Resumen: El consumo de drogas a nivel global representa crecimientos constantes cada año, de tal forma que la guerra contra las drogas ha demostrado su ineficiencia e inutilidad contra el flagelo de las drogas. Desde Iberoamérica se nos presentan nuevas perspectivas sobre el consumo de drogas visto como una problemática, de sensibilización y políticas públicas de acercamiento con el usuario o la usuaria. Es menester de los Estados garantizar la inclusión de las personas en conflicto o abuso de las drogas siendo que las medidas punitivas representan un incremento en cuanto al daño ya de por si generado por el consumo o la utilización.
Palabras clave: Criminalización, Descriminalizar, Consumo de Drogas, Iberoamérica, Políticas Públicas..
SALUD PÚBLICA Y PANDEMIA
DESPENALIZAR, DESREGULAR, DESCRIMINALIZAR LAS DROGAS EN IBEROAMERICA.
El consumo de drogas hoy por hoy representa un problema a nivel global y su descriminalización una opción al combate contra las drogas, siendo que hasta la fecha la guerra contra las drogas no ha demostrado ser efectiva, en lo social, político, económico, y mucho menos en lo judicial.
En el 2014 en una noticia que saldría en el diario español El País, se indicaba que la Organización de las Naciones Unidas ONU, estaría adoptando medidas, pronunciándose a favor de la despenalización del consumo de drogas[1] de esta manera dicho organismo se estaría distanciando de la estrategia de guerra antidrogas celebrada en gran parte de países del orbe, sin embargo, la ONU estaría rechazando la liberalización del mercado de estupefacientes. Es conocido, que el tema de las drogas sobrepasa en gran medida las decisiones de muchos gobiernos que ven en criminalizar el conflicto como la manera más rápida y fácil de darle solución a esta problemática.
Respuestas al mejor estilo “Nixoniano” han dejado de funcionar o nunca funcionaron realmente, ya que el consumo de drogas a nivel mundial se estaría incrementado paulatinamente cada año. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, por sus siglas en inglés, en el mundo habría alrededor de 275 millones de personas, eso representa un 5,6% de la población mundial en edades comprendidas entre los 15 a los 64 años que habrían consumido drogas alguna vez durante el 2016, de los cuales 31 millones estarían padeciendo de trastornos derivados de ello y que posiblemente deban ser tratados. En el 2018, el New York Times en su versión en español publicaba un encabezado escrito por el exsecretario de Estado de los Estados Unidos, George Shultz, en donde indicaba que “la guerra contra las drogas habría fracasado”[2] y que habría arruinado vidas, abarrotado las cárceles y costado una fortuna en los Estados Unidos.
Ahora bien, debemos considerar diferentes aristas a este tema, por un lado, tenemos una dupla percepción del asunto de las drogas, satanizadas por décadas, como si el objeto como tal tuviera vida propia y careciera de un contexto, social, cultural, político, económico y judicial, por otro lado, la doble moralidad hacia el consumidor (Muñoz, 2012). Las políticas públicas más represivas están orientadas a buscar la forma de retirarlos de la sociedad y en el peor de los casos recluirlos a centros penitenciarios por consumos de baja intensidad agravando la situación que esto conlleva, ya que las instituciones prisiónales no estarían cumpliendo el rol de reformar y resocializar. Debemos partir de la idea de que el uso de drogas, al igual de lo que conocemos sobre las drogas son fenómenos que están mediados por una construcción sociocultural, cuando pensamos o escuchamos sobre las drogas normalmente nuestros referentes más próximos son los medios de comunicación, que en su mayor medida reproducen el estigma. Baratta (1991) nos habla de un circuito abierto y otro cerrado, en donde el cerrado reproduce la criminalización del espectro droga, siendo las instituciones factores que constituyen y refuerzan este elemento, criminalizando las drogas. El efecto contrario, vendría a ser un engranaje abierto que rompería el circuito como tal, dando por entendido nuevas visiones como la despenalización o descriminalización de las drogas.
Estas tres conceptualizaciones podrían parecer símiles, sin embargo, cada una encierra un conjunto de regulaciones no solo jurídicas sino económicas y sociales que deben ser considerados, especialmente cuando hablamos desde el espectro en donde la droga y el consumo forman parte de un retículo multidimensional y multisectorial. Siendo no solo desde el aspecto univoco de lo judicial como acontece en muchos espacios.
Cuando nos referimos al espacio de la despenalización debemos tener en cuenta que las drogas no son nuevas ni su problemática fue tan acuciante como hoy en día, a inicios del siglo XX el consumo de alcohol se presentaba como una problemática mayor en muchos países, siendo especialmente en los Estados Unidos. Sin embargo, no es sino hasta su criminalización que esta droga legal (en sus momentos ilegal) toma otros contextos, y es que lo que convierte una cosa legal o ilegal es su criminalización o no. Despenalizar significa no criminalizar, no penalizar una conducta que en su primera instancia es ilícita de acuerdo con los códigos legales de la región.
La despenalización de acuerdo con el informe regional de la OEA, (2019)[3] indica que la despenalización podría cambiar dramáticamente el número de arrestos por violación de las leyes de drogas, evitando cargas sustanciales sobre aquellos que son arrestados. El cambio legal reduciría la carga sobre los sistemas de justicia, al dejar de perseguir y encarcelar a delincuentes de bajo perfil, siendo que la despenalización incluye sanciones no criminales, tales como multas o intervenciones destinadas a disuadir a los usuarios de continuar consumiendo drogas ilícitas.
Cuando hablamos de la legalización esta se refiere a un régimen en el que tanto la producción como el consumo son legales. La regulación de las drogas podría indicarse por medio de que el Estado garantice que la comercialización y su consumo estén reguladas y normativizadas, por tanto, la producción y la comercialización tendrían que cumplir estándares de calidad, pagar impuestos como cualquier otra mercancía y tener controles de seguridad en su uso, distribución y consumo. Mucho se ha hablado de que si se dieran estas opciones fuera mucho menos las muertes por un mal producto o sobredosis. Ya que el Estado, así como regula y grava con impuestos sustancias reconocidas por sus efectos disruptivos como el alcohol, estaría tomando parte y control y por ende los grupos delincuenciales o carteles de las drogas “vieran mermado" sus ganancias y por ende la criminalidad asociada al comercio de la droga. Sin embargo, esto implicaría que el Estado de la mano de todas las instancias, debería acompañar en campañas de concientización y reducción de daños en todos los aspectos y orientados no solo a los consumidores habituales sino a los no consumidores y a los de consumo recreativo.
La descriminalización de las drogas por otra parte, y sin entrar de lleno en los aspectos legales de la misma, tiene su asidero parecido al de la despenalización, con la excepción que esta última evita no solo penalizar sino criminalizar al consumidor, y ubica la problemática desde el espectro de la salud pública como una problemática social que requiere de la sensibilización. Es reducir la imagen del consumidor de ser un criminal a una persona con problemas de uso de drogas, o problemas ocasionales de uso de drogas. Se sabe que fundamentalmente las políticas de drogas represivas generan mayores daños que las sustancias mismas (Comisión Global de Políticas de Drogas, 2016).
Los daños causados por las políticas de drogas no están confinadas a las personas que usan drogas y otras involucradas en el tráfico, afectan a la sociedad en su conjunto, y es que la vigilancia de las sustancias se ve ensombrecida por una disparidad racial en el sistema criminal de justicia y por prácticas que son completamente desproporcionadas a las ofensas involucradas.
Por un lado, tenemos que los beneficios de una descriminalización correctamente aplicada pueden ser muchos. Mientras que la criminalización de las personas que poseen sustancias para uso personal es un componente central de muchas estrategias de los países frente a las drogas, la descriminalización es de hecho permitida bajo el sistema internacional de fiscalización de drogas, aunque existen numerosas políticas de descriminalización en práctica alrededor del mundo, muy pocas están bien ideadas o implementadas efectivamente.
Argentina: En el 2009 la corte suprema justicia de argentina estableció que la criminalización de la posesión para uso personal era inconstitucional.
Bolivia: En el 2012 como resultado de una disputa respecto al uso tradicional de la hoja de coca, Bolivia se convierte en el primer país en salirse de la Convención Única de Naciones Unidas, posteriormente, ratifico de nuevo la Convención con una reserva sobre la hoja de coca. No hay sanción por el consumo de hojas de coca en su estado natural o en productos cuando no han sido procesada químicamente para aislar el alcaloide de la coca.
Brasil: Se modificó la ley en el 2006, con el propósito de reducir las sanciones de los usuarios de drogas e incrementar las sanciones para los narcotraficantes. La posesión no autorizada incluida adquisición y transporte de sustancias para el uso personal es considerada una infracción penal. Sin embargo, no se penaliza con la privación de libertad sino con la educación sobre drogas, el servicio comunitario y/o la asistencia obligatoria a programas sobre uso de drogas.
Colombia: Reintrodujo su política de descriminalización de la posesión de sustancias para uso personal en 2012, después de haber sido suspendido tres años antes.
Costa Rica: El consumo de drogas ha sido descriminalizado en el 2001, mediante un precedente jurisprudencial. La normativa no establece umbrales, por lo que mediante fallos se ha dado la absolución de personas portadoras de hasta 200 gramos de marihuana o cocaína bajo el argumento de que, al no existir la evidencia de un delito se trataba de casos de consumo personal.
Ecuador: En el 2008, por iniciativa gubernamental se reformo la Constitución y se implementó un indulto el cual beneficio a más de 2 mil micro-traficantes o “mulas”. El haber elevado a rango constitucional la garantía del debido proceso y la debida proporcionalidad entre los infractores y las penas, además de la prohibición expresa de la criminalización a los consumidores y la vulnerabilidad a sus derechos, reivindico los derechos humanos de lo más débiles. Sin embargo, en el 2015 una nueva reforma endureció las sanciones para el delito de microtráfico, trayendo un retroceso de la política en materia de drogas.
Chile: Se logró la despenalización de acuerdo al artículo 4 de la ley 20.000 de 2005, la posesión no autorizada de pequeñas cantidades de sustancias destinadas al uso personal no es sancionable. El uso de sustancias no autorizadas en público es considerado una infracción de conformidad con el artículo 50 y se sanciona con multas, servicio comunitario o mediante la asistencia a programas de prevención del abuso de drogas.
Jamaica: En el 2015, descriminalizo la posesión de cannabis para uso personal y permite la posesión de cannabis con fines religiosos.
México: En el 2009, se logró la despenalización de la posesión de las drogas. Sin embargo, las políticas que han sido aplicadas no han sido efectivamente exitosas, ya que los umbrales usados para distinguir la posesión para el uso, de un delito de provisión son tan bajas que se vuelven insignificantes. Esto deja a la mayoría de las personas vulnerables y por lo tanto reciben una sentencia custodiaría, a pesar de no estar involucrados en ninguno de los aspectos del tráfico de drogas.
Panamá: Se dan los primeros acercamientos en el 2017 para regular el uso de la marihuana como medicinal, mediante el anteproyecto de ley 595. Actualmente el anteproyecto se encuentra estancado en la comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional de Panamá.
Perú: Se logra la despenalización, siendo las cantidades establecidas en el Código Penal que incluyen, no más de 5g. de cocaína HCL, 8g. de marihuana o 2g. de sus derivados, 1g. de opio látex o 200mlg de sus derivados. Sin embargo, la combinación de uno o más tipos de droga, aún dentro de los límites legales se considera un delito punible.
Paraguay: consigue la despenalización, la posesión de sustancias prescritas o aquellas para uso personal están exentas de sanción cuando la cantidad es menor que la que se indica en la receta o está destinada para el uso personal. En el caso de la marihuana la cantidad no puede superar los 10 g. y en el caso de la cocaína, heroína u otros narcóticos no puede superar los 2g.
Venezuela: Reducción (parcial) de sanciones, posesión de una cantidad para uso personal no es sancionada, se imponen medidas de seguridad.
Uruguay: En el 2013, se convierte en el primer país en el mundo en pasar una ley regulatoria de cannabis para uso recreativo.
Sabemos que las discusiones en materia científica no están inacabadas, y a grandes rasgos discusiones que deben mediar la evidencia, observabilidad y resultados como propuestas en materia de políticas públicas, están mediadas por la moralidad y lo punitivo como recurso.
En términos del funcionamiento de los Estados, la criminalización de usuarios de drogas representa un uso poco racional de los recursos públicos destinados tanto a la seguridad ciudadana como al sector salud. Para policías, fiscales y poderes judiciales, la criminalización de consumidores implica el uso de recursos escasos que podrían ser usados para atender y perseguir conductas de mayor relevancia social (como el robo violento, la violación, el secuestro o el homicidio). Para el sector salud, la existencia de tratamientos obligatorios a los que algunos países someten a los usuarios -sean o no consumidores con uso problemático- significa el uso de valiosos recursos que podrían ser usados en campañas de prevención o en el tratamiento basado en evidencia científica.
Sabemos que muchas de las decisiones en políticas públicas adolecen de un análisis profundo sobre el cómo, cuándo y cómo abordar problemáticas de sensibilidad nacional y regional, especialmente cuando está en juego una economía circular a manera de un engranaje cerrado que genera ingresos en materia de combate contra las drogas. Recordemos que los Estados Unidos estaría financiando en Latinoamérica alrededor de $ 97 millones de dólares entre los años 2008 al 2011, según la oficina de rendición de cuentas del Gobierno estadounidense. De igual forma los gastos en materia de programas, como los más de $ 5,500 millones de dólares destinados desde el año 2000 al Plan Colombia para combatir el narcotráfico, o el Plan Mérida en México que desde su aprobación por el gobierno de George Bush (hijo) en el 2008, ha entregado alrededor de $ 1,600 millones de dólares destinados a la adquisición de equipo y entrenamiento a las fuerzas mexicanas, curiosamente las empresas encargadas de dar el entrenamiento son contratistas estadounidenses como Lockheed Martin, Northrop Grumman, Reytheon, ARINC y U.S. subsidiaria de Blackwater[4]. Todo esto forma parte del engranaje de la criminalización en donde se beneficiarían empresas de seguridad y de armamento, en pocos casos los beneficios no irían directamente a desalentar el consumo o mediar, para que el consumo no sea un consumo problemático.
En la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, UNGASS 2016, por sus siglas en inglés, se dieron recomendaciones para asumir con responsabilidad las decisiones venideras en materia de drogas para la región, las cuales indicaban:
Que era necesario tener sustento, y no posicionarse en ideologías preconcebidas, sino en investigaciones y análisis con evidencia disponible sobre los costos y beneficios totales de la prohibición y alternativas a la prohibición.
Sobre la importancia de los costos de la prohibición, no sólo para los países consumidores sino también, para los países productores y de tránsito de drogas, incluyendo muertes extrajudiciales y otros tipos de violencia.
Los costos de los programas de erradicación para los habitantes rurales, y la desestabilización de las instituciones por corrupción; y resaltar los beneficios económicos y públicos de invertir en servicios sociales y en salud eficiente en términos costo-beneficio para usuarios de sustancias y para personas que requieren drogas lícitas, e inversiones en programas de prevención contra el consumo que sean adecuadas al ambiente de toma de decisiones de los jóvenes en sus realidades.
En otras latitudes se han enfrentado a la posición de descriminalizar el consumo de drogas y aunque para muchos en su momento tomar esa medida representaba una especie de “ruleta rusa” las evidencias multisectoriales y multidisciplinares apoyaron contundentemente medidas como la descriminalización, por encima de aspecto moralistas y religiosos.
Ejemplos como la legalización de la marihuana en los estados de Washington y Colorado ha traído como consecuencia que organizaciones narcotraficantes en México vean reducidas sus ganancias en 25 y 30% propiamente, sin embargo, posiblemente el negocio de la venta sea desplazado hacia otras latitudes en busca de rentabilidad.
La experiencia portuguesa en cuanto a la descriminalización de las drogas ha demostrado muchas aristas de análisis desde las políticas públicas en los últimos 20 años. Pasar de una política prohibicionista a una de descriminalización de las drogas requiere de un compromiso político y social profundo. Identificando situaciones y puntos neurales que puedan ponerse a disposición de una real transformación.
En Portugal en la década de 1990, de cada 10 familias portuguesas al menos 1 tendría problemas con las drogas, siendo que el 96% de los casos de personas eran atendidas en los Centros de Atención de Toxicodependencia, CAT, eran por heroína, de las personas detenidas en la cárcel, el 52,1% eran por consumo de drogas, sin dejar de mencionar el elevado número de consumidores de heroína que tendrían muertes por sobredosis, así como las elevadas tasas de VIH/SIDA por el uso de jeringas compartidas.
Todo esto durante los años 80 y principios de los 90, frente a esta realidad, se tomó el problema en serio, se crearon comisiones de evaluación multisectoriales y multidisciplinares, ya no era una cuestión meramente pensada desde lo judicial, sino que tendrían vínculos con el sector salud, siendo además, la conformación de equipos de especialistas como: sociólogos, antropólogos, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, enfermeros, en fin, todo un retículo de pensadores con argumentación científica frente a una problemática del consumo de droga. ¿Cómo resolver el problema de consumo de drogas? Las comisiones de evaluación determinaron de forma unánime que descriminalizar el consumo de drogas era la mejor solución y la más científica, la menos costosa y en especial la más humanamente posible. Siempre se mantenía el riesgo de que el país se volviera un paraíso de las drogas.
Sin embargo, los resultados reflejados 20 años después no son para nada desalentadores en cuanto a la reducción de infecciones por VIH/SIDA, muertes por hepatitis, personas detenidas por consumos menores o muertes por sobredosis. La descriminalización de las drogas como evidencia comprobada representa ventajas muy significativas frente a las desventajas ya conocidas de la prohibición de las drogas y la guerra contra las mismas. De acuerdo con la Comisión Global de Políticas de Drogas (2016). Portugal estaría ahorrándose un 18% de costos sociales en relación a los primeros 10 años de la intervención de su política de descriminalización de drogas. Dichos ahorros están asociados en cuanto al mantenimiento del ingreso, y la productividad como resultado de que los individuos estuvieran evitando ser encarcelados por posesión de sustancias y costos indirectos de salud como la reducción de las muertes relacionadas con drogas y los índices de VIH y otras enfermedades asociadas.
Con la propuesta de descriminalización de las drogas en el 2000, mediante la implementación de la ley N. 30 del 2000 modificaron el Decreto Ley N. 15/93 del 22 de enero, que era un Acuerdo Internacional contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y de Substancias Psicotrópicas establecido por medio del Consejo de las Naciones Unidas en 1988. Con esta medida daban un paso al futuro, ciertamente con el recelo de ¿Qué va a ocurrir? Y no era para menos, se apostaba por cambiar las reglas del juego prohibicionista y abocarse por una medida contraria a todo lo que conocíamos hasta la fecha, pero también a una prueba de fuego que ningún país había hecho y era no criminalizar al consumidor, sino identificarlo como un sujeto con derechos y con una relación de dependencia o abuso de las drogas. Los procesos punibles pasaron a ser sanciones administrativas que conducían a los consumidores a comisiones de persuasión para evitar continuar el consumo. Con esto, el tratamiento redujo enormemente los casos de consumo, si bien, el consumo de drogas no va a cesar por completo, si sus complicaciones directas y las asociadas. Descriminalizar es un paso complejo y no tanto por la medida legal en sí, sino porque implica un cambio en la manera de percibir la problemática, derribar mitos y ver el problema como lo que es, un asunto de Estado en donde el Derecho Humano y la dignidad están por encima de cualquier medida punitiva o represiva.
Se ha de considerar que el consumo de drogas es un asunto que estaría visibilizando más a los hombres que a las mujeres, siendo una cuestión que lleva años de ser estudiado, sin embargo, en las últimas décadas se ha demostrado que, con los cambios de patrones de consumo, esto está dejando de ser un así. Obviamente que el consumo masculino estadísticamente hablando es superior, pero habría que ver cuantas mujeres estarían consumiendo de forma “invisibilizada” y cuantas no estarían acallando la búsqueda de soluciones a su consumo de “bajo impacto” sin dejar de mencionar las implicadas en delitos por drogas y que están pagando condena, lo cual es superior al de los hombres que estarían por el mismo delito.
En el informe mundial de las drogas de la UNODC del año 2018, se menciona que el 35% de las mujeres que estarían detenidas a nivel global están por delitos relacionados con ofensas por droga y tan solo el 19% de los hombres por los mismos casos. Si bien, el número de hombres en las cárceles continua a ser mayor por delitos conexos, no siempre se puede vincular de forma directa que los detenidos estarían vinculados al consumo de drogas, o por el contrario al mercado del narcotráfico. Que la modalidad de compra y venta en el mercado negro y el uso de las nuevas tecnologías está haciendo que la forma de adquirir la droga sea mucho más accesible en muchos casos.
En la Encuesta Global de Drogas del 2019, o por sus siglas en inglés, Global Survey Drugs, GDS 2019, nos proporciona información que normalmente no se encontraría en otros informes debido a que muchas de las personas encuestadas no son tendencialmente consumidores de alguna droga únicamente ilícita o por otro lado el concepto de droga de acuerdo con la encuestadora o el organismo sea únicamente drogas ilegales.
El consumo de droga no es una cuestión que se mide como se hacía antes, solo verificando factores de cuantos consumen y cuantos no, que población y caracterizándolos. Sino que entran los factores multidisciplinarios, multisectoriales e interseccionales que nos proporcionan luces, sobre el consumo por género, ya que las drogas legales estarían jugando un rol importante en la forma en que percibimos la legalidad y la ilegalidad en cuanto a factores de riesgo y daños asociados. El 98.3% de los encuestados a nivel global (hombres y mujeres) manifestaron, que su droga habitual era el alcohol, seguido de 78.1% el tabaco y 77.4% el cannabis (GDS, 2019). Por otro lado, en cuanto a la periodicidad del uso de drogas en este caso el alcohol en los últimos 12 meses será siempre superior en todos los contextos (GDS, 2019).
Aunque el consumo de alcohol figura como una de las drogas de mayor utilización a nivel mundial, la búsqueda de tratamiento globalmente es reducido en comparación con otras drogas como la heroína, las metanfetaminas o el NPS, -nuevas sustancias psicotrópicas-, en sus siglas en inglés (GDS, 2019). Tenemos que, si identificamos que tipos de variaciones persisten, en cuanto si el factor de consumo está relacionado con el placer, la presión grupal, u otros factores determinantes, tenemos que el 70.5% del consumo de alcohol a nivel general en mujeres mayores de 25 años, se establece por diversión y placer, y un 29.1% mayores de 25 años, es por depresión y sentimiento de malestar.
En cuanto al consumo masculino mayor de 25 años su consumo es de: 74.4% por placer, y un 22.3% por depresión o sentimiento de malestar. Sabemos que hay una presdispoción e intolerancia física por parte de las mujeres al consumo de alcohol, lo que las hace un tanto vulnerables al consumir esta droga legal y por ende socialmente aceptada (GDS, 2019).
De los encuestados a nivel mundial, el 64.9% mencionaron que obtenían la droga en el mercado negro de la red Darknet, o la red subterránea (GDS, 2019). Esta forma de mercadear la droga está haciendo casi imposible rastrearla y enfrenta complicaciones al momento de verificar la calidad y el origen. Los compradores más habituales son jóvenes de entre 21 a 25 años, con poder adquisitivo mediano o alto, y de países en desarrollo.
La encuesta también verifica el tema de la corrupción en cuanto a los sobornos a la policía para evitar los cargos relacionados con drogas, la encuesta GDS arrojo que México tiene un 23.2% y Colombia un 20.9% respectivamente, muy por encima de la media global de 0.5%, Alemania tiene un 9.3% en el tema de sobornos sobre drogas. Si bien, la encuesta tenía una población mayoritariamente alemana, no deja de ser un dato relevante, que sobresalgan estos dos primeros países, en el tema de la producción y mercadeo de la droga a nivel global.
En cuanto al trato que reciben las personas consumidoras de drogas por parte de la policía, las respuestas se dividen de forma casi equilibrada, dando a entender que la policía adopta algunas veces, una actitud de trato con “dignidad y respeto” a los consumidores. Esto parece variar mucho de la latitud y de la situación de la política en el país en cuestión, 12.3% indica que, si son tratados con respecto y dignidad frecuentemente, un 37.7% que algunas veces si, un 30.8% indica que infrecuentemente, 5.3% indico que nunca, y un elevado 14.0% no sabe. (GDS, 2019)
En cuanto a agresiones sexuales bajo influencia de alguna sustancia. La gran mayoría que respondió eran mujeres. Llama poderosamente la atención que la sustancia consumida durante el ataque sexual hacia las mujeres, era el alcohol. A diferencia de lo que uno pensaría sobre el consumo de otras drogas, el alcohol (sustancia legal y regulada) representa prácticamente más impacto que otras drogas no legales en cuanto a los daños y agresiones.
Un 90.1% de las mujeres en la encuesta indico haber sido abusada o atacada sexualmente estando bajo los efectos del alcohol. Mientras que un 83.0% de hombres indicaron que habían sufrido agresiones, el 66.8% indicaba que el lugar de la depredación sexual fue un recinto privado como, por ejemplo: la casa, el 14.2% indicaba que había sido en un night-club y otro porcentaje indicaba que había sido en un espacio público.
La gran mayoría de las agresiones no eran reportadas, convirtiéndose en “datos invisibles” o no registrados. Por otro lado, el número de mujeres y hombres abusados en circunstancias de abuso de drogas no establecen conexión con el hecho, en algunos casos consideran tener una culpabilidad compartida 50.9% en los demás casos no consideran que la acción en sí, fuera un crimen por lo cual no tomaban acciones de denuncia 47.4% (GDS, 2019).
Si bien, hay mucho camino todavía para evidenciar la situación de las drogas de forma global, y en especial de forma local en América Latina, a juicio de valor, considero que las políticas regionales deben ir enmarcadas en darle solución a la problemática que se tiene sobre las drogas, ejercer el derecho de informarse como población es parte fundamental de conocer y profundizar la materia, ya que lleva a identificar nuevas situaciones y nuevas amenazas. Lo que conduce al cambio de las herramientas metodológicas que se han utilizado hasta la fecha en toda la región latinoamericana.
Hay un trabajo adelantado, sin embargo, los países latinoamericanos deben ir forjando políticas públicas duraderas, pensadas a futuro, y no con paños tibios y soluciones medianeras. Como por ejemplo el caso de la política de drogas de Ecuador que sufrió un revés en cuanto a la protección del consumidor, o la de Brasil, así mismo las políticas públicas de los demás países que en si conllevan el peso de un flagelo que recrea y victimiza en general. De acuerdo con la UNODC, cada año aparecen más de 200 nuevas drogas sintéticas, y cada año se elaboran nuevos fármacos, antidepresivos, ansiolíticos y demás que representan retos para las políticas nacionales. Sin dejar de mencionar que la moralidad es un factor que no se deja en la cama de la noche a la mañana, sino con evidencias científicas, y un profundo y constante reflexionar de la problemática local, regional y global.