1. Introducción

Examinar los compromisos en materia propiedad industrial derivados del ingreso de Venezuela al Mercado Común del Sur (MERCOSUR) constituye un trabajo necesario en las ciencias políticas y las relaciones internacionales; y adquiere trascendencia al incorporar la revisión de la posición y la participación de las instituciones de educación superior (IES), parques tecnológicos e institutos de investigación. Su vinculación al MERCOSUR es una importante arista de lo que se denomina Sistemas Nacionales de Innovación (SNI), concepto acuñado hacia finales del siglo XX, que incorpora a las discusiones sobre políticas públicas al sector científico – tecnológico para dar forma y sustentación a las relaciones entre los actores, funciones, actividades y decisiones alrededor de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Según el Manual de Oslo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2005:15) la innovación es la “implementación de un producto (bien o servicio) o proceso nuevo o con un alto grado de mejora, o un método de comercialización u organización nuevo aplicado a las prácticas de negocio, al lugar de trabajo o a las relaciones externas”; razones por las cuales, esta no sólo incluye avances tecnológicos mayores, sino mejoras de carácter incremental que van desde aspectos tecnológicos, pasando por innovaciones organizacionales, gerenciales, o comerciales

La inclusión de este concepto a lo que se denomina Sistemas Nacionales de Innovación (SNI) se inicia con los trabajos realizados por Christopher Freeman (1995), pionero en la definición y teoría sobre los SNI. Otras importantes referencias son Richard Nelson (1993), Lundvall (1992), y David y Foray (1995) quienes propiciaron la incorporación de elementos conforme a las realidades estudiadas, las características propias de los actores y las relaciones que se establecían entre éstos para generar e incluir nuevos elementos en las definiciones iniciales. De esta forma, el enfoque de sistema de innovación se ha ido acercando cada vez más a la economía, dejando en claro, que su contribución al desarrollo económico de los países es mucho mayor que simplemente la creación y reforzamiento de las instituciones encargadas de las políticas públicas.

El concepto de innovación en los SIN se fue extendiendo y produciendo una gran cantidad de estudios, que permitieron ir incorporando elementos conforme a las realidades estudiadas, las características propias de los actores y las relaciones que se establecían entre éstos para generar e incluir nuevos elementos en las definiciones iniciales.

Según Lundvall y Freeman (citados en Silva, 2005: 99), un sistema de innovación podría definirse como “la red de instituciones públicas y privadas cuyas actividades e interacciones generan, modifican y difunden nuevas tecnologías”.

En la última década del siglo XX las teorías sobre los sistemas de innovación (SI) y sus alcances pasaron de los terrenos nacionales, a la innovación regional. Los estudios de autores como Cooke (1992, 1997), De La Mothe y Paquet (1998), Parker y Tamaschke, (2005) son algunas referencias de ello; alcanzando un lugar preponderante la idea de cuán importante era prestar atención a las dinámicas de desarrollo en las organizaciones de integración regional a partir de la interrelación de un conjunto de organizaciones e instituciones entre las que se encuentran universidades, laboratorios de I+D públicos y privados, empresas privadas y públicas, que se caracterizaban por ser actores de relevancia en el impulso de las actividades de innovación en sus países.

Por otra parte, es importante rescatar, que una característica relevante en los SNI es su carácter sistémico. Peña (2003), advierte sobre la relación entre los entornos y actores que los conforman. En principio, existe un entorno macro conformado por las condiciones e indicadores que determinan el desempeño del país; aunado a factores como el crecimiento, empleo, competitividad y cohesión, propulsores del desarrollo. El micro entorno está conformado por empresas y redes, los sistemas científicos, las instituciones de soporte y los organismos públicos de investigación, que son los cuatro pilares sobre los que descansan el impulso de la innovación como parte del desarrollo económico y social de una nación. Y dado su carácter sistémico, los cambios que se den afectaran e influirán en todas sus partes por igual.

Ahora bien, para Venezuela los procesos de integración regional son parte fundamental de la estructura de su política exterior, y lo expresa claramente en su Constitución nacional, indicando que:

La República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña, en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la región. La República podrá suscribir tratados internacionales que conjuguen y coordinen esfuerzos para promover el desarrollo común de nuestras naciones, y que garanticen el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes (CRBV, 1999: Art. 153).

La incorporación de Venezuela al MERCOSUR iniciada en el 2006 y efectiva a partir del 2012, cuando el Consejo del Mercado Común aprobó mediante la Decisión CMC 027-2012 en Brasilia. Con ello, Venezuela asume el compromiso y deber de la adopción paulatina y completa de la normativa comunitaria que lo rige.

Es pertinente señalar que el MERCOSUR, se creó en 1991 mediante la suscripción del Tratado de Asunción, que estipula en el Artículo 1, la finalidad de constituir un

La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países.

• La fijación de un arancel externo común y una política comercial común frente a terceros Estados y, la adopción de una posición comunitaria en los escenarios económicos comerciales e internacionales

• La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales

• La armonización de las legislaciones en aquellas áreas necesarias para apoyar la integración.

El Tratado de Asunción y el Protocolo de Adhesión de Venezuela disponen que el proceso de incorporación de los Estados en ese grupo de integración regional, se realice de acuerdo con los principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio, para favorecer su inclusión y el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Este proceso también representa para Venezuela el análisis, reflexión y revisión de sus políticas públicas y normativas para actuar conjuntamente con el resto de los países del MERCOSUR, en los diversos actos referidos a las comisiones y grupos en áreas como salud, educación, migración, cultura, seguridad, turismo, finanzas, agricultura, transporte, comercialización, transferencia de tecnologías e incorporación de desarrollos de orden científico-tecnológico.

Debe advertirse que en Venezuela la legislación en materia de propiedad intelectual se encuentra circunscrita a la Ley de Propiedad Industrial de 1955 (Gaceta Oficial N° 25.227), y la Ley sobre Derecho de Autor de 1993 (Gaceta Extraordinaria N° 4.623). Legislación adicional sobre la Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales, acceso a los recursos genéticos y propiedad industrial que formaba parte de la legislación nacional venezolana como miembro de la Comunidad Andina desaparece con el retiro de la misma, ya que no se ha ratificado como legislación nacional (CAN, 1993; 1996; 2000). Internacionalmente el país también debe cumplir la legislación internacional, que según el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), rige a Venezuela en la materia y forma parte integrante del marco normativo interno, específicamente en lo que se refiere a la propiedad industrial.

Es oportuno destacar que en el Convenio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se articulan todos los aspectos que organizan el sistema de propiedad intelectual a nivel mundial para la organización, estructura y funcionamiento, así como el tratamiento a los países miembros, la sede, administración, capacidad jurídica y vinculación internacional del organismo.

Ahora bien, el alcance de la propiedad industrial y las políticas públicas vinculadas a ésta, son hoy en día un componente esencial de los planes nacionales de desarrollo y de ciencia, tecnología e innovación del país. En ese sentido, el objetivo de este artículo es analizar las fortalezas y debilidades en materia de propiedad industrial, derivadas del ingreso de Venezuela al MERCOSUR, a partir de la opinión proveniente de actores claves como la academia, los parques tecnológicos e institutos de investigación, vinculados a este proceso de integración.

1. 2. Metodología

Esta investigación se situó en los niveles exploratorio y analítico – descriptiva. En primer lugar, es exploratoria porque ha demandado un notable esfuerzo de análisis sobre las fortalezas y debilidades en materia de propiedad industrial tras el ingreso de Venezuela en el MERCOSUR, considerando la opinión directa de los actores involucrados de las IES, parques tecnológicos e institutos de investigación, que puede implicar una contribución a futuras aproximaciones en esta área.

También incluye la revisión documental de información proveniente de fuentes legales, informes técnicos, acuerdos, tratados, la normativa interna de las universidades, institutos de investigación y parques tecnológicos, etc.

Por otro lado, también se calificó como una investigación de campo no experimental, porque se realizó la recopilación de información sobre el tema, en forma directa, a través de la realización de entrevistas tipo semi-estructurado a actores claves, que permitieron obtener información de carácter primario y relevante sobre los aspectos señalados. Este tipo de entrevista permitió que existiese un margen de libertad, tanto al formular las preguntas, como al emitir las respuestas, debido a que se trató un único tema, en este caso, asociado a las fortalezas y debilidades que en materia de políticas públicas sobre propiedad industrial, pueden existir para Venezuela, tras su ingreso al MERCOSUR, desde el ámbito de acción de los entrevistados.

Es importante resaltar que se seleccionaron sólo a las IES, los parques tecnológicos y los institutos de investigación como integrantes del SIN debido a su carácter de entes generadores, incubadoras, y articuladores de conocimiento desde el nacimiento hasta su salida como producto, servicio, proceso, metodología, etc., en el sector empresarial y/o comercial público y privado como lo son los parques tecnológicos. Las IES se dividen en dos grandes grupos: En primer lugar, las universidades, entre las que existen universidades nacionales autónomas (con potestad de decisión administrativa y académica), universidades nacionales experimentales (gozan de cierta autonomía en sus decisiones administrativas y académicas dado su carácter experimental), y universidades privadas (fundadas por personas naturales o jurídicas, cuyos ingresos y presupuesto no provienen del Estado, pero si necesitan de la autorización de este para funcionar). En segundo lugar, están los institutos y colegios universitarios que imparten conocimiento a nivel de técnicos superiores; que es una escala menor a los títulos que otorgan las universidades. Entre estos, se encuentran los institutos politécnicos, pedagógicos, universitarios de tecnología, colegios universitarios, institutos universitarios, institutos universitarios eclesiásticos, y militares.

Adicionalmente, se han incorporado como parte de este sistema a: la Misión Sucre, que nace en el año 2003 desde el seno del gobierno venezolano presidido por Hugo Chávez, con el objetivo de formar profesionales universitarios en un período de tres años; junto a los denominados Institutos de Estudios Avanzados dedicados tanto a actividades de investigación como de docencia, estos son: el Centro Docente Cardiológico Bolivariano Aragua, la Fundación Escuela Venezolana de Planificación, la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual, el Instituto de Altos Estudios en Salud Pública Dr. Arnoldo Gabaldón, el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), y el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).

Los parques tecnológicos en Venezuela se consideran una de las interfaces más inmediatas entre las universidades y la sociedad; logrando armonizar la relación entre los actores que producen algún resultado aplicable para la industria pública o privada, nacional o internacional. Estas organizaciones se agrupan bajo la Asociación de Parques Tecnológicos (ASOPARTEC), a la que pertenecen el Tecnoparque de Barquisimeto (1993), el Parque Tecnológico Universitario del Zulia (1995), la Corporación Parque Tecnológico de Mérida (1992), la Corporación Parque Tecnológico de Sartenejas (1992), y el Parque Tecnológico de Oriente (1999).

El criterio considerado para seleccionar las instituciones en la que se realizaron las entrevistas fue la existencia de unidades o profesionales encargados formalmente de los procesos de propiedad industrial, y que a su vez, éstos estuviesen vinculados, tuviesen conocimientos y responsabilidades con las actividades que mantenía Venezuela a nivel del MERCOSUR en dicha materia.

La entrevista se estructuró en cuatro (4) partes, en primer lugar, los datos de identificación de la institución, conservando en secreto la identidad de los entrevistados, según la tutela del secreto estadístico, que dispone en su artículo 19 que: “…están amparados por el secreto estadístico los datos personales obtenidos directamente o por medio de información administrativa, que por su contenido, estructura o grado de desagregación identifiquen a los informantes” (Ley de la Función Pública de Estadística, Gaceta Oficial N° 37.321 del 09 de noviembre de 2001: 5).

En este orden de ideas, las IES públicas y privadas seleccionadas por cumplir con el requisito indicado, fueron las siguientes: la Universidad Central de Venezuela (UCV); la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA); la Universidad de los Andes (ULA); la Universidad del Zulia (LUZ); la Universidad Simón Bolívar (USB); la Universidad de Carabobo (UC); la Universidad de Oriente (UDO); la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET); la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB); la Universidad Metropolitana (UNIMET); la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ).

La muestra en los parques tecnológicos e institutos de investigación fue: El Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) adscrito al Vicerrectorado Académico de la UCV, el Parque Tecnológico Sartenejas (PTS) adscrito a la Universidad Simón Bolívar; el Parque Tecnológico de Mérida adscrito a la ULA; el Parque Tecnológico de Oriente adscritos a la UDO; el Parque Tecnológico del Zulia adscrito a LUZ; el Tecnoparque de Barquisimeto adscrito a la Gobernación del Estado Lara; al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC); la Fundación Centro Nacional de Innovación Tecnológica (CENIT), QUIMBIOTEC C.A, el Centro Nacional de Tecnología de Información (CNTI), la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de Venezuela, todos adscritos al MPPEUCT, y la Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales perteneciente al Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPPS).

La segunda parte, consistió en las entrevistas que buscaban obtener la opinión del entrevistado sobre la situación de la propiedad industrial en Venezuela, las principales fortalezas y los obstáculos en materia de propiedad intelectual del país y las derivadas del ingreso al MERCOSUR y finalmente las recomendaciones que los entrevistados pudiesen dar a este respecto.

La información recopilada en las entrevistas se organizó considerando el tipo de institución y las partes que conformaban el instrumento, descritas en el párrafo anterior. La sistematización de las respuestas, se realizó en tablas, que permitieron visualizar las respuestas de cada institución, organizadas como se muestran en la Figura Nº 1.

Los análisis realizados permitieron obtener una perspectiva sobre la opinión que posee este conjunto de actores de la sociedad venezolana respecto a la materia. Ellos son emisores, receptores de procesos, productos y servicios, en los que se involucra constantemente a la propiedad industrial, principalmente, a través de patentes, marcas y procesos de transferencia de tecnología.

1.3. La propiedad intelectual y sus modalidades

Es preciso señalar que tradicionalmente la propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas, a saber: el Derecho de Autor y la Propiedad Industrial.

El Derecho de Autor o derecho del creador sobre sus obras literarias, musicales y dramáticas, obras coreográficas y pantomímicas, obras fotográficas,

Figura 1
Modelo para el procesamiento de las entrevistas
elaboración propia.

pictóricas, gráficas y escultóricas, obras cinematográficas y demás producciones audiovisuales, expresiones científicas, obras informáticas (software, bases de datos y multimedia), traducciones, adaptaciones, compilaciones y demás obras derivadas. Adicionalmente, los Derechos Conexoso afines sobre las obras literarias y artísticas protegen las interpretaciones y ejecuciones artísticas, las grabaciones sonoras, las emisiones de radio y televisión (analógicas y digitales), otras áreas vinculadas a las telecomunicaciones, alámbricas e inalámbricas, analógicas y digitales, hasta las interactivas (Antequera, 1998, 2002).

La Propiedad Industrial objeto de estudio de este artículo, se ceñirá a las formas más utilizadas a nivel internacional; las cuales se indican a continuación:

La propiedad industrial está conformada por diferentes formas de protección y se otorga sobre las aplicaciones o los resultados; lo que incluye al producto y al procedimiento, por lo que, un tercero sólo podrá hacer uso de ellos con la autorización y permiso del titular o dueño del derecho.

La aplicación del término industrial se define en l artículo 1.3 del Convenio de París de 1883 para la Protección de la Propiedad Industrial, ahora bien, este artículo sólo se ceñirá a las formas más utilizadas a nivel internacional; las cuales se indican a continuación:

La Patente: “es un derecho exclusivo concedido a una invención, que es el producto o proceso que ofrece una nueva manera de hacer algo, o una nueva solución técnica a un problema” (OMPI, 1992: 5). Asimismo, la protección de una patente corresponde a que la invención no puede ser utilizada de ninguna forma sin el consentimiento de quien ejerza la titularidad de la misma; bien sea una persona natural en la figura de inventor o una persona jurídica a quien se le conoce también como el aplicante.

Para que una invención pueda ser protegida como una patente debe tener un uso práctico. Es decir, una utilidad en la sociedad, debe ser un elemento novedoso, que no exista o se conozca en el ámbito técnico (estado de la técnica) al que pertenece, debe demostrarse que no puede ser reproducida por otro individuo con cierto conocimiento sobre el estado de la técnica al que esta invención pertenece, y por último, debe ser aceptada como patentable de conformidad con los elementos que establece el derecho de la propiedad intelectual. En ese sentido, el plazo limitado para este tipo de invenciones es de 20 años.

• Los Modelos de Utilidad: se utilizan para denominar a determinadas invenciones, como lo son, las invenciones en la esfera mecánica, también llamadas invenciones de menor complejidad técnica o aquellas que se prevé comercializar solamente durante un período de tiempo limitado, mucho menor al de una patente oscilando entre los siete y diez años. Los requisitos para que una invención sea protegida bajo esta figura son menos rigurosos que la patente, de hecho el único que es imprescindible es el requisito sobre la novedad.

• El Diseño Industrial: es el aspecto ornamental y estético de los artículos de utilidad, como la forma, el modelo o el color del artículo, con la prerrogativa que el diseño debe cumplir con las características de ser atractivo y plasmar en su totalidad la función para la cual se creó, y principalmente debe poder ser reproducido industrialmente, razón por la cual se le da ese nombre (industrial).

• La protección por el derecho de la propiedad intelectual exige que sean nuevos u originales, diferentes de otros diseños conocidos y no ser el producto de la combinación de otros. Cabe agregar que en la mayoría de las legislaciones internacionales, el plazo máximo de protección oscila entre los diez y veinticinco años

• Las Marcas: “una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada” (OMPI, 1992: 9). Los signos comúnmente registrados como una marca corresponden a: palabras, letras, números, fotos, formas y colores así como toda combinación de los mismos. No obstante, en algunos países con legislaciones más avanzadas se están comenzando a autorizar registros más innovadores y no tradicionales como los signos tridimensionales, signos sonoros y los signos olfativos, aunque estos casos son pocos y se mantiene mayoritariamente la distinción de los signos que puedan ser perceptibles visualmente o ser representados por medios gráficos y por tanto, puedan asociarse a una marca.

• Indicaciones Geográficas: las indicaciones geográficas es el signo que se utiliza para definir o clasificar productos de un origen geográfico específico y cuyas cualidades, características, o reputación se deben a ese lugar de origen.

Generalmente, una indicación geográfica se denomina según el nombre del lugar de origen de los productos, debido a que reflejan cualidades del lugar en el cual se producen, por condiciones geográficas y ambientales como el clima y el terreno.

De igual manera, debe hacerse la acotación de la denominación de origen que es un concepto íntimamente relacionado con el de indicación geográfica. Se encuentra comprendido en el primero y se utiliza para aquellos productos cuyas cualidades específicas se deben exclusivamente al entorno geográfico en el cual se elabora el producto.

Debe acotarse que las obtenciones vegetales, gozan de protección a través del Acuerdo de Cooperación y facilitación sobre la protección de las obtenciones vegetales MERCOSUR/CMC/Decisión 1/99 (1999), que estipula que una variedad sólo podrá ser objeto de solicitud de concesión de un derecho de obtentor vegetal bajo la misma denominación en todos los Estados partes. Cada uno de los conceptos definidos anteriormente, encuentran un lugar en los diversos espacios que componen la estructura de la sociedad del conocimiento, pero a su vez, estas definiciones han tenido que avanzar conforme a los desafíos que han acompañado a elementos claves vinculados a éstos como lo son, la innovación y sus nuevas prácticas, al igual que la colaboración y la especialización del aprendizaje; aspectos que se debaten entre las fuerzas del mercado y la comercialización e intercambio del conocimiento, como base de las estrategias del siglo XXI.

2. Resultados

2.1. Fortalezas en materia de propiedad industrial en Venezuela

Una patente, marca, modelo de utilidad, o diseño industrial, son elementos de la propiedad industrial que pueden ser generados desde las IES.

En ese sentido, los parques tecnológicos actúan como ese eslabón entre la academia y la empresa, otras instituciones de investigación y el mercado nacional e internacional, “gestionado por profesionales especializados cuyo objetivo fundamental es incrementar la riqueza de su comunidad, promoviendo la cultura de la innovación y la competitividad de sus empresas e instituciones generadoras de saber” (Asociación Internacional de Parques Científicos y Tecnológicos (IASP), citado en Bellavista y Adán, 2009: 1).

La información obtenida se agrupó en fortalezas y debilidades: Las fortalezas de Venezuela en materia de propiedad industrial, según los entrevistados es la siguiente:

• En el país existe una constante generación de actividades en el área de la propiedad industrial.

• El sector universitario es un generador natural de ideas creativas, a través de innovaciones, soluciones técnicas e invenciones que se desarrollan desde las actividades académicas, de investigación y extensión.

• Existe una constante producción científica derivada de la capacidad de investigación de talento humano de alto nivel que integra a las IES, como lo son: docentes, investigadores, estudiantes y emprendedores, reconocidos nacional e internacionalmente.

• En Venezuela existe la capacidad de manejar desde una óptica multidisciplinaria el tema de la propiedad industrial, así como de crear memoria científico - tecnológica desde el ámbito de acción de las universidades, los parques tecnológicos y los institutos de investigación.

• En Venezuela se ha generado capacidad innovadora que es capaz de dar respuesta a los problemas científico- tecnológicos del país, y mejorar la calidad de vida del venezolano.

• Las universidades y los parques tecnológicos han desarrollado a lo largo de los años importantes vínculos con instituciones nacionales e internacionales en el ámbito científico tecnológicos que han permitido fomentar la importancia de la propiedad industrial en sus instituciones.

• Existe cada vez más mayor interés de los docentes en formarse y conocer sobre la propiedad intelectual en general, dada su relevancia en las relaciones con otras instituciones de la misma naturaleza bien sea a nivel personal, o entre laboratorios, unidades de investigación, centros de investigación aunado a los beneficios a nivel del prestigio social, el reconocimiento, y beneficios económicos que de esta pudiesen derivarse.

• Se cuenta en el país con profesionales con experiencia en la consultoría y programas de formación en propiedad intelectual, provenientes de bufetes privados, empresas privadas, y programas de formación profesional formal como: la Maestría de Política y Gestión de la Innovación Tecnológica del CENDES; la Especialización en Propiedad Intelectual EPI – ULA de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (FACIJUP) de la Universidad de Los Andes (ULA) creado en 1994, los talleres dictados en la USB desde el año 2012, como un trabajo conjunto entre la Dirección de Desarrollo de Desarrollo Profesoral y el Parque Tecnológico Sartenejas sobre “Principios de la propiedad intelectual para profesores y emprendedores”, los talleres de “Innovación y propiedad intelectual”, dictados para los profesores, investigadores y emprendedores” del Centro de Investigaciones del DAC (CI-DAC) de la UCLA, y la Especialización en Propiedad Intelectual de la Universidad Metropolitana.

• Los contactos permanentes con la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), a través de la asistencia a seminarios, eventos, pasantías, cursos y participación conjunta de proyectos a manera individual u/o institucional.

• Se mantiene la vinculación universidad – empresa a través de los parques tecnológicos, lo cual permite viabilizar soluciones para el país en el mediano y largo plazo.

• Las pasantías de estudiantes en las diversas carreras de la UCLA han solventado problemas para la región considerando a la propiedad industrial como parte fundamental de dichos proyectos.

• La UNELLEZ es la única universidad nacional que manifestó tener una propuesta de reglamento claro y definido sobre el funcionamiento, promoción, difusión, tratamiento, valor, actividades, organización interna y estructura de los procesos de propiedad intelectual. Desde el 2014 y bajo la iniciativa de la Secretaría Ejecutiva de Creación Intelectual proponen la creación del Instituto de Creación Intelectual como una unidad operativa académica de extensión y desarrollo de las actividades de investigación, y con éste las Líneas de Creación Intelectual.

Es importante resaltar, que otras universidades venezolanas se encuentran en proceso de creación y discusión de los mismos. Ellas son la USB que desde el año 2015 creó la Comisión sobre Derechos Intelectuales; la ULA a través de su Unidad de Gestión de Intangibles (UGI-ULA) ha generado diversos productos entre los que se encuentran su propuesta de reglamento en materia de propiedad intelectual, la formación de profesionales en el área, diversidad de publicaciones y eventos en la materia, lo que resalta su constante actividad y presencia en el sector a este respecto.

Es pertinente destacar que los años noventa fueron un ejemplo de tenacidad y de iniciativa en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes, con la presentación de un proyecto de postgrado en propiedad intelectual, en el marco de un Seminario en Gestión de Tecnología y la Propiedad Intelectual, en octubre de 1991. Con el auspicio del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (FUNDACITE-Mérida), el antiguo Ministerio de Fomento, la Cámara Venezolana de Medicamentos y la Universidad de Los Andes, se inició en 1995 la primera cohorte del Postgrado en Propiedad Intelectual con proyección nacional e internacional. Asimismo, la creación de la Unidad de Consultoría y Proyectos en Propiedad Intelectual (UNCOPPI) pionera en la materia, vigorizó estos emprendimientos y se convirtió en un apoyo para atender requerimientos del Ministerio de Industria y Comercio y del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI). Adicionalmente, dio paso a la Unidad de Gestión de Intangibles de la Universidad de Los Andes (UGIULA), como componente de investigación y extensión universitaria (Astudillo, 2015)

En cuanto a los parques tecnológicos, debe precisarse que el Parque Tecnológico Sartenejas (PTS) es una fundación adscrita a la Universidad Simón Bolívar (USB), que cuenta con una unidad en su estructura organizativa orientada a la gestión de la propiedad intelectual en todas sus ramas. Tiene una Gerencia de Proyectos que cumple la función de consultora para emprendedores, profesores, investigadores, empresas públicas y privadas, institutos de investigación, otras universidades

Según información suministrada el PTS posee un portafolio de 28 patentes nacionales gestionadas y concedidas; 12 patentes concedidas internacionalmente, y 57 marcas registradas a nivel nacional sobre diversidad de productos y servicios generados desde la universidad y por terceros que acuden al parque para su asesoría.

Actualmente el PTS se encuentra desarrollando un conjunto de material audiovisual que refuerza su gestión a lo interno y externo en materia de propiedad industrial, mediante un conjunto de videos que buscan educar y fortalecer sobre las ventajas, los pasos, los procesos legales de diferentes experiencias exitosas de la USB en esta área.

2.2. Obstáculos de la propiedad industrial en Venezuela

En lo que concierne a los obstáculos que, en opinión de los entrevistados, existen en Venezuela en materia de propiedad industrial, se indican los siguientes:

• Las restricciones presupuestarias han incidido en la disminución de proyectos y programas que impulsen la propiedad industrial en las instituciones con mayor un dinamismo.

• El Capítulo IV de las Invenciones, Innovaciones y Mejoras desde los artículos N° 320 al N° 329, contenidos en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) del año 2012 (Gaceta Oficial Extraordinaria No 6.076), ha generado diversidad de obstáculos para desarrollar con mayor espacio y disponibilidad las actividades de propiedad industrial, especialmente para el sector público nacional.

• Falta de mayor asistencia profesional especializada adecuada en las IES, parques tecnológicos e institutos de investigación, que orienten sobre los beneficios, trámites, ventajas, y derechos que pueden ser ejercidos mediante la propiedad industrial.

• Ausencia de una cultura hacia la propiedad intelectual, específicamente hacia la propiedad industrial en el país y en las instituciones de ciencia, tecnología e innovación.

• Escasa generación de políticas universitarias dirigidas a la protección de los resultados de las actividades científico-tecnológicas.

• No existe claridad en cuanto a la existencia y el tipo de orientación de las políticas públicas que estimulen el desarrollo de la propiedad industrial en el país, por lo que la actuación de la universidad se ve limitada a transmitir mayoritariamente conocimientos teóricos.

• Pocos estímulos y escasa divulgación de información sobre el tema, en cuanto al estatus del mismo y las acciones a seguir que permitan desarrollar espacios de contribución y aporte desde las universidades, institutos de investigación y parques tecnológicos.

• Inseguridad jurídica nacional debido a que la “Ley de Propiedad Industrial”, tiene un retraso de más de 50 años en comparación con otras legislaciones a nivel de América Latina como el entorno inmediato, y aún más desactualizada conforme otros países y continentes no adaptado a la realidad de la actual sociedad del conocimiento

• Dificultad para el acceso de información y herramientas a nivel profesional y tecnológico que permitan investigar a profundidad con mayor rapidez sobre el estado de la técnica del tema relacionado con las ideas creativas que pueden surgir.

• Los investigadores, inventores, innovadores, emprendedores, están acudiendo a otros países a patentar.

• Autoridades universitarias poco proactivas a legislar sobre este tema, y generar fuerza y posición frente al país.

Todas las actividades realizadas para lograr que se conceda y registre una patente en todas sus aceptaciones o una marca en cualquiera de sus tipos, implican desembolsos económicos que muchas veces el investigador o emprendedor no está en condiciones de pagar y el apoyo de sus instituciones es fundamental, no solamente a nivel financiero sino también, en las gestiones que puedan requerirse para la detección de socios o aliados, que faciliten llevar a buen término estos procesos.

Por lo antes expuesto, es importante generar una cultura país sobre la propiedad industrial como herramienta para solucionar muchos de estos obstáculos. Esto requiere de la participación e identificación del Estado con lineamientos y políticas públicas claras, en las que el tema de la propiedad industrial sea parte inclusive de la educación primaria y secundaria; permeando a todos los sectores y que la conciencia sobre el tema, se convierta en un mecanismo que apalanque junto a otros factores un mayor nivel de desarrollo para Venezuela.

Un factor clave para ello es que se promueva información sobre el tema. Lo que no se conoce se rechaza y por consiguiente, no encontrará apoyo y voces que la multipliquen y aprovechen, como si lo han hecho otros países, entre los que se encuentran los Estados partes del MERCOSUR. Fortalecer entre otros, estos dos elementos, generaría buenas bases para el avance de la propiedad industrial en Venezuela.

2.3. Fortalezas de Venezuela en materia de propiedad industrial tras el ingreso al MERCOSUR

Las fortalezas que a este respecto expresaron los entrevistados radican en los siguientes puntos:

• Capital humano altamente capacitado a nivel gerencial y profesional en diferentes áreas del conocimiento, en particular en petróleo, gas, petroquímica TIC´s.

• El emprendimiento es una fortaleza que ha aumentado en cantidad y en calidad.

• El sector universitario venezolano cuenta con innovaciones que dan soluciones a problemas técnicos, que podrían ofrecerse en el gran mercado del MERCOSUR.

• El sector universitario puede considerar el ingreso al MERCOSUR como un reto para la generación de ideas creativas, para ofrecer al nuevo mercado, basado en el intercambio de información, proyectos, investigaciones, actividades de extensión.

• El ingreso de Venezuela la MERCOSUR significa una oportunidad para la revalorización y revisión del tema de la propiedad industrial y su importancia en pro del desarrollo científico y tecnológico del país.

• Dada la devaluación de la moneda a 2016, nuestra mano de obra es relativamente más económica, inclusive al nivel de profesionales con estudios de 4to nivel.

• El ingreso al MERCOSUR otorga a Venezuela la oportunidad de revalorar las figuras de propiedad industrial que promueven el desarrollo local; retomando particularmente las relacionadas con los derechos colectivos, tales como, las indicaciones geográficas o denominaciones de origen acordes con las políticas gubernamentales del país y orientadas a promover a las comunidades, las comunas y el desarrollo local perdidos con la salida de Venezuela de la Comunidad Andina.

• Las exigencias del respeto por la propiedad industrial en el comercio, por parte de los países del MERCOSUR y países asociados, además de los países con los cuales se han suscrito tratados de libre comercio, obligarán a desarrollar políticas para atender estas exigencias y el desarrollo de una nueva normativa legal para Venezuela.

2.4. Obstáculos de Venezuela en materia de propiedad industrial tras el ingreso al MERCOSUR

Los obstáculos enunciados por los entrevistados fueron los siguientes:

• Escasez de políticas de apoyo al sector industrial venezolano.

• Dificultad de acceso a recursos económicos en moneda extranjera (dólares, euros) para la tramitación de patentes o marcas fuera del país.

• Pérdida de capital intelectual con experiencia en la generación de productos industriales, diseños, procesos de producción, control de calidad y control de procesos.

• La imposibilidad práctica de obtener, ante la autoridad competente el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), protección legal a través de patentes de invención en áreas como alimentos, bebidas, fármacos, debido a lo desactualizado de la normativa actual.

• Carencias de recursos económicos para difundir la solución creativa (invención, innovación, modelo de utilidad, diseño industrial, etc.), en el MERCOSUR, luego de obtenida la protección por una oficina de patente extranjera.

• Debilidad de las universidades, institutos de investigación y parques tecnológicos en el desarrollo, difusión y aplicación de políticas y regulaciones internas de protección de intangibles.

• Falta de una conciencia del desarrollo de una marca de exportación venezolana, junto con trabas burocráticas para la exportación, y sistemas de almacenaje y despacho de carga, que hagan eficiente y eficaz este proceso, frente a los países del MERCOSUR.

• Carencias de recursos económicos/divisas para contactar especialistas en negociación y mercadeo de productos innovadores, necesarios dadas las características y ventajas de los países miembros del Mercosur.

• Dificultades para la protección de los resultados de las investigaciones conjuntas con el resto de los países del MERCOSUR, principalmente por el retraso en el proceso de análisis y concesión de las patentes que existe en Venezuela.

• Entender la importancia que le dan a la propiedad industrial los países del MERCOSUR, como es el caso de Argentina y Brasil que son el resultado de un marco regulatorio nacional y comunitario sólido y de vanguardia con la normativa internacional, como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI); además de una costumbre o práctica sostenida.

2.5. Amenazas para Venezuela en materia de propiedad industrial tras su ingreso al MERCOSUR

Las amenazas expresadas por los entrevistados se indican a continuación:

• Escasa información por parte del Estado, tanto al sector productivo como al académico sobre el MERCOSUR y las posibles estrategias para posicionarnos en este proceso de integración regional.

• La actual política de fomentar la creación de empresas de importación y la falta de estímulo y acompañamiento a las empresas de producción, para atender las demandas del MERCOSUR.

• Desde el punto de vista de la propiedad industrial, se podrían presentar problemas en la protección de los resultados de las investigaciones, porque en Venezuela son del dominio público, según lo estipulado en la LOTTT; aspecto con el cuales complejo conciliar con el resto del MERCOSUR.

• Lentitud en los procesos administrativos para la protección a través de patentes y marcas; lo que implica pérdida de la altura inventiva, de la explotación de la invención y de la protección de las marcas, frente a universidades o centros de investigación y desarrollo del MERCOSUR

• Las universidades de la región, particularmente las de Brasil están muy avanzadas, en materia de propiedad industrial. El sistema de propiedad industrial en países como Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay funciona vertical y horizontalmente y todos incluyendo al Estado están comprometidos con su promoción, difusión y protección; lo que incrementa la distancia entre éstos y las universidades e institutos de investigación venezolanos.

• De no armonizarse la legislación venezolana en propiedad intelectual no se podrían negociar los resultados de posible transferencia de nuestras universidades.

Los pros y los contras del ingreso de Venezuela al MERCOSUR son variados según la opinión de estos actores. En algunos casos, se habla del reto de tomar y ejercer acciones y posturas más proactivas frente el tema, dadas las exigencias fijadas en el corto plazo. Por otro lado, las debilidades internas en los ámbitos económicos, políticos, jurídicos, la fuga de talentos, la incomunicación, y poca sinergia entre los actores que componen el Sistema Nacional de Innovación (SNCTI), acrecientan los problemas y minimizan las fortalezas existentes.

La visión general es que el país no está preparado para asumir con buena forma el ingreso al MERCOSUR y Venezuela se está sumiendo en una crisis interna que requiere la constante participación de los actores nacionales en la resolución; situación que retarda las actividades a realizar para prepararse y participar en condiciones de igualdad en el MERCOSUR.

Las diversidades de criterios, opiniones, resoluciones, trámites, tanto a nivel nacional como a lo interno de las instituciones que forman parte de esta investigación muestran la disyuntiva a la que se enfrentan los investigadores, estudiantes, emprendedores, cultores populares e innovadores, que experimentan la necesidad de proteger su producción.

2.6. Necesidades existentes en Venezuela en materia de propiedad industrial

Una vez analizados los elementos anteriores, es importante presentar la opinión sobre las necesidades existentes en torno a la propiedad industrial y en especial quién debe, a juicio de los expertos, satisfacerlas. Las respuestas generadas fueron las siguientes:

• Revisión de la Ley de Propiedad Industrial y su adaptación a los estándares internacionales de protección.

• Una política pública explícita que promueva la protección de los resultados de las investigaciones, por parte de universidades institutos de investigación y parques tecnológicos.

• Identificación y evaluación, mediante un diagnóstico o estudio a profundidad, del verdadero potencial industrial venezolano y cómo pueden generarse estrategias adecuadas de protección frente al MERCOSUR.

• Creación o reestructuración del ente encargado de atender las necesidades de la propiedad industrial e intelectual.

• Desarrollo de una política de vinculación entre el sector industrial y el académico que promueva el desarrollo de la protección industrial y garantice la asistencia y atención para la exportación e importación de productos y servicios a través del MERCOSUR.

• Políticas de estímulo a la creación de incubadoras de empresas y de acompañamiento a los emprendedores.

• Creación de una comisión de alto nivel que estudie y proponga políticas de estímulo y participación de Venezuela en el MERCOSUR; así como de centros de vigilancia tecnológica, de derecho internacional y de comercio, que permitan garantizar el acompañamiento de los participantes venezolanos.

• Activar programas de formación a todos los niveles para participar y garantizar la entrada de productos venezolanos en el MERCOSUR.

• Estimular y orientar la educación en todos los niveles sobre el valor a la transferencia de tecnología y estimular la innovación tecnológica en todos los programas académicos.

• Establecimiento de reglas claras sobre la titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre la invención. Esto implica, un reglamento interno universitario sobre la titularidad de tales derechos y formas de explotación equitativa entre el investigador y la Universidad conforme los lineamientos de la LOTTT.

• Desburocratización del fondo nacional para el apoyo al desarrollo científico y tecnológico establecido en la LOCTI.

• Incentivos intelectuales y económicos para el investigador.

• Creación de una política que emane desde el Estado, que promuevan la ciencia y la tecnología orientada al uso de los documentos de patentes para conocer el estado del arte sobre tecnologías particulares para el desarrollo de nuevas investigaciones y para promover la reingeniería con fines científicos.

• Creación en las universidades, institutos de investigación y parques tecnológicos, de entes o unidades especializadas que se ocupen de la gestión de sus bienes intangibles y se apoyen a los existentes en el monitoreo y seguimiento de las posibles alianzas estratégicas de I+D+i con empresas públicas o privadas, institutos de investigación, laboratorios, centros de I+D, universidades, tecnológicos de los Estados miembros del MERCOSUR.

Dichas necesidades deben ser satisfechas en opinión de los entrevistados por las siguientes instituciones e instancias:

• El Estado a través del diseño de políticas públicas que se deben ejecutar a través de los diferentes poderes públicos; a cargo del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología y el Ministerio del Poder Popular para el Comercio.

• El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

• Las universidades a través de una política para la investigación y el desarrollo.

• El sector industrial público y privado organizado.

• Organismos financieros de ciencia y tecnología, como por ejemplo, el FONACIT, los Fundacites, los centros de investigación y el SAPI, entre otros.

A pesar de que a juicio de los entrevistados, la responsabilidad de satisfacer estas necesidades está principalmente en manos del Estado y los entes rectores en la materia, también se reconoce, que es primordial la participación y articulación de todos los sectores para que esto sea posible. La toma de conciencia de esta situación es significativa, debido que la propiedad industrial debe ser tratada de manera integral.

2.7. Recomendaciones desde la academia, parques tecnológicos e institutos de investigación

Como reflexión final sobre el tema y la situación evaluada las universidades, los parques tecnológicos e institutos de investigación generaron las siguientes recomendaciones:

• Realizar una consulta nacional para el diseño de políticas públicas dirigidas al impulso de la investigación y el desarrollo científico y tecnológico. Esto incluye la revisión de la normativa legal con competencia completa y directa sobre la materia, así como las leyes, normas y reglamentos que contengan o se asocien a la propiedad industrial en sus diferentes ramas.

• Promover una consulta universitaria para el diseño de políticas públicas dirigida al impulso de la investigación y el desarrollo científico y tecnológico, que pase por la revisión o redacción del reglamento interno según sea el caso.

• Continuar propiciando la formación académica en el manejo y uso de patentes, y la información vinculada con los sectores industriales.

• Programar charlas, cursos, talleres, generar materias, programas académicos para pregrado y postgrado para formar a los docentes, investigadores, personal administrativo, emprendedores sobre la propiedad industrial a nivel nacional e internacional.

3. Conclusiones

En líneas generales hay coincidencia en el tema del ingreso de Venezuela al MERCOSUR y en la situación de la propiedad industrial en el país

En función de ello, las fortalezas y las oportunidades, son pocas o no podrían ser aprovechadas en su máxima expresión, dadas las dificultades. De manera que el llamado es a todos los sectores que conforman el quehacer nacional en materia de propiedad industrial; además de priorizarse la preparación y capacitación de los negociadores en lo productivo, científico, económico, social y tecnológico.

La participación en el MERCOSUR podría constituir una gran oportunidad para el intercambio de información en las diferentes áreas creativas con países con un mayor nivel de desarrollo tecnológico, como Brasil y Argentina, e igualmente, representa un mercado más grande y con mayor poder económico que el de la CAN para ofrecer las innovaciones universitarias venezolanas. Pero deben subsanarse las debilidades.

El sector educativo tiene a su cargo la tarea de promover la formación en propiedad industrial a todo nivel pregrado, postgrado, profesionales académicos y administrativos, y también, fomentar la investigación y la extensión con la generación y uso de normativas internas cónsonas con las que integren la propiedad industrial a las instituciones como parte de la cultura organizacional.

Los parques tecnológicos contribuyen efectivamente a esa vinculación universidad-empresa, pero también, son un puntal clave en el asesoramiento y protección del conocimiento derivado de esta relación. Además ejercen la función de puente entre los países del MERCOSUR; a través de otras instituciones de la misma índole, generando fortalezas en las universidades asociadas a la propiedad industrial.

Los centros e institutos de investigación son una arista de este sistema y por ende la propiedad industrial es un factor determinante en el estímulo hacia un mayor desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación.

En síntesis, solo un viraje en las políticas y acciones actuales podrán contribuir al logro y aprovechamiento de las oportunidades y las fortalezas que Venezuela posee en cuanto a la propiedad industrial.

Referencias bibliográficas

ANTEQUERA, Ricardo (1998). Derecho de autor. Caracas: Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual. Dirección Nacional del Derecho de Autor.

ANTEQUERA, Ricardo (2002). “La protección internacional del derecho de autor y su papel en la promoción de la actividad creativa, literaria, musical y artística”. Revista Anual Propiedad Intelectual. Mérida: Talleres gráficos universitarios ULA. 4-5, pp.46-59.

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (1999). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.453 (Extraordinaria), Marzo 24, 2000.

ASTUDILLO, Francisco (2015). “Palabras intangibles”. Revista Propiedad Intelectual. Mérida: Universidad de los Andes. Vol. XIV, n° 18, enero-diciembre, pp.13-17, en línea: http://www.redalyc.org/pdf/1890/189045574002.pdf, [consulta 8-3-2017).

BELLAVISTA, Joan., y ADÁN, Carmen. (2009). “Los parques científicos y tecnológicos en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la empresa”. SEBBM Dossier Científico, N° 16, pp. 6-11.

COMUNIDAD ANDINA (1993). Decisión 345: Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre el Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales. Octubre 21.

COMUNIDAD ANDINA (1996). Decisión 391 Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre el Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos. Julio 02, 1996.

COMUNIDAD ANDINA (2000). Decisión de la Comisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Septiembre 14.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA (1956). Ley de Propiedad Industrial. Gaceta Oficial N° 25.227, Diciembre 10.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA (1993). Ley sobre el Derecho de Autor. Gaceta Oficial N° 4623, Octubre 01.

CONSEJO DEL MERCADO COMÚN (2012). Dec. Nº 27/12Adesão da República Bolivariana da Venezuela aoMERCOSUL. Brasilia, Julio 30.

CONSEJO DEL MERCADO COMÚN (2006). Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela alMERCOSUR. Caracas, Julio 04.

CONSEJO DEL MERCADO COMÚN (1999). Acuerdo de Cooperación y facilitación sobre la protección de las obtenciones vegetales.Asunción, Junio.

CONSEJO DEL MERCADO COMÚN (1991). Tratado de Asunción. Tratado para la constitución de un Mercado Común entre la República de Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay. Asunción, Marzo 02.

COOKE, Philip. (1992). “Regional Innovation Systems:Competitive Regulation in the New Europe”. Geoforum. 23.pp. 365-382.

COOKE, Philip; GÓMEZ, Michael; y ETXEBARRÍA, Goio.(1997). “Regional Innovation Systems: Institutional andOrganizational Dimensions”. Research Policy. Vol 26 (4-5),pp. 475-491.

DAVID, Paul y FORAY, Dominique.(1995). “Accessing andexpanding the science and technology knowledge baseSTI”. Review Science and Technology Industry, N° 16, París,Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos(OCDE), pp. 14-68.

DE LA MOTHE, John., y PAQUET, Gilles. (1998). “Localand regional systems of innovation as learning socioeconomies”.Local and regional systems of innovation.Estados Unidos, pp. 1-16.

FREEMAN, Christopher. (1995). “The ‘National System of Innovation’ in historical perspective”. Cambridge Journal of Economics,19, pp. 5-24, en línea: http://cje.oxfordjournals. org/, [consulta: 14-10-2014]

LUNDVALL, Bengt-Ake (1992). National System of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. Londres, Pinter.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (2015), en línea: http://www.mppeuct.gob.ve/[consulta: 01-02-2017].

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO.(2017), en línea:http://www.mincomercio.gob.ve. [Consulta:04-02-2017].

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO.(2017), en línea:http://www.mincomercio.gob.ve. [Consulta:04-02-2017].

NELSON, Richard(1993). National Systems of Innovation: AComparative Study. Oxford, Oxford University Press.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.(1883). Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. París, Marzo 20.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.(1979). Convenio que establece la Organización Mundialde la Propiedad Intelectual. Estocolmo, Septiembre 28.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (1992). ¿Qué es la Propiedad Intelectual?. Ginebra, OMPI.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (1994). Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Marrakech, Abril, 15.

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (2005). The Measurement of Scientific and Technological Activities.Proposed guidelines for Collecting and Interpreting Technological innovation data. OSLO Manual.European Commission.Eurostat,en línea: https://www.oecd.org/sti/inno/2367580.pdf [Consulta: 21-01-2016].

PARKER, Rachel y TAMASCHKE, Louise (2005).“Explainingregional departures from national patterns of industry specialization: regional institutions, policies and state coordination”. Organization Studies.Vol 26, N°12, pp. 1787-1807.

PEÑA, Jesús (2003). “Cambio tecnológico y sistemas nacionalesde innovación: elementos para la teoría y la políticadel desarrollo socio-económico”. Revista ARGOS, 38.Venezuela, pp. 41-74.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (2001). Ley de la Función Pública de Estadística. Gaceta Oficial N° 37.321. Noviembre 09.

SILVA, Héctor. (2005). “Ciencia y Tecnología en América Latina:Modelos de desarrollo”. En Cadenas, José. (Compilador),Ciencia y Tecnología en América Latina: una mirada desde Venezuela. Caracas, Centro de Estudios de América-Fundación POLAR, pp. 57-69.

Notas de autor