos países quizá incluso a la retirada, aunque no ha cedido nada en la práctica, defiende la plena legitimidad y la necesidad de la continuación del neoliberalismo y acusa, precisamente, al descontento y a la revuelta de los trabajadores y de las capas medias, por las dificultades económicas actuales, porque, según ese razonamiento, de una parte ahuyentan la inversión y en consecuencia el empleo y el desarrollo y, de la otra, generan problemas de gobernabilidad democrática. Esas fuerzas políticas están representadas en los gobiernos de Bolivia, de Ecuador, de México, de Perú, de Uruguay, en los de Centro América y, más ambiguamente, en el de Chile. En el caso peruano sería una exageración decir que hay debate sobre tales cuestiones, ante todo porque los mass media están todos, sin excepción, bajo el control del neoliberalismo, pero no mucho menos porque todas las organizaciones políticas con influencia y con audiencia masivas defienden, con matices de importancia tangencial, la misma orientación. Es verdad que hay, desde hace dos años, una intermitente revuelta de los sectores populares contra el neoliberalismo, pero éstos, hasta ahora, se movilizan contra efectos puntuales de esa política y, en todo caso, no tienen, o no aún, organización, ni direcciones políticas propias.

En tercer nivel, reaparece, por el momento muy minoritariamente es verdad, una vertiente que estaba ausente del debate público desde las grandes derrotas de la década de 1970. Comenzó a cobrar relieve desde el Foro Social Mundial de Porto Alegre en 2001, y ganó visibilidad y audiencia públicas sobre todo en el curso de la explosión social desde fines de ese mismo año en Argentina. Pequeñas agrupaciones y discursos procedentes del período anterior, que prolongan el debate entre las tendencias del llamado socialismo científico, han vuelto a ganar alguna audiencia en el debate público. Pero también está en curso de constitución una nueva corriente, producida en la crisis actual y que, probablemente, tiende a crecer más que la anterior. Aunque su discurso no es aún sistemático, ni sus propuestas explícitas, se dirige no sólo contra la variante neoliberal del capitalismo, sino contra el poder capitalista como tal. Los colectivos que se forman en diversos países, con diversos nombres y opciones, agrupando especialmente a los jóvenes, principalmente estudiantes e intelectuales, pero también trabajadores, son la expresión de las primeras formas y etapas del debate, de la organización y de la actuación de esta vertiente. Probablemente el sello común a su heterogéneo universo, es la desconfianza en la experiencia y en las propuestas del socialismo realmente existente, su virtual ruptura con la experiencia estaliniana y el estatismo de tales socialistas. Por eso comienzan a ser percibidos por muchos de sus críticos y aún por sus propios actores, como una prolongación de un indeterminado y aún no discutido anarquismo.

En las tres ediciones del Foro Social Mundial de Porto Alegre, la primera vertiente emergió como la más presente, aunque la última tuvo también una significativa presencia en la juventud asistente a dicho Foro.⁵ Por todo lo cual, bien se puede señalar que el desencanto de las capas medias con el neoliberalismo, de algunos débiles sectores burgueses con el estancamiento de la economía y la revuelta de los trabajadores, en especial de los jóvenes, ya no solamente contra el desempleo y la pobreza, sino contra el orden social y político, han colocado el debate en América Latina en el umbral de un nuevo período.

De todos modos, en el debate inmediato las vertientes ampliamente dominantes son las que defienden el patrón de poder imperante. Ambas requieren contar, en definitiva, con un giro muy pronunciado de las actuales condiciones y tendencias del capitalismo mundial. Porque, en efecto, para que el panorama actual de América Latina pudiera ser realmente cambiado y mejorado sin alterar el patrón mismo de poder que lo ha producido, dicho giro sería en verdad indispensable. Ante todo, una masa de inversión realmente muy considerable por lo menos en los países más grandes y social y políticamente más peligrosos para el poder actual, la generación de empleo masivo, la distribución también masiva de ingresos suficientes para comprar productos y servicios en el mercado, o la reorganización de la producción y administración estatal de los servicios básicos.

Esas son, precisamente, las promesas de los controladores del capitalismo, no alteradas a pesar de la magnitud y de la profundidad de la crisis de la economía latinoamericana. Así mismo, los que propugnan un nuevo capitalismo nacional, seguramente esperan equivalentes condiciones. Pero, además, piensan que cuentan con la existencia de fuerzas sociales y políticas locales con la capacidad y la posibilidad de imponer, de nuevo, como en cortos períodos del pasado, la dirección del Estado local sobre el capitalismo y sobre la sociedad. De hecho, en los más importantes casos, Argentina, Brasil, México y Venezuela, los agentes políticos, no obstante todas sus diferencias, apuestan sin duda por el retorno de un capitalismo dotado de todos los recursos de desarrollo y en consecuencia capaz de permitir la amortiguación y la negociación institucionalizada del conflicto social, bajo el control del Estado, de modo que se pueda combinar, eficazmente, la primacía de intereses y agentes nacionales sin desmedro de su lugar en la estructura globalizada del capitalismo. Esas expectativas de combinar exitosamente el desarrollo capitalista nacional con la “globalización” son, sin duda, las que dan sentido a la reunión de Lula, Kirschner y Lagos con, nada menos que Blair y Cía., reinventores de una “tercera vía” ad usum dei fine del neoliberalismo tatcherista.

Las condiciones y las tendencias mayores del patrón capitalista de poder mundial, de un lado y, del otro lado, sus expresiones específicas y particulares hoy en nuestra región, difícilmente permitirían predecir semejante giro. Con todo, es necesario indagar en las bases sociales y políticas realmente existentes de tal imaginario, sea de la tercera vía del desarrollo capitalista nacional, sea de la gobernabilidad sin muchos sobresaltos del mismo capitalismo actual, en la América Latina que emerge de un más bien prolongado período de neoliberalización.

La sociedad neoliberalizada en América Latina

Aquí no podemos ir muy lejos, ni muy hondo, en esta indagación. Para lo que interesa o importa aquí, es mejor restringirla a unas pocas cuestiones centrales referidas al control del capitalismo, a las relaciones entre capital y trabajo y a las relaciones de esos sectores de interés social en el Estado.

Burguesia y control del capital

Para partir, hay consenso en el debate acerca de una reprimarización y terciarización de la estructura productiva de América Latina, con la parcial excepcionalidad de Brasil, como resultados del proceso iniciado desde fines de la década de 1970. Eso implica, en primer término, que en estos países son extremamente débiles o inexistentes, en todo caso en serio, de un lado, la burguesía industrial y, del otro lado, la antes llamada “clase obrera industrial”. Y que las capas medias, tecnocráticas y profesionales, que se constituyeron en asociación con la urbanización y la industrialización de la sociedad, han perdido espacio social y tienden a reducirse, desintegrarse o migrar hacia otros espacios sociales y, en consecuencia, mutar su carácter y sus papeles sociales.

Como es sabido, la producción industrial latinoamericana, ya al entrar en la década de 1980 del siglo XX, estaba concentrada sobre todo en tres países: Brasil, México y Argentina, en ese orden de importancia, hacían el 77.9 por ciento del total latinoamericano. Mientras los dos primeros habían doblado su producción industrial en la década previa, en Argentina esa producción se reducía rápidamente, hasta ser virtualmente desmantelada en la década siguiente. Entre tanto, Chile, Colombia, Perú y Venezuela aportaban juntos el 16 por ciento del total regional.⁶ La fuerte caída de esa producción desde comienzos de la década de 1980, aceleró en los últimos la des-industrialización y reforzó la re-primarización y la terciarización de todos los países, de nuevo con la excepción de Brasil.

¿Por qué esa reconversión de la estructura productiva regional? El proceso de reorganización del capitalismo mundial, bajo control de los países del centro, durante la crisis mundial originada a mediados de la década de 1970, implicó un proceso masivo y mundial de desempleo, de flexibilización y precarización del empleo asalariado, como cuya consecuencia los mercados internos de los países en curso de industrialización no consolidada, como los de América Latina, colapsaron. Eso arrastró a las burguesías latinoamericanas a emprender exactamente el rumbo opuesto al que iniciaron durante la crisis de los 30 y que caminaron más desde el fin de la segunda guerra mundial hasta la crisis de los años 70: la producción para el mercado interno fue abandonada a favor de una política de producción para la exportación. Y en esa nueva dirección, por razones obvias, no era la industria la que podría crecer, sino la producción llamada primaria y los servicios. Y, paralelamente, la importación de productos industriales para uso y consumo de la burguesía, de sus capas medias asociadas, la 'informalización' de la industria destinada a los pobres y, también para ese mismo mercado, la posterior inundación de mercadería industrial de bajo precio y de baja calidad, desde Corea del Sur, Taiwán y otros países del Asia.

Entre 1970 y 1980 el llamado sector externo como componente del PBI regional pasó del 20 por ciento al 50 por ciento. En trece de los países saltó hasta el 70 por ciento y solamente en seis países más pobres se mantuvo por debajo del 50 por ciento. Pero no solamente los países donde cayó el mercado interno optaron por privilegiar el sector externo de su economía contra el mercado interno. Si se toma el caso venezolano, con un mercado interno aún muy fuerte gracias al petróleo, se constata que el sector externo había llegado al 108 por ciento. Ergo, la exportación de petróleo permitía también la reducción acelerada de la producción industrial local para el mercado interno.

Ese proceso de reconversión de la estructura productiva de América Latina, conllevó, como es obvio, el cambio de su lugar en la cadena mundial de producción y de transferencia de valor y de plusvalor, pero igualmente el cambio del lugar y del papel de las burguesías de la región respecto de las del “centro”. La precaria y relativa autonomía que estaba en proceso de constitución, sobre la base de la producción industrial, del proceso de articulación de circuitos regionales o locales de acumulación y de transferencia de valor, y del beneficio fundado ante todo en el mercado interno, terminó abruptamente y cedió ante la más completa subordinación bajo las burguesías “centrales”.

Dentro de los grupos burgueses latinoamericanos, aparte de Brasil, sólo pudieron sostenerse y enriquecerse aquellos que pudieron asociarse a la producción primaria para la exportación, a la importación de mercaderías industriales, al capital financiero y a los servicios. Como en la producción primaria, el control de los recursos decisivos ya estaba bajo el control de la burguesía internacional, así como el capital financiero y los servicios asociados, en rigor la burguesía local sobreviviente emergió, no solamente, más subordinada que nunca antes, sino sobre todo socialmente mutada en una nueva versión de burguesía compradora, empujada a la especulación comercial y financiera, y de ese modo directamente subordinada a la burguesía financiera globalizada desde comienzos de la década de 1970.

Paralelamente, el control del capital, en cada uno de los sectores productivos, primarios, secundarios y terciarios, se desplazó largamente a la burguesía internacional o global. Esta es ahora dueña, sobre todo, del control del capital financiero, del que opera en los servicios básicos y del que opera en la producción primaria, salvo en el petróleo de Venezuela, de donde acaba de ser desalojado, y en el cobre de Chile. El control del capital en América Latina es, predominantemente, internacional o global. Las burguesías locales no son solamente subordinadas en las transacciones financieras y comerciales, sino, ante todo, tienen un lugar secundario en el control del capital en la región.

De ese modo, agotada la crisis del estado oligárquico, el iniciado proceso de hegemonía de los sectores industrialurbanos dentro de la burguesía y en el estado, no sólo no pudo ser consolidado, sino que al final de la década de 1980 cedió el lugar a la hegemonía de los sectores “compradores”, especuladores y de servicios y el control del capital fue cedido a la burguesía internacional o global. Dada esa situación estructural de los grupos dominantes, la vieja distancia entre identidad nacional e interés social, rasgo central de las relaciones de colonialidad y de dependencia, ha terminado en un auténtico divorcio.

El mundo de los trabajadores

Los efectos de esos procesos sobre los trabajadores han sido espeluznantes. Lanzados en su vasta mayoría al desempleo, a la precarización y a la flexibilización de las condiciones de empleo, la reducción o el desmantelamiento de la producción industrial produjo la dispersión y la fragmentación social de los trabajadores, el debilitamiento de sus instituciones gremiales, la crisis de su identidad social. Sobre esas bases se impuso el desmantelamiento de las leyes, instituciones y mecanismos administrativos que permitían a los trabajadores negociar las condiciones, las modalidades y los límites de la explotación. Las conquistas sociales mínimas, como la jornada de 8 horas de trabajo, han quedado virtualmente anuladas en muchos países, o han sido seriamente erosionadas en todos los demás. En todos, fueron empujados y arrinconados en una situación de empobrecimiento creciente. La tasa de desempleo (cerca del 10 por ciento de los trabajadores urbanos) y la proporción de pobres son los más altos de la historia de América Latina (más de la mitad vive con menos de un dólar diario y más del 20 por ciento con menos de medio dólar). Los salarios no han dejado de bajar en términos relativos y las distancias salariales entre los niveles más altos y los más bajos son en promedio de 70 a 1, y mayor en algunos países.⁷ En fin, los trabajadores latinoamericanos, en su vasta mayoría, están sometidos a un sistema de sobre-explotación.

No puede ser sorprendente, dadas esas condiciones, que se expanda el trabajo forzado y el tráfico de esclavos, sobre todo de adolescentes y jóvenes, que son llevados a trabajar en la selva amazónica. Que crezca la servidumbre personal, sobre todo entre las mujeres migrantes entre los países de la región (por ejemplo, entre Perú y Chile, antes Argentina) o entre América Latina e Italia o España. Que haya cientos de miles de niños trabajando en trabajos pesados, con salarios extremadamente bajos o en condiciones de esclavitud.

La violencia de esos procesos ha producido problemas excepcionalmente graves en la vida social de los trabajadores y de sus familias. Las tensiones psicosociales, la depresión, la neurosis de angustia, la violencia intrafamiliar, la desintegración de las familias, el trabajo y la mendicidad infantil, son documentadas en varios países y el impacto de esos problemas es muchas veces más profundo en las poblaciones discriminadas por criterios de “raza” o de “etnia”, como en Brasil y los países llamados andinos.⁸

En fin, lo que importa para nuestros propósitos de indagación sobre la estructura de la sociedad latinoamericana hoy, es señalar que las relaciones entre capitalismo y trabajo son ahora, no sólo en América Latina, mucho más complejas que poco antes, que el mundo del trabajo es mucho más heterogéneo y además disperso y fragmentado. La crisis de identidad social que todo eso conlleva ha empujado a muchos a un proceso de reidentificación en términos no vinculados a la relación entre capital y trabajo, sino en otros muy distintos, entre los cuales los criterios de “pobreza”, de “etnicidad”, de oficios y de actividades “informales” y de comunidades primarias son, probablemente, los más frecuentes.⁹

Se puede identificar a la burguesía “compradora” y especuladora, adversaria del mercado interno, como hegemónica social y políticamente entre los dominantes locales, asociada y subordinada a los intereses de la burguesía central o global. Pero es difícil, en cambio, identificar un sector de trabajadores como el hegemónico en el heterogéneo, disperso, fragmentado y cambiante universo de trabajadores. La creciente mayoría de ellos está caracterizada por la actividad “informal” y por la multi-inserción en el mundo del empleo, esto es insertado de manera precaria y muy diversa y en diversas actividades. Y sólo una minoría muy reducida está agrupada en instituciones sociales de tipo gremial o político, a diferencia de tres o aún de dos décadas atrás.

La cuestión del Estado

Como puede ser advertido en todo lo anterior, los procesos que han llevado a la América Latina a la situación actual han sido, en verdad, muy profundos. Han producido una genuina reconfiguración de la existencia social, de las relaciones sociales básicas, de los intereses sociales, de sus agentes, de sus instituciones, tanto en la dimensión material como en la intersubjetiva. En esa perspectiva, tienen el carácter de toda una contrarrevolución.

Son la expresión, en nuestra región, de los procesos de aceleración y de profundización global de las tendencias centrales del patrón de poder dominante, como consecuencia de la derrota mundial de los regímenes, organizaciones y movimientos sociales y políticos que rivalizaban o antagonizaban la hegemonía de los grupos capitalistas imperialistas “centrales” y de sus Estados. Tales procesos son: a) la radical re-concentración mundial del control sobre el trabajo, sus recursos y sus productos, en beneficio de los grupos capitalistas “centrales”, una parte cada vez más minoritaria de la especie; b) la polarización acelerada de la población mundial entre esa minoría y una mayoría creciente mayoría despojada de acceso a lo que el trabajo mundial produce, inclusive, para una proporción cada vez mayor, el acceso a recursos de sobrevivencia; c) para imponer el desarrollo de tales tendencias, la re-concentración mundial del control de la autoridad, en este caso del Estado, lo que en países como los de América Latina implica una forma de re-privatización del Estado.¹⁰

El agente central de ese proceso de neo-liberalización de la economía latinoamericana y de la re-configuración de la estructura de poder, de los intereses sociales, de sus agentes, de sus agrupaciones e instituciones, ha sido el Estado. Y eso indica que los grupos de interés social asociados a esos procesos y beneficiarios de ellos, obtuvieron la fuerza política necesaria para llegar al control del Estado y las condiciones adecuadas para imponer sus políticas.

Es inevitable preguntarse ahora, en medio de la crisis latinoamericana y del debate y confrontación social y política que observamos, y a la vista de los intereses sociales y agentes de la estructura de poder producidos por el neoliberalismo, cuáles serán o podrán ser las opciones dotadas de las condiciones y de la fuerza capaces de conquistar el control efectivo del Estado y de llevar adelante cuáles tendencias o cuáles propuestas.

Es cierto que ya en varios países y de los más importantes, el descrédito del neoliberalismo ha llevado ya al gobierno a los partidarios del capitalismo nacional. ¿Significa eso que por lo menos en esos países se han establecido las condiciones del desarrollo capitalista bajo el control de una burguesía yde un estado nacionales? Difícilmente. No existe, salvo parcialmente en Brasil, una burguesía local con alguna fuerza propia. Pero ya acabamos de ver el fundamento de esa fuerza y de su conflicto insanable con todo desarrollo capitalista nacional continuado. Y aunque determinados gobiernos pudieran ser admitidos como nacionalistas, eso no califica necesariamente a los respectivos Estados como nacionales, como es el caso de Venezuela y de Argentina.

Es cierto también, de otro lado, que aparte de los discursos, son aún inexistentes las acciones concretas que puedan enrumbar el curso histórico próximo hacia las metas prometidas. Y es cierto ya, en cambio, que donde el discurso comenzó a afilarse y parecieron comenzar las acciones, como en la Venezuela de Chávez, los grupos de interés social asociados al neoliberalismo y al imperialismo no han tardado en organizarse y pasar a la ofensiva contra el régimen chavista, con el ostensible apoyo de EEUU y de los gobiernos latinoamericanos que son sus aliados, enrumbándose claramente en dirección de una contrarrevolución.¹¹ Esa es, en todo caso, una indicación de que si en Brasil o en Argentina se comenzaran acciones concretas e importantes en dirección del capitalismo nacional, los grupos sociales con intereses contrarios no tardarían en organizar la resistencia, si es que no están ya preparándola.

Las condiciones y los rasgos de un capitalismo nacional no imperialista y sin embargo capaz de desarrollo no son desconocidas. Aunque por períodos más bien cortados y por lo tanto sin las condiciones de desarrollo continuado, inclusive América Latina no es ajena a esa experiencia. Aunque no sea eso el objeto de esta discusión, están en juego, entre otras, las siguientes condiciones básicas. Primero, el control nacional de los recursos y de los productos, esto es la propiedad nacional de los recursos de producción decisivos (o estratégicos, como se suele decir), y en la actualidad eso implica, ante todo, el capital financiero. Segundo, una estructura productiva capaz de proveer a las demandas del mercado interno, en primer lugar, y complementariamente también del externo, y de defender su independencia sin perjuicio de su inserción y de su asociación mundial. Tercero, la expansión y el control del mercado interno. Cuarto, el control de las transacciones internacionales del país.

Todas esas condiciones se ordenan en torno de un factor central: la distribución relativamente democrática del acceso a recursos de producción, del acceso a ingresos para usar y consumir lo que la sociedad produce, la provisión democrática de servicios públicos, la relativ amente democrática distribución del acceso a las instancias de generación y de gestión de la autoridad pública, esto es, del Estado. Todo eso implica la ciudadanía universal de los habitantes del país. En otros términos, se trata de una sociedad razonablemente democrática, que se expresa democráticamente en el Estado. El moderno Estado-Nación capitalista es la expresión de una sociedad capitalista donde la democracia posible de este patrón de poder ha podido ser conquistada.¹² En otros términos, la condición histórica del desarrollo capitalista nacional, en los períodos en que eso llegó a ser posible, fue y es la democracia básica de la sociedad y su expresión política en el Estado. Y esa es, precisamente, la condición ausente hoy en América Latina.

La experiencia de capitalismo nacional no es del todo ajena a la historia latinoamericana. Pero, de un lado, ha sido siempre de corto alcance y de corta duración. Y, de otro lado, precisamente sólo cuando algunas fracciones de la burguesía tuvieron que aliarse, o admitieron hacerlo, con las capas medias modernizantes y ganar el respaldo de los trabajadores explotados, sea para destruir el estado oligárquico, como en el caso mexicano, o para imponer la modernización básica de sus agrupaciones, como en los casos de Argentina, Uruguay, Chile o Colombia.¹³ Pero en ninguno de esos casos, la democratización de la sociedad y la nacionalización del Estado pudieron ser consolidadas de modo de garantizar la continuidad del desarrollo capitalista nacional. Por esas razones, el desarrollo capitalista posible ha sido solamente como neoliberalización y por lo tanto contra la creciente mayoría de su población.

El Estado en todos los países ha operado en estos últimos 30 años, en mayor o menor medida, en contra de la mayoría de la población. Esto es, no sólo como articulación política del dominio de una minoría sobre la mayoría, como en todas partes, sino como garante y administrador de la continuada y creciente exclusión social de la mayoría. A menos que alguientuviera el desparpajo de sostener que, en los últimos 10 años en especial, en Argentina, en Brasil, en Perú, en Ecuador, en Bolivia o en México, el Estado haya trabajado en beneficio de esa población. Tal Estado no llegó a ser del todo, un Estado del capital, es decir, que articula la dominación del capital sobre el trabajo, pero sin dejar de mantener un margen de negociación de las condiciones de esa dominación. Ahora se trata del Estado de los capitalistas contra los trabajadores. Y tales capitalistas son, principalmente, internacionales y controlan el capitalismo mundial y hoy en especial el capital financiero. Dicho de otro modo, hemos sido víctimas de un proceso de reprivatización del Estado.

La determinación histórica central en esas relaciones entre capitalismo y Estado en América Latina, consiste en la colonialidad básica del patrón de poder mundial imperante, originada precisamente con la propia América.¹⁴

Con todos los obligados recaudos, no parecen ser muy notables las condiciones que permitirían establecer o rest ablecer un capitalismo naci onal, mucho menos democrático. El cambio histórico necesario para lograrlo sería tan profundo que implica en realidad una revolución. Y tampoco parecen estar a la vista, en el corto plazo, las condiciones y las fuerzas sociales y políticas que pudieran llevar a cabo un proceso de ese carácter y de esa orientación. De una parte, una revolución social para imponer un capitalismo nacional, democrático, choca en primer término con la propia burguesía, local e internacional. De la otra, las únicas fuerzas sociales y políticas que están en curso de constitución, si se desarrollan y se hacen efectivamente fuertes como para disputar el control del poder en esta sociedad, probablemente se orientarían más a la producción democrática de una sociedad democrática. En tal caso, el patrón de poder capitalista estaría en cuestión, incluido, por cierto, su Estado.

Si se observa con cuidado lo que ocurre con una mayoría creciente de la población latinoamericana y, probablemente, mundial, así como no puede vivir sin el mercado, ni puede vivir con el mercado, no puede tampoco vivir sin el Estado, ni puede vivir con el Estado. La acelerada profundización de las dos tendencias centrales del patrón de poder ha originado para sus víctimas esa doble trampa, que no dejará de desarrollarse en adelante. Para las víctimas que son empujadas al polo de miseria del capitalismo, por eso mismo, en adelante toda conquista o reconquista del acceso a los bienes y servicios que el trabajo produce, no puede realizarse sino como democratización radical de la existencia social. Tenderá, por eso, no mucho más tarde, también a hacerse sin el Estado o contra él.

Nuevas formas de autoridad están en pleno curso de constitución en todas partes, de manera molecular si se quiere. Ellas tienden a ser de carácter o de orientación comunal. Sus muchas formas de conflicto y de combinación con el Estado, ya están presentes. Así ocurrió con las experiencias de Villa El Salvador¹⁵ o de Huaycán, en el Perú, de las comunidades que reorganizan el movimiento de los indígenas en Ecuador y Bolivia, o que va ampliando el MST en el Brasil. Y así ha estallado a la mirada mundial en la reciente crisis argentina. Fuera de esas tendencias, la heterogeneidad histórico-estructural de la sociedad contemporánea, dentro y fuera de América Latina, no podría expresarse democráticamente, en una sociedad democrática. Y sin una sociedad democrática de ese carácter, la polarización social que produce el capitalismo actual, sin pausa y sin retroceso posibles, arrastrando a la especie a una catástrofe demográfica y social sin precedentes y que ya está en curso en Africa, Asia y América Latina, no podría ser controlada.

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