Crisis e invasión

(Tareas N° 79, septiembre-diciembre de 1991, pp. 59-82)

Los años 80 fueron una década perdida. La invasión constituye “el desenlace de un conjunto de procesos contradictorios imposibles de conciliar”.

La primera contradicción es el imperialismo versus la nación. La segunda, el conflicto entre el desarrollo capitalista y el crecimiento especulativo. La tercera, la oposición entre el proyecto militarista y el proyecto transitista, que desplaza al proyecto nacional.

Estas contradicciones explican lo ocurrido a través de tres procesos. El primero es la recesión económica. El segundo, la crisis militar. El tercero, la derrota política de los sectores vinculados al proyecto de expansión capitalista, que culmina con la destrucción de las Fuerzas de Defensa Nacional de Panamá (FDP).

La recesión económica

La Policía Nacional apoyó en el siglo XX una agenda liberal con el apoyo de EEUU, que impuso su política de seguridad nacional y sus intereses estratégicos sobre el cuerpo armado y la sociedad.

EEUU financió a la Policía y la adoctrinó en su ideología hegemónica, especialmente en la Escuela de las Américas, que funcionó hasta 1983 en Fort Gulick, cuando fue trasladada a Fort Benning, Georgia (EEUU) con otro nombre.

De 1952 a 1968, gobernó una coalición liberal apoyada por la Policía Nacional. De 1968 a 1982, la Guardia Nacional asumió el poder y llevó adelante el llamado “proceso revolucionario”. Había dos contradicciones que era necesario resolver. De un lado, la Zona del Canal limitaba el crecimiento del mercado interno panameño y, del otro, el crecimiento de la masa asalariada no tenía modos de expresarse políticamente.

La solución exigía neutralizar a los sectores sociales más avanzados y lograr un entendimiento estratégico con Estados Unidos mediante negociaciones de tratados.

A partir de los años 80 fue necesario recortar los niveles de consumo del sector público, ya que lo recursos externos se habían agotado. Diversos proyectos de desarrollo se cancelaron, tal como el Ensanche del Canal.

Según el Instituto de Estudios Nacionales (IDEN) de la Universidad de Panamá, la crisis se debió a la agresión norteamericana y a la descomposición del modelo de crecimiento. Ello se intentó enfrentar con ajustes estructurales, que debían racionalizar el gasto y, luego, reducir el empleo.

Guillermo Castro y Enoch Adames opinan (especialmente el primero) que las causas de la invasión se remontan a 1984, cuando el servicio de la deuda supera por primera vez el financiamiento y se abandona el nacionalismo torrijista.

Según el economista y profesor Juan Jované, las medidas agresivas de Estados Unidos apuntaban a un cambio político que propiciara algún arreglo para mantener la presencia militar norteamericana más allá del año 2000, así como el control directo o indirecto del Canal.

La crisis militar

Las fuerzas armadas panameñas transitaron de Policía Nacional (1904) a Guardia Nacional (1953) y a Fuerzas de Defensa de Panamá (FDP) (1983), esta última con el objetivo de responsabilizarse por la protección y defensa del Canal y el país.

Según Gandásegui, los Tratados del Canal tienen tres lecturas: la de EEUU, controlar el Canal y la región; la de las FDP, sustituir a EEUU y la de Panamá, obtener el reconocimiento de la soberanía nacional, eliminar la Zona del Canal y las bases militares estadunidenses.

Las FDP, con el general Manuel Antonio Noriega en la comandancia, tuvieron un primer y más decisivo choque con Estados Unidos cuando el 10 de diciembre de 1985, el director del Consejo de Seguridad Nacional del presidente Ronald Reagan- el almirante John Poindexter- le exigió al general Noriega que las FDP atacaran a Nicaragua para así justificar la intervención de Estados Unidos en ese país, conforme lo contempla el Tratado de Neutralidad.

Aparte de Nicaragua, Estados Unidos pretendía que Panamá combatiera a la revolución centroamericana, pero Noriega rechazó estas propuestas por inaceptables e indignas. Las FDP quedaron contra la pared por esta posición nacionalista (Noriega, 1997).

El coronel Guillermo Wong, jefe de la Comisión de Defensa y Seguridad del Canal desde 1979, consideraba que las FDP debían mantenerse firmes y reducir su rol en el desarrollo nacional a una Acción Cívica, mientras emprendían su fortalecimiento militar como garantes del poder popular iniciado por Omar Torrijos.

Wong asegura que las FDP no tienen que esperar hasta el año 2000 para asumir la responsabilidad exclusiva de la Defensa del Canal. La presencia militar norteamericana, desde este punto de vista, ya dejaba de ser necesaria.

Las FDP crearon: 1. El Batallón de Policía Militar (Seguridad del Canal); 2. el Batallón 2000 (Defensa del Canal); 3. el Batallón Cémaco (frontera oriental); 4. el Batallón Paz (frontera occidental); 5. la Policía de Balboa y Cristóbal (Seguridad Pública del Canal); 6. la Policía Forestal (preservación de Cuenca Hidrográfica) y 7. la Policía Portuaria.

Según Gandásegui, el poder en manos de las FDP podría convertir a la nación en un apéndice de esta institución y no al revés, dando razón a los temores del general Torrijos sobre el llamado “paraguas del Pentágono”. Podría confundirese el desarrollo nacional con un programa de Acción Cívica.

A favor de los militares, Gandásegui cita al teniente coronel Armando Palacios, en el sentido de que las FDP se encargarían de garantizar la soberanía de Panamá, porque los militares serían la vanguardia del pueblo panameño.

Cómo Panamá perdió la batalla

El torrijismo suponía una estabilidad basada en un pacto interclasista. En cambio, bajo Noriega se buscaba un nuevo orden cuyo sostén no parecía pasar por los sectores productivos del país.

Conforme a Wong y Palacios, el futuro del país se proyectaba en torno al rol estratégico de la posición geográfica privilegiada del Istmo, una concepción que tuvo aliados dentro y fuera del país.

El presidente Reagan se opuso fuertemente a esta propuesta y, cuando no encontró la respuesta que necesitaba del general Noriega, Estados Unidos decidió eliminarlo y continuar su presencia militar en Panamá más allá del año 2000.

El general Noriega enfrentó a la oposición férrea y encarnizada de Reagan y Bush, quienes aplicaron sanciones monetarias, comerciales, bancarias, financieras, y diplomáticas, que erosionaron gravemente la endeble economía panameña.

La burguesía terminó aliándose a EEUU, en tanto que los sectores populares organizados rechazaron la agresión del imperialismo contra las conquistas populares y contra la nación panameña.

Además de introducir tropas ilegalmente y de asesinar a policías desarmados, el Pentágono organizó y propició un golpe militar contra Noriega el 3 de octubre de 1989, que resultó un fiasco y no tuvo éxito, a pesar de que el Comando Sur había prometido ayuda a los golpistas, y la revuelta terminó en la masacre de algunos de los militares involucrados.

Las cifras de muertos de la invasión oscilan, según la investigación del exprocurador de EEUU, Dr. Ramsey Clark -la mejor fundamentada (Yao)- entre 4,000 y 7,000, en su mayoría civiles indefensos. El Pentágono calcula pocos cientos de fallecidos. El profesor Olmedo Beluche opina que fueron 1,000.

Conclusiones

La combinación de un proyecto militarista sin base social contribuyó a desarticular los planes de desarrollo de la nación panameña. En la década de 1980, el proyecto militarista y el transitista se contraponían, pero Washington terminó inclinándose a favor del último.

En 1979, el general Omar Torrijos había definido en “La Línea” que en la Batalla de Panamá convergían tres frentes: el primero, el PRD; el segundo, la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos y el tercero, la Guardia Nacional de Panamá.

La primera, el PRD, sucumbió a la muerte de Torrijos y, con las reformas constitucionales de 1983, el poder de la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos fue desplazado por la Asamblea Nacional, manipulada por los partidos tradicionales.

En consecuencia, quedó la Guardia Nacional como la última trinchera, pero EEUU comprendió que, sin base social de apoyo, era fácil captarla y dominarla.

¿Regresaron las tropas norteamericanas a Panamá?

(Tareas N°139 (septiembre-diciembre 2011, pp. 125-136).

Gandásegui nos presenta las visiones de Peter Sánchez y John Lindsay-Poland sobre la presencia militar de EEUU en Panamá, marcada por una profunda asimetría.

Lindsay-Poland se enfoca especialmente en los daños ambientales y ecológicos ocasionados por las bases militares. Sánchez considera que EEUU ha hecho alianza con personajes y fuerzas antidemocráticas en Panamá y que esa relación puede conducir hacia “escenarios populistas antiimperialistas, incluso poner fin a la democracia”.

Añade también Sánchez que, si EEUU no tiene en cuenta los intereses de los panameños, el “paraíso” continuará siendo una meta elusiva para los dos países y Panamá no podrá vencer a la “naturaleza” y el entorno “salvaje”.

EEUU militó siempre en contra de la democracia en Panamá y subordina su progreso a su propio intervencionismo, ya que, según Sánchez, en Panamá no hay unidad nacional étnica ni racial.

Considera este autor que el objetivo de la invasión era mantener la hegemonía de EEUU sobre la región. Gandásegui comparte las dudas de Sánchez en el sentido de que Panamá no puede aspirar a la democracia si su política económica es determinada desde el exterior.

Lindsay-Poland denuncia la falsa superioridad de EEUU, país que experimentó armas convencionales y biológicas que afectaron el ambiente con el propósito de asegurar la dominación de Latinoamérica por parte de los blancos: una superespecie humana debía subordinar a los “nativos”, con base en ideas sobre razas y el trópico.

Los norteamericanos se creían superiores a los “nativos” y crearon en la antigua Zona del Canal un mundo supuestamente aristocrático, cerrado a otros grupos sociales.

Ambos autores convienen en que la democracia no es viable si el régimen es sometido a una potencia militar extranjera, la cual, según Lindsay-Poland, hace imposible un desarrollo sostenible.

Estados Unidos siempre prefirió fomentar las áreas revertidas y no el desarrollo de Panamá. En cambio, la clase gobernante de Panamá buscó su propio beneficio en las áreas revertidas, sobre todo, después de la invasión.

Ambos autores concuerdan en que Panamá no tiene proyecto nacional y que, a cambio de algunas dádivas, está dispuesta a entregar sus riquezas y ventajas geográfica, ya que el país no tiene una orientación clasista consensuada frente a EEUU.

Sánchez y Lindsay-Poland consideran que la democracia es un objetivo inalcanzable, ya que los panameños no estamos preparados para el autogobierno, una de las razones por la cual los militares de Latinoamérica deben ser formados en escuelas de EEUU, como la Western Hemisphere International Security Cooperation (WHINSEC), antigua Escuela de las Américas.

Seguridad y Canal de Panamá

(Tareas No. 151, septiembre-diciembre 2015)

Gandásegui aborda el tema sobre militarismo y bases aeronavales en Panamá, explicando que el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad de Panamá expresa la naturaleza militarista y represiva del Estado.

Dicha agencia está subordinada a los objetivos militares de Estados Unidos en Panamá y la región latinoamericana, y su función es espiar, infiltrar los movimientos sociales y penetrar las organizaciones partidistas opuestas al gobierno. Panamá no ha organizado estamentos de inteligencia y militares independientes de EEUU después de la invasión.

A escala mundial, los presupuestos militares alcanzan cerca de 1.75 millones de millones de dólares anuales. EEUU ocupa el primer lugar, seguido de China y Rusia. La región latinoamericana gasta cerca de 100,000 millones de dólares anuales en programas de armamentos.

EEUU prepara a Panamá para una larga lucha contra las drogas y el supuesto “terrorismo”. Aquí criminalizamos a los movimientos sociales, especialmente a campesinos e indígenas, que poseen grandes riquezas en el subsuelo y en ríos y bosques.

EEUU adiestra, financia y educa a los cuadros de militares panameños. Estando vigentes los Tratados del Canal, EEUU invadió Panamá y secuestró al comandante de las Fuerzas de Defensa, Manuel Antonio Noriega.

Durante el gobierno de Guillermo Endara, EEUU mantuvo ocupado a Panamá hasta el año 1994 y fiscalizó estrictamente la organización de la Policía Nacional.

El presidente Ernesto Pérez Balladares intentó negociar con EEUU un Centro Multinacional Antidrogas (CMA). John Negroponte fue el negociador por EEUU, en tanto que su canciller, Jorge Ritter, representó a Panamá. Aunque esa propuesta antinacional fue rechazada en plebiscito, Estados Unidos mantuvo el interés en lograr acuerdos para el establecimiento de bases militares.

El jefe del Comando Sur, general Charles Wildheim, señaló que Panamá sería un sitio ideal para establecer Operaciones de Avanzada (Forward Operation Location), ya que Panamá era incapaz de defender la soberanía de sus fronteras e impedir la entrada de las FARC a nuestro país.

Bases aeronavales

Sobre las bases aeronavales, Gandásegui señala que la presidente Mireya Moscoso autorizó irresponsablemente el inicio de negociaciones con EEUU para maniobras militares con el fin de intervenir en la guerra civil de Colombia.

Se firmaron varios acuerdos, que algunos denominan acuerdos o Tratados Salas- Becker, constituido por aproximadamente siete instrumentos, ilegales y nulos de acuerdo con otros autores que sostienen que “los tratados suscritos entre una potencia ocupante y un país ocupado carecen de validez ante el derecho internacional” (Yao, 2019).

Posteriormente, surgió un concepto nuevo: que el Canal no podía ser defendido por un solo país sino por varios países, como lo sugirió el Comando Sur. De allí surgieron las maniobras llamadas “Panamax”, que se iniciaron secreta e ilegalmente en el 2003 entre EEUU y Chile. Al concepto nuevo se sumaron varios países de América Latina (Yao, 2018).

La intervención directa de Estados Unidos

Recientes declaraciones sobre nuevas bases anuncian problemas en el futuro. La construcción de 11 bases aeronavales incluye la de Punta Coco, supuesto sitio de arribo de las FARC. Ésta fue financiada totalmente por EEUU, hecho negado por el Ministro de Seguridad, José Raúl Molino y denunciado por otros protagonistas de ese período (Yao, 2009).

Los Fundamentos para la Política Panameña de Seguridad (FPPS) son el documento base firmado por todos los partidos políticos, a instancias de EEUU y auspiciados por el gobierno de Mireya Moscoso, los cuales dan pie a los diversos acuerdos sobre bases aeronavales.

Los FPPS fueron criticados ampliamente por sectores sociales y políticos del país por ser incompatibles con el Derecho Internacional y el Tratado de Neutralidad. Los mismos permiten el retorno de las bases militares y contradicen el Tratado de Neutralidad, así como la política tradicional de paz de la República de Panamá.

Los servicios de inteligencia de Panamá, instaurados después de la invasión, son inconstitucionales e ilegales, ya que violan claros preceptos de Derechos Humanos y están inspirados en la Ley Patriótica de EEUU, ampliamente rechazada en ese país.

Los pactos militares de Panamá con EEUU en el siglo XX

Según Gandásegui, los pactos militares entre Panamá y EEUU en el pasado siglo no se conocen porque eran acuerdos secretos o desconocidos. Otros autores sostienen que eran inexistentes, salvo los de 1942 con la entrada de EEUU en la segunda guerra mundial.

Gandásegui nos dice que las bases tenían su marco legal en el Tratado de 1903, lo cual es tema de discusión. Otros autores sostienen que este tratado estipula que el Canal de Panamá estaría sujeto al Tratado Hay-Pauncefote de 1902, que reproducía las reglas de la neutralidad aplicadas al Canal de Suez. Según este tratado, era prohibido fortificar cualquier Canal, incluido el de Panamá.

Tan pronto se firmó el Tratado Hay-Bunau Varilla de 1903, en 1904 surgió la primera controversia sobre la soberanía de Panamá, ya que el preámbulo la reconocía efectivamente, mientras que el artículo tercero del convenio establecía que EEUU podría actuar “como si fueran soberanos en el Canal” (Yao, 1972 y 1974).

Gandásegui nos recuerda que en la segunda guerra mundial Panamá jugó un rol estratégico de importancia. El Comando Sur se instaló en Quarry Heights, en las faldas del Cerro Ancón.

Mención especial requiere la Escuela de las Américas, fundada en 1947, eliminada en 1983 bajo el presidente Jorge Illueca, con apoyo del general Noriega, y trasladada con otro nombre a Fort Benning, Georgia.

Gandásegui sostiene que los panameños debemos indagar sobre el significado de la presencia militar de EEUU en nuestro país y, en este sentido, nos remite a las obras de John Lindsay-Poland y de Peter Sánchez, este último, oficial del ejército de EEUU.

Sánchez sostiene que Panamá nunca se desarrollará mientras EEUU mantenga su presencia militar en nuestro territorio y mientras siga alineada con elementos peligrosos que no están interesados en el desarrollo de Panamá.

Sostiene, además, que las políticas de EEUU han socavado la democracia en Panamá como resultado de las invasiones militares, la selección equivocada de sus aliados panameños y el apoyo a la oligarquía.

Las bases militares y las áreas revertidas

(Tareas No.95, enero-abril 1997, pp. 13-29)

Gandásegui se propone examinar los intereses de la seguridad Nacional de Estados Unidos tal como aparecen en el Documento de Santa Fe. Según éste, no basta la expulsión de Noriega sino que “hace falta reformar a las FDP, apoyar un poder judicial independiente y restaurar la economía”.

Estados Unidos requiere derechos de defensa más allá del año 2000, y el citado documento propone que Washington retenga la base aérea de Howard, la base del ejército de Fort Kobbe y la base naval de Howard.

Gandásegui señala que “lo más probable es que si no se produce un rechazo popular, el gobierno panameño (las) termine negociando. La falta de una política panameña clara en torno al problema de las bases militares se refleja en la política exterior del país. Señala, además, que el Título Constitucional del Canal de Panamá deja prácticamente en manos de EEUU la defensa del Canal.

El Plan General

El Plan General de uso, conservación y desarrollo del área del Canal contempla seis áreas de acción: 1. La generación de empleo; 2. la segunda es contradictoria por ser contraria a cualquier intervención y plantea que la ARI deberá velar para asegurar que “el mercado” sirva de herramienta orientadora en la asignación de los recursos; 3. la participación exclusiva de sector privado en los planes de desarrollo; 4. la política ambiental para conservar los recursos hídricos necesarios para el Canal; 5. la ARI como promotora de la venta de viviendas de la antigua Zona del Canal; 6. la Comisión del Canal y la suspensión del servicio a las antiguas bases militares.

Las seis áreas tienen los siguientes tres objetivos generales: 1. la delimitación territorial; 2. las políticas económicas y sociales del desarrollo; 3. las características físicas y ambientales y el análisis funcional de los bienes revertidos.

El Plan General tiene dos objetivos específicos: la zonificación del área del Canal y la promoción para futura venta de las áreas revertidas.

Estrategia recomendada

La Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) propone una estrategia de desarrollo cuyo objetivo sea un plan de promoción de bienes raíces, mas no un plan de desarrollo nacional.

La ARI contempla tres posibles modelos de crecimiento económico: 1. creación de enclaves; 2. apertura total sin restricciones y 3. apertura gradual de la economía.

El informe ofrece cuatro alternativas para el desarrollo: 1. negocios internacionales; 2. transporte aéreo con base en Tocumen y Howard, complementado con la Zona Libre de Colón; 3. turismo internacional con puertos de cruceros y 4. ensamblaje ligero y maquila.

El Plan General –observa Gandásegui- no es un plan, sino un conjunto de normas que deja en manos de los administradores de las tierras revertidas las decisiones que consideren más adecuadas.

El Encuentro Panamá 2000

El Gobierno nacional convocó a un grupo selecto de representantes de partidos políticos, así como de la llamada “sociedad civil”, para discutir los planes general y regional de la ARI.

Según ese Encuentro, debían eliminarse los enclaves que obstaculizan el desarrollo armonioso de la región interoceánica. La llamada “sociedad civil” solicitó al Gobierno nacional mantener una actitud enérgica frente a EEUU, sobre todo en atención a las 5,583 hectáreas que constituían áreas peligrosas por la presencia de explosivos no detonados en los campos de tiro en Piñas y Nuevo Emperador.

Al finalizar la reunión, grupos no partidistas dieron a conocer un comunicado que rechaza las bases militares norteamericanas porque son incompatibles con el desarrollo sostenible de área del Canal.

Los planes de la ARI en torno a las bases militares parecen reflejar el abandono del objetivo original de la lucha por la recuperación de la antigua Zona del Canal, así como su “uso más colectivo posible”, subrayando también el comunicado que es necesario mantener la biodiversidad y respetar a los miles de familias panameña que viven en esas áreas.

Las bases militares: propuestas de la ARI, Fernández, Galán y Juan Jované

Gandásegui expone distintas posiciones sobre las bases militares. La única excepción que justificaría un plan independiente del mercado (según la ARI), “sería una presencia norteamericana negociada en forma de base militar”.

Los economistas Marco A. Fernández y José Galán sostienen que el valor de las bases dependerá del uso que se decida darles una vez sean evacuadas las tropas de ese país. Según estos autores, el uso militar de esas áreas no es el más beneficioso para el país. En caso de aceptarse, recomiendan que se negocie con EEUU a cambio de compensaciones comerciales, pero la Cancillería considera que el uso militar a corto plazo no es indispensable para el desarrollo del país.

Según Gandásegui, hay que analizar la propuesta de los economistas frente al Plan de la ARI.

La ARI sostiene que el mercado debe regular su uso, pero EEUU no está dispuesto a pagar por el alquiler de las bases militares que retendría después de 2000. Fernández y Galán estiman que la potencia debe pagar $250 millones anuales en concepto de alquiler. La ARI, contrariando su posición original, considera que el uso militar “garantizaría cierta estabilidad política”.

El profesor Juan Jované propone que las áreas revertidas sean patrimonio nacional para el desarrollo del país. Se debe diseñar una “forma de organización y gestión empresarial” para la operación eficiente del Canal, aunada a una “política de peajes realista basada en el interés nacional”.

Propuestas finales

Gandásegui recomienda sus propias propuestas para el uso de las áreas revertidas, entre las cuales resaltamos las más importantes:

1. Articular la situación nacional con el escenario internacional de la globalización.

2. Identificar selectivamente las áreas a desarrollar, como “el transporte marítimo, la alta tecnología y la agricultura.”

3. Planear la formación de una masa crítica de técnicos profesionales a mediano y largo plazo.

4. Las antiguas bases militares deben convertirse en centros de investigación marítima, industrial, ciencia y tecnología.

5. Hacer un Plan de Desarrollo Nacional.

En este tema, se recomienda considerar que el Tratado de Neutralidad y el orden jurídico internacional impiden la instalación de bases militares en territorio nacional o de derechos militares como los FOLS (Forward Operating Locations), que no requieren una presencia militar permanente (Yao, 2019).

Las alternativas del Canal de Panamá

(Revista Tareas N°96 – mayo-agosto 1997, pp. 5-27)

Gandásegui hace algunas aclaraciones sobre la ruta de tránsito versus la República de Panamá, señalando que históricamente se ha privilegiado el paso de mercaderías por encima de toda otra consideración. Se deja por fuera, por ejemplo, a la nación panameña, a pesar de que generaciones de panameños han aspirado sin éxito a integrarla a la zona de tránsito.

Antecedentes del Canal de Panamá y de la ruta de tránsito

La posición geográfica de Panamá es su principal recurso natural, pero el Canal es una inversión social (otros dirían que el Canal es un modo de aprovechamiento de dicho recurso).

Panamá, o su economía más bien, no utiliza el Canal, salvo a través de algunos rubros agrícolas de exportación (bananos, café, camarones). Gandásegui considera que Panamá debe ofrecer el servicio de tránsito al menor costo para ser competitivo.

La Comisión de Estudios de las Alternativas del Canal de Panamá

El mundo y el comercio internacional han cambiado mucho desde 1914. Los rubros no son los mismos, y los barcos son más grandes y numerosos. En 1990, casi 12 mil barcos transitaron con una carga de 157 millones de toneladas. O sea, que la carga de mercancías se ha multiplicado casi veinte veces entre 1920 y 1990.

También, las rutas por las que atraviesan los barcos han cambiado: la ruta entre Asia y la costa oriental de EEUU se ha vuelto dominante, pero el Canal debe competir con la ruta terrestre que une las costas oriental y occidental de este país. Como resultado, nació el concepto de barcos “Panamax” para denominar las mayores naves que más se acoplasen a las esclusas del Canal.

Gandásegui afirma que, en los Tratados del Canal de 1977, EEUU incluyó una cláusula por la cual se creaba una Comisión de Estudios de las Alternativas del Canal de Panamá (esta cláusula no aparece en ningún tratado, por lo cual ha sido imposible verificar esta información). También afirma que en 1980 EEUU sugirió que a la Comisión se invitara a Japón.

Hay otras versiones. Omar Torrijos inició con Japón una propuesta para alternativas del Canal, entre las cuales estaba el Tercer Juego de Esclusas, pero el presidente Reagan se opuso y se hizo invitar a la Comisión bilateral Panamá-Japón, que desde entonces se convirtió en Comisión Tripartita (Yao, 2019).

EEUU boicoteó a la Comisión Tripartita y no nombró a su representante, evitando así que Japón y Panamá tomaran decisiones antes de la invasión del 20 de diciembre de 1989. No fue hasta 1993 cuando la Comisión, controlada ahora por EEUU, que arrastraba a Panamá, se decidió por el Tercer Juego de Esclusas, bajo fuerte protesta del embajador de Japón (Ibidem).

Las recomendaciones de la Comisión y los impactos sobre Panamá

Según Gandásegui, el Tercer Juego de Esclusas ampliaría significativamente los servicios del Canal, que permitirían manejar barcos de hasta 200,000 toneladas. Las nuevas esclusas ensancharían, profundizarían y bifurcarían, en algunos puntos, el Canal…. Se construirían dos esclusas nuevas en Gatún y Miraflores.

Gandásegui especula sobre qué ocurriría si no se construyese el Tercer Juego de Esclusas en relación con la evolución del comercio en el Lejano Oriente, EEUU y América Latina.

En cuanto a Panamá, señala que el Canal le aporta a la economía panameña aproximadamente $900 millones anualmente. Pero el pueblo panameño no se ha organizado para aprovechar este impacto positivo, que encuentra a las nuevas generaciones como agotadas por el esfuerzo enorme de sus antepasados.

Gandásegui analiza diversos temas como la cuenca hidrográfica del Canal y la necesidad de una política de planificación nacional a largo plazo. Además, esboza cinco áreas que los panameños requieren estudiar porque no las conocen y son las siguientes: 1. comercio mundial y marina mercante internacional; 2. economía nacional y situación social; 3. situación laboral; 4. protección ambiental y defensa y 5. desarrollo de la ciencia y tecnología.

La transferencia del Canal de Panamá

(Tareas N° 105, mayo-agosto 2000, pp. 5-34)

El profesor Gandásegui examina las diferentes alternativas para la administración del Canal. La propuesta neoliberal lo somete a las leyes del mercado, en tanto que los panameños consideran el Canal como “el motor del desarrollo nacional”. También, el autor examina el período de transición de cara al 2000.

El general Torrijos pensaba que las áreas revertidas debían tener el “uso más colectivo posible.” Sin embargo, sus herederos transformaron radicalmente dicho objetivo y lo incluyeron en el Plan General de uso de las áreas revertidas de la ARI, que hizo del mercado la herramienta fundamental para determinar la asignación de recursos y del Canal, y no un instrumento de la nación panameña.

Gandásegui examina tres aspectos de este problema. En primer lugar, los Tratados del Canal. En segundo lugar, el período de transición hasta el año 2000, la transferencia de la vía acuática, la eliminación la jurisdicción norteamericana y la evacuación de las bases militares. En tercer lugar, examina los retos que enfrenta Panamá en función de estos acontecimientos.

Antecedentes

La separación de Panamá de 1903 estuvo íntimamente ligada a la construcción del Canal. El tratado polémico le permitió a Estados Unidos construir el Canal y ejercer un poder omnímodo durante el siglo XX. Gracias al Canal, EEUU derrotó a sus enemigos en la segunda guerra mundial e impulsó su política de expansión comercial.