Introducción

Desde mediados del siglo XX Colombia sostiene un conflicto armado interno caracterizado, en una primera fase, por luchas partidistas que desembocaron en el denominado Bogotazo¹ en 1948, y que luego de mediados de la década de los 60 adquirió nuevas características a raíz de la aparición de grupos armados irregulares, producto de las derivaciones de las luchas bipartidistas y de la experiencia de la revolución cubana.

Este conflicto armado interno lo definen Díaz y Sánchez (2004:21) “como el enfrentamiento de las fuerzas estatales con grupos organizados (pueden llamarse rebeldes, insurgentes, etc.) que buscan alcanzar un determinado fin político, ideológico o económico incluyendo, en algunos casos, subvertir el orden social preestablecido”. Si bien comenzó en regiones al suroriente y suroccidente del país, en pocos años se propagó a muchas otras; siendo las zonas de frontera colombiana espacios terrestres propicios para su establecimiento y propagación dadas las características geográficas, debilidades institucionales y problemas sociales.

Por otra parte, Castillo y Salazar (2006) detallan que la motivación de los grupos involucrados en un conflicto de este tipo no es el territorio en sí, sino el carácter estratégico de la lucha por el control territorial. En el caso de las fronteras lo importante es el control de los pasos o vías vitales para el contrabando y el narcotráfico y por ello es necesario abordar las características y particularidades de la presencia de dichos grupos en estos espacios territoriales.

En el caso de la frontera compartida con Venezuela, el conflicto armado ha tenido repercusiones en el control de las economías criminales e ilegales así como de los corredores estratégicos que permiten el paso de mercancías ilegales hacia otras regiones de América Latina y el mundo. Este aspecto es señalado por Ávila (2012), quien subraya que en la frontera colombo venezolana existe una transformación y reconfiguración del crimen donde las estructuras criminales de la zona, los mercados legales e ilegales en los que participan y los grados de penetración en las instituciones por parte de aquellas, en nada se asemejan a lo que sucedía hace veinte años. Por el contrario, se presenta parcialmente un “Estado mafioso virtual”, es decir, en ocasiones no se distinguen las acciones del crimen organizado de aquellas que realizan algunas instituciones.

Los espacios fronterizos se han convertido en zonas idóneas para el accionar de bandas armadas debido a la extensión y homogeneidad geográfica, las carencias económicas y penurias sociales, así como a una marcada debilidad institucionalidad que obedece a la corrupción y disminución de la confianza en las instituciones del Estado. Tal como lo refiere Morffe (2015), la frontera Táchira–Norte de Santander está igualmente relacionada con instituciones informales, surgidas a raíz del abandono a lo largo de siglos y a la corrupción por parte de los organismos del Estado; de acuerdo a lo descrito por los habitantes de esta región.

El inicio de las conversaciones para la búsqueda de la paz en octubre de 2012, marcó una oportunidad para culminar con un proceso de violencia, conflictividad social y violación de derechos humanos. Diversas propuestas han sido puestas en escena desde hace varias décadas sin obtener los resultados esperados por los colombianos y la comunidad internacional, en especial los países fronterizos con Colombia.

El presente estudio se basa en una revisión y análisis documental sobre los principales factores de riesgo de violencia presentes en la frontera colombo venezolana de cara al probable fin del conflicto armado en Colombia. Esta investigación refiere las motivaciones de los grupos armados en Colombia y permite describir el escenario social y económico conflictivo, donde el control de territorios clave para el contrabando y el narcotráfico, así como la visión de ambos gobiernos para afrontar los complejos problemas en la frontera, juegan un papel preponderante a la hora de establecer políticas de desarrollo. Sirve también de reflexión sobre las posibles repercusiones de la Paz en la frontera compartida con Venezuela.

1. La frontera y los factores de riesgo inmersos en el conflicto

Las fronteras en América Latina han sido desde otrora espacios destinados a la seguridad y defensa de los países, estigmatizadas, excluidas y abandonadas, en lugar de ser espacios idóneos para la integración y desarrollo binacional de las naciones.

Estas regiones compartidas, tal como lo señalan Carrión y Espín (2011), aparecen como espacios para la integración del crimen pero como un lugar de separación para las fuerzas que luchan contra él. Es decir, bajo una dinámica de negación y reafirmación en la cual las zonas fronterizas se convierten en un espacio privilegiado para el crimen y la violencia. A tal efecto, las fronteras en América Latina se están convirtiendo en espacios para la expansión del crimen, en las cuales la aparición de nuevos delitos y su evolución suponen nuevos retos para los gobiernos centrales y nuevos problemas para los gobiernos locales y las sociedades en la frontera. En torno a este escenario, Guillen (2010) citado por Carrión (2011: 78) sostiene que:

En Latinoamérica se está pasando de una violencia predominantemente urbana hacia otra que empieza a desplegarse hacia los bordes y contorno de los Estados nacionales. Esto permite afirmar que hay una concentración predominante de la violencia en dos entidades territoriales: las ciudades y las fronteras, aunque con algunas diferencias cualitativas y cuantitativas. Mientras la primera tiene una mayor concentración de la violencia en términos absolutos y es altamente visible, porque un 80% de la población vive en las ciudades, en la segunda es superior en términos relativos (tasa) aunque es opaca e invisible, porque los medios de comunicación no la cubren y porque las políticas públicas generalmente la ignoran.

Asimismo, esta violencia contrasta con la visión que mantienen los gobiernos centrales sobre el valor geopolítico de la frontera como espacios para la seguridad, la defensa y el mantenimiento de la soberanía. Es por ello que Carrión y Espín (2011:14) señalan cuatro principales problemas que describen el enfoque de los gobiernos centrales sobre las fronteras en América Latina; los cuales están relacionados con la posición de espacios de seguridad y defensa que desde la época colonial han representado estos espacios geográficos. Al respecto exponen:

Si bien la frontera es un tema nacional, no se deben soslayar las demandas locales. Esta distancia ha conducido a la existencia de cuatro problemas en la zona. En primer lugar, las políticas que priman son las de seguridad nacional y escasamente la de seguridad ciudadana (políticas). En segundo lugar, los medios de comunicación estigmatizan la realidad que se vive en la frontera (agenda pública). En tercer lugar, las condiciones de vida en la frontera son ignoradas por razones de Estado (descentralizar). Por último, en cuarto lugar, la frontera se convierte en límite excluyente y no en espacio de integración (barrera).

La violencia en estos espacios fronterizos tiende a desarrollar particularidades y singularidades propias de cada región, que obedecen a realidades sociales, económicas, geográficas y hasta culturales ajustadas a cada escenario. Dentro de este marco, Carrión (2011) señala que:

es necesario considerar que hay una marcada diferencia entre las violencias de la frontera con la del resto del país, bajo dos expresiones: por un lado, que existe una violencia particular en la frontera (violencia fronteriza) distinta a la otra que existe en el resto del país y por otro, que adicionalmente hay una distinción de la violencia en cada uno de los lados de la misma frontera, como también al interior del cordón fronterizo de un mismo lado de la frontera; esto porque la violencia es histórica, plural y heterogénea.

Con respecto a las implicaciones y efectos de esta violencia fronteriza, conviene destacar las fisuras y problemas que ha causado el conflicto armado en Colombia. Dentro de este contexto, Velásquez (2006:169) señala que “en los últimos años el conflicto armado colombiano se ha regionalizado de manera progresiva y ha empezado a ser percibido como una “amenaza” que rebasa las fronteras colombianas”. Este señalamiento obedece a los efectos que las acciones de los grupos armados irregulares pueden tener sobre la seguridad interna de los países vecinos. Al respecto, subraya que el hecho de que estos grupos irregulares utilicen el territorio de países vecinos como retaguardia para el tráfico de armas y explosivos y para actividades de narcotráfico a través de las fronteras, sumado al incremento del flujo de refugiados, el secuestro y homicidio de nacionales, entre otros delitos, lleva a considerar el conflicto colombiano como un elemento desestabilizador en la región que puede dinamizar otros factores de conflictividad regional y extraregional.

Durante los últimos años, este escenario conflictivo ha propiciado rupturas de relaciones diplomáticas y cierre de los pasos fronterizos, tal como ocurrió durante la denominada Operación Fénix², la crisis diplomática entre Colombia y Venezuela en 2010³ y el más reciente impase producido a raíz del cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela en agosto de 2015 por parte de este último⁴.

Para entender las motivaciones del conflicto armado en Colombia y su presencia en las zonas de frontera, Salas (2015) destaca las dos tendencias teóricas que buscan explicar la violencia contemporánea en ese país: la primera de ellas se refiere a las posturas de los denominados “violentólogos” quienes señalan que existen causas objetivas que generan ese conflicto tales como la pobreza, la desigualdad, mala distribución de la tierra, desempleo, bajo crecimiento económico y ausencia del Estado. La otra postura considera que los violentos, sean individuales u organizados, no tienen una ideología y por el contrario, son agentes económicos que buscan maximizar sus beneficios, y si se desenvuelven en una sociedad con alta impunidad, encuentran un aliciente para cometer un crimen.

Ante estas posturas, Bottía citado por Salas (2015:160) utiliza variables sociales, económicas, geográficas, ambientales y de presencia del Estado para hacer un análisis de los determinantes de la presencia de los grupos irregulares. Es por ello que estos grupos “aparecen y se expanden con mayor probabilidad y cantidad en zonas donde encuentran condiciones económicas propicias con presencia de cultivos ilícitos, aumento de ingresos rurales, presencia de petróleo y carbón” y también presencia de parques naturales.

En el caso de la frontera, colombo venezolana Borrero (2004:292) señala a “las regiones del Catatumbo, Arauca y Casanare, como espacios geográficos vitales para el accionar de los grupos armados ilegales”. El Catatumbo nortesantandereano tiene condiciones ideales para desarrollarse como área cocalera, centro de narcotráfico y otras actividades para los grupos armados, con ventajas comparativas para la producción de cocaína, ya que los insumos para la producción de la coca son más baratos en Venezuela (gasolina y cemento), y en Norte de Santander abundan las calizas y la producción artesanal de la cal. Sumado a esto, la frontera facilita el lavado de dinero y el transporte de la droga a través del vecino estado Zulia en Venezuela.

Otra región fronteriza clave para los grupos irregulares, es la que determina los departamentos del Arauca y del Casanare. Al respecto, Borrero (2004) relata que la presencia de campos petroleros, vastas zonas ganaderas y cultivos de coca en baja cantidad, han propiciado la presencia y disputas entre estos grupos por el control de la región.

En estudio realizado por Brett y Specht (2005) citados por Valencia y Daza (2010) sobre los determinantes que llevan a jóvenes y adultos a involucrarse en los grupos armados ilegales, se mencionan seis factores de riesgo: El primero, la guerra en sí misma, ya que muchas personas no buscan la guerra sino que la guerra viene a ellos y crea un escenario de inseguridad con modelos susceptibles de seguir; el segundo lo representa la familia o la ausencia de éstas, en tanto muchos jóvenes han experimentado explotación o abuso familiar principalmente del género femenino; el tercer y cuarto factores se refieren a la educación y al empleo, los cuales están ligados, dado que el difícil acceso a oportunidades de estudio y trabajo propician la afiliación a los grupos armados como opción para conseguir dinero y estabilidad; un quinto factor es la pobreza pues si bien estudios establecen que no se puede relacionar directamente la violencia con la pobreza, ésta crea condiciones de vulnerabilidad que llevan a muchos jóvenes a buscar alternativas como el ingreso a los grupos armados irregulares; y por último, la influencia de los grupos pares y otros elementos sociales que inciden en la búsqueda de estatus y modelos a seguir en los grupos armados.

Estos determinantes o factores de riesgo son descritos por Arraigada y Godoy (1999:16) como “aquellas características o manifestaciones propias de las personas, que pueden desencadenar en actos de violencia tanto hacia sí mismo como hacia otras personas”. Bajo este enfoque, la causalidad se interpreta como probabilidad y permite inferir que a medida que más factores se presenten simultáneamente, mayor probabilidad existirá que se produzca el fenómeno de la violencia. Asimismo, los clasifican en tres grandes conjuntos:

a) Factores relacionados con la posición y situación familiar y social de las personas: sexo, edad, educación, socialización, consumo de alcohol y drogas; b) Factores sociales, económicos y culturales: desempleo, pobreza, hacinamiento, desigualdad social, violencia en los medios de comunicación, cultura de la violencia; y c) Factores contextuales e institucionales: guerra, tráfico de drogas, corrupción, disponibilidad de armas de fuego, festividades, entre otros.

En lo que respecta a la frontera venezolano colombiana, se pueden señalar tres grandes áreas: la región fronteriza llanera conformada por el estado Apure (Venezuela) y el Departamento de Arauca (Colombia), la región fronteriza andina delimitada por el estado Táchira (Venezuela) y el Departamento Norte de Santander (Colombia), y la región fronteriza de la Guajira compuesta por el estado Zulia (Venezuela) y el Departamento de la Guajira (Colombia). Estas tres regiones disímiles en sus características geográficas y económicas, se relacionan en aspectos como la violencia, la extorsión y el contrabando.

En el análisis de las variables o factores que inciden en los niveles de violencia en la frontera entre Colombia y Venezuela, se pueden tomar como referencia los aportes de Arraigada y Godoy (1999) en cuanto a los posibles determinantes de la violencia, así como también los criterios para evaluar los factores de riesgo de la violencia citados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el año 1997, los cuales están descritos en el Cuadro No. 1:

Cuadro 1

Criterios para evaluar los factores de riesgo de violencia

Fuente: Elaborado propia a partir de Arriagada y Godoy (1999), criterios aplicados en estudio de la CEPAL, p. 13.

Los criterios mostrados en el Cuadro No. 1 servirán de base para describir los determinantes socio económicos que favorecen la violencia en la frontera estudiada; considerando datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Venezuela y del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) de Colombia, reseñados en los informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Colombia.

En relación a los factores referidos en las tres regiones fronterizas entre ambos países, de acuerdo a reseñas del INE y del DANE y las unidades análisis, las mismas presentan las características recogidas en el Cuadro No. 2:

Cuadro 2

Factores de riesgo de la violencia en la frontera colombo venezolana

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) reseñadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Oficina Colombia 2015.

Se observa en el análisis de los datos una alta tasa de desigualdad en la frontera colombo venezolana la cual, si bien no puede relacionarse directamente con los hechos de violencia, sí puede reconocerse como una variable que propicia un escenario de confrontaciones sociales producto de un panorama adverso para muchos colombianos y venezolanos, y en donde los riesgos de violencia están siempre presentes. Al respecto, Cotte (2010:3) destaca que “la pobreza y los profundos desequilibrios en Colombia, configuran las causas objetivas de la violencia, fenómeno que se produce y la sociedad ve obstaculizado su desarrollo debido a sus limitaciones que provienen de las estructuras sociales mismas”.

En relación a la pobreza, las cifras sugieren pensar en regiones en contraste puesto que existen insuficiencias que afectan el desarrollo de las regiones fronterizas entre Colombia y Venezuela, lo cual puede tener implicaciones en la violencia que sucede en ellas. Tanto la pobreza como la desigualdad son factores que originan la violencia de acuerdo a lo expuesto por Cramer (2003) citado por Briceño (2012: 34) al reconocer que:

La desigualdad y la exclusión social, la pobreza, el desempleo, los bajos salarios, la discriminación, la migración forzada y los niveles inhumanos de vida, exponen a la violencia a muchas personas; por la irritación social que implican; por hacerlas vulnerables ante las propuestas de actividades ilícitas y porque favorecen, en quienes tienen dinero, la corrupción y el abuso de poder.

Las cifras de desempleo en las regiones fronterizas, por su parte, muestran un alto porcentaje de población activa sin tiene un trabajo formal, por lo que eligen la informalidad como opción de vida. Esta anomalía económica producto del bajo desarrollo, se potencia con la crisis económica que atraviesa Venezuela y el cierre de empresas. Este último aspecto es descrito por Sánchez (2014), quien reseña que la crisis ha dejado ver problemas que siempre tuvo la región como el desempleo y la informalidad, pero que no eran tan evidentes debido a la dependencia económica de la ciudad de Cúcuta, Colombia, con pueblos vecinos como San Antonio y Ureña que actuaban como complementarios en cuanto a oferta comercial, industrial y por ende de empleo y de bienes de consumo.

Otro aspecto interesante se refiere al porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan; lo cual es necesario señalar debido a sus posibles implicaciones en hechos delictivos en la frontera colombo-venezolana. A este respecto, Arraigada y Godoy (1999) subrayan que la exclusión laboral y educativa puede ocasionar en los jóvenes sensaciones de fracaso y frustración, en cuyo caso no podrían integrarse al sector productivo y desarrollar sus potencialidades, razón por la cual quedan expuestos y son absorbidos por bandas o grupos criminales.

En lo que refiere al déficit educacional, las regiones de frontera presentan cifras que sugieren un problema que obstaculiza el desarrollo y por ende crea espacios para el accionar de los grupos armados. La relación de esta variable con los problemas de violencia, lo resalta el Banco Mundial en su Informe de Desarrollo Humano (2006:31), en el cual se desataca:

Mayor escolaridad disminuye la probabilidad de conductas delictuales. Sin embargo, el efecto sería indirecto, ya que la escolaridad influye directamente sobre el futuro trabajo e ingresos de quien estudió, disminuyendo la probabilidad de desempleo y eso, a su vez, disminuiría la utilidad/probabilidad de cometer un crimen.

El comportamiento de la violencia en la frontera colombo-venezolana está vinculada con el desplazamiento y pugnas por el control de los territorios limítrofes clave por parte de los grupos armados irregulares. En este sentido, Rico (2013) recalca la importancia que tiene para estos grupos el control de los espacios fronterizos cuando señala que las fronteras de Colombia con Venezuela y Ecuador han sido un eje histórico de criminalidad, ya que sus miles de kilómetros poseen un “imán” para la consolidación de redes criminales. Un referente para entender esta necesidad de controlar estos espacios, lo reseña el Informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) del 2011, donde se estima que el 51% de los cultivos ilícitos de coca en Colombia, se siembran en departamentos fronterizos. Por ello es necesario para estos grupos armados, que quieren dominar las rutas del narcotráfico, tener presencia en cada lado de la frontera.

De acuerdo al Censo de Cultivos de Coca 2014 en Colombia de la UNODC, del año 2007 al 2014 hay un aumento del número de hectáreas sembradas de coca en la región del Catatumbo; al norte del Departamento Norte de Santander y en la zona limítrofe con Venezuela. Se pasó de 1.946 hectáreas a 6.944 hectáreas en el mismo período, registrando un incremento del 9%. Sin embargo, la gravedad del problema según el referido informe no es la extensión de hectáreas sembradas, sino el aumento de la calidad de los cultivos. En este contexto, Martínez (2012) señala que el Catatumbo puede ser entendido como un corredor de integración estratégica en tanto existen diversos intereses que convergen en la región; lo que se entiende a partir de las condiciones naturales del territorio y su potencial de interconexión por ser frontera.

De otra parte, en el Arauca se presentan rasgos de una violencia singular de frontera. El Informe de Alerta Temprana de la Defensoría de Colombia publicado en marzo de 2016, avizora el incremento de los hechos delictivos en esta región al nororiente del país. Arauca comparte con el Catatumbo el ser una de las regiones más golpeadas por este fenómeno; presentándose 31 homicidios en el primer trimestre del año, cifra que supera los 16 ocurridos durante este mismo período en 2015, según el Informe.

Este escenario de violencia y falta de institucionalidad lo recalca Ávila (2012) cuando se refiere a la frágil presencia del Estado en el Arauca y también en la Guajira colombiana. Al respecto subraya que ambos departamentos podrían calificarse como “para-Estados” donde la institucionalidad legal ha sido minada y se ha creado una funcionalidad paralela a las instituciones. Esto se manifiesta porque los grupos armados actúan con impunidad, creando sistemas paralelos de administración de justicia y el cobro de grandes sumas de dinero producto de la extorsión a ganaderos y empresas petroleras que laboran en la región.

2. Pocas oportunidades para revertir el problema

La denuncia del Acuerdo de Cartagena por parte de Venezuela y por tanto la salida del país de la Comunidad Andina (CAN) en 2006⁵ representó un duro traspié al proceso de integración modelo en América Latina para ese momento; en el que se habían afinado estrategias para el desarrollo binacional de las fronteras compartidas por ambos países. Desde esa decisión política, el intercambio comercial comenzó a declinar y la frontera entre ambos países empezó a presentar rasgos significativos de violencia producto de la pugna por el control de territorios estratégicos para el contrabando y narcotráfico. ¿Cómo influye la salida de Venezuela de la CAN en los rasgos de violencia por el control del territorio? ¿Al disminuir drásticamente el comercio bilateral aumenta el desempleo, seguramente la pobreza, y entonces el contrabando y el narcotráfico vienen a ofrecer posibilidades de trabajo para algunos ¿cuántos?, ¿habitantes de la zona?

De acuerdo a Rosales, Chuecos y Gutiérrez (2012), el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela muestra un comportamiento irregular y ha disminuido debido a las limitaciones derivadas de la denuncia del Acuerdo de Cartagena por Venezuela, a un conjunto de medidas administrativas tomadas por el gobierno venezolano, al comportamiento económico, a la imposición de un control cambiario ya los continuos roces diplomáticos entre ambos países.

A raíz de la llegada de Juan Manuel Santos al gobierno de Colombia en 2010, las relaciones entre Venezuela y Colombia comenzaron a mejorar y entrever nuevos acuerdos para mejorar el intercambio comercial y los escenarios sociales en la frontera compartida. En este sentido, Cardozo (2011) destaca que desde el 10 de agosto de 2010, con el acuerdo plasmado en la Declaración de Principios con la que concluyó el conflicto entre ambos países, en la reunión en Santa Marta, los presidentes Juan Manuel Santos y Hugo Chávez Frías marcaron el relanzamiento de la relación cuyo deterioro había llevado a tensiones en escalada, desde finales del año 2007 hasta llegar a la ruptura diplomática el 22 de julio de 2010.

A pesar de este relanzamiento, las posibilidades de recuperar la confianza y la estabilidad en las relaciones han estado marcadas por las diferencias de índole ideológica, económica y de concepción de la función del Estado en las políticas a implementar, porque tal y como lo subraya Cardozo (2011: 10) “en el ámbito de la seguridad, como en el económico, son limitadas las posibilidades de cooperación entre dos modelos muy distintos”. Entre Venezuela y Colombia, la diferencia en la concepción de la seguridad, de las relaciones y de los instrumentos para lograrla, se evidencia desde la revisión que el gobierno colombiano presentó en mayo de 2011 en el documento La Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad, en el cual se hace un nuevo énfasis en las responsabilidades de la política de seguridad en las esferas económica e institucional. En el caso de Venezuela, se mantiene una concepción de seguridad y defensa en las fronteras, haciendo énfasis en el papel de las instituciones militares en detrimento del papel de los gobiernos locales y regionales para potenciar el desarrollo en estas regiones.

Tal aseveración guarda relación con lo estipulado en el Plan de Desarrollo 2013-2019⁶ del gobierno venezolano, en el cual se identifica en solo dos ocasiones la frontera como espacio geográfico. La primera de ellas tiene que ver con las delimitaciones territoriales pendientes y la segunda con el papel de la Fuerza Armada en la contención de los grupos armados en la frontera. En ningún caso se observa la referencia a la frontera como una región para la integración y el desarrollo binacional, así como no se vislumbra el papel de los gobiernos locales y regionales para el progreso y mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos en la frontera. Esta postura se corresponde con la actitud del gobierno venezolano de atribuir los problemas de contrabando, narcotráfico y violencia en la frontera a los grupos irregulares derivados del paramilitarismo en Colombia, sin atender los problemas sociales y económicos que afectan estas regiones.

El 11 de agosto de 2014 se produce el cierre unilateral por parte del gobierno venezolano en horas nocturnas de la frontera compartida con Colombia, aduciendo que la misma forma parte de las medidas tendientes a reducir los índices de contrabando. De acuerdo a Torres (2014), “la decisión del gobierno venezolano de cerrar la frontera en horario compartido de 10:00pm a 05:00 am, ha contribuido a reducir el contrabando entre un 20 y un 50%”; la reducción significativa en los niveles de contrabando también es corroborada por los datos de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) reseñadas por la Cámara de Comercio de Cúcuta (Colombia).

Luego de esta decisión unilateral, se produce el 19 de agosto de 2015 el cierre total del tránsito de personas y bienes por la frontera común entre ambos países. En esta ocasión, el gobierno venezolano consideró necesario tomar la medida en virtud del ataque perpetrado a efectivos del Ejército venezolano en la población de San Antonio del Táchira. Junto a la paralización de las alicaídas actividades comerciales a través de las fronteras terrestres, se estableció un llamado “corredor humanitario” para el paso de estudiantes, enfermos y trabajadores fronterizos, limitando el tránsito y el intercambio económico en esta región, el cual había formado parte de los convenios estipulados en el Tratado de Tonchalá⁷.

La Embajada de Venezuela en Colombia (República Bolivariana de Venezuela, 2013) destaca la existencia de 23 acuerdos y/o convenios o compromisos en diferentes áreas puntuales como combate a las drogas, salud, energía y económico comercial entre ambos países. Todos estos arreglos no refieren la solución de las fallas estructurales que identifican la frontera compartida entre ambos países.

Por su parte, Colombia apuesta a una serie de programas de desarrollo y crecimiento una vez se firme y ponga en práctica los acuerdos de paz negociados con las guerrillas de izquierda; para lo cual se han presentado diversas propuestas que van desde las transformaciones sociales en aspectos que dieron origen al conflicto, hasta la implementación de estrategias de desarrollo que permitan el sostenimiento de la paz. Para lograr este sostenimiento, tal y como recoge Barreto (2014: 183)

…la construcción de la paz debe partir y enraizarse en el mismo suelo en que el conflicto se desarrolló (Lederach (1997: 107) y solo se logrará mediante la participación de los protagonistas y las víctimas de la violencia en cada región y localidad del conflicto” (McDonald, 1998: 93). Para que la paz se consolide y gane raíces, hay que crear la paz entre vecinos en el seno de las comunidades. La “gente” es la clave para desarrollar una infraestructura y una cultura de paz a largo plazo.

De igual manera, Álvarez (2016) destaca el desarrollo local como herramienta para lograr el desarrollo de Colombia en la era postconflicto; por cuanto se busca recuperar las zonas rurales siguiendo diversas líneas de actuación, coincidiendo las mismas con el desarrollo local, primando la participación y el empoderamiento de la población campesina, partiendo de la premisa y de los orígenes históricos del conflicto.

Por su parte, el Gobierno Nacional colombiano ha definido las estrategias integrales para un eventual postconflicto. Las mismas están señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país, en el que se contemplan tres acciones básicas para pasar del conflicto armado a la paz, como lo son: seguridad, justicia y paz (República de Colombia, 2014). Esta estrategia vislumbra la garantía plena de los derechos de las víctimas, la seguridad ciudadana y una nueva arquitectura institucional para reducir la pobreza.

3. Conclusiones

Los factores de riesgo observados permiten vislumbrar un enorme reto al momento de diseñar estrategias para abordarlos desde una perspectiva binacional en lugar de la concepción de seguridad y defensa. Es por ello que la ausencia de planes y/o programas para disminuir la conflictividad social y económica en la frontera en el seno de las conversaciones que se adelantan para la reapertura de la misma, permiten inferir un contexto complicado, donde los intereses económicos de los grupos armados continuarán permeando las instituciones y desarrollando sus actividades a lo largo de los espacios compartidos por ambas naciones.

La salida de Venezuela del único proceso de integración regional entre Colombia y Venezuela en 2006, representó el quiebre de un modelo que buscaba lograr un desarrollo binacional armonioso en las fronteras compartidas por ambos países. La puesta en práctica de algunos acuerdos bilaterales no ha logrado incidir en los problemas estructurales que presenta la frontera colombo venezolana, en la cual las tensiones diplomáticas han sido más frecuentes que los acercamientos para encontrar soluciones confiables y duraderas.

Las recientes decisiones del año 2015 de cierre unilateral por parte de Venezuela de la frontera con Colombia no generan la confianza necesaria para la solución de los problemas binacionales, y esto se debe a las diferencias de visión que tienen ambos gobiernos al momento de abordar la frontera como espacio para el desarrollo.

El final del conflicto armado en Colombia simbolizaría un hito en la historia de este país tras cincuenta y dos años de lucha armada. La firma de la paz representaría el fin de un proceso y el comienzo de otro en el cual el desarrollo debe ser la premisa que permita abordar las fallas estructurales que propiciaron la violencia en esta nación suramericana.

Si bien se observa que a lo interno de Colombia, tanto el Gobierno Nacional, los gobiernos departamentales y locales, aunado a organismos internacionales y “oenegés” están sumando esfuerzos a fin de diseñar estrategias que permitan el crecimiento y desarrollo de las regiones una vez se dé por finalizado el conflicto, no se vislumbran estrategias que permitan abordar los problemas desde lo fronterizo, entendiendo que los problemas en las fronteras requieren un abordaje binacional a fin de encontrar soluciones compartidas a los escenarios adversos que han motivado la presencia de estos grupos armados y propiciado el auge del contrabando, el narcotráfico y la violencia durante décadas.

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Notas

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